Diagnósticos sobre transparencia

Mancera destaca transparencia de CDMX

El Universal

Phénelope Aldaz

25 de octubre de 2016

El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que la Ciudad de México cuenta con una política efectiva de transparencia y lucha contra la corrupción, lo que ha derivado en que la administración cuente con servidores públicos probados.

Durante una gira de trabajo por Miami, Florida, informó que a través de la Contraloría General de la Ciudad de México, el número de sanciones a funcionarios que han cometidos irregularidades se incrementaron 60%.

Mancera señaló que la administración capitalina cuenta con alrededor de 300 mil trabajadores, por lo que se requiere mayor efectividad en el control de las tareas que se llevan a cabo.

Indicó que, además, se ha involucrado a la población mediante contralores ciudadanos, quienes aportan sus conocimientos para participar en los asuntos públicos locales en una actividad de evaluación de proyectos y contratos públicos.

El mandatario afirmó que los gobiernos locales, al ser el primer contacto con la ciudadanía, deben transparentar todas sus acciones, para poner así el ejemplo a los gobiernos nacionales. Señaló que para su administración es importante que la gente conozca dónde se está implementando cada peso que llega.

Destacó que la Ciudad de México es la primera en el mundo en implementar todas las fases del Estándar de Contrataciones Abiertas, creado por la Alianza para las Contrataciones Abiertas (OCP por sus siglas en inglés), plataforma que podría implementarse en otras entidades del país.

Esta iniciativa se efectuó de manera coordinada con la organización Bloomberg Associates, OCP, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana y Gobierno Fácil, para crear una herramienta para el uso y consulta de la ciudadanía sobre cómo el gobierno gasta los recursos públicos.

Mancera Espinosa también recordó la obligatoriedad que tienen todos los servidores públicos del gobierno capitalino de transparentar su declaración Patrimonial, Fiscal y de Intereses. “Es como estamos poniendo en sintonía una acción transparente y honesta de los trabajadores de la administración capitalina y creemos que esta política, al estar en la Ciudad, puede expandirse hacia otras ciudades”, aseguró.

Dijo que otro elemento importante que ha llevado a cabo el gobierno de la Ciudad es reducir los trámites burocráticos al pasar de 5 mil a 2 mil 300, lo que ha implicado una reducción en los tiempos de atención.

Mancera se encuentra en Estados Unidos desde este domingo. En su primer día de actividades participó en la cuarta edición del evento Mayor’s Innovation Studio organizado por Bloomberg Philanthropies. Ayer sostuvo un encuentro con el vicepresidente ejecutivo del Instituto Aspen, Elliot Gerson y con el alcalde de Seattle, Ed Murray.

 

Excusa Corte 3de3 a jueces de la CDMX

Reforma

Víctor Fuentes

26 de octubre de 2016

La Suprema Corte de Justicia concederá este miércoles una suspensión para que el Poder Judicial de la Ciudad de México quede exento de publicar las declaraciones 3de3 de sus integrantes por tiempo indefinido.

La Segunda Sala discutirá un proyecto que revoca la negativa de suspensión dictada en junio pasado por el ministro José Ramón Cossío, como parte de una controversia constitucional de los jueces capitalinos contra el artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas local.

Dicho artículo obliga a todos los órganos de gobierno de la ciudad a difundir en sus sitios de internet la versión pública de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de los servidores públicos.

El 19 de octubre, en sesión privada, hubo un empate a dos votos, pero estuvo ausente el ministro Alberto Pérez Dayán, autor del proyecto, cuyo voto decidirá el caso y bastará para conceder la suspensión, salvo cambio de postura de última hora de alguno de sus colegas.

La suspensión beneficiará a magistrados, jueces y demás personal de los tribunales Superior de Justicia, Contencioso Administrativo y Electoral de la CDMX, así como del Consejo de la Judicatura, que alegan que la ley de transparencia local excede lo previsto en la Ley General de Transparencia, que deja a elección de los funcionarios la publicación de sus declaraciones.

