Transparencia y acceso a la información

INAI

Solicita INAI a Segob dar a conocer acuerdos suscritos en 2014 con autodefensas

MVS Noticias

Sofía Cruz

2 de marzo de 2016

 

La comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos explicó que esta decisión tiene por objeto que la sociedad cuente con toda la información relativa a la institucionalización de los grupos de “autodefensa” y pueda tener una opinión propia, respecto de un tema sensible y controvertido.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) que busque y dé a conocer los acuerdos suscritos en 2014, entre la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán y grupos ciudadanos organizados en diferentes municipios de esa entidad, conocidos como “autodefensas”.

La comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos explicó que esta decisión tiene por objeto que la sociedad cuente con toda la información relativa a la institucionalización de los grupos de “autodefensa” y pueda tener una opinión propia, respecto de un tema sensible y controvertido.

Al presentar el asunto ante el Pleno, la comisionada ponente, María Patricia Kurczyn Villalobos, recordó que con dichos acuerdos, se abrió la posibilidad de que los grupos de “autodefensas” se incorporaran a un nuevo cuerpo de policía rural estatal y brindaran protección a sus comunidades, de manera legal.

Precisó que el recurso de revisión fue interpuesto por un ciudadano que solicitó dicha información pero que consideró incompleta la respuesta que le otorgó el sujeto obligado, en este caso la Secretaría de Gobernación.

Por lo que durante su análisis, la comisionada ponente Patricia Kurzcyn advirtió que la información proporcionada se encuentra incompleta, contraviniendo con la obligación de acceso prevista en la Ley Federal de Transparencia.

Así como también determinó que el sujeto obligado no realizó una búsqueda exhaustiva de la información requerida, el Instituto dijo no contar con la certeza para acreditar que proporcionó la totalidad de los archivos con los que cuenta, por lo que la propuesta de la comisionada fue la siguiente:

“Derivado de ello propongo a los miembros de este Pleno, modificar la respuesta para efectos de que el sujeto obligado proporcione los acuerdos restantes con el objeto que la sociedad cuente con toda la información relativa a la institucionalización de los grupos de “autodefensa” y pueda tener una opinión propia, respecto de un tema sensible y controvertido como el que presenta. Todo esto pues en el marco de la discusión a nivel nacional sobre el Mando Único Policial”, recalcó.

Asimismo, durante su exposición, la comisionada Kurczyn Villalobos destacó los preocupantes resultados que, sobre este tema, arroja la Encuesta de Seguridad Pública Urbana realizada por el INEGI.

En donde subrayó que 7 de cada 10 ciudadanos consideran poco o nada efectiva la actuación de los cuerpos policiacos estatales y municipales.

Y agregó que con las cifras anteriores, no sorprende que casi la mitad de los mexicanos, 49 por ciento estén de acuerdo con que algunas comunidades formen su propia policía para defenderse de la delincuencia, aun cuando, enfatizó “entendemos que esto no es de ninguna forma lo más deseable ni lo más prudente”.

Además señaló que en la encuesta referida, se refleja que 4 de cada 10 personas consideran que los policías nombrados por la gente del pueblo protegen mejor a las comunidades en comparación con los policías que dependen del gobierno; 26% señalan que ambos son efectivos para proteger localidades y colonias; y 23 por ciento cree que los policías que dependen del gobierno son mas efectivos en sus tareas.

“Un dato que llama la atención y es preocupante es que el 50 por ciento de los entrevistados dijeron estar dispuestos a formar parte de una policía comunitaria o a pagar a personas de su comunidad porque forme parte de ella”, precisó.

Y añadió: “No emitiré ningún pronunciamiento sobre la legalidad o no, conveniencia o no de las autodefensas, pero lo que puedo comentar es que se perfilan problemas que enfrentan las entidades con presencia de civiles armados por considerar en algunos casos que se vulnera el estado de derecho”.

