Transparencia y acceso a la información

INAI

Pide Inai al SAT difundir datos de fraude fiscal

El Universal

Suzzete Alcántara

25 de abril de 2016

 

El órgano gubernamental no presentó información correspondiente a 2015

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) entregar una versión pública de los Dictámenes Técnicos Contables que haya emitido por el delito de defraudación fiscal o equiparables de 2006 a 2015, y del cual se desprenda el monto y tipo de impuesto presuntamente omitido.

Esto, luego de que el SAT se declarara incompetente para conocer cuántos habían sido ratificados y cuáles eran los cinco tipos penales, por lo que respondió a la petición y presentó una solicitud ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR) para conocer a detalle la información requerida.

El Inai informó que si bien el SAT indicó el monto al que ascendió el perjuicio fiscal —desglosado por año, de 2005 a 2015—, y precisó la cantidad de dictámenes que emitió de 2006 a 2014, el órgano no dio a conocer lo correspondiente a 2015 y que los datos sobre las contribuciones omitidas no estaban desglosados por impuesto.

Además de que en la respuesta a la solicitud ciudadana, el SAT alegó que para entregar la información desglosada debía efectuar diversas consultas y cruces de datos, y reiteró que no contaba con el número de dictámenes ratificados, pues sus peritos no realizan ese tipo de registro, ni tampoco con las cinco conductas más recurrentes, toda vez que no se hace esa clasificación, “y que para el año 2015 no tenía registros por el delito de defraudación fiscal y sus equiparables”.

Al presentar el caso ante el pleno, la comisionada Areli Cano refirió que la Constitución establece que es obligación de toda persona contribuir al gasto público, toda vez que su cumplimiento favorece al crecimiento y desarrollo del país, proporcionando al Estado los ingresos necesarios para satisfacer los servicios básicos de la población.

Cano Guadiana concluyó que la incompetencia manifestada es improcedente, ya que el propio SAT manifestó que estos forman parte de su personal, por lo que debió agotar el procedimiento de búsqueda de información.

 

 

 

Transparencia y acceso a la información

Diagnósticos sobre transparencia

Lucha contra corrupción brinca a la era digital

El Universal

Jorge Ramos Pérez

25 de abril de 2016

 

La SFP estrena hoy un sitio de internet para agilizar los procesos de denuncias contra funcionarios por actos ilegales, con lo que da un paso a la modernidad

La Secretaría de la Función Pública (SFP) migra desde hoy su lucha anticorrupción del papel a la era digital. Las denuncias ciudadanas hasta anoche eran prácticamente sólo en papel, tardaban hasta cuatro semanas para ser registradas y de seis meses a tres años en dar resultados. Muchas de las 20 mil quejas que llegan anualmente no eran ratificadas y se perdían.

Hoy se podrá denunciar cobro de dádivas, trato discriminatorio o abusos pero vía internet. La queja será registrada en 24 horas y la resolución podrá tenerse máximo en seis meses.

Con el objetivo de reducir tiempos y costos, la Secretaría de la Función Pública publica hoy a la par en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Sistema Integral de Quejas y Denuncias.

De la mano de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP, el modelo fue ideado y puesto en marcha por técnicos y expertos de la propia dependencia, sin costo alguno al erario público.

La plataforma, como toda era digital y como todo tramite en esa vía, reduce el contacto entre personas y todo se podrá verificar en el sistema.

Junto con otros proyectos, se tiene la intención de que en la medida en que se digitalicen los procesos, se reduzca la corrupción.

El sistema también tendrá “blindaje” para evitar la infiltración de hackers y que la información caiga en manos de denunciados.

En este sistema el ciudadano podrá ingresar a través de internet o bien vía telefónica, a través de un centro de atención.

En ambos casos funcionará las 24 horas del día los 365 días del año, y de manera remota se podrá presentar la queja o denuncia, es decir, desde cualquier parte se podrá hacer. Simplemente se requerirá un instrumento informático conectado a internet.

A principios del sexenio de Felipe Calderón, en 2007, EL UNIVERSAL dio a conocer una lista que integraban las 10 instituciones de gobierno con mayor riesgo de corrupción.

