Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Aprueba Senado acuerdo para determinar trámite legislativo de la Ley 3 de 3
El Sol de México
Redacción OEM en Línea
14 de abril de 2016
La presidenta en funciones de la Mesa Directiva del Senado de la República, Rosa Adriana Díaz Lizama, informó que el pasado martes 12 de abril se recibió del Instituto Nacional Electoral (INE) el informe de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por el que afirma que el número de ciudadanos solicitantes que proponen un proyecto de Ley general de responsabilidades administrativas cumple debidamente con el requisito de firmas.
Anunció que el día de ayer dicho proyecto fue turnado a las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda para su dictamen.
En consecuencia, el Pleno del Senado aprobó el acuerdo que la Mesa Directiva presentó en la sesión de este día por el que se determina el trámite legislativo aplicable a la iniciativa ciudadana de la Ley general de responsabilidades administrativas, Ley 3 de 3 contra la corrupción, recibida en la Cámara de Senadores el 17 de marzo de este año.
Para ello, precisa que una vez el INE informe que dicha propuesta ha sido suscrita en un número equivalente a cuando menos el 0.13 por ciento de la lista nominal de electores, con el propósito de que el proyecto ciudadano sea dictaminado y discutido por la Cámara de Senadores en el actual periodo de sesiones ordinarias.
Como el informe determina que la iniciativa ciudadana fue suscrita en un número suficiente de electores, se turnó a las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda.
A partir del turno a que se refiere el resolutivo anterior, el proyecto legislativo ciudadano se sujetará a las etapas del proceso legislativo ordinario previsto en el artículo 72 constitucional; prevé el acuerdo.
Asimismo, destaca que las iniciativas que sobre la misma materia, vinculadas al tema de combate a la corrupción, que a la fecha del Acuerdo hayan sido presentadas y turnadas en la Cámara de Senadores, se rectificarán en su turno con el objeto de que queden homologadas a las comisiones referidas en el resolutivo, para efecto de su análisis y dictamen correspondiente.
En el proceso de análisis, dictamen y deliberación del proyecto ciudadano, las comisiones unidas podrán dictaminarlo de manera individual o acumularlo en la dictaminación de las iniciativas homologadas señaladas en este acuerdo.
Adicionalmente, precisa que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Congreso General, en el proceso de dictaminación se convocará a los representantes designados por los ciudadanos para que asistan a una reunión de las comisiones en la que expongan el contenido de su propuesta, sin perjuicio de que puedan asistir a cualquier reunión pública de las mismas, para que conozcan el desarrollo de dicho proceso, y podrán hacer uso de la voz hasta antes de que éstas inicien el proceso de deliberación y votación en comisiones.
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Diagnósticos sobre transparencia
Corrigen en Oaxaca Ley de Transparencia
Mural
Virgilio Sánchez / Corresponsal
14 de abril de 2016
Oaxaca, México (14 abril 2016).- El Congreso de Oaxaca reformó el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública estatal tras la observación de inconstitucionalidad que realizó el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).
En la última sesión ordinaria de este periodo, los legisladores oaxaqueños eliminaron el plazo de 40 días que daban a los sujetos obligados para entregar información solicitada.
El lunes, los comisionados del INAI acordaron, por unanimidad, iniciar una controversia constitucional contra la Ley de Transparencia de Oaxaca si los diputados oaxaqueños no corregían su error.
Expusieron que la legislación estatal contravenía la Ley General de Transparencia porque confería al Legislativo local una facultad que sólo corresponde al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIP).
El pleno del INAI explicó que la Ley General establece que los sujetos obligados deben entregar información pública en un plazo no mayor a 10 días, y que excepcionalmente el IAIP podría ampliar el plazo cuando el asunto así lo requiera.
Sin embargo, la legislación estatal, que fue publicada el 11 de marzo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, fijaba de antemano un plazo de 40 días para que los sujetos obligados entreguen información pública que no exista en sus archivos.
Con la enmienda al artículo 140 de la ley estatal se establece que, “cuando se advierta del estudio del recurso de revisión, que el sujeto obligado no posee información, que de conformidad con sus atribuciones y obligaciones legales debía de haber generado, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales deberá instruir al sujeto obligado para que la genere y la entregue al recurrente e informe de su cumplimiento o en su caso manifieste la imposibilidad de hacerlo”.
El artículo 140 fue el único que fue sancionado por el INAI tras la armonización que realizó el Congreso de Oaxaca de la legislación estatal con la reforma federal en la materia.
Rechazan solicitud de juicio contra Cué
En la misma sesión, los diputados oaxaqueños declararon improcedente la solicitud de juicio político en contra del Gobernador Gabino Cué, que presentó el candidato a Gobernador del PT, Benjamín Robles Montoya.
Desestimaron los hechos denunciados por el aspirante, entre los cuales se encuentra el presunto desvío de más de 10 mil millones de pesos.
