Agresiones contra periodistas o medios

Las agresiones contra mujeres periodistas aumentan 70%: Cimac; Veracruz y CdMx encabezan la lista

Sin Embargo

EFE

15 de noviembre de 2016

Las agresiones a mujeres periodistas en México aumentaron durante 2014 y 2015 un 70 por ciento respecto a los dos años previos, en un contexto en el que los ataques se han “diversificado” y la ineficacia de las investigaciones obstaculiza la presentación de denuncias, reveló hoy un informe.

El reporte “El poder del cacicazgo”, elaborado por la asociación Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), documentó 147 casos de violencia contra comunicadoras en 24 estados del país, 61 más de los registrados en el periodo 2012-2013.

En los últimos años “se ha incrementado el abanico de agresores” que atacan a las comunicadoras que están ejerciendo de manera “libre e independiente”, aseguró Gloria Muñoz, directora del medio digital Desinformémonos, quien compartió su experiencia con otras periodistas en un diálogo celebrado en la capital y moderado por Lydia Cacho.

La mayoría de las periodistas agredidas (el 70 por ciento) cubrían temas políticos en el momento de su agresión, así como sociales (21,7 por ciento) -que incluyen protestas por temas vinculados a los derechos humanos- y de seguridad (8,1 por ciento).

Sin embargo, su labor profesional no se pone en el centro de las investigaciones, sino que se tiende a buscar las causas en su vida privada, coincidieron las participantes.

La activista y columnista Maite Azuela relató cómo recibió una fotografía intimidatoria cuando trabajó sobre casos de represión por parte de las fuerzas de seguridad, y que, cuando acudió a las autoridades, no le preguntaron “sobre qué estás escribiendo”

Únicamente le preguntaron “a quién responsabilizas”, lo que consideró “descabellado e irresponsable”, afirmó.

“Todo el tiempo les tienes que convencer que lo que pasó (…) tiene que ver con tu trabajo; en el fondo dudan que tu trabajo sea tan importante para que merezca una agresión”, aseveró la directora de Cimac, Lucía Lagunes.

La respuesta de las autoridades, incluyendo a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, hace que el índice de denuncias formales aún sea bajo, lo que el reporte vincula a la “poca confianza en las instituciones de justicia”.

El mecanismo de protección para defensores de DDHH y periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, ha registrado de octubre de 2012 a junio de 2016 la denuncia de 82 mujeres periodistas, que representan el 35 por ciento de quienes están bajo protección de esta instancia.

“Las fiscalías siempre están del lado del agresor, y eso es un problema monumental”, afirmó Cacho, quien con su testimonio señaló que las instituciones de justicia sientan a la víctima con su propio agresor, en un contexto en el que el 54,4 por ciento de los ataques provienen de servidores públicos.

Las mujeres también reciben un trato diferenciado respecto a sus compañeros, ya que cuando sucede una agresión a ellos se les otorga apoyo y a ellas se les tilda de “histéricas”, y se dice que quieren visibilidad o “un premio”, comenta Muñoz.

Asimismo, cuando una periodista da su opinión política públicamente, se considera “un error”, dijo Cacho, quien agregó que esto está relacionado con la idea que aún subyace de que “las mujeres no somos ciudadanas plenas”.

Veracruz, que acumula el 19,7 por ciento de los casos, se ubica como el más peligroso para las periodistas, seguido por la Ciudad de México (18,7 por ciento) -que de acuerdo con el informe “dejó de considerarse un lugar seguro”- y Guerrero (8,1 por ciento).

Muñoz señaló que en los últimos años ha tenido que aplicar en la redacción medidas como que las reporteras informen previamente de su trayecto de regreso en las coberturas “de alto riesgo”.

No obstante, echando mano de una perspectiva que cubra el último cuarto de siglo, se han visto avances, como la construcción de redes de protección de periodistas, que “nos han salvado la vida en más de una ocasión y en muchos sentidos”, destacó Lagunes.

La directora de Cimac también resaltó otros aspectos positivos, entre ellos que se ha asimilado que “hacer periodismo con perspectiva de género es hacer periodismo” y la aparición de nuevas generaciones que tomen el relevo.