Aduanas, IMSS, ISSSTE, PGR, Luz y Fuerza del Centro, SCT, Registro de Títulos y Cédulas de la SEP, la Policía Federal Preventiva —hoy Policía Federal—, la Conagua y la CFE integraban esa lista.

Hoy, con el nuevo Sistema Integral de Quejas y Denuncias, en este listado se podrán actualizar casi en tiempo real las dependencias que tienen más acusaciones, quejas o denuncias por irregularidades en su operación.

La Secretaría de la Función Pública es la dependencia que vigila el manejo de recursos y el desempeño de la burocracia federales.

No es poco lo que tiene que revisar: 246 dependencias de la administración pública federal —secretarías de Estado y dependencias como Pemex, IMSS o ISSSTE— y un gasto total anual de más de 3 billones de pesos.

Aunque la SFP no camina sola. La Auditoria Superior  de la Federación le acompaña.

Hoy, la SFP busca dar el salto a la era digital, acelerar los tiempos para las denuncias ciudadanas y generar mecanismos para saber en tiempo real en qué dependencias hay más denuncias y el destino de las quejas.

Adjuntar pruebas

De acuerdo con el nuevo sistema digital , las denuncias que antes se hacían en papel se podrán hacer ahora vía internet; el usuario tendrá que llenar un formato y adjuntar elementos para robustecer su queja.

Con el nuevo sistema, de igual forma se tendrá la opción para adjuntar fotos, videos y documentos que permitan al usuario dar más detalles sobre lo sucedido.

La intención de lanzar esta nueva herrramienta es que las denuncias aumenten, así como la confianza de los ciudadanos.

Recuperaciones

En el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) la SFP apenas pudo recuperar 25.2 millones de pesos en multas a servidores públicos a quienes acusó de corrupción, lo que representó apenas 0.33% de las sanciones que intentó imponer tan sólo en 2011, que fue auditado por la ASF.

Uno de los sucesos emblemáticos del calderonismo fue el del ex director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, a quien acusó en 2007 de quebranto a la paraestatal por mil 724 millones de pesos, monto a pagar en 50% por Muñoz Leos y la otra mitad por el ex abogado de Pemex, Juan Carlos Soriano. Sin embargo, ambos derrotaron a la Función Pública.

La Auditoría también corroboró la falta de comunicación entre la SFP y el SAT para dar seguimiento a los casos. Detectó uno en el que hubo 602 días naturales de inactividad, entre el 7 de julio de 2005 y el 1 de marzo de 2007, e incluso al 31 de diciembre de 2011 el crédito seguía sin cobrarse y con escasas posibilidades de integrarlo al erario por estar sin localizar el deudor.

El gobierno federal cuenta con un millón 800 mil empleados. En 2014 la SFP reportó que de las mil 664 sanciones aplicadas a servidores públicos, 76 (4.6%) fueron amonestaciones, seis (0.4%) sanciones económicas, 28 (1.7%) sanciones administrativas, 98 (5.9%) suspensiones, mil 451 (87.2%) separaciones y cinco (0.3) inhabilitaciones.

De la renovación moral a la era digital

La labor auditora del gobierno federal nació con el gobierno del ex presidente Miguel de la Madrid (1982-1988). Principalmente por la imagen corrupta del gobierno es que creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Secogef), como parte de lo que llamó “renovación moral”.

En una maniobra para hacer ver que quería hacer ahorros ante la crisis económica mundial, Calderón propuso desaparecer a la SFP en 2009. El PRI lo rechazó.

A su llegada a la Presidencia de la República en el año 2000, Vicente Fox vendió no sólo la idea del “cambio”, sino que planteó la idea de un “zar anticorrupción”. Encomendó esa tarea a Francisco Barrio Terrazas, de los llamados “bárbaros del norte”, ex gobernador de Chihuahua, quien dijo que iba “por peces gordos”.

El caso más importante del sexenio foxista fue el desvío de mil 500 millones de pesos de Pemex a la campaña presidencial del PRI en el 2000, en el cual hasta hoy no tiene detenidos, tan sólo el PRI pagó una multa millonaria al IFE por este motivo. En 2003, Barrio Terrazas se fue como diputado federal y dejó a su paisano Eduardo Romero Ramos a cargo, sin que volviera a surgir casi ningún caso relevante.

