Transparencia y acceso a la información

INAI

Pide INAI aprobar Ley Federal de Transparencia ‘en sus términos’

MVS Noticias

Angélica Melín Campos

19 de abril de 2016

 

La comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente, indicó que de manera “prioritaria”, la normatividad debe aprobarse en los términos que estableció el Senado de la República previamente.

En la víspera de que la Cámara de Diputados apruebe la nueva Ley Federal de Transparencia, la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Ximena Puente, reconoció que en su momento, ese organismo planteó una serie de propuestas de ajuste a la norma.

No obstante, en las horas previas a que el tema se discuta en la Tribuna de San Lázaro, la comisionada dijo que la opinión del INAI es que, de manera “prioritaria”, la normatividad debe aprobarse en los términos que estableció el Senado de la República previamente.

Entrevistada en la Cámara de Diputados, donde acudió a firmar un convenio de colaboración entre el INAI y los congresistas, la funcionaria dijo que lo relevante de la norma es garantizar un piso mínimo de transparencia y acceso a la información en el país. “Somos conscientes de la necesidad de lograr consensos, consensos sobre temas muy específicos que van a delimitar la acción ahora en la Ley Federal, y especificar sobre todo algunas obligaciones adicionales que trae esta Ley Federal. Sabemos que son 224 nuevas obligaciones adicionales a la Ley General. En el INAI en su momento, hicimos público un decálogo donde mostramos nuestra consideración, pero ahora estimamos que es prioritario la aprobación de esta ley y esperemos que venga en sus términos”, refrendó.

Puente de la Mora recalcó que en el tema de transparencia, aunado a la Ley Federal de Transparencia, pero para “operar” el Sistema Nacional de Transparencia, se deben aprobar la Ley General de Datos y la Ley General de Archivos.

Enfatizó que entre las nuevas disposiciones, el INAI podrá atraer casos relevantes o especiales en términos de trascendencia pública, así como someter a revisión asuntos a nivel estatal, esto, con el propósito de que se pretenda cerrar el paso a la información a través de las instancias estatales.

Destacó que la Ley Federal en cuestión, contempla la llamada “prueba de daño”, la cual obligará a fundamentar y motivar las razones específicas que llevarán a una autoridad a reservar la información.

Detalló que hasta el momento, solo nueve estados han armonizado sus leyes en transparencia y en vista de que faltan 18 días para que venza el plazo establecido para ello, es necesario hacer un llamado a que se cumpla con la normatividad.

De lo contrario, alertó, habrá inconsistencias en la aplicación de la norma y esto afectará la rendición de cuentas.

En cuanto a las leyes pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción, la comisionada manifestó que se trata de una exigencia social, pues la ciudadanía requiere que los funcionarios que incurran en actos de corrupción sean sancionados.

Al manifestar que el INAI espera “sensibilidad” de los diputados y senadores para avalar las normas a tiempo, esto, pese a que el tiempo del periodo ordinario en el Congreso de la Unión se está agotando, la titular del organismo autónomo manifestó que este trabaja en conjunto con gobiernos estatales para homologar normas y poner el “piso parejo” en todo el país.

 

 

Transparencia

INAI

ISSSTE debe dar a conocer información de pagos a pensionados: INAI

Quadratín Jalisco

Redacción

19 de abril de 2016

 

GUADALAJARA, Jal., 19 de abril de 2016.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) deberá dar a conocer montos pagados por pensiones en el país, entre el 2000 y 2015, desglosados por año, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), informó el propio INAI a través de un comunicado. Además, deberá informar el número de trabajadores pensionados de forma acumulada y los que se pensionaron, por año, para ese mismo periodo, de 2000 a 2015. De igual forma, deberá entregar dichas cifras, generadas en la Delegación del ISSSTE en el Estado de México, en ese mismo ciclo. Finalmente, deberá informar el número de trabajadores pensionados acumulados, a nivel nacional, al 31 de diciembre de 1999. Al presentar ante el Pleno el asunto, el comisionado ponente, Oscar Guerra Ford, destacó la relevancia del tema, al recordar que la Ley General de Transparencia dispone en el rubro de obligaciones comunes, la publicación del listado de pensionados que tiene cada una de las instituciones. “Será una obligación para la Corte, será una obligación para el Banco de México, que tendrán que estar ahora en forma pública, nombres, montos y frecuencias de pago de las Pensiones. Un asunto que será muy interesante, será el pago de pensiones de los ex presidentes del país, así como también lo referido a los pensionados de Pemex”, expuso. En respuesta a un particular que solicitó esos datos, el sujeto obligado, a través de su Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, entregó los siguientes archivos:   1.- Archivo Excel “1) 2000al2015_todos” 2.- Archivo Excel Reporte_pensiones_otorgadas_SAO. 3.- Archivo Excel Directos2000_2015. 4.- A archivo Excel Reporte_pensiones_otorgadas_SAO. 5.- Archivo Excel 2000al2015_edo_mexico. 6.- Archivo Excel reporte_pensiones_otorgadas_SAO_edomex. 7-. Archivo Excel Directos2000_2015_edo_mex. Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que los archivos entregados, no son claros y no señalan con precisión a qué corresponde la información. En alegatos, el ISSSTE reiteró la respuesta y relacionó cada uno de los cuestionamientos con la información proporcionada. El ISSSTE dijo haber cumplido con su obligación de acceso a la información mediante Infomex. En el análisis del caso, la ponencia del comisionado Oscar Guerra Ford indicó que la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, a través de la Subdirección de Pensiones, es la unidad administrativa competente para atender la solicitud de acceso, ya que controla el tema de la concesión de pensiones y administra la información del sistema del pago de éstas. Se expuso que, si bien, el sujeto obligado sí indicó a qué pregunta correspondía cada archivo enviado, los datos contenidos no son suficientes para comprender la información, ya que no realizó especificación para interpretarlos. Explicó que al dar lectura a los rubros contenidos en las tablas de los archivos, no fue posible desprender de qué modo se atiende lo solicitado ya que, en principio, hace alusión a montos de “percepciones” sin que se pueda tener certeza de que ello es lo equivalente a informar sobre egresos por pensiones y, por otra parte, contiene una columna denominada “líquido”, sin que sea posible comprender a qué se refiere. Se apuntó que se advierten inconsistencias de la lectura literal de los datos, toda vez que la cantidad de personas que se pensionaron en cada año, es mayor al número de pensionados acumulado que se tenía con corte al mismo año. Se puso como ejemplo que en el caso del 2001, el sujeto obligado informó que se pensionaron 310 mil 889 personas; sin embargo, al consultar el dato sobre el número de pensionados acumulado registrados con corte al mismo año, este último es menor, con 148 mil 64. Incluso, acotó, el número de personas que se pensionaron en 2001 es mayor al número acumulado de pensionados que se registran en el 2002. Por lo tanto, la información no brinda certeza jurídica y la falta de elementos impide dar una lectura comprensible de ésta, lo que genera incertidumbre en torno a si el dato reportado en la tabla corresponde exactamente al número de personas pensionadas en cada año reportado, o bien, se trata de cifras acumuladas que requieren de una operación aritmética para desprender el número que corresponde a cada año. Por lo anterior, a propuesta del comisionado Oscar Guerra, el Pleno del INAI revocó la respuesta del ISSSTE y le instruyó a que entregue al particular la información con los datos y elementos necesarios que permitan comprender los datos proporcionados, así como la forma en que atiende cada contenido de la solicitud de acceso, ya referidos.

 

 

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Diagnósticos sobre transparencia

Ofrece Cámara cumplir con transparencia

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Rolando Herrera y Claudia Salazar

18 de abril de 2016

 

Cd. de México (18 abril 2016).- Al suscribir un convenio con el INAI y a tres semanas de que la Ley General de Transparencia cobre vigencia en el País, la Cámara de Diputados aseguró que está lista para cumplir con todas las obligaciones que se le imponen en la materia, incluido transparentar los recursos que se entregan a cada bancada.

Las dos máximas autoridades de la Cámara, el Presidente de la Mesa Directiva, Jesús Zambrano, y el de la Junta de Coordinación Política, César Camacho, aseguraron que a partir del 6 de mayo toda la información estará disponible en línea a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) que administra el INAI.

Camacho mencionó que la Cámara ya elaboró su reglamento de transparencia y los lineamientos para la clasificación y desclasificación de archivos, y que sólo están a la espera de la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que probablemente ocurra mañana, para darlos a conocer.

“(Hay que) hacerlo no solo por el cumplimiento de un mandato jurídico, sino porque esa es una decisión colectiva, porque hay que cumplir con la ley y porque hay que rendir cuentas y porque hay que transparentar y por ser proactivos en el combate a la corrupción”, expresó.

El convenio firmado, sostuvo Zambrano, reafirma el compromiso que la Cámara de Diputados ha tenido con el Instituto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), con quien ya había venido trabajando en temas como capacitación y la PNT, la cual fue instalada el viernes.

La comisionada Areli Cano consideró que la Cámara de Diputados puede aprovechar este momento para hacerse más transparente, no sólo por lo que hace al manejo de los recursos públicos, sino también a la manera en la que toma sus decisiones como órgano político y del Estado.

“En correspondencia a la inclinación de la sociedad por conocer el quehacer legislativo, la Cámara de Diputados tiene la oportunidad de ir más allá del acceso a la información que documente sus actividades para transitar a la apertura de su función sustantiva por antonomasia, esto es, que las personas conozcan la forma cómo se negocia, se constituyen consensos y se toman las decisiones, que son los elementos centrales del ejercicio legislativo”, expresó.

 

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Diagnósticos sobre transparencia

Lanzan Ley 3de3 ‘plus’ en Senado

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Claudia Guerrero

18 de abril de 2016

 

Cd. de México (18 abril 2016).- Con el respaldo de la sociedad civil, las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado lanzaron este lunes la iniciativa Ley 3de3 plus, que endurece las disposiciones para castigar la corrupción de funcionarios públicos y particulares.

En conferencia conjunta, los legisladores de Oposición anunciaron los detalles de la propuesta “recargada”, en la que se contemplan como acto de corrupción “los moches” gestionados por diputados o senadores.

El perredista Zoé Robledo explicó que la iniciativa fue fortalecida con siete adiciones, previamente consensuadas con los impulsores de la Ley 3de3.

