Transparencia y acceso a la información
INAI
‘Batean’ Ley de Transparencia de Oaxaca
Mural
REFORMA / Redacción
11 de abril de 2016
Cd. de México (11 abril 2016).- El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) promoverá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Transparencia de Oaxaca por violar el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública.
En sesión extraordinaria esta noche, los siete comisionados aprobaron por unanimidad instruir a la representación legal del INAI interponer la acción de inconstitucionalidad contra el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca.
Los comisionados expusieron que la legislación estatal contraviene la Ley General de Transparencia, que las entidades federativas están obligadas a homologar antes del 5 de mayo, porque confiere al Legislativo local una facultad que sólo corresponde al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIP).
El comisionado Óscar Guerra Ford explicó que la Ley General establece que los sujetos obligados deben entregar información pública en un plazo no mayor a 10 días.
“Excepcionalmente, los Organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera”, establece el artículo 151 de la Ley General.
Sin embargo, puntualizó Guerra Ford, la legislación estatal, que fue publicada el 11 de marzo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, fija de antemano un plazo de 40 días para que los sujetos obligados entreguen información pública que no exista en sus archivos.
“Este mismo ordenamiento del estado de Oaxaca recupera el 99.9 por ciento el proceso de armonización de la Ley General”, planteó. “Creo que una entidad, como es el caso de Oaxaca, que lamentablemente es una entidad con tantas riquezas naturales, culturales y étincas, tiene uno de los problemas más importantes de desigualdad, de pobreza y de rezago social en el país, pues obviamente en los tiempos apruebe esta armonización de su Ley de Transparencia, lo cual permitirá a los oaxaqueños tener el instrumento normativo para poder ejercer, ya lo ejercían obviamente, plenamente su derecho al acceso a la información.
“Sólo es un artículo, una cosa minúscula pero importante en términos de que la Ley General le dio la atribucion a los institutos (…) que cuando el cumplimiento no se pueda dar en los 10 días, que es la generalidad, existe la posibilidad que el sujeto obligado dentro de los primeros 3 días de esos 10 días de pedir al órgano garante la posibilidad de ampliar este plazo”.
El comisionado Joel Salas destacó que, si el Congreso oaxaqueño aprueba una reforma a ley estatal que corrija la contradicción con la Ley General, podría invalidar la acción de inconstitucionalidad que promoverá el INAI ante la Corte, por lo que llamó a los legisladores a reflexionar antes de que venza el plazo para armonizar las leyes.
La comisionada presidenta, Ximena Puente de la Mora, hizo, sin embargo, un reconocimiento al Congreso estatal por su intención de cumplir con la homologación en el tiempo establecido en la Ley General.
Recordó que a la fecha sólo ocho entidades federativas han cumplido con la armonización, contando a Oaxaca.
El comisionado Salas advirtió que, si las otras 24 entidades incumplen en el plazo constitucional, los ciudadanos, no obstante, no se quedarán en la indefensión, pues el 5 de mayo la Ley General entrará en vigor automáticamente en todo el territorio nacional, por lo que los ciudadanos podrán hacer uso de lo establecido en la legislación.
Transparencia y acceso a la información
INAI
Presentará INAI acción de inconstitucionalidad ante SCJN por Ley de Transparencia en Oaxaca
MVS Noticias
Sofía Cruz
11 de abril de 2016
En sesión extraordinaria la noche de este lunes, los comisionados respaldaron la exposición del Comisionado Oscar Guerra de que si bien es una cosa pequeña lo que se está señalando se advierte de una posible contradicción con en lo establecido en el artículo 6º. Constitucional, así como en el 73.
El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) decidió interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca el día 11 de marzo de 2016.
En sesión extraordinaria la noche de este lunes, los comisionados respaldaron la exposición del Comisionado Oscar Guerra de que si bien es una cosa pequeña lo que se está señalando se advierte de una posible contradicción con en lo establecido en el artículo 6º. Constitucional, así como en el 73.
“Lo que estamos haciendo es declarar y constitucionalmente hacer un proyecto para que sea analizado, como todos sabemos, en su momento definido y aprobado por la Corte, de un artículo de la Ley del Estado de Oaxaca, y hay que decir también que este mismo ordenamiento del Estado de Oaxaca recupera, soy economista, el 99.9 por ciento el proceso de armonización a la Ley General, y adicionalmente, no es tampoco el momento, trae cosas novedosas, que obviamente se permiten, y qué bueno que los Congresos y los Ejecutivos así lo están haciendo. Digo, los ejecutivos, porque muchas veces estas iniciativas a veces provienen de los propios ejecutivos, éste incorpora cosas novedosas”, destacó el Comisionado Oscar Guerra Ford.
Sin embargo, subrayó que “sólo es un artículo, que como ya lo dijo el Director Jurídico, como lo he dicho, pero así es, no soy abogado, pero obviamente es una cosa minúscula, pero importante en términos de que la Ley General le dio la atribución a los institutos, ya sea en este caso al nacional cuando sean con estos sujetos obligados, o al de las entidades federativas, que cuando el cumplimiento, como lo marca la Ley General no se pueda dar en los 10 días que es la generalidad, 10 días para el cumplimiento, existe la posibilidad, lo marca la Ley General, que el sujeto obligado dentro de los tres primeros días de esos 10 días, pueda solicitar, pedir al Órgano Garante, la posibilidad de ampliar este plazo para el cumplimiento”, enfatizó.
De tal manera, destacó que sobre este Artículo “la Corte definirá en su momento o podrá también, en su caso, reflexionar el Congreso del propio Estado de Oaxaca -como en su momento lo hizo el del Estado de Querétaro- para ver si ellos mismos, en su propia autonomía, reconsideran replantear este Artículo 140”.
