Ajuste fiscal y financiamiento a la conectividad universal

Homo Zapping

Ramiro Tovar Landa

13 de septiembre 2016

Mientras ciertos operadores tratan de ignorar la evidente existencia de competencia “efectiva” en telecomunicaciones, lo que sí debería de ser evidente es la ausencia de una amplia gama de políticas públicas que contribuyan a que la conectividad universal logre que la inclusión digital sea un esfuerzo compartido y colaborativo de todos los competidores, y lo más inmune posible a los vaivenes del presupuesto fiscal.

La ausencia en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de un esquema colaborativo en un fondo institucionalizado para la conectividad universal muestra sus consecuencias cuando es necesario un ajuste al gasto público por razones de estabilidad macroeconómica.

Hasta ahora existe sólo un programa en marcha para tal objetivo que es México Conectado, que ha instalado 101 mil 293 sitios públicos con acceso a Internet por medio de un mecanismo trasparente de licitaciones, en el cual concurren todos los concesionarios de telecomunicaciones.

Sin embargo, México Conectado está sujeto a la disponibilidad de recursos públicos para pagar la contraprestación a los operadores adjudicatarios de cada proyecto. Los recursos disponibles para la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, así como para la Subsecretaría de Comunicaciones y sus entidades relacionadas, han disminuido sustancialmente, incluidos los de la iniciativa de Ley de Egresos de la Federación para 2017, el penúltimo presupuesto de la actual administración.

El presupuesto de egresos autorizado desde 2015 a la fecha ha establecido los siguientes montos para el subsector de Comunicaciones dentro de la asignación a la Secretaría del Ramo.

En las licitaciones realizadas por el proyecto México Conectado la unidad pagadora es la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, que ha acumulado una disminución en su presupuesto entre 2015 y el proyecto de egresos para 2017 de 88 por ciento, y el agregado de todas las unidades de gasto relacionadas con telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha disminuido 84.3 por ciento.

Esto es una clara evidencia de cómo los proyectos de conectividad e integración a la sociedad del conocimiento no deben de gravitar exclusivamente en el presupuesto fiscal dado que, ante la exigencia de estabilidad de las finanzas públicas, no es posible mantener un flujo de inversión pública hacia el objetivo dispuesto en la reforma de telecomunicaciones que establece en el artículo 6º de la Constitución: “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.”

El nivel de cobertura de banda ancha genera una externalidad positiva al resto de las actividades de la sociedad; en educación y en servicios de salud el beneficio privado es menor que el social. La competencia genera un nivel de oferta de equilibrio que es producto de las decisiones de los agentes privados y, por lo tanto, será menor que el nivel de oferta social deseable.

Es por ello que se requiere de una acción o estímulo externo para que el beneficio privado converja hacia el nivel de beneficio social, y ello se logra mediante incentivos, que pueden ser en forma de obligaciones de cobertura, subsidios o el incentivo que genera disminuir la carga regulatoria y/o fiscal que uno o varios agentes económicos actualmente soporten.

Los efectos de tal diferencia entre el beneficio privado y social en telecomunicaciones han sido ampliamente documentados al identificarse la brecha de conectividad entre áreas rurales o remotas y las urbanas, o la existente entre la tenencia de dispositivos de telefonía móvil y la de teléfonos inteligentes, con los cuales se tiene la capacidad de acceder a los servicios de banda ancha. En ambos casos el nivel de cobertura o uso es menor al socialmente deseable.

En México, de acuerdo con el INEGI, 36 por ciento de la población adulta tiene equipo celular pero no un teléfono móvil inteligente y sólo 35 por ciento tiene un equipo móvil inteligente. Tales factores son causales de que, aunque exista cobertura de banda ancha móvil, ésta no se traduzca en conectividad para los usuarios actuales y potenciales. De hecho, se reporta que sólo 6 por ciento de la población no tiene cobertura de banda ancha móvil y sólo 11.4 por ciento de las localidades con 20 viviendas o más no cuentan con ningún servicio de telecomunicaciones.

La regulación asimétrica impuesta al concesionario preponderante, como la tarifa cero en la interconexión por terminación en su red, ha ahorrado recursos a los concesionarios “no preponderantes”; de tal ahorro no se ha aportado ningún monto a un fondo de cobertura y/o inclusión universal, como lo es México Conectado, o bien cualesquiera otro que hubiera sido diseñado dentro de la reforma de telecomunicaciones.

Librar a los concesionarios “no preponderantes” de toda obligación de contribución ahora se traduce en un costo fiscal, dado que se dejan de financiar iniciativas de conectividad que bien pudieron estar siendo fondeadas en forma complementaria por sus aportaciones, minimizando su variabilidad en el tiempo ante la restricción presupuestal de las finanzas públicas. Ese elemento de asimetría ahora “congela” de hecho el único proyecto sistemático de conectividad.

