Instituto Federal de Telecomunicaciones

Solicitan vigilar mercado de espectro

Mural

Alejandro González

06 de abril de 2016

 

Para que no exista trato discriminatorio o concentración en el mercado secundario de espectro radioeléctrico, se requiere una supervisión efectiva, piden analistas al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Luego de aprobarse los lineamientos sobre la autorización para que concesionarios puedan arrendar o rentar su espectro, analistas agregaron que es importante que el regulador supervise los topes espectrales.

“El riesgo es que no se haga una supervisión efectiva, que no se pongan topes espectrales. Y el otro tema es a qué precio se va a arrendar y que no sea discriminatoria ni excluyente.

“Yo creo que la autoridad lo puede modular con el recurso de la no concentración, porque claramente quien tenga más gorda la chequera tendrá mayor capacidad de ofrecer montos por el uso del espectro que tenga otro”, aseguró Ernesto Piedras, director de la firma The CIU.

Los lineamientos establecen que el IFT debe evaluar los efectos en la acumulación de espectro radioeléctrico, para prevenir concentración o acaparamiento, según la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley Federal de Competencia Económica.

Jesús Romo, analista de la firma Telconomia, señaló que el IFT también deberá vigilar que se haga un uso eficiente del espectro para evitar que quienes quieran subarrendar lo compren y lo acaparen.

 

 

 

Instituto Federal de Telecomunicaciones

Exigen a IFT retirar campaña mediática mentiros

Homozapping

El Zappo

06 abril 2016

 

A partir del miércoles 18 de marzo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) divulgó en distintos medios de comunicación la campaña SE BUSCA POR ROBO. Transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito. Las estaciones sin concesión se están robando el espacio que es de todos. Las estaciones sin concesión nos afectan a todos, en clara alusión a las radiodifusoras que no cuentan con concesión, entre las que se incluyen emisoras comunitarias e indígenas.

Por tratarse de información falsa y por utilizar un lenguaje que violenta derechos humanos, derechos colectivos así como por amenazar la libertad de expresión, criminalizar y dañar la imagen pública de comunicadores y medios comunitarios e indígenas, el 28 de marzo representantes de organizaciones sociales enviaron una carta a Edgar Yemán García Turincio, Coordinador General de Comunicación Social del IFT, en donde se señala que si bien la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en su Art. 298 establece que la prestación de servicios de radiodifusión sin concesión constituye una infracción de tipo administrativo, no existe tipo penal alguno aplicable a esta conducta y mucho menos equiparable al robo.

En su respuesta del 4 de abril, el mismo Yemán reconoce que transmitir sin concesión no es delito ni robo, al señalar que “… la campaña fue diseñada con el objetivo de concienciar sobre la importancia de contar con una concesión para proveer servicios de radiodifusión, a fin de evitar afectaciones a la sociedad y las consecuencias que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión: pérdida en beneficio de la Nación de bienes, instalaciones y equipos empleados, además de sanciones económicas”.

Por otro lado, menciona que “… la existencia de estaciones sin concesión, además de estar en contra de la Ley, puede representar amenazas para las comunicaciones aéreas o interferencias en otros servicios como el de las estaciones de radio que sí transmiten conforme a la Ley. En algunos casos, este tipo de estaciones sin permiso incurren en transgresiones como la transmisión de mensajes de grupos de delincuencia organizada o pueden escudarse en figuras sociales sin realmente serlo.” De esta forma, se les da un tratamiento criminal a todas las radios sin concesión por igual, aun cuando muchas de carácter comunitario e indígena han servido por años a sus comunidades y en muchos casos se encuentran en proceso de tramitar su concesión o con el trámite ya iniciado. Para reafirmar su postura, Yemán escribe: “el mensaje se fraseó en términos que dieran claridad sobre el actuar en la ilegalidad, porque la ley aplica tanto para el que la infringe por desconocimiento como de forma deliberada”.

Sin responder a la exigencia de retirar la campaña, Yemán señala que el IFT invita a la regularización de las radios sin concesión incorporando en la campaña la dirección electrónica del portal del Instituto. Esto es claramente insuficiente, pues se requiere información y difusión constante, adecuada y culturalmente pertinente para las comunidades y pueblos indígenas. Asimismo, es urgente que se impulsen las obligaciones de pluralidad de contenidos en los concesionarios existentes, lo cual aún no ha sucedido, lo mismo que la publicación de los lineamientos sobre derechos de las audiencias detenida desde hace meses.

Otra obligación pendiente de cumplir por parte de todas las dependencias federales es la de reservar 1% del presupuesto destinado a publicidad oficial para asignarlo a espacios en medios indígenas y comunitarios, medida aprobada con el fin de contribuir a la sostenibilidad de estos medios, misma que hasta el momento ninguna dependencia ha instrumentado, comenzando por el área de Comunicación Social del IFT, institución a la que correspondería iniciar con este cumplimiento.

