Transparencia y acceso a la información
INAI
Instruyen abrir captura de Chapo en 2014
Mural
Héctor Gutiérrez
19 de abril de 2016
Cd. de México (19 abril 2016).- La Secretaría de Marina (Semar) deberá dar a conocer toda la información relacionada a la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera realizada en febrero de 2014, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Esto lo decidieron por unanimidad los comisionados del Instituto al resolver un recurso de revisión donde un solicitante reclamó a la Secretaría de Marina copia de cada uno de los informes que se elaboraron en los operativos en donde se logró capturar al capo en Sinaloa hace dos años.
Originalmente, la Semar contestó que ya no poseía dicha documentación, ya que había sido entregada al Ministerio Público Federal, al formar parte de una averiguación previa.
El solicitante recurrió al INAI para reclamar que la respuesta no le era satisfactoria, por lo que el órgano de transparencia hizo un Requerimiento de Información Adicional a la Semar.
Francisco Javier Acuña, comisionado que llevó la ponencia del caso, señaló que, ante esta solicitud, la Secretaría se mostró “escueta” y “omisa”, mencionando que no podía entregar la información porque ya no la tenían y formaba parte de una averiguación previa, por lo cual, conforme a la Ley Federal de Transparencia, no debían entregar nada adicional.
El comisionado señaló que esto no era excusa, pues la documentación de la averiguación previa debe quedar registrada y preservarse, ya sea de manera física o digital, tal como lo establece el Código Federal de Procedimientos Penales.
Ante esta situación, detalló, el INAI citó a la Semar a presentar presencialmente la información y documentación requeridas, cita que fue respondida de manera indiferente por parte de la Secretaría.
“Aquí lo que quiero yo destacar, y me preocupa profundamente, es la actitud de la Secretaría de Marina, porque en dos ocasiones reiteradamente nos desdeñó”, dijo.
Por lo tanto, el comisionado Acuña resolvió en su proyecto revocar la respuesta de la Semar y solicitarle que hiciera pública la información registrada en los partes navales, es decir, los informes sobre modo, tiempo y lugar en los que se dio la captura del narcotraficante.
Esto, dijo, porque es información de interés público que debe estar por encima de cualquier reserva de información.
Sin embargo, este último argumento causó polémica dentro del pleno del INAI, pues aunque todos los comisionados se pronunciaron a favor de que la Semar debe hacer pública la información, difirieron en los votos del porqué.
Mientras que Acuña se mantuvo firme y votó a favor de su proyecto, los comisionados Óscar Guerra Ford, Areli Cano y Joel Salas comentaron que la información de la captura de “El Chapo” debía ser pública, no por tratarse de un asunto de interés público, lo cual ya era inherente, sino porque, al ser un suceso de hace dos años, no guarda relación ni infiere en las averiguaciones previas que realiza actualmente la Procuraduría General de la República (PGR).
Los otros tres comisionados, Ximena Puente, Patricia Kurczyn y Rosendoevgueni Monterrey, consideraron que la información debe publicitarse debido a que, en su momento, la Semar hizo pública la información de modo, tiempo y lugar de la captura del narcotraficante, a través de un video y una reconstrucción de los hechos.
Por ello, acordaron, con tres votos a favor, que no tiene sentido que la Secretaría de Marina reserve información que ya había sido hecho pública hace dos años.
Finalmente, este argumento fue el que prevaleció en la votación, la cual fue desempatada por el voto de calidad de la comisionada presidenta Ximena Puente.
Transparencia y acceso a la información
INAI
Ordena el Inai a la Marina entregar reportes sobre arresto de El Chapo
La Jornada
Alonso Urrutia
Miércoles 20 de abril de 2016
Con matices sobre las causas para proporcionar la documentación requerida, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Secretaría de Marina hacer públicos los partes navales reportados durante los operativos que se instrumentaron para aprehender al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera, en Sinaloa, durante 2014.
La coincidencia en abrir la información no se vinculó con los motivos por los cuales la dependencia debería entregar los documentos, pues hubo diversos argumentos. Para el comisionado ponente, Francisco Javier Acuña, era improcedente la causal de reserva invocada por la Marina, que indicó que esos reportes fueron remitidos a la Procuraduría General de la República y, por tanto, formaban parte ya de una averiguación previa que imposibilitaba su difusión y, por ello, se reservaba la misma.
Acuña acusó a la Marina de asumir una actitud “huidiza” y “evasiva” al no asistir a las convocatorias realizadas en el contexto de la sustanciación del procedimiento. Expuso que en esta etapa no se trata sólo de una invitación al sujeto obligado, sino que es parte del proceso y por eso debe acudir; de lo contrario, es omiso ante el órgano garante.
En el debate todos estaban de acuerdo con la entrega de la información, pero había diversas interpretaciones sobre las causas para sustentarla. Para el comisionado ponente, los documentos eran independientes de la averiguación previa, es decir, eran prexistentes.
El comisionado Óscar Guerra comentó que la revocación de la reserva de la respuesta debería sustentarse en el interés público.
Por su parte, los comisionados Patricia Kurczyn, Rosendo Monterrey y la presidenta Ximena Puente pusieron énfasis en que en su momento la propia Marina dio a conocer pormenores de los operativos; por tanto, podía considerarse ya información pública, aunque se reconocía que lo solicitado implicaba más documentación.
Por unanimidad se aprobó ordenar la apertura de los reportes, pero insólitamente todos los comisionados anunciaron votos particulares.
Transparencia y acceso a la información
Protección de datos personales
Reporte Indigo
Hidalgo Neira
20 de abril de 2016
Antes los mensajes de texto eran prácticamente un juego de niños. Nadie prestaba atención a las conversaciones llenas de emojis y ‘memes’ en los chats grupales de WhatsApp.
Pero hoy todo lo escrito en círculos sociales cibernéticos es de clara importancia para los gobiernos del mundo, aunque sean bromas o sexting entre adolescentes ya que no sabemos si algo se esconde en clave entre esos mensajes que parecen ingenuos.
Después de que WhatsApp prestó atención a las políticas de seguridad y comenzó a ofrecer encriptación en las conversaciones de sus usuarios, Viber se une también a crear barreras de protección en las que la compañía no tendrá acceso a las llamadas, ni el contenido de los mensajes, aunque el gobierno lo pida.
Y es que esta crisis informática llega como reacción del caso del hackeo de un iPhone qué le pertenecía al hombre que inició el tiroteo en San Bernardino, California en noviembre pasado. Aparato que el FBI logró desbloquear sin la ayuda de Apple, lo que deja en duda el límite de privacidad de los datos personales de los usuarios.
Escondiendo los mensajes
Michael Shmilov, jefe de operaciones de Viber publicó en el blog de la aplicación móvil el anuncio de los cambios de seguridad. La encriptación uno a uno bloquea el acceso a la información con lo que, en este caso, quedan protegidos de manera íntegra los mensajes y llamadas de los usuarios.
Como función especial, Viber agrega los hidden chats (conversaciones escondidas, en español), que permite esconder las pláticas entre usuarios en la pantalla principal del programa de mensajería.
Todo seguro
Los cambios en la app estarán disponibles aproximadamente en dos semanas, y para comprobar que los usuarios tienen la protección de datos se manejará un sistema de semáforo. Cuando un canal de comunicación se encuentre en verde será protegida; y si aparece en rojo, la conversación aún no está comprobada como segura.
Transparencia y acceso a la información
Protección de datos personales
Garantiza el IFT la protección de datos de usuarios
El Universal
Carla Martínez
20 de abril de 2016
Información sólo se hace pública mediante una orden de autoridad federal: Mario Fromow
Los datos de los usuarios de telecomunicaciones, entre los que se encuentran los de telefonía móvil, están debidamente protegidos, aseguró el comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Mario Fromow.
“Los lineamientos establecen con claridad que se debe salvaguardar en todo momento la protección de la privacidad y los datos personales de los usuarios, y los demás derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte”, subrayó durante la Expo Tecnología.
Agregó que los lineamientos son resultado de más de un año trabajo junto con la industria, autoridades, asociaciones civiles y asociaciones de víctimas de la delincuencia.
“La autorización para la intervención de comunicaciones privadas únicamente se puede dar cuando haya una orden de autoridad judicial federal”, reiteró.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) va a resolver este día si son constitucionales o no los artículos 189 y 190, relacionados con el acceso de datos personales de usuarios de telefonía móvil por parte de las autoridades.
“El tema de la conservación de los datos, lo que se conoce como metadata, está en ley desde febrero de 2009, en la anterior Ley Federal de Telecomunicaciones, y la parte de geolocalización está desde abril de 2012; es un debate que se ha dado a nivel internacional”, precisó.
Fromow recordó que el instituto elaboró los lineamientos para la colaboración con la justicia, los cuales precisan la manera en que van a trabajar las empresas de telefonía móvil con las autoridades.
“Lo que hicimos fue en estricto apego al mandato que teníamos conforme al artículo 189 y 190 de la actual ley; emitimos unos lineamientos para facilitar que se hiciera eficiente la colaboración entre las instancias de justicia y seguridad con concesionarios y autorizados”, señaló Fromow.
Los lineamientos definen la forma en que se deben conservar estos datos, suprimir en caso de que se cancelen del registro y se elaboraron con base en normas internacionales en cuanto a seguridad de la información, subrayó el comisionado.