“Le hemos llamado Ley 3de3 plus, para clarificar que es la misma pero con algo de ADN de las bancadas, es como recargada o reloaded”, dijo.

Robledo detalló que se añadieron cuatro obligaciones específicas para los funcionarios que prestan servicio de atención ciudadana e incurren en actos de corrupción.

También se incluyó un nuevo tipo administrativo de responsabilidad expresa para legisladores.

“Estamos fortaleciendo la parte del combate a los moches”, expresó.

Entre las adiciones se contempla la obligación para que servidores públicos de mayor nivel jerárquico no puedan instruir a sus subordinados a cometer actos de corrupción a través de acciones y omisiones.

“Si un servidor público intenta cometer el acto a través de sus subalternos eso ya corresponderá también a una obligación que puede considerarse después un acto de corrupción”, explicó.

La nueva propuesta contempla una reglamentación específica sobre los procedimientos a seguir en caso de existir un conflicto de interés y agrega que para la investigación de actos de corrupción no tendrá validez el secreto bursátil o financiero.

En la redacción adicionada se detallan los datos que debe contener una declaración de interés, basados en los criterios que se aplican desde hace más de un año en la iniciativa “Legislador transparente”.

También se plantea que cuando el Tribunal de Justicia Administrativa desahogue un proceso de responsabilidades administrativas derivadas de corrupción, podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión de pago a los particulares vinculados en el caso hasta que concluya el juicio.

El Tribunal quedará facultado para definir la cuantía de la sanción.

 

 

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Diagnósticos sobre transparencia

Advierten polémica en análisis de 3de3

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Claudia Guerrero

18 de abril de 2016

 

Cd. de México (18 abril 2016).- Los ciudadanos que impulsan la aprobación de la iniciativa de Ley 3de3 en el Senado aseguraron que el debate de las reformas contra la corrupción podrían concentrarse en siete temas.

En entrevista, el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, adelantó que esperan discutir con los legisladores la tipificación de las faltas administrativas, en el marco del régimen de responsabilidades de funcionarios y particulares.

Explicó que otro tema en el que podría generarse debate es el relacionado con el papel de los órganos internos de control de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la creación de auténticas unidades de la investigación de esa dependencia y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La participación de los ciudadanos en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción también es motivo de polémica, ya que mientras la Oposición pretende colocarlos al frente del Comité Coordinador, el PRI busca una presidencia rotativa.

Según Bohórquez, tampoco existe consenso sobre las funciones que tendrá el secretariado técnico o ejecutivo del Sistema, así como la integración y funciones del Tribunal de Justicia Administrativa.

Los ciudadanos prevén que el debate también se concentre en la autonomía, diseño y facultades de la Fiscalía Anticorrupción, además de la responsabilidad del sector privado en actos de corrupción.

En este último tema, el director de Transparencia Mexicana adelantó que ven con agrado la propuesta de algunos senadores del PAN para que los particulares que participan en contrataciones u operaciones con recursos públicos también estén obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y de intereses.

“Creo que es una buena idea. Aquellos que participen de una licitación pública o estén en contacto con el sector público deben hacer públicos sus intereses”, afirmó.

“Además, cuando participen en actos de corrupción deben ser sancionados ‘en espejo’ servidores públicos y particulares”.

El activista sostuvo que el principio básico de un sistema que busca desmantelar redes de corrupción implica sancionar funcionarios, empresas, abogados, contadores, financieros y todos los que participen directa o indirectamente de un acto ilegal.

El frente legislativo

Tras reprochar el silencio del PRI ante las propuestas de combate a la corrupción, senadores del PAN, PRD y ciudadanos acordaron ir juntos en el debate técnico de la reforma que inicia este lunes.

Durante el fin de semana, legisladores y representantes de la sociedad civil unificaron la redacción de documentos para dar la pelea ante las posiciones del tricolor.

“Es un día clave para la reforma contra la corrupción. Llevaremos una postura única frente al PRI”, aseguró el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes.

Los coordinadores del PAN, Fernando Herrera, y del PRD, Miguel Barbosa, exigieron trabajar en la construcción de una reforma a fondo y adelantaron que hoy anunciarán los temas irreductibles a los que condicionarán su voto.

 

 

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Diagnósticos sobre transparencia

Obliga PRI-Aguascalientes a sacar 3de3

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Jorge Escalante/Corresponsal

18 de abril de 2016

 

Aguascalientes, México (18 abril 2016).- El Partido Revolucionario Institucional obligará a sus 11 candidatos a presidencias municipales y 22 aspirantes a diputaciones locales, 18 electos por mayoría relativa, a presentar su declaración 3de3.

Norma Esparza Herrera, dirigente estatal del partido, anunció esta tarde que los aspirantes deberán dar a conocer sus bienes patrimoniales, así como su declaración fiscal y de conflicto de intereses.

En el arranque de la campaña electoral de cinco candidatos a Alcaldes y 18 aspirantes a diputados locales por el principio de mayoría relativa, la dirigente mencionó que se les proporcionó tiempo a los abanderados para cumplir con este requisito del Partido.

“Tendrán que presentar su declaración cada uno de nuestros candidatos, en su momento lo daremos a conocer ya que es un trámite algo complicado, no está fácil de decir hoy lo programamos y lo subimos a esa página (3de3), es complicado, ya que la página no es institucional y no esta oficializada pero habrá que presentarse en su momento”, señaló.

Los candidatos estuvieron acompañados de la aspirante a la Gubernatura Lorena Martínez quien ya hizo público su declaración 3de3.

La abanderada de la alianza PRI-PVEM-Panal-PT al Gobierno del Estado anunció que el próximo jueves presentará sus propuestas de Gobierno en un evento que se realizará en la ciudad de Aguascalientes y donde se prevé la visita del dirigente nacional Manlio Fabio Beltrones.

“Hay coincidencias (con el PVEM, Panal y PT que integran la alianza) en temas de educación, en temas de empleo, en tema de ingresos, en tema de seguridad y crecimiento económico”, mencionó.

 

 

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Diagnósticos sobre transparencia

Desairan PRI y PVEM análisis de Ley 3de3

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Claudia Guerrero

18 de abril de 2016

 

Cd. de México (18 abril 2016).- Senadores del PRI y PVEM dejaron plantados a ciudadanos y legisladores de Oposición en la primera reunión del grupo técnico para analizar la iniciativa Ley 3de3, en el marco de las reformas para combatir la corrupción.

Aunque habían acordado reunirse a partir de las 10:00 horas, al piso 14 de la torre de comisiones sólo se presentaron senadores del PAN, del PRD e independientes, así como representantes de la sociedad civil.

El perredista Armando Ríos Piter, la panista Marcela Torres y la independiente Martha Tagle criticaron y reprocharon el vacío que hicieron los senadores priistas y del verde, quienes sólo enviaron a los secretarios técnicos de las comisiones y a algunos de sus asesores.

“Esto es una falta de respeto y una pérdida de tiempo, al PRI le vale gorro”, soltó Ríos Piter, quien pidió cancelar la sesión ante la falta de legisladores del tricolor y el verde para poder debatir las propuestas.

Luego de varias horas de discusión y polémica entre senadores y secretarios técnicos, los legisladores presentes decidieron dar por terminado el encuentro.

“PAN, PRD y los ciudadanos estamos de acuerdo con todo el contenido de la Ley 3de3 ¿hay alguien que no esté de acuerdo? ¿no? Pues bueno, como no hay nadie que se oponga, el resultado de esta primera reunión técnica es que el consenso es la Ley 3de3”, afirmó Torres Peimbert.

Los ciudadanos presentes en la reunión expresaron su extrañeza ante la ausencia del PRI y el PVEM, ya que la intención del encuentro era debatir el contenido de la que será la nueva Ley de Responsabilidades.

“Acudimos con absoluto respeto al acuerdo de las comisiones unidas, están los especialistas en los temas, estamos extrañados de que hayan estado ausentes el Partido Verde y el PRI, que no tuvo salvo la presencia de un asesor”, expresó Eduardo Bohórquez.

“Estamos en la mejor disposición de participar en los ejercicio del Congreso bajo el método de parlamento abierto y al día de hoy esas reglas no se cumplieron y fue imposible avanzar después de cuatro horas de trabajo.

Acompañado de algunos de los integrantes que impulsan la Ley 3de3, el especialista se dijo sorprendido por lo ocurrido y lamentó que se haya perdido un día de trabajo a pesar de que falta poco para que concluya el periodo ordinario de sesiones.

Al final, el senador del PRD, Zoé Robledo, entregó a la secretaría técnica de la Comisión Anticorrupción las adiciones acordadas para la Ley 3de3 “plus”, en la que se incrementan las responsabilidades de funcionarios y legisladores.

El acuerdo firmado por los presidentes de las comisiones dictaminadoras establecía que, además de los asesores, estarían presentes los senadores.

 

 

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Diagnósticos sobre transparencia

Desdén de priistas impulsa Ley 3de3

Excélsior

Leticia Robles Rosa

19 de abril de 2016

 

Con la ausencia del PRI, cuatro senadores aprobaron que la iniciativa 3de3 se convierta en la primera ley secundaria de la reforma anticorrupción, incluida la disposición para que una autoridad administrativa, sin mediar petición ministerial y orden del juez, intervenga llamadas telefónicas de quien sospeche sea corrupto.

De igual forma, esta iniciativa detalla lo que deberá entenderse por conflicto de intereses y convierte a las esposas, hijos y cualquier consanguíneo hasta cuarto grado en sujetos de ley para que no puedan recibir préstamos, créditos favorables de bancos, constructoras o cualquier otra financiera, para la compra de casas o terrenos. Menciona específicamente a los diputados federales y locales como corruptos si exigen el pago de moches a alguna institución a la cual le otorguen partidas presupuestales.

Ayer estaba citada la primera mesa de trabajo para generar el diseño de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, acordada desde la semana pasada, para que participaran legisladores de todos los partidos, secretarios técnicos de las comisiones e integrantes de la sociedad civil.

Sin embargo, no llegó ninguno de los senadores del PRI, que son minoría en estas comisiones unidas. A la cita sólo acudieron los perredistas Armando Ríos Piter y Zoé Robledo, así como la panista Marcela Torres y la única senadora por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle; por unos momentos estuvo la panista Laura Rojas, pero no se quedó a la discusión.

