Periodistas
Condiciones laborales
Jesús Ortega vs. Sanjuana Martínez, una atrocidad
El Universal
Ciro Gómez Leyva
28 de abril de 2016
Si las cosas son como las cuentan Sanjuana y sus representantes, estamos ante un caso grave de desvergüenza procesal, judicial, orientada a favorecer a Jesús Ortega
No entro al fondo del pleito del ex presidente y figura del PRD, Jesús Ortega, contra la periodista Sanjuana Martínez. Pero la forma en que se ha llevado este proceso es de una escandalosa falta de pulcritud. Veamos:
*Jesús Ortega demandó por daño moral a la periodista por un par de artículos que publicó en sinembargo.mx a finales de 2013, en donde afirmaba que él era cliente asiduo de un prostíbulo y generoso comprador de servicios sexuales. Sólo para el registro, el 26 de noviembre de ese año, Ortega publicó su réplica en sinembargo.mx.
*La demanda se presentó en el Juzgado 4 de lo Civil de la ciudad de Monterrey, donde reside Sanjuana. Por distintas razones, la periodista y sus abogados solicitaron que el asunto se trasladara a un juzgado del DF.
*La solicitud fue aceptada, pero según Sanjuana, no se les informó qué juzgado tomaría el asunto. Después de meses de búsqueda, lo encontraron en el Juzgado 69 de lo Civil, con la juez Martha Roselia Garibay, quien luego se declararía incompetente para conocer el caso y lo devolvería a Monterrey.
*“Pero hicieron perdedizo el expediente, iba y venía, no sabíamos en dónde estaba, no nos notificaron ni nos notificaban”, alega Óscar Vargas Suárez, un abogado de la periodista. Sanjuana no pudo defenderse.
*A través de la prensa, según afirma el abogado Vargas Suárez, la semana pasada se enteraron de que el asunto había regresado al Juzgado 69 de lo Civil de la CDMX y que, según dijo a los medios Jesús Ortega, se condenaba a Sanjuana Martínez a pagar la reparación del daño a su prestigio por un monto a determinar.
*Las declaraciones de Ortega se dieron dos meses después de dictada la sentencia (23 de febrero), “para quitarle a Sanjuana su derecho de apelación”, afirma el abogado Vargas Suárez. Ya no pudo apelar. Solicitó entonces ante la justicia federal un suspensión provisional para que no cause efecto la sentencia de la juez Garibay. La obtuvo. Buscan ahora la suspensión definitiva.
*Para la periodista y su defensa todo el proceso es ilegal, ya que no les notificaron los autos ni la sentencia. Por lo mismo, tendría que declararse la nulidad: “Se ha violado el debido proceso, es un proceso que se ha llevado de mala fe para favorecer a Jesús Ortega”.
Si las cosas son como las cuentan Sanjuana y sus representantes, estamos ante un caso grave de desvergüenza procesal, judicial. ¿Qué es eso de que el acusado no puede defenderse porque no tiene conocimiento de en dónde ha quedado la acusación? ¿Por qué no hubo claridad, orientación por parte del Poder Judicial del DF-CDMX, en donde, por lo demás, funcionan 73 juzgados civiles? ¿Por qué no se notificó la sentencia para garantizar al afectado el derecho a la apelación?
Jesús Ortega vs. Sanjuana Martínez: una atrocidad. Eso al menos es lo que parece.
MENOS DE 140. Se aprobará el sistema anticorrupción antes de que concluya el periodo, insiste el presidente del Senado, Roberto Gil. ¿Será?
Libertad de expresión
Agresiones contra periodistas o medios
Crimen de periodista de Guerrero, apunta a delincuencia organizada: fiscal
La Crónica de Hoy Jalisco
Mar Horacio Ramos
27 de abril de 2016
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero indaga sobre la relación de la delincuencia organizada y asesinato del periodista de Taxco, Guerrero, Francisco Pacheco Beltrán, toda vez que una de las líneas de investigación revelan los ataques del comunicador hacia a los delincuentes en notas periodísticas.
