Transparencia y acceso a la información
INAI
Inai urge a armonizar leyes de transparencia
El Universal
Alberto Morales
14 de abril de 2016
Ximena Puente, presidenta del instituto, exhorta a los Congresos locales a cumplir con este proceso legislativo
Ximena Puente recordó que quedan 22 días para que se cumpla el plazo para el proceso de armonización de las leyes locales
En sesión extraordinaria del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Ximena Puente de la Mora, solicitó a los Congresos estatales aprobar antes del 4 de mayo la armonización de sus leyes en la materia con la ley general.
La funcionaria recordó que quedan 22 días para que se cumpla el plazo constitucional para el proceso de armonización de las leyes locales y hasta la fecha sólo ocho entidades han cumplido con el proceso legislativo.
“Invitamos de manera muy respetuosa a los Congresos de las entidades que están en este proceso, sabemos que lo están trabajando, que están en contacto con cada uno de ustedes, como parte fundamental de los institutos de transparencia”, dijo la comisionada ante representantes de los órganos del rubro de todo el país.
Aseguró que redoblarán esfuerzos en estos 22 días para estar en posibilidad de rendir a los mexicanas cuentas claras de todo en los procesos de armonización.
En otro tema, Puente de la Mora destacó que independientemente de los tiempos electorales en algunas entidades federativas, la información en los portales de transparencia debe de permanecer en sus sitios.
“Es indispensable que hagamos como Consejo del Sistema esta mención, de que las obligaciones derivadas de estas nuevas disposiciones en la materia deben permanecer en dichos portales”, afirmó la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
Transparencia y acceso a la información
INAI
Deben acatar la ley de transparencia estados donde habrá elecciones: Inai
La Jornada
Alonso Urrutia
Jueves 14 de abril de 2016
En el contexto de la reunión del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Ximena Puente, exhortó a las autoridades donde se efectúan procesos electorales a que, “independientemente de los tiempos de cada estado de la República, la información de transparencia en los portales permanezca accesible, en cumplimiento de una obligación legal para los ciudadanos”.
Secundó el exhorto la representante del órgano de transparencia zacatecano, Julieta del Río, quien censuró que las autoridades donde habrá comicios utilicen esta coyuntura para retirar la información que están obligadas a tener disponible, con el pretexto del proceso electoral.
Asimismo, se aprobó el calendario para la elaboración del programa nacional de transparencia, se avalaron los nuevos lineamientos que regirán para la operación de la plataforma que sustituirá al sistema Infomex, pero incorporando a todos los sujetos obligados a escalas nacional, estatal y municipal. El único punto a debate fue el plazo que se otorgaría a los sujetos obligados para cumplir todas las nuevas responsabilidades en la materia a partir de mayo.
Originalmente se plantearon seis meses para cargar la información a la plataforma nacional, y un año más para que se realice una evaluación diagnóstica de su cumplimiento. Sin embargo, si bien se tenía el aval para el conjunto de los lineamientos, sólo en el plazo de cumplimiento hubo objeciones, las cuales fueron planteadas en primera instancia por la presidenta del órgano garante mexiquense, Josefina Román, quien aludió al desfasamiento que existe particularmente a escala municipal en cuanto a recursos económicos y capacidades técnicas.
A su juicio, debería conferirse una prórroga a los sujetos obligados que acrediten y fundamenten su petición.
Transparencia y acceso a la información
INAI
Piden a estados transparencia en veda
Mural
Rolando Herrera
13 de abril de 2016
Cd. de México (13 abril 2016).- Los sujetos obligados de las 13 entidades en las que se realizarán elecciones el próximo 5 de junio no podrán bajar información de sus portales de transparencia con el pretexto de la veda electoral, advirtió Ximena Puente, titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Durante la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, la funcionaria indicó que es una obligación legal mantener la información a disposición de los ciudadanos.
“Independientemente de los tiempos de cada uno de los estados de la República aquí presentes y de los posibles procesos electorales, la información en los portales de transparencia debe de permanecer en los portales de transparencia”, especificó.
“Esto es en cumplimiento de una obligación legal, muy puntual y que es con el objeto siempre de dar información a las y los ciudadanos”.