También asistieron diez integrantes de las organizaciones sociales que impulsaron la iniciativa Ley 3de3.

Como el PAN, PRD y los ciudadanos ya se habían puesto de acuerdo para que la 3de3 se convirtiera en su propuesta consensuada, y a la cual le hicieron algunos cambios para precisar disposiciones, no hubo nadie que pudiera hacer contrapeso a esa posición.

Aunque en un primer momento los senadores pidieron que los secretarios técnicos hicieran esos contrapesos, Haskel Rivera, de Anticorrupción; Aarón Mestache, de Estudios Legislativos Segunda; y Publio Rivera, de la Comisión de Gobernación, que tiene la calidad de opinión en este proceso, explicaron que ellos no pueden validar ningún documento ni argumentar en nombre de algún partido político en especial, porque representan la pluralidad de las comisiones.

El secretario técnico de la Comisión de Justicia, Luis Felipe Nava, no acudió a la reunión.

Así, a instancias de la panista Marcela Torres y el perredista Armando Ríos Piter, se decidió que el llamado segundo documento de consenso quede sin validez y la iniciativa 3de3 se convierta en el primer documento consensuado en todos sus términos.

La iniciativa, sin embargo, contiene dos disposiciones polémicas. En primer lugar, ésta establece que una autoridad administrativa, como el Tribunal de Justicia Administrativa, pueda ordenar la intervención telefónica, sin mediar ni petición ministerial ni orden judicial, contrario a lo que dispone la Constitución, la cual señala que sólo un juez puede ordenar la escucha telefónica, a petición de un ministerio público.

También podrá ordenar, sin que medie orden judicial, “visitas” a los domicilios de los burócratas de quienes sospeche incurren en actos de corrupción.

La iniciativa pasa al pleno de comisiones unidas, para su votación y eventual ratificación, y después irá al pleno del Senado.

 

IP pide sacar iniciativa en extraordinario

El sector privado mexicano, a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), consideró necesario un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, con el objetivo de no retrasar más la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción, la reestructuración del sistema policiaco nacional; las reformas para dar certeza jurídica a las fuerzas armadas y la aprobación de la Ley de Unidad de Medida y Actualización para definir una política salarial de largo plazo.

Juan Pablo Castañón, presidente de la cúpula privada, aseguró que de posponer las asignaturas pendientes, en adelante se presentarán escollos que volverán difícil su consecución, como el ambiente polarizado en torno a las elecciones del 5 de junio, y por la preponderancia que tomará, en el periodo de sesiones que iniciará en septiembre, la discusión de la Ley de Ingresos y el presupuesto federal para 2017.

Destacó que aunque se logró avanzar en la legislación secundaria sobre transparencia y acceso a la información pública, subsiste el reto de consolidar el andamiaje jurídico del Sistema Anticorrupción.

 

 

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Senadores de PRI y PVEM dejan ‘plantados’ a ONG en ‘Ley3de3′

Publimetro

La silla rota

18 de abril de 2016

 

Senadores  del PRI y del PVEM dejaron “plantados” a los representantes de las organizaciones civiles que promueven en el Congreso el debate de las nuevas leyes en materia de corrupción.

Las organizaciones civiles como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana, quienes promueven de la aprobación de la iniciativa #Ley3de3, fueron citados al Senado de la Repúblicas a las 10:00 horas de este lunes para iniciar con el debate, artículo por artículo, de este entramado de nuevas leyes que podrán funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción, pero al salón sólo llegaron empleados y secretarios técnicos de priístas y el Verde.

Al salón solamente asistieron, además de los representantes de las organizaciones civiles,  legisladores panistas, perredistas y la senadora independiente, Martha Tagle.

“Al  PRI le valió gorro y no tiene ningún sentido estar aquí, porque no hay que con quien discutir los temas”, dijo en tono molesto el senador del PRD, Armando Ríos Piter, quien fue apoyado por sus compañeros Marcela Torres (PAN) y Zoé Robledo.

Los secretarios técnicos, representantes de priístas y panistas, intentaron llevar las riendas del debate, pero fueron rebasados por senadores presentes quienes terminaron imponiéndose.

Al ver este “vacío”, los senadores panistas y perredistas buscaron alternativas, como salirse del salón, pero al final lograron imponer un solo acuerdo: incorporar al discusión la iniciativa #Ley3de3 Plus, propuesta que fue presentada unas horas antes.

Al concluir la reunión, integrantes de las organizaciones civiles abandonaron el salón con extrañeza de lo sucedido y adelantaron que seguirán en la disposición de seguir en las discusiones.

El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, dijo que se van extrañados de lo sucedido en el Senado y que esperan llegar a construir, junto con los legisladores, un paquete de leyes anticorrupción que permita combatir eficazmente este delito.

“Nosotros no tenemos una posición oficial de por qué no estuvieron presentes”, dijo Bohórquez.

Se espera que mañana continúen las mesas de trabajos, pero se desconoce si habrá legislados priístas y del Verde.

 

 

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Diagnósticos sobre transparencia

Entregan al Senado 634 mi firmas para Ley 3 de 3

Publimetro

El informador

06 de abril de 2016

 

Organizaciones civiles, académicos y universidades entregaron al Senado un paquete adicional de 324 mil 677 firmas de mexicanos que respaldan la iniciativa ciudadana “Ley 3 de 3”.

El director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Enrique Cárdenas Sánchez dijo que estas se suman a un primer paquete de 309 mil 476 firmas, para completar un total de 634 mil 143.

Expuso que la reforma busca erradicar un sistema que ha permitido que funcionarios y particulares abusen de la confianza y la autoridad depositada, para desviar recursos públicos de los fines para los que se habían autorizado.

Argumentó que la propuesta “Ley 3 de 3”, es decir, la obligación para que los funcionarios de los tres niveles de gobierno presenten y hagan públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de posible conflicto de intereses, es un pilar del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Como legisladores no pueden postergar o brindarle a la ciudadanía soluciones mediocres, que realicen cambios para que nada cambie”, expuso.

Cárdenas Sánchez alertó a “que dentro de la complejidad de la legislación que se requiere hacer consistente para instituir un eficaz Sistema Nacional Anticorrupción, se escondan rendijas, se dejen agujeros para que se diluya la fuerza que se requiere el sistema”.

El presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, abundó a su vez que las organizaciones de la sociedad civil ya hicieron su trabajo de recolectar las firmas, para mandar un mensaje claro a la política de que se quiere avanzar en la construcción del sistema anticorrupción.

“Ahora nos toca a nosotros, desde el Senado de la República, conseguir las otras firmas, las firmas de los votos, los votos en comisiones y los votos en el pleno del Senado, para que estas iniciativas se conviertan en ley”, manifestó.

Que “podamos transformar la realidad hacia un sistema político, un sistema de gobierno que responda a los principios de la integridad, de la honestidad, de la eficacia y de la eficiencia, sin duda, pero sobre todo la confianza que nos debemos a los ciudadanos”, añadió.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) subrayó que el compromiso del Senado es avanzar en este periodo ordinario de sesiones, que concluye el último día de abril, respecto al Sistema Nacional Anticorrupción.

Hay tiempo suficiente para ello y voluntad política de los distintos grupos parlamentarios de la República, agregó el servidor público.

 

 

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Pide COPARMEX 3de3 a funcionarios

La Crónica de Hoy Jalisco

Ricardo Gómez

19 de abril de 2016

 

Que presenten su 3de3 funcionarios del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, fue el llamado de José Medina Mora, delegado en el Estado de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
Medina Mora pidió a quienes se desempeñan en un cargo público a que presenten su declaración 3de3, como ejemplo nombró la reciente incorporación del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, a este esquema de transparencia.
“Estamos todavía esperando que lo haga el resto de su gabinete. El camino de la transparencia tiene que seguir hacia que el Poder Legislativo y Judicial lo hagan. Transparencia y rendición de cuentas, realmente lo que queremos los ciudadanos. Que cualquier recurso que venga de gobierno (…) todos tendríamos acceso a saber cuál fue el uso de ese recurso”, expresó.
Transparentarán dinero público que ingrese a sector privado
El dinero público que ingrese a organismos privados estará sujeto a revisión y escrutinio con el convenio de colaboración en transparencia entre las cúpulas empresariales y el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco (ITEI), que fue firmado para garantizar el acceso a la información sobre su destino.
La titular del ITEI, Cynthia Cantero Pacheco, explicó que es una firma de voluntades para que publiquen las cinco cúpulas empresariales la información sobre los recursos que reciben del Estado y el uso que tendrán.
“Abona sustantivamente porque es cerrar la pinza del recurso público, porque ya de origen salió por parte de una autoridad pública, ya sea del Gobierno del Estado y de los municipios, y que a su vez tienen la obligación de publicarlo (…) Se comprometen a publicarlo y cualquier persona podrá buscar la información en los portales o solicitar al ITEI”, explicó Cantero Pacheco.
El convenio de colaboración se realizó entre el ITEI con la Cámara de Comercio de Guadalajara (CANACO), dirigida por Fernando Topete Dávila; el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), en cabezada por Daniel Curiel Rodríguez; y el mismo Medina Mora.

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PAN y PRD en el Senado fortalecerán iniciativa #3de3

MVS Noticias

Óscar Palacios Castañeda

18 de abril de 2016

 

En conferencia de prensa, el senador por el PRD, Zoé Robledo Aburto, señaló que los cambios contemplan una serie de obligaciones específicas para los funcionarios públicos que presten servicios de atención ciudadana.

Las bancadas del PAN y PRD en el Senado, junto con organizaciones de la sociedad civil, anunciaron que fortalecerán la iniciativa de Ley Tres de Tres, con una serie de añadidos que permitirán tener una propuesta “recargada”.

En conferencia de prensa, el senador por el PRD, Zoé Robledo Aburto, señaló que los cambios contemplan una serie de obligaciones específicas para los funcionarios públicos que presten servicios de atención ciudadana.

Detalló que, de igual forma, la ahora llamada “Ley Tres de Tres Plus” incluye el procedimiento a seguir en casos de conflicto de interés, además de que establece la apertura del secreto bursátil y financiero, así como el marco de responsabilidad para castigar los llamados “moches”.