“La conservación de los datos, la metadata, se hace en las instalaciones de los concesionarios; ahí está almacenada la información, y sólo por un requerimiento de la autoridad autorizada es que se entregan”.
Red Compartida, en tiempo y forma. Mario Fromow aseguró que el proceso de la licitación de la Red Compartida va en tiempo y forma.
Recordó que han existido temas que se precisaron, pues “de lo que se trata es de dar certeza jurídica e incentivar el mayor número de participantes en esta licitación”.
En marzo pasado, EL UNIVERSAL adelantó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) retrasó un mes en el proceso de licitación de la Red.
Transparencia y acceso a la información
Protección de datos personales
Pablo Gómez y el uso ilegal de datos personales
El Universal
Héctor de Mauleón
20 de abril de 2016
El INE presentó hace unos meses, en una sesión extraordinaria del Consejo General, un proyecto para que la lista nominal de electores que se entrega a los partidos políticos no incluyera los datos personales de 82.4 millones de ciudadanos.
Estaba fresco el fraude cometido en Chiapas el año pasado, en el que miles de votantes fueron “rasurados” del padrón e inscritos fuera del territorio nacional (desde donde se les hizo “sufragar” por el PVEM).
Estaba fresco también el descubrimiento de que cuatro partidos, PRI, Morena, PAN y PRD, se habían valido del listado nominal para manipular los resultados de supuestas consultas populares. Explotando los datos personales contenidos en el listado, los cuatro partidos habían hecho “participar” en sus consultas hasta a un 40% de votantes que ni siquiera estaban al tanto de que dichas consultas habían ocurrido.
Desde siempre, el INE ha entregado el listado nominal a los partidos, para que éstos lo verifiquen. Desde siempre, los partidos se han llevado el listado a su casa, para luego sacarle jugo a conveniencia. Ha sido una herramienta del clientelismo electoral sin límite.
Así que, cuando el INE propuso que se restringiera la entrega de los datos del listado (a excepción de nombre, sección y distrito), y que los interesados acudieran a consultarlo al Centro de Cómputo que el Registro Federal de Electores instaló hace un año, y que costó al erario 15 millones de pesos, sobrevino la revolución.
Desde que abrió sus puertas, el Centro de Cómputo ha sido visitado únicamente 58 veces. Hasta abril de 2016, el PRD asistió en 25 ocasiones. El PAN, en 13. El Partido Humanista fue siete veces. Movimiento Ciudadano, cinco. Encuentro Social, dos. Panal y Morena sólo una.
El PRI no lo ha visitado nunca.
La versión estenográfica de la sesión del INE en que se debatió el uso y entrega del listado es un escándalo, y al mismo tiempo una delicia de la democracia mexicana. El representante del PRD, Pablo Gómez, acusó al consejero electoral Benito Nacif de que “no se da cuenta, porque no tiene la experiencia… Él ha estado toda su vida en la academia, ya después pasó a la parte electoral, pero del lado de la autoridad, del peor lado, no del lado donde están los actores relevantes, que son los candidatos, que son los dirigentes, los que organizan las campañas. Los que usan el padrón electoral”.
Dijo Gómez:
“El padrón electoral sin domicilios no sirve absolutamente para nada. No lo podemos usar en nada… Yo sé que algunos partidos utilizan esto para la compra de votos, pero no está tan relacionado con eso, sino que para el seguimiento de las campañas, las personas que visitan los domicilios hablan con los electores y les dan propaganda… De esa forma se hacen las campañas en todo el mundo. En ninguna parte del mundo los partidos políticos simplemente hacen propaganda de espectaculares, televisión y demás”.
“A ver, no se hagan los inocentes o los ignorantes —agregó el perredista—. En todas partes del mundo hay un intento de la mayoría de los partidos de tener una relación personal y directa con el elector, para lo cual se dan las visitas. Sin visita es muy difícil ganar una elección… Los partidos pequeños no sólo tienen el problema de menos dinero, menos televisión, menos radio, sino también menos gente para hacer visita domiciliaria. Ahora dicen que nos van a igualar a todos. Ahora sí ya les convino, después de vivir en la desigualdad a alguien se le ocurrió la igualdad. Qué raro, ¿no?”.
El consejero Nacif pidió el uso de la palabra, y le dijo a Gómez:
“Sí, en efecto, no tengo experiencia en el uso del padrón electoral para fines de campaña electoral, entre otras cosas, porque eso es ilegal: es ilegal el uso de los datos personales del padrón para hacer campaña”.
El consejero del PT, Pedro Vázquez, sencillamente se tiró a matar. Solicitó modificar el proyecto para que a los partidos se les entregara todo: “Número consecutivo, nombre completo, clave de elector, alfa, clave, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, sexo, dígito verificador, clave homonimia, número de emisión, estado, distrito, municipio o delegación, sección, localidad, manzana, domicilio…”.
El acuerdo alcanzado por los consejeros del INE para restringir la entrega del listado, fue impugnado arduamente por los partidos políticos. De nueve, ocho votaron en contra (sólo apoyó el acuerdo el Panal). De febrero a la fecha, los partidos cabildearon en el Tribunal para echar abajo los nuevos lineamientos.
No lo consiguieron. La semana pasada, en el TEPJF se hicieron “los inocentes o los ignorantes” y confirmaron el acuerdo.
Los partidos políticos no se llevarán a casa nuestros datos personales.
@hdemauleon
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Aprueban en San Lázaro Ley Federal de Transparencia; se turna al Senado
El Sol de México
Patricia Torres
19 de abril de 2016
La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el dictamen de la minuta que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y lo regresa al Senado de la República.
Esta legislación marca el primer ordenamiento que se tendrá para integrar el Sistema Nacional de Transparencia y parte del andamiaje jurídico para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Luego del posicionamiento de los grupos parlamentarios se avaló en lo general con 383 votos a favor, uno en contra y 32 abstenciones. Tras la discusión de los 31 artículos reservados y las modificación de once de ellos, el documento fue aprobado en lo particular por 396 votos a favor, cero en contra y 34 abstenciones.
Luego de la fundamentación del dictamen de la minuta por el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Rogerio Castro Vázquez de Morena, el pleno avalo un adendum al artículo Transitorio Cuarto del dictamen donde se define que en 6 meses, a la entrada en vigor de esta ley, el INAI establecerá sus lineamientos internos principalmente para la operación de este instituto y la aplicación de la ley donde definirá los 850 sujetos obligados a la transparencia y rendición de cuentas.
Durante la discusión en lo particular se avalaron cambios a los artículos 23, 24, 28, 46, 52, 55, 91, 99, 174, 202 y tercero transitorio.
Se aprobó la reserva al artículo 23 para establecer que los trabajadores de confianza del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) quedarán sujetos al régimen previsto en la fracción XIV del Apartado B del artículo 123 de la Constitución. La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (MC) se pronunció en pro de la propuesta.
También se aceptaron las reservas de los diputados Germán Ernesto Ralis Cumplido (MC) y Norma Xochitl Hernández Colín (Morena) para corregir en los artículos 174 y 202 el concepto de “salario mínimo”, por el “Unidades de Medida y Actualización”.
Otra propuesta admitida fue de la diputada Mirza Flores Gómez (MC) al artículo Tercero Transitorio para modificar el tiempo en el que los sujetos obligados correspondientes deban tramitar, expedir o modificar su normatividad interna al señalar que será a más tardar dentro de los primeros 12 meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley, y no en 18 meses como lo señalaba el dictamen.
Del mismo modo, la reserva de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (Morena) al artículo 24 para que el informe que rinda anualmente el INAI sobre la evaluación general en materia de acceso a la Información Pública en el país, incluya no sólo al Senado de la República, sino también a la Cámara de Diputados.
Igualmente, se aceptó la propuesta de reserva del diputado Renato Josafat Molina Arias (Morena) a los artículos 28,52 y 55, para cambiar la palabra “Distrito Federal” por “Ciudad de México”.
Igualmente la reserva de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (Morena) al artículo 91, para que el sujeto obligado deba enviar al INAI un informe justificado respecto de los hechos o motivos de la denuncia dentro de los “tres” días siguientes a la notificación anterior. El dictamen establecía cinco días.
Se aprobó la propuesta del diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) al artículo, 46 para que cuando los comisionados estén impedidos y se excusen de conocer asuntos en los que exista una o varias situaciones que le impidan resolverlos con independencia, profesionalismo e imparcialidad, puedan solicitar al pleno la recusación de otro comisionado, el cual deberá excusarse durante el proceso de examen de la solicitud.
Se admitió la reserva al artículo 99 de la diputada Maricela Contreras Julián (PRD) para que los documentos clasificados como reservados sean desclasificados cuando se trate de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
La nueva ley tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
Asimismo, de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Durante la discusión en lo particular, se registro un incidente con el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez de Morena, quien presento una reserva para eliminar por completo el artículo 23 del dictamen.
Y es que, en tribuna dijo: “…es una maniobra de un grupo de pandilleros que se dicen ser representantes populares y no son más que unos pillos que se organizan tras bambalinas para señalar que sí pasa y que no pasa”.
“Cosa más mañosa de esos mafiosos que se dicen ser representantes populares. Hay una frase popular que versa y pido que quede de manifiesto lo que voy a decir: Está bien que chinguen, pero a su madre la respetan”, expreso.