La SFP estuvo a cargo de Germán Martínez al inicio del gobierno de Calderón. Pero sólo duró un año, para ir en pos de la presidencia del PAN. Le relevó Salvador Vega.

 

 

 

Transparencia y acceso a la información

Diagnósticos sobre transparencia

Efectos nocivos de la desconfianza

El Universal

Jacqueline Peschard

25 de abril de 2016

 

La divulgación del padrón electoral en la página de Amazon, con los datos de identificación de casi 90 millones de ciudadanos mexicanos, es una violación grave al derecho a la protección de datos personales y hay indicios de que quien cometió el delito fue alguno de los partidos políticos nacionales.

El INE es el responsable de recabar y resguardar los datos que proporcionamos los ciudadanos para elaborar el registro de electores que sirve de base para organizar los comicios. Desde los años noventa, la desconfianza de los actores políticos en la autoridad llevó a que la ley electoral estableciera que los partidos deben recibir una copia de la lista nominal de electores cada vez que hay una elección, para verificar que no existen sesgos que puedan favorecer a alguna fuerza política en particular. La desconfianza llevó a que la base de datos circulara entre varias manos, al margen del control de la autoridad responsable.

La desconfianza en las autoridades puede ser un motor eficaz para generar reacciones positivas de los gobernantes, pues da lugar a que se reformen leyes, o se corrijan procesos políticos, o programas y políticas públicas para hacerlos más justos, más incluyentes y transparentes, y eventualmente restituir la confianza de las personas.

En este caso, la respuesta a la desconfianza de los actores políticos en la autoridad ha mostrado su lado nocivo, pues, al depositarse en tantas instancias, el documento oficial que contiene el mayor número de datos personales de los mexicanos puede ser utilizado para propósitos distintos a los fijados en la ley, exponiendo a las personas no sólo a ser perturbadas en su vida privada, sino incluso a ser blanco de actos criminales como la extorsión o el secuestro.

El INE ha declarado que la filtración ilegal del listado electoral no se debió a que sus sistemas de seguridad sean vulnerables y que tiene indicios de quién pudo cometer el delito, gracias a que se colocaron marcas digitales en las copias que se entregan a los partidos políticos, es decir, la huella informática servirá para ubicar al culpable.

No es la primera vez que se hace uso indebido del listado nominal, en 2003 se vendió en 250 mil dólares a una empresa norteamericana (Choice Point) que se dedica a comercializar con grandes bases de datos y la investigación que se hizo entonces mostró que el infractor no era empleado de la autoridad electoral.

Las lecciones de este nuevo atentado a la privacidad deben llevar al INE y a los actores políticos a tomar cartas en el asunto. Hace ya muchos años que el padrón electoral dejó de ser tema de controversia. La última vez en que lo fue se remonta a 1994 cuando algunos partidos denunciaron que había 8 millones de nombres repetidos que inflaban el listado nominal. El resultado de la investigación mostró que se trataba de homónimos reales, pues existen muchos mexicanos que tienen el mismo nombre y apellidos. El reclamo llevó a reforzar los mecanismos informáticos de seguridad para garantizar la integridad del padrón. Hoy, los consejeros electorales han propuesto que los partidos políticos sólo tengan acceso al listado nominal completo, directamente en las instalaciones del INE.

Por lo pronto, el hecho de que existan indicios sobre la autoría del ilícito de traficar con el registro electoral debe llevar a que el Ministerio Público actúe con celeridad para ofrecer resultados rápidos de la investigación, a fin de que se imponga una sanción ejemplar a quien resulte responsable. Sólo así se podrán inhibir futuras violaciones a la privacidad y la seguridad de los ciudadanos; sólo así se podrá rescatar parte de la confianza perdida en las instituciones políticas. Las herramientas informáticas deberían de servir para aclarar con nitidez hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno de los que tienen acceso al padrón electoral.