El pleno del Congreso local ordenó el archivo de esta solicitud con el número 441/2016 del índice de la Comisión Permanente Instructora de la 62 Legislatura.
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Envía INE a legisladores verificación de firmas para #Ley3de3
MVS Noticias
Notimex
14 de abril de 2016
El INE entregó a la Cámara de Diputados el tercer informe relativo a la Iniciativa presentada por Sergio Leyva Ramírez, nombrada “Ley para Regular los Diversos Usos de la Cannabis”.
El Instituto Nacional Electoral (INE) turnó a las cámaras de origen, de Diputados y Senadores, los respectivos informes sobre la verificación de las firmas presentadas por ciudadanos en apoyo a tres iniciativas de Ley.
Indicó que se trata de la Ley para reformar el Artículo 4 Constitucional (Familia) y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3de3 contra la corrupción.
Las mismas obtuvieron el apoyo requerido de 0.13 por ciento con respecto de la Lista Nominal de Electores, esto es 106 mil 378 firmas y 106 mil 963 firmas, respectivamente, todo de acuerdo con un comunicado del INE.
El instituto precisó que incluso ambas iniciativas registraron más de las firmas requeridas al contabilizar 131 mil 978 y 137 mil 249, y alcanzar con un porcentaje de firmas coincidentes del estudio muestran entre 92.9 y 94.8 y 91.6 y 93.6 por ciento, respectivamente.
En el caso de la tercera iniciativa ciudadana, denominada Ley para Regular los Diversos Usos de la Cannabis, el solicitante entregó sólo 80 mil 920 registros, número inferior al requerido, por lo que no fue realizada la verificación, dado que se requerían 107 mil 208 firmas.
El instituto destacó que a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se procedió a contabilizar los formatos y registros de apoyo ciudadano que fueron remitidos por el H. Congreso con respecto de las tres iniciativas.
Después verificó que cada uno de los mismos perteneciera a ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores y elaboró un estudio muestral para estimar el porcentaje de firmas que coinciden con las resguardadas en la base de datos del Padrón Electoral y la muestra en cada caso fue de dos mil 500 firmas.
Derivado de ello, envió al Senado dos informes correspondientes a igual número de iniciativas, la presentada por Juan M. Dabdoub Giacomán, presidente de la asociación civil CONFAMILIA, cuyo proyecto de ley plantea una reforma al Artículo Cuarto constitucional y la Ley 3de3 contra la corrupción.
La primera iniciativa plantea una reforma al Artículo 4º de la Constitución que busca, entre otras cosas, “el reconocimiento y la protección del matrimonio natural entre hombre y mujer como institución fundadora de la familia y que ésta sea protegida por la Constitución”.
Además, pide que se diseñen políticas públicas en los tres órdenes de gobierno y que se reconozca el derecho de los padres de familia a educar y formar a sus hijos conforme a los principios morales, humanos y religiosos que consideren convenientes.
Mientras que la Iniciativa de Ley 3de3 busca modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de que entre otras cosas, quienes ocupen algún cargo público tengan la obligación de transparentar su patrimonio.
Además, sus compromisos fiscales y las áreas de potencial conflicto de intereses a través de la presentación de tres declaraciones.
El INE entregó a la Cámara de Diputados el tercer informe relativo a la Iniciativa presentada por Sergio Leyva Ramírez, nombrada “Ley para Regular los Diversos Usos de la Cannabis”.
Aclaró que con el envío de los tres informes concluyó su labor de verificación de los registros ciudadanos que apoyan las referidas iniciativas de ley, de conformidad con la fracción IV del Artículo 71 de la Constitución y el Artículo 132 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
Ello, en el sentido de que en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de la recepción del expediente, validará que los nombres de quienes hayan suscrito la iniciativa estén inscritos en la Lista Nominal de Electores y que la suma de éstos corresponda a cuando menos 0.13 por ciento de la Lista Nominal de Electores.
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Diagnóstico sobre transparencia
En el Senado, sólo 12% firma 3 de 3
24 horas
Karina Aguilar
15 de abril de 2016
Aunque el Senado de la República dio entrada a la Ley 3 de 3, que promueven organizaciones ciudadanas para que los funcionarios hagan pública su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, e incluso sumó a los promotores a las mesas de discusión de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, sólo 15 de 128 senadores, lo que equivale a 12%, han suscrito dicha iniciativa.
De acuerdo con una revisión realizada por 24 HORAS al portal tresdetres.mx, hasta el momento, ninguno de los coordinadores parlamentarios ni el presidente del Senado han firmado su 3 de 3.
Tal propuesta dio pie a la creación de la iniciativa de ley general de responsabilidades administrativas, para la cual se recabaron más de 600 mil firmas que fueron avaladas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para que sea dictaminada por el Senado.
