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Juez ordena a procuraduría capitalina reabrir el caso López Dóriga-Aramburuzabala

Homo Zapping

Jenaro Villamil

10 de febrero 2017

El juez federal José Díaz de Léon Cruz, del juzgado segundo de Distrito en Amparo Penal, le ordenó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México reabrir la demanda por presunta extorsión por 5 millones de dólares a la empresa Abilia, propiedad de María Asunción Aramburuzabala.

El caso involucra a Teresa Pérez Romo, esposa del conductor Joaquín López Dóriga, así como al abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba, quien argumentó que no fue una extorsión sino una “propuesta de conciliación” en el conflicto entre los vecinos del edificio de condominios de la calle Rubén Darío, en Polanco, y la empresa inmobiliaria de Aramburuzabala.

La orden de reabrir el caso se produce cuando López Dóriga retorna a conducir un noticiero en TeleFórmula, que se transmitirá por televisión restringida y en medio de nuevos rumores al interior de Televisa de que le habían solicitado al conductor que entregara las oficinas que ocupó como conductor estelar durante 16 años.

El 18 de agosto de 2016, la procuraduría capitalina había decidido el “no ejercicio de la acción penal” argumentando que era “ocioso e innecesario” entrevistar a los 39 condóminos del edificio Rubén Darío 223 y consideró válida la explicación de Becerra Pocoroba.

La decisión del juez federal señala que “se deberá establecer si (los abogados) verdaderamente iban en representación de los vecinos o se pretendía obtener un lucro para sí, lo que desde luego con el desahogo de las pruebas testimoniales se podrían aportar datos al respecto”.

El “carpetazo” de la procuraduría capitalina se dio a conocer el 19 de agosto, el mismo día que Joaquín López Dóriga transmitió la última de sus 4,200 emisiones de El Noticiero de Televisa.

La resolución de la procuraduría capitalina consideró que no hubo delito de tentativa de extorsión porque los representantes de Abilia “aceptaron tener pláticas con los vecinos del condominio residencial ubicada en la calle Rubén Darío, número 223, de la Colonia Polanco (a pesar que dicha inmobiliaria contaba con los permisos para continuar con la construcción) por lo que se puede apreciar que por voluntad propia consintieron acudir a dichas pláticas sin ser coaccionados, amenazados u obligados a ello”.

La procuraduría capitalina también desestimó la prueba de la videograbación en la que se escucha al abogado, Mario Alberto Becerra Pocoroba, pedirle a los funcionarios de Abilia 5 millones de dólares, a cambio de frenar otros litigios, porque “la inmobiliaria, siempre participó por su voluntad y, si bien, como lo manifiesta el denunciante que fueron amedrentados con realizar el juicio de lesividad, es decir, en ningún momento la supuesta repercusión desembocaría en un acto ilícito, sino que se realizaría conforme a un acto formalmente regulado”.

La procuraduría consideró “infundados e inoperantes” los agravios argumentados por el despacho de abogados de Javier Coello Zuarth, contratado por Aramburuzabala, afirmando que “son evidentemente ambiguos y superficiales”, que ya fueron estudiados y resueltos por la vía del amparo y “no con controvierte eficaz y suficientemente los argumentos vertidos en el acuerdo ministerial por el que se inconforma, únicamente pretendió rebatir en forma aislada y genérica algunas de las consideraciones señaladas”.

Para el abogado Javier Coello Zuarth, la procuraduría capitalina actuó más como “abogado defensor” de la esposa de Joaquín López Dóriga y de otros implicados que como instancia investigadora. “No hubo un contrapeso jurídico por parte de los López Dóriga Pérez Romo. El contrapeso lo hizo la procuraduría capitalina”, afirmó Coello a Proceso.

-¿Es común que suceda esto en la justicia de la Ciudad de México?

-No, no es común. Lo normal es que en este tipo de asuntos haya un conflicto entre abogados de una y otra parte.

En resumen, consideró Coello Zuarth, el ministerio público capitalino “sólo se dedicó a obstaculizar la investigación respecto a los hechos narrados en la denuncia inicial”, el subprocurador de Averiguaciones Previas, Óscar Montes de Oca Rosales, “ordenó el cambio del nuevo sistema penal de justicia en México al sistema tradicional, con el objeto de que la procuraduría capitalina tuviera el control de las actuaciones sin darle participación a un juez de control para realizar una investigación judicializada donde se observara la legalidad y los derechos humanos de las partes”.

Fui “víctima de una canallada”, dice López Dóriga

Con la notificación favorable de la procuraduría capitalina, López Dóriga se sintió más confiado para hablar de este caso que nunca mencionó en la pantalla televisiva. El mismo día de su despedida, López Dóriga afirmó con Adela Micha que él fue víctima de “una canallada”, de “la injuria, la infamación, la mentira y la ofensa”.

Sin especificar que hablaba de la denuncia por tentativa de extorsión en contra de su esposa, López Dóriga advirtió que “no tienen derecho a meterse con mi familia” y se jactó así con Micha: “¡Mira! Que iban a acabar conmigo y ¡mira!”

En la edición 2030, Proceso publicó que al interior de Televisa se discutió la posibilidad de que el 30 de septiembre de ese año se relevara al conductor de El Noticiero, “pero la posibilidad se frenó para no vincular el hecho al litigio inmobiliario con la heredera del emporio de la Cervecería Modelo”.

El origen del conflicto está justamente en torno a este desarrollo. Abilia construye al lado justamente del edificio Rubén Darío 223, donde la familia López Dóriga es propietaria de un departamento de 552 metros cuadrados.

El abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba, contratado con el supuesto aval de 17 condóminos, les exigió a los representantes de Abilia el pago de 5 millones de dólares para permitir que se desarrollara el proyecto denominado “Rubén Darío 22”. De lo contrario, usarían la fuerza periodística de López Dóriga y la estrecha relación con funcionarios del Gobierno del Distrito Federal para frenar la obra.