Académica de la UNAM.
peschardjacqueline@gmail.com

 

 

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Diagnósticos sobre transparencia

El Sistema Nacional Anticorrupción, a debate

El Universal

Pedro Salazar y Sergio López Ayllón

25 de abril de 2016

 

El Senado discute con bríos la construcción del SNA. Los fuegos de artificio propios del debate parlamentario iluminan los titulares de algunos medios de comunicación. Tras ellos bulle una de las discusiones más importantes para la vida de la Nación. En ella nos jugamos, literalmente, el futuro del país. Brasil, Guatemala, Argentina y hasta Islandia son ejemplos de lo que puede suceder si no logramos combatir la corrupción y con ello dar un cauce institucional al descontento y legítima indignación que provoca. Esta es la razón por la que un conjunto diverso y plural de organizaciones sociales y académicas decidieron impulsar un debate que nadie en la clase política parecía interesado en generar. La iniciativa 3de3 —que es mucho más que eso— está inspirada en esas preocupaciones.

Al proponerla, buscábamos, usando las vías institucionales que abrió la Constitución para los ciudadanos, provocar que se activara el proceso legislativo a partir de una propuesta seria, sólida y técnicamente solvente. Más de 600 mil firmas lanzan un mensaje inequívoco. La sociedad mexicana exige una respuesta contundente para combatir a la corrupción. Es una iniciativa pensada en el presente pero orientada hacia el futuro que busca apuntalar a nuestra democracia.

Sabíamos que la iniciativa sería polémica pues se trataba de innovar y provocar con razones y propuestas técnicas un debate que rompiera la inercia.  Las acusaciones de “inconstitucionalidad” de algunas de ellas se refieren a cuestiones puntuales y complejas que, de hecho, hoy son materia de debate en la Corte. Ojalá que este hecho se reconociera. Pero el problema no está ahí.

La Ley 3de3 es mucho más de lo que ese membrete ingenioso y mercadológico permite avizorar. La publicidad de las tres declaraciones (patrimonial, intereses e impuestos) por sí misma no servirá para mucho y debe ser regulada con precisión para evitar efectos perversos. En realidad, la iniciativa de ley, basada en un robusto andamiaje teórico, contiene una concepción completa de lo que debe ser un nuevo sistema de responsabilidades que es un eslabón necesario para contar con un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción.

Por lo mismo, es menester ampliar el horizonte de la discusión para lograr una concepción integral del sistema anticorrupción. Ello, además de la ley de responsabilidades (3de3), supone diseñar mecanismos para la interacción de un conjunto de órganos que permitan articular una política pública del Estado mexicano en la materia. Sólo así será posible erradicar las causas estructurales que favorecen la corrupción  y sancionar a funcionarios y particulares (ambos) que incurran en estas conductas. Lo segundo es importante pero lo primero es fundamental.

La tarea no es sencilla. Por lo pronto, nos obliga a cambiar de perspectiva. Debemos abandonar el método de discusión “ley por ley” —o peor aún, artículo por artículo—, para mirar al sistema en su conjunto. Si no definimos, primero, el modelo integral que necesitamos, corremos el riesgo de diseñar piezas aisladas que nunca lleguen a articular un sistema eficaz. Se trata de debatir y decidir públicamente sobre algunos nodos críticos del sistema para después poder proceder a las redacciones puntuales en cada caso.

Es obvio pero conviene recordarlo: quienes tienen la responsabilidad última y exclusiva de tomar las decisiones son los legisladores. Para ello fueron electos democráticamente. A ellos corresponde el privilegio y la responsabilidad de legislar. La sociedad no puede, ni debe, suplantarlos. Pero sí podemos —y debemos— proponer ideas, acompañar procesos, y, sobre todo, exigir cuentas. La iniciativa 3de3 se edificó sobre estos entendidos. Es una iniciativa seria, sobre un tema crucial, que se ofrece como un insumo a todas las fuerzas políticas. Nada más y nada menos. Se trata de enriquecer y favorecer un diálogo exigente, incluyente y respetuoso.