De igual manera, sigue sin construirse una política pública clara que se dirija a generar las condiciones para que los medios indígenas y comunitarios puedan operar en un marco adecuado de legalidad y sostenibilidad por medio de programas de asistencia técnica, apoyo a la formación y capacitación de comunicadores, equipamiento y modernización, entre otros. Si bien se está buscando avanzar en esta materia, las acciones del IFT no han sido tan contundentes como sí lo es la campaña SE BUSCA POR ROBO cuyos contenidos y lenguajes además de poner en riesgo la integralidad de comunicadores y medios indígenas y comunitarios, pueden provocar que surjan conflictos en las comunidades al tergiversar información respecto a las implicaciones de operar sin concesión.

Muchas de las radios comunitarias e indígenas también padecen de la afectación que provocan radios comerciales, religiosas y de partidos políticos sin concesión. Sin embargo, creemos que dada la situación de violencia, inseguridad y violación a los derechos humanos que priva en nuestro país, las acciones de este tipo nada abonan a la regularización de los medios y por el contrario, radicalizan posturas, provocando que las comunidades y organizaciones se alejen nuevamente de la relación de diálogo y negociación que recientemente se ha venido construyendo con el IFT.

Por las razones expuestas exigimos lo siguiente:

1) El retiro inmediato de la Campaña SE BUSCA POR ROBO.

2) La reparación del daño colocando una campaña afirmativa que reconozca el trabajo importante y valioso que realizan los medios indígenas y comunitarios con una invitación fraterna a regularizarse.

3) La inmediata colocación de una página dentro del portal del IFT dirigida a medios indígenas y comunitarios con información clara y precisa en torno a los trámites de concesión, además de colocar una nota aclarando que no es delito ni robo operar sin concesión sino detallar las infracciones que señala el Art. 298 de la LFTR. (esta demanda ha sido planteada con insistencia en los diversos foros y reuniones sostenidas con el IFT).

4) Asegurar con base en la nueva disposición técnica sobre servicios de radiodifusión sonora, la reserva de espectro para medios indígenas y comunitarios en todo el país, en especial, en aquellas zonas donde anteriormente existía saturación de espectro.

De este modo hacemos llegar nuestro extrañamiento al Instituto Federal de Telecomunicaciones, invitando a que se permita retomar una relación de diálogo y acercamiento con los medios indígenas y comunitarios por medio de la atención inmediata a las peticiones señaladas.

A las radios comerciales que se han unido a esta campaña enfatizando su mensaje en noticieros y programas de radio, les invitamos a detener el señalamiento y estigmatización de medios y comunicadores comunitarios e indígenas. En su lugar, alentamos que pronto puedan incorporar contenidos plurales acorde a las realidades de las regiones en donde transmiten como lo señalan la LFTR y la Constitución.

 

 

 

Instituto Federal de Telecomunicaciones

Demandan organizaciones al IFT desistir de campaña contra radios sin concesiones

La Jornada

César Arellano García

7 de abril de 2016

 

Organizaciones no gubernamentales exigieron al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) desistir de la campaña Se busca por robo. Transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito, pues, dijeron, alude a las radiodifusoras comunitarias e indígenas que no tienen concesiones.

En conferencia de prensa señalaron que el comercial difunde información falsa y utiliza un lenguaje que violenta los derechos humanos; además, amenaza la libertad de expresión y criminaliza y daña la imagen pública de comunicadores.

Blanca Cruz, de la organización Redes por la Diversidad, pidió al instituto “que retire la campaña de manera inmediata, repare el daño y reconozca que el trabajo valioso que realizan las emisoras comunitarias no es un delito”.

Héctor Camero, de Amarc México, aseveró que “es muy grave lo que hizo el IFT al firmar con su nombre un desplegado de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), disfrazado de campaña. Estamos a casi dos años de la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión (LFTR), y en todo este tiempo sólo se ha otorgado una concesión a radios comunitarias”, aseveró.

El pasado 28 de marzo, afirmó Geraldina Lázaro, de la Red de Comunicadores Boca de Polen, representantes sociales enviaron una carta a Édgar García Turincio, coordinador general de comunicación social del IFT, en la que señalan que si bien la LFTR en su artículo 298 señala que la prestación de servicios de radiodifusión sin concesión constituye una infracción administrativa, no existe tipo penal alguno que se aplique a esta conducta y mucho menos equipararse al robo.

No obstante, agregó, el funcionario reconoció que transmitir sin permiso no es delito ni robo y señaló que la campaña “fue diseñada a fin de concientizar sobre la importancia de contar con una concesión para proveer servicios de radiodifusión”.

Los representantes de las organizaciones no gubernamentales demandaron que el IFT coloque una página en su portal de Internet dirigida a medios indígenas y comunitarios con información clara y precisa en torno a los trámites de concesión, así como asegurarse con base en la nueva disposición técnica sobre servicios de radiodifusión sonora y la reserva de espectro para estos medios en todo el país, en particular, en las zonas donde con anterioridad existía saturación del espectro.