 

Transparencia

INAI

Ordena INAI a Pemex informar sobre gasolineras que operan en Houston

Quadratín Jalisco

Redacción

02 de Marzo de 2016

 

GUADALAJARA, Jal, 2 de marzo de 2016.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a Pemex Transformación Industrial, antes Pemex Petroquímica, buscar y entregar documentos relacionados con las gasolineras que operan o están por operar en Houston, Texas, bajo la marca de Petróleos Mexicanos (Pemex), informó el Instituto a través de un comunicado. Específicamente, deberá proporcionar copia de los contratos suscritos para el uso de la marca Pemex en gasolineras de Houston, Texas; nombre de los inversionistas que operarán las estaciones de servicio de la franquicia; documentos que contengan información sobre la planeación y generación de escenarios a futuro sobre la operación de las gasolineras; toda aquella información sobre los planes a futuro para la incursión en mercados extranjeros así como todo aquella información que precise los beneficios reportados por la apertura de las mencionadas gasolineras en el Houston, Texas. Tras la respuesta del sujeto obligado al declarar la inexistencia de la información, el particular presentó un recurso de revisión ante el INAI. Dentro de los motivos de su agravio el solicitante señaló que la empresa productiva del Estado debía cono.cer la información puesto que su director general participó en el acto con el cual comenzó operaciones la primera gasolinera en Houston, difundido en el comunicado de prensa número 117, de fecha 3 de diciembre de 2015. Ya en etapa de alegatos, el sujeto obligado reiteró la inexistencia de los documentos; sin embargo, en el análisis del caso, a cargo de la ponencia del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, se advirtió que Pemex Transformación Industrial no buscó la información en todas las unidades administrativas competentes, como lo establece la Ley Federal de Transparencia. Si bien turnó la solicitud a la Gerencia de Estaciones de Servicio, unidad se encarga, entre otras funciones, de definir los términos y condiciones de los programas de supervisión y control de las franquicias y de otros modelos comerciales, lo cierto es que dicha unidad se declaró incompetente, razón por la cual no hay certeza de que haya llevado a cabo una búsqueda de la información. Aunado a ello, se verificó que existen otras unidades administrativas que, por sus atribuciones, pueden conocer con los documentos requeridos y a las cuales nos les fue turnada la solicitud, como la Dirección de Comercialización, la Subdirección de Combustibles de Transporte, la Gerencia de Coordinación Comercial, la Dirección de Proyectos y la Subdirección de Programación y Control. Finalmente por parte de la Ponencia, se pudo corroborar que en el evento de apertura de la primera gasolinera en Houston, Texas, asistió el director de comercialización de Pemex Transformación Industrial, Marcelo Parizot, quien dio a conocer que el hecho forma parte de una estrategia de Pemex, para medir el impacto de la marca e identificar oportunidades de negocio en los mercados externos. Por lo expuesto, el Pleno del INAI revocó la respuesta de Pemex Transformación Industrial y le instruyó hacer una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas competentes, entre los que no podrá omitir a las antes referidas, a fin de proporcionar al particular los documentos de su interés.

 

Transparencia

 

INAI

El INAI niega apelación de AP para abrir los archivos congelados de la matanza de Tanhuato

Sin Embargo

Por AP

Marzo 2, 2016

 

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El órgano de transparencia de México rechazó una apelación para difundir los reportes de autopsia de los 42 sospechosos que murieron durante un enfrentamiento con la policía federal el año pasado, respaldando la postura del gobierno con una decisión criticada el miércoles por grupos de derechos humanos.

Un policía murió en lo que las autoridades describen como un enfrentamiento con sospechosos de un cártel de narcotraficantes en el estado de Michoacán, en el oeste del país, el 22 de mayo de 2016, pero el abultado saldo de 42-1 levantó sospechas.

El Instituto Nacional de Acceso a la Información falló el mes pasado en contra de una solicitud de libertad de información presentada en octubre por The Associated Press. La agencia decretó que la información debe mantenerse como secreto de Estado durante cinco años.

