INAI
“Millennials”, exigen transparencia
El Universal
Alberto Morales
29 de enero del 2017
En México los millennials varones —jóvenes de entre 20 y 30 años—, de la Ciudad de México, con licenciatura o estudios superiores son los principales usuarios del derecho de acceso a la información. En contraste, los adultos mayores (principalmente mujeres) son quienes más usan el derecho de protección de datos personales, según estadísticas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) sobre el perfil de los usuarios de ambos derechos.
Esto se debe, de acuerdo con el comisionado del Inai, Óscar Guerra Ford, a que hay un sector de la población —sobre todo los jóvenes— que está más familiarizado con las nuevas tecnologías y con el derecho de acceso a la información.
“Por género, son los hombres los que más solicitan información con 59.3% contra 40.7% de las mujeres; los jóvenes son quienes piden más información, sobre todo, las personas en el rango de edad de entre 20 y 29 años, ellos significan 35%, es decir, más de una tercera parte que solicita datos son jóvenes. Mientras que los adultos mayores son los que menos solicitudes realizan, con sólo 2.4%.
“Entre hombres y mujeres está parejo, pero esto tiene que ver con la cultura, lamentablemente, de nuestro país que la mujer no considera que puede ejercer sus diversos derechos, como el derecho a votar, lo que es importante es que este porcentaje se ha venido emparejando al paso de los años y el acceso no es la excepción”, señaló Guerra Ford.
En el caso de los jóvenes, dijo, hay empatía por el hecho de que este derecho “es novedoso”, que lleva de 2003 a la fecha, que se ha vuelto más accesible para este sector, pues 98% de las solicitudes se hace vía electrónica; ahí están más metidos los jóvenes con el uso de las nuevas tecnologías.
“Los millennials están más familiarizados con este derecho, por eso representan un porcentaje más alto al momento de solicitar información. En el Inai hemos buscado otras posibilidades que sean accesibles para la gente que no tenga acceso a internet por edad o por factores socioeconómicos, pues sólo 45% de los mexicanos tiene posibilidades de conectarse a la red, por eso tenemos el TELINAI 01800 8354324 para hacer solicitudes de información”, detalló.
Guerra Ford informó también que en ese perfil de solicitantes de información han detectado que a menor nivel de escolaridad menor uso del derecho de acceso a la información.
“Por ejemplo, la gente que tiene primaria significa 1% de nuestros solicitantes; con secundaria sólo son 2%; 55% de nuestros solicitantes tienen licenciatura y 20.8% tiene posgrado, es decir, de cada cuatro solicitudes tres vienen de personas que tiene estudios universitarios o superiores”, explicó.
En contraste, en protección de datos, las personas que más solicitan son del rango de edad de más de 40 años. “El 54% son de los que tienen más de 40 años, en este caso las mujeres solicitan más, con 51.7%. Nosotros creemos que esto se debe a que la mayoría de las solicitudes de datos personales tienen que ver con el IMSS y el ISSSTE, con trámites de jubilación y pensión o con expedientes médicos que se carga a las personas de mayor edad”.
En este rubro, agregó el comisionado, la mayoría de los solicitantes trabaja en el ámbito gubernamental, con 34%, el 23% de empresarios y las amas de casa, con 23%. También son de la Ciudad de México, con 35%, la mayoría de las solicitudes de datos y el Estado de México, con 22%.
Óscar Guerra Ford dijo que aquí uno de los retos para el Inai y para el Sistema Nacional de Transparencia es cómo difundir este derecho y hacerlo accesible a los grupos que están marginados del derecho como aquellos que no tienen internet, que no son jóvenes, que viven en zonas rurales, que no tienen estudios avanzados, entre otros factores.
“En términos generales, el perfil de los usuarios de este derecho ha venido evolucionando. Al principio, los grandes solicitantes eran los medios de comunicación, después se sumaron el sector académico, profesores, investigadores y estudiantes, y ahora son jóvenes para acceder a programas o cuestionar a sus gobernantes, y ahora se han sumado los empresarios como una forma de conocer las contrataciones, presupuestos, proveedores, trámites y servicios, entre otros. El perfil sí ha ido cambiando”, declaró el comisionado del Inai.