 

Mujeres periodistas en México que cubren política y temas sociales, las más agredidas: CIMAC

MVS Noticias

EFE

15 de noviembre de 2016

Maite Azuela relató cómo recibió una fotografía intimidatoria cuando trabajó sobre casos de represión por parte de las fuerzas de seguridad, y que, cuando acudió a las autoridades, no le preguntaron “sobre qué estás escribiendo”

Las agresiones a mujeres periodistas en México aumentaron durante 2014 y 2015 un 70 % respecto a los dos años previos, en un contexto en el que los ataques se han “diversificado” y la ineficacia de las investigaciones obstaculiza la presentación de denuncias, reveló hoy un informe.
El reporte “El poder del cacicazgo”, elaborado por la asociación Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), documentó 147 casos de violencia contra comunicadoras en 24 estados del país, 61 más de los registrados en el periodo 2012-2013.
En los últimos años “se ha incrementado el abanico de agresores” que atacan a las comunicadoras que están ejerciendo de manera “libre e independiente”, aseguró Gloria Muñoz, directora del medio digital Desinformémonos, quien compartió su experiencia con otras periodistas en un diálogo celebrado en la capital y moderado por Lydia Cacho.
La mayoría de las periodistas agredidas (el 70 %) cubrían temas políticos en el momento de su agresión, así como sociales (21,7 %) -que incluyen protestas por temas vinculados a los derechos humanos- y de seguridad (8,1 %).
Sin embargo, su labor profesional no se pone en el centro de las investigaciones, sino que se tiende a buscar las causas en su vida privada, coincidieron las participantes.
La activista y columnista Maite Azuela relató cómo recibió una fotografía intimidatoria cuando trabajó sobre casos de represión por parte de las fuerzas de seguridad, y que, cuando acudió a las autoridades, no le preguntaron “sobre qué estás escribiendo”
Únicamente le preguntaron “a quién responsabilizas”, lo que consideró “descabellado e irresponsable”, afirmó.
“Todo el tiempo les tienes que convencer que lo que pasó (…) tiene que ver con tu trabajo; en el fondo dudan que tu trabajo sea tan importante para que merezca una agresión”, aseveró la directora de Cimac, Lucía Lagunes.
La respuesta de las autoridades, incluyendo a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, hace que el índice de denuncias formales aún sea bajo, lo que el reporte vincula a la “poca confianza en las instituciones de justicia”.
El mecanismo de protección para defensores de DD.HH y periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, ha registrado de octubre de 2012 a junio de 2016 la denuncia de 82 mujeres periodistas, que representan el 35 % de quienes están bajo protección de esta instancia.
“Las fiscalías siempre están del lado del agresor, y eso es un problema monumental”, afirmó Cacho, quien con su testimonio señaló que las instituciones de justicia sientan a la víctima con su propio agresor, en un contexto en el que el 54,4 % de los ataques provienen de servidores públicos.
Las mujeres también reciben un trato diferenciado respecto a sus compañeros, ya que cuando sucede una agresión a ellos se les otorga apoyo y a ellas se les tilda de “histéricas”, y se dice que quieren visibilidad o “un premio”, comenta Muñoz.
Asimismo, cuando una periodista da su opinión política públicamente, se considera “un error”, dijo Cacho, quien agregó que esto está relacionado con la idea que aún subyace de que “las mujeres no somos ciudadanas plenas”.
El oriental estado de Veracruz, que acumula el 19,7 % de los casos, se ubica como el más peligroso para las periodistas, seguido por la Ciudad de México (18,7 %) -que de acuerdo con el informe “dejó de considerarse un lugar seguro”- y Guerrero (8,1 %).
Muñoz señaló que en los últimos años ha tenido que aplicar en la redacción medidas como que las reporteras informen previamente de su trayecto de regreso en las coberturas “de alto riesgo”.
No obstante, echando mano de una perspectiva que cubra el último cuarto de siglo, se han visto avances, como la construcción de redes de protección de periodistas, que “nos han salvado la vida en más de una ocasión y en muchos sentidos”, destacó Lagunes.
La directora de Cimac también resaltó otros aspectos positivos, entre ellos que se ha asimilado que “hacer periodismo con perspectiva de género es hacer periodismo” y la aparición de nuevas generaciones que tomen el relevo.

