Economía política de las empresas de medios de comunicación
Competencia
Mural
Alejandro González
07 de marzo de 2016
Cd. de México (07 marzo 2016).- Al menos 18 de las poco más de 20 estaciones de radio comunitarias e indígenas que existen en México viven en medio de una crisis: funcionan en condiciones precarias y en un limbo legal.
Según expertos, no les han otorgado su cambio de título de permisionarios a concesionarios comunitarias o indígenas, lo cual las coloca en una seria desventaja.
La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión estableció que los permisos de medios de uso social comunitario e indígenas debían transitar a la figura de concesiones para permitirles acceder, por primera vez, a recursos de publicidad oficial.
Sin embargo, eso no ha ocurrido desde hace casi 2 años que se dio la reforma.
Héctor Camero, representante nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC-México, donde se concentran la mayoría de radios comunitarias e indígenas, aseguró que durante 2 años se han encontrado con trámites burocráticos que les ha impedido a sus 18 estaciones agremiadas realizar el cambio de título.
“Son varios aspectos que nos afectan, uno de ellos es la seguridad jurídica, pues ya desapareció el permiso y estamos en el limbo jurídico”.
En el aspecto económico, esta situación también les afecta.
El artículo 89 de la Ley, permite que los medios sociales que no tienen autorización para comercializar sus espacios, puedan aliviar sus problemas económicos a través de acceder al uno por ciento de los presupuestos de comunicación social de entidades públicas federales.
“(Sin embargo) resulta que no podemos acceder a estos recursos porque no somos reconocidos como concesionarios comunitarios indígenas”, añadió.
Pero estos no son sus únicos problemas.
Camero agregó que una vez que reciban el cambio de título de permisionario a concesionarios, se enfrentarán a que no existe una ventanilla única para realizar la solicitud del presupuesto.
“Las organizaciones indígenas y comunitarias deberán salir de su comunidad, lo que les cuesta dinero, y acudir a cada una de las dependencias federales para solicitar las asignaciones presupuestales”, dijo.
Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio para Latinoamérica sobre Regulación, Medios y Convergencia, reconoció que el órgano regulador tomó en cuenta las consultas públicas para realizar los lineamientos para el otorgamiento de concesiones, sin embargo, éstos no se han puesto en práctica.
Jorge Fernando Negrete, presidente de la Asociación de Derecho a la Información (AMEDI), aceptó que es necesario que el órgano regulador agilice los trámites debido a las condiciones de supervivencia en la que operan y se organizan dichas estaciones.
Economía política de las empresas de medios de comunicación
Competencia
Reforma
Alejandro González
07 marzo 2016
Al menos 18 de las poco más de 20 estaciones de radio comunitarias e indígenas que existen en México viven en medio de una crisis: funcionan en condiciones precarias y en un limbo legal.
Según expertos, no les han otorgado su cambio de título de permisionarios a concesionarios comunitarias o indígenas, lo cual las coloca en una seria desventaja.
La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión estableció que los permisos de medios de uso social comunitario e indígenas debían transitar a la figura de concesiones para permitirles acceder, por primera vez, a recursos de publicidad oficial.
Sin embargo, eso no ha ocurrido desde hace casi 2 años que se dio la reforma.
Héctor Camero, representante nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC-México, donde se concentran la mayoría de radios comunitarias e indígenas, aseguró que durante 2 años se han encontrado con trámites burocráticos que les ha impedido a sus 18 estaciones agremiadas realizar el cambio de título.
“Son varios aspectos que nos afectan, uno de ellos es la seguridad jurídica, pues ya desapareció el permiso y estamos en el limbo jurídico”.
En el aspecto económico, esta situación también les afecta.
El artículo 89 de la Ley, permite que los medios sociales que no tienen autorización para comercializar sus espacios, puedan aliviar sus problemas económicos a través de acceder al uno por ciento de los presupuestos de comunicación social de entidades públicas federales.