El instituto también apoyó al gobierno al negar que hubiera evidencia de violaciones a los derechos humanos en el rancho en donde ocurrió el tiroteo. Señaló que se revisaron 12 volúmenes de reportes sobre el caso de Tanhuato, Michoacán, y en esencia determinó que la Policía Federal actuó de manera apropiada.

“No se advierten elementos indispensables que permitan apuntar una conducta (de acción y/o de omisión) dolosa del estado mexicano en los hechos de referencia, que pudieran configurar, por ejemplo, una ejecución sumaria, extralegal o arbitraria”, se lee en el fallo del organismo. “No se apreciaron, a primera vista, factores o elementos que permitan detectar conductas sospechosas o poco claras del despliegue de las fuerzas de seguridad”.

Las muertes en Tanhuato fueron uno de tres casos de un saldo de muertes disparejo en México que fueron citados por un reporte publicado el miércoles por parte de la Comisión InterAmericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo de la Organización de Estados Americanos.

“Estas situaciones demandan una revisión del uso de la fuerza en México de apegarse a los principios de legalidad, necesidad absoluta y proporcionalmente”, comentó la comisión. “Además, exige la adopción e implementación de medidas de responsabilidad por parte de un organismo que es independiente a todas las fuerzas de seguridad”.

La comisión de la OEA también criticó lo que llamó “una gradual regresión en términos de políticas activas de transparencia e información pública respecto a la muerte de civiles”, sobre dichos casos. Indicó que las fuerzas militares mexicanas han dejado de reportar de manera pública el número de sospechosos abatidos por sus tropas.

La Procuraduría General rechazó en octubre la solicitud inicial de AP de reportes de balística y autopsias de los fallecidos en Tanhuato, argumentando que dicha información podría afectar la investigación.

AP apeló el rechazo bajo una regla que permite que las versiones redactadas de los reportes sean difundidas en casos que involucren violaciones serias a los derechos humanos. Pero el instituto indicó que no encontró evidencia de ese tipo de irregularidades.

El director para el continente americano de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que el fallo es un paso atrás para el instituto, conocido por sus siglas de INAI.

“Con este fallo, el INAI no solo abandona su principio básico de apertura y transparencia que supuestamente debe mantener, sino que también le otorga a la Procuraduría General luz verde para mantener al público ignorante sobre los severos abusos a los derechos humanos”, escribió Vivanco.

El Gobierno mexicano rechazó haber cometido asesinatos extra judiciales en el caso, y aseveró que la policía federal respondió luego de que abrieran fuego en su contra.

Pero el gobierno inicialmente también rechazó cualquier irregularidad en la masacre ocurrida en 2014 en el Estado de México, en donde el ejército informó que se había abatido a 22 supuestos integrantes de un cártel de narcotráfico durante un tiroteo en el que un soldado resultó lesionado. Una investigación de AP en el lugar indicó que las víctimas fueron alineadas y fusiladas contra una pared. Debido a ese caso se presentaron cargos contra tres soldados.

Las fuerzas de seguridad mexicanas han tenido desde hace tiempo altas tasas de “fatalidad”, un radio de sospechosos abatidos con respecto a soldados o policías muertos durante enfrentamientos. En los últimos años, el índice del ejército llegó a ser hasta de 19-1, lo que la comisión de la OEA definió como “alarmantemente elevado”, y con cifras similares o incluso más altas para las confrontaciones en las que se involucró la Policía Federal.

 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

INAI

Deberá SG dar a conocer acuerdos que institucionalizaron autodefensas: Inai

La Jornada

Alonso Urrutia

Jueves 3 de marzo de 2016

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Secretaría de Gobernación (SG) dar a conocer los acuerdos logrados entre la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán y los grupos conocidos como autodefensas, por medio de los cuales se favoreció la institucionalización de estas instancias creadas por ciudadanos para incorporarse como policía rural estatal y asumir la seguridad de sus comunidades.