Puente dijo que las entidades deben mantener abierta la información que actualmente están obligadas a dar a conocer y que a partir del 6 de mayo deberán incorporar las nuevas obligaciones que les impone la Ley General de Transparencia, que fija 48 tareas genéricas, más otras tantas específicas para determinados sujetos.
El próximo 5 de junio se realizarán elecciones en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Transparencia y acceso a la información
INAI
Urge INAI a estados armonizar leyes
Mural
Rolando Herrera
13 de abril de 2016
Cd. de México (13 abril 2016).- Ante representantes de órganos locales e integrantes del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, la comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora, hizo una invitación a los Congresos estatales a aprobar dentro del plazo establecido las leyes locales de transparencia.
La funcionaria mencionó que faltan 22 días para que venza el plazo de un año que tuvieron los Congresos locales para armonizar sus normas a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es la norma reglamentaria del artículo sexto de la Constitución.
REFORMA publicó este miércoles que a la fecha faltan 24 entidades de armonizar sus leyes locales, pues sólo ocho han cumplido con el mandato que les confirió la Ley General, a pesar de que el plazo vence el próximo 5 de mayo.
En sesión extraordinaria del Consejo, Puente de la Mora aseguró que el INAI está comprometido a apoyar a las entidades en este proceso con la finalidad de que sus leyes puedan estar en tiempo.
“Refrendamos el compromiso del INAI para trabajar a marchas muy aceleradas, de cara al cumplimiento del plazo constitucional y a redoblar esfuerzos en estos 22 días para estar en posibilidad de rendir, a las y los mexicanos, cuentas claras de todo este arduo trabajo que ha significado los procesos de armonización”, dijo.
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Valida INE firmas ciudadanas para 3de3
Mural
Claudia Guerrero e Isabella González
13 de abril de 2016
Cd. de México (13 abril 2016).- El Instituto Nacional Electoral (INE) validó las miles de firmas entregadas por ciudadanos para impulsar la iniciativa de ley 3de3, y obligar a funcionarios a presentar declaraciones patrimoniales, de impuestos y conflictos de interés.
Lorenzo Córdova, titular del órgano electoral, informó al presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, Pablo Escudero, sobre la conclusión del proceso para verificar las firmas recolectadas por organizaciones como Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad y la Red por la Rendición de Cuentas, entre otras.
“Ya llegó la validación, el presidente del INE me llamó para informarme de manera formal que ya se cumplió el requisito”, informó Escudero.
Desde el pasado 18 de marzo, tras recibir las primeras 300 mil firmas, el Presidente del Senado, Roberto Gil, envió las cajas al INE para su verificación.
Unos 25 días después, el Instituto confirmó que los promotores cumplieron con los requisitos establecidos en la Constitución para que la Cámara alta procese la primera iniciativa ciudadana de la historia.
El pasado 6 de abril, los representantes de la sociedad civil entregaron otro paquete de más de 300 mil firmas, para sumar un total de 634 mil respaldos a la iniciativa de ley.
Aunque los ciudadanos ya habían sido incorporados al debate del paquete anticorrupción en las comisiones, con la validación de firmas el Senado queda obligado a procesar formalmente la iniciativa.
Ayer, durante la reunión de trabajo de las comisiones, los legisladores colocaron en el centro de debate la propuesta de ley 3de3.
En lugar de tomar como documento base el elaborado por los presidentes de las comisiones, los legisladores decidieron iniciar el análisis de la Ley de Responsabilidades Administrativas en función de la propuesta lanzada por ciudadanos.
Transparencia y acceso a la información
INAI
Prevén saturación de litigios en INAI
Mural
Rolando Herrera
13 de abril de 2016
Cd. de México (13 abril 2016).- La falta de armonización de las leyes estatales y la entrada en vigor por suplencia de esas normas por parte de la Ley General de Transparencia, puede generar que los órganos locales se desentiendan de sus obligaciones y dejen que los asuntos los resuelva el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).
Así lo advirtió ayer el comisionado Joel Salas al participar en el foro “La información en el combate a la corrupción. ¿Cómo le hacemos para arreglarnos?”, y añadió que esto podría significar un problema para el Instituto, pues se saturaría de recursos de revisión locales.
“Representa un gran problema y un gran riesgo porque lo peor que puede suceder es que los colegas de los órganos garantes locales agarren y digan: ‘que resuelva el INAI porque yo no me quiero meter en problemas ni con mi Ejecutivo, ni con mi Legislativo, ni con mi Judicial’, en algunos temas en donde, por el momento, quizá el ciudadano no se siente conforme con la respuesta que le ha dado su órgano garante”, señaló.