El Fiscal General del Estado, Xavier Olea Peláez dijo que envió al coordinador de la Policía Ministerial de Taxco para que iniciara personalmente las investigaciones.
Así mismo, informó que la hipótesis de los ataques a grupos delictivos es una de las líneas de investigación.
“Tengo un reporte de que el periodista realizaba ciertos ataques a ciertos grupos delictivos y, entonces, la reacción pudo haber venido por ahí, esa una de las hipótesis. Evidentemente es del trabajo”, precisó.
Olea Peláez, dijo que no podía abundar más en el tema, por que los investigadores de la Fiscalía están realizando su trabajo y que en breve la representación social estará dando a conocer los avances en las indagatorias.
Insistió, que el caso se está investigando hasta las últimas consecuencias para saber qué es lo que sucedió y averiguar quién es el responsable para poder castigarlo conforme a la ley.
mac
Libertad de expresión
Agresiones contra periodistas o medios
Unesco condena y pide investigar el asesinato del periodista Pacheco Beltrán
MVS noticias
EFE
27 de abril de 2016
Francisco Pacheco Beltrán fue asesinado el pasado 25 de abril frente a su casa en Taxco.
La directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Irina Bokova, condenó hoy el reciente asesinato del periodista mexicano Francisco Pacheco Beltrán y solicitó a México que investigue el crimen.
“Pido a las autoridades que investiguen este crimen, que socava la capacidad de los medios de llevar adelante su trabajo y limita el acceso público a la información”, manifestó en su comunicado la representante de la Unesco.
Pacheco Beltrán, asesinado el pasado 25 de abril frente a su casa en Taxco, trabajaba para la emisora “Capital Máxima”, para el diario “El Sol de Acapulco” y para el semanario digital “El Foro de Taxco”, y tenía su propia página web.
Las condenas de Bokova por los asesinatos de profesionales de los medios, según recuerda el organismo, responden a la resolución 29 adoptada en 1997 por la Conferencia General de la Unesco, titulada “Condena de la violencia contra los periodistas”.
Periodistas
Condiciones laborales
México perdió libertad de prensa en 2015: Freedom House; el Estado “no pudo o no quiso hacer algo”
Sin Embargo
Por Redacción / Sin Embargo
Abril 27, 2016
Ciudad de México/Washington, 27 de abril (SinEmbargo).– La libertad de los medios de comunicación sufrió durante 2015 un declive importante en México, Ecuador y Nicaragua, denunció el miércoles Freedom House.
Al difundir su informe anual sobre 199 países, la organización defensora de la libertad de prensa con sede en Washington señaló que la libertad de prensa continúa sometida a “presión extrema” en México, principalmente debido a la pobre implementación de una Ley diseñada para proteger a los periodistas y a la continua impunidad que rodea los crímenes contra los comunicadores.
El informe celebró cómo los periodistas continúan realizando investigaciones sobre corrupción y crimen organizado en partes de México, Brasil y Colombia pese a los riesgos que enfrentan.
“Los periodistas que cubren crimen organizado y corrupción en México enfrentan niveles extremos de violencia y el gobierno se ha mantenido sin la capacidad, o la voluntad, para abordar el problema”, dijo Jennifer Dunham, directora de investigación sobre libertad de prensa de Freedom House.
“Es especialmente perturbador que las autoridades frecuentemente sean reacias a aceptar que los ataques o amenazas contra mujeres periodistas, que pueden incluir violencia sexual, estén relacionadas con su trabajo”, agregó.
Freedom House asigna a cada país una puntuación entre 100 -mayores restricciones a la prensa- y 0 -libertad absoluta de prensa-, durante una evaluación al entorno legal en que operan los medios de comunicación, la influencia política sobre el acceso a la información y las presiones económicas sobre el contenido y la difusión de noticias. México es calificado con 64 puntos.
Con respecto a México dice que “es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación” lo que ocasiona que “la libertad de prensa enfrente amenazas persistentes”.
