Transparencia y acceso a la información

Diagnósticos sobre transparencia

Ayuntamientos fallan ante solicitudes de información

Diario NTR
Violeta Meléndez

24/febrero/2016

 

El año pasado, los ayuntamientos de Jalisco fueron el sujeto obligado más solicitado por los ciudadanos, ya que concentraron 50 por ciento del total de peticiones de transparencia que se recibieron durante 2015, es decir, casi 17 mil.

Sin embargo, sus respuestas no fueron satisfactorias, ya que una de cada dos quejas de los solicitantes que llegaron al Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei) porque no recibieron la información requerida fueron también contra los ayuntamientos.

Así lo dio a concer la titular del Itei, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, durante una firma de convenio de capacitación a funcionarios de Tlajomulco, que servirá para instruirlos en las nuevas disposiciones tanto de la ley federal como estatal que deben cumplir en tiempo y forma.

“El número de recursos o quejas que recibimos el año pasado fue de alrededor de mil 300 recursos de inconformidad de personas que no estuvieron de acuerdo con la respuesta de sus autoridades”, dio a conocer la funcionaria.

“Si a esto le agregamos el resultado del Itei en 2015 a las anteriores administraciones, en la cual solamente 28 de los 125 ayuntamientos obtuvieron calificaciones superiores a 60 en cuanto a la publicación de su información fundamental en Internet, definitivamente tenemos elementos para llevar a cabo convenios como éste, en el que el titular se compromete a impulsar el tema en su institución”.

Cantero Pacheco recordó que el convenio de capacitación a funcionarios municipales en materia de transparencia ya se había elaborado en la pasada administración, pero debido al cambio de funcionarios señaló que es preciso refrendarlos continuamente para garantizar que los nuevos empleados cumplan a los ciudadanos en su derecho de acceso a la información.

Parte de lo que se espera con esta capacitación es que los ciudadanos se acerquen con más frecuencia a realizar solicitudes de información y rendición de cuentas al ayuntamiento de Tlajomulco.

 

Cifra:

Mil 300 recursos de inconformidad recibió el Itei en 2015

 

 

 

Transparencia y acceso a la información

 

INAI

 

Proponen leyes secundarias en materia anti corrupción

 

El Informador

23 de febrero de 2016

 

CIUDAD DE MÉXICO (23/FEB/2016).- Comisionados del INAI consideraron indispensable que la legislación secundaria en materia de combate a la corrupción incluya la obligación de los funcionarios de rendir declaración de intereses y alcanzar a particulares.
En un comunicado, el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que los comisionados presentaron sus propuestas en una reunión con senadores.
La comisionada presidente, Ximena Puente de la Mora, consideró que la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos debe incluir la obligación de que rindan declaración de intereses y alcanzar a las empresas que participen en actos de corrupción.
“En ese sentido, parte de los requisitos de las personas morales para participar en actos administrativos con beneficios económicos deben contar con una política de integridad en la que manifiesten abiertamente los intereses que persiguen”, destacó.
En su oportunidad el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas manifestó que la legislación secundaria en materia anticorrupción debe tomar las medidas eficaces para evitar el uso indebido de las bases de datos.
Ante senadores de las comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justicia y Estudios Legislativos Segunda, la comisionada Areli Cano Guadiana indicó que las cuestiones relativas a la prevención y la ética pública no deben estar contenidas en la ley como meros conceptos, sino desarrollar normativamente sus componentes.
La comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos se refirió a la rendición de cuentas, como herramienta principal para el combate a la corrupción.
Conviene incluir una definición legal de “rendición de cuentas” y sugirió homologar el principio de documentación, con lo dispuesto en la Ley General de Transparencia, que establece documentar todo acto de autoridad derivado de las competencias, facultades y funciones.
En su oportunidad el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, subrayó que el Senado de la República tiene la oportunidad de eliminar la disparidad legislativa en materia de responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos.
Al referirse a la publicidad de la información relativa de los funcionarios públicos sancionados, dijo que esta difusión debe guardar coherencia con la Ley General de Transparencia.
“El INAI ha estimado que ese listado debe contar con una base documental que le permita veracidad y verificabilidad”.
El comisionado Joel Salas Suárez señaló que la implementación de las leyes secundarias en materia anticorrupción debe ser efectiva y debe dar resultados.
Destacó que dicha normatividad debe contemplar acciones de políticas públicas, prevención y control, que rompan con el sistema de la corrupción. Las leyes secundarias deben definir cómo se dotará a la población de mecanismos de denuncia a posibles funcionarios corruptos o actos de corrupción.