El presidente de la Mesa Directiva, jesus Zambrano, le recordó al legislador de Moena que son obligaciones de diputadas y diputados el dirigirse con respeto y cortesía a las demás diputadas, diputados e invitados, con apego a la normatividad parlamentaria.
“Aquí podemos tener distintos puntos de vista y nos reunimos a deliberar y a buscar acuerdos, a lograr acercamientos en donde se pueda y en donde no, pues ni modo, y la mayoría termina decidiendo. Y nos reunimos además la pluralidad de esta Cámara aquí atrás. Así para que se cuiden y midan las palabras que se dicen, porque yo no admito que se hayan o nos hayamos reunido pillos, incluidos los del Grupo Parlamentario del que hizo uso de la palabra (Morena)”.
El diputado del PAN, Federico Doring, desde su curul solicito que se retirara de la versión estenográfica del Diario de los Debates, los insultos que profirió el diputado Ariel Juárez Rodríguezen contra de los diputados, a lo cual se negó el diputado de Morena.
Cabe señalar que antes de dar inicio la discusión de las reservas, el presidente de la Mesa Directiva, Jesus Zambrano Grijalva, decreto un receso de 15 minutos a las las 14 horas, pero se prolongo por dos horas, durante este, los coordinadores parlamentarios sostuvieron una reunión, “para organizar la discusión de las reservas”.
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Ley de Transparencia calienta los ánimos en San Lázaro; diputado insulta a sus pares
MVS Noticias
Angélica Melín Campos
19 de abril de 2016
“Hay una frase popular que versa, y pido que quede de manifiesto lo que voy a decir: ¡está bien que chinguen, pero a su madre la respetan! De ninguna manera podemos ser cómplices en MORENA de este atentado a los derechos de los trabajadores del INAI”, planteó el diputado de MORENA, Ariel Juárez.
En la Cámara de Diputados, la discusión de la Ley Federal de Transparencia, calentó los ánimos de los congresistas y derivó en insultos, así como en la suspensión de reuniones de comisión que estaban laborando, mientras en el Pleno, la asamblea seguía desahogando las reservas presentadas.
El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Ariel Juárez, encendió la mecha, al proponer una reserva a la Ley Federal de Transparencia, relativa a las condiciones laborales del personal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a los cuales se pretendía considerar en su totalidad como “trabajadores de confianza”, lo que afectaría los derechos adquiridos de la planta laboral de base.
Molesto por los acuerdos previos establecidos entre los líderes de las bancadas respecto a las reservas que se aprobarían y las que serían rechazadas, Juárez llamó “pillos” a quienes hicieron ese pacto.
Ante el inminente rechazo a su propuesta, Juárez Rodríguez le mentó la madre a quienes se refirió como “cómplices” de un atentado a los trabajadores del INAI.
“Hay una frase popular que versa, y pido que quede de manifiesto lo que voy a decir: ¡está bien que chinguen, pero a su madre la respetan! De ninguna manera podemos ser cómplices en MORENA de este atentado a los derechos de los trabajadores del INAI”, planteó.
Cuando los chiflidos y muestras de repudio a las expresiones del legislador de izquierda iban en aumento, el coordinador de la bancada del Verde Ecologista (PVEM), Jesús Sesma cambió de tema.
Desde su curul, Sesma Suárez dio a conocer que durante la reunión de la Mesa Directiva de la Comisión de Derechos de la Niñez, el presidente Jesús Valencia ordenó que él y dos congresistas más del Ecologista, se retiraran del lugar, por no pertenecer a dicha instancia legislativa.
Esto, mientras se discutía desechar una iniciativa del PVEM en materia de “niños invisibles”, es decir, sobre la situación que viven los hijos de las mujeres reclusas.
Por ello, el coordinador del Verde demandó al presidente de la Cámara, Jesús Zambrano, ordenar que las comisiones que se encontraran reunidas, suspendieran trabajos, ya que no tienen permitido sesionar mientras está reunido el Pleno, a menos de que se haya solicitado la autorización correspondiente.
En respuesta, el diputado Valencia Guzmán negó haber estado sesionando a escondidas; aunado a que los integrantes del PVEM y de la Mesa Directiva de la Comisión de la Niñez, no solicitaron discutir el tema de la iniciativa sobre los “niños invisibles”.
“No se solicitó que algún diputado de ellos fuera a discutir el punto, toda vez que tienen una representación en la Junta Directiva. De tal manera que yo quisiera pedir respetuosamente a mi amigo el diputado Jesús Sesma, que retire sus dichos de que estábamos sesionando en lo oscurito”, apuntó.
Molesto por la actitud del diputado Valencia Guzmán, Sesma aprovechó para recordarle el incidente que el señalado protagonizó, al chocar su camioneta mientras se dirigía a una fiesta, presuntamente bajo los influjos del alcohol.
“Le pido a usted que pida a todas las sesiones que están sesionando que frenen y que hagan respetar el reglamento. Por supuesto que usted nos pidió, a dos diputadas y a su servidor, de salirnos de esa comisión, siendo derecho de todos los diputados de poder estar ahí, aunque sea de oyente, pero entiendo que a lo mejor pueden ser secuelas de los accidentes de hace siete meses”, reviró.
Ambos diferendos generaron la reacción del presidente de la Cámara, Jesús Zambrano.
Al aclararle al diputado Juárez que la reunión en corto que sostuvieron los líderes parlamentarios, con el fin de acordar el planeamiento de reservas no se llevó a cabo de manera irregular, sino que es parte de las prácticas parlamentarias para alcanzar acuerdos e incluso representantes de MORENA participaron, Zambrano Grijalva le pidió al legislador cuidar su lenguaje.
“Y nos reunimos a deliberar, a buscar acuerdos, a lograr acercamientos en donde se puede y en donde no, pues ni modo. Así que, para que se cuiden y midan las palabras que se dicen, porque yo no acepto que nos hayamos reunido ‘pillos’, incluyendo los del grupo parlamentario del que hizo uso de la palabra”, atajó el también presidente del Congreso.
En la discusión intervino el vicecoordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring, que demandó al integrante de MORENA retirar sus dichos y aceptar que fueran eliminados del Diario de los Debates. No obstante, el diputado Ariel Juárez no solo no retiró lo dicho, sino que negó haberle faltado el respeto a quienes llamó “hipócritas”, por ostentarse como representantes populares y afectar los derechos de los trabajadores.
En cuanto a la petición del diputado Sesma, Zambrano Grijalva atendió el llamado y tras ordenar la suspensión de labores en todas las comisiones que sesionaban en simultáneo al Pleno, aclaró que al órgano directivo a su cargo no llegó ni se notificó de solicitudes de ninguna de ellas, para autorizar trabajos ordinarios.
En ese momento, la Comisión de Derechos de la Niñez desahogaba pendientes; al igual que la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, que aprobó el proyecto de Código de Ética para la Cámara de Diputados.
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Aprueban en lo general Ley Federal de Transparencia
El Economista
Notimex
19 de abril de 2016
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta enviada por el Senado de la República que expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con 383 votos a favor, 32 abstenciones y un voto en contra del diputado independiente, Manuel Jesús Clouthier Carrillo.
El dictamen de la minuta que continúa la discusión en lo particular y la presentación de reservas, tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la información pública.
El presidente de la Mesa Directiva, el perredista Jesús Zambrano Grijalva, decretó un receso de quince minutos para ordenar la discusión en lo particular de 30 artículos reservados y un transitorio.
En esta primera fase del proceso de discusión también se aprobó el adenda que presentó la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que fue avalado por la asamblea en votación económica.
De acuerdo con el dictamen de esta minuta, se garantiza el derecho de acceso a la información que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.
Entre los objetivos se establece proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos; transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral.
Indica el dictamen aprobado que se tiene que favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados, y regular los medios de impugnación que le compete resolver al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Se fortalece el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los sujetos obligados y consolida la apertura de las instituciones del Estado mexicano, mediante iniciativas de gobierno abierto, que mejoren la gestión pública a través de la difusión de la información en formatos abiertos y accesibles.
Y también la participación efectiva de la sociedad en la atención de los mismos, así como proporcionar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a fin de contribuir a la consolidación de la democracia, y se promueve y fomenta una cultura de transparencia y acceso a la información pública.
Se puntualiza que se tiene que precisar que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada como reservada por razones de interés público y seguridad nacional, o bien confidencial.
Asimismo, se precisan los criterios para la clasificación de la información; se señalan las causas por la que los documentos reservados podrán ser desclasificados; se determina que la información reservada podrá permanecer con tal carácter hasta por cinco años, con posibilidad de ampliarse por el mismo periodo.
La legislación considera la aplicación de la figura –prueba de daño- para la clasificación de la información reservada y especificar que no podrá clasificarse así, la información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
Asimismo se puntualizan los elementos que caracterizarán a la información confidencial; se señala que el derecho humano de acceso a la información comprenderá solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.
Otros temas son: ampliar las obligaciones de transparencia de información de los sujetos obligados, la cuales deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos.
Se establece la integración, el funcionamiento y atribuciones del INAI y se indican las facultades y obligaciones de los comisionados del Instituto.
Y finalmente, refiere los mecanismos para la verificación de las obligaciones en materia de transparencia, así como el proceso de denuncia por incumplimiento de éstas; detallar el procedimiento para el acceso a la información pública.