En tanto, la senadora por el PAN, Marcela Torres Peimbert, destacó que con estas mejoras se busca poner nombre y apellido a cada una de las conductas ligadas a actos de corrupción en nuestro país.

Por su parte, el también senador panista, Juan Carlos Romero Hicks, señaló que ambas bancadas acordaron impulsar, de manera conjunta, una propuesta común sobre las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.

Advirtió que PAN y PRD van por el paquete completo, por lo que, dijo, no aceptarán que se busque conciliar sólo una de las partes.

 

 

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Les vale la #3de3 – La histórica disculpa militar

El Universal

Karla D’Artigues

19 de abril de 2016

 

Me preocupan mucho los senadores del PRI y del Partido Verde que ayer no se aparecieron para la discusión de la Ley 3de3 (o de Responsabilidades para el Sistema Nacional Anticorrupción). De plano ni fueron.

¿Sufrieron una abducción por aliens de un planeta lejano en el que la corrupción es un tema permitido y aplaudido? Si no es así, ¿qué les pasó? Francamente, no puedo pensar un lugar más importante en el que debieron haber estado y bien raro: ninguno fue de ese partido… o partidos. Bien raro.

Ni Pablo Escudero, del Verde, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, ni Cristina Díaz, Enrique Burgos, Ivonne Álvarez, Raúl Cervantes ni Jesús Casillas, quienes participaron en la reunión de la semana pasada.

Tampoco asistieron Fernando Yunes y Alejandro Encinas, presidentes de las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, respectivamente.

Sí fueron Marcela Torres Peimbert y Juan Carlos Romero Hicks, del PAN; Martha Tagle, independiente, Zoé Robledo y Armando Ríos Piter, del PRD.

¿No que muy comprometidos con el método de Parlamento Abierto, con discutir de cara a la ciudadanía esta importantísima ley? ¿Por qué sólo mandaron a los secretarios técnicos a que apuntaran y a algunos de sus asesores? Y es más: asesores como el de Cervantes, quien dijo que no podía ni hablar porque no le habían dado “instrucciones” (¡de un compromiso notable!).

Insisto: sólo que hayan sido llevados a otro planeta. Si no, es imperdonable. Aunque Pablo Escudero haya dicho ayer en Twitter que era una reunión más bien técnica, él y los otros presidentes de comisiones están revisando siete leyes.

Los otros senadores sí trabajaron. Llegaron al consenso de que va la Ley 3de3 (apoyada por más de 600 mil firmas de ciudadanos). Incluso aumentaron responsabilidades a funcionarios y legisladores.

Lo cierto es que es la primera vez que pasa en la historia del Ejército. Vaya, ¡ni con 1968! Este fin de semana el general secretario Salvador Cienfuegos ofreció una disculpa a la sociedad y condenó violaciones a los derechos humanos. No sólo eso, sino que, en el tristemente célebre Campo Militar Número 1, lo dijo ante al menos 30 mil soldados y lo transmitió a toda la República. Su mensaje fue clarísimo.

¿Que lo hace después de que conocimos un video indignante —sucedido en enero de 2015— en el que se ve a integrantes del Ejército y también de la Policía Federal torturando a una mujer? Sí. Pero, ¿preferiría que no hubiera un reconocimiento del error y un claro llamado, una verdadera lectura de cartilla, de que esto no se debe hacer?

Que no basta, eso he escuchado mucho decir. Sin duda no. Pero qué bueno que ofreció la disculpa; me parece una estupenda señal.

Por lo menos los integrantes del Ejército, un hombre y una mujer, ya estaban en proceso por esta clara violación a derechos humanos. No pasó así con la integrante de la Policía Federal: apenas fue cesada el jueves pasado. Además, ayer Enrique Galindo Ceballos anunció que son tres, y no un elemento de esa corporación, los que participaron en la tortura. Ya los suspendieron a los tres.

Cienfuegos dijo que es un caso imperdonable, aunque “aislado”. Y aquí es donde habrá que analizar que… quizá no tanto.

De acuerdo con cifras de la propia Sedena, en los últimos nueve años, mil 273 elementos han sido puestos a disposición de autoridades federales por la comisión de delitos contra ciudadanos. En la PGR hay 558 casos por acusaciones como tortura, homicidio y desaparición forzada.

Las autoridades militares han delegado a la PGR 229 expedientes de militares acusados de tortura cometida entre 2007 y 2015: unos 28.63 por año. “Aislado” lo que se dice aislado… mmm. Que no corresponde a la enorme mayoría de los soldados que además están haciendo tareas que no les corresponden, sin duda. Pero casi 29 por año no es poco.

Quizás es tiempo de releer el informe del relator especial sobre Tortura, Juan Méndez. Ése al que todos en el gobierno federal combatieron por atreverse a decir que la tortura era una práctica “generalizada”. Y tomar acciones claras para darle la vuelta.

Ayer escuchaba el radio cuando de pronto entró un spot de Nueva Alianza que casi hace que me caiga de espaldas. Un mensaje en el que le mandan un mensaje al (sí, impresentable) de Donald Trump. Dice así:

–En Nueva Alianza estamos cansados de que hablen mal de México y de los mexicanos. Porque tenemos la capacidad de trabajar, de ser honestos y sobresalir en cualquier lugar del mundo. Por eso, a nombre de todos los mexicanos que viven en Estados Unidos queremos dedicarle este mensaje turquesa a Donald Trump… Eeeeeeeeehhhhhhh… (una voz en off apunta: “Que te traduzcan el resto, a México se le respeta”).

Claro que todo mexicano sabemos a lo que se refiere. Es el grito de los estadios que Conapred y la Federación Mexicana de Fútbol han intentado erradicar. Ese que busca minar al contrario llamándolo “Puto”, aunque en otros anuncios ya cambiaron la palabra por “Votaaaa”.

¿En serio es este el mensaje que quieren hacer llegar un partido en gran parte formado por maestros de este país? ¿El de la homofobia y la discriminación?

Sonamos, diría Mafalda.

Hoy martes, en Nueva York inicia la Asamblea Especial de Naciones Unidas sobre las Drogas, (Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem: UNGASS).

¿Qué rol tendrá México? De acuerdo la Presidencia de la República, el Presidente Enrique Peña Nieto sí asistirá a este debate mundial sobre drogas (había dicho que no pero rectificó: qué bueno).Hoy martes será el segundo orador.

El jueves 21, en la Ciudad de México dará a conocer las conclusiones de los foros convocados por la secretaría de Gobernación sobre la posible despenalización de la mariguana y la postura del gobierno.

¿Qué otras actividades tendrá la delegación mexicana? El miércoles 20, se realiza la conferencia “Lograr Sociedades inclusivas, pacíficas y equitativas: el camino a seguir para la política de drogas”, convocada por nuestro gobierno.

Junto con los gobiernos de República Checa, Suiza, Uruguay, Jamaica, y la Comisión Global de Políticas de Drogas, convocaron a la conferencia “El Sistema de Control de Drogas y el Programa Global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

En medio de una de las peores crisis de la izquierda en el continente americano, la continuidad de Dilma Rousseff al frente del gobierno de Brasil pende de un hilo. El domingo pasado, la Cámara de Diputados dio entrada con 367 votos a favor y 137 en contra del famoso impeachment o desafuero. Ahora tocará votarlo al Senado.

¿Qué pasará aquí? Si una mayoría simple, 41 de los 81 senadores, vota a favor del juicio contra de la mandataria, entraría en funciones el vicepresidente Michel Temer. Pero si el voto es de 54 o más, mayoría calificada, Dilma será destituida y el vicepresidente termina el periodo de gobierno.

En Venezuela, este martes 19, Nicolás Maduro cumple 3 años como presidente. Llega a esta fecha con un futuro incierto: la oposición le arrebató la mayoría en el Congreso en las elecciones de diciembre pasado, y producto de ello, la coalición Mesa de la Unidad Democrática, MUD, anuncia que presentará a la Asamblea Nacional ni más ni menos que una iniciativa de reformas para que Maduro no gobierne los seis años para los que fue electo, que finaliza en el 2019 y poder reelegirse. Ojo, también está en trámite una solicitud para que el Consejo Nacional Electoral convoque este año a un plebiscito revocatorio de su mandato

Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal pueden estar tranquilos. Ayer 4 de los 6 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidieron darle un poco de aire a MORENA. Echaron para atrás la decisión del Instituto Nacional Electoral de retirarles el registro a David Monreal y y Guillermo Favela como candidatos de ese partido a las gubernaturas de Zacatecas y Durango, respectivamente.

El INE consideró que no habían presentado el informe de gastos de precampaña. Ante esta situación, los magistrados del TEPJF consideraron que la sanción debía ser de carácter administrativo y no retirándoles el registro.

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Diagnósticos sobre transparencia

Presentan 3 de 3 con más obligaciones en el Senado

El Universal

Sin autor

19 de abril de 2016

 

Abrir el secreto búrsatil y crear marco de responsabilidades, entre las propuestas; PAN, PRD y ONG plantean incluir nuevas medidas para evitar los ‘moches’

Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República, así como organizaciones de la sociedad civil presentaron una nueva versión de la iniciativa de Ley 3 de 3 con el objetivo de fortalecerla.

Entre las modificaciones están la apertura del secreto bursátil y financiero, para investigar los actos de corrupción, y un marco de responsabilidad a fin de castigar a los legisladores que fomenten los moches.

Como parte de la iniciativa de Ley 3 de 3 plus se prevén también obligaciones específicas para los funcionarios públicos que presten servicios de atención ciudadana y lleven a cabo actos de corrupción.

La nueva propuesta instituye la obligación para que los servidores públicos de mayor nivel jerárquico no puedan insinuar la instrucción a sus subordinados de cometer actos de corrupción, tanto a través de acciones, como por omisiones.

Al respecto, el senador perredista Zoé Robledo Aburto expuso también que la Ley 3 de 3 incluye una nueva reglamentación específica sobre qué procedimiento seguir en caso de existir un conflicto de interés.

Señaló que entre los otros ajustes que tuvo esta iniciativa ciudadana para su mejoramiento, “se incluye un nuevo tipo administrativo de responsabilidad expresa para legisladores, es decir, estamos fortaleciendo la parte del combate a los moches.