Es necesario rescatar y enfatizar lo que significan las iniciativas anunciadas recientemente por el denominado agente económico “preponderante” sobre la puesta en marcha de un mecanismo de redistribución de teléfonos inteligentes de segunda mano, ofreciendo un valor por los equipos, que de otra forma sólo serían equipos ociosos o basura electrónica, siendo el destino de tales dispositivos planteles de educación pública.

Por el lado de los contenidos, se ofrece acceso a recursos en la plataforma Aprende.org con un tratamiento de rating cero, lo que significa que su acceso será gratuito a semejanza de otros sitios frecuentes y populares que se incluyen en los servicios móviles. Tales iniciativas demuestran que la innovación de los operadores puede converger con los objetivos que tradicionalmente se reservan a las políticas públicas.

En un entorno en donde el actual ambiente global ha disminuido sustancialmente el rendimiento de los activos en los mercados emergentes, como lo es México, la iniciativa de los particulares debe ser estimulada e incorporada a las políticas públicas.

Dada la depreciación del tipo de cambio, el alza de tasas de interés internacionales y un escenario de bajo crecimiento nacional e internacional, el rendimiento de los activos en México tiene un menor nivel en términos de dólares americanos que el que tenían o se pronosticaba hace 3 años, cuando se expidió la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones (43.6% de depreciación nominal) y de hace 2 años cuando se expidió la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (41.2% de depreciación nominal).

La tasa de interés de referencia doméstica ha aumentado de un mínimo de 3 por ciento desde 2014 a 4.25 por ciento al finalizar junio y una expectativa de crecimiento no mayor a 2.4 por ciento. Lo anterior tiene indubitablemente un efecto sobre las decisiones de inversión e impone una mayor limitante presupuestal al Gobierno Federal.

Dados los factores macroeconómicos actuales, es imperativo que las iniciativas para aumentar la conectividad se desliguen de los ajustes en finanzas públicas, por los efectos que se derivan de las exigencias de austeridad que se imponen ante las circunstancias actuales. Asimismo, no tener focalizada la conectividad sólo en el proyecto de la Red Compartida, cuyo entorno financiero parece cada vez de mayor dificultad. Es necesario liberar las restricciones y desincentivos a las inversiones de los particulares e incluirlas en las acciones de cierre de la brecha de acceso y conectividad, incluso considerando el financiamiento de organismos internacionales en proyectos específicos.

Los diagnósticos que señalan como factores de rezago en conectividad la escases relativa de contenidos locales, el monto y distribución de fondos públicos, la distribución de ingresos, los tratamiento fiscales diferenciados, si bien todos son factores relevantes, olvidan que lo crucial en la coyuntura macroeconómica actual latinoamericana es la liberación de la iniciativas de todos los operadores a favor de mayor inversión e innovación en el cierre de las brechas entre usuarios de diferentes niveles de ingreso y regiones.

Resulta paradójico que quienes antes coreaban la competencia con compartición de infraestructura a precios regulados ahora recomienden generar el estímulo necesario para incrementar el capital a ser invertido en el sector.

A 2 años de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión debemos reconsiderar adoptar algunos de los mecanismos imperantes globalmente para cerrar la brecha entre áreas urbanas y aquellas rurales y remotas. Conforme a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), de 42 países miembros, 33 por ciento tienen un fondo de servicio universal o esquema equivalente, 18 tienen obligaciones de cobertura en su licencia de operación, 16 por ciento tienen un esquema de subsidio y 12 por ciento un esquema de asociación público-privada donde el operador es un privado con subsidio a su capital invertido. En la Unión Europea se está considerando relajar la normatividad que obliga la compartición de redes si existe disponibilidad a co-invertir con sus rivales en redes de banda ancha, para ser incluidos en su revisión normativa planeada para este mes de septiembre.

Ante un entorno actual de evidente competencia “efectiva”, toca ahora enfatizar los mecanismos de inclusión y de incentivos regulatorios a los operadores disponibles para toda iniciativa de los particulares consistente con la consecución del objetivo de banda ancha universal.

 

Las pifias en telecom del Cuarto Informe de Gobierno

Homo Zapping

Irene Levy

13 de septiembre 2016

¿Ya leyó usted el 4to Informe de Gobierno? Tiene 765 páginas más los anexos. La semana pasada me di a la tarea de revisar lo que el informe contiene acerca de telecomunicaciones, así como otros temas que me

interesan. No debe contener mucho, pensé, porque la mayor parte de estas cuestiones están a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo constitucional autónomo que, por no formar parte del Poder Ejecutivo Federal —ni de ningún otro poder— tiene sus propias normas de rendición de cuentas.

