Ciberseguridad

Investigan “hackeo” en Mossack Fonseca

Mural

EFE

13 de abril de 2016

 

Ciudad de Panamá, Panamá (13 abril 2016).- El Ministerio Público de Panamá (MP) realizó hoy una inspección ocular al servidor del bufete panameño Mossack Fonseca, luego de que la firma, centro del escándalo de los denominados papeles de Panamá, denunciara un supuesto “hackeo” a su base de datos, indicó uno de los integrantes de este buró.

La inspección, a cargo de la Fiscalía de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, fue realizada sobre el servidor que contiene la base de datos y todos sus respaldos, dijo a periodistas el abogado Elías Solano, miembro de la firma.

La medida deriva de una querella penal que la firma presentó ante el Ministerio Público por el delito contra la seguridad informática el 10 de marzo pasado, explicó Solano, y aclaró que no fue un allanamiento, sino una diligencia “dentro de esta querella por la sustracción ilegal de sus documentos de su base de datos”.

Aseveró igualmente que la inspección “en lo absoluto” tiene que ver con la revelación de los llamados papeles de Panamá, y dijo que esta fue dirigida por el fiscal de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, Ricaurte González.

La Fiscalía presentó un cuestionario de 25 a 30 preguntas para aclarar detalles que quedaron pendientes de una segunda inspección, que tuvo lugar el miércoles pasado, las cuales fueron respondidas, añadió.

El abogado afirmó que “en este estado de la investigación la firma no descarta absolutamente nada”, pero no quiso adelantar ningún comentario sobre el posible resultado de las indagación pues, señaló, “seria especular y sería irresponsable”.

“Nosotros preferimos que el Ministerio Público haga su labor y la firma ha decidido dejar todo este tema en manos del Ministerio Público, y colaborar con lo que ellos tengan a bien investigar dentro de la oficina”, remarcó.

La Procuradora (Fiscal general) de Panamá, Kenia Porcell, anunció la semana pasada que iniciará una investigación a raíz del escándalo global desatado con la filtración masiva de documentos de Mossack Fonseca y sus operaciones en la creación de empresas “offshore” para que supuestamente grandes fortunas puedan evadir el fisco de sus países.

La investigación anunciada por la Procuradora buscará determinar si en territorio panameño se cometió algún hecho punible en relación con el escándalo.

El MP fue consultado por EFE sobre si la inspección ocular de este lunes al despacho Mossack Fonseca es parte de esta investigación, pero hasta el momento no se recibió respuesta.

Los papeles de Panamá son la mayor filtración de la historia del periodismo en términos de volumen: sus 11,5 millones de documentos superan con creces los 1,7 millones de archivos que Edward Snowden divulgó en 2013 sobre el espionaje a nivel global de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense.

La información fue entregada al diario alemán “Süddeutsche Zeitung” y analizada por meses por cientos de profesionales organizados en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

El Gobierno panameño inicia este martes un diálogo con los sectores bancario y comercial, y con el gremio de abogados para revisar la estructura y funcionamiento de los sistemas financiero y legal del país, la estrategia con la que se ha propuesto enfrentar el escándalo.

La posición de la Administración del presidente, Juan Carlos Varela, es que el escándalo deriva de las actividades de una firma de abogados panameña, no del país, y ha señalado que en aras de profundizar las medidas que ha adoptado en los últimos años en favor de la “transparencia”, se hará una revisión de los sistemas financiero y fiscal.

 

 

Ciberseguridad

El misterioso mensaje que llevó a la filtración de ‘Panama Papers’

El Informador

13 de abril de 2016

 

La historia de los llamados “papeles de Panamá”, que ha desembocado en un escándalo que ha sacudido prácticamente a todo el mundo, se inició con un lacónico mensaje al diario alemán “Süddeutsche Zeitung” que sería el comienzo de una investigación periodística internacional.

“Hola, habla John Doe. ¿Tienen interés en datos? Se los doy con gusto”, fue el mensaje que recibió el periódico de una fuente anónima hace más de un año.

Luego siguieron otras noticias y posteriormente -en varias entregas- los datos anunciados que al final abarcaban 2.6 terabytes.

El rotativo, en un artículo en el que revela algunos detalles de la historia de investigación, asegura que se trata de la filtración de datos más grande que haya llegado a los medios.

