Agresiones contra periodistas o medios

Asesino de locutores en Dominicana actuó por ‘desesperación’

Excélsior

EFE

1 de marzo de 2017

SANTO DOMINGO.

El manejo doloso en la venta de terrenos de una institución estatal dominicana causó “ira y frustración” y una “enorme desesperación” en el atacante de dos locutores asesinados en una emisora el pasado 14 de febrero, según concluyó la comisión oficial designada para investigar el hecho.

La comisión creada por el presidente dominicano, Danilo Medina, determinó que el homicida José Rodríguez disparó contra los locutores Leónidas Martínez y Luis Manuel Medina en medio de una situación económica precaria, tras invertir todos sus ahorros en la compra y acondicionamiento de unos terrenos en la provincia de San Pedro de Macorís.

Rodríguez, quien también causó heridas a la secretaria Dayana García, se suicidó un día después del doble homicidio, cuando agentes de la policía les rodearon a las afueras de esa demarcación.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, titular de la comisión, dijo en rueda de prensa que los locutores asesinados no estaban relacionados con los terrenos que Rodríguez adquirió del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), organismo del que recomendaron su reestructuración total.

Destacó que los terrenos que Rodríguez compró al CEA eran reclamados por una comunidad de San Pedro de Macorís, y que cuando fracasó un intento del organismo de reubicarle en otro lugar de esa provincia, el homicida-suicida solicitó la devolución de la suma invertida, lo que solo consiguió en parte.

La comisión comprobó, en ese orden, que Rodríguez invirtió 627 mil 739 pesos (unos 12 mil 700 dólares) en la compra y acondicionamiento de tres porciones de terrenos, de los cuales solo recuperó 119 mil pesos (unos 2 mil500 dólares), insistiendo sin éxito durante meses ante el CEA para que le reembolsara el resto del dinero.

“Rodríguez fue víctima de un sistema disfuncional y nada transparente y seriamente cuestionable que opera en el CEA, causándole una enorme desesperación que lo llevó al punto que lamentablemente desembocó en los hechos trágicos que causaron la muerte de Leónidas Martínez y Luis Manuel Medina, así como su propia muerte y heridas graves a Dayana García”, dijo Espinal.

El funcionario anunció que la comisión recomendará al presidente Medina que una “nueva dirección del CEA emprenda profundos cambios para superar las debilidades gerenciales, financieras y administrativas crónicas que afectan ese organismo”.

Asimismo, que la eventual nueva dirección designada en el CEA apoye los trabajos de otra comisión creada el año pasado por Medina, encargada de investigar y auditar todo el proceso de venta y arrendamiento de terrenos propiedad de esa institución estatal.

Espinal también expresó que las conclusiones de la comisión que encabeza, recomiendan una depuración “rigurosa” de la nómina del CEA, así como rescindir todas las operaciones que el organismo aún no haya concluido.

Además, que el informe que han elaborado se remita al Ministerio Público para determinar si en la venta de terrenos del CEA en San Pedro de Macorís hay responsabilidad penal.

Martínez, director de la emisora FM 103 y Medina, fueron tiroteados por Rodríguez en el local de la estación en la ciudad de San Pedro de Macorís. Medina, incluso, estaba transmitiendo en vivo cuando fue ultimado.

El asesinato de los locutores provocó la condena de los gremios de prensa de República Dominicana y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que instó a las autoridades “a esclarecer los asesinatos para conocer las causas y llevar a los responsables ante la Justicia”.

Los dos comunicadores eran muy populares en su provincia, donde conducían el programa “Milenio Caliente”, y Medina, además, era la voz comercial del equipo de béisbol profesional dominicano las Estrellas Orientales.

 

Censura

Nueva historia de censura en radio

Homo Zapping

Gabriel Sosa Plata

01 de marzo de 2017

Sucedió en Michoacán, en el noticiario “Así es la Noticia”, el pasado 17 de febrero.

Ese día, el conductor del programa y director de Monitor Expresso, Jairo Cerriteño, entrevistó a un colega suyo, Raúl Ventura Ortiz, director de la agencia Radio Latina 5.0, sobre una entrevista que a su vez hizo al Gobernador Silvano Aureoles, luego de una reunión con migrantes en Chicago.

La entrevista al Gobernador, realizada el 15 de febrero, no fue complaciente. Como relata la organización Artículo 19, Aureoles la terminó abruptamente al molestarse por los cuestionamientos del periodista sobre la situación de inseguridad y violencia en el estado.

“Muchas de las opiniones que tú tienes es porque has entrevistado (a las autodefensas) y las he escuchado. Has entrevistado a delincuentes, a las autodefensas, yo las di de baja. Infórmate bien Raúl, infórmate bien, andas entrevistando a delincuentes y son tus fuentes. A mí no me hables sin conocimiento de causa (sic)”, dijo el Gobernador a Ventura.