De ser concedida, la suspensión estará vigente hasta que el pleno de la Corte resuelva la controversia, lo que seguramente ocurrirá hasta 2017.

Pero el precedente sería útil para funcionarios de todos los niveles de gobierno que quieran promover amparos, una vez que el Comité Coordinador del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción emita los formatos para la publicación de las declaraciones 3de3, que serán aplicables en todo el país.

El proyecto señala que el artículo Sexto de la Constitución garantiza la protección de los datos personales, y agrega que si no se concede la suspensión y se publican las declaraciones del Poder Judicial capitalino, quedará sin materia el juicio para aclarar si el artículo 121 es constitucional.

“De aplicarse la norma se podría vulnerar el derecho humano a la protección de datos personales, al exigir a los sujetos obligados que publiquen las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, sin otorgarles oportunidad de decidir si ese es su deseo, conforme lo dispone la Constitución”, dice el proyecto.

El ministro Cossío había negado la suspensión por considerar que la Corte no puede frenar la vigencia de las leyes impugnadas en controversia. Aunque el artículo 121 ha estado vigente, el Poder Judicial local lo ha ignorado y no ha publicado las declaraciones.

En 2013, el pleno de la Corte avaló por 8 votos contra 3 el artículo de la Ley Federal de Responsabilidades que deja a elección de los funcionarios la publicación de su declaración patrimonial.

 

Ven “catastrófico” para medios proyecto de Corte

El Universal

Diana Lastiri, AstridRivera, Astrid Sánchez y Horacio Jiménez

26 de octubre de 2016

La intención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de proteger y garantizar el derecho de réplica se vería desvirtuado si para ello afectan otros derechos como la libertad de expresión, al eliminar los conceptos de información falsa o inexacta en la ley, coincidieron especialistas como Daniel Márquez Gómez, de la UNAM, quien a:rmó que de aprobarse “sería catastró:co”, puesto que afectaría el quehacer de los periodistas.

El experto expuso que investigaciones como la de Javier Duarte, Guillermo Padrés Elías o el caso Monex no tendrían el mismo impacto e incluso no podrían generarse, y advirtió que se corre el riesgo de “judicializar” el derecho de réplica.

“Cuando hablamos de inexactitud estamos generando una dimensión muy subjetiva, si yo me equivoco en una fecha, tengo un error ortográ:co, ¿eso hace que mi información sea inexacta? Si la hace inexacta, ¿va a ser objeto de procedimiento judicial?”, cuestionó Márquez Gómez.

Issa Luna Pla, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó que el derecho de réplica es un mecanismo importante y una prerrogativa que sirve para aclarar, en el caso de que exista información incorrecta, y que al eliminar esta cualidad se confundiría en la legislación cuál es la función de ese derecho.

“Si la Corte toma este tipo de decisiones, lo único que haría sería dañar la libertad de expresión, cosa que no creo que sea la intención de la Corte, sino que tendría que ser la de proteger al máximo los derechos y, en este caso, también tiene que seguir protegiendo la libertad de expresión, al momento en que debe garantizar el derecho de réplica y no anular uno para proteger otro”, explicó la académica.

“La Corte repetiría un error garrafal que sería eliminar la distinción de los discursos de libertad de expresión periodística, de la libertad de expresión política y la libertad de expresión electoral, que son distintas expresiones con diferentes intenciones”. Agregó que es deseable que la SCJN oriente con su resolución, en lugar de “enredar” los conceptos de libertad de expresión y derecho de réplica.

Ixchel Cisneros Soltero, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social, indicó que eliminar los conceptos de información falsa o inexacta en la Ley del Derecho de Réplica podría signi:car un atentado a la libre expresión.

“En un país como el nuestro se pudiera utilizar para frenar la libertad de expresión, o por lo menos acortarla y exigir que las personas o medios de comunicación tengan que enfrentar procesos legales por considerar que la información afecta a algunas personas o, sobre todo, a algunos tomadores de decisiones.