Capitalinos y extranjeros
De acuerdo con las estadísticas del instituto, la mayor parte de las solicitudes provienen de la Ciudad de México, con 47.6% de los requisitos; mientras que del Estado de México se originan 12.4% de las solicitudes.
“Esto quiere decir que tres de cada cinco solicitudes lo hacen estas dos entidades. Esto es evidente porque mucha gente asocia la Federación de la Ciudad de México, donde está Hacienda, Pemex, el IMSS, entre otras y el resto se distribuye en la diversidad de entidades del país, Jalisco, Sinaloa, Yucatán, etcétera, con un porcentaje similar de 1% y 2%”, afirmó.
Guerra Ford explicó que también hay 3% de solicitudes de información que llegan del extranjero, principalmente de Canadá, de Estados Unidos, Chile y Uruguay. “Esto lo sabemos porque a veces el correo electrónico, el IP o porque ponen el domicilio”.
Las cifras
El comisionado del Inai expuso que de 2003, cuando arrancó la Ley de Acceso a la información, a 2016, el Inai ha recibido un millón 230 mil solicitudes de acceso a la información, mientras que en datos personales se han generado 286 mil, lo cual suman un millón 516 mil peticiones.
Explicó que 81% de las solicitudes totales son de acceso a la información y el restante 29% son de acceso, ratificación, oposición o cancelación de datos personales.
En lo que se refiere al periodo de enero y abril de 2016, el Inai ha tenido 10 mil solicitudes mensuales y desde que entró en función la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), con sus perfeccionamientos, tenemos un promedio de 13 mil 600 solicitudes mensuales, lo cual es un aumento de 25%.
Ese incremento, aseguró Guerra Ford, se debe a dos factores: a que inició la PNT y a que ahora se pasó de 246 a 800 sujetos obligados con los cambios en la ley.
Diagnósticos sobre transparencia
Oliver Zazueta
27 de enero de 2017
Por años, la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, ha sido acusada de ser un espacio de reparto de prebendas, escuela de futuros funcionarios y lejano a prácticas de transparencia y rendición de cuentas.
Con un presupuesto de 15 millones de pesos en 2016, el organismo que sustituyó a la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG), es una pieza fundamental en la estructura política universitaria, desde que Raúl Padilla impulsara su formación en 1991.
Sin embargo, pese a que su acceso a la información se supone incorporado al propio aparato universitario, el nuevo dirigente de la organización, Jesús Medina, pretende que se cuente con una propia unidad de transparencia para acabar de una vez por todas con las suspicacias.
“Estamos ordenando la FEU y tiene que haber un portal de transparencia, una unidad de acceso a la información y la apertura de nuestros datos”, dijo el dirigente estudiantil.
Para ello, los primeros pasos a dar serían buscar la asesoría y capacitación de la UdeG y su oficina de transparencia, así como del propio Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei), para a fin de mes tener lista la plataforma.
“Queremos dejar bien claras las finanzas de nuestra organización, mostrar nuestras actas firmadas, cuándo sesiona la comisión electoral, la de Hacienda, todos los procesos que tenemos deben de ser públicos y estar a la consulta de cualquier estudiante. Se plantearía el presupuesto que tiene la organización, cómo se distribuiría, los rubros, vamos a ser muy austeros y responsables con el dinero que ejerzamos”.
¿Tienen definido el presupuesto para 2017?
Todavía no reviso el ejercicio del 2017, en el 2016 prácticamente todo se agotó en él proceso electoral. Yo apenas voy a ejercer, el dato exacto lo presentaré, voy a tener una reunión con la Coordinación de Finanzas y la de Servicios Generales Universitarios, para que se me diga con cuánto voy a contar. Espero a finales de enero tener una propuesta sólida.
¿Qué ocurrirá con la propuesta de erogar el Artículo 35 de la Ley Orgánica el cual da baja definitiva a alumnos que hayan reprobado dos veces una misma materia?
La voy a pelar con todo, espero que al final de mi periodo ya no exista el Artículo 35, voy a cabildear con el Consejo de Rectores y en el Consejo General Universitario, acabo de tomar protesta como consejero en diciembre. Es una medida innecesaria, es irrisorio, porque hay estudiantes que están a punto de terminar la carrera, y por una materia que reprobaron, quedan eliminados del programa y les quitas la oportunidad de titularse. Va a ser una de mis agendas, junto con la de crear la figura de un Ombusdman Universitario, que defienda los derechos estudiantiles con una validez jurídica al interior.