“Para la investigación de actos de corrupción, se podrá también trascender el secreto bursátil y financiero”, abundó Robledo Aburto.

A su vez, la senadora panista Marcela Torres Peimbert expuso que esta ley que proponen las bancadas del PAN y del PRD, junto con organizaciones de la sociedad civil, tiene más sustancia que la que presentaron los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM).

Denuncian vacío del PRI-PVEM. Senadores del Partido de la Revolución Democrática señalaron una decisión premeditada del PRI y del PVEM para no asistir a la primera mesa de discusión técnica de la Ley de Responsabilidades, en el marco del proceso de dictaminación de las leyes secundarias en materia de anticorrupción.

En conferencia de prensa, el senador Armando Ríos Piter recordó que existe un acuerdo que señala que la reunión de estos grupos de trabajo sería con senadores y con senadoras.

“Nos extrañó, y así lo queremos señalar, pues que no haya habido presencia de nadie del PRI ni nadie del Verde, entonces esto parece ser que fue una decisión premeditada y que no quisieron estar presentes”, dijo.

Ríos Piter afirmó que esta acción es una falta de respeto a los acuerdos, pero también al cronograma de trabajo que busca que hacia el 30 de abril se tenga una discusión que garantice un dictamen que pueda ser votado en el Senado de la República.

Reiteró que el Partido Acción Nacional y el PRD presentaron documentos comunes para cada una de las leyes que componen el paquete anticorrupción y que en cierto sentido obvian las iniciativas que ya se habían presentado por parte de ambas fracciones.

Dado que los legisladores del PRI se ausentaron, la sociedad civil y los senadores del PRD y PAN acordaron que la Ley 3 de 3, con algunas mejoras, sea el resultado de los trabajos de la mesa que debería llevarse a cabo.

Por parte de la bancada del PRI, se informó que no hubo vacío y señalaron que no acudieron porque el encuentro era sólo para la instalación de los grupos de trabajo, y no para el análisis.

Con información de Notimex

 

 

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Diagnósticos sobre transparencia

#Confidencial: PRI y el Verde dejan plantadas a ONG

Publimetro

#Confidencial

18 de abril de 2016

 

Si alguien ha visto a los senadores del PRI y Verde hay que avisarles que este lunes en la mañana estuvieron esperándolos los miembros de organizaciones civiles, que cambiaron sus agendas laborales para acudir a comisiones a discutir las iniciativas anticorrupción. Resulta que estos legisladores, especialmente Pablo Escudero (PVEM) y Raúl Cervantes (PRI), no asistieron a la reunión, y en su lugar mandaron a empleados y a secretarios técnicos para atender a los invitados, lo que fue aprovechado por panistas y perredistas para irse por la libre e incorporar a la #Ley3de3 más propuestas, a fin de endurecer al casi naciente Sistema Nacional Anticorrupción.

Todo tipo de reacción dejó la resolución del Tribunal Electoral de Poder Judicial (TPJF) al devolverle la candidatura al gobierno de Zacatecas, al integrante de Morena, David Monreal. Los mal pensados explicaron que los magistrados, con asesoría del Gobierno federal, “le midieron” a los pros y contras, pues cancelar en definitiva esta elección era darle “pólvora” al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. La otra lectura es que era mejor dejar que siguiera la campaña, pues creen que no le alcanzaría los votos para recuperar aquella entidad que una vez controló políticamente la familia Monreal.

La Secretaría de la Defensa Nacional no dejó pasar a los padres de los 43 normalistas desaparecidos a las instalaciones del Batallón 27 en Iguala, Guerrero –donde según los familiares de los jóvenes se tiene registro de que ahí estuvo el celular de uno de ellos después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014–, pero sí dejó pasar a una televisora a las instalaciones del Colegio Militar. Este fin de semana se transmitió el programa Master Chef, en su versión infantil, que fue grabado en la plaza del Colegio en la delegación Tlalpan y hasta con militares de fondo.

Los elementos castrenses incluso traían el brazalete del Plan DN-III y estaban formados en filas mientras que los pequeños competían por cocinar mejor.

Dentro del Gobierno capitalino se dijo que había mil 500 automóviles oficiales que podrían darle un aventón a los ciudadanos que así lo quisieran y que se encontraran a los funcionarios en el camino. Sin embargo, no sabían –ni saben– cuántos de estos autos están descompuestos o no están en condiciones de transportar a los capitalinos. Otro problema al que se han enfrentado en algunas dependencias, como en la Consejería Jurídica, es que se les ha retirado las llaves a los funcionarios que tenían a su cargo los autos, a pesar de que con estos se ayudan a trasladar cheques de pago o hasta dinero en efectivo para pagar las quincenas de los trabajadores del Gobierno encabezado por Miguel Ángel Mancera.

 

 

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Diagnósticos sobre transparencia

Diputados discutirán leyes anticorrupción

El Informador

18 de abril de 2016

 

El coordinador de la bancada panista en San Lázaro, Marko Cortés Mendoza, afirmó que esta semana en las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados iniciarán la discusión de las iniciativas que constituirán el sistema nacional anticorrupción.
Ése sistema prevé terminar con la corrupción que prevalece en los sectores público y privado a nivel nacional y federal, castigar hechos de impunidad y promover la transparencia y la rendición de cuentas.
“Esta semana las distintas fuerzas políticas deberán dar muestras de apertura y voluntad para fortalecer la transparencia y crear un sólido sistema nacional anticorrupción, a fin de demostrar que ambas son parte de la prioridad nacional”.
Agregó que es urgente poner al alcance de cualquier persona la posibilidad de interponer una demanda por alguna pérdida que haya sufrido el erario público, sea por fraude, cohecho, peculado, robo u otro delito.
“No podemos permitir que México se siga hundiendo en el mar de la impunidad, ocupamos el lugar 42 de 102 en el Ándice de Gobierno Abierto 2015, teniendo su peor calificación en materia de publicidad de las leyes, información gubernamental y participación social, por ello el PAN impulsará un Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto”, dijo.
Cortés Mendoza destacó el apoyo de su bancada con transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información, y pidió a las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso a mostrar verdadera voluntad política para ir en serio en el combate a la corrupción.
Existen en el país instituciones en las que prevalece la corrupción y la impunidad, dificultando que exista una administración pública profesional, eficiente y perdurable, pues según un estudio de la Universidad de las Américas, México ocupa el segundo lugar en impunidad en el mundo, donde 95% de las denuncias de la ASF contra funcionarios que han desviado recursos no han prosperado y menos de 5% de los funcionarios acusados de corrupción pisan la cárcel.

 

 

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Diagnósticos sobre transparencia

Debe Senado apresurar leyes anticorrupción, ‘no hay pretexto’: Zambrano

MVS Noticias

Angélica Melín Campos

19 de abril de 2016

 

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción debe aprobarse “de inmediato.

En la Cámara de Diputados, los legisladores firmaron un convenio de colaboración con el  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a fin de que el Congreso de la Unión, como uno más de los entes obligados a transparentar el uso de recursos públicos, cumpla ese propósito.

En ese marco, la comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente, subrayó que las leyes en materia de transparencia que se procesan en el Congreso y los acuerdos de colaboración permitirán a las instituciones recuperar la confianza de la sociedad.

Al respecto, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, Jesús Zambrano, enfatizó que a mayor transparencia, será más efectivo el combate a la corrupción.

Aprovechó para recalcar que el Sistema Nacional Anticorrupción debe aprobarse “de inmediato. No puede haber pretexto”, y quienes no quieran avanzar en ese sentido deberán rendir cuentas ante la sociedad.

“El Sistema Nacional Anticorrupción debe ser aprobado ya, no puede haber pretexto para no aprobarlo de inmediato. En lo personal, hago votos muy respetuosos para que la colegisladora, resuelva a la brevedad los diferentes puntos de vista existentes y entendibles al respecto. Y que quienes no quieren avanzar en hacer realidad el combate a la corrupción, que terminen explicándoselo a la gente, a la sociedad”, sentenció Zambrano Grijalva.

Indicó que con las nuevas disposiciones sobre transparencia en el Congreso, los diputados y senadores estarán obligados a decir cuánto y cómo se gasta cada peso y centavo que llegue a sus manos.“Todos los centavos y pesos de los que hace uso la Cámara de Diputados tendrá que transparentarse; y a cualquier solicitud de información que se haga sobre cuánto costó tal cosa; tal contrato que se hizo para adquirir tal bien o tal servicio, cuánto costó y, al darse esto, quedará abierto claramente a que se investigue si efectivamente, estaban esos precios de contratos que se hicieron por parte de la Cámara de Diputados”, remarcó, tras aseverar que los grupos parlamentarios deberán dar el ejemplo al cumplir la ley.

Por su parte, el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y también presidente de la Junta de Coordinación Política, César Camacho, aseveró que los legisladores tienen la convicción de rendir cuentas.

Camacho Quiroz afirmó que la obligación de partidos políticos y también de los grupos parlamentarios en el Congreso, de transparentar el uso de los recursos a su alcance, es un avance.

Indicó que los diputados federales cumplirán al aprobar la Ley Federal de Transparencia y devolver facultades a la Secretaría de la Función Pública (SFP); y están atentos al avance del Senado de la República en los temas pendientes, como las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.

De igual modo, puntualizó que la Cámara tiene “prácticamente” listo el Proyecto de Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara, mismo que se dará a conocer en cuanto la Ley Federal se aprobada.

Asimismo, dijo que los grupos parlamentarios en San Lázaro designarán a un “enlace” de transparencia, para que coadyuve en el desahogo de las solicitudes de información que se presenten.

 

 

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Diagnósticos sobre transparencia

Ley de Transparencia se discute este martes en San Lázaro

El Sol de México

Patricia Torres

18 de abril de 2016

 

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados acordó sesionar tres días de esta semana. Este martes, subirá al pleno para su discusión y votación la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, se espera que esta sea una larga sesión, informo el vicecoordinador de la bancada del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín.

Esta semana, el pleno sesionara, martes, miércoles y el jueves, indicó en rueda de prensa, tras concluir una reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Ramírez Marín precisó que la sesión de este martes será larga y se votará el dictamen de la minuta que envió el Senado de la República sobre transparencia.

El miércoles se votarán modificaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la integración de la Comisión Bicameral de Transparencia.