En su oportunidad, la Comisionad presidenta del INAI Ximena Puente recalcó “la facultad que está haciendo y que está ejerciendo este Instituto de manera responsable y muy puntual, haciendo el análisis de todas estas leyes que se publican en los estados, haciendo el análisis también de los proyectos que nos han mandado hasta ahora como proyectos, como iniciativas de ley, en donde en este caso se presume una posible contradicción constitucional, es un punto muy específico, es solamente derivado de un artículo de esta ley, pues el reconocimiento, porque Oaxaca, insistimos, es parte de estos ocho estados que han llevado a cabo su proceso de armonización”.
Transparencia y acceso a la información
INAI
Por un artículo van contra ley de transparencia en Oaxaca
Excélsior
Andrea Meraz
12 de abril de 2016
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ejercerá por tercera ocasión acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la armonización de la ley estatal en la materia pero ahora en Oaxaca.
En sesión extraordinaria del órgano de transparencia, y por unanimidad de los comisionados, la determinación se da luego de detectar una violación del artículo 140 de la ley local al artículo 6º Constitucional, Fracción IV, al 73 Constitucional, Fracción XXIX-S, que al 116, Fracción VIII.
La controversia radica en que la ley general dio la atribución a los órganos garantes de que cuando el sujeto obligado no pueda dar la información se pueda ofrecer una prórroga solicitándola durante los tres primeros 10 días para ampliar el cumplimiento de la solicitud.
Sin embargo, en la ley estatal, la cual fue publicada el 11 de marzo en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, fija un plazo de 40 días para que los sujetos obligados entreguen información pública que no exista en sus archivos.
“Adicionalmente, debemos de tomar en cuenta que el artículo 151 de la Ley General dispone que las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento, y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de 10 días para la entrega de información, excepcionalmente los organismos garantes, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera”, explicó la comisionada Patricia Kurcyn.
Transparencia y acceso a la información
INAI
INAI, a favor de declaraciones de interés
El Economista
Notimex
11 de abril de 2016
La comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora, se pronunció porque en la legislación secundaria en materia anticorrupción, se considere obligatorio que los funcionarios presenten su declaración de intereses.
Entrevistada luego de la inauguración del foro “La información en el combate a la corrupción ¿Cómo nos arreglamos?”, explicó que ya el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) había hecho ese planteamiento.
Luego de que en el Senado de la República se planteó que en las leyes secundarias quede al arbitrio de cada funcionario publicar su declaración de intereses, la comisionada Puente de la Mora reconoció que el Congreso tendrá la última palabra en esa materia.
Sin embargo, recordó que los propios comisionados del INAI presentaron recientemente ante ese órgano legislativo un decálogo de los elementos mínimos para la legislación secundaria, entre los que se incluye la declaración de intereses.
Se trata, dijo, de una importante iniciativa ciudadana que se debe de tomar en cuenta, si bien se debe de considerar que el combate a la corrupción no le compete sólo a los funcionarios públicos, sino también es un tema relativo a la sociedad y todos tienen que aportar.
En ese sentido, Puente de la Mora resaltó la importancia de foros como el actual, que aportará elementos para el debate, con las propuestas y posiciones que la sociedad pueda aportar en la creación de leyes secundarias operativas y eficaces.
Respecto a otro tema, la comisionada recordó que faltan apenas 24 días para armonizar las leyes de los estados con la Ley General de Transparencia, y sólo ocho entidades lo han hecho y se están estudiando las propuestas en otras ocho.
Confió en que pese al apremio, se cumpla con el plazo, para que tengamos un “piso mínimo” donde todos los ciudadanos cuenten con iguales derechos en materia de transparencia y de ahí la importancia de tener sistemas coordinados de transparencia y anticorrupción muy coordinados.
Mural
Rolando Herrera
11 de abril de 2016
Cd. de México (11 abril 2016).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) está revisando los proyectos legislativos de ocho estados para verificar que cumplan lo que dispone la Ley General de Transparencia y que no contengan disposiciones que la contravengan, informó la comisionada presidente Ximena Puente de la Mora.
A menos de un mes de que venza el plazo para que los estados armonicen sus leyes, dijo, 24 estados no han realizado este proceso, por lo que el INAI está poniendo todo su esfuerzo institucional para acompañar a los congresos locales y que la premura no afecte la calidad de las leyes que se aprueben.
“Estamos con toda nuestra capacidad revisando los proyectos que tenemos -revisándolos porque nos los han enviado- y haciendo las observaciones que el Instituto en su momento considera; no solamente hemos trabajado en hacer esas observaciones sino en que esas observaciones queden contempladas en los documentos que ya se discuten y se aprueban por los Congresos de los estados”, dijo.
Puente de la Mora hizo un llamado a los Congresos locales para que cumplan con el plazo que les dio la ley general, que fue de un año y el cual vence el próximo 5 de mayo.
“Es fundamental para la sociedad y es fundamental para el Estado mexicano contar con ese piso mínimo, y, para contar con ese piso mínimo, lo primero que necesitamos son las armonizaciones en los estados de la República”, dijo.
La comisionada señaló que en los estados en donde no se realicen los cambios legislativos se aplicará la ley general y el INAI tendrá plena facultad para conocer de los recursos de revisión que sean impugnados y para ejercer su capacidad de atracción.
Puente de la Mota fue entrevistada tras inaugurar el foro La información en el combate a la corrupción, ¿cómo nos arreglamos?, que se realiza en las instalaciones del INAI.