¿Qué otra acción es prioritaria?
Estoy aspirando a que este año, medio millón de pesos puedan destinarse a proyectos que vengan de la iniciativa de los estudiantes, proyectos de emprendimiento social, tecnológico y de incidencia política. Que sean elegidos en campings de innovación por un consejo de asesores externos de la sociedad civil, para que los estudiantes puedan acceder a fondos para sus proyectos. La idea es triplicar los fondos del programa al finalizar mi periodo.
América Latina vive sumida en la corrupción
El Economista
Rodrigo Riquelme
28 de enero de 2017
La palabra corrupción ocupó un lugar preponderante durante el 2016 en América Latina. Durante el año que acaba de terminar, salieron a la luz cientos de nombres de personas y corporaciones vinculadas con los paraísos fiscales en los llamados Panama Papers y Bahamas Leaks. Para cerrar el año, se destapó la estructura de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en 10 países de América Latina. Las principales economías de la región se vieron expuestas a una trama de pago de sobornos por más de 735 millones de dólares, con excepción de Chile.
Para cerrar el ciclo de un año maldito, el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparencia Internacional (http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_20…) confirmó el daño que provoca la corrupción en la reputación de los países. Venezuela, por ejemplo, ocupó la peor posición del ránking de Transparencia Internacional al tiempo que fue el segundo país donde Odebrecht pagó más sobornos (98 millones de dólares).
El caso de Brasil puede parecer extraño, pues además de ser el epicentro del escándalo y de ser el país donde los pagos ilícitos más cuantiosos (349 millones de dólares), el gigante sudamericano se ubicó por encima de la media regional en el ránking. Esto no debe sorprender. De acuerdo con Transparencia Internacional, la revelación de las historias de corrupción en la región es una muestra de que los países están combatiendo este fenómeno. Brasil lleva un par de años envuelto en revelaciones de escándalo, las cuales incluso provocaron la destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y una investigación contra un grupo de funcionarios brasileños, incluido el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En el caso mexicano la situación corre en sentido contrario. México pasó del lugar 95 al 123 en el índice de Transparencia Internacional; en América Latina, su lugar es el sexto entre los países con la mayor percepción de la corrupción. Entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es el país con la peor reputación en corrupción. De los 10 países involucrados en la trama de Odebrecht, México aparece en el último lugar. Siguiendo la lógica de Transparencia Internacional, de que a mayor combate a la corrupción se logra una mejor percepción, en México los escándalos sólo quedan registrados y suelen quedar sin castigo.
En diciembre del 2016, Odebrecht se declaró culpable en una corte de Estados Unidos por haber sobornado a funcionarios públicos de 10 países latinoamericanos y dos africanos. Marcelo Odebrecht, quien presidía el directorio de la compañía familiar, la mayor constructora de América Latina, cumple una condena de 19 años de prisión por corrupción y lavado de dinero. La condena contra Marcelo es parte de la operación Lava Jato (lavado de coches), que en el 2014 reveló una red multimillonaria de sobornos a funcionarios brasileños que ha salpicado a políticos, empresarios y funcionarios. La operación Lava Jato no se ha cerrado y sigue produciendo arrestos y condenas en todo Brasil.
En territorio mexicano, funcionarios gubernamentales recibieron sobornos por 10.5 millones de dólares para conseguir contratos de obras públicas entre el 2010 y el 2014. Según información de la agencia Reuters, dichos pagos irregulares generaron beneficios por más de 39 millones de dólares para Odebrecht.
“En México, mientras el gobierno trata de limpiar la imagen del país a través de una serie de reformas, los escándalos de corrupción siguen aumentando y la calificación de aprobación del presidente está en su nivel más bajo”, indica el informe de Transparencia Internacional. La encuesta de Grupo Reforma mostró 12% de aprobación a la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, a principios de enero.
Uno de los casos más relevantes es el de República Dominicana, que ocupa el lugar número 120 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, en donde Odebrecht llegó a influir en el presupuesto nacional y en la aprobación financiera de diversos proyectos. Según información de Reuters, funcionarios del gobierno dominicano e intermediarios recibieron más de 92 millones de dólares en pagos irregulares entre el 2001 y el 2014, generando beneficios de más de 163 millones de dólares para Odebrecht.