Salas dijo que al no estar ajustadas las leyes locales al estándar nacional evidentemente habrá motivos para que los ciudadanos se inconformen y pidan que el INAI intervenga para hacer efectivo su derecho a la información.
“Por ejemplo, leyes como la de Colima o de mi estado, el de Nayarit, que fijan 60 días para la resolución de un recurso de revisión, si el órgano garante no resolvió previo al día 40 (que es el máximo que establece la Ley General), ya se va a poder venir con nosotros al INAI”, dijo.
La competencia del INAI para conocer de los recursos de revisión en segunda instancia o bien, al ejercer su capacidad de atracción, explicó el comisionado, quedó prevista en un artículo transitorio de la Ley General de Transparencia que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero del año pasado en caso de que los estados no armonizaran sus leyes.
“El Legislativo encontró una salida, que es: si a partir del 6 de mayo las entidades federativas no armonizaron su Legislación -y eso creo que es el quinto transitorio de la Ley General- el INAI tendrá conocimiento de los medios de impugnación”, indicó.
Boggar González, coordinador del Colectivo por la Transparencia, aseguró que la premura con la que los congresos de 24 entidades rezagadas del País habrán de armonizar sus leyes de transparencia al estándar nacional, genera el riesgo de que estas normas sean deficientes y no se incluya en su discusión a la sociedad civil.
“Hay que acordarnos que la Ley General sube el estándar de todas las leyes estatales, no hay una ley estatal que no tenga que ser armonizada o que no se tenga que mejorar en términos de los derechos que se brindan y de las posibilidades y beneficios que se establecen para que la ciudadanía ejerza su derecho a la información”, destacó.
“Se corre un gran riesgo de que se hagan dictámenes en lo oscuro, es decir, que porque hay muy poco el tiempo de un día para otro amanezcan propuestas de ley ya promulgadas con retrocesos”.
Transparencia y acceso a la información
INAI
Corregirá Oaxaca ley de transparencia
Mural
Virgilio Sánchez/Corresponsal
13 de abril de 2016
Oaxaca, México (13 abril 2016).- El Congreso local agendó para la sesión ordinaria de mañana corregir la Ley Estatal de Transparencia, tal y como lo señaló el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).
Los legisladores atenderán este asunto como de urgente y obvia resolución, por lo tanto, será votado de manera inmediata.
El lunes, por unanimidad, los comisionados del INAI acordaron iniciar una controversia constitucional en contra la Ley de Transparencia de Oaxaca por violar el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública.
Argumentaron que la legislación estatal contraviene la Ley General de Transparencia, ya que fija de antemano un plazo de 40 días para que los sujetos obligados entreguen información pública que no exista en sus archivos; sin embargo, la Ley General establece que los sujetos obligados deben entregar información pública en un plazo no mayor a 10 días.
En la misma sesión, el comisionado Joel Salas expuso que, si el Congreso de Oaxaca corrige de inmediato este error, evitará que se inicie la controversia.
Transparencia y acceso a la información
Protección de datos personales
Protección de datos preocupa a Europa
El Economista
AFP
13 de abril de 2016
Autoridades europeas encargadas de la protección de datos personales, enfatizaron que persiste preocupación sobre el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE) para la transferencia mutua de datos y pidieron a la Comisión Europea que obtenga garantías adicionales.
El pedido emana del G-29, que agrupa a las autoridades nacionales europeas de protección de los datos personales de los 28 miembros de la unión, que debían pronunciarse sobre el acuerdo alcanzado en febrero entre Bruselas y Washington bautizado como Privacy Shield (escudo de confidencialidad).
Este acuerdo debe reemplazar el Safe Harbour (Puerto seguro) vigente desde el 2000, que la justicia europea invalidó en octubre por el espionaje masivo de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA, por su sigla en inglés).
El Safe Harbour y el Privacy Shield son marcos jurídicos que regulan la transferencia de datos personales entre la UE y Estados Unidos, usados con fines comerciales por las empresas de Internet.
En conferencia de prensa, Isabelle Falque-Pierrotin, presidenta de la autoridad nacional francesa de protección de datos privados y que oficia al frente del G-29, refirió que “aún hay mejoras mayores” a aportar al Privacy Shield.