“El derecho de réplica es el que todas las personas deberían tener y los medios de comunicación debemos acatar, pero quitar estas palabras —información falsa o inexacta— signi:caría un atentado para la libertad de expresión”, destacó.

Cisneros Soltero consideró que para evitar esto, el ministro Alberto Pérez Dayán, quien tiene bajo su conocimiento las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PRD, Morena y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos —que argumentó que se debe regular esta garantía en redes sociales y a cuyo estudio no entró aún en el proyecto—, debería acercarse con organizaciones observadoras sobre los atentados a la libertad de expresión y al derecho de réplica.

“Para que vea cómo es atajado en este país este tema y que una cosa es lo que dice el papel y otra lo que se lleva a cabo”, apuntó.

Patricio Flores Sandoval, dirigente del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de la Televisión y Radio (Sitatyr) expuso que si bien habrá que esperar la votación en la Corte, de aprobarse, sería una exageración que se eliminaran los conceptos de información falsa o inexacta de los requisitos para ejercer el derecho de réplica.

“Esta garantía podría darse exageradamente y no alcanzarían los espacios en medios impresos o electrónicos para difundir las réplicas”, a:rmó Flores Sandoval, quien dijo que la libertad de expresión no debe ser combatida.

No es contraria a la libertad de expresión. El vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, aseguró que la propuesta de su partido sobre el derecho de réplica en los medios de comunicación no se contrapone con la libertad de expresión.

En conferencia acompañado del coordinador parlamentario del PRD, Francisco Martínez Neri, el legislador a:rmó que ambos aspectos son derechos inalienables e irrestrictos.

“No hay nada más alejado del propósito del PRD, el que [con el ejercicio del derecho de réplica] se censure a los medios de comunicación”, apuntó.

Tras los recursos de inconstitucionalidad que interpusieron el PRD y Morena contra la Ley de Derecho de Réplica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación prevé votar un proyecto de sentencia que eliminaría, del artículo 3, los conceptos de “información inexacta o falsa”.

Ello, para hacer valer el derecho de réplica ante los medios de comunicación y vía los tribunales. Zambrano Grijalva comentó que hoy no existe la posibilidad del derecho de réplica “de quien se ve agraviado por una publicación, no sólo incierta, sino también tendenciosa y que carece de objetividad”. Por ello, el vicecoordinador insistió en que “de ninguna manera estaríamos pensando el coartar el derecho a la libertad de expresión; el derecho a que los medios de comunicación ejerzan su libertad para su desarrollo”.

En tanto, Martínez Neri expuso que su bancada respalda la propuesta de su partido de establecer la réplica en medios de comunicación, “cuando la información difundida falte a la verdad”.

El diputado del sol azteca agregó que el esa garantía debe establecerse cuando una información es incierta, cuando falta a la verdad o cause agravió a una persona.

 

INAI

Exigen cuentas a EPN por 266 compromisos

Mural

Reforma/redacción

25 de octubre de 2016

El INAI ordenó a la Presidencia de la República transparentar cuántos de los 266 compromisos firmados por el Mandatario Enrique Peña Nieto ante notario público se han cumplido y cuántos hay pendientes.

De forma unánime, el Instituto aprobó el recurso resuelto por el comisionado Oscar Guerra Ford, ante la solicitud de un particular a la oficina de la Presidencia para conocer los documentos que acrediten cuántos fueron los compromisos firmados, cuántos se han cumplido y cuántos faltan por cumplir.

Además, el solicitante pidió precisar si se cumplirán todos los compromisos adquiridos por el Ejecutivo federal en su campaña “Te lo firmo y te lo cumplo”, además de aclarar las causas de la cancelación de algunos proyectos.

El comisionado Guerra señaló que la Presidencia de la República respondió con un cuadro informativo en un archivo ilegible que no cumple con lo solicitado.

“La orden es modificar, porque realmente lo que se está pidiendo son los documentos, que podrían ser fotografías de las obras o actas públicas”, señaló el comisionado.

También refirió que en lo desglosado en un primer momento por parte del Gobierno federal se conoce que el 34.96 por ciento de los compromisos se han cumplido.