Además del escándalo provocado por los Panama Papers, Panamá, que figura en el lugar 87 del listado de Transparencia Internacional también fue una de las naciones cuyos funcionarios recibieron sobornos por parte de Odebrecht. “Entre el 2010 y el 2014, Odebrecht pagó sobornos superiores a los 59 millones de dólares a funcionarios gubernamentales e intermediarios para asegurar, entre otros, contratos de obras públicas”, afirma Reuters.
Para Transparencia Internacional, la revelación de los Panama Papers en abril del 2016 y la retribución de 3,500 millones de dólares por parte de Odebrecht a los países en los que fue acusada de corrupción son señales de que la lucha contra la corrupción en América Latina va por buen camino.
Argentina ocupa el quinto lugar entre los países que recibieron sobornos por parte de la brasileña Odebrecht y se ubica en el número 95 dentro del Índice de Percepción de la Corrupción 2016. Según información de Reuters, Odebrecht entregó más de 35 millones de dólares en pagos a intermediarios “con el convencimiento de que serían enviados en parte a funcionarios gubernamentales”. Estos pagos estuvieron vinculados con la concesión de por lo menos tres proyectos de infraestructura que le dejaron a la constructora beneficios por alrededor de 278 millones de dólares.
Según información de AFP, la subsecretaria adjunta del Departamento de Justicia estadounidense afirmó que Odebrecht había utilizado una unidad de negocios oculta y funcional, “que pagó sistemáticamente centenas de millones de dólares a funcionarios corruptos en países de tres continentes”. En Colombia, país que ocupa el lugar 90 en el índice de Transparencia Internacional, la llamada División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht se aseguró contratos de obras públicas entre el 2009 y el 2014, los cuales generaron beneficios superiores a los 50 millones de dólares.
Ecuador, Perú y Guatemala completan la lista de los países latinoamericanos que recibieron sobornos por parte de la constructora brasileña. En el caso de Perú, que está más 20 lugares arriba de México en el conteo de Transparencia Internacional, Odebrecht efectuó pagos irregulares por 29 millones de dólares para garantizar la adjudicación de contratos de obras públicas entre el 2005 y el 2014. En Ecuador, que sólo está dos lugares arriba de México, los funcionarios recibieron más de 33.5 millones de dólares de parte de Odebrecht, lo que resultó en beneficios económicos para la brasileña de más de 116 millones de dólares.
Venezuela y Guatemala son los únicos países que se posicionaron por debajo de México en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 y cuyos funcionarios recibieron sobornos por parte de Odebrecht. Venezuela, lugar número 166 en el conteo de Transparencia Internacional, recibió de la brasileña alrededor de 98 millones de dólares para obtener y mantener contratos de obras públicas. Mientras que en Guatemala, lugar número 136, Odebrecht se aseguró contratos de obras públicas gracias a pagos de unos 18 millones de dólares a funcionarios gubernamentales, de acuerdo con Reuters.
Según Transparencia Internacional, son los ciudadanos quienes deben ejercer presión sobre los líderes para que las instituciones de los países latinoamericanos sean más transparentes y responsables. “Las autoridades de todos los países deberían intensificar sus esfuerzos para impedir que los poderosos líderes corporativos y funcionarios públicos se salgan con impunidad de actos de corrupción”, explica la organización.
La relación entre la corrupción y la desigualdad fomenta la demagogia, refiere Transparencia Internacional. Un ejemplo es Donald Trump, quien ha prometido acabar con la corrupción y los privilegios que ostenta la clase política estadounidense. “Cada vez más, la gente está recurriendo a líderes demagogos que prometen romper el ciclo de corrupción y privilegios”, afirma el informe.
Protección de datos personales
Estado crea perfiles con nuestros datos y tenemos derecho a conocerlos
El Economista
Julio Sánchez Onofre
28 de enero de 2017
Autoridades, academia y sociedad civil celebran la entrada en vigor de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, pues con este marco legal se crean las bases y responsabilidades de las entidades públicas a nivel federal, estatal y local para resguardar la información de los ciudadanos.