Eduardo Bohórquez López, director de Transparencia Mexicana, una de las organizaciones que impulsa la ley 3 de 3, calificó de contradictorio que los senadores apoyen este ejercicio ciudadano, pero no lo hagan suyo.
Destacó que para su organismo es muy importante distinguir quién se suma voluntariamente al tema de aquellos que lo hacen por una cuestión legal.
“Hay más de 400 servidores públicos que lo han hecho de manera voluntaria, 14% de los diputados ya lo hizo y en el Senado sólo 12%”. No obstante, se mostró satisfecho con el recibimiento e impulso que ha tenido su iniciativa de Ley Tres de Tres, la cual ya es tomada en cuenta en la construcción del dictamen final de las leyes secundarias anticorrupción.
Consultado al respecto, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Fernando Herrera Ávila, reconoció no haberse sumado a iniciativa 3 de 3, sin embargo, adelantó que en la primera semana de mayo se integraría a la plataforma electrónica.
Por separado, el grupo parlamentario del PRD argumentó que los senadores decidieron ir más allá del ejercicio ciudadano y apoyar en todos sus términos la iniciativa de ley 3 de 3.
Cuestionado sobre sus declaración 3 de 3, el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, no contestó sobre el particular; no obstante, reflexionó que la iniciativa ciudadana se discute en sus términos.
En tanto, el presidente de la comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, el senador del Partido Verde, Pablo Escudero, quien tampoco se ha sumado a esta iniciativa, aclaró que sí ha presentado sus declaraciones desde hace más de 15 años como lo mandata la Ley, –pero no las ha hecho públicas–.
“Yo he cumplido con la ley y están registrados desde hace más de 15 años todas mis declaraciones fiscales, de impuestos y antes no teníamos un formato de intereses, entonces lo que hacíamos los senadores es que abajo escribíamos lo que considerábamos; si teníamos o no un conflicto de intereses y si estábamos participando en alguna discusión en el Senado, en el supuesto de que alguno tuviera participación accionaria en alguna de esas empresas, de alguna ley que se estudiara, que no fue mi caso evidentemente, se hacía en un apartado de observaciones.
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Con Ley de Transparencia en CDMX podría reducirse reserva de información a cinco años
MVS Noticias
Notimex
14 de abril de 2016
En conferencia de prensa, los coordinadores de las respectivas bancadas adelantaron que esperan aprobar esta legislación, promovida por la Comisión de Transparencia de este órgano legislativo, antes de que termine el actual periodo de sesiones.
Los grupos parlamentarios del PRD, PAN, PRI y PVEM en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) respaldaron la iniciativa Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
En conferencia de prensa, los coordinadores de las respectivas bancadas adelantaron que esperan aprobar esta legislación, promovida por la Comisión de Transparencia de este órgano legislativo, antes de que termine el actual periodo de sesiones.
De esta manera, se cumplirá con el mandato constitucional de armonizar las leyes de transparencia de los estados, con la ley federal correspondiente.
La iniciativa contó con apoyo de los líderes de las bancadas de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Leonel Luna; Acción Nacional (PAN), Jorge Romero; y Revolucionario Institucional (PRI), Israel Betanzos,
De igual manera, fue respaldada por el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF), Mucio Hernández Guerrero.
Entre otros aspectos, prevé considerar la rendición de cuentas y el acceso a la información como un derecho humano; y reducir de 12 a tres años la reserva de la información, con la posibilidad de una ampliación de dos años.
El presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna Estrada resaltó que la iniciativa representa un esfuerzo compartido entre los tres grupos parlamentarios para generar una propuesta que pretende poner a la Ciudad de México a la vanguardia en la materia.
Está acorde tanto con la realidad de la capital del país, como con la nueva Constitución de la Ciudad de México, agregó el diputado perredista.
A su vez, el presidente de la Comisión de Transparencia, Ernesto Sánchez Rodríguez, recordó que la reforma al Artículo 6, apartado A de la Constitución mexicana obliga a las legislaciones de los estados a empatar sus legislaciones locales en materia de transparencia antes del 5 de mayo.
Sin embargo, destacó que no solo se trata de transparentar los recursos públicos de los sujetos obligados, sino que promueve, mejora, amplía y consolida la participación ciudadana en los asuntos públicos y de gobierno.
El legislador panista manifestó que el acceso a la información es un elemento central de la lucha contra la corrupción, la cual se ha convertido en una de las amenazas más poderosa.
La implementación del derecho de acceso a la información permite hacer efectivo el principio de publicidad de los actos de gobierno, dificultando así la corrupción, y promoviendo la mayor responsabilidad en la gestión del funcionario observado.
Subrayó que la legislación amplía el listado de los sujetos obligados, como los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad de México, así como los órganos autónomos, las instituciones de educación superior públicas, y los partidos políticos.