Así, junto a un cafecito mañanero, inicié la travesía por el documento. Totalmente concentrada en las cifras y alcances que esbozan sus páginas, leí con sorpresa que menciona como acciones de la administración pública federal lo realizado por el IFT; me pareció curioso y fue como decidí concentrarme entonces en el tratamiento que el informe da al Instituto, y caí en cuenta que quienes lo redactaron hurtaron la autonomía del IFT y simplemente lo transformaron en una dependencia federal. Quizás esta redacción encierra una genialidad del sarcasmo o más probablemente ineptitud, ineficiencia e ignorancia. Aquí algunos párrafos que demuestran el robo de la identidad autónoma del IFT:

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“El 18 de diciembre de 2015 entró en vigor la Norma Mexicana NMX­R­025­SCFI­2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación que establece los requisitos para todos los centros de trabajo de cualquier sector, actividad y giro, para que puedan certificarse en materia de igualdad laboral y no discriminación…. A julio de 2016 se certificaron ocho centros de trabajo en la República Mexicana, de los cuales destacan el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría Técnica del Gabinete del Gobierno del Estado de México. Son las primeras instituciones de la Administración Pública Federal (APF) y estatal en certificarse”. (Página 162).

“Con el propósito de promover la participación de los pueblos y comunidades indígenas en su propio desarrollo comunitario, a partir de la publicación, el 23 de febrero de 2013, del “Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas”, y hasta el 30 de junio de 2016, se asesoró a 15 dependencias federales (Comisión Federal de Electricidad; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Petróleos Mexicanos; Instituto Federal de Telecomunicaciones; Comisión Nacional del Agua; Secretaría de Energía; Comisión Nacional Forestal; Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación; Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados; e Instituto Nacional Electoral) para la elaboración de los Protocolos de Consulta Indígena específicos…” (Página 207).

Pero eso no es todo, el documento también arrebata facultades al IFT:

“En materia de procuración de justicia, en cumplimiento a los acuerdos aprobados en el marco de la XXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), se lograron los siguientes resultados: …en colaboración con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se publicaron el 2 de diciembre de 2015 en el DOF, los ‘Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia’”. (Página 173).

Esto no es así, es el IFT el que tiene la atribución de emitir estos lineamientos de acuerdo con el artículo 190, fracción I de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y así lo hizo; en todo caso, el Poder Ejecutivo tuvo la posibilidad de colaboración, no al revés.

Pero no hemos terminado, quien redactó el Informe no solo no sabe derecho constitucional ni derecho administrativo, tampoco entiende la reforma en telecomunicaciones ni competencia económica, mire:

“Entre otros cambios relevantes impulsados por la Reforma (constitucional en materia de telecomunicaciones) están… 1. El contar con un marco normativo que otorga certeza jurídica al sector, favorece la libre competencia, evita la preponderancia de agentes económicos dominantes…” (página 536). ¡¿Qué es esto, acaso nadie revisó el documento?!

También leemos otros errores, la televisión abierta y los operadores móviles virtuales no tienen que ver, pero para ellos sí: “Durante septiembre de 2015 a agosto de 2016 se continuaron realizando acciones encaminadas a promover la competencia en la televisión abierta. Entre los eventos ocurridos se encuentran los siguientes: …el 9 de marzo de 2016, se emitieron los lineamientos para la comercialización de servicios móviles por parte de Operadores Móviles Virtuales…” (página 540).

También constaté que en ningún párrafo se refiere al IFT como órgano autónomo. Total que al final de mi indigesta lectura pensé que si yo le preguntara a mis alumnos de derecho de las telecomunicaciones de la Universidad Iberoamericana cuál es la naturaleza jurídica del IFT y me contestaran que es una dependencia del gobierno federal, estarían completamente reprobados, como reprobado está el 4to Informe de Gobierno.

Como ciudadana mexicana exijo al Poder Ejecutivo Federal que modifique estos y otros gravísimos problemas —¿errores?— de fondo que contiene el Informe y que denigran al país, que confunden y denotan un bajísimo rigor en la elaboración de un documento tan importante que, al menos, debería ser confiable. Pero no sólo yo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sin dilación, debe solicitar formalmente a la Presidencia de la República la modificación de estos párrafos que lo atropellan. ¿Lo hará?

EN LA SOBREMESA. El viernes pasado… 1. Concluyó la segunda etapa del proceso de licitación de 191 frecuencias de FM y 66 de AM consistente en la entrega de información para calificación a la presentación de ofertas. Hubo 237 interesados que presentaron su información y firmaron con su FIEL, entre todos ellos se recibieron más de 6 mil archivos. La siguiente etapa será la de prevención de información faltante o incompleta que tendrá lugar el 7 de octubre.

2. El IFT multó a TVI, Megacable y Cablevisión del Norte con 62, 48 y 4 millones de pesos, respectivamente, por no retransmitir canales abiertos como el 7.1 de Azteca, el 11.2 (Once Tv niños), TV UNAM e Ingenio TV.