Falque-Pierrotin consideró que “algunos principios clave de la legislación europea sobre la protección de datos no están verdaderamente reflejados” en el acuerdo.
Si bien hay “múltiples vías” para que los usuarios puedan recurrir a la justicia estadounidense si consideran sus derechos vulnerados, estas vías de recurso son muchas, lo que hace difícil “encontrar al buen interlocutor”.
En cuanto a la vigilancia de las agencias de seguridad, el G-29 considera que el nuevo acuerdo “aún deja la posibilidad (…) de una recopilación (de datos) a granel, que si es masiva e indiscriminada, es inaceptable”, indicó Falque-Pierrotin.
Al anunciar el acuerdo, la comisión había indicado que, sobre el acceso a los datos europeos por las agencias de inteligencia estadounidenses, habían obtenido una garantía escrita por parte de Estados Unidos en la que Washington aseguraba que no llevaría a cabo una vigilancia masiva indiscriminada de los europeos.
Transparencia y acceso a la información
Protección de datos personales
FBI pagó a “hackers” para acceder a iPhone
El Universal
EFE
13 de abril de 2016
Según publicó hoy el Washington Post, el Buró contactó con los piratas informáticos, que hallaron un defecto de software no conocido y facilitaron la información a los agentes
El método permitió a los investigadores flanquear el código personal de cuatro dígitos sin activar un mecanismo de seguridad usado por Apple
El Buró Federal de Investigación (FBI) de EU pagó a un grupo de “hackers” profesionales para que le ayudasen a acceder al teléfono iPhone utilizado por el autor del tiroteo en la localidad californiana de San Bernardino en diciembre pasado que se cobró la vida de 14 personas.
Según publicó hoy el Washington Post, que citó fuentes policiales no identificadas, el FBI contactó con los piratas informáticos, que hallaron un defecto de software no conocido hasta entonces y facilitaron la información a los agentes para que estos creasen una pieza de hardware que les permitió acceder al teléfono.
El método permitió a los investigadores flanquear el código personal de cuatro dígitos sin activar un mecanismo de seguridad usado por Apple, fabricante del dispositivo, que hubiese eliminado todo el contenido del teléfono en caso de introducir códigos incorrectos más de 10 veces.
Al grupo de “hackers” profesionales, que habitualmente colaboran con el Gobierno estadounidense, se les pagó una cantidad no revelada.
El FBI accedió al teléfono de Rizwan Farook, responsable junto a su esposa Tashfeen Malik de la muerte de 14 personas en diciembre en California, después de un largo litigio legal y de que Apple se negase a prestar su ayuda.
La compañía alegaba que, de acceder a la demanda del Gobierno, ponía en riesgo la privacidad de todos sus dispositivos.
Transparencia y acceso a la información
Protección de datos personales
Pagó FBI por desbloquear iPhone
Mural
EFE
13 de abril de 2016
Washington DC, Estados Unidos (13 abril 2016).- El Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos pagó a un grupo de hackers profesionales para que le ayudasen a acceder al teléfono iPhone utilizado por el autor del tiroteo en San Bernardino.
Según publicó hoy el Washington Post, que citó fuentes policiales no identificadas, el FBI contactó con los piratas informáticos, que hallaron un defecto de software no conocido hasta entonces y facilitaron la información a los agentes para que estos creasen una pieza de hardware que les permitió acceder al teléfono.
El método permitió a los investigadores flanquear el código personal de cuatro dígitos sin activar un mecanismo de seguridad usado por Apple, fabricante del dispositivo, que hubiese eliminado todo el contenido del teléfono en caso de introducir códigos incorrectos más de 10 veces.
Al grupo de hackers profesionales, que habitualmente colaboran con el Gobierno estadounidense, se les pagó una cantidad no revelada.
El FBI accedió al teléfono de Rizwan Farook, responsable junto a su esposa Tashfeen Malik de la muerte de 14 personas en diciembre en California, después de un largo litigio legal y de que Apple se negase a prestar su ayuda.
La compañía alegaba que, de acceder a la demanda del Gobierno, ponía en riesgo la privacidad de todos sus dispositivos.