Así como fijar las cuotas de acceso en caso de existir costos para obtener la información; regula los recursos de revisión ante el INAI, aquellos en materia de seguridad y los de asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). menciona los tipos de sanciones que serán aplicables en la materia.
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Diputados aprueban en lo general Ley Federal de Transparencia
La Crónica de Hoy Jalisco
Crónica México
19 de abril de 2016
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta enviada por el Senado de la República que expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con 383 votos a favor, 32 abstenciones y un voto en contra del diputado independiente, Manuel Jesús Clouthier Carrillo.
El dictamen de la minuta que continúa la discusión en lo particular y la presentación de reservas, tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la información pública.
El presidente de la Mesa Directiva, el perredista Jesús Zambrano Grijalva, decretó un receso de quince minutos para ordenar la discusión en lo particular de 30 artículos reservados y un transitorio.
En esta primera fase del proceso de discusión también se aprobó el adenda que presentó la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que fue avalado por la asamblea en votación económica.
De acuerdo con el dictamen de esta minuta, se garantiza el derecho de acceso a la información que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.
Entre los objetivos se establece proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos; transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral.
Indica el dictamen aprobado que se tiene que favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados, y regular los medios de impugnación que le compete resolver al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Se fortalece el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los sujetos obligados y consolida la apertura de las instituciones del Estado mexicano, mediante iniciativas de gobierno abierto, que mejoren la gestión pública a través de la difusión de la información en formatos abiertos y accesibles.
Y también la participación efectiva de la sociedad en la atención de los mismos, así como proporcionar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a fin de contribuir a la consolidación de la democracia, y se promueve y fomenta una cultura de transparencia y acceso a la información pública.
Se puntualiza que se tiene que precisar que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada como reservada por razones de interés público y seguridad nacional, o bien confidencial.
Asimismo, se precisan los criterios para la clasificación de la información; se señalan las causas por la que los documentos reservados podrán ser desclasificados; se determina que la información reservada podrá permanecer con tal carácter hasta por cinco años, con posibilidad de ampliarse por el mismo periodo.
La legislación considera la aplicación de la figura –prueba de daño- para la clasificación de la información reservada y especificar que no podrá clasificarse así, la información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
Asimismo se puntualizan los elementos que caracterizarán a la información confidencial; se señala que el derecho humano de acceso a la información comprenderá solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.
Otros temas son: ampliar las obligaciones de transparencia de información de los sujetos obligados, la cuales deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos.
Se establece la integración, el funcionamiento y atribuciones del INAI y se indican las facultades y obligaciones de los comisionados del Instituto.
Y finalmente, refiere los mecanismos para la verificación de las obligaciones en materia de transparencia, así como el proceso de denuncia por incumplimiento de éstas; detallar el procedimiento para el acceso a la información pública.
Así como fijar las cuotas de acceso en caso de existir costos para obtener la información; regula los recursos de revisión ante el INAI, aquellos en materia de seguridad y los de asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). menciona los tipos de sanciones que serán aplicables en la materia.
cr
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Diputados aprueban Ley de Transparencia
Publimetro
Notimex
19 de abril de 2016
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta enviada por el Senado de la República que expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con 383 votos a favor, 32 abstenciones y un voto en contra del diputado independiente, Manuel Jesús Clouthier Carrillo.
El dictamen de la minuta que continúa la discusión en lo particular y la presentación de reservas, tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la información pública.
El presidente de la Mesa Directiva, el perredista Jesús Zambrano Grijalva, decretó un receso de quince minutos para ordenar la discusión en lo particular de 30 artículos reservados y un transitorio.
En esta primera fase del proceso de discusión también se aprobó el adenda que presentó la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que fue avalado por la asamblea en votación económica.
De acuerdo con el dictamen de esta minuta, se garantiza el derecho de acceso a la información que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.
Entre los objetivos se establece proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos; transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral.
Indica el dictamen aprobado que se tiene que favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados, y regular los medios de impugnación que le compete resolver al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Se fortalece el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los sujetos obligados y consolida la apertura de las instituciones del Estado mexicano, mediante iniciativas de gobierno abierto, que mejoren la gestión pública a través de la difusión de la información en formatos abiertos y accesibles.
Y también la participación efectiva de la sociedad en la atención de los mismos, así como proporcionar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a fin de contribuir a la consolidación de la democracia, y se promueve y fomenta una cultura de transparencia y acceso a la información pública.
Se puntualiza que se tiene que precisar que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada como reservada por razones de interés público y seguridad nacional, o bien confidencial.
Asimismo, se precisan los criterios para la clasificación de la información; se señalan las causas por la que los documentos reservados podrán ser desclasificados; se determina que la información reservada podrá permanecer con tal carácter hasta por cinco años, con posibilidad de ampliarse por el mismo periodo.
La legislación considera la aplicación de la figura –prueba de daño- para la clasificación de la información reservada y especificar que no podrá clasificarse así, la información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
Asimismo se puntualizan los elementos que caracterizarán a la información confidencial; se señala que el derecho humano de acceso a la información comprenderá solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.
Otros temas son: ampliar las obligaciones de transparencia de información de los sujetos obligados, la cuales deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos.
Se establece la integración, el funcionamiento y atribuciones del INAI y se indican las facultades y obligaciones de los comisionados del Instituto.
Y finalmente, refiere los mecanismos para la verificación de las obligaciones en materia de transparencia, así como el proceso de denuncia por incumplimiento de éstas; detallar el procedimiento para el acceso a la información pública.
Así como fijar las cuotas de acceso en caso de existir costos para obtener la información; regula los recursos de revisión ante el INAI, aquellos en materia de seguridad y los de asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). menciona los tipos de sanciones que serán aplicables en la materia.
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Avalan Ley Federal de Transparencia; sin sanciones, es ‘una payasada’: Clouthier
MVS Noticias
Angélica Melín Campos
19 de abril de 2016
Jesús Zambrano Grijalva, decretó un receso de quince minutos para ordenar la discusión en lo particular de 30 artículos reservados y un transitorio.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con una votación de 383 a favor, 32 abstenciones de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y un voto en contra del diputado independiente Manuel Clouthier, el dictamen de la Ley Federal de Transparencia.
Al posicionar el proyecto, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y diputado del MORENA, Rogerio Castro, subrayó que entre los elementos más relevantes de la normatividad, se encuentra la ampliación de sujetos obligados a rendir cuentas sobre el uso de recursos públicos.
También se otorga autonomía constitucional al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyas atribuciones se fortalecen; aunado a que se crean organismos locales autónomos en materia de transparencia, dijo.
Los congresistas avalaron un adendum presentado por el diputado Castro Vázquez, el cual establece que el INAI deberá emitir los reglamentos para cumplir con las nuevas disposiciones en un plazo de seis meses; aunado a que las obligaciones de transparencia se incorporarán a la Plataforma Nacional de Transparencia.
El agregado también contempla que la Ley Federal en cuestión, aplicará solo a la información pública generada después de que la normatividad entre en vigor. “Las nuevas obligaciones establecidas en los capítulos I y II del Título Tercero de esta Ley, serán aplicables para los sujetos obligados, sólo respecto de la información que se genere a partir de la entrada en vigor del presente decreto”, indica el documento.
El legislador de MORENA puntualizó que lo sujetos obligados a transparentar la información pública sobre el uso del erario, se incrementan de 245 a más de 850, y eso es un paso adelante en la materia.
Destacó que la norma en estudio, permitirá dar pasos adelante en la consolidación del Sistema Nacional de Transparencia, se fortalecerá el acceso a la información en todo el país, aunque están pendientes las leyes sobre Datos y Archivos.
Indicó que lo más relevante de la nueva Ley, es que brindará a los ciudadanos herramientas para acceder a la información pública a través de mecanismos sencillos y ágiles.
Al votar en contra, el diputado Clouthier Carrillo fue tajante al plantear que si la única sanción a quienes no transparenten la información es una “amonestación pública”, la Ley a discusión resultará ser una “simulación” y una “payasada”.
“No va a pasar nada sin sanciones. Aquel que no informe, será sujeto de amonestación pública. Están oyendo bien, compañeros: la sanción es que lo van a regañar públicamente. ¿Ustedes creen, compañeros, que vamos a cambiar la cultura de caja negra y secrecía regañando públicamente a los funcionarios públicos? ¡Discúlpenme, pero esto es una payasada!”, advirtió.
En los posicionamientos de las fracciones parlamentarias, integrantes de las bancadas de Nueva Alianza (PANAL), Encuentro Social (PES), el Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Verde (PVEM), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), se pronunciaron por romper con las inercias que impiden acceder por completo a la información pública, y por ende, no permiten dar cuenta del uso del erario.
El coordinador del MC, Clemente Castañeda, pidió que la transparencia sea un instrumento para combatir la corrupción, el derroche y los abusos de poder.
Asimismo, exigió que el Congreso de la Unión asuma con responsabilidad sus nuevas obligaciones y no actúe como “candil de la calle”, por lo que los principios de transparencia deben cumplirse a nivel administrativo en el Legislativo y en particular, en los grupos parlamentarios.