El jueves se tiene previsto votar en el Pleno reformas sobre la Secretaría de la Función Pública para devolverle funciones que se habían transferido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como otras relacionadas con la justicia militar, agregó Ramírez Marín.

 

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Diagnósticos sobre transparencia

Diputados sesionarán sólo tres días de esta semana; mañana discutirán Ley de Transparencia

MVS Noticias

Notimex

18 de abril de 2016

En conferencia de prensa, luego de que concluyó la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el diputado del PRI,Jorge Carlos Ramírez Marín, apuntó que se espera que la sesión de mañana martes será larga y se votará el dictamen de la minuta que envió el Senado de la República sobre transparencia.

El Pleno de la Cámara de Diputados sesionará tres días de esta semana y mañana martes prevé discutir y, en su caso, aprobar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, afirmó el vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín.

En conferencia de prensa, luego de que concluyó la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), apuntó que se espera que la sesión de mañana martes será larga y se votará el dictamen de la minuta que envió el Senado de la República sobre transparencia.

Informó que conforme al acuerdo de la Jucopo, el miércoles se votarán modificaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la integración de la Comisión Bicameral de Transparencia.

Y el próximo jueves se tiene previsto votar en el Pleno reformas sobre la Secretaría de la Función Pública para devolverle funciones que se habían transferido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como otras relacionadas con la justicia militar, concluyó Ramírez Marín.

 

 

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Diagnósticos sobre transparencia

Acuerdan cumplir ley de transparencia

Diario NTR

Norma Angélica Trigo

19 de abril de 2016

 

Para fomentar la rendición de cuentas y la cultura de la transparencia, y prepararse para cumplir la ley en la materia, cinco de los seis organismos empresariales cúpula de Jalisco firmaron un convenio de colaboración con el Instituto del Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei).

Cynthia Patricia Cantero Pacheco, titular del instituto, explicó que todas las personas físicas o jurídicas que reciben recursos públicos en especie o efectivo deben informar en qué proyectos se aplicaron, a qué empresas se destinaron y cómo fue la decisión para asignarlos

“Hoy, todas las cúpulas empresariales se suman para llevar a cabo acciones que les impone la ley de transparencia como sujetos obligados indirectos”, expuso.

“La situación actual nos dice que falta mucho por cambiar; para avanzar falta el escrutinio constante de la sociedad en los asuntos públicos”.

Indicó que los empresarios se comprometen a enfrentar las acciones necesarias para informar y promover la cultura a la transparencia, combate a la corrupción e impunidad, así como fomentar los derechos de acceso a la información pública y protección de datos.

“Esto contribuirá a combatir la resistencia de funcionarios públicos confiables que trabajen en beneficio de la sociedad”, agregó.

Los representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), el Consejo Agropecuario de Jalisco (CAJ) y el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente afirmaron que esto dará certidumbre a las inversiones en el estado y es un primer paso hacia el combate a la corrupción.

El presidente de la Coparmex, José Medina Mora Icaza, señaló que lo que falta es transitar el camino de la transparencia y solicitar la información para lograr fomentarla.

“Celebramos que todos los organismos empresariales nos comprometemos con la transparencia”, indicó. “Por eso refrendamos que la transparencia no tiene color”.

Fernando Topete Dávila, presidente de la Canaco, indicó que hay importantes retos a superar como sociedad.

“Hay que pasar a un gobierno abierto libre de corrupción. La buena noticia es que se han sentado pilares fundamentales para avanzar”, aseguró.

Daniel Curiel Rodríguez, coordinador del CCIJ, destacó que la transparencia “no es una moda, es una forma de vida y de crecimiento”.

Indicó que la economía de Jalisco ha crecido pero otras han crecido más y la transparencia permitirá impulsar el crecimiento para estar a la altura de estándares internacionales.

En tanto que Jacobo Cabrera Palos, presidente del CAJ, manifestó que se requiere de un gobierno transparente y eficiente.

Por su parte, Miguel Ángel Landeros, presidente del Comce –organismo que fue el primero en firmar el convenio con el Itei, hace un mes–, señaló que el derecho a la transparencia es un derecho humano.

“Los organismos privados debemos poner el ejemplo llevando a la acción medidas que nos lleven a transitar a la cultura de la rendición de cuentas”, afirmó.

De los organismos cúpula, sólo el Centro Bancario del Estado de Jalisco no estuvo presente.

 

 

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Diagnósticos sobre transparencia

Transparencia, valioso instrumento en lucha contra la corrupción: PRI-ALDF

MVS Noticias

Notimex

18 de abril de 2016

 

En conferencia de prensa, los integrantes del grupo legislativo aseguraron que en el PRI se considera que la transparencia debe servir para fortalecer la democracia y el Estado de derecho.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) presentó una serie de reformas complementarias a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública local.

En conferencia de prensa, los integrantes del grupo legislativo aseguraron que en el PRI se considera que la transparencia debe servir para fortalecer la democracia y el Estado de derecho.

Al reconocer que los legisladores son los peor evaluados en cuanto a la confianza y percepción de la ciudadanía, propusieron que la ALDF sea la primera en hacer transparentes el uso de sus recursos, con el propósito de alcanzar la conformación de un parlamento abierto.

Además, establecer mecanismos para hacer transparente el trabajo de los Órganos Políticos Administrativos, como serían las alcaldías que sustituirían a las delegaciones; así como los programas sociales.

La diputada local Dunia Ludlow Deloya precisó que entre las obligaciones de la ALDF está presentar y hacer pública las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de los legisladores.

De igual forma, propuso elaborar, con carácter de obligatorio, un informe presupuestal sobre el destino de los recursos ejercidos por los órganos de gobierno y trabajo legislativo, y hacer públicas las actas y los acuerdos de la Comisión Gobierno y de los grupos parlamentarios.

En cuanto a los deberes de las alcaldías, la legisladora mencionó que la propuesta destaca el principio de máxima publicidad en las licitaciones y asignación de contratos, certificaciones de uso de suelo y expedición de licencias para ejecutar obras de construcción.

Dijo que los órganos que sustituirán a las delegaciones deberán ser nítidos respecto al presupuesto y aplicación de programas de apoyo a la mujer, vivienda, seguridad pública, de obras para el abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado, entre otros.

Respecto a los programas sociales, la asambleísta expuso que ha sido una demanda del PRI y de la sociedad hacerlos transparentes y eficientes, y se han pronunciado contra el uso clientelar y proselitista que han tenido en la Ciudad de México.

A su vez, el líder de la bancada priista en la ALDF, Israel Betanzos Cortés, precisó que no se trata de una iniciativa paralela a la que presentaron en forma conjunta las bancadas perredista, panista pevemista y el propio PRI, sino que se trata de complementarla.

 

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México en proceso de adhesión a iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas

MVS Noticias

Notimex

18 de abril de 2016

 

La Sener refirió que 51 países forman parte de esta iniciativa, y México se encuentra en el proceso para la adhesión a la EITI y su posterior implementación.

La Secretaría de Energía (Sener) informó que la implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, permitirá a México avanzar hacia una transparencia en la gestión de los ingresos por la extracción del petróleo, gas natural y minerales.

Además de una rendición de cuentas, que proveerá de información oportuna, contextualizada y socialmente útil en beneficio del desarrollo sostenible del país, explicó la dependencia en un comunicado.

Puntualizó que la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) es un estándar internacional que busca transparentar los ingresos procedentes de los recursos naturales de un país, tales como petróleo, gas y minerales.

Ello, precisó, permite divulgar la información sobre el pago de impuestos, licencias, contratos, la producción y otros elementos clave en relación con la extracción de los recursos.

En este estándar, las empresas publican lo que pagan al gobierno y los gobiernos publican lo que reciben del sector extractivo en un informe que se entrega a la EITI, proceso supervisado por un grupo tripartita que incluye gobierno, empresas y sociedad civil.

La Sener refirió que 51 países forman parte de esta iniciativa, y México se encuentra en el proceso para la adhesión a la EITI y su posterior implementación.

Asimismo, expuso que para la presentación de la candidatura a esta Iniciativa, se debe cumplir con cuatro requisitos, el gobierno debe emitir una declaración pública e inequívoca de su intención de implementar el estándar; debe designar a un alto dirigente para liderar la implementación de la EITI.

El gobierno, sociedad civil y empresas deben trabajar en conjunto, así como establecer y mantener un Grupo de Multipartícipes nacional (GMn) para supervisar la implementación de la EITI; y el GMn tenga un Plan de Trabajo actualizado para los informes y la validación que establezca el Consejo de la EITI.

Expuso que en enero de 2015, México manifestó su intención de implementar el estándar de transparencia internacional de este organismo, y se creó un grupo intersecretarial integrado por los responsables del sector de hidrocarburos, minero y de hacienda que formarán parte del GMn.

La Secretaría de Energía detalló que a través de la subsecretaria de Hidrocarburos, Lourdes Melgar, coordina las actividades para la implementación del Estándar en el país.

Por parte de la industria, expuso, sus representantes ante el GMn serán, Petróleos Mexicanos (Pemex); la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi); y la Cámara Minera de México (Camimex).

Refirió que varias organizaciones de la sociedad civil se encuentran coordinando, desde junio de 2015, un proceso independiente de consulta amplia, plural e incluyente para determinar la forma de participación y representación del sector en el GMn.

Las cuales son Fundar Centro de Análisis e Investigación; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación; y Transparencia Mexicana.

 

 

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¿A Pepe lo regañan por transparencia?

El Universal

Salvador García Soto

19 de abril de 2016

El regaño presidencial a los miembros del gabinete, ocurrido el pasado 6 de abril en Los Pinos, sí tenía un destinatario específico. Entre los mismos secretarios del equipo de Peña Nieto, se comenta que el reproche del Presidente iba dirigido al secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, y aunque nunca lo mencionó por su nombre, la razón tenía que ver con que el queretano presentó el pasado 29 de marzo, de manera individual, su declaración patrimonial 3de3, promovida por organismos de la sociedad civil.

El que Calzada haya decidido por su cuenta y sin consultarlo presentar esa declaración, cuando el gobierno federal aún no fija una posición sobre el tema, habría sido la causa del mensaje del presidente Peña Nieto en el que les recordó a los miembros de su gabinete que “las decisiones las tomo sólo yo y ninguno de ustedes puede decidir por su cuenta”, además de sugerirles que “no se confundan y si no saben pregunten, para que no se equivoquen”.