 

Creció 70% violencia contra mujeres periodistas en 2 años

La Jornada

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16 de noviembre de 2016

Los índices de violencia contra mujeres que ejercen el periodismo se incrementaron 70 por ciento durante 2014 y 2015, además de que en todos los casos impera la impunidad, lo que abre las puertas a la repetición de las agresiones. En el informe El poder del cacicazgo: violencia contra mujeres periodistas 2014-2015, la organización Comunicación e Información de la Mujer (Cimac) documenta 147 atentados a la libertad de expresión contra mujeres periodistas, donde los mecanismos de control y amenazas directas, principalmente, limitan el ejercicio de su profesión. Señala que en la mayor parte del país los poderes autoritarios amenazan el libre ejercicio de las periodistas, y ubica los estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Morelos, así como la Ciudad de México, como los de mayores riesgos para las comunicadoras.

 

Exigen garantizar la libertad de prensa

El Economista

Leopoldo Hernández

15 de noviembre de 2016

El número de asesinatos, desapariciones y agresiones que padecen los trabajadores de los medios de comunicación en México dejan en entredicho la existencia de un gobierno “abierto” en nuestro país, manifestó Rodrigo Santiago Juárez, director del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la CNDH.

“Las estadísticas sobre la violencia hacia la prensa mexicana no contribuye a la idea de un gobierno abierto, obligado a documentar su labor diaria y fomentar la apertura hacia el escrutinio social”, dijo.

Una sociedad desinformada, abundó, es sin duda alguna una sociedad menos democrática y menos transparente; por ello los gobiernos deben garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, fomentar la transparencia y aumentar la rendición de cuentas.

Detalló que cifras de la CNDH dan cuenta del asesinato de 119 periodistas en México a partir del 2000, de los cuales 12 eran mujeres; desde el 2005, se registra la desaparición de 20, dos de mujeres, así como la comisión de 50 atentados contra instalaciones de medios desde el 2006, lo que convierte a nuestro país en uno de los más peligrosos en el mundo para el ejercicio periodístico.

“Algunas entidades como Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca concentran alrededor de 60% de los homicidios cometidos contra comunicadores en el país, por lo que especialmente se debe poner atención a fin de prevenir las agresiones e investigar y sancionar los delitos cometidos contra esas personas, a fin de revertir el contexto adverso”, refirió.

Santiago Juárez expuso que en la Recomendación General 24 y tras revisar 176 averiguaciones previas relacionadas con homicidios, desapariciones de periodistas y atentados a medios de comunicación, sólo en 10% de los casos existe sentencia condenatoria, lo que representa 90% de impunidad.

En entrevista, expuso que en el mismo documento recomendaron que el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos reciba para su buen funcionamiento recursos públicos necesarios y asegurar que quienes realizan labores de análisis de riesgo tengan garantizada su seguridad laboral a fin de que se profesionalicen.

En este sentido, manifestó que en las entidades se deben crear los mecanismos de protección en la materia o bien fortalecer los ya existentes; además de que en los estados se instalen fiscalías especiales en la investigación de los delitos relacionados con periodistas, para que una de las primeras líneas de las indagatorias sea la que tiene que ver con las actividades profesionales de la víctima.

 

Censura

Lamentable, errada, cuestionable, absurda, la sentencia contra Carmen Aristegui: especialistas

Aristegui Noticias

Laura Barranco

15 de noviembre de 2016

Especialistas en derecho a la información y defensores de la libertad de expresión coincidieron en que la sentencia en contra de la periodista Carmen Aristegui en el juicio por daño moral que emprendió el empresario Joaquín Vargas en su contra tiene un “tufo de censura”. Reunidos en el marco del quince aniversario de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, manifestaron su preocupación por la utilización de la vía judicial para inhibir el ejercicio periodístico.

“Es lamentable, puede haber en un Estado de Derecho sentencias que sean perfectamente legales pero no legítimas, el caso de una censura como a la que invita esta sentencia es muy lamentable en un Estado de Derecho que reclama, debate”, dijo Jorge Fernando Negrete Pacheco, presidente del Consejo Directivo de la AMEDI.