De igual manera, los fideicomisos y fondos públicos; las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral; los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos, entre otros.
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La ruta del dinero y la ley anticorrupción
El Universal
Ricardo Homs
14 de abril de 2016
En el Senado se debate la ley anticorrupción. Todo parece indicar que esto va en serio y ya el PAN y PRD formaron un bloque para garantizar sacar adelante esta iniciativa.
Es un complejo problema que sin embargo tiene caminos que no se han tocado y son tan evidentes que la pregunta ¿por qué?, se vuelve obligada.
En el mundo de hoy -totalmente electrónico-, el patrimonio de personas y empresas está perfectamente ubicado por la autoridad hacendaria y ello ha quedado en evidencia por la seguridad que tiene el SAT de llegar hasta donde sea necesario para evaluar donde está el dinero que muchos mexicanos han invertido fuera de nuestro país. El escándalo “Panamá Papers” lo ha puesto en evidencia.
La capacidad tecnológica del SAT para ubicar a los contribuyentes y dimensionar sus ingresos es total y absoluta. Nada se le escapará ni en el presente ni en el futuro.
Sin embargo, ¿por qué esa tecnología no se puede utilizar también para conocer las fortunas de gobernantes y funcionarios públicos cuestionados por actos de corrupción?.
Debe ser impresionantemente fácil identificar en qué momento su fortuna creció. Conocer la ruta del dinero a través del sistema bancario debe ser altamente eficiente, -pues no sólo están controladas hoy por la autoridad las cuentas de cheques y de inversiones-, sino también las tarjetas de crédito, compras de autos, viajes.
Todos los contribuyentes estamos perfectamente controlados y la autoridad no se cansa de decirlo.
Del mismo modo, -siguiendo la ruta del dinero-, ¿no se podría localizar el dinero de la delincuencia organizada?.
El clamor público por las declaraciones que debiesen hacer todos los candidatos antes de una campaña, -denominada “3 de 3”-, por lo menos a lo que toca a capital y sus propiedades, el mismo INE podría solicitarlo al SAT y hacerlo público.
¿Por qué no se utiliza esta tecnología digital para combatir la corrupción?.
Especulando podríamos asegurar que solamente porque se instrumentase un sistema con avisos de alerta cuando el patrimonio de un funcionario público y su círculo familiar creciera de forma desorbitada, sería suficiente para que éste se abstuviera de hacer negocios aprovechando su cargo.
Sin embargo, hay todo un sistema opaco alrededor de la clase política al grado que vale preguntar: ¿todos pagan impuestos por sus ingresos personales?. La ley dice que deben hacerlo, pero ¿realmente sucede con los de alto nivel jerárquico?.
Que hoy exista corrupción es sólo por falta de voluntad política para combatirla.
Parece haber buena disposición en el Congreso para lograr concretar esta ley. Sin embargo, ¿qué tan lejos llegará como para frenar negocios de alto nivel?. ¿Qué tanto?.
Con la tecnología de hoy, no es complicado hacer “inteligencia financiera” para identificar fortunas mal construidas. Es más, los hechos vinculados a corrupción están a la vista respecto a varios gobernadores y sin embargo ninguna autoridad reacciona. No pasa nada. La impunidad es la regla.
Se requiere voluntad política para cambiar el rumbo y ponerle un alto a la corrupción desbordada y cínica que está a la vista.
A final de cuentas… ¿Quién se atreverá a ponerle el cascabel al gato?
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Diagnósticos sobre transparencia
Admite Putin veracidad de los Panama Papers
Excélsior
AFP
15 de abril de 2016
El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció la veracidad de los Panama Papers, en los que aparecen citadas personas muy cercanas a él, pero dijo que no revelaban nada ilegal y acusó a Estados Unidos de estar detrás de esas “provocaciones”.
“Aunque parezca extraño esta información es fiable. Pero uno tiene la impresión de que no procede de periodistas sino de juristas”, dijo Putin durante una sesión de preguntas y respuestas retransmitida por televisión.
“En concreto, no acusan a nadie de nada”, afirmó.
Según Putin, esa investigación que reveló la existencia de miles de sociedades en paraísos fiscales sólo intenta crear “confusión” sobre las actividades de sus amigos, dando a entender que “benefician al Presidente”.
Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que obtuvo documentos filtrados del gabinete de abogados panameño Mossack Fonseca, varias personas cercanas a Putin escondieron en el extranjero cerca de dos mil millones de dólares.
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INAI
Temen por padrón de beneficiarios de TVs
Mural
Rolando Herrera
14 de abril de 2016
Cd. de México (14 abril 2016).- El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) recabó, administró y transmitió 11 millones de datos de los beneficiarios del reparto de televisiones digitales de manera irregular.
