Agresiones contra periodistas o medios
Matan a tiros a periodista en Honduras
El Informador
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17 de enero de 2017
Padilla, de 36 años, se encontraba filmando un comercial en una tienda del barrio Suyapa de San Pedro Sula
Cuatro individuos con uniformes policiales mataron el martes a tiros al periodista de televisión Igor Padilla
Cuatro individuos con uniformes policiales mataron el martes a tiros al periodista de televisión Igor Padilla en la norteña ciudad de San Pedro Sula, informó el ministro de Seguridad de Honduras.
“Investigamos el crimen y por ahora no disponemos de más detalles”, declaró el ministro Julián Pacheco a la televisora Hable Como Habla (HCH), donde el periodista laboraba desde hace cinco años.
Padilla, de 36 años, se encontraba filmando un comercial en una tienda del barrio Suyapa de San Pedro Sula, a 180 kilómetros al norte de Tegucigalpa, cuando recibió una llamada telefónica presuntamente de una mujer, que le pidió salir a la calle, indicó Pablo Matamoros, presentador de HCH.
“Al salir del local, le dispararon a Padilla”, subrayó.
Varios transeúntes lo trasladaron a una clínica cercana, pero murió en el camino. El director de la clínica, Arturo Bendaña, dijo en rueda de prensa que el cuerpo “presenta múltiples impactos de bala de grueso calibre”.
Padilla, que cubría la nota roja para su empresa, producía el programa humorístico “Los Verduleros”. También creó la película nacional “Chinche Man”.
En 16 años, desde 2001 a la fecha, han muerto en circunstancias violentas en Honduras al menos 65 periodistas, locutores, fotógrafos, camarógrafos y ejecutivos de los medios de comunicación, según el estatal Comisionado de Derechos Humanos. Las autoridades sólo han aclarado tres casos.
La violencia que agobia al país es de 60 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa mundial es de apenas 8.9. Además, la impunidad en Honduras es de 91 por ciento.
Asesinan en Honduras al periodista Igor Padilla
La Jornada
AP
17 de enero 2017
Tegucigalpa. Cuatro individuos con uniformes policiales mataron este martes a tiros al periodista de televisión Igor Padilla en la norteña ciudad de San Pedro Sula, informó el ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco.
“Investigamos el crimen y por ahora no disponemos de más detalles”, declaró Pacheco a la televisora Hable Como Habla (HCH), donde el periodista laboraba desde hace cinco años.
Padilla, de 36 años de edad, se encontraba filmando un comercial en una tienda del barrio Suyapa de San Pedro Sula, a 180 kilómetros al norte de Tegucigalpa, cuando recibió una llamada telefónica presuntamente de una mujer, que le pidió salir a la calle, indicó Pablo Matamoros, presentador de HCH.
“Al salir del local, le dispararon a Padilla”, subrayó.
Varios transeúntes lo trasladaron a una clínica cercana, pero murió en el camino. El director de la clínica, Arturo Bendaña, informó en rueda de prensa que el cuerpo “presenta múltiples impactos de bala de grueso calibre”.
Padilla, quien cubría la nota roja para su empresa, producía el programa humorístico Los Verduleros. También creó la película nacional Chinche Man.
En 16 años, desde 2001 a la fecha, han muerto en circunstancias violentas en Honduras al menos 65 periodistas, locutores, fotógrafos, camarógrafos y ejecutivos de los medios de comunicación, según el estatal Comisionado de Derechos Humanos. Las autoridades sólo han aclarado tres casos.
La violencia que agobia al país es de 60 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa mundial es de apenas 8.9. Además, la impunidad en Honduras es de 91 por ciento.
Censura
El Economista
Alberto Aguirre M.
17 de enero de 2017
El regreso de Carmen Aristegui a la competencia de los informativos de la mañana estuvo precedida por un mensaje de cinco minutos que recordó la “maquinación grotesca” y el litigio que durante 22 meses ha sostenido con la familia Vargas, de MVS. Y es que en curso está una “andanada de demandas” que ya produjeron una sentencia en contra de la periodista, por haberse excedido en el usufructo de su libertad de expresión en el prólogo de La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto (Penguin Random House, 2016).