Transparencia
INAI
Estratégicas, transparencia e información en combate a la corrupción
Quadratín Jalisco
Redacción
12 de abril de 2016
La transparencia y la información tienen sentido estratégico en el combate a la corrupción y la impunidad, aseguraron especialistas que participaron en el Foro Información en el Combate a la Corrupción ¿Cómo nos arreglamos? que organizó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En el desarrollo del panel “Costos Económicos y Sociales de la corrupción. ¿Puede el acceso a la información reducirlos?”, que moderó el periodista Salvador Camarena, los expositores manifestaron que la transparencia y la información útil estimulan la inversión y la economía, contribuyendo a reducir la pobreza y desigualdad. De acuerdo con un comunicado, Oscar Guerra Ford, comisionado del INAI, aseguró que el acceso a la información permite al ciudadano tener armas para evidenciar la corrupción, y que con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia se podrá denunciar y sancionar a los sujetos obligados que no publiquen información ineludible conforme al marco normativo. Considero indispensable articular bien las reformas estructurales en transparencia y anticorrupción, porque “son dos caras de la misma moneda y si vamos a seguir con la impunidad, vamos a ser el país más transparente pero más descarado”. El comisionado Guerra Ford destacó la utilidad del acceso a la información que ha permitido saber de créditos de Procampo a exportadores agropecuarios o el uso de un helicóptero por parte de un funcionario público, así como aplicaciones como la que está desarrollando el INAI para que se conozcan viajes claros de sus funcionarios y las adquisiciones. Por otra parte, Luis de la Calle, director general y fundador de la empresa consultora en asuntos públicos “De la Calle Madrazo Mancera”, manifestó que el costo de la corrupción, la extorsión y la ausencia del Estado de derecho es que la economía crezca menos. Propuso que se premie la transparencia de las empresas que hagan pública toda su información y que por lo tanto no tengan que ser requeridas en ningún dato por el gobierno. “Vamos a tratar mejor a los que sean absolutamente transparentes para disminuir la corrupción”, agregó. En su participación, Mario Palma Rojo, vicepresidente de Gobierno, seguridad Pública e Impartición de Justicia del INEGI, reconoció que hace falta información en el tema de la corrupción, sobre todo a nivel municipal, para poder combatirla con mayor eficiencia. Dijo que la cifra negra de la corrupción es de 99 por ciento. “La corrupción no es genética, puede ser cultural pero tiene remedio y se puede componer, pero se necesita mucha información”, añadió. Alejandro Ríos Rippa, presidente del Comité Anticorrupción de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que el sector empresarial ve con preocupación la corrupción porque genera impunidad, paraliza el Estado de derecho y reduce la confianza en los inversionistas. Señaló que los inversionistas extranjeros analizan siempre donde pueden colocar capitales, y reconoció que existen empresarios “que buscan países donde hay corrupción en las licitaciones, porque la mordida y el moche ya está en su presupuesto”. En su intervención, Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, dijo que la agenda de la transparencia y el acceso a la información no está agotada con la reforma estructural y se le tiene que dar propósito y sentido, para que sea una herramienta contra la corrupción e impunidad. “La información es crucial y es uno de los grandes temas de la agenda nacional. Debemos darle sentido a la información, porque la información per se no se conecta con otras agendas y no la hemos conectado con la reducción de la pobreza, la desigualdad y el fomento a la pequeña y mediana empresas”, subrayó.
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
PAN y PRD van por ley anticorrupción robusta
El Universal
Suzzete Alcántara
12 de abril de 2016
Objetivo, evitar que normas en la materia sea regresivas, señalan;uscan sacar adelante Sistema Nacional antes del 30 de abril
Las dirigencias nacionales del PAN y del PRD anunciaron la conformación de un frente común parlamentario con el fin de evitar leyes secundarias regresivas del Sistema Nacional Anticorrupción.
Aseguraron que aun cuando la fecha límite es el 30 de abril, en que concluye el periodo ordinario, el tiempo no los presiona, y prefieren un marco normativo completo y eficaz.
En conferencia de prensa, dirigentes de ambos partidos señalaron que no permitirán que el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, encabece el Sistema Nacional Anticorrupción, e irán juntos en las siete leyes secundarias; cinco que establece el transitorio de la reforma constitucional, la sexta que es una reforma al Código Penal para endurecer algunos tipos penales, y la construcción de la fiscalía especializada en delitos relacionados con corrupción.
El acuerdo entre ambas fuerzas políticas también incluye establecer un parlamento abierto, con la intención de que los ciudadanos, los académicos y los medios de comunicación puedan conocer en tiempo real las propuestas en materia de corrupción; además de que por medio de este mecanismo se evitará que surjan documentos “anónimos”, en los que se vaya modificando la iniciativa o “descafeinando” el proyecto.
El presidente del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que el frente común estará conformado por las bancadas de ambos partidos tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado, las cuales trabajarán no sólo para sacar adelante las sanciones administrativas, sino que buscarán meter a la cárcel a los corruptos; es decir, ir más allá de una amonestación o inhabilitación.
“Este frente común es un gran acuerdo entre el PRD y el PAN. Hemos hecho un compromiso, vamos por una reforma a fondo e integral. Si el PRI y el PVEM quieren achicar la reforma, que les quede claro: no van a contar con nosotros”, afirmó.
Anaya Cortés dijo que entre sus propuestas esta modificar la ley orgánica de la PGR para que haya una fiscalía anticorrupción autónoma, “de hierro y no de papel”, de ahí que primero irán por la ley orgánica y después por el nombramiento del fiscal.
También incluirán la obligatoriedad de la declaración patrimonial, fiscal y de interés de manera pública, para que cualquier ciudadano tenga acceso a la información sobre sus gobernantes, pero que de existir una propuesta ajena a ésta, se conozca quién la plantea y hacia dónde va dirigida.
El presidente nacional del PRD, Agustín Basave, sostuvo que no le entregarán al PRI y al PVEM las leyes secundarias en la materia, por lo que buscarán que el fiscal anticorrupción sea independiente, sin colores partidistas, ni cercano a ningún gobernante.
“Si hacemos una buena ley y nombramos a un mal fiscal, le daremos traste al asunto”, añadió el dirigente del perredismo.
Basave Benítez insistió que con el frente común entre el PAN y el PRD se busca que con la ayuda de la presión social, las leyes secundarias en materia anticorrupción estén a la altura de lo que el país necesita, es decir, en hacer un cambio radical para poder ir a la raíz del problema.