Director del IIJ-UNAM y director del CIDE

 

 

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Diagnósticos sobre transparencia

Lamentan falta de debate anticorrupción

Mural

Héctor Gutiérrez

24 de abril de 2016

 

Cd. de México (24 abril 2016).- Senadores del PAN y del PRD lamentaron que este fin de semana no se hubiera podido debatir ni trabajar en las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

En conferencia de prensa, los senadores Ernesto Ruffo Appel, Marcela Torres y Luis Humberto Fernández, junto con Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, denunciaron que los legisladores del PRI y el PVEM no se presentaron a las mesas de trabajo que se tenían acordadas para debatir sobre el SNA.

Asimismo, se comprometieron a continuar con el trabajo referente a la legislación secundaria con la que se terminará de conformar el Sistema.

Ruffo Appel mencionó que ellos estuvieron presentes viernes, sábado, y domingo, como se había acordado con las distintas fracciones parlamentarias que componen la Comisión que discute la materia.

Sin embargo, acusó que el proceso establecido no fue respetado.

“O sea que el presidente de la Comisión de la Participación Ciudadana y Anticorrupción, el señor senador (Pablo) Escudero, pues no ha respetado ni lo que se le anunció a los senadores integrantes”, dijo.

El perredista Luis Humberto Fernández advirtió que el tiempo se agota para el volumen de trabajo que tienen que discutir y analizar y urgió a que se trabaje todos estos días en la legislación del SNA.

“El tema es muy sencillo, se vence en términos para construir las leyes en materia anticorrupción, no hay tantos días para trabajar y bueno pues nosotros estamos aquí en cumplimiento de lo acordado, con la disposición de trabajar como se había planteado, sábados, domingos, el tiempo que fuera necesario pues estamos cumpliendo”, comentó.

“Refrendamos nuestro compromiso para que haya una buena ley en tiempo, pero una buena ley requiere debate y requiere del debate de ideas”.

Marcela Torres, senadora blanquiazul, aseveró que ella no votará por una ley diluida y un sistema que simule que va a combatir la corrupción.

Manifestó que los mexicanos merecen un sistema que logre combatir el cáncer de la corrupción en cada uno de los estados y también en el Gobierno federal.

“No me presto a juegos y tendré un criterio absolutamente personal para decidir si el sistema funciona o no funciona”, expuso.

“Si esta Casa Blanca que tanto nos agravia podrá encontrar a sus responsables igual que otras muchas o no, sin que haya de qué partido es la persona que se corrompió”.

Eduardo Bohórquez, quien participa como representante de la ciudadanía en las discusiones de la ley anticorrupción, detalló que las organizaciones civiles están en la absoluta disposición para participar en el análisis y la discusión de la iniciativa de Ley 3de3 y de las otras seis que forman parte del paquete del Sistema Nacional Anticorrupción.

Esto porque las 634 mil personas que firmaron la iniciativa 3de3 pusieron su confianza en las instituciones políticas del País, como el Senado, para combatir la corrupción, puntualizó.

 

 

Transparencia y acceso a la información

Diagnósticos sobre transparencia

Acusan retraso en leyes anticorrupción

Mural

REFORMA/ Redacción

24 de abril de 2016

 

Cd. de México (24 abril 2016).- Las bancadas del PRI y el PVEM en el Senado de la República son las responsables de que el paquete de reformas del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no hayan sido aprobado a una semana de que finalice el actual periodo ordinario de sesiones, acusó Marko Cortés, líder de la bancada del PAN en San Lázaro.

Este retraso en el Senado, expuso el legislador albiazul en un comunicado, ha impactado negativamente en la Cámara de Diputados, pues como órgano colegislador tiene que revisar lo aprobado por la Cámara alta antes de que sea enviado al Ejecutivo para su promulgación.

“Hacemos responsables a los Senadores del PRI y sus aliados del Partido Verde por este atraso que afecta el combate a la opacidad, la corrupción y a la impunidad. Su indecisión no sólo ha afectado los trabajos en el Senado sino que también ha impactado en la Cámara de Diputados”, sostuvo.

El Senado, recordó, tiene que elaborar una nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la cual hay una iniciativa ciudadana conocida como ley 3de3; reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para crear la figura del Fiscal Anticorrupción y elaborar la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Llegó la hora que, de cara a la Nación, el gobierno del PRI y sus aliados demuestren con claridad si están dispuestos a apoyarnos en terminar a acabar con el México corrupto y opaco, y quienes no. Los ciudadanos deben estar seguros que Acción Nacional seguirá insistiendo en caminar hacia el México transparente y de rendición de cuentas, que merecemos”, manifestó.