Por unanimidad, los siete comisionados consideraron que la SCT transgredió los principios de licitud, finalidad, proporcionalidad, calidad, información, consentimiento, custodia, cuidado y seguridad de los datos recabados, entre los que se encuentran las 10 huellas dactilares de los beneficiarios y su fotografía.
Ante las irregularidades detectadas, el pleno determinó darle vista al Órgano Interno de Control (OIC) de la SCT para que, con base en sus facultades, inicie los procedimientos administrativos que correspondan.
La comisionada Patricia Kurczyn indicó que la SCT violó el principio de licitud, en virtud de que, de sus facultades legales, no se desprende que pueda recabar los datos de los beneficiarios, así como el de consentimiento, ya que no se obtuvo de ellos la autorización expresa para la recopilación de su información personal.
“En la ejecución de este programa se siguieron procedimientos que a nuestro parecer no se ajustan a la legalidad en cuanto a la protección de datos personales.
“Como es sabido, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social, recabaron datos personales de los beneficiarios tales como nombres, domicilios, teléfonos, inclusive datos biométricos, como son las 10 huellas dactilares”, describió Kurczyn.
El comisionado Francisco Javier Acuña calificó como grave lo realizado por la SCT, que en un primer momento recibió una base de datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con los beneficiarios de sus programas y después le devolvió esos datos agregando la información que había recabado.
Además, expuso el comisionado, la SCT tampoco logró acreditar ante el INAI que los 11 millones de registros se encuentren debidamente resguardados.
“Una base de datos de esta naturaleza es altamente delicada porque se podría correr peligro de su filtración, y en un contexto de elecciones en la mitad de las entidades federativas del país, me parece que esto tiene todavía mayores preocupaciones para todos nosotros”, advirtió.
El Programa de Trabajo de la Transición a la Televisión Digital Terrestre, que fue operado por la SCT, consistió en el reparto de televisiones digitales a cerca de 11 millones de personas con bajos ingresos para mitigar el efecto del apagón analógico que se dio en el país de manera gradual y que concluyó el 31 de diciembre de 2015.
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Protección de datos personales
Pone ejemplo UE en protección de datos
Mural
AP
14 de abril de 2016
Bruselas, Bélgica (14 abril 2016).- La Unión Europea aprobó el jueves nuevas normas de protección de datos para reforzar la privacidad en internet, simplificar la legislación en los 28 estados miembros e impulsar la cooperación policial y de seguridad.
Las normas crearán por primera vez una sólida ley de protección de datos para los 500 millones de ciudadanos de la UE, reemplazando un anticuado entramado de normas nacionales que sólo contemplaban pequeñas multas por las infracciones.
Existirá un “derecho a ser olvidado”, que significa que los consumidores podrán solicitar que información no esencial sea eliminada por buscadores web, como aquellos de Google.
Las normas también dictan que los individuos deberán dar su consentimiento claro y afirmativo antes de que información privada sea procesada por compañías o gobiernos. Este punto cobró importancia después de que hace dos años surgieron reportes de un extenso espionaje del gobierno estadounidense de datos europeos como llamadas telefónicas y correos electrónicos.
Las nuevas normas también permiten una mayor eficacia en la transferencia de información para objetivos policiales y judiciales, lo que ayudará a mejorar la seguridad tras los ataques del 13 de noviembre en París, en donde 130 personas murieron, y los ataques suicidas del mes pasado en Bruselas, que dejaron un saldo de 32 muertos.
La privacidad se ha convertido en un tema candente entre la presión de las compañías para obtener información de clientes, así como la necesidad de servicios de seguridad de tener información sobre sospechosos involucrados en ataques extremistas.
El presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, dijo que la seguridad de los ciudadanos europeos nunca debe garantizarse a expensas de sus derechos y libertades.
Pero calificó las nuevas normas como medidas cruciales en la era digital cuando la privacidad de los clientes está bajo mayor amenaza que nunca.
Comercialmente también hay mucho en juego y el jefe negociador del Parlamento, Jan Phillipp Albrecht, dijo que las compañías que violan la protección de datos de la UE deberán ser multadas con hasta 4 por ciento de sus ganancias anuales, que podría alcanzar los miles de millones de dólares.
Tras cuatro años de fuertes batallas políticas entre industria y grupos de privacidad, las normas deberán ser oficiales en un periodo de dos años.
Transparencia y acceso a la información
Protección de datos personales
Organizaciones piden a la Corte protección de datos
El Universal
Carla Martínez
14 de abril de 2016
Les preocupa que ley no sea clara en señalar cuáles son las autoridades que pueden intervenir comunicaciones privadas y monitorear la geolocalización
Organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales solicitaron a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que reconozca la inconstitucionalidad de los juicios de amparo en contra de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), los cuales obligan a la conservación masiva e indiscriminada de datos de comunicaciones y permiten la vigilancia sin controles.