“(Sin embargo) resulta que no podemos acceder a estos recursos porque no somos reconocidos como concesionarios comunitarios indígenas”, añadió.
Pero estos no son sus únicos problemas.
Camero agregó que una vez que reciban el cambio de título de permisionario a concesionarios, se enfrentarán a que no existe una ventanilla única para realizar la solicitud del presupuesto.
“Las organizaciones indígenas y comunitarias deberán salir de su comunidad, lo que les cuesta dinero, y acudir a cada una de las dependencias federales para solicitar las asignaciones presupuestales”, dijo.
Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio para Latinoamérica sobre Regulación, Medios y Convergencia, reconoció que el órgano regulador tomó en cuenta las consultas públicas para realizar los lineamientos para el otorgamiento de concesiones, sin embargo, éstos no se han puesto en práctica.
Jorge Fernando Negrete, presidente de la Asociación de Derecho a la Información (AMEDI), aceptó que es necesario que el órgano regulador agilice los trámites debido a las condiciones de supervivencia en la que operan y se organizan dichas estaciones.
Economía política de las empresas de medios de comunicación
Competencia
Preparan Contrarreforma Electoral: Dinero de Campañas para Salvar a las Televisoras – Primera Parte
Homozapping
Jenaro Villamil
06 marzo 2016
televisoras-contrarreforma-2El martes 11 de agosto de 2007 los principales comentaristas de Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen y estaciones radiofónicas protagonizaron una “rebelión” en el quinto piso de la Torre del Caballito, sede de las oficinas de comisiones del Senado de la República.
Encabezados por la dirigencia de la Cámara Nacional de la Industria y Televisión (CIRT), la cúpula de los concesionarios, los comentaristas de medios electrónicos protestaron por la inminente aprobación de una reforma constitucional para establecer la “prohibición total de los partidos políticos para adquirir tiempo, bajo cualquier modalidad, en radio y televisión”.
Vestido con un sweter color rosa, Joaquín López Dóriga fue el foco de atención de los fotógrafos que cubrieron la inédita rebelión. El conductor de Televisa se sentó al lado de su presunto competidor Javier Alatorre, de TV Azteca, y Patricia Chapoy, conductora del programa de variedades de la farándula en Canal 13 “ventaneó” a sus propios colegas al preguntarle a los 41 senadores presentes si sería un delito electoral “decir que el gobernador del Estado de México es muy guapo” (ver Proceso, No. 1611).
No era poco lo que estaba en juego. La prohibición de comprar tiempo-aire les restaba una bolsa de cerca de 2 mil millones de pesos de dinero público y privado a las televisoras, según los cálculos de los propios senadores que promovían la reforma, entre ellos, Manlio Fabio Beltrones. Los concesionarios buscaron el apoyo de 19 gobernadores con aspiraciones políticas, entre ellos, Enrique Peña Nieto, quien tenía un convenio de comunicación y promoción millonario con Televisa. No pudieron frenarla.
A pesar de este talk show, el Senado aprobó la reforma por 111 votos a favor, incluyendo los sufragios de la bancada del PRI, coordinada en ese entonces por Beltrones, actual dirigente nacional del tricolor. Días después, la Cámara de Diputados aprobó por 408 votos, en lo general, y 362 en lo particular la reforma a 9 artículos constitucionales, incluyendo el 6, el 41 y una adición al 134 que conformaron el llamado nuevo “modelo de comunicación política”.
Las televisoras no dejaron de quejarse desde entonces, a través de sus principales comentaristas en radio, televisión y prensa. La descalificaron una “reforma chavista”, una “expropiación”, una “tentación de censura” y un “engaño a la sociedad”.
Ocho años después, los mismos impulsores de este “modelo de comunicación política” pretenden recular y realizar una contrarreforma que permita la compra de tiempo-aire en medios electrónicos y disminuya los 48 minutos de tiempo de Estado obligatorios (30 en todas las estaciones de radio y 18 en las televisoras) regulados y distribuidos entre los partidos políticos por el propio Instituto Nacional Electoral (INE).