En el caso de la Cámara de Diputados, informó el panista, se ha estado trabajando en dos leyes que también forman parte del paquete anticorrupción, que son una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública para fortalecer a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y modificaciones a la Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

En el caso de la SFP, añadió, se busca que su titular sea nombrado por el Senado y que el cargo recaiga en una persona que no pertenezca al partido político que está en el poder para garantizar que tenga autonomía en su gestión.

Respecto a la Ley General de Fiscalización, dijo, se busca fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su capacidad para analizar la cuenta pública; dotarla de mayor peso al momento de que presente denuncias penales; y darle mayores herramientas para investigar y realizar auditorías.

 

 

Transparencia y acceso a la información

Protección de datos personales

El 3de3 plus lesiona derechos, insisten

Excélsior

Leticia Robles Rosa

25 de abril de 2016

 

Los 20 senadores que firmaron la carta para deslindarse de la negociación en la que se buscaba la aprobación de la llamada Iniciativa 3de3 Plus no están en contra de los ciudadanos, informó Jorge Luis Lavalle, del PAN, uno de los legisladores que promovió el escrito.

Sostuvo que ellos respaldan la iniciativa Tres de Tres, sobre rendición de cuentas, pero sin los visos de inconstitucionalidad que tiene.

Excélsior reveló la existencia de esa carta que provocó el debilitamiento del llamado bloque PAN-PRD-organizaciones sociales y que generó que hoy hayan sido citados los panistas para discutir los puntos de diferencia.

Lavalle explicó seis puntos en los que se trabaja ya para evitar que se caiga en escenarios que poco ayudan para el combate a la corrupción, pero sí lesionan los derechos de la mayoría de los mexicanos.

Se refirió así a las visitas domiciliarias y la intervención telefónica extrajudicial, así como “al de la publicidad de terceros involucrados y menores, pues también tiene algunos elementos que pudieran contravenir otros tratados internacionales”.

También rechazan incluir como sujetos obligados a todos quienes manejen recursos públicos y a los consejeros de Pemex y de la CFE.

Habló de los excesos a los que se puede llegar en el caso de denuncias entre particulares y “de hacer pública la información de parientes consanguíneos hasta en cuarto grado; por ejemplo, yo ni siquiera conozco a mis primos segundos. Me parece irnos a los extremos, donde sería totalmente inoperante, además de violatorio de varias leyes de información privada”.

El coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, exhortó a los senadores de PRI y PVEM a que aprueben las leyes relacionadas con el Sistema Nacional Anticorrupción, como la llamada 3de3 Plus, que se discuten en el Senado.

Aseguró que el PAN no ha dejado de dialogar para construir consensos con otras fuerzas políticas y poder concretar la aprobación de los dictámenes pendientes, como son la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública, por la que se fortalecerá la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la iniciativa de la nueva Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Cortés recordó que la administración de Enrique Peña Nieto impulsó una reforma para desaparecer la SFP con la promesa de crear una Comisión Nacional Anticorrupción, pero quedó, dijo, como un mero compromiso incumplido.

Señaló que la propuesta del PAN busca que en la Secretaría de la Función Pública opere el Servicio Profesional de Carrera para garantizar que los funcionarios se guíen por los principios rectores de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género.

Destacó que los dictámenes que están pendientes de aprobar en el Senado son la Ley que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que crea la figura del Fiscal Anticorrupción, así como la reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para incluir la obligatoriedad del 3de3.