La diputada de MORENA, Ernestina Godoy, que anunció la abstención de su bancada, subrayó que el país requiere una ley “sin zonas oscuras”, sin omisiones y sin errores que puedan dejar fuera de la transparencia a los cientos de miles de millones de recursos públicos otorgados a través de asociaciones público privadas, a las empresas “favoritas” de los gobernantes, como sucedió con el Grupo Higa y el Presidente Enrique Peña, pues la ciudadanía exige transparencia.
La diputada panista Mayra Enríquez coincidió con Clouthier Carrillo, en que una Ley de Transparencia que no se traduzca en sanciones, será “cinismo de Estado”. Aunado a ello, la congresista urgió a acelerar los trabajos sobre el Sistema Nacional Anticorrupción.
El diputado del PRI, Edgar Romo, afirmó que su partido está a favor de que los servidores públicos y diputados presenten de manera obligatoria sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales; pero vayan más allá y se sancione con severidad a toda persona física o moral que incumpla la normatividad.
La Ley “no funcionará” si los ciudadanos no ven sanciones y tampoco será efectiva si se siguen violando los principios de transparencia, máxima publicidad, honradez y máxima eficacia en el actuar del servidor público.
El coordinador del PES, Alejandro González, pidió no “echar por la borda” una norma tan relevante, con “maquillaje legislativo”, por lo que es preciso eliminar el fuero de los funcionarios públicos, empezando por los legisladores, a fin de evitar “descarados casos de inmoralidad política”, donde el servidor se sirve del poder, cuando debería “servir” al ciudadano.
Después de emitir la votación general, los congresistas decretaron un receso que se alargó por dos horas, con el propósito de acercar posturas y ordenar el desahogo de las reservas.
Al inicio de la discusión se tenía prevista la presentación entre 30 y 40 reservas, sin embargo, después del receso, el número de propuestas de modificación bajó a 20, por lo que la discusión en lo particular podría alargarse por tres horas más.
Transparencia y acceso a la información
Diagnóstico sobre transparencia
Diputados aprueban en lo general Ley Federal de Transparencia
Uno mas Uno
Webuno
20 de abril de 2016
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta enviada por el Senado de la República que expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con 383 votos a favor, 32 abstenciones y un voto en contra del diputado independiente, Manuel Jesús Clouthier Carrillo.
El dictamen de la minuta que continúa la discusión en lo particular y la presentación de reservas, tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la información pública.
El presidente de la Mesa Directiva, el perredista Jesús Zambrano Grijalva, decretó un receso de quince minutos para ordenar la discusión en lo particular de 30 artículos reservados y un transitorio.
En esta primera fase del proceso de discusión también se aprobó el adenda que presentó la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que fue avalado por la asamblea en votación económica.
De acuerdo con el dictamen de esta minuta, se garantiza el derecho de acceso a la información que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.
Entre los objetivos se establece proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos; transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral.
Indica el dictamen aprobado que se tiene que favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados, y regular los medios de impugnación que le compete resolver al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Se fortalece el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los sujetos obligados y consolida la apertura de las instituciones del Estado mexicano, mediante iniciativas de gobierno abierto, que mejoren la gestión pública a través de la difusión de la información en formatos abiertos y accesibles.
También la participación efectiva de la sociedad en la atención de los mismos, así como proporcionar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a fin de contribuir a la consolidación de la democracia, y se promueve y fomenta una cultura de transparencia y acceso a la información pública.
Se puntualiza que se tiene que precisar que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada como reservada por razones de interés público y seguridad nacional, o bien confidencial.
Asimismo, se precisan los criterios para la clasificación de la información; se señalan las causas por la que los documentos reservados podrán ser desclasificados; se determina que la información reservada podrá permanecer con tal carácter hasta por cinco años, con posibilidad de ampliarse por el mismo periodo.
La legislación considera la aplicación de la figura –prueba de daño- para la clasificación de la información reservada y especificar que no podrá clasificarse así, la información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
Asimismo se puntualizan los elementos que caracterizarán a la información confidencial; se señala que el derecho humano de acceso a la información comprenderá solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.
Otros temas son: ampliar las obligaciones de transparencia de información de los sujetos obligados, la cuales deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos.
Se establece la integración, el funcionamiento y atribuciones del INAI y se indican las facultades y obligaciones de los comisionados del Instituto.
Finalmente, refiere los mecanismos para la verificación de las obligaciones en materia de transparencia, así como el proceso de denuncia por incumplimiento de éstas; detallar el procedimiento para el acceso a la información pública.
Así como fijar las cuotas de acceso en caso de existir costos para obtener la información; regula los recursos de revisión ante el INAI, aquellos en materia de seguridad y los de asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). menciona los tipos de sanciones que serán aplicables en la materia.
Transparencia
Aprueban diputados Ley de Transparencia y la devuelven al Senado
Quadratín Jalisco
Redacción
20 de abril de 2016
GUADALAJARA, Jal., 20 de abril de 2016.- Diputados aprobaron en lo particular, con 396 votos a favor, la minuta que expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con modificaciones aceptadas por el Pleno y fue devuelta al Senado para los efectos de la fracción e del artículo 72 constitucional. Luego de una larga discusión de alrededor de siete horas, se avalaron cambios a los artículos 23, 24, 28, 46, 52, 55, 91, 99, 174, 202 y tercero transitorio, del dictamen que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; los artículos 1, 2, 4, 8, 11, 14, 20, 21, 43, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 110, 153, 154, 163 y 187 quedaron en términos del dictamen. Con la votación de 34 abstenciones de la fracción de Morena, se aprobó la reserva al artículo 23 para establecer que los trabajadores de confianza del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) quedarán sujetos al régimen previsto en la fracción XIV del Apartado B del artículo 123 de la Constitución. La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (MC) se pronunció en pro de la propuesta. Las reservas de los diputados de Movimiento Ciudadano, Germán Ernesto Ralis Cumplido y de Morena, Norma Xochitl Hernández Colín, fueron admitidas para corregir en los artículos 174 y 202 el concepto de Salario Mínimo por el Unidades de Medida y Actualización. También reducir de 18 meses a 12 meses el plazo para que los sujetos obligados emitan sus normas reglamentarias en materia de transparencia, presentada por la diputada Mirza Flores. Y al artículo 24 para que el informe que rinda anualmente el INAI sobre la evaluación general en materia de acceso a la Información Pública en el país incluya no sólo al Senado de la República, sino también a la Cámara de Diputados, propuesta de la diputada de Morena, Blanca Margarita Cuata Domínguez. Otra de redacción a los artículos 28,52 y 55, para cambiar el término Distrito Federal por Ciudad de México, presentada por del diputado Renato Josafat Molina Arias (Morena). Al artículo 91, para que el sujeto obligado deba enviar al INAI un informe justificado respecto de los hechos o motivos de la denuncia dentro de los tres días siguientes a la notificación anterior. El dictamen establecía cinco días, a reserva de la diputada del mismo partido, Patricia Elena Aceves Pastrana. El diputado del PRD, Rafael Hernández Soriano, al artículo 46 para que cuando los comisionados estén impedidos y se excusen de conocer asuntos en los que exista una o varias situaciones que le impidan resolverlos con independencia, profesionalismo e imparcialidad, puedan solicitar al pleno la recusación de otro comisionado, el cual deberá excusarse durante el proceso de examen de la solicitud. La reserva al artículo 99 de la perredista Maricela Contreras Julián para que los documentos clasificados como reservados sean desclasificados cuando se trate de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de esa humanidad.
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Regresan diputados al Senado minuta de Ley Federal de Transparencia
El Economista
Notimex
19 de abril de 2016
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con cambios la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que la regresó al Senado de la República para la revisión y aprobación solo de los artículos modificados.
Con 396 votos a favor y 34 abstenciones, las y los diputados avalaron dicha legislación que marca el primer ordenamiento que se tendrá para integrar el sistema nacional de transparencia y parte del andamiaje jurídico para la creación del sistema nacional anticorrupción.
Entre los cambios más destacados fue eliminar un párrafo del Artículo 23, en el cual se establecía que los cargos en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) serán de confianza. Al quitarlo, los trabajadores de este organismo conservarán sus derechos laborales y su pertenencia al apartado B de los empleados del Estado.
Poco antes de concluir la sesión y de abrir el tablero para votar el dictamen, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, propuso incorporar un párrafo al Artículo 23.
Indica que “los trabajadores de confianza del Inai quedarán sujetos al régimen establecido en la fracción 14 del apartado B del Articulo 123 de la Constitución”, el cual fue avalado en votación económica, tras ser sometido a discusión.
Al inicio de la sesión se propuso y se avaló una adenda al dictamen en la cual se define que en seis meses, a la entrada en vigor de esta ley, el Inai establecerá sus lineamientos internos principalmente para su operación y la aplicación de la ley en la que se definirán los 850 sujetos obligados a la transparencia y rendición de cuentas.
Los sujetos obligados es cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, partidos, fracciones políticas y órganos de gobierno del Congreso, así como fideicomisos y fondos públicos, y cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.
Otras modificaciones por las cuales se devolvió al Senado esta minuta fueron un artículo transitorio donde se reduce de 18 a 12 meses el plazo que tendrán los sujetos obligados para que adecuen su normatividad interna con relación a esta legislación.
Se cambió “salario mínimo” por el de “Unidad de Medida Actualizada (UMA)”, para fijar las sanciones a quien violente la ley, y también se quitó el término Distrito Federal por Ciudad de México.