El diario destinó un equipo especial a que contrastase la autenticidad de los datos y decidió hacer partícipe de ellos al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con el propósito de que se pudiera contrastar el mayor número de historias posibles a nivel mundial.

El ICIJ, fundado en 1997, es una asociación internacional de periodistas de investigación al que pertenecen cuatro reporteros del periódico alemán.

A la investigación de los “papeles de Panamá” -centrados en las empresas opacas creadas por el bufete Mossack Fonseca- se sumaron 400 reporteros de una decena de países.

Los resultados están siendo publicados actualmente en veinte idiomas y salpican tanto a políticos como a deportistas y dirigentes deportivos y a 29 personas que aparecen en la lista de la revista “Forbes” de las 500 mayores fortunas del mundo.

Los “papeles de Panamá” contienen datos de más de 200 mil empresas opacas creadas entre 1977 y 2015.

Ya hace dos años un informante había vendido a las autoridades alemanas datos internos sobre el bufete panameño, pero que afectaban sólo a unos cientos de compañías.

Esa primera filtración condujo a registros de despachos y viviendas de un centenar de personas en Alemania y varios bancos, entre ellos el Commerzbank, el segundo del país, se declararon dispuestos a pagar multas millonarias en relación con los negocios realizados con Mossack Fonseca.

Pero lo de ahora tiene otras dimensiones y nadie sabe cuándo se terminarán de contar todas las historias que revelan los papeles ni qué harán las autoridades de los países afectados por ellas.

Hay historias casi marginales como la de Leticia Montoya, una mujer que vive en un barrio modesto de Panamá y que aparece como directora de cerca de tres mil empresas opacas.

Su sueldo, según el diario alemán, es insignificante en comparación con los ingresos que representan para el bufete el uso de su nombre como directora, por el que cobran a sus clientes 100 euros al año, lo que, con tres mil empresas que presuntamente dirige, representa una facturación anual de 300 mil euros.

El rotativo recibió el número de teléfono móvil (celular) de Montoya de su marido, que al parecer no tenía la menor idea de que su mujer era una especie de reina de las empresas opacas.

El nombre de Jürgen Mossack, socio de Mossack Fonseca, ha pasado de ser desconocido en Alemania a ser reconocido por todo el mundo. El diario también ha reconstruido su historia.

Mossack nació en Fürth (sur de Alemania), pero a comienzos de los años 60 su familia emigró a Panamá.

Su padre había sido durante la II Guerra Mundial miembro de las SS y, tras la capitulación alemana, fue hecho prisionero por los aliados.

No obstante, posteriormente se convirtió en informante de la CIA y probablemente también de los servicios secretos alemanes.

El trabajo de su bufete, al que se sumó en 1986 Ramón Fonseca como socio, exigía una absoluta discreción, ahora rota por la investigación periodística que se inició con el mensaje lacónico del informante que firmaba como John Doe, es decir “Fulano de tal”.

Los efectos de estos documentos van desde Islandia hasta España, desde Rusia -uno de los países más afectados por las historias que han empezado a contarse- hasta el Reino Unido, desde Estados Unidos hasta Argentina y desde los palacios de gobierno hasta la casa de Leticia Montoya.

Todo, a partir del mensaje lacónico de John Doe.

 

 

Ciberseguridad

SCJN dice que empresas telecom deben dar datos de usuarios si existe orden judicial

Homozapping

El Zappo

13 abril 2016

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que las empresas de telecomunicaciones están obligadas a entregar datos personales de sus usuarios, en caso de que exista una orden judicial que así lo determine.

El máximo tribunal determinó que “la retención, conservación y entrega de la información relacionada con las comunicaciones de telefonía fija o móvil, constituye una injerencia constitucionalmente válida a la privacidad de las personas, acorde con los propósitos que persigue la ley”.

En este contexto, el proyecto elaborado por el ministro Fernando Franco González Sala, precisa que la solicitud de acceso por parte de las autoridades a la información de telefonía fija o móvil de particulares, deberá ser entregada a la autoridad cuando así lo requiera.

Cabe señalar que de acuerdo con la ley, los jueces no podrán autorizar la entrega de la información resguardada relacionada con los temas, electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

La sentencia establece que, al validar la constitucionalidad del artículo el artículo 190, fracción II de la Ley Federal de Telecomunicaciones, carecerán de valor probatorio las pruebas derivadas del uso de los datos de telefonía retenidos, si la entrega de la información no se realizó previa autorización judicial”.