“Le pedimos al presidente Enrique Peña Nieto que vuelva realidad su discurso en el tema anticorrupción, que realmente su partido esté dispuesto y tenga voluntad política para que las leyes anticorrupción sean acordes con lo alcanzado en la Constitución, que no la traten de revertir y que se mantenga al margen y después, a la hora de los nombramientos, que no pretenda intervenir”, enfatizó.
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Difícil camino a la transparencia
Excélsior
Martín Espinosa
12 de abril de 2016
Esta semana inicia el proceso en el Senado para conseguir el consenso en torno de las llamadas Leyes Reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Las diversas posturas de los legisladores auguran un camino lleno de obstáculos que amenazan con abortar el proyecto más ambicioso de los últimos 30 años —tras las leyes logradas en los 80— para darle transparencia al comportamiento de nuestros políticos y funcionarios públicos; camino que deberá concluir antes de que termine el primer semestre de este año.
Quizá lo más significativo de estas reformas sea la iniciativa ciudadana Ley 3de3, que será defendida por ciudadanos impulsores de la iniciativa y serán escuchados abiertamente por los legisladores de todos los partidos. El principal “pero” que ven algunos senadores que están en favor de la iniciativa ciudadana es el método propuesto en el Senado para debatir dichas leyes para el combate a la corrupción.
Algunos líderes partidistas del PAN y el PRD y los ciudadanos invitados al Congreso han manifestado su rechazo a que la discusión de la propuesta se lleve a cabo artículo por artículo y con una representación acotada de investigadores externos. Proponen, como me lo detalló la senadora panista Laura Rojas que se establezca un método de trabajo a través de siete mesas temáticas, para discutir y afinar el contenido de la legislación con el objetivo de que avancen las negociaciones y sea aprobada antes del 30 de abril, fecha en que concluye el actual periodo ordinario de sesiones.
La postura del gobierno federal en materia de combate a la corrupción está en manos de los legisladores del Partido Verde, quienes han hecho “circular” un documento que rechazan tanto el PAN como el PRD porque no incorpora “las visiones de las tres iniciativas presentadas por el resto de los partidos ni las de la sociedad civil”, lo que pone en riesgo la aprobación de las reformas.
Lo cierto es que el camino no ha sido nada fácil en un sistema político poco acostumbrado a rendirle cuentas a fondo a sus gobernados. A pesar del discurso priista en el sentido de que la normatividad pendiente en materia anticorrupción “forma parte sustantiva del proceso de transformación nacional que impulsa el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto”, lo cierto es que “nadie quiere dar su brazo a torcer” en cuestiones donde grupos de la llamada sociedad civil han comenzado a involucrarse en el diseño de nuevas leyes que nos garanticen que habrá un freno a los abusos escandalosos de quienes en el pasado reciente y en la actualidad enfrentan severas acusaciones de corrupción y de enriquecimiento “a costillas” del dinero público.
Por eso, el proceso que ha iniciado en la Cámara alta es de la mayor trascendencia social debido a la necesidad de poner “frenos” al uso del erario para beneficio de la población y no —como suele suceder con frecuencia— para goce y disfrute “de unos cuantos”.
Estar atentos al desarrollo de los debates debe ser deber de todos los ciudadanos, así como su difusión por parte de los medios de comunicación. De ahí dependerá, en mucho, el regresar al corazón de la democracia: un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de éste a elegir y controlar a sus gobernantes.
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
‘3 de 3, primer paso para sistema anticorrupción: organizaciones civiles
MVS Noticias
Notimex
11 de abril de 2016
Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, indicó que “proponemos a estas comisiones unidas, que el análisis, la discusión e intercambio de opiniones sobre los contenidos de la ley, se haga mediante mesas temáticas y no artículo por artículo”.
Con la participación de organizaciones de la sociedad civil, comisiones del Senado iniciaron formalmente el análisis y dictamen de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción.
Con esas organizaciones se prevé que el método no sea artículo por artículo como lo habían propuesto los senadores, sino mediante la instalación de cinco mesas temáticas en las que se analicen los distintos aspectos que integrarán esta reglamentación.
Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, indicó que “proponemos a estas comisiones unidas, que el análisis, la discusión e intercambio de opiniones sobre los contenidos de la ley, se haga mediante mesas temáticas y no artículo por artículo”.
“Que las mesas temáticas sean sobre los siguientes aspectos vinculados con el Sistema Nacional Anticorrupción. Una primera mesa sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y también sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, comentó.
Una segunda mesa, continuó, sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas, incluida, y por supuesto para nosotros con la mayor importancia, la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3.
Otra tercera mesa sobre el Tribunal de Justicia Federal Administrativa; una más que aborde el tema de fiscalización y una quinta que se concentre en los asuntos que darán lugar al nacimiento de una Fiscalía Anticorrupción.
Bohórquez propuso también a las comisiones dictaminadoras de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justicia y Estudios Legislativos Segunda, que a nombre de la sociedad civil un grupo de expertos independientes en el tema, participe en la discusión y dictaminación de estas leyes.
Entre las personalidades que integrarán este grupo de 21 expertos, están el constitucionalista, Pedro Salazar Ugarte; la politóloga María Amparo Casar; el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan E. Pardinas; y el propio Eduardo Bohórquez, entre otros.
A su vez, el presidente de la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales, avaló el método propuesto por las organizaciones de la sociedad civil, para discutir y dictaminar este marco regulatorio.
“En lo que hemos estado pensando desde que iniciamos estos trabajos, es en tener buenas leyes, en tener un buen producto legislativo. Adelante con el método que nos proponen, vemos bien el tema de las mesas”.
En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes Márquez, pidió voluntad política para avanzar en estas leyes, a fin de tener un Sistema Nacional Anticorrupción robusto.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que se da un paso importante para dejar atrás las discusiones informales que ha habido entre los grupos parlamentarios, las comisiones y la sociedad civil.