Pero existe otro punto que ha encendido alertas: una interpretación inadecuada de esta Ley podría dar pie a que los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) no sean ejercidos integralmente por la ciudadanía.
Un ejemplo está en la recolección descontrolada de datos y metadatos de las comunicaciones de los mexicanos, y el uso de otras fuentes de información para la construcción de perfiles de los ciudadanos.
“El tema de la construcción de perfiles a partir de los datos personales que son agregados, almacenados y analizados, es algo que está regulado en el reglamento europeo de datos personales y que no se incorporó en la Ley General pero está la oportunidad de incorporarlo en las leyes locales o vía interpretación, entender que el derecho al acceso también comprende a conocer qué perfiles son construidos a partir de nuestros datos personales”, explicó el director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando García.
Durante un seminario organizado por InfoDF con motivo del Día Internacional de Protección de Datos Personales, el experto consideró que en la implementación de Ley General y su interpretación se deberá poner atención en “qué significan ciertos conceptos como el derecho al acceso. Que esta ley no sea una simulación”.
Y es que el establecimiento de controles para la recolección de datos personales de los ciudadanos por parte del gobierno es una de las principales omisiones de la nueva Ley, observan expertos.
Si bien en los Lineamientos de colaboración con la Justicia publicados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como parte de la reforma al sector de telecomunicaciones, existen marcos para el acceso a las comunicaciones, lo cierto es que el ciudadanos, aùn faltan mecanismos de protección para evitar la vulneración de la privacidad de los ciudadanos.
“El hecho de que las autoridades puedan conocer nuestra información si no está relacionada con la investigación de un delito en específico es un tema importante que se debe analizar más a profundidad”, dijo Mónica Estrada, consultora jurídica independiente especialista en protección de datos, y consultora externa para empresas como Google.
En diversos análisis realizados tanto por El Economista como por R3D se ha documentado el abuso y falta de controles que tienen las instituciones de gobierno para acceder a datos y metadatos de las comunicaciones de los ciudadanos mexicanos, que están resguardados por las compañías de telecomunicaciones.
Privacidad o libre acceso a la información: El arte de ponderar
En la nueva legislación, los expertos advierten futuros escenarios donde los derechos como la libertad de expresión o del libre acceso a la información sean sacrificados bajo el argumento de privilegiar la protección de los datos en manos del poder público.
“Tenemos preocupaciones que se plantearon desde la redacción y diseño de esta Ley. Todo régimen de protección de datos personales es un derecho autónomo pero no absoluto, y como tal, este tipo de derecho de protección de datos tiene límites que son la libertad de expresión y el acceso a la información”, dijo Paulina Gutiérrez, encargada del Programa de Internet y Derechos Humanos de Artículo 19.
Las tensiones se advierten en casos donde se solicite acceso a la información al gobierno, como los titulares de los datos pidan la cancelación de sus datos sin valorar el interés público de su publicación.
La responsabilidad sobre la valoración de este interés público, sin embargo, no se encuentra marcada con claridad en la legislación. Existe una interrogante si serán los mismos sujetos obligados, las autoridades garantes o incluso el poder judicial quienes deben realizar esta ponderación.
“El tema de la prueba de interés público es un asunto que hay que seguir analizando porque me parece que las autoridades que analizan estos temas de protección de datos deben tener claramente establecida la atribución para realizar una ponderación de interés público y determinar en qué casos no se elimina la información porque prevalece el interés público de la sociedad en conocer esta información”, apuntó Estrada.
La valoración muchas veces se realiza sin auditoría o supervisión y las decisiones se realizan unilateralmente. Esto implica un riesgo potencial de la eliminación de información resguardada por las autoridades que pudiera ser de interés para la ciudadanía, explicó el director de R3D.
“Cuando se hace la ponderación inicial, se solicita a un sujeto obligado definir si va a cancelar u oponerse a un dato personal. En muchas ocasiones se corre el riesgo de que la decisión tomada por el sujeto obligado nunca termina en escrutinio del órgano garante o un Poder judicial y nunca se va a enterar”, alertó.
Un posible conflicto entre la ponderación de derechos no debe verse como un escenario habitual y, en consecuencia, establecer una jerarquía en la reglamentación. Laura Nahabetián Brunet, consultora en Derecho a la identidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) instó a que estos escenarios se resuelvan caso por caso.
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