En un comunicado, las organizaciones aseguran que aceptar estos cambios “lesionan de manera grave el derecho a la privacidad y la seguridad de todas las personas usuarias de servicios de telecomunicaciones en México”.
Además, les preocupa que la LFTR no es clara, precisa y detallada en señalar cuáles son las autoridades que pueden intervenir comunicaciones privadas, monitorear la geolocalización de usuarios de telecomunicaciones en tiempo real o acceder al registro de metadatos de telecomunicaciones, ni los supuestos en los que pueden ser autorizados para utilizar esas herramientas de vigilancia.
“La ley tampoco establece explícitamente el requisito de autorización judicial previa o inmediata.
tcm
Transparencia y acceso a la información
Protección de datos personales
Microsoft demanda a EU por búsquedas de datos de clientes
El Universal
EFE
14 de abril de 2016
La firma cree que sus clientes tienen el derecho a saber cuándo el Gobierno accede a sus correos electrónicos u otro tipo de datos
Microsoft demandó hoy al Departamento de Justicia de EU al considerar que es inconstitucional que el Gobierno prohíba a las empresas tecnológicas informar a sus clientes cuando sus datos han sido revisados.
Microsoft asegura en su demanda que ha recibido 5.624 peticiones de información por parte del Gobierno en los últimos 18 meses y en casi la mitad de los casos, un total de 2.576, la compañía no pudo informar a los clientes que los agentes federales estaban inspeccionando sus datos.
La demanda, presentada en un tribunal federal de la ciudad de Seattle (costa oeste de EU), donde Microsoft tiene su sede, promete desatar otro enfrentamiento de alto nivel entre una empresa tecnológica y el Gobierno y llega poco después de la pelea de Apple con el FBI por el acceso a un teléfono iPhone.
“Esta mañana presentamos una demanda en un tribunal federal contra el Gobierno de Estados Unidos para defender los que nos parecen son los derechos constitucionales fundamentales de nuestros clientes, derechos que protegen la privacidad y promueven la libertad de expresión”, indicó Brad Smith, principal asesor legal de Microsoft, en el blog oficial de la compañía.
La empresa cree que, “salvo en contadas excepciones”, los clientes y los negocios tienen el derecho a saber cuándo el Gobierno accede a sus correos electrónicos o otro tipo de datos.
“A pesar de eso, se está convirtiendo en rutinario para el Gobierno de Estados Unidos el emitir órdenes que exigen a los proveedores de servicios de email mantener ese tipo de demandas legales en secreto”, subrayó Smith.
La empresa considera que la situación “ha ido demasiado lejos”, por lo que explicó que ha decidido recurrir a los tribunales para que evalúen la situación.
“Estas órdenes secretas violan la Cuarta Enmienda (de la Constitución de EU), que otorga a las personas y las empresas el derecho a saber si el Gobierno indaga en sus propiedades”, afirmó el principal asesor legal de Microsoft.
Añadió que el comportamiento del Gobierno viola también la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza, según recordó Microsoft, el derecho de la empresa a informar a los clientes si las acciones del Gobierno afectan a sus datos.
La firma tecnológica afirmó que esta demanda ofrece “una oportunidad” al Departamento de Justicia para adoptar nuevas reglas que establezcan “límites razonables” en el uso de las órdenes secretas.
“Presentar una demanda contra un Gobierno no es una decisión que tomemos a la ligera. Solo lo hacemos cuando creemos que están en juego principios fundamentales e importantes consecuencias prácticas”, destacó Smith.
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Protección de datos personales
Demanda Microsoft a EU por privacidad
Mural
EFE
14 de abril de 2016
San Francisco, Estados Unidos (14 abril 2016).- Microsoft demandó este jueves al Departamento de Justicia de Estados Unidos al considerar que es inconstitucional que el Gobierno prohíba a las empresas tecnológicas informar a sus clientes cuando sus datos han sido revisados.
La empresa asegura en su demanda que ha recibido 5 mil 624 peticiones de información por parte del Gobierno en los últimos 18 meses y en casi la mitad de los casos, un total de 2 mil 576, la compañía no pudo informar a los clientes que los agentes federales estaban inspeccionando sus datos.
La demanda, presentada en un tribunal federal de la ciudad de Seattle, donde Microsoft tiene su sede, promete desatar otro enfrentamiento de alto nivel entre una empresa tecnológica y el Gobierno y llega poco después de la pelea de Apple con el FBI por el acceso a un teléfono iPhone.
“Esta mañana presentamos una demanda en un tribunal federal contra el Gobierno de Estados Unidos para defender los que nos parecen son los derechos constitucionales fundamentales de nuestros clientes, derechos que protegen la privacidad y promueven la libertad de expresión”, indicó Brad Smith, principal asesor legal de Microsoft, en el blog oficial de la compañía.
La empresa cree que, “salvo en contadas excepciones”, los clientes y los negocios tienen el derecho a saber cuándo el Gobierno accede a sus correos electrónicos o otro tipo de datos.
