INAI

INAI podrá investigar hackeos a gobierno y partidos políticos

El Economista

Julio Sánchez Onofre

26 de enero de 2017

En México, el 84% de los mexicanos ha proporcionado información personal a una entidad pública, mientras que unos 12.9 millones han interactuado con el gobierno a través de canales digitales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Con este escenario fue publicada este jueves la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. La legislación establece las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

En entrevista con El Economista durante la celebración del Foro “Persona Digital”, la comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora reconoce que el próximo reto será la armonización de legislaciones estatales y locales; y explica que esta Ley dará al INAI facultades para investigar vulneraciones a instituciones de gobierno y entidades como los partidos políticos que impliquen robos de datos personales.

—¿Qué particularidades tiene esta nueva Ley?

—Esta Ley es sumamente importante y ha sido un gran trabajo legislativo de ambas Cámaras tanto del del Senado como Diputados porque tenemos una Ley que va a desarrollar todos los principios de protección de datos personales contenidos en bases de datos de todos los sujetos obligados en nuestro país y fijará no solamente sus estándares sino la seguridad de nuestros datos, y el desarrollo de esos cuatro principios que señala el Artículo 16 de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cada una de las entidades de todo el país.

Esto implica un proceso de armonización intenso en los Estados de la República para adecuar sus leyes al estándar de esa ley general, para desarrollar y tener ese piso mínimo que ya lo desarrollamos en 2016 en materia de transparencia y rendición de cuentas, ahora en protección de datos personales con una particularidad: en transparencia, la ley daba un año para esta armonización; ahora tenemos sólo seis meses para trabajar con los Estados de la República.

—¿Qué tan complicada será la armonización?

—Hasta ahora 11 Estados de la República tienen una ley específica. Los demás lo tienen como un apartado de transparencia y acceso a la información, y queremos recalcar algo muy importante: los órganantes, el INAI vela por estos derechos: por un lado, la transparencia de los recursos públicos; y por otra, la protección de datos personales. Ante la tecnología de la información, la creación de ciudadanía digital y los nativos digitales es un reto que tenemos de asumir como autoridades y también se hace un respetuoso llamado al trabajo colaborativo con los órganos legislativos de las entidades federativas.

—Viene una época electoral y los expertos advierten de hackeos. ¿Qué tanto esta ley puede proteger a los titulares de los datos? ¿Cómo ve el INAI este escenario?

—Es precisamente con esta publicación de la Ley General, se establecen las facultades como órgano rector de la privacidad, de los datos personales de las y los mexicanos. Respecto a las normas de protección y todos los sujetos obligados, incluyendo partidos políticos, siempre se hace hincapié en que es preferible la prevención de estos temas, pero también estamos comprometidos en el cumplimiento de un estado de derecho y las consecuencias en caso de incumplimiento.

NOTICIA:

—En caso del hackeo de un partido político como el ocurrido en Estados Unidos. ¿el INAI tendría alguna facultad o cómo podría actuar?

—Ahora el INAI tiene estas facultades de actuación e investigación y estaremos muy atentos, abiertos con toda la ciudadanía. Ya teníamos una Ley que aplicaba a los entes privados, ahora tenemos este estándar que armoniza estos dos estándares de protección tanto a sujetos públicos.

—¿El INAI propone tecnologías o estándares para la seguridad de bases de datos?

—El INAI está proponiendo y vamos a trabajar de manera muy coordinada con los poderes, pero también con los órganos garantes. Tenemos una propuesta de ley modelo para facilitar y agilizar los procesos de adecuación. Como presidenta del Sistema Nacional de Transparencia, reafirmo mi compromiso de trabajo con los órganos de los Estados porque si queremos que las políticas públicas sean exitosas, un tema fundamental son las entidades federativas y los municipios.

—En caso de alguna vulneración, ¿cómo se penalizarán a las entidades públicas y sujetos obligados?

—Así como lo tenemos en transparencia y acceso a la información, también hay consecuencias por el incumplimiento y en su momento se irán haciendo la valorización en la investigación del caso concreto.

—¿Hay definidas penas, incluso cárcel o penas monetarias?

—En particulares, son hasta 320,000 salarios mínimos y en sujetos obligados, bueno, pues estaríamos muy atentos sobre todo al último apartado de sanciones de cumplimiento.

—Informar a los titulares de los datos en caso de vulneración ¿Esta Ley lo hace obligatorio para los sujetos obligados?

—Siempre estamos con dos obligaciones, ante las autoridades de tener esta supervisión continua en la implementación de estas nuevas estrategias para la protección de los datos personales, pero también con la ciudadanía. Si tienen alguna inquietud porque sienten que su información ha sido vulnerada o ven algún riesgo, se pueden acercar con nosotros.

 

Protección de datos personales

Ven falso debate sobre los derechos de audiencias

El Diario NTR

Martha Hernández Fuentes

27 de enero de 2017

Como especialista en transparencia y derecho a la información, el académico Rubén Alonso apuntó que hay un falso debate sobre los Lineamientos de la Defensa de las Audiencias que emitió esta semana el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Advirtió que hay actores políticos que buscan autoproclamarse como paladines de la libertad de expresión tachando dichas medidas, cuando en la práctica navegan con banderas de censura y falta de transparencia.