“Se propone que el sujeto obligado proporcione dichos acuerdos, con la finalidad de que la sociedad cuente con toda la información relativa a la institucionalización de los grupos de autodefensa y pueda tener una opinión propia, respecto de un tema sensible y controvertido”, dijo la comisionada Patricia Kurczyn.

Instrucción a la SEP

Por otro lado, también durante la sesión del Inai se instruyó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a informar, en un formato de datos abiertos, el número de días de salario descontados a los maestros durante el ciclo escolar 2014-2015, desagregado por mes y centro de trabajo. Con ello se revocó la respuesta de la SEP que remitió al particular que lo requirió a los gobiernos estatales.

En torno a los autodefensas, Kurczyn expuso que sobre la base de que existe una desconfianza social hacia las corporaciones policiacas, lo cual es preocupante y explica que el mando policial único haya tomado tanta relevancia en días recientes, sorprende que casi la mitad de la población esté de acuerdo con que algunas comunidades formen parte de su propia policía para defenderse.

“No emitiré ningún pronunciamiento sobre la legalidad o conveniencia de las autodefensas, pero perfilan problemas que enfrentan las entidades con presencia de civiles armados, por considerar en algunos casos que se vulnera el estado de derecho”. De ahí la importancia de que se transparenten los acuerdos alcanzados el 26 de enero y 14 de abril de 2014.

Por otro lado, el comisionado Joel Salas explicó que la instrumentación de la reforma educativa se justificó en un contexto de bajos logros educativos y concesiones excesivas al sindicato magisterial, por lo que las resistencias no se han hecho esperar, expresándose en paros magisteriales, sobre todo en entidades como Oaxaca, Guerrero, Morelos y Chiapas. Precisamente, los estados del país con mayores índices de pobreza.

“Para que la reforma educativa logre su objetivo de contribuir a la reducción de las desigualdades sociales, es crucial superar el antagonismo entre los actores involucrados y la información pública. La transparencia puede detonar procesos de rendición de cuentas”, dijo Salas al justificar que se ordene a la SEP dar a conocer la información.

Si bien es cierto que el control sobre las ausencias y los descuentos compete a los gobiernos estatales, también lo es que toda la información se remite a la dependencia federal. Indicó que en un comunicado de la SEP se dio a conocer que 85 mil 296 docentes hicieron un paro de labores en octubre, por lo que es evidente que la dependencia acopia esa información y está obligada a proporcionarla.

 

Transparencia y acceso a la información

ITEI

Sancionan a 10 funcionarios municipales por falta de transparencia

Milenio Jalisco

Milenio Digital

02 de marzo de 2016

 

El pleno del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei) sancionó a 10 funcionarios de 9 ayuntamientos, por negarse a dar información o no publicar en internet la información fundamental.

Cynthia Cantero Pacheco, Comisionada Presidente del Itei, insistió en que se requiere voluntad política de las autoridades.

“El que se cumpla con estas obligaciones es una responsabilidad del presidente municipal, de los regidores y de toda la estructura del municipio, en la medida en cada vez más funcionarios se estén capacitando, van a  subsanar esta serie de deficiencias que se están presentando en este momento en cuanto a la gestión que las unidades de transparencia están haciendo para recabar la información que pide cualquier persona”, señaló.

Durante la sesión, el Pleno del Itei multó con 7 mil 10 pesos a Héctor Ruíz Guadalupe, ex titular del Sistema DIF de Tolimán; con 672 pesos a Mario Chávez Grimaldo, ex Síndico de Valle de Juárez (2012-2015); Ramón López Ruiz, Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Tuxcueca, fue multado con mil 460 pesos por no acatar resolución del Itei y negarse a entregar información sobre un fraccionamiento. Por esta misma causa fue amonestada públicamente María Guadalupe Bolaños, titular de la Unidad de Transparencia e Información de ese municipio, y se les dieron 5 días hábiles para entregar la información.