“A pesar de eso, se está convirtiendo en rutinario para el Gobierno de Estados Unidos el emitir órdenes que exigen a los proveedores de servicios de email mantener ese tipo de demandas legales en secreto”, subrayó Smith.
La empresa considera que la situación ha ido demasiado lejos, por lo que explicó que ha decidido recurrir a los tribunales para que evalúen la situación.
“Estas órdenes secretas violan la Cuarta Enmienda (de la Constitución de Estados Unidos), que otorga a las personas y las empresas el derecho a saber si el Gobierno indaga en sus propiedades”, afirmó el principal asesor legal de Microsoft.
Añadió que el comportamiento del Gobierno viola también la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza, según recordó Microsoft, el derecho de la empresa a informar a los clientes si las acciones del Gobierno afectan a sus datos.
La firma tecnológica afirmó que esta demanda ofrece una oportunidad al Departamento de Justicia para adoptar nuevas reglas que establezcan límites razonables en el uso de las órdenes secretas.
“Presentar una demanda contra un Gobierno no es una decisión que tomemos a la ligera. Solo lo hacemos cuando creemos que están en juego principios fundamentales e importantes consecuencias prácticas”, destacó Smith.
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Protección de datos personales
Microsoft demanda a EU por búsqueda de datos
Diario NTR
AP
15 de abril de 2016
En el más reciente enfrentamiento relacionado con los derechos de privacidad en la era digital, Microsoft demandó al gobierno de Estados Unidos por una ley federal que permite a las autoridades examinar correos electrónicos y archivos de usuarios en Internet sin conocimiento de los individuos.
La demanda se produce en momentos en que el sector tecnológico se enfrenta cada vez más con las autoridades estadounidenses sobre el derecho a acceder a una amplia gama de información –incluidos mensajes electrónicos, fotos y documentos financieros– que los usuarios guardan en celulares y en la llamada nube.
Microsoft dice que el Departamento de Justicia abusa de una ley que tiene décadas, la Ley de Privacidad de Comunicaciones Electrónicas, para obtener órdenes judiciales que requieren la entrega de documentos de usuarios almacenados en sus servidores, al tiempo que les prohíbe informarles a los individuos. La compañía dice que eso viola sus derechos constitucionales de libertad de expresión y la protección del usuario de búsquedas no justificables.
Un portavoz del Departamento de Justicia dijo que el gobierno no tenía comentario inmediato sobre la demanda, presentada el jueves en una corte federal en Seattle.
Se amparan con ley
Microsoft, basada en Redmond, Washington, dice que las autoridades se basaron en la ley para exigir información de usuarios más de 5 mil 600 veces en los últimos 18 meses. En casi todos esos casos, una corte le ordenó a la compañía mantener los pedidos en secreto.
“Nosotros entendemos que hay ocasiones en las que se necesita secreto sobre una petición del gobierno”, dijo el presidente de Microsoft, Brad Smith. “Pero basado en las numerosas órdenes de secreto que hemos recibido, cuestionamos si esas órdenes tienen su base en hechos específicos que demandan realmente la discreción. De lo contrario, parece que la emisión de órdenes de secreto se ha vuelto demasiado rutinaria”.
Smith dijo que la compañía decidió presentar su demanda contra la ley después de un caso en el que las autoridades amenazaron con declarar a Microsoft en desacato cuando trató de disputar una orden específica de secreto.
“Eso nos hizo reflexionar y examinar lo que estaba sucediendo con más amplitud”, dijo. “Nos sentimos muy desconcertados cuando sumamos la gran cantidad de órdenes de secreto que estábamos recibiendo”.
La demanda llega cuando Apple ha estado involucrado en una batalla legal sobre el intento del FBI de obligar a la compañía a que ayude para obtener información almacenada en iPhones.
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Protección de datos personales
Personas en riesgo podrán avisar por app
Diario NTR
Agencia Informativa Conacyt
15 de abril de 2016
Con la finalidad de crear una herramienta de alerta que se active por medio de reconocimiento de voz, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, campus Zacatecas (UPIIZ), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se está diseñando una aplicación móvil de seguridad personal que, en caso de emergencia, pueda alertar a familiares o amigos cercanos a través de distintos medios.
El diseño de la aplicación inició en febrero de 2016, por parte del alumno Luis Bernardo Pulido Gaytán, como trabajo terminal en la carrera de ingeniería en sistemas computacionales, bajo asesoría de los maestros Roberto Oswaldo Cruz Leija y Héctor Alejandro Acuña Cid
Luis Bernardo Pulido Gaytán expresó que la app estará disponible gratuitamente para cualquier dispositivo portátil con sistema operativo Android. La aplicación es capaz de enviar el mensaje de alerta y detectar la posición GPS del usuario, registrando el trayecto desde su activación.