 

 

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Protección de datos personales

La población, vulnerable a extorsión y robo de identidad por robo de padrón

La Crónica de Hoy Jalisco

Crónica México

24 de abril de 2016

 

La Cámara de Diputados a través de su Coordinadora de Vinculación Ciudadana y Movimientos Sociales, Evelyn Parra, exigió una explicación al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, por el robo y publicación del padrón electoral de ese instituto, hecho que pone en riesgo a más de 93 millones de electores.
Asimismo no descartó llamar a cuentas al recinto de San Lázaro, al presidente del INE para que dé puntual explicación sobre medidas correctivas y preventivas.
Advirtió que esa filtración vulnera a todos los votantes, pues ya son públicos sus nombres, apellidos, domicilios y fechas de nacimiento, así como sus números de identificación nacionales y cualquier persona pudo haberlos descargado sin ningún problema durante varios días.
Por  ello, la también integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, pidió garantías y la implementación de medidas cautelares a favor de la ciudadanía por parte del gobierno federal, toda vez que dicha información puede ser usada para cualquier hecho amenazante, desde fraudes o extorsión, y esos datos, pueden ser usados para el robo de identidad, delito que de acuerdo al Banco de México, va en aumento y ha colocado a nuestro país en octavo lugar a nivel mundial, con mayor comisión de este ilícito.
Alertó que en tiempos electorales, esa información, también podría ser usada para el acoso ciudadano con publicidad comercial y política, en el mejor de los casos, por lo que la también Secretaria de la Comisión del Distrito Federal, no descartó llamar a cuentas al recinto de San Lázaro, al presidente del INE para que dé puntual explicación sobre medidas correctivas y sobretodo medidas preventivas sobre este grave suceso.

NM

 

 

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Protección de datos personales

Partidos habrían filtrado padrón… y reciben 64 mdp para cuidarlo

El Financiero

Nayeli Cortés

24 Abril de 2016

 

Los nueve partidos políticos nacionales con registro recibirán este año casi 64 millones de pesos para realizar tareas de vigilancia de la lista nominal de electores y, pese a ello, son los principales sospechosos de que los datos personales de 83.5 millones de mexicanos aparecieran indebidamente en Internet.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electores (Legipe) reconoce el derecho de los partidos a revisar, vigilar y observar el contenido de esta base de datos a través de la Comisión Nacional de Vigilancia.

Para realizar esos trabajos, cada fuerza política recibirá este año 7 millones 104 mil 425 pesos.

Pese a este millonario programa de vigilancia, el listado nominal apareció en la nube de Amazon, el portal de ventas por Internet más importante de Estados Unidos.

René Miranda, director del Registro Federal de Electores, aceptó, en entrevista con El Financiero, que el corte de información que apareció en Internet había sido entregado a los partidos en febrero de 2015, para que éstos realizaran observaciones antes de aprobar la lista nominal a utilizar en las elecciones federales de ese año.

Esa obligación está prevista en el artículo 151 de la Legipe.

“Los campos presentes en este depositario coinciden perfectamente con la entrega que se hizo en febrero… Yo, la verdad, sin descartar a priori cualquier posible actuar de personal del instituto, creo que en este caso estamos hablando de una copia que se generó en esas fechas para poder entregar a los partidos políticos”, explicó René Miranda.

Incluso, aclaró que ningún funcionario del Registro Federal de Electores tiene acceso a toda esa información: “Hay funcionarios que tienen acceso, pero no a toda la base de datos… Cada una de las áreas tiene una función específica y no tiene posibilidad de acceder a la base de datos totalmente”.

En febrero de 2015, explicó, los partidos recibieron la lista nominal de electores en un dispositivo USB, pero, a diferencia de otros años, el dispositivo entregado a cada uno contó con una huella (electrónica) que ahora permitirá identificar no sólo a qué partido, sino a qué persona en específico se entregó el medio magnético.

“A la elección de 2015 fueron 10 partidos nacionales y algunos partidos pidieron un par de copias”, indicó.

DESDEÑAN CONTROLES

El consejero electoral Benito Nacif recordó que, desde noviembre de 2014, el Instituto Nacional Electoral (INE) habilitó una sala especial para que los partidos consulten desde ahí información ampliada sobre el padrón electoral sin poner en riesgo los datos que éste contiene. Sin embargo, desde entonces a la fecha el sitio sólo ha registrado 65 visitas.

Además, denunció que los partidos no regresan los medios magnéticos que les entrega el INE con los datos personales de los ciudadanos.

“Lo importante es que los devuelvan para que podamos garantizar su destrucción. Es preocupante que algunas copias se reproduzcan y terminen en manos desconocidas”, enfatizó el consejero.