Dio la bienvenida a la incorporación de representantes de la sociedad civil en el proceso de dictaminación de la ley y no sólo como promoventes de la Ley 3 de 3.
Encinas Rodríguez destacó el fortalecimiento de la política de parlamento abierto, donde no solo habrá que fortalecer los mecanismos de máxima publicidad de difusión, de conocimiento de las posiciones de los grupos parlamentarios o de cada una o cada uno de los legisladores en lo particular; cuáles son las posiciones y los votos que se emiten.
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Alemania y México acuerdan combate a la corrupción
El Universal
Francisco Reséndiz, enviado
11 de abril de 2016
Ambos países pactan crear bases para el intercambio de conocimientos y mejores prácticas que promuevan la integridad, la transparencia y la prevención de la corrupción
Los gobiernos de México y Alemania firmaron -en el marco de la Visita de Estado que realiza el presidente Enrique Peña Nieto a este país europeo- un instrumento de cooperación con miras a fortalecer el combate a la corrupción en ambas naciones.
“México y Alemania son conscientes de que la corrupción es un fenómeno social, político y económico que pone en peligro la eficacia de los gobiernos, que debilita la confianza de la ciudadanía y que puede perjudicar la estabilidad y la seguridad de la sociedad, los valores de la democracia y el estado de derecho”, señala una declaración conjunta.
El documento “Declaración conjunta de intención entre la Secretaría de la Función Pública y el Ministerio Federal del Interior sobre cooperación y creación de capacidades en los ámbitos de integridad, transparencia y prevención de la corrupción”, fue signado junto con otros siete instrumentos de cooperación ante la canciller Claudia Ruiz Massieu.
La declaración establece que ambos países manifiestan su intención de crear las bases para el intercambio de conocimientos y mejores prácticas que promuevan, “de manera duradera”, la integridad, la transparencia y la prevención de la corrupción.
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Mural
Rolando Herrera
11 de abril de 2016
Cd. de México (11 abril 2016).- El Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, consideró que la corrupción no es un asunto racial pero sí cultural, que quedó fuera del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y que por ello los esfuerzos institucionales que se hagan para abatir el fenómeno, por muy importantes que sean, nunca serán suficientes.
“¿Qué es lo que no es (el SNA)? No es una plataforma para trabajar otras regulaciones que son condición necesaria para poder mantener a raya el tema de la corrupción, el asunto de la corrupción no es un tema racial, sí es un tema cultural, pero cultural como seres humanos”, dijo.
Al participar en el foro “La información en el combate a la corrupción. ¿Cómo nos arreglamos?”, el funcionario señaló que la corrupción como fenómeno cultural responde a un incentivo racional, que es la obtención de una rentabilidad y esta racionalidad está presente en todas las actividades que se desarrollan en la vida cotidiana de los ciudadanos.
“No es un asunto de inquisición, es un asunto de incentivos, es entendible que como sociedad nos estemos orientando a tratar de reforzar las cuestiones vinculadas con el castigo, es natural hacerlo, pero no es condición suficiente, sino no se trabaja en los elementos previos de mejora a las regulaciones de nuestra vida cotidiana, los avances podrán ser importantes pero nunca suficientes”, sostuvo.
Durante la inauguración del Foro, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el comisionado Joel Salas sostuvo que la información ayuda a combatir la corrupción debido a que transparenta la gestión pública y permite que los ciudadanos evalúen a quienes los gobiernan.
“La información pública permite a la población identificar cuándo un funcionario público comete un acto de corrupción, es decir, abusa de su posición o cargo para beneficio propio y cómo esto afecta al conjunto de la población”, expresó.
El Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, pidió que en el diseño del SNA, que actualmente está a discusión en el Congreso, no se confunda a la ASF como fiscalía anticorrupción, pues se desnaturalizaría su cometido de ser un ente técnico fiscalizador de la cuenta pública.
El auditor sugirió que, para hacer más ágil el trabajo del Ministerio Público, se le podría otorgar a las auditorías que emite la ASF el carácter de prueba plena y con ello evitar que cuando se presenta una denuncia se tengan que repetir todas las actuaciones.
“¿Qué es lo que se podría en un futuro hacer para facilitar que los procesos sean menos largo? Esto no depende de nosotros pero, sería por ejemplo, el que la evidencia que obtiene la Auditoría Superior como resultado de sus fiscalizaciones se considerara prueba plena y el Ministerio Público no tuviera que repetir todo lo que investigamos, ir otra vez a los presuntos responsables, ver otra vez copias de todos los documentos, eso agilizaría mucho”, indicó.
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
El Universal
Alberto Morales
12 de abril de 2016
En caso de que algún funcionario esté involucrado en ‘Panama Papers’, la SFP lo investigará, asegura
El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, consideró que la corrupción es un asunto cultural, “ya que forma parte de los seres humanos que siempre buscamos rentabilidad comercial y respondemos a otros incentivos”.
Durante su participación en el foro La Información en el Combate a la Corrupción. ¿Cómo nos arreglamos?, el funcionario explicó que este enfoque no forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que actualmente se discute en el Senado, porque lo deben reforzar los mecanismos para combatir este flagelo.
En entrevista, Andrade Martínez aseguró que sólo en caso de que existan funcionarios públicos involucrados en el caso Panama Papers, la dependencia a su cargo realizará una investigación.
“La SFP participa cuando servidores públicos están involucrados en faltas a la ley. Y respecto al caso específico señalado, ya ha mencionado la autoridad correspondiente, que es el SAT, las acciones que realizará”, explicó.
Andrade dijo que en unas semanas más se dará a conocer el resultado de la investigación a los contratos que realizó el Grupo Higa, del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, a quien se le vincula con los paraísos fiscales en Panamá.