Se avaló cambiar en el Artículo 91 para reducir de cinco a tres días el plazo para entregar la información solicitada a los sujetos obligados, debido a que como estaba redactado había inconsistencias con otras normatividades en la materia.
También se aceptó modificar el Artículo 46 para garantizar el derecho de las partes a la información ante la excusa que podrían argumentar los comisionados del Inai ante la solicitud de un dato en particular.
Otro cambio fue al Artículo 99, en el cual se establece que es necesario dar prioridad al principio de la máxima publicidad, por lo que se propone facultar al Inai para desclasificar la información relacionada con violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Aprueban ley de transparencia con cambios en un artículo
El Economista
Rolando Ramos
19 de abril de 2016
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con adecuaciones de forma y no de fondo, que se incluyeron de última hora durante la discusión en lo particular, la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por 396 votos y 34 abstenciones de Morena.
La minuta se devolvió al Senado para su revisión y eventual ratificación o modificación correspondiente.
Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JCP), el máximo órgano de gobierno en San Lázaro, y de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, se introdujo una modificación al artículo cuarto transitorio a solicitud expresa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Dicho cambio consistió en establecer que el órgano autónomo tendrá un plazo de seis meses, contados a partir de que la ley entre en vigor, para aprobar los lineamientos que deberán acatar los sujetos obligados en el cumplimiento de las nuevas obligaciones de transparencia.
Durante la discusión en lo general, Manuel Clouthier, expanista y único diputado federal independiente, consideró que al no contener sanciones severas para quien la incumpla, la nueva ley es una mera “payasada”.
“No cambiaremos una cultura de secrecía y caja negra en la administración pública, sin sanciones. Aquellos que nos dicen que esta ley representa grandes avances, no representa ningún avance”.
La nueva ley sólo establece, explicó, que el INAI determinará las medidas de apremio o sanciones que se deberán imponer al funcionario público que niegue, destruya u obstruya la información.
“Si queremos realmente cambiar la cultura, tiene que haber reales sanciones; si no, no va a pasar nada. Nada más pensemos, esta Cámara de Diputados va a transparentar el uso de los recursos públicos por parte de los grupos parlamentarios, y si no lo hacen, los van a regañar públicamente. ¿Será suficiente motivo para cambiar la actitud?”, cuestionó.
Al final, el sinaloense, por razones que no reveló, votó en abstención y no en contra del dictamen, a pesar de que su propuesta para amonestar públicamente y multar con hasta 109,560 pesos a quien viole la nueva ley fue rechazada.
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Diputados avalan con cambios ley de transparencia
El Universal
Suzzete Alcántara y Shareni Guzmán
20 de abril de 2016
A mentadas protesta Mario Juárez, de Morena
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con cambios la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que regresó al Senado para su revisión y aprobación de los artículos modificados.
Con 383 votos a favor, 32 abstenciones y el voto en contra del diputado independiente Manuel Clouthier, las leyes secundarias en materia de transparencia fueron aprobadas en lo general; mientras que en lo particular, quedaron avaladas por 396 votos a favor, 34 abstenciones y cero en contra.
Tras dos horas de receso, los legisladores avalaron el primer ordenamiento que forma parte del Sistema Nacional de Transparencia y que da pie al andamiaje jurídico para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Al inicio del debate, el presidente de la Comisión de Transparencia, Rogerio Castro (Morena), dio a conocer una propuesta de adenda firmada por el órgano legislativo y por los coordinadores parlamentarios, para que en el transitorio cuarto se incluya una modificación, la cual señala que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) tendrá seis meses para aprobar los lineamientos correspondientes.
“Para el cumplimiento de las nuevas obligaciones, el Inai deberá aprobar en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, los correspondientes lineamientos que regularán la forma, términos y plazos en el que los sujetos obligados del ámbito federal deberán cumplirlas.
“Los procedimientos de verificación de las obligaciones de transparencia y denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas respectivamente en los capítulos tercero y cuarto del título tercero de la presente ley”, señala en el documento.
También indica que las obligaciones de transparencia específicas prescritas en la presente ley se incorporarán en la Plataforma Nacional de Transparencia en el ámbito de los sujetos obligados federales en el mismo plazo referido en el texto.
“Las nuevas obligaciones establecidas en los capítulos uno y dos del título tercero de esta ley serán aplicables para los sujetos obligados, sólo respecto a la información que se genere a partir de la entrada en vigor del presente decreto”, apunta el documento.
Los sujetos obligados son: cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, partido político, fideicomiso y fondo público, así como cualquier persona física, moral o sindicato, grupo parlamentario y órgano de gobierno del Congreso de la Unión, que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.
Rechazan 3 de 3. Los diputados rechazaron a propuesta de Movimiento Ciudadano, incluir en la Ley Federal de Transparencia la obligatoriedad de los funcionarios a hacer públicas sus declaraciones 3 de 3, que plantea que hagan públicas su declaración patrimonial, fiscal y de interés. Las 31 reservas presentadas por el PRD, PAN, Movimiento Ciudadano (MC) y Morena modificaron los artículos 23, 28, 52, 55, 70, 174 y 202 de dicha ley.
Los cambios fueron para eliminar un párrafo del artículo 23, en el que se establecía que los cargos en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información serán de confianza, con ello los trabajadores de este organismo podrán conservar sus derechos laborales y pertenecer al apartado B de los trabajadores del Estado.
Se agregó que “los trabajadores de confianza del instituto quedarán sujetos al régimen establecido en la fracción 14 del apartado B del artículo 123 de la Constitución”.
Durante la discusión del artículo 23, los legisladores reclamaron al diputado Mario Ariel Juárez (Morena) haberlos señalado de “pillos mafiosos que acuerdan en lo oscurito”, pero sobre todo, por versar la frase popular: “Está bien que chinguen, pero a su madre la respetan”, lo que provocó gritos de “¡fuera, fuera, fuera!”.
Otra de las modificaciones fue reducir de 18 a 12 meses el plazo que tendrán los sujetos obligados para que adecuen su normatividad interna con relación a esta legislación.
De igual forma, se aprobó que la medida para fijar multas sea por Unidad de Medida Actualizada (UMA), y no por salario mínimo; asimismo, se cambió el término Distrito Federal por Ciudad de México.
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Reporte Indigo
Imelda García
20 de abril de 2016
La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con lagunas que fueron planteadas, incluso, por el INAI.
A decir de los diputados de Morena y Movimiento Ciudadano, la legislación contiene algunos vacíos que la debilitan y dejan huecos para la opacidad.
Entre las carencias, por ejemplo, no se aceptó hacer obligatoria la presentación pública de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal de los servidores públicos –las llamadas 3de3-, como pidió Movimiento Ciudadano.
Además, se mantiene el esquema que facilita la elección por cuotas partidistas en el nombramiento de los consejeros del INAI; y se deja abierto el concepto de “seguridad nacional”.
Diputados de Morena señalaron que no se incluye como sujetos obligados –desde el artículo 1- a algunos entes de Pemex y CFE, y no se obliga a abrir sus contratos. Además de que no se contempla a las asociaciones público privadas como sujetos obligados.
Sin embargo, la nueva Ley representa un avance a la que estaba vigente.
Ahora, serán sujetos de la Ley de Transparencia los sindicatos, partidos políticos, bancadas del Congreso y hasta particulares que manejen recursos públicos.
La nueva disposición fue aprobada por 383 votos a favor, 32 abstenciones –de diputados de Morena- y uno en contra, del diputado independiente Manuel Clouthier.
Durante el proceso de dictaminación en comisiones, el PRI y el PVEM se negaron a hacer cambio alguno a la minuta aprobada por el Senado en noviembre pasado.
Empero, de último momento y tras una negociación final con el INAI, el lunes, los legisladores pactaron cambios a lo aprobado en el Senado.
‘Es una payasada’
El independiente Manuel Clouthier fue el único diputado que votó en contra de la nueva Ley de Transparencia.
En tribuna, el congresista fue contundente: “Discúlpenme, pero esto es una payasada”, soltó.
Clouthier se inconformó por el sistema de sanciones que la nueva Ley establece.
En su artículo 174, la Ley señala que al servidor público, miembro de los sindicatos o partidos políticos o personas físicas o morales que incumplan con sus obligaciones de transparencia podrán ser amonestados públicamente o multados con hasta mil 500 unidades de medida y actualización.
“La sanción es que lo van a regañar públicamente. ¿Ustedes creen, compañeros, que vamos a cambiar la cultura de caja negra, secrecía y opacidad en la administración pública de nuestro país regañando públicamente a los funcionarios públicos? Discúlpenme, pero esto es una payasada.
“Es decir, si queremos realmente cambiar la cultura, tiene que haber reales sanciones, si no, no va a pasar nada”, sentenció Clouthier.
Los diputados de Morena decidieron abstenerse en la votación porque, consideraron, quedaron algunos pendientes que dan lugar a la opacidad.
El punto principal que los congresistas de Morena trataron de incluir fue que todos los entes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad quedaran incluidos como sujetos obligados desde el artículo 1 de la Ley.
“Este asunto no es menor, porque a la fecha se ventilan en el INAI litigios por la negativa de filiales a proporcionar la información que solicitan los ciudadanos, al argumentar que al dejar de ser entidades paraestatales, dejaron de ser sujetos obligados para informar sobre los recursos públicos que reciben, por lo que rendir cuentas no está en la lista de sus prioridades”, explicó Mario Ariel Juárez, legislador de Morena.