“Carmen sin duda alguna ha demostrado que investiga, que ejerce su libertad de expresión, que es una mujer ponderada y responsable pero que además le genera a buena parte de la sociedad, le transmite información vital para construir una opinión pública la voz de Carmen es una voz que construye opinión pública y que se vuelve colectiva y que además se vuelve parte del debate de los grandes temas nacionales, la sentencia me parece que no es legítima, podrá ser legal pero tiene un tufo de censura inevitable”, agregó.

Aleida Calleja, ex presidenta del Consejo Directivo de la Amedi y actual coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, opinó que la resolución del juez es “errada y cuestionable, porque no puede castigarse la opinión, es decir lo que hace la periodista Carmen Aristegui es manifestar su punto de vista respecto de lo que cree que sucedió por su salida de MVS y no hay en ningún momento, no veo en el texto elemento que insulte al empresario, todo lo contrario, lo que ella reconoce es la capacidad del empresario y que ella asume y cree que se vio sumamente presionado por el poder político para hacer lo que hizo”.

Y aclaró que “solamente hay un agravio cuando esa información te causa un daño o es una información inexacta o es una información falsa, en estos casos en la opinión no puedes plantear eso, incluso ni siquiera aplica el criterio mínimo de la real malicia que es un criterio muy importante en los juicios sobre libertad de expresión especialmente los que tienen que ver contra el honor”.

Finalmente, Calleja confió en que la resolución del juez se apele y llegue al Máximo Tribunal del país. “Debería llegar a la Corte, a mí me parece que es un asunto que pone también a prueba el poder judicial nuevamente”.

Por su parte, Beatriz Solís Leree, titular de la Defensoría de Audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, se dijo “realmente preocupada” por lo que calificó como “una nueva pelea igualmente absurda como las que ha tenido que enfrentar Carmen”.

Consideró que este caso “nos obliga a formarnos una opinión y a aprender mejores maneras para luchar contra estas acciones totalmente absurdas y llenas de soberbia y de poder; y yo le diría que no tiene por qué preocuparse porque todo el gremio de sus amigos, de sus colegas y de los otros periodistas cada día se sorprenden más, pensamos que ya no habría más sorpresas y nos encontramos con esta que es todavía más absurda. Me parece que es absolutamente cuestionable pero lo único que han logrado es fortalecerla”.

Gabriel Sosa Plata, ex ombudsman de MVS, y actual defensor de la audiencia en el Canal 22, respaldó las posturas de organizaciones como Artículo 19. “Esta sentencia sienta un mal precedente en materia de libertad de expresión porque lo que hizo la periodista Carmen Aristegui fue emitir una opinión, un diagnóstico sobre la situación que ella vivió y finalmente una presentación; también una interpretación del significado y la importancia que tiene este reportaje sobre la denominada Casa Blanca. Una de las consideraciones para que se pueda argumentar un daño moral es de que exista una real malicia“.

Cuestionó la congruencia con la que se conduce MVS Radio, propiedad de la familia Vargas, que por un lado acusa daño moral por parte de Carmen Aristegui, pero en su momento también montó una campaña de desprestigio en contra “de su periodista estrella”, o también cuando desde su emisora se divulgaron conversaciones privadas del periodista Pedro Ferríz de Con.

“Se transmitieron conversaciones íntimas, privadas que tuvo el periodista con una mujer, una mujer periodista también por cierto y se utilizó esta información como para señalarlo en cuanto a su honor, en cuanto a su dignidad y sin embargo, Pedro Ferriz de Con, en una actitud quizá también de respeto a la libertad de expresión, cuando tenía todas las posibilidades de presentar una demanda por daño moral no lo hizo; entonces como que no predican con el ejemplo cuando en sus propias empresas pues no precisamente llevan a cabo las mejores prácticas en materia de respeto al honor, dignidad e imagen de las personas”, abundó.

Al recibir un reconocimiento por su su ejercicio periodístico en materia de derecho a la información, el periodista Jenaro Villamil lamentó el intento de judicializar la labor informativa y dijo que el derecho de réplica se ha usado como un instrumento de presión.

“Está el ejemplo clarísimo de la demanda por daño moral que Joaquín Vargas interpuso en contra de Carmen Aristegui por escribir su punto de vista en un prólogo o está la damanda de Grupo Televisa contra Proceso y contra un servidor por derecho de réplica”, expresó, “en fin, se vienen batallas todavía muy duras“.