“Periodistas y medios de comunicación se enfrentan con frecuencia al acoso, intimidación y ataques físicos, mientras que la autocensura sigue siendo generalizada en las zonas más afectadas por la violencia relacionada con las drogas. La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión Federal, conocida como la ‘Ley Telecom’, firmada por el Presidente Enrique Peña Nieto en julio de 2014, continúa recibiendo críticas por amenazar la libertad de expresión”, expone el documento en su análisis sobre la situación por la que atraviesa el país.
En su Estado de la libertad de prensa, Freedom House sitúa a México entre los países que no son libres. El reporte menciona que en 2015 al menos cuatro periodistas fueron asesinados en el país en relación con su trabajo, también consigna que las instalaciones de las organizaciones de medios de comunicación fueron atacados en varias ocasiones.
“Los periodistas que cubren el crimen organizado y la corrupción en México se han enfrentado a niveles extremos de violencia durante más de 10 años, y el gobierno ha demostrado totalmente incapaz, o reticente, para abordar el problema”, dice el informe.
El documento da cuenta además sobre la salida del aire de la periodista Carmen Aristegui tras la publicación de su investigación sobre la “casa blanca” y también menciona que los sitios web de varios medios de comunicación y organizaciones en favor de la libertad de prensa han sido víctimas de ciberataques.
“Los medios de comunicación y sus empleados se enfrentan a una variedad de actores interesados en manipular o obstruir los contenidos informativos, incluidos los propietarios con agendas políticas o de negocios, los principales anunciantes en busca de una cobertura positiva o neutra, funcionarios del gobierno y las organizaciones criminales”, dice el reporte.
Freedom House que aunque las autoridades no se dedican a la censura oficial ni bloquean formalmente el contenido en línea, es un hecho que los medios de comunicación han sufrido ataques cibernéticos de origen incierto. Refiere que cuando la censura tecnológica no es suficiente, se han utilizado métodos más coercitivos contra los periodistas.
“Una combinación de violencia criminal y política, que refleja con frecuencia la colusión entre las organizaciones criminales y funcionarios del estado, ha estado en exhibición espectacular en la última década”, agrega el reporte. Dice que de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) al menos 36 periodistas y cuatro trabajadores de los medios han muerto en relación con su trabajo desde 1992, incluyendo cuatro muertes en 2015.
La organización dice que existen otras agrupaciones que dan cuenta de cifras mucho más altas como es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que informó de 107 periodistas asesinados desde 2000 hasta de noviembre de 2015, mientras que el organismo internacional Artículo 19 ha registradi siete asesinatos de periodistas en 2015.
El informe indica que el mayor número de ataques en 2015 se llevó a cabo en los estados de Veracruz y Oaxaca:
“El periodista José Moisés Sánchez fue secuestrado en Veracruz en enero y encontrado decapitado y desmembrado varias semanas más tarde. Sánchez fue el fundador y director del diario La Unión; el diario criticaba regularmente a las autoridades por su falta de respuesta a la actividad criminal locales, lo que provocó amenazas de muerte por parte del Alcalde de la ciudad de Medellín. En julio, el activista y periodista Rubén Espinosa, que había declarado haber recibido numerosas amenazas en Veracruz, fue asesinado en un apartamento en la Ciudad de México. En Oaxaca, Armando Saldaña y Filadelfo Sánchez Sarmiento fueron asesinados en mayo y julio, respectivamente. Sánchez era conocido por la cobertura de la corrupción local, mientras que Saldaña era antagonista de las bandas criminales con sus reportajes. En un crimen no incluido en el recuento del CPJ, un director de la radio comunitaria en Oaxaca, Abel Bautista Raymundo, murió en abril, lo cual ilustra el acoso frecuente y la falta de protección para los periodistas en este sector”.
Freedom House refiere además que los periodistas se enfrentan a obstáculos significativos cuando se trata de recibir protección a través del mecanismo del Gobierno federal para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, creado en 2012.
“Los bajos niveles de financiación y voluntad política, las rivalidades burocráticas y la falta de capacitación son algunos de los desafíos que afectan a la capacidad del gobierno federal para proteger a los periodistas”, dice el texto.
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