Para mejorar los controles al acceder a datos del padrón y la lista nominal de electores, este lunes la Comisión del Registro Federal de Electores sesionará para discutir y en su caso aprobar los lineamientos que regirán el acceso, verificación y entrega de esa información a partidos y consejeros electorales de todos los niveles.

 

 

Transparencia y acceso a la información

Protección de datos personales

Busca INE proteger datos personales por falta de ley

El Universal

Carina García

25 de abril de 2016

Seguridad de lista nominal, en posible “limbo jurídico”: consejeros; rechaza Inai atribuciones para resguardar información de electores

La garantía de protección de datos personales de electores y militantes de partidos podría quedar “en el limbo” a partir del 5 de mayo, por la ausencia de la Ley General en la materia, reconocieron consejeros y funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE).

Para evitarlo, el INE aprobó el proyecto de “principios, criterios, plazos procedimientos para garantizar la protección de datos personales en posesión del INE y partidos políticos”.

El proyecto de principios, que discutirá el Consejo General, plantea retener esa materia bajo la esfera del INE, pues el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai) le informó que por ahora no considera asumir esas atribuciones.

Así lo reconocieron la consejera electoral Adriana Favela, presidenta del Órgano Garante de la Transparencia y Acceso a la Información del INE (OGTAI); la especialista ciudadana de esa instancia, Issa Luna Pía, y la titular de la Unidad Técnica de Servicios de Información del INE, Cecilia Azuara.

En sesión del órgano realizada el jueves, las funcionarias electorales reportaron que el Inai será garante de los derechos de protección de datos personales que poseen los partidos y el INE una vez que entre en vigor la Ley General en la materia, pero el plazo para su aprobación vence el 5 de mayo y no hay ni siquiera dictamen al respecto en comisiones del Congreso de la Unión.

Por eso, advirtió Favela, “podría llegar la fecha sin instancia que garantice a los ciudadanos su derecho al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) de datos que posean los partidos”, de ahí que el INE mantendrá bajo su esfera la tarea de resolver recursos de revisión en la materia.

“Así se garantizará que si un ciudadano quiere presentar un recurso, haya una instancia a la cual acudir y no se encuentre con que el Inai aún no lo puede atender y que en el INE tampoco”, expuso Luna.

Por eso el OGTAI aprobó el proyecto de acuerdo con el objetivo de garantizar la protección de datos personales en su posesión o en la de los partidos, para no dejar “en el limbo” el respeto a esas garantías ante la ausencia de ley que las regule, y hasta en tanto no entre en vigor la ley citada.

El documento prevé, respecto a los datos de los ciudadanos bajo resguardo del Registro Federal de Electores (RFE) —como lo es el padrón y listados nominales— que se emitirán lineamientos específicos.

“Le preguntamos al Inai que no se advierte con claridad qué va a suceder respecto a esto, cuando nos contestan, dicen que el artículo tercero transitorio [de la Ley General de Transparencia] establece que hasta en tanto no se expida la Ley General de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados permanecerá vigente la Ley Federal y Local en la materia, en sus respectivos ámbitos de aplicación”, explicó Favela, durante la sesión del OGTAI.

La funcionaria dijo que como no les dicen si deben tener una instancia que conozca recursos de revisión, están regulando a los partidos.

 

 

Transparencia y acceso a la información

Protección de datos personales

Exigen al INE esclarecer difusión del padrón

Excélsior

Aurora Zepeda

24 de abril de 2016

 

El secretario de Acción Política del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, consideró que sería “alarmante” que el INE perdiera el control de los datos contenidos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal porque dijo, a partir de esos datos se pueden “manipular el proceso de votación” de los comicios futuros.

Exigió que se investigue a todos los representantes de partido registrados en el INE y con acceso a las listas y aseguró que en el Sol Azteca no serán tapadera de nadie, si es que pudiera estar involucrado alguno de los representantes del PRD.

Por otra parte, solicitó que permanezca en labores y en el país, el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa y deseó que el informe de este grupo permita avanzar y esclarecer este “doloroso y vergonzoso” tema, que afecta nacional e internacionalmente al país.