 

 

Transparencia

 

INAI

 

INAI presenta al Senado propuestas al Sistema Nacional Anticorrupción

 

Quadratín

Redacción

Febrero 23 de 2016

 

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de febrero de 2016.- El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) consideró imprescindible que la legislación secundaria en materia anticorrupción, incluya los medios necesarios para prevenir prácticas y conductas ilícitas, así como a generar espacios donde la transparencia y la rendición de cuentas eleven los costos de la opacidad y la corrupción. Según un comunicado, en el Senado de la República, en una reunión con legisladores de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; Justicia; y Estudios Legislativos Segunda, las comisionadas y comisionados del INAI, presentaron una serie de propuestas, consideradas como irreductibles, que podrían ser incluidas en los proyectos de iniciativas que harán operable al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). La comisionada presidente del INAI, Ximena Puente de la Mora, sostuvo que la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, deberá contener la obligación de que los funcionarios públicos rindan una declaración de intereses, con el fin de reducir la incertidumbre de la actividad pública respecto a otros intereses económicos y financieros. Agregó que la legislación secundaria, no debe atender únicamente a la perspectiva del servicio público, sino también al conjunto de particulares que están inmersos en tales prácticas ilegales, es decir las personas morales. “En ese sentido, parte de los requisitos de las personas morales para participar en actos administrativos con beneficios económicos deben contar con una política de integridad en la que manifiesten abiertamente los intereses que persiguen”, destacó Puente de la Mora. En su oportunidad, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, manifestó que la legislación secundaria en materia anticorrupcióndebe tomar las medidas eficaces para evitar el uso indebido de las bases de datos. “Como son las bases de datos para los programas sociales, bases de datos que tienen información sensible de una población diversa, que son grupos vulnerables de la sociedad y por eso, pedimos darles este valor, de acto de corrupción, a cualquier injerencia y tratamiento indebido de estos datos”, enfatizó. A su vez, la comisionada Areli Cano Guadiana, indicó que las cuestiones relativas a la prevención y la ética pública, no deben estar contenidas en la ley como enunciaciones conceptuales, sino desarrollar normativamente sus componentes. “Se deben incorporar mecanismos dirigidos a prevenir las conductas ilícitas de los funcionarios, así como esquemas de construcción de una cultura de responsabilidad en el servicio público”, enfatizó. Cano Guadiana expuso además, que no sería conveniente establecer el supuesto de reserva a información, derivada de investigaciones de actos de corrupción, porque ello contravendría la Ley General de Transparencia. “Por eso, es necesario que en el desarrollo legislativo, se definan con claridad, los supuestos, criterios y procedimientos, además de los actores que intervendrán, así como los plazos, para que el INAI pueda determinar, la procedencia o improcedencia de la reserva, tratándose de presuntos actos de corrupción”, remarcó la comisionada. Areli Cano pidió también resolver la competencia del INAI, sobre la responsabilidad de informantes, cuando divulguen información clasificada como reservada. Por su parte, la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, se refirió a la rendición de cuentas, como herramienta principal para el combate a la corrupción. “Conviene incluir una definición legal de “rendición de cuentas”, en el que se sugiere homologar el principio de documentación, con lo dispuesto en la Ley General de Transparencia, que establece documentar todo acto de autoridad derivado de las competencias, facultades y funciones”, señaló. Kurczyn Villalobos manifestó conveniente también, generar acciones jurídicas paralelas, para diseñar, además de leyes, políticas públicas contra la corrupción. “En sus etapas de prevención, de la acción, propiamente dicha, y la sanción. Haciendo necesaria la evaluación constante del desempeño de los funcionarios y las políticas que se emprendan”, dijo. En su momento, el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, apuntó que el Senado de la República tiene la oportunidad de eliminar la disparidad legislativa en materia de responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos. Al referirse a la publicidad de la información relativa de los funcionarios públicos sancionados, dijo que esta difusión debe guardar coherencia con la Ley General de Transparencia. “El INAI ha estimado que ese listado debe contar con una base documental que le permita veracidad y verificabilidad”, indicó, Monterrey Chepov. Por otra parte, hizo algunas precisiones respecto de la posibilidad de que una persona, admitiendo su responsabilidad en faltas administrativas graves o casos de corrupción, al colaborar para la determinación de responsabilidades de otros sujetos obligados, pueda beneficiarse con la protección de su identidad. “Se debe tener presente que la Ley General de Transparencia, dispone claramente, que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción”, recordó el comisionado. El comisionado Joel Salas Suárez señaló que la implementación de las leyes secundarias en materia anticorrupción, debe ser efectiva y debe dar resultados. Destacó que dicha normatividad debe contemplar acciones de políticas públicas, de prevención y control, que puedan romper con el sistema de la corrupción. Salas Suárez manifestó que las leyes secundarias deben definir cómo se dotará a la población de mecanismos de denuncia a posibles funcionarios corruptos o actos de corrupción. “Debemos evitar que un ciudadano recurra y recurra a ventanillas, porque no sabe a dónde interponer su denuncia”. El comisionado sostuvo también que es necesario incluir mecanismos de evaluación en la legislación de combate a la corrupción, es decir, un claro sistema de evaluación del propio SNA. Finalmente, el comisionado Oscar Guerra Ford, manifestó conveniente que la Plataforma Nacional de Transparencia se vincule con Plataforma Digital Única, prevista en la reforma anticorrupción y que conectará a los diversos sistemas que posean los datos para verificar declaraciones patrimoniales y fiscales de los funcionarios públicos. “La Plataforma Digital podrá vincularse a la Plataforma Nacional de Transparencia para toda la información financiera, ejercicio presupuestal, adquisiciones y el resultado de auditorías y fiscalización”, apuntó. Guerra Ford destacó la conveniencia de que en la Plataforma Digital exista la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda interponer un denuncia de forma anónima. “La Plataforma Digital deberá tener una solución tecnológica, que permita democratizar y extender la denuncia ciudadana, de una forma fácil y anónima”, indicó. Por otra parte, el comisionado coincidió en la necesidad de contar con mecanismos para medir la efectividad de la reforma anticorrupción y sus leyes, antes y después de su implementación, a través del diseño de indicadores específicos, a mediano y largo plazo. En la reunión participaron los senadores de la República, Cristina Díaz, Laura Rojas, Martha Tagle, Pablo Escudero, Alejandro Encinas, Fernando Yunes, Armando Ríos Piter y Luis Humberto Fernández, entre otros.