Por no acatar resolución del Consejo y no publicar información fundamental de los ayuntamientos en sus respectivos sitios web, fueron sancionados con amonestación pública con copia a expediente laboral los presidentes Emeterio Corona Vázquez, de Acatlán de Juárez; José Espinosa Contreras, de San Cristóbal de la Barranca; Alejandro de Anda, de San Juan de los Lagos, y Luis Rodolfo Martínez Sánchez, de Tolimán.

Otros funcionarios amonestados públicamente fueron Jorge Gutiérrez Reynaga, titular de la Unidad de Transparencia e Información de Tonal, e Ignacio Ruiz Torres, titular de la Unidad de Transparencia e Información de Valle de Guadalupe, por negar información pública a los ciudadanos.

 

 

 

Transparencia y acceso a la información

Protección de datos personales

Abren puerta a regulación; uso oficial de Periscope

Excélsior

Ximena Mejía

03/marzo/2016

 

La Asamblea Legislativa (ALDF) alista un protocolo para evitar que los ciudadanos que en flagrancia violen la ley sean expuestos en grabaciones o transmisiones a través de redes sociales como Periscope.

A petición de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, (CDHDF), ayer iniciaron las mesas de trabajo con diputados locales para discutir la elaboración de la herramienta, tras acusaciones al city manager de la delegación Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen, de exhibir innecesariamente a los infractores.

Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, sostuvo que la regulación será exclusiva para funcionarios de las delegaciones y del gobierno capitalino, por lo que rechazó que esto sea la apertura para limitar las denuncias ciudadanas en redes sociales.

“Este protocolo se tendrá que traducir necesariamente en una serie de reformas en la legislación; está únicamente dirigido a los servidores públicos. No está en la mesa el tema de la regularización de las redes sociales de las nuevas tecnologías, es solamente cómo generamos una norma que defina límites para la actuación de los servidores públicos en el uso de las nuevas tecnologías de las redes sociales y que permita salvaguardar los derechos humanos y la dignidad humana”, afirmó.

Señaló que los delegados serán convocados el lunes para iniciar el debate sobre las limitaciones para grabar a ciudadanos o subir su información en redes.

La presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, adelantó que la medida buscará estar enmarcada en la Ley de Justicia Cívica para que los ciudadanos conozcan los límites de la autoridad.

“Por lo menos habrá tres o cuatro legislaciones que necesitarán una actualización y también habrá el debate de que Justicia Cívica se adapte para que sea una forma de sanción la exhibición en redes cuando se comete alguna infracción en vía pública en flagrancia”, indicó.

Expuso que el artículo 16 de la Constitución establece que todo acto de autoridad debe estar expresamente permitido y detalló que existen seis quejas en contra de Arne por violar el derecho de presunción de inocencia, aunque aclaró que no ha enviado restricción alguna al city manager, quien sigue documentando vía Periscope sus acciones de gobierno.

 

Agregó que las delegaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco usan Periscope para documentar operativos, por lo que también son investigadas.

 

“Violan principio de transparencia”

La intención de regular la exhibición de ciudadanos que violan la ley por parte de funcionarios viola el artículo 7 Constitucional, así como el principio de flagrancia y de transparencia.

Así lo indicó a Excélsior Salvador Guerrero, excomisionado del InfoDF, quien agregó que un protocolo en este sentido no ayuda a la rendición de cuentas por parte de los ciudadanos.

“El principio de máxima publicidad es central en la parte de rendición de cuentas y debe ser defendido en este contexto. Me parece que si la ALDF va adoptar una posición progresista de verdadera avanzada, debería definir si es su propósito contener a una autoridad de signo distinto o fortalecer el principio de máxima publicidad y rendición de cuentas”, declaró.

Para el exombusdsman capitalino Luis González Placencia, la CDHDF debería cuidar el mensaje que envía a la ciudadanía sobre la regulación de Periscope.

“Tiene facultades para decirle a la autoridad hasta dónde puede actuar, qué puede hacer o qué no, pero no tiene facultades para decirle a la ciudadanía cómo comportarse. Ese es el punto crucial, creo que es el mensaje que debe cuidar”, apuntó.