Mientras en el foro, el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, aseguró que es urgente que sean aprobadas las leyes del SNA, diseñado para eliminar los espacios e incentivos de la corrupción, sin dejar de atender la parte sancionatoria y disuasiva.
“Ojalá esto no se vaya a enredar con el proceso electoral que estamos empezando en varios estados, y que implica negociaciones de diputados y senadores”, dijo.
En su oportunidad, la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), Ximena Puente, afirmó que es momento de que “los mexicanos pasemos de un estado de apatía a la acción contra la corrupción en todas sus modalidades”.
Refirió que hasta el momento sólo ocho entidades de 32 han armonizado las leyes estatales con la Ley General de Transparencia, y dijo que el Inai revisa otras ocho legislaciones para que estén acorde con la norma general.
Transparencia y acceso a la información
Diagnostico sobre transparencia
Sólo ocho estados han homologado sus leyes locales de transparencia
La Jornada
Alonso Urrutia
Martes 12 de abril de 2016
Cuando sólo faltan 24 días para que venza el plazo que tienen los congresos locales para homologar sus legislaciones de transparencia con la ley general en la materia, sólo ocho de las 32 entidades han aprobado sus respectivas modificaciones, dio a conocer la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Ximena Puente.
De las ocho entidades que lo han efectuado (Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Querétaro, Tabasco, Oaxaca y Baja California), en tres casos (Tabasco, Querétaro y Oaxaca) el Inai, en apego a sus facultades, ha tenido que promover recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, porque alguno o algunos artículos de las legislaciones locales contravienen las disposiciones de la ley general.
Anoche, en sesión extraordinaria del pleno, el Inai aprobó promover un recurso de inconstitucionalidad relacionado con el artículo 140 de la ley de transparencia de Oaxaca, que fijó plazos para resolver aquellos recursos en los que el sujeto obligado solicite ampliar el tiempo de respuesta por no contar con la información fijándolo en 40 días, explicó el comisionado Óscar Guerra.
Imponer dicho plazo es una competencia que tienen los órganos garantes para determinar si es procedente la ampliación del periodo que tienen los sujetos obligados para responder. Para el Inai, esto contraviene la disposición de la Ley General de Transparencia y actuará en consecuencia.
Durante la sesión del Inai, el comisionado Francisco Javier Acuña destacó que no solamente hay 24 estados que no han homologado la legislación, sino también el Congreso federal no ha hecho lo propio con la Ley Federal de Transparencia.
Por la mañana, en entrevista, Ximena Puente explicó que solamente ocho entidades han aprobado las modificaciones y en otros ocho casos, los congresos locales ya han elaborado una iniciativa o se encuentran a punto de aprobarla.
Transparencia y acceso a la información
Diagnósticos sobre transparencia
Laberintos secretos de dinero sucio
El Universal
Alberto Aziz Nassif
12 de abril de 2016
Como en cualquier menú amplio, en éste hay de casi todo: políticos, empresarios, deportistas, actores, escritores, narcos, organizaciones internacionales
Una investigación periodística global, los Papeles de Panamá, destapa una gran cantidad de historias secretas. Cuando la transparencia llega a los sótanos del poder genera reacciones diversas, desde el escándalo hasta la sorpresa, pero, sobre todo, permite ver cómo están los países en su fortaleza-debilidad institucional y cuál es la tolerancia-intolerancia hacia la corrupción.
Como en cualquier menú amplio, en éste hay de casi todo: políticos, empresarios, deportistas, actores, escritores, narcos, organizaciones internacionales. De la misma forma, hay despachos, bancos y gobiernos involucrados. Estamos ante una gran cantidad de documentos que se filtraron, 11.5 millones, de un despacho en Panamá, Mossack-Fonseca, uno de los países que permite con mayor facilidad la generación de los llamados paraísos fiscales y las empresas offshore. El inicio fue con el diario alemán Süddeutsch Zeitung y se hizo una red de 376 periodistas en 78 países; aquí en México, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) seleccionó como socios al equipo de Aristegui Noticias y a la revista Proceso. En este laberinto de información hay asuntos muy importantes para México, quizá porque somos, después de China y Rusia, uno de los tres mayores exportadores de capitales ilícitos en el mundo, según Global Financial Integrity.
En Panama Papers se reconoce una gramática. Primero están los nombres que tienen diversos significados. Aparecen empresarios cercanos al gobierno de Peña Nieto, como Hinojosa Cantú del grupo Higa; empresarios del duopolio televisivo, Salinas Pliego (Azteca) y de Angoitia (Televisa), y otros nombres. Con Higa regresa el episodio de la Casa Blanca, que vuelve a salpicar al presidente porque su contratista preferido movió 100 millones de dólares hacia un paraíso fiscal. “El presidente de México aparece en una lista de 18 mandatarios cuyos familiares o cercanos pidieron el apoyo de ese despacho para crear complejos esquemas financieros con el propósito de esconder su identidad y la ruta del dinero” (Proceso , número 2058). Luego vienen los adjetivos con los que se califica el expediente: aquí llama la atención que la postura oficial fue decir, tener dinero fuera del país “no es delito”, y casi como una obligación se complementó con otra frase, “delito es no pagar impuestos”. En otros países se enfrenta este caso de otra manera, por ejemplo, el presidente Obama señaló que no es delito, pero que ese es precisamente el problema; en Francia pidieron ubicar a Panamá en la lista de paraísos fiscales; en Islandia el primer ministro renunció. En cambio, en la Rusia de Putin, se dijo que se trata de una acción de la CIA. Otra parte interesante son los verbos que acompañan a los Papeles de Panamá, como triangular, esconder, ocultar, lavar, evadir, acciones que atentan en contra de la transparencia y la legalidad. En esos espacios —que permite la globalización de capitales— es donde coincide la acumulación de dinero sucio para el terrorismo, la evasión fiscal, el lavado y el fraude.