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Anticorrupción como bandera electoral
El Universal
Luis Cárdenas
14 de abril de 2016
Cuatrocientos setenta millones más, millones menos, se pierden cada año en corrupción, en mordidas, en moches para las obras públicas, en la corta por debajo de la mesa, en engordar las carteras de funcionarios corruptos por ciudadanos igualmente corruptos.
Con ese dinero, bien podríamos tener mejores hospitales, carreteras, policías, programas sociales o inversiones económicas, estamos hablando del 4% del PIB fermentado en la deshonestidad.
En el Senado de la República, se discute la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción que, dicen los presidentes de comisiones Escudero, Yunes y Encinas, podría estar listo para el próximo 30 de abril.
Desde hace meses se discuten y negocian las posturas del PRI-PVEM, PAN, PRD y demás grupos parlamentarios con relativo éxito. Por eso, llama tanto la atención que el pasado lunes los líderes del PAN y del PRD, Ricardo Anaya y Agustín Basave, se hayan lanzado en un discurso francamente confrontativo en lugar de constructivo.
¿Si las negociaciones iban tan bien, qué necesidad había de enturbiar el clima para su pronta aprobación?
La aprobación de un sistema nacional anticorrupción pasa por reformas técnicas extremadamente complejas, no es una varita mágica de soluciones fáciles, sino una cantidad considerable de leyes que deberán ser modificadas para su aplicación, que en sí misma representará otro gran reto en los próximos años.
El discurso fácil y trillado del PAN y del PRD que quiere vendernos a un PRI PVEM corrupto, parece responder más a una herramienta electorera que a la verdadera intención de combatir la corrupción.
¿Y no fueron también corruptos en el PRD?, ¿y no fueron también corruptos en el PAN?, ¿ya no lo son?
Al final, podríamos ser testigos de un simple juego de vanidades que nos terminará tomando el pelo a todos, de un coro de monólogos narcisistas interesado más en brillar que en resolver asuntos.
Pero, si de verdad quisieran los legisladores entrar al tema del combate a la corrupción, ¿no valdría legislar sobre el fuero?
Porque, ni la ley con más dentadura del mundo podría contra una inmunidad de los funcionarios.
Al final, veremos si les importan más los votos que la corrupción. Lo cual, suena también a corrupción, al menos, en su moral.
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Anticorrupción, la madre de todas las batallas
El Universal
Luis Felipe Bravo Mena
14 de abril de 2016
Se agotan los plazos establecidos en la reforma constitucional para desarrollar la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). La fecha límite es el 28 de mayo; pero el deadline del Congreso es el 30 abril, ese día se clausura el periodo legislativo, al mes siguiente las campañas electorales crisparán los ánimos. No es lógico esperar que se convoque a sesiones extraordinarias ni que exista clima favorable al diálogo y la construcción de acuerdos. Las próximas dos semanas serán cruciales para México, calificarlas de históricas no es una sobrevaloración.
Se trata de dar vida a un conjunto de instituciones para impedir que el ejercicio de la función pública sea una patente de asalto a los presupuestos; para revertir el goce privado de los bienes públicos; para atajar la toma de ventajas desde el poder, fuente de tantas fortunas malhabidas, lavadas al paso de las generaciones, origen de una oligarquía robolucionaria de mirreyes y porkys de ayer y hoy.
El reto es hacer un corte radical en esa negra crónica mediante la introducción de un engranaje de 7 nuevos ordenamientos en la arquitectura del Estado mexicano. Es una asignatura pendiente desde nuestro surgimiento como nación soberana hace 195 años. No lo hicieron los constituyentes de los siglos XIX y XX. Ahora estamos en el umbral de lograrlo con la creación y reformas de las siguientes leyes: General del SNA, General de Responsabilidades Administrativas (incluye el 3de3 ), Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, Orgánica de la Administración Pública Federal, Fiscalización y Rendición de Cuentas, Orgánica de la PGR y el Código Penal Federal.
En materia de corrupción México llegó a un punto límite. No podemos seguir así. La Casa Blanca se convirtió en un símbolo de esta fase terminal; como Tlatelolco en 68 marcó el punto acmé del autoritarismo, el fraude electoral del 88 señaló la ultima estación para esas prácticas y la crisis de 1994-95 obligó a la responsabilidad macroeconómica.