 

 

 

Transparencia y acceso a la información

 

INAI

 

Inai investigaría gastos de ex funcionaria, por solicitud de información

 

Excélsior

Lilián Hernández

24/febrero/2016

 

El mal uso de recursos públicos en gastos de consumo de caviar y champagne de Hilda García, ex directora adjunta de asuntos penales de la Secretaría de la Función Pública, sólo podrá ser investigado por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) si un ciudadano hace la solicitud formal.

Mientras tanto no se haga esa solicitud, ningún consejero del INAI puede hacer un pronunciamiento, porque “nuestra función es investigar si los ciudadanos lo solicitan, y deben evitar opiniones sin fundamento”.

Así lo aseveró, la presidenta del instituto, Ximena Puente de la Mora, a pregunta expresa sobre los consumos que hizo la ex servidora pública en Inglaterra con recursos públicos.

Entrevistada al término de su participación en el lanzamiento del portal de Escuelas al CIEN en la SEP, comentó que mientras ningún ciudadano haga una solicitud formal de transparencia, ellos no pueden opinar al respecto porque se tiene que investigar y analizar el caso para dar una postura como instituto.

 

 

Transparencia

 

INAI

 

El INAI ordena a la CNBV dar la versión pública de las inspecciones a OHL México

 

Sin Embargo

Por EFE

Febrero 21, 2016

 

La CNBV informó del inicio de varios procedimientos sancionadores contra OHL México y algunos de sus directivos, sin embargo, el INAI ordenó a la Comisión dar una versión pública de las investigaciones que llevó a cabo en las oficinas de la constructora.

Sergio Hidalgo, director general de OHL México, en conferencia de prensa el pasado 26 de enero. Foto: Cuartoscuro

México, 21 feb (EFE).- El órgano de transparencia mexicana instruyó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dar una versión pública de las investigaciones que llevó a cabo en las oficinas de la constructora OHL México, detalló hoy el organismo.

“La CNBV deberá dar a conocer versión pública de las actas que se generaron con motivo de la visita de investigación realizada a las oficinas de OHL México, en el año 2015″, indicó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en un boletín.

El comisionado del INAI Joel Salas recordó que OHL México, filial de la española OHL, tiene sus concesiones de carreteras “en el ojo del huracán” luego de la filtración de conversaciones telefónicas que denuncian presuntos fraudes, manipulación de información contable e incumplimiento a obligaciones de transparencia.

En mayo de 2015, estalló un escándalo por dichas grabaciones ilegales de conversaciones de representantes de OHL con altos funcionarios y magistrados que hasta la fecha han causado la salida de uno de sus directivos, Pablo Wallentin, así como del Secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena.

Salas remarcó que el caso OHL México ha generado “suspicacia y curiosidad entre la población”, lo que se refleja en los 25 recursos de revisión que el pleno ha resuelto en relación a sus concesiones.

En principio, la CNBV, a través de la Dirección General de Supervisión de Conducta de Participantes del Mercado, indicó que no podía entregar los documentos derivados de la visita de investigación a OHL México, ya que se encontraban clasificados como información reservada y confidencial.

Además, refirió que la difusión de los documentos podrían causar un serio perjuicio a las actividades de verificación y cumplimiento a la Ley del Mercado de Valores que realiza la CNBV.

Inconforme, el particular solicitante interpuso recurso de revisión ante el INAI.