El primer banderazo de salida a la posible contrarreforma lo dio el actual dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien propuso en noviembre de 2015 la posibilidad de analizar un “modelo mixto” que permita que el 50 por ciento del tiempo a los partidos y candidatos sea regulado por el INE y el otro 50 por ciento se permita la inversión de dinero privado o la compra de tiempo-aire.
El 5 de febrero pasado se sumó al mismo barco el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth, en su discurso de aniversario de la Constitución mexicana. Frente a decenas de senadores y diputados, Gil Zuarth afirmó que “en el caso del modelo de comunicación política quisimos corregir excesos, pero cometimos otro en perjuicio de la libertad”.
“Ese modelo vigente inhibe el flujo de las ideas y la participación activa de los ciudadanos, inhabilita la deliberación democrática y cancela la libertad de expresión”, abundó el senador panista.
“Debo decirlo con toda claridad: protege a los partidos políticos de la crítica y sanciona a quienes informan o a quienes nos juzgan. Es el régimen del silencio, de la tutela paternalista, de la censura al debate”, afirmó retóricamente Gil Zuarth sin dar ejemplos específicos.
La Nueva Campaña del Duopolio
Las posiciones públicas de Beltrones y de Gil Zuarth coincidieron como dos gotas de agua con las mismas expresiones en la televisión y en sus columnas periodísticas de los principales comentaristas de Televisa y de TV Azteca, así como de la cúpula de la CIRT, que reprodujeron los mismos argumentos que en 2007.
El 24 de noviembre de 2015, el presidente de la CIRT, Edgar Pereda Gómez, se quejó porque “el modelo de comunicación política que tuvimos en estas pasadas elecciones, se vio muy negativo, tanto para los candidatos, como para los partidos, y la sociedad, creo que realmente es un modelo fallido y debe haber modificaciones en el sentido correcto”.
Pereda Gómez aprovechó la 57 semana de la Industria de la Radio y Televisión para afirmar que los spots electorales que se distribuyen en todas las estaciones constituyen “un modelo fallido”.
Durante la visita del Papa Francisco, en medio del teletón continuo sobre las actividades del pontífice católico, Joaquín López Dóriga aprovechó para quejarse al aire que debía interrumpir las transmisiones para dar paso a la pauta de spots del INE para los candidatos constituyentes de la Ciudad de México.
El INE le aplicó “medidas cautelares” a López Dóriga por esa mención y el comentarista de Canal 2 de Televisa y de Radio Fórmula acusó a la autoridad electoral de emprender una “ofensiva chavista” en su contra y se colocó en el papel de víctima de la libertad de expresión. Los mismos argumentos y calificativos utilizados 8 años antes.
En un artículo publicado en Milenio Diario, el 24 de febrero, López Dóriga afirmó que “la persecución del INE la baso en los comentarios que hice durante la transmisión del sábado de la visita del papa, en el sentido de que el corte comercial al que íbamos, había sido pautado por el mismo INE, lo cual es cierto; que era sobre las campañas para candidatos constituyentes de la Ciudad de México, cierto también; que en los del partido Acción Nacional, se promovía la persona del presidente Ricardo Anaya, de nuevo cierto, y habían sido programados en la transmisión del viaje papal a México, otra verdad del tamaño de una catedral, para estar a tono”.
“Víctima” del INE y del “modelo de comunicación política” López Dóriga recibió apoyos de otros comentaristas de radio y de televisión, destacadamente de Sergio Sarmiento, colaborador de TV Azteca, y de Javier Tejado Dondé, estratega y cabildero de Televisa en el Congreso.
Un día antes, el 23 de febrero, Tejado Dondé publicó en su columna de El Universal, que el INE “se lanzó contra cuatro comunicadores (Joaquín López Dóriga, Javier Alatorre, Carolina Rocha y Jorge Zarza). Su osadía fue criticar los spots que el INE y partidos lanzaron durante la visita papal. En un procedimiento sancionador, que abrieron desde las oficinas centrales del INE, consideran que es un ‘abuso del derecho (de libertad de expresión), so pretexto de comunicar u opinar, la emisión de mensajes antes o después del material pautado por el INE’”.