Dijo que asuntos realmente preocupantes son las imposiciones del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la cobertura mediática de las campañas electorales “¿Por qué de eso no se quejan los actores políticos que hoy salen a decir que están a favor de la libertad de expresión?”, cuestionó.

En el caso concreto de los lineamientos de las audiencias, comentó que se fortalecen los derechos de los receptores y se obliga a los comunicadores a ser más precisos y diferenciar entre una noticia y una opinión. Respecto a las sanciones, que algunos han calificado como excesivas, refirió: “Excesivas son las ganancias de los concesionarios de radio y televisión, que es a quienes se les estaría regulando para que no disfracen de ‘información que cura’ publireportajes o menciones pagadas”.

Aunque aceptó que podría ponérsele marcaje personal a los periodistas críticos, acotó: “Es un riesgo latente y no dudo que algunos actores o grupos de poder, intencionadamente, puedan usar (la reglamentación) como herramienta para fastidiar. Sí se puede mal usar, pero creo que si los medios de comunicación alertan, si llevan un registro y se apoyan de las mismas organizaciones se inhibirá eso”.

En cuanto al temor de algunos comunicadores por el artículo 15 de dicha reglamentación, insistió: “Se respeta su derecho a informar y también a opinar, sólo se trata de ser claros”. Y añadió: “Si el conductor le hace una pregunta durante su reporte en vivo, él tiene derecho a decir ‘esta es mi opinión’, aprovechar el lenguaje, ser claros a la audiencia”.

De “lo oscuro” del IFT respecto a la aprobación del tema en cuestión, comentó: “Se debió publicar lo aprobado desde ese momento, ¿por qué no lo dieron a conocer antes de publicarlo en el Diario Oficial de la Federación si ya estaba avalado? Eso yo sí le recriminaría al Ifetel”.

Agregó que desde 2015 se sometió a consulta pública y fue en noviembre del año pasado cuando se le dio luz verde, incluso antes del gasolinazo, pero en el periódico oficial sí coincidió en tiempos con el tema polémico de los combustibles.

 

Mañana entra en vigor Ley General de Protección de Datos Personales: Segob

Excélsior

Roberto José Pacheco

26 de enero de 2017

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que este viernes entra en vigor la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que tiene la finalidad de garantizar la privacidad de las personas. La dependencia informó que la norma, publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOG), también busca velar para que terceras personas no incurran en delitos que puedan afectarlas.

El comunicado señala que ‘el derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público como seguridad y salud o para proteger los derechos de los terceros’.

La Secretaría de Gobernación hace notar que la ley establece las bases, principios y procedimientos que garanticen el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de sujetos obligados.

 

Publican ley de protección de datos personales

El Economista

Notimex

26 de enero de 2017

La Secretaría de Gobernación publicó la mañana de este jueves la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la cual entrará en vigor este viernes 27 de enero.

La norma, dada a conocer hoy en el Diario Oficial de la Federación, indica que el Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar por que terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla.

El objetivo de esta ley es establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de sujetos obligados.

Menciona que el derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Indica que, por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo en casos como que se cuente con el consentimiento expreso de su titular, cuando una ley lo disponga o exista una orden judicial, cuando haya una situación de emergencia o que esta información figure en fuentes de acceso público.

Los datos sensibles son los que se refieren a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida conlleve un riesgo grave para éste o que puede dar origen a discriminación, como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual, entre otros.

En cuanto al tratamiento de datos personales de menores de edad, especifica, se deberá privilegiar el interés superior de la niña, el niño y el adolescente, en términos de las disposiciones legales aplicables.

Explica que los sujetos obligados por esta ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, es cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

Señala que los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales.

El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tiene la función de coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de protección de datos personales, así como establecer e implementar criterios y lineamientos en la materia.

Éste deberá diseñar, ejecutar y evaluar un Programa Nacional de Protección de Datos Personales que defina la política pública y establezca objetivos, estrategias, acciones y metas para promover la educación y una cultura de protección de datos personales entre la sociedad mexicana.

También fomentar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición; capacitar a los sujetos obligados en materia de protección de datos personales, y prever los mecanismos que permitan medir, reportar y verificar las metas establecidas.

Así como impulsar la implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de seguridad, además de promover la adopción de estándares nacionales e internacionales y buenas prácticas en la materia.

Quienes incumplan las obligaciones indicadas en esta ley será sancionados, y se considerarán como causas el actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de solicitudes de modificación.

También usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente y de manera indebida datos personales, que se encuentren bajo su custodia o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión.

El decreto expone que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las demás leyes federales y las vigentes de los estados en materia de protección de datos personales deberán ajustarse a esta norma en un plazo de seis meses a partir de mañana.

El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales deberá emitir el Programa Nacional en esta materia a más tardar en un año.