La declaración 3de3 es un movimiento social promovido por organizaciones como Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), para que todos los funcionarios, gobernantes y candidatos presenten, de cara a la sociedad, tres declaraciones detalladas sobre su patrimonio, sus ingresos fiscales y sobre los posibles conflictos de interés en el ejercicio de sus funciones públicas. La iniciativa, apoyada y difundida en las redes sociales, está siendo incluida en la discusión de las nuevas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción en el Senado y es promovida por una alianza opositora del PAN y del PRD para que se vuelva obligatoria para todos los funcionarios del gobierno federal, incluido el Presidente.

Hasta ahora ni la Presidencia de la República ni el gobierno federal se han pronunciado sobre esa iniciativa ni la han apoyado públicamente. De hecho, al acudir al Imco el pasado 29 de marzo, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), se convirtió en “el primer secretario del gabinete federal” en sumarse a la iniciativa 3de3, y al parecer lo hizo de motu proprio y sin consultar a su jefe, el Presidente.

Calzada Rovirosa dijo en sus tres declaraciones “no tener conflictos de interés” (algo de lo que acusaron al Presidente y a su esposa), haber tenido ingresos por 1 millón 645 mil 301 pesos en 2015, mientras que su esposa, Sandra Albarrán, tuvo ingresos por 120 mil pesos. El ex gobernador dijo ser propietario, junto con su cónyuge, de mil metros de terreno y de 778 metros de construcción que adquirió de contado en 2002 y localizados en Querétaro con valor de 1 millón 867 mil 660 pesos. También informó que su esposa es dueña de tres terrenos y dos casas, todos ubicados en Querétaro, tener un automóvil Honda que vale 248 mil 500 pesos y tener cuentas bancarias, junto a su esposa, con saldos de entre 100 y 500 mil pesos, mientras ella tiene un fondo de inversión con 500 mil pesos.

El titular de Agricultura es uno de los aspirantes a la sucesión presidencial y en las últimas semanas es notorio su activismo político y mediático al aparecer en entrevistas y declaraciones sobre temas diversos, no siempre relacionados con su dependencia, como sus comentarios en contra del precandidato republicano en Estados Unidos, Donald Trump. Según la versión que sale del mismo gabinete, el que dentro de ese activismo Calzada haya decidido presentar su declaración 3de3, sin consultarlo previamente, detonó la molestia y el mensaje del Presidente.

NOTAS INDISCRETAS… Con voto dividido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón a Morena al revocar el acuerdo del INE que canceló el registro a sus candidatos a gobernador en Zacatecas y Durango. Los magistrados consideraron que tanto David Monreal como José Guillermo Favela, presentaron sus declaraciones de precampaña de manera extemporánea, mas no omitieron presentarla, por lo que pidieron moderar la sanción de los consejeros electorales y ordenaron revocarla. Morena amenazó con no participar en las elecciones locales de 13 estados por considerar ilegal y desproporcionada la sanción a sus candidatos. Es la segunda vez que el Trife da la razón a Morena en un caso importante; la primera fue cuando ordenó reponer los spots de Andrés Manuel López Obrador que el INE había retirado. Eso para que luego López Obrador no diga que hay “compló” en su contra y descalifique a las instituciones, porque hasta ahora el tribunal le ha dado la razón cuando la tiene. Es decir, que en democracia se gana y se pierde y hay que saber ganar, pero también saber perder… Los dados mandan Serpiente.

sgarciasoto@hotmail.com

 

 

Transparencia y acceso a la información

Protección de datos personales

Derecho a la información vs. derecho a un juicio justo

El Universal

Julio E. Muñoz

19 de abril de 2016

 

El derecho de informar sobre temas de interés público puede vulnerar el derecho de un individuo a un juicio justo e imparcial

A raíz del reciente proyecto de ley en Chile que penaliza las filtraciones de noticias mientras se investiga un caso judicial, es necesario analizar con más profundidad los argumentos presentados para impulsar esta acción legislativa. Diversas opiniones han sido presentadas para modificar esta redacción y eximir a los medios de toda responsabilidad penal.

Chile, desde el año 2014, ha estado inmerso en denuncias por facturas financieras, que tenían por fin financiar campañas de candidatos a cargos públicos que incluían todo el espectro político chileno, desde la izquierda hasta la derecha. La opinión pública había sido testigo de una valiente denuncia de publicación de nombres y documentos que dejaba al descubierto una campaña vergonzosa que llegaba a las más altas esferas.

No cabe duda que la intención de esta ley era la de poner freno a las filtraciones de noticias, presuntamente derivadas de las oficinas de los fiscales que investigaban las aristas relacionadas con los casos, de las compañías Soquimich, Penta y Caval, todos temas de alta connotación política.  Sin embargo, como sucede a menudo, las soluciones y los remedios contenidos en estas iniciativas de ley son más graves que la enfermedad. El buen periodismo se sustenta en información bien documentada, donde la corroboración de las fuentes es una práctica requerida. Muchas veces, los medios reciben información incompleta o basada en rumores cuyo único beneficiario es la fuente misma de la noticia. El no verificar la información aumenta la probabilidad de distorsión y los canales de difusión se convierten en vehículos de la manipulación del aparato informativo y se apartan de su verdadero rol de la responsabilidad social.

Un requisito fundamental que caracteriza a las democracias modernas es la libertad de información, definida en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) como el derecho a “investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Este fundamento también se ha incluido en otros documentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969).

La idea central en todas las declaraciones es que la información del gobierno y sus instituciones es pública y que sólo puede ser restringida cuando se trata de temas de seguridad nacional.

Este principio está consagrado hoy en las constituciones de más de 80 países y establece que los individuos deben tener libre acceso a la información sobre temas de interés público, pero en ningún documento aparece con más fuerza que en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que desde 1791 ha servido como modelo de garantía absoluta para la libertad de expresión y de prensa. Sin embargo, cabe recordar que con el mismo ímpetu se redactó la Sexta Enmienda, que garantiza el derecho a un juicio justo, imparcial y salvaguarda a los imputados de cualquier delito de la información o publicidad que pudiese tener un efecto negativo en un juicio futuro.

Estas dos enmiendas constituyen derechos inalienables y muchas veces están en directa contraposición, la una de la otra. Por ejemplo, el derecho de informar sobre temas de interés público puede vulnerar el derecho de un individuo a un juicio justo e imparcial.

En la jurisprudencia de Estados Unidos e Inglaterra hay múltiples ejemplos de los conflictos que se han presentado y de las soluciones propuestas.  En ciertas ocasiones, los derechos de la prensa han prevalecido frente a los del individuo a recibir un tratamiento justo en las cortes de justicia. Pero en el balance final, el reconocimiento de tales fundamentos legales ha fortalecido los valores intrínsecos de la democracia.

Presidente de Fundalex Internacional, fundación que promueve la libertad de expresión y la educación por la experiencia

@julioemunoz

 

 

Transparencia y acceso a la información

Diagnósticos sobre transparencia

¿Qué hay detrás de los Panama Papers? II

Excélsior

German de la Garza

19 de abril de 2016

 

La semana pasada comentábamos el inusual despliegue informativo utilizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, para dar a conocer al mundo los resultados de su trabajo periodístico sobre los mecanismos ocultos y la ingeniería financiera que a través de empresas fantasma, fundaciones y fideicomisos, se utilizan para la evasión de impuestos a escala mundial, así como también para crear zonas libres de auditorías hacendarias y nos preguntábamos el sentido que adquieren estas revelaciones para las diversas fundaciones que apoyan económicamente al Consorcio. Pues bien, hoy no sólo sabemos que fundaciones como la Open Society Foundation, del multimillonario especulador estadunidense George Soros, financiaron el trabajo del Consorcio; hoy sabemos que el gobierno de EU, como lo declaró hace días el portavoz del Departamento de Estado de EU, Mark Toner, financió esta investigación por medio de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), y del Proyecto de Información sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP). Tanto fundaciones privadas con intereses financieros muy particulares, como agencias gubernamentales de EU, se encuentran detrás del financiamiento al proyecto de los Papeles de Panamá, y como bien dicen los propios estadunidenses: follow the money, o lo que es lo mismo, si queremos conocer qué intereses reales se agrupan tras la monumental investigación periodística, sólo hay que seguir al dinero con el que fue financiada.

Para algunos analistas, la operación de los Papeles de Panamá comienza a revelársenos como la punta de lanza de una estrategia mediática organizada y coordinada desde los centros financieros más importantes de EU, incluido el propio gobierno, con la finalidad de demostrarle al mundo y a los grandes inversionistas y evasores fiscales, que los actuales paraísos donde esconden sus fortunas son vulnerables en su legendaria secrecía, toda vez que uno de los despachos jurídicos más importantes del planeta, Mossack Fonseca, ha sufrido en carne propia la filtración de documentos confidenciales más grande de la historia. ¿Qué puede haber de cierto en esta hipótesis? Es difícil saberlo, lo que sí es un hecho hoy por hoy demostrable, es que las grandes corporaciones mundiales están trasladando cada vez con mayor intensidad, multimillonarios capitales de los paraísos fiscales tradicionales como Panamá, las Bahamas o Islas Vírgenes, a lo que ya se considera el paraíso fiscal más importante del mundo EU. Estados como Nevada, Dakota del Sur o Wyoming, cuentan con leyes que protegen el secreto fiscal de forma por impenetrable, lo que otorga certidumbre a los evasores fiscales.

Según los informes de la Tax Justice Network (Red para la Justicia Fiscal), en cifras del año 2010, el monto de recursos financieros ocultos y libres de impuestos en paraísos fiscales del planeta, era de alrededor de 32 billones de dólares, lo que representa el PIB de EU y de Japón juntos, es decir, una cuantiosa masa de dinero que no paga impuestos en sus países de origen y que se convierte por sí misma en un tesoro muy apetecible para cualquier gobierno. Según los informes del Banco Mundial y de la consultoría McKinsey, de entre los 10 principales bancos globales que operan esta riqueza, seis son de EU, como Goldman Sach, JP Morgan Chase o Wells Fargo.

El informe de Mckinsey señala que empresas como Apple, con 181 mil millones de dólares o General Electric, con 119 mil millones de dólares, son algunas de las beneficiarias de estos paraísos fiscales. En síntesis, el quebranto de la ley en beneficio del capital. Pero la historia no termina aquí, porque según las declaraciones de algunos periodistas del Consorcio, la investigación de los Papeles de Panamá es sólo la punta del iceberg de las revelaciones que tienen preparadas para el futuro.

 

 

Transparencia y acceso a la información

Protección de datos personales

Corte, a favor de dar acceso a datos personales, acusan

El Universal

Carla Martínez

19 de abril de 2016

 

Si rechaza amparo que promovió R3D será mal precedente, señala el organismo

Información como el nombre y domicilio de los usuarios de telefonía móvil, el tipo de comunicación que realizan ―ya sea voz, datos, así como mensajes de texto o multimedia― y su geolocalización, son algunos datos a los que tienen acceso las autoridades del país.

“Permiten saber de manera precisa datos sensibles sobre una persona. Por ejemplo, al conocer la geolocalización se puede saber a dónde va, qué patrones de movimiento existen y se pueden desprender cuestiones como el estado de salud, las preferencias políticas, sexuales, relaciones, amistades”, ejemplificó Luis Fernando García, director de la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá si es o no constitucional que la autoridad acceda a los datos de los usuarios de telecomunicaciones.

Sin embargo, el proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán justifica que es constitucional la solicitud y acceso a la información de las personas que usan telefonía móvil.

El amparo fue interpuesto por la organización, ya que les preocupa el riesgo de que se tenga acceso a estos datos de manera ilícita, tanto por ataques informáticos como por corrupción, “incluso la autoridad reconoce la vulnerabilidad de estos datos”, señaló el director de R3D.

Además, dijo, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve negar el amparo a R3D, se sienta un mal precedente en el contexto de violencia e inseguridad que se vive en el país, pues el proyecto del ministro no deja claro si se necesita o no una autorización judicial para que la autoridad acceda a los datos de los usuarios.

En el caso de la geolocalización es claro, al señalar que no se requiere de una orden judicial, con el argumento de la celeridad que requiere contar con esos datos en caso de secuestro.

Para resolver ese problema, R3D propuso “mecanismos de emergencia” para que mientras se accede a los datos, se solicite la autorización judicial para poder justificar el uso de la información del usuario.

“Lejos de ser una herramienta para recuperar la seguridad y paz de la ciudadanía, es precisamente una herramienta para vulnerarla”, declaró.

La semana pasada, la Corte resolvió un proyecto similar donde negó el amparo que buscaba limitar el acceso a datos de usuarios de celulares.

“Los dos proyectos son omisos y generan incertidumbre jurídica que nos daña a todos”, aseguró García.

Del mismo modo, si la Corte permite el acceso a los datos a cualquier autoridad, esto se aleja de las decisiones sobre la protección de datos personales tomadas por tribunales internacionales.

“Sobre todo en el contexto de violencia, de delincuencia organizada como del Estado que facilita o es cómplice de la delincuencia y lejos de ponernos en una situación en la que podamos recuperar la seguridad como ciudadanía, esta decisión puede comprometerla”, aseguró García.

Al tercer trimestre de 2015 había en el país 107.1 millones de usuarios de telefonía móvil en el país, de quienes será posible acceder a sus datos cuando así lo solicite la autoridad.

 

 

Transparencia y acceso a la información

Protección de datos personales

Aseguradoras desarrollan productos contra ciberdelitos

El Universal

Antonio Hernández

19 de abril de 2016

 

Robo de identidad y hackeo obliga a sector de seguros a cambiar la estrategia

El crecimiento de fraudes como robo de identidad o hackeo a empresas obliga al sector asegurador a cambiar su estrategia y desarrollar productos para prevenir este delito. Según AXA, en Europa ya existen estos seguros y en el mercado mexicano serán cada vez más visibles en los próximos años.

“Nosotros ya ofrecemos estos seguros en otros países aquí todavía no hay mucha demanda pero estamos invirtiendo para ello, pero en México aún no hay mucha consciencia para ello”, destacó Xavier de Bellefon, presidente ejecutivo de AXA México.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el ejecutivo dijo que entre otras novedades está la aplicación de big data para conocer los hábitos de los clientes sin que se den cuenta y esto se reflejará en mejores precios.

“Cada vez será más factible que a un mal conductor le cobremos más que a un automovilista que se cuida y tiene buenos hábitos”, dijo.

De cara a la 26 Convención de Aseguradores que comienza este martes en la Ciudad de México, Bellefon destacó que el gran reto del sector está en los cambios tecnológicos, fenómenos naturales mucho más agresivos y cambios regulatorios en todo el mundo cada vez más restrictivos.

“Pensamos que si se incrementa la temperatura del mundo dos grados podemos seguir asegurando, pero si llega a cuatro grados esto tiene consecuencias tan grandes que no podríamos hacer muchas cosas”, destacó.

A la par, destacó que los usuarios y empresas tienen un conocimiento incipiente de los riesgos de internet y de cómo podrán prevenirse.

“Hay mucha preocupación sobre lo que hacen con tus datos. Un expediente médico vale 500 dólares en el mercado negro. El riesgo en internet y la forma en que estamos conectados está en aumento”, añadió.

En ese sentido, informó que México ha apostado por un marco regulatorio cada vez más estricto pero que da mayor certidumbre a los usuarios.

“Cada vez nos ponen reglamentos más duros, en México acaba de cambiar la ley y para nosotros es un costo muy alto y se está debatiendo si hace falta tanto reglamento, pero creemos que cada vez habrá mayores controles para nosotros y para los bancos porque tenemos que demostrar que hacemos bien nuestro trabajo”, destacó.

Por su parte, el director general de Seguros GNP, Mario Vela, dijo que el mercado de seguros es muy atractivo ante un mayor crecimiento de la clase media y mayor consciencia en la población para asegurarse.

Para Vela, en los últimos 10 años se ha presentado mayor consciencia en la población en el uso de seguros, aunque se mantiene un rezago que debe combatirse con educación financiera.

 

 

Transparencia y acceso a la información

Protección de datos personales

Preocupa a ONG vulnerabilidad de datos de usuarios de telecom

El Universal

Carla Martínez

18 de abril de 2016

 

Este miércoles, la Corte resolverá si el acceso a los datos como origen y destino de llamadas, mensajes de texto, geolocalización, entre otros, pueden ser solicitados por cualquier autoridad

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede aprobar que los datos personales de los usuarios de telefonía móvil sean accesados por cualquier autoridad, lo que sienta un mal precedente en el contexto de violencia e inseguridad que se vive en el país, dijo Luis Fernando García, director de la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

“Lejos de recuperar la seguridad puede comprometerla, es un mal ejemplo y distanciaría a la Corte de la tendencia de los tribunales internacionales respecto al derecho internacional de la protección de datos”, señaló García en conferencia de prensa.

Este miércoles, la Corte resolverá si el acceso a los datos como origen y destino de llamadas, mensajes de texto, geolocalización, entre otros, pueden ser solicitados por cualquier autoridad.

El proyecto que se votará busca eliminar el amparo interpuesto por la organización la cual apela a que el acceso a los datos de usuarios de telecomunicaciones se lleve a cabo solamente tras una autorización judicial.

Sin embargo, el proyecto permite que los datos de geolocalización de los usuarios sean solicitados sin necesidad de una orden judicial.

La semana pasada, la Corte resolvió un proyecto similar donde negó el amparo que buscaba limitar el acceso a los datos de usuarios de telefonía celular.

“Los dos proyectos son omisos y generan incertidumbre jurídica que nos daña a todos”, aseguró García.

Al tercer trimestre de 2015, había en el país 107.1 millones de usuarios de telefonía móvil de quienes será posible acceder a sus datos cuando así lo solicite alguna autoridad.

Tcm

 

Transparencia y acceso a la información

Protección de datos personales

La “invasión a la privacidad” será avalada por la Corte en la ley de telecomunicaciones

La Jornada

Jesús Aranda

Martes 19 de abril de 2016

 

El Estado mexicano está facultado para limitar el derecho humano a la protección de datos personales, siempre y cuando la excepción a esa garantía se realice “en los términos que fije la ley” y por razones “de seguridad nacional, disposiciones de orden público, salud pública o para proteger derechos de terceros”.

Así lo indica el proyecto de dictamen del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alberto Gelacio Pérez Dayán, en el que niega el amparo a la Red en Defensa del Derecho Digital (R3D) en contra de diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que obligan a las concesionarias a conservar un registro de datos sobre las comunicaciones de los usuarios, además de que deben aportar la localización geográfica, en tiempo real, de los teléfonos celulares a las autoridades, cuando así lo requieran.

La segunda sala analizará este miércoles el proyecto, el cual sostiene que no se requiere autorización de un juez para que las “autoridades competentes” obtengan los datos personales de los dispositivos móviles.

El documento señala que la “colaboración” entre los concesionarios del servicio de telecomunicaciones y las autoridades debe realizarse “en términos que indiquen las leyes”, además, está previsto que los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia designen a los servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos correspondientes a los concesionarios para que entreguen la información requerida.

Pérez Dayán señala que tendrá que analizarse caso por caso la entrega de los llamados “metadatos” a la autoridad, para decidir si se refieren a cuestiones íntimas o privadas de la persona y si su intercepción fue consentida por alguno de los interlocutores de la comunicación.

Sostiene que la norma “no contiene permisión alguna para que las autoridades o los particulares puedan interferir en comunicaciones privadas de las personas o en el tráfico de comunicaciones, sino que únicamente contiene la obligación para los concesionarios de atender los requerimientos de la autoridad que contengan las leyes”.

El proyecto afirma que “el mero registro y conservación de información de los usuarios” no afecta la inviolabilidad de las comunicaciones, porque no hay una intromisión ilícita a la privacidad o intimidad de las personas, “sino que la obtención de tal información” se limita al tráfico de datos de las comunicaciones” que tiene que ver con el destino de llamadas que salen o el origen de las que se reciben, la identidad de los interlocutores, la frecuencia, hora y duración de las llamadas. El documento recuerda que la intervención telefónica sí debe ser autorizada por un juez, previa fundación y motivación de la autoridad solicitante.