“Con esto, lo que busca el INE es anular cualquier crítica a su labor y a los contenidos de los mensajes que pauta. Son estándares de censura que nunca se vieron en la Argentina de los Kichner, ni en la Venezuela de Chávez y Maduro”, editorializó el operador de Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa.
A la misma campaña se sumó el 22 de febrero el senador Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado. Siempre coincidente con las posiciones de Tejado Dondé y de la telebancada, el legislador panista sentenció que “el actual modelo de comunicación política en México es una basura”.
“En andamiaje legal que nos rige obedece a la desconfianza. Su diseño privilegia la difusión de millones de spots que poco o nada le dicen a la sociedad, y anula el debate de las ideas tan necesario en una contienda electoral”, afirmó Lozano en su artículo “El Asfixiante Modelo de Comunicación Política”, publicado en El Universal.
Economía política de las empresas de medios de comunicación
Compra de medios
Televisa concreta compra de Cablevisión Monterrey
El Economista
Claudia Juárez Escalona
06 de marzo de 2016
Grupo Televisa pagó por 50% del capital social de Televisión Internacional (TVI) a Grupo Multimedios, 6,750 millones de pesos, convirtiéndose en titular de 100% del capital social de TVI.
La operación incluye la asunción de pasivos por 5,492 millones de pesos y prevé una compraventa de acciones por 1,258 millones de pesos. Televisa informó que, en tanto se formaliza la compraventa, Grupo Multimedios participaría como accionista de Corporativo Vasco de Quiroga, subsidiaria de Televisa.
“Lo anterior, en cumplimiento con los lineamientos y en los plazos establecidos en la autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)”, dijo.
María Elena Estavillo, comisionada del IFT, dijo que “en un plazo de seis meses, Grupo Multimedios debe dejar de tener participación en Grupo Televisa; debe haber una desvinculación total de estos dos grupos”.
Con la adquisición de 100% del capital social de TVI, Televisa destacó que podría explotar de mejor manera las eficiencias y economías de escala que se generan en sus cinco operaciones de cable alrededor de México, así como seguir expandiendo las ofertas de doble y triple play de Izzi”.
El pasado 19 de febrero del 2016, el pleno del IFT autorizó, sujeta al cumplimiento de condiciones, llevar a cabo la concentración por la que Grupo Televisa (GIETV) adquiere la totalidad de las acciones de Televisión Internacional o Cablevisión Monterrey.
El instituto aprobó la compra de 50% de las acciones que no poseía en Cablevisión Monterrey a Grupo Multimedios sujeta a condiciones que aseguren que las empresas no tendrán ningún vínculo estructural, ya que ello generaría riesgos en el mercado de televisión radiodifundida, donde ambas firmas (Televisa y Multimedios) compiten entre sí.
Izzi, al alza
Televisa destacó que “gracias a la oferta disruptiva de Izzi” ha logrado introducir, a precios accesibles, servicios de video, voz y datos a los hogares y negocios mexicanos, permitiéndole aumentar su ritmo de crecimiento. Informó que en el 2015, las operaciones de cable de Televisa alcanzaron un crecimiento orgánico en video, voz y datos de 6.3, 46.6 y 25.4% respectivamente.
De acuerdo con datos del IFT, al tercer trimestre del 2015, Grupo Televisa mantuvo su participación de mercado en cerca de 50%, mientras que Megacable se mantuvo alrededor de 34 por ciento. Según el regulador, “este comportamiento estable se ha observado desde el primer trimestre del 2015, cuando Grupo Televisa consolidó la adquisición de Cablevisión Red”.
Las participaciones de mercado, en el periodo de referencia, ubican a Televisa en primer lugar, seguido por Megacable, mientras que Total Play tiene 2% de participación de mercado.
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