 

El PAN-DF rechaza la regulación

El debate sobre el uso de la aplicación Periscope por funcionarios de la delegación Miguel Hidalgo ha puesto al descubierto que hay un interés más por proteger la impunidad, que por garantizar que vivamos en un entorno de respeto a las reglas, aseguró Mauricio Tabe, el líder del PAN capitalino.

Para el dirigente, las acciones emprendidas por Arne aus den Ruthen Haag “han generado polémica porque por fin se ve una autoridad actuando; lo que sucede es que nos hemos acostumbrado a ver autoridades subordinadas a los intereses, al influyentismo y a una pasividad y a una inacción que no toca los intereses de nadie”.

En el momento en que el que empieza a tocar intereses y a mostrarse una autoridad actuante, se levantan distintas voces en contra”, sostuvo en entrevista con Excélsior.

En tanto, el consejero jurídico Manuel Granados afirmó que la libertad de expresión es una garantía constitucional, por lo que no puede haber bajo ninguna circunstancia limitación alguna en su uso.

Entrevistado por Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen Multimedia, dijo que el uso de Periscope respecto a la difusión de denuncias contra ciudadanos que cometen faltas “tiene que ver con un esquema de denuncia pública y un señalamiento puntual de un individuo en flagrancia, como se diría con las manos en la masa, ya sea por una falta administrativa o un acto criminal”.

 

Transparencia y acceso a la información

Protección de datos personales

Apple y FBI derivan pleito a Congreso

Diario NTR

AP

03/marzo/2016

 

Pese a que el debate sobre la encriptación de un iPhone –perteneciente al autor de un ataque terrorista en San Bernardino, California– quedó estancado a nivel judicial, el FBI y la compañía Apple trasladaron el caso al Congreso.

Mientras el gobierno estadounidense acusa que un “furioso perro guardián” le está impidiendo investigar un crimen, Apple asegura que es algo crucial para proteger a sus productos de los hacker.

“Le estamos pidiendo a Apple que saquen de allí a ese furioso perro guardián y que nos deje abrir la cerradura”, declaró James Comey, director del FBI, ante una comisión legislativa.

En tanto, Bruce Sewell, abogado de Apple, respondió que “el FBI está pidiendo a Apple que debilite la seguridad de sus productos”.

El pleito se trata de la encriptación de un iPhone que el gobierno trata de abrir para averiguar detalles del ataque terrorista ocurrido en diciembre en San Bernardino, California, y que dejó 14 fallecidos. El FBI pidió a la compañía crear un software especializado que permita el desbloqueo del dispositivo; sin embargo, Apple se niega a crearlo, pues asegura que la herramienta podría violar la privacidad de millones de usuarios.

 

Privacidad contra seguridad

El caso se trasladó de los tribunales hacia el Congreso, donde coinciden que debe desarrollarse un debate más amplio sobre la privacidad y la seguridad.

La resistencia de Apple, de dejar que el gobierno sobrepase sus medidas de seguridad, ha llevado el tema del mundo de la tecnología a la población general.

Las enfáticas posiciones dejan en claro las profundas discrepancias entre el sector tecnológico y el gobierno, aun cuando las autoridades abogan por una solución basada en el diálogo.

 

Contradicción judicial

Un juez federal en Brooklyn determinó que el gobierno no puede obligar a Apple a darle acceso a un teléfono en un caso de narcotráfico. El juez James Orenstein dijo que los abogados del Departamento de Justicia estaban usando una ley antigua “para obtener resultados absurdos”.

Sin embargo, 2 semanas atrás, otro juez en California, Sheri Pym, ordenó a la compañía ayudar al FBI a abrir un iPhone usado por uno de los atacantes en el atentado. Los abogados de Apple objetaron la orden de Pym, un paso burocrático que sirve para preparar una apelación.

Ante esas dos versiones, el Congreso tiene que debatir qué es lo más importante, la privacidad de los usuarios o la seguridad colectiva, dijo el jefe del FBI.