Los diputados no aceptaron ese cambio propuesto por Morena argumentando que en la Ley ya se encuentran enumeradas las empresas productivas del Estado, sus filiales y subsidiarias, como sujetos obligados.
Aunque señalaron varios vacíos en la nueva Ley, la bancada de Movimiento Ciudadano votó a favor, pero señalando la fallas de la nueva legislación.
“Que sean obligatorias y públicas las declaraciones 3de3, que aunque serán discutidas en la legislación en materia de responsabilidades, no podemos dejarla fuera de una ley como ésta. Que se evalúe por instancias académicas a los aspirantes a comisionados del INAI.
“Que se corrijan errores evidentes de la ley como los relativos al salario mínimo y los derechos laborales de los trabajadores del INAI”, pidió Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano.
A pesar de que algunos puntos de los que pedía MC no fueron modificados, la bancada decidió votar a favor en lo general.
“La Ley de Transparencia sigue incompleta; sin embargo, votamos a favor porque representa un avance”, justificó Castañeda.
En las reservas, el pleno aprobó que se cambiara la redacción de los salarios mínimos por la unidad de medida y actualización, aprobada recientemente para sustituirlo; y también modificar el régimen laboral de los trabajadores del INAI.
En la minuta aprobada por el Senado se pretendía que todos los trabajadores del INAI quedaran bajo un régimen de trabajadores de confianza y no como servidores públicos pertenecientes al apartado B del artículo 123 constitucional.
Finalmente, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó que estarán considerados en ese apartado.
Además, durante la discusión del dictamen, Movimiento Ciudadano había pedido que se definiera claramente el concepto de “seguridad nacional” para evitar que con ese argumento se diera negativa a otorgar información. Se rechazó la modificación.
Pidieron también que se abrieran los contratos de deuda pública y las condiciones de la obtención de los compromisos financieros, sin que se realizaran esos cambios.
Otras modificaciones menores fueron hechas, como cambiar el término Distrito Federal por Ciudad de México o el cambio de unidad de medida de los salarios mínimos.
Todos bajo la lupa
En la nueva Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se obligará a los tres poderes de la Unión, los tres niveles de gobierno y todos los entes públicos o privados que reciban dinero del Estado a transparentar su manejo.
Dentro de estos nuevos sujetos obligados estarán los fideicomisos, los sindicatos, los partidos políticos, las bancadas del Congreso de la Unión, que se sumarán a otros órganos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE) o la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el propio INAI.
La nueva Ley establece que toda la información que posean los entes obligados es pública, salvo que sea clasificada como reservada “por razones de interés público y seguridad nacional”.
Sin embargo, queda asentado que no podrá reservarse información alguna que esté relacionada con violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad y actos de corrupción.
Se establece también la aplicación de la llamada “prueba de daño”, donde al negarse a dar una información, el ente debe probar que su conocimiento perjudicaría a la ciudadanía. Esto, empero, no podrá aplicarse en los casos de violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad y actos de corrupción.
La información que puede ser reservada es “aquella que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; la que menoscabe la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; aquella que se entregue al Estado Mexicano expresamente con ese carácter (…) cuando afecte las políticas monetarias o financieras del país; la que ponga en riesgo la vida o integridad de una persona física; la que afecte los derechos del debido proceso”, establece.
La información, además, deberá tener un lenguaje sencillo y con la posibilidad de estar traducida a lenguas indígenas.
Además, cada sujeto obligado debe conformar una Unidad o un Comité de Transparencia para gestionar la aplicación de esta Ley.
La nueva Ley instituye también las sanciones que puede establecer el INAI, que van desde 150 y hasta mil 500 veces la unidad de medida y actualización (antes salario mínimo) y señala que, en caso de incumplimiento, podrá denunciar el incumplimiento ante las autoridades competentes.
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Mandan ajustar Ley de Transparencia
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Claudia Salazar y Rolando Herrera
19 de abril de 2016
Puebla, México (19 abril 2016).- Los diputados ajustaron el dictamen de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que fue regresado al Senado para su revisión y eventual aval a los cambios realizados.
El pleno aprobó en lo particular, con 392 votos, las modificaciones a los artículos 23, 24, 28, 46, 52, 55, 91, 99, 174, 202 y el tercero transitorio.
Pese a que por semanas se trató de no hacer modificaciones, finalmente los grupos parlamentarios pactaron los cambios.
Durante la discusión de reservas, se aceptaron propuestas de MC, Morena y PRD.
Una de ellas fue retirar del dictamen las referencias de sanciones con base en salarios mínimos. En su lugar se precisó que serán con base en unidades de medida y actualización.
También se retiró la referencia en el artículo 23 a que todos los trabajadores del INAI debían ser de confianza, con lo que se garantizaron derechos y obligaciones como servidores públicos.
En el artículo 91 se precisó que, cuando haya denuncias por el incumplimiento de la Ley de Transparencia, el sujeto obligado deberá entregar un informe sobre lo sucedido en tres días hábiles y no en cinco, como señalaba la minuta original del Senado.
Además, en el tercer artículo transitorio se estableció un periodo de 12 meses, en lugar de 18, como el plazo para que todos los sujetos obligados modifiquen su normatividad interna para cumplir con las disposiciones de la Ley de Transparencia.
Celebra INAI aprobación
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) reconoció a la Cámara de Diputados por aprobar en lo general la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
De acuerdo con el dictamen de los legisladores, la nueva ley garantiza el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.
A su vez, contiene una modificación para acelerar el cumplimiento de la norma.
En ese sentido, el INAI destacó que fueran aprobados los cambios al artículo cuarto transitorio de la ley, el cual establece que, en un plazo de seis meses después de que entre en vigor la misma, el órgano de transparencia deberá aprobar los lineamientos que regularán la forma, los términos y los plazos en que los sujetos obligados del ámbito federal deberán cumplir las nuevas obligaciones de transparencia.
“Las comisionadas y comisionados del INAI consideran que las modificaciones hechas a este artículo permitirán trabajar en la elaboración de los lineamientos técnicos, que brinden certeza jurídica en el cumplimiento de las 260 obligaciones de transparencia que la Ley prevé para los sujetos obligados en el ámbito federal”, detalló el Instituto en un comunicado.
Además, el INAI reconoció que dicha modificación, la cual será remitida a la Cámara de Senadores, se aprobó con consenso por las diferentes fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados.
Con información de Héctor Gutiérrez
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Modificaciones a proyecto de ley de transparencia darán certeza jurídica: Inai
MVS Noticias
Notimex
19 de abril de 2016
El Inai celebró el consenso al que llegaron las diferentes bancadas de los diputados para aprobar los cambios al artículo cuarto transitorio del proyecto de dicha legislación, respecto de la minuta remitida por el Senado a la colegisladora.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) señaló que las modificaciones a la iniciativa de Ley Federal de Transparencia aprobadas por la Cámara de Diputados, darán certeza jurídica al cumplimiento de las 260 obligaciones en la materia.
En un comunicado, celebró el consenso al que llegaron las diferentes bancadas de los diputados para aprobar los cambios al artículo cuarto transitorio del proyecto de dicha legislación, respecto de la minuta remitida por el Senado a la colegisladora.
De acuerdo con dicho artículo, se establece un plazo de seis meses para que el Instituto apruebe los lineamientos que regularán la forma, los términos y los plazos en que los sujetos obligados del ámbito federal deberán cumplir las nuevas obligaciones de transparencia.
Dicho plazo transcurrirá a partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia, y una vez concluido, se podrán realizar y presentar los procedimientos de verificación y de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia.
Las comisionadas y los comisionados del Inai indicaron que estas modificaciones permitirán trabajar en la elaboración de los lineamientos técnicos que den certeza jurídica en el cumplimiento en los 260 lineamientos que deben atender los sujetos obligados.
Indicó que el Instituto continuará dando seguimiento puntual a los términos en los que se apruebe el proyecto de Ley Federal de Transparencia en la Cámara de Senadores.
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Pasa al Senado minuta de Ley Federal de Transparencia
MVS Noticias
Notimex
19 de abril de 2016
Con 396 votos a favor y 34 abstenciones, las y los diputados avalaron dicha legislación que marca el primer ordenamiento que se tendrá para integrar el sistema nacional de transparencia y parte del andamiaje jurídico para la creación del sistema nacional anticorrupción.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con cambios la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que la regresó al Senado de la República para la revisión y aprobación solo de los artículos modificados.
Con 396 votos a favor y 34 abstenciones, las y los diputados avalaron dicha legislación que marca el primer ordenamiento que se tendrá para integrar el sistema nacional de transparencia y parte del andamiaje jurídico para la creación del sistema nacional anticorrupción.
Entre los cambios más destacados fue eliminar un párrafo del Artículo 23, en el cual se establecía que los cargos en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) serán de confianza. Al quitarlo, los trabajadores de este organismo conservarán sus derechos laborales y su pertenencia al apartado B de los empleados del Estado.
Poco antes de concluir la sesión y de abrir el tablero para votar el dictamen, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, propuso incorporar un párrafo al Artículo 23.
Indica que “los trabajadores de confianza del Inai quedarán sujetos al régimen establecido en la fracción 14 del apartado B del Articulo 123 de la Constitución”, el cual fue avalado en votación económica, tras ser sometido a discusión.