Muchos esfuerzos acumulados para organizarnos como sociedad libre, justa y desarrollada se han frustrado o fueron demolidos por este terrible cáncer. Ahí está la triste historia de las reformas realizadas en las pasadas tres décadas: la económica (1985-2013). Pasamos del anquilosado nacionalismo revolucionario, cerrado y estatista, a un modelo abierto de libre mercado. Esperábamos con esta radical transformación alzas significativas en el PIB, reducción de la pobreza y mejoría en la distribución del ingreso. Pero poco de eso se ha visto, reformas estructurales fueron y vinieron con frutos decepcionantes frente al potencial que contenían. Lo único verdaderamente exitoso es que los ricos —los de antaño, junto a los de las comaladas sexenales recientes— acompadrados al poder, multiplicaron despiadadamente sus fortunas.
En lo político pasó lo mismo. La transición democrática (1988-2000) transformó el régimen presidencialista, de partido hegemónico y autoritario, en un modelo pluripartidista, con voto respetado y alternancias múltiples, pero no limpió al sistema. Los poderes fácticos y la corrupción del viejo esquema quedaron intactos. Sólo remodelamos el subsistema electoral y lo encarecimos de tal forma que ahora sólo tiene posibilidades de competir quien dispone de fondos inconmensurables, acumulados legal o ilegalmente. No debe extrañarnos que la corrupción infectara velozmente a todos los actores políticos y su fetidez invadiera a todas las instituciones. No encontró resistencia. Se democratizó la corrupción.
Incorporar el SNA a la organización del Estado es impostergable para frenar la espiral de rendimientos decrecientes de los cambios políticos y económicos ya realizados. El Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) en su estudio (2015) lo resume en cuatro palabras: “Transamos y no avanzamos”. Eso es todo.
Ex presidente nacional panista.
Comisión Anticorrupción de AN.
@L_FBravoMena
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Concluyen senadores mesas anticorrupción
El Universal
Alberto Morales y Juan Arvizu
14 de abril de 2016
Inician hoy borradores de las primeras normas del tema; legislaciones serán analizadas por cinco grupos de trabajo
Las comisiones unidas de Anticorrupción, Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado y organizaciones de la sociedad civil concluyeron las mesas de análisis de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y plantearon que los grupos de trabajo trabajarán a partir de hoy por medio de la plataforma Google Docs para la construcción de los borradores del primer paquete de normas en la materia.
La intención es que en la plataforma digital se coloquen los comentarios y opiniones sobre la Ley General de Responsabilidad de los Servidores Públicos, Ley Orgánica del Sistema Nacional Anticorrupción; Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en las que sólo los legisladores y los impulsores de la Ley 3 de 3 podrán colocar sus opiniones, explicó el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez.
El senador Fernando Yunes, del Partido Acción Nacional (PAN), leyó durante la reunión celebrada ayer en las instalaciones de la Cámara Alta, un agregado con el cual se define la metodología con la que se laborará a partir de hoy con cinco grupos de trabajo con las leyes abordadas; las sesiones de los grupos serán públicas y los documentos se circularán en formato abierto y editable.
Una vez concluidos los trabajos presentarán un documento de conclusiones que servirá como insumo para la elaboración de los dictámenes conforme al reglamento del Senado.
Además, la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3 sobre la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos será la guía de discusión para esa norma.
Por la tarde, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth (PAN), y el presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), informaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) turnó de manera oficial la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3, por lo que la envió a comisiones para su dictaminación.
Preocupa norma a sociedad civil. Previamente, por la mañana, las organizaciones de la sociedad civil y senadores de oposición expresaron su preocupación de que en el documento de trabajo de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa se “achiquen” los alcances de la reforma constitucional, al no contar con juzgadores especializados, autónomos y con experiencia en la materia.
Durante la tercera mesa de trabajo de las comisiones unidas de Anticorrupción, Justicia y Estudios Legislativos, Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, expresó su preocupación de que se propone un tribunal sin las atribuciones suficientes para juzgar a un gobernador, a un secretario de Estado o a un legislador.
“Al ver el documento de trabajo, parece que se les olvidó toda la parte de la sección tercera, ya que se trata de que estos magistrados van a ser los encargados de tener sentados frente a sí a un gobernador acusado de corrupción, a un secretario de Estado o a un legislador, pero la Constitución ordena que se genere una tercera sección para que haya magistrados especializados, y en el documento de trabajo sólo se habla de magistrados de apelación”, aseveró el experto anticorrupción.
Kaiser dijo que no es aceptable que los grandes casos de corrupción sean resueltos por magistrados de salas ordinarias, sin especialización, autonomía ni profesionalización.
La senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Dolores Padierna, advirtió que la propuesta del PRI-PVEM opta por mantener las cosas como están, con más palabras o distintas, pero no se cambia en especial el planteamiento de cómo trabaja hoy el tribunal.
La senadora Pilar Ortega (PAN) dijo que le preocupa que sean las salas regionales del Tribunal las que resuelvan los casos de responsabilidad de los servidores públicos; por ello, en su propuesta solicitaron la creación de salas regionales especializadas. “Nos preocupa porque actualmente sólo 1.6% de los casos que llegan al tribunal son temas de responsabilidades de servidores públicos; es fundamental establecer en la norma el principio de especialización”, dijo.
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Los de arriba no son corruptos
El Universal
Ricardo Raphael
14 de abril de 2016
La oposición y organizaciones civiles quieren que el combate contra la corrupción también pueda enderezarse contra todos los órganos del Estado responsables de perseguirla
Como si fuera pelea de box, los espectadores estamos ante el último round por el sistema anticorrupción.
De un lado, el PRI y sus aliados del PVEM y Panal. Enfrente, PAN y PRD que han hecho propio el reclamo lanzado desde las butacas por varias organizaciones de la sociedad.
El pleito está bueno porque hay dos visiones muy distintas en disputa.
Una que apuesta al control vertical de la corrupción y otra que tiene preferencia por fórmulas horizontales.
Ya lo dijo James Madison a finales del siglo XVIII. El primer problema de un gobierno es que sea capaz de controlar a los gobernados.
La visión vertical PRI-PVEM-Panal responde a esta preocupación: ¿Cómo controlar hacia abajo los actos corruptos? ¿Cómo combatir a los burócratas, a los presidentes municipales, a los policías, a los jueces, a los ciudadanos que cometan actos de corrupción?
Enrique Peña Nieto propuso, desde antes de colocarse la banda presidencial, que este mal podía combatirse a través de una agencia anticorrupción situada bajo las órdenes del jefe del Estado mexicano.
Una suerte de superpolicía que, desde las alturas, combatiera a los corruptos del gobierno y también de la sociedad.
Esta lógica vertical tiene sin embargo un problema. De nuevo acudiendo a Madison, para que las cosas funcionen es necesario además que el gobierno sea controlado. Es decir, que existan mecanismos de control sobre el controlador.
Y es que resulta ingenuo suponer que los de arriba no cometen actos de corrupción.
La versión horizontal del control sobre el gobierno es la que la oposición y las organizaciones de la sociedad han tomado como bandera.
El Sistema Nacional Anticorrupción va a servir de poco si los poderosos del penthouse permanecen como intocables.
La coalición encabezada por el PRI imagina una Secretaría de la Función Pública —bautizada con un nombre distinto— muy poderosa y con colmillos largos para perseguir la corrupción.
El frente de la oposición y las organizaciones quiere que el combate contra la corrupción también pueda enderezarse contra esa secretaría y los demás órganos del Estado responsables de perseguirla.
La idea es que todos rindan cuentas, incluidos los responsables de la lucha contra la corrupción. Únicamente así nadie podrá estar por encima de la ley.
Derivado de este diferendo, en la propuesta vertical los representantes de la sociedad no tendrían asiento dentro del Sistema Nacional Anticorrupción.
En contraste, la apuesta horizontal otorga un papel destacado a la ciudadanía y por tanto promueve una silla para ella dentro de ese mismo sistema.
¿Quién va ganando en esta ronda final, los verticales o los horizontales?
Los primeros lanzaron un golpe bajo cuando presentaron una serie de iniciativas que sólo consideraban su preocupación.
Los segundos reaccionaron haciendo un vacío grande alrededor de la intentona vertical.
La respuesta de la oposición funcionó. El PRI no quiere pagar los costos políticos que le significaría sacar adelante su visión sin contar con el respaldo del resto de los actores.
ZOOM: La justicia brasileña persigue al ex presidente Luis Inácio Lula da Silva por corrupción y Otto Pérez Molina fue derrocado en Guatemala por la misma razón. Estos precedentes han dado armas a los promotores mexicanos de la versión vertical. ¡Poned las barbas a remojar!, recomendó algún solícito consejero.
@ricardomraphael
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Acceso a la información: ¿cómo estamos?
El Universal
Ximena Puente de la Mora
14 de abril de 2016
Un hallazgo interesante que arrojó la encuesta nacional de percepción de la labor del Inai correspondiente a 2015, fue que al cuestionárseles sobre los derechos que les son intrínsecos, el derecho de acceso a la información, no fue uno de los primeros referentes entre los encuestados. El derecho más mencionado fue a la educación; enseguida, al trabajo, y en tercer lugar, a la libre expresión. La buena noticia es que, al ser el acceso a la información un complemento de este último, se cuenta con mejores posibilidades para que la gente lo comience a tener más presente.
El reconocimiento del derecho es un tema importante para exigir su cumplimiento; no obstante, el instrumento de medición arrojó datos interesantes que dan cuenta de su ejercicio a nivel nacional. A ese respecto se desprenden varios desafíos, unos de los cuales expongo a continuación.
Según la encuesta, la población utiliza diversas estrategias para obtener información acerca del gobierno: primero, recurre a la institución o dependencia de que se trate directamente; esto es, se acerca a la oficina de gobierno y pregunta a quien ofrezca orientación. En segundo lugar, busca información vía internet, es decir, investiga si existe algo en línea que le resuelva la duda o le proporcione lo que requiere. Y como tercer opción, acude al Inai. Los datos resultan esclarecedores respecto al proceder de la población; sin embargo, considerando que es posible que las dependencias no estén ubicadas en las cercanías del interesado o que la consulta en línea pueda llevar a fuentes no oficiales de referencia, en el Inai estamos trabajando en impulsar la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el Centro de Atención a la Sociedad y nuestro servicio de atención telefónica Telinai, como vehículos oportunos de orientación ciudadana en materia de acceso a la información y protección de datos personales.
Respecto al tema de los sujetos obligados, fue interesante observar que si bien 67% de la población sabe que puede solicitar información de todas las entidades y organismos del gobierno federal, 48% está consciente que podrá hacerlo a cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos. Es un porcentaje que estamos seguros que podrá irse elevando con el tiempo, conforme vaya creciendo la utilidad percibida y la estandarización del uso de este derecho.
Otro hallazgo importante es el hecho de que uno de cada dos mexicanos conoce el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; proporción similar a la que sabe que el Inai es el encargado de garantizar el derecho de acceso a la información. No obstante, la desconfianza de la población en los sujetos obligados cobra una cuota alta para el ejercicio del derecho de acceso a la información. De acuerdo con la encuesta, 6 de cada 10 mexicanos no creen que se les proporcionará información verídica acerca del tema específico que solicitan (proporción mayor en la población mayor a 18 años, en la región del Golfo-Sur y en niveles socioeconómicos bajos).
Como contrapunto a este dato sabemos que, en 2015, sólo 3% de quienes solicitaron información se inconformaron con la respuesta recibida. Desde luego que puede haber quienes no estén conformes con la respuesta y aun así no recurran la información, sin embargo, estos datos sugieren que la proporción de desconfianza no parece sostenerse en los hechos. Queda pendiente impulsar que sean más los mexicanos que ejerzan este derecho, así como hacer hincapié en que ante cualquier inconformidad en la respuesta, puede contar con el Inai.
Otro dato de interés que arrojó la encuesta fue que la disposición de la gente a llenar un formato para obtener la información de su interés continúa a la alza. Sin embargo, la percepción que se tiene acerca de la dificultad que ésto conlleva continúa siendo alta: 55% lo consideró difícil o muy difícil y sólo 20% fácil o muy fácil, tema que pretendemos atender a través de una interfaz sencilla de usar dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia.
En conclusión, la encuesta 2015, trajo a nuestra atención desafíos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información. Con ello en mente, en el Inai retomaremos estos datos para diseñar estrategias y esfuerzos particulares que nos ayuden a hacer frente a estos nuevos retos de manera exitosa y en beneficio del ejercicio del derecho de acceso a la información a lo largo y ancho del país.
Comisionada presidente del INAI.
@XimenaPuente
Comisionada presidenta del INAI
0 Comments