“Al golpe de censura se han sumado el acoso judicial y el allanamiento de nuestra redacción, para meternos miedo”, reiteró la periodista, para luego arrancar con su noticiero en vivo, ahora vía streaming… y sin límite de tiempo. La emisión se extendió 120 minutos y no tuvo patrocinadores comerciales, ni entrevistas en vivo… todavía. Aristegui agradeció los mensajes de bienvenida de personalidades de distintos ámbitos (los periodistas Lydia Cacho, Lowell Bergman y Jorge Ramos, el padre Alejandro Solalinde, y los actores Héctor Bonilla y Gael García Bernal, entre los más destacados).
Y prometió que transmitirá de lunes a viernes, al menos una hora en vivo, a partir de las 8:00am. “Esa libertad también tenemos y la vamos a usar”, definió, tras reiterar que su informativo podrá ser consultado on demand por sus seguidores “a la hora y en el momento que más le convenga”.
Aristegui encabeza una redacción de reporteros y editores —los mismos que alimentan su sitio de noticias que coordina el periodista Isaías Robles—, además de una red de corresponsales y un cúmulo de comentaristas. De fijo, Denise Dresser, Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer, los miembros permanentes de su mesa de análisis.
“¿No que no?”, dijo Aguayo mientras que Aristegui anunciaba el nuevo trabajo de su unidad de investigaciones, es “grupo compacto de periodistas serios, comprometidos e independientes” que estuvo detrás de la historia de la casa en la que vivió Angélica Rivera y que le transfirió el empresario Juan Armando Hinojosa.
La libertad de expresión, ¿bajo demanda? El regreso de Aristegui está precedido por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de anular una fracción de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas promulgada por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
Para efectos de ese ordenamiento, los asambleístas definieron que periodista es todo aquel que “hace del ejercicio de la libertad de expresión y/o información su actividad de manera permanente”, mientras que el colaborador es aquel que hace del periodismo su actividad principal o complementaria, ya sea de manera esporádica o regular, sin que se requiera registro gremial, remuneración o acreditación alguna para su ejercicio.
La acción de inconstitucionalidad 84/2015, promovida por la CNDH, recayó en la ponencia de la ministra Margarita Luna Ramos. Y los ministros accedieron a invalidar esa norma, pues no reconoce el buscar y recibir información como parte de la libertad de expresión y como requisito para el ejercicio de la actividad periodística. Adicionalmente, determinaron, ese precepto adolece de otro vicio constitucional, al limitar la prohibición a la discriminación respecto de la libertad de expresión, por razones de raza, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, idioma, origen nacional a través de cualquier medio de comunicación.
La libertad de expresión, ¿sin espacios? En una inédita editorial, los directivos de La Jornada emplazaron a sus trabajadores a una renegociación contractual, pues “la viabilidad del periódico está en juego”. El nuevo contrato colectivo mantendría el escalafón salarial pero prescindiría del pago de compensaciones, en particular el pago por horas extras, y otros beneficios obtenidos por el Sitrajor. En esta negociación “no ha estado ni estará la fórmula de los despidos masivos como vía para superar las dificultades financieras”. Tal referencia lacónica remite inevitablemente a los recortes sufridos en las redacciones de otros diarios capitalinos, entre ellos Reforma y El Universal o las áreas de noticias de las grandes televisoras, al cierre del tercer trimestre del 2016.
Las finanzas de La Jornada están comprometidas por pasivos laborales y fiscales. Y sus directivos han pugnado por acceder a subvenciones recientemente concedidas por el gobierno federal para otros rotativos.
EFECTOS SECUNDARIOS
CONSENTIDOS. Los sobre costos del nuevo hangar presidencial dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es la investigación especial con la que se estrenó Aristegui en Vivo. “La casa del Boeing 787 Dreamliner del presidente Enrique Peña Nieto, construida por el dueño legal de la Casa Blanca de las Lomas”, resumió la periodista, cuyo equipo reveló que el despacho BNKR, del arquitecto Esteban Suárez, bosquejó la nave construida por Concretos y Obra Civil del Pacífico, filial de Grupo Higa, aunque el contrato fue asignado a la francesa SGS, otra consentida del peñismo y que actualmente trabaja a marchas forzadas en la ejecución del proyecto del Tren Interurbano México-Toluca. Es la punta de otro iceberg, pues en esta edificación se gastaron más de 2,000 millones de pesos.
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