Aquí en México también tenemos nuestros Panama Papers locales, son los gobernadores y ex gobernadores que han usurpado recursos para construir sus propias fortunas o para desviar el dinero a campañas políticas, como César Duarte en Chihuahua con el Banco Unión Progreso, o Humberto Moreira que endeudó a Coahuila. Se trata de la pestilente asociación entre política y negocios que sigue impune.
La investigación muestra los circuitos financieros sucios de la globalización y las dificultades para gobernar un mundo en donde las tecnologías y los huecos legales permiten el tráfico de dinero sucio. Es un mapa de transacciones opacas que se mueven con prestanombres y crean empresas de papel, que no existen. El problema se da en los márgenes de una legalidad deficiente, frente a la que se hacen esfuerzos internacionales, todavía insuficientes, para acotar y transparentar los privilegios del capital sucio. En suma, Panama Papers muestran las debilidades y retos de México para contar con una estructura fiscal fuerte y equitativa, impedir la evasión y, sobre todo, combatir la impunidad de los socios del poder…
Investigador del CIESAS
@AzizNassif
Transparencia y acceso a la información
Protección de datos personales
Pacta Microsoft protección de datos
Mural
Reuters
11 de abril de 2016
Bruselas, Bélgica (11 abril 2016).- Microsoft se convirtió el lunes en la primera gran compañía tecnológica estadounidense en anunciar que transferirá información de sus usuarios a Estados Unidos usando un nuevo pacto comercial transatlántico de datos y que resolverá cualquier disputa con supervisores de privacidad europeos.
Las transferencias de datos hacia Estados Unidos se han realizado dentro de un limbo legal desde octubre del año pasado, cuando el máximo tribunal de la Unión Europea legalizó el marco de Puerto Seguro, que permitía a las firmas mover fácilmente datos personales a través del Atlántico en cumplimiento de las estrictas reglas del bloque continental.
La ley de protección de datos de la UE prohíbe a las compañías transferir datos personales a países que se considera tienen salvaguardas de privacidad insuficientes (uno de los cuales es Estados Unidos) a no ser que establezcan complejas estructuras legales o usen un marco como Puerto Seguro.
Microsoft dijo que se unirá al acuerdo Escudo de Privacidad de la UE y Estados Unidos, el nuevo marco acordado por Bruselas y Washington en febrero para llenar el vacío dejado por Puerto Seguro y asegurar que continúa sin trabas el comercio de servicios digitales a través del Atlántico, valorado en 260 mil millones de dólares.
“Estoy feliz de anunciar hoy que Microsoft se compromete a suscribir el Escudo de Privacidad y que estableceremos nuevos compromisos para avanzar en la privacidad mientras se implementa este instrumento”, escribió en un blog John Frank, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de la UE.
La adhesión de la firma estadounidense llega en medio de críticas por parte de grupos de confidencialidad por no atender a las preocupaciones por las prácticas de vigilancia de Estados Unidos y un día antes de que los reguladores de protección de datos de la UE se reúnan durante dos días para decidir si se unen a la iniciativa.
La Comisión Europea, que negoció el marco en nombre de la UE, instó a las compañías a cumplir con las decisiones adoptadas en disputas por las autoridades de protección de datos del bloque de 28 países para ayudar a que Escudo de Privacidad sobreviva a una posible demanda futura en los tribunales.
Transparencia y acceso a la información
Protección de datos personales
Microsoft anuncia adhesión a pacto de protección datos
El Economista
Reuters
11 de abril de 2016
Bruselas.- Microsoft se convirtió el lunes en la primera gran compañía tecnológica estadounidense en anunciar que transferirá información de sus usuarios a Estados Unidos usando un nuevo pacto comercial transatlántico de datos y que resolverá cualquier disputa con supervisores de privacidad europeos.
Las transferencias de datos hacia Estados Unidos se han realizado dentro de un limbo legal desde octubre del año pasado, cuando el máximo tribunal de la Unión Europea ilegalizó el marco de Puerto Seguro, que permitía a las firmas mover fácilmente datos personales a través del Atlántico en cumplimiento de las estrictas reglas del bloque continental.
La ley de protección de datos de la UE prohíbe a las compañías transferir datos personales a países que se considera tienen salvaguardas de privacidad insuficientes -uno de los cuales es Estados Unidos- a no ser que establezcan complejas estructuras legales o usen un marco como Puerto Seguro.
Microsoft dijo que se unirá al acuerdo Escudo de Privacidad de la UE y Estados Unidos, el nuevo marco acordado por Bruselas y Washington en febrero para llenar el vacío dejado por Puerto Seguro y asegurar que continúa sin trabas el comercio de servicios digitales a través del Atlántico, valorado en 260,000 millones de dólares.
“Estoy feliz de anunciar hoy que Microsoft se compromete a suscribir el Escudo de Privacidad y que estableceremos nuevos compromisos para avanzar en la privacidad mientras se implementa este instrumento”, escribió en un blog John Frank, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de la UE.
La adhesión de la firma estadounidense llega en medio de críticas por parte de grupos de confidencialidad por no atender a las preocupaciones por las prácticas de vigilancia de Estados Unidos y un día antes de que los reguladores de protección de datos de la UE se reúnan durante dos días para decidir si se unen a la iniciativa.
La Comisión Europea, que negoció el marco en nombre de la UE, instó a las compañías a cumplir con las decisiones adoptadas en disputas por las autoridades de protección de datos del bloque de 28 países para ayudar a que Escudo de Privacidad sobreviva a una posible demanda futura en los tribunales.
Transparencia y acceso a la información
Protección de datos personales
Batalla sin fin: El FBI pide a Apple desbloquee dos iPhones más
Publimetro
Elizabeth Legarreta
11 de abril de 2016
Luego de las semanas de batalla legal que finalizaron con el FBI desbloqueando el iPhone de Syed Rizwan Faroo, conocido como el “Asesino de San Bernardino” ante la rotunda negativa de Apple, la corporación de nueva cuenta le pide a la compañía de Cupertino su colaboración: quieren desbloquear otros dos dispositivos en Boston y Nueva York.