Al inicio de la sesión se propuso y se avaló una adenda al dictamen en la cual se define que en seis meses, a la entrada en vigor de esta ley, el Inai establecerá sus lineamientos internos principalmente para su operación y la aplicación de la ley en la que se definirán los 850 sujetos obligados a la transparencia y rendición de cuentas.
Los sujetos obligados es cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, partidos, fracciones políticas y órganos de gobierno del Congreso, así como fideicomisos y fondos públicos, y cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.
Otras modificaciones por las cuales se devolvió al Senado esta minuta fueron un artículo transitorio donde se reduce de 18 a 12 meses el plazo que tendrán los sujetos obligados para que adecuen su normatividad interna con relación a esta legislación.
Se cambió “salario mínimo” por el de “Unidad de Medida Actualizada (UMA)”, para fijar las sanciones a quien violente la ley, y también se quitó el término Distrito Federal por Ciudad de México.
Se avaló cambiar en el Artículo 91 para reducir de cinco a tres días el plazo para entregar la información solicitada a los sujetos obligados, debido a que como estaba redactado había inconsistencias con otras normatividades en la materia.
También se aceptó modificar el Artículo 46 para garantizar el derecho de las partes a la información ante la excusa que podrían argumentar los comisionados del Inai ante la solicitud de un dato en particular.
Otro cambio fue al Artículo 99, en el cual se establece que es necesario dar prioridad al principio de la máxima publicidad, por lo que se propone facultar al Inai para desclasificar la información relacionada con violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Rechazan poner 3de3 en Transparencia
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Claudia Salazar y Rolando Herrera
19 de abril de 2016
Cd. de México (19 abril 2016).- El Pleno de la Cámara de Diputados rechazó introducir en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información las disposiciones para obligar a los funcionarios a hacer públicas sus declaraciones 3de3.
Movimiento Ciudadano propuso modificar los artículos 67, 68 y 74 para que desde la legislación de transparencia esté expreso que los diversos sujetos obligados deben hacer públicas sus declaraciones fiscal, de intereses y patrimonial.
“Creemos que un error del Poder Legislativo es ir a destiempo. En esta ley federal deberíamos incorporar, ya de una vez, la agenda de las organizaciones sociales sobre 3de3.
“Que sea una obligación las declaraciones fiscal, de intereses y la patrimonial”, expuso en tribuna el diputado Jorge Álvarez en la discusión de reservas.
En el artículo 67 se obligaría a los diputados y senadores a cumplir con las disposiciones 3de3 y éstas serían públicas.
A su vez, en el artículo 68 se propuso añadir que los servidores públicos reconocidos en Ley Federal de Responsabilidades deberán publicar anualmente en los medios idóneos sus tres declaraciones.
La misma disposición aplicaría, con el artículo 74, para los dirigentes de los partidos políticos.
“Este es el tipo de agenda en que pueden votar a favor o en contra, pero no se lucha contra la causa, sino contra el tiempo. Tarde o temprano será un asunto de mayorías y se aprobará”, advirtió el legislador.
El Pleno rechazó que los artículos reservados se aceptaran a su discusión y con ello se desecharon, por lo que quedarán en sus términos en la votación en lo particular.
En total 31 artículos de la Ley fueron reservados por los diversos grupos parlamentarios, entre ellos Morena y Movimiento Ciudadano.
Estas reservas comenzaron a ser discutidas tras el receso de dos horas -durante las cuales los diputados comieron- declarado luego de la aprobación en lo general.
Fuentes de la Junta de Coordinación Política indicaron que se negociaron posibles cambios y que también se depuraron las reservas.
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Diagnósticos sobre transparencia
Aprueba Cámara ley de transparencia
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Claudia Salazar y Rolando Herrera
19 de abril de 2016
Cd. de México (19 abril 2016).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con una modificación para acelerar el cumplimiento de la norma.
Con 383 a favor, 32 abstenciones y uno en contra, se aprobó la minuta del Senado.
Los diputados están en receso, previo a la discusión de 31 artículos reservados. Los grupos negocian si habrá modificaciones adicionales.
La nueva ley garantiza el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.
A nombre de la Comisión y de los grupos parlamentarios, el diputado de Morena Rogerio Castro presentó una adenda al dictamen, pactada de última hora entre los legisladores, para modificar el cuarto artículo transitorio.
En la modificación se señala que el INAI deberá aprobar en un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor del decreto, los correspondientes lineamientos que regularán la forma, términos y plazos en el que las dependencias federales deberán de cumplir con sus obligaciones de transparencia.
En el mismo plazo se tendrán que presentar los procedimientos de verificación de las obligaciones de transparencia y denuncia por incumplimiento de éstas.
Rogerio Castro, quien preside la Comisión de Transparencia en la Cámara baja, expuso en tribuna que con la expedición de la nueva ley federal de transparencia se cerrará una etapa en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, pues están pendientes otras leyes que debe emitir el Congreso.
“Vamos a brindar a la ciudadanía un marco jurídico que permita fortalecer el ejercicio de la transparencia y el acceso a la información en todo el país, no olvidando que para completar este nuevo marco jurídico en materia de transparencia, deberemos legislar también en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y en materia de archivos”, comentó.
Resaltó que los ciudadanos tendrán nuevas herramientas para el acceso a la información, especialmente para garantizar este derecho constitucional.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, José Clemente Castañeda, manifestó que el Congreso tendrá que entrar de lleno en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
“Celebramos el convenio firmado el día de ayer con el INAI para que esta Cámara avance en la ruta de cumplir todas sus obligaciones de transparencia. Pero esperamos, eso sí, que esto venga acompañado del compromiso de asumir los principios del parlamento abierto fundamentalmente para que los grupos parlamentarios no queden excluidos de una serie de obligaciones en la materia”, expresó el legislador.
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Diagnósticos sobre transparencia
Alarga Morena debate sobre transparencia
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Claudia Salazar y Rolando Herrera
19 de abril de 2016
Cd. de México (19 abril 2016).- La Cámara de Diputados discutirá este martes la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en una sesión en la que la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) adelantó su voto en contra y la presentación de 40 reservas.
El objetivo de la nueva legislación es garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.
Esta legislación es parte del paquete de normas que formarán parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
Por acuerdo del resto de los grupos parlamentarios, no se realizarán modificaciones a la minuta enviada por el Senado, a fin de no retrasar por más tiempo la implementación de la nueva ley.
Sin embargo, Morena está inconforme con la negativa a hacer ajustes en el texto de los senadores y ha anunciado que presentará las reservas, aunque sean desechadas.
Se espera que la discusión del dictamen se alargue cerca de cuatro horas por la presentación de las reservas, y, si no hay ningún cambio, se enviará al Ejecutivo federal para su publicación y entrada en vigor.
Una de las primeras reservas de Morena es la propuesta de que entre los sujetos obligados se precisen a las empresas productivas del Estado.
La coordinadora de Morena, Rocío Nahle, afirmó que su bancada no puede apoyar una ley de transparencia “light” o de simulación.
“Morena ha hecho señalamientos importantes sobre la Ley, hoy decimos que no podemos ir a una Ley de Transparencia light o de simulación; el Ejecutivo promovió una Ley de Transparencia, precisamente quien menos quiere que se transparente”, dijo.
Nahle recordó que los 36 diputados de Morena solicitaron conocer el avión presidencial y se negó el permiso.
La diputada consideró una burla del Ejecutivo federal que luego de la negativa expresara que el avión no era ningún “palacete”, porque no tenía alberca.
Nahle expresó que si en verdad se quisiera alcanzar la mayor transparencia posible, se habrían incluido también a las Asociaciones Público Privadas en la nueva legislación.
La nueva ley establece que toda información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada como reservada por razones de interés público y seguridad nacional, o bien confidencial.
El derecho humano de acceso a la información, precisa, comprenderá solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.
También determina que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y actos de corrupción, además, que a ninguna persona se le podrá restringir el derecho de acceso a la información por vías o medios directos o indirectos.
La ley amplía las obligaciones de los sujetos obligados, en el ámbito federal, estableciendo que deberán poner a disposición de la ciudadanía toda la información que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, y deberá mantener actualizada esta información en sus respectivos medios electrónicos.
Estas disposiciones abarcan a todos los servidores públicos, desde el Ejecutivo federal hasta los órganos autónomos constitucionales.
Además, la legislación señala que la generación, publicación y entrega de información deberá ser accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho humano de acceso a la información.
Los sujetos obligados deberán garantizar que la información generada tenga un lenguaje sencillo y procurarán su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.
Van por juicios orales en Ejército
Si la sesión no se prolonga mucho tiempo, la Cámara de Diputados también prevé discutir este martes reformas al Código de Justicia Militar, a fin de transitar al Sistema Penal Acusatorio, que incluye los juicios orales en las Fuerzas Armadas.
Se propone, principalmente, ajustar la estructura orgánica de los operadores del Sistema de Justicia Penal Militar y derogar el procedimiento actual.
Los ajustes a la estructura orgánica implican, entre otras cosas la supresión de los Consejos de Guerra, la creación de Juzgados Militares de Control y Tribunales Militares de Juicio Oral, la transformación de la Procuraduría General de Justicia Militar en Fiscalía General de Justicia y la transformación del Cuerpo en Defensores de Oficio en Defensoría de Oficio Militar.
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