El portal Monitor Expresso retomó la entrevista. Al día siguiente, Jaime Cerriteño, también director de esa publicación, recibió una llamada de la coordinadora de Comunicación Social del gobierno del estado, Julieta López, para solicitarle le ayudara con “el manejo de la nota”, que tuvo el afán de afectar a Aureoles.

El periodista no lo hizo. No sólo eso, el audio de su conversación con la funcionaria lo dio a conocer públicamente.

El mismo 16 de febrero, Cerriteño entrevistó a Raúl Ventura. Fue su último programa. El noticiario se transmitía de 19:00 horas a 20:00 horas, de lunes a viernes, a través de las estaciones de Medios Radiofónicos de Michoacán por Clasics 99.1 FM (Morelia), 97.7 FM (Ciudad Hidalgo) y 106.5 FM (Pátzcuaro).

El acto de censura lo dio a conocer la organización Artículo 19.

Horas después, Julieta López, envió una carta a la organización en la que niega haber ejercido algún tipo de censura en contra de Jairo Cerriteño. Prueba de ello, dice, es que tal como se demuestra en la misma grabación, en ningún momento le pide que baje la nota y que sólo expuso el contexto de la información. Además, dijo, el diálogo fue grabado sin su consentimiento, lo que es una violación a los principios de la ética periodística.

Estamos frente a un caso que, en efecto, tiene varias aristas y que demuestra la importancia de contar con figuras como la Defensoría de las Audiencias para conocer con mayor detalle lo sucedido.

Una pregunta es obligada para el periodista: más allá de lo que dice la ley y la jurisprudencia en la materia ¿es ético grabar una conversación sin el consentimiento de la otra persona, aun cuando exista un interés periodístico en la información? ¿es ético transmitirla, sabiendo de antemano la afectación que podría generarle a su interlocutor? Busqué en el portal de Monitor Expresso una posible respuesta a este dilema ético, pero no la obtuve. Al igual que muchos medios, este portal no cuenta con un Código de Ética.

Otras preguntas serían para la coordinadora de Comunicación Social: ¿una funcionaria pública debe o puede “sugerir” tratamientos editoriales de los medios de comunicación en un estado supuestamente democrático? ¿es ético, si se considera que muchos de estos medios dependen de la publicidad gubernamental que ella asigna? ¿por qué la funcionaria no aceptó dar una versión sobre los hechos a través de un comunicado o una entrevista? ¿no era los más conveniente, no obstante que le dieron esa oportunidad?

Hay una parte del eslabón que no queda clara: el papel del concesionario de las estaciones que integran el grupo Medios Radiofónicos de Michoacán.

En la carta que dio a conocer Jairo Cerriteño se culpa al gobierno de su despido, pero no fue Aureoles ni Julieta López quienes lo expulsaron del aire, sino su ahora exjefe: el director general de dicha organización radiofónica, Flavio René Acevedo.

“El día 17 de febrero llegó la cancelación abrupta y definitiva del espacio radiofónico antes mencionado; lo anterior por haber realizado la entrevista al director de Radio Latina 5.0, Raúl Ventura el día 16 de febrero y presumiblemente por haber mantenido la nota publicada en Monitor Expresso”, explica el periodista, como si el gobierno fuera dueño de su espacio. Y agrega: “A nombre de los que trabajamos en Monitor Expresso exigimos el respeto a la labor periodística, nos pronunciamos en contra de quienes atenten contra la libertad de expresión, ya que creemos en el periodismo libre donde todas las personas merecen ser escuchadas”.

El empresario de radio es el que debe aclarar a sus audiencias las razones del despido del periodista y el por qué tomó esa decisión inmediatamente después del diferendo con el Gobernador Aureoles.

Independientemente de sus explicaciones, la censura se ejerció e hizo bien el periodista en denunciar el hecho, al igual que la organización Artículo 19. Falta que lo haga el concesionario si realmente está dispuesto a defender la libertad de expresión en su medio y no a solapar otros intereses, distintos del derecho a la información de las audiencias a las que sirve.

Respecto a Artículo 19, coincido plenamente con su posición. Luego de que alertara sobre un caso de censura y otra agresión más a una periodista en la entidad, en este caso a Alejandra Marina Martínez, amenazada directamente por el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, la organización ha recibido presiones del gobierno que encabeza Aureoles para publicar sus réplicas.

Ayer, en SinEmbargo, la directora de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas, escribió: “Article 19 busca, a través de la emisión de alertas, generar un estado de exigencia para proteger y garantizar el libre flujo de información e ideas. Por esto, es insólito que una autoridad, que cuenta con diversos medios para ampliar su mensaje y comunicarse con las y los ciudadanos, espere que una organización de derechos humanos sea utilizada como su medio de comunicación”.

La réplica la podría publicar, pero es cierto, Artículo 19 no es un medio periodístico, sino una organización que defiende la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación. En lugar de exigir espacios en portales de ONG’s, el gobierno de Michoacán debería informar de las acciones para evitar que se sigan presentando violaciones a los derechos humanos y al ejercicio periodístico.