A pesar de que Apple se ha negado por completo a “hackear” un iPhone bajo cualquier circunstancia para no sentar ningún tipo de precedente en este aspecto, el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), continúa presionando a la compañía de la manzana.
Caso Boston
Se trata del iPhone 6s Plus perteneciente al miembro de una de las pandillas más conocidas en Boston. El FBI busca encontrar en el dispositivo información sobre más miembros de dicha pandilla, proveedores de droga y clientes.
En este caso, Apple se ha negado una vez más.
Caso Nueva York
Este podría ser el caso más revelador al respecto, pues se trata de un iPhone 5s perteneciente a un traficante de drogas que ya se encuentra encarcelado. El detenido ha confesado y, en teoría, el FBI ya no tiene la necesidad de acceder a su iPhone, sin embargo, alegan que aún necesitan hacerlo para poder reforzar las declaraciones del traficante.
Apple respondió asegurando que lo único que pretende el FBI es crear un precedente judicial.
En el caso de San Bernardino, el FBI logró desbloquear el iPhone 5c del asesino gracias a la ayuda de terceros -se cree que fue la compañía israelí Cellebrite- con una “herramienta”, sin embargo, James Comey, director del FBI, informó que dicho método sólo funciona para modelos viejos que irían del 5c para abajo.
Transparencia y acceso a la información
Protección de datos personales
Microsoft anuncia adhesión a pacto de protección de datos
El Universal
Reuters
11 de abril de 2016
La compañía transferirá información de sus usuarios a EU usando un nuevo pacto comercial trasatlántico de datos y que resolverá cualquier disputa con supervisores de privacidad europeos
Microsoft se convirtió el lunes en la primera gran compañía tecnológica estadounidense en anunciar que transferirá información de sus usuarios a Estados Unidos usando un nuevo pacto comercial transatlántico de datos y que resolverá cualquier disputa con supervisores de privacidad europeos.
Las transferencias de datos hacia Estados Unidos se han realizado dentro de un limbo legal desde octubre del año pasado, cuando el máximo tribunal de la Unión Europea ilegalizó el marco de Puerto Seguro, que permitía a las firmas mover fácilmente datos personales a través del Atlántico en cumplimiento de las estrictas reglas del bloque continental.
La ley de protección de datos de la UE prohíbe a las compañías transferir datos personales a países que se considera tienen salvaguardas de privacidad insuficientes -uno de los cuales es Estados Unidos- a no ser que establezcan complejas estructuras legales o usen un marco como Puerto Seguro.
Microsoft dijo que se unirá al acuerdo Escudo de Privacidad de la UE y Estados Unidos, el nuevo marco acordado por Bruselas y Washington en febrero para llenar el vacío dejado por
Puerto Seguro y asegurar que continúa sin trabas el comercio de servicios digitales a través del Atlántico, valorado en 260 mil millones de dólares.
“Estoy feliz de anunciar hoy que Microsoft se compromete a suscribir el Escudo de Privacidad y que estableceremos nuevos compromisos para avanzar en la privacidad mientras se implementa este instrumento”, escribió en un blog John Frank, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de la UE.
La adhesión de la firma estadounidense llega en medio de críticas por parte de grupos de confidencialidad por no atender a las preocupaciones por las prácticas de vigilancia de Estados Unidos y un día antes de que los reguladores de protección de datos de la UE se reúnan durante dos días para decidir si se unen a la iniciativa.
La Comisión Europea, que negoció el marco en nombre de la UE, instó a las compañías a cumplir con las decisiones adoptadas en disputas por las autoridades de protección de datos del bloque de 28 países para ayudar a que Escudo de Privacidad sobreviva a una posible demanda futura en los tribunales.
tcm
Transparencia y acceso a la información
Protección de datos personales
Se suma Microsoft a privacidad de datos
Mural
Reuters
11 de abril de 2016
Bruselas, Bélgica (11 abril 2016).- Microsoft se convirtió este lunes en la primera gran compañía tecnológica estadounidense en anunciar que transferirá información de sus usuarios a Estados Unidos usando un nuevo pacto comercial transatlántico de datos y que resolverá cualquier disputa con supervisores de privacidad europeos.
Las transferencias de datos hacia Estados Unidos se han realizado dentro de un limbo legal desde octubre del año pasado, cuando el máximo tribunal de la Unión Europea ilegalizó el marco de Puerto Seguro, que permitía a las firmas mover fácilmente datos personales a través del Atlántico en cumplimiento de las estrictas reglas del bloque continental.
La ley de protección de datos de la UE prohíbe a las compañías transferir datos personales a países que se considera tienen salvaguardas de privacidad insuficientes -uno de los cuales es Estados Unidos- a no ser que establezcan complejas estructuras legales o usen un marco como Puerto Seguro.
Microsoft dijo que se unirá al acuerdo Escudo de Privacidad de la UE y Estados Unidos, el nuevo marco acordado por Bruselas y Washington en febrero para llenar el vacío dejado por Puerto Seguro y asegurar que continúa sin trabas el comercio de servicios digitales a través del Atlántico, valorado en 260 mil millones de dólares.
“Estoy feliz de anunciar hoy que Microsoft se compromete a suscribir el Escudo de Privacidad y que estableceremos nuevos compromisos para avanzar en la privacidad mientras se implementa este instrumento”, escribió en un blog John Frank, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de la UE.
La adhesión de la firma estadounidense llega en medio de críticas por parte de grupos de confidencialidad por no atender a las preocupaciones por las prácticas de vigilancia de Estados Unidos y un día antes de que los reguladores de protección de datos de la UE se reúnan durante dos días para decidir si se unen a la iniciativa.
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