“En la actualidad, vivimos en un entorno en el cual estamos expuestos a situaciones de riesgo. Por ello, pensamos en la importancia de crear esta aplicación móvil que se active sin necesidad de desbloquear el celular manualmente. Al pronunciar una frase previamente programada, hará que se ponga en marcha la emisión de alerta”, describió.
Aplicación versátil y amigable
Pulido Gaytán agregó que en la aplicación será instalado un patrón de reconocimiento de voz que detecte, tanto la voz del usuario como la frase que él mismo seleccione; de manera que, aunque otras personas pronuncien la frase, la aplicación no podrá ser activada. Por otra parte, esta podrá ser detectada independientemente del tono y volumen con que se pronuncie.
Por su parte, el maestro Roberto Oswaldo Cruz Leija señaló que una de las ventajas más importantes de la aplicación es su versatilidad, ya que el usuario podrá decidir sus propias configuraciones de emergencia.
“El usuario definirá los patrones y plan de acción que ejecutará la aplicación. Nos referimos a que él defina su propio plan de contingencia. Por ejemplo, el que envíe un mensaje de texto a su papá o a su mamá, esa podría ser una configuración; pero puede crear varias, en las que incluya el envío de mensaje a más contactos –de número indefinido– a través de redes sociales, junto con su ubicación”, detalló.
Agregó que, en caso de que en un futuro así se le considere, cuentan con la posibilidad de acoplar en la aplicación un módulo para que haya aviso a las autoridades. Sin embargo, esto requeriría de la responsabilidad por parte del usuario, razón por la que, inicialmente, sólo se incluye la opción de enviar aviso a personas allegadas.
Pulido Gaytán añadió que la aplicación móvil también permitirá al usuario diseñar el mensaje para que se emita a través de los diferentes medios –redes sociales o mensajes de texto–. Asimismo, indicó que se considera añadir a la aplicación la opción de realizar una llamada de emergencia, para que al momento de la alerta el receptor de la llamada pueda escuchar el contexto de la situación de riesgo.
Por el momento, esta aplicación móvil se encuentra en fase de diseño. En los próximos meses se desarrollará el software, para finalizarla en noviembre de 2016. Posterior a ello, la aplicación será puesta a disposición del público en forma gratuita.
Dato:
Accesible. La app estará disponible gratuitamente para cualquier dispositivo portátil con sistema operativo Android.
Transparencia y acceso a la información
Protección de datos personales
Almacenará UE datos de pasajeros de aerolíneas
El Universal
Inder Bugarin / Corresponsal
15 de abril de 2016
Parlamento Europeo logra acuerdo, busca combatir terrorismo; información servirá para detectar, investigar y enjuiciar delitos graves
Integrantes del Parlamento Europeo, durante la votación, ayer en Estrasburgo, de la norma sobre la compilación de datos de pasajeros aéreos (VINCENT KESSLER. REUTERS)
La controvertida norma europea que permitirá la transferencia y almacenamiento de hasta por cinco años de los datos de los pasajeros aéreos (PNR) de vuelos extracomunitarios, recibió ayer el visto bueno definitivo del Parlamento Europeo tras cinco años de discusiones. El texto fue aprobado por el pleno de Estrasburgo por 461 votos a favor, 179 en contra y 9 abstenciones.
La normativa deberá ser trasladada a la legislación nacional de los 28 socios de la Unión Europea en un plazo no mayor a los dos años tras la adopción formal por parte del Consejo Europeo, y obligará a las aerolíneas a proporcionar a las autoridades los datos de los pasajeros de todos los vuelos que llegan y salen a la comunidad. Por su parte, los Estados miembros tendrán que establecer una “Unidad de Información sobre los Pasajeros”, la cual será responsable de gestionar los datos recopilados.
El autor de la normativa, el eurodiputado conservador británico Timothy Kirkhope, asegura que se trata de una efectiva herramienta para combatir el terrorismo y la delincuencia transnacional. “Mediante la recopilación, intercambio y análisis de los datos PNR, nuestros servicios de inteligencia pueden detectar patrones de comportamiento sospechoso que merecen seguimiento”, sostiene el miembro del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos.
La misma lectura tienen el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y el Comisario Europeo del Interior, Dimitris Avramopoulos, quienes en una declaración conjunta destacaron la importancia de aprobar el mecanismo tras los ataques terroristas en París y Bruselas, ocurridos el 13 de noviembre y 22 de marzo respectivamente.
Diversas ONG, entre ellas Amnistía Internacional, afirman que el almacenamiento masivo de datos viola la Carta de Derechos Fundamentales, la Convención Europea de Derechos Humanos y la Convención 108 del Consejo de Europa.
En tanto que el eurodiputado alemán Jan Philipp Albrecht, asegura que es un “placebo” que “minará los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE, así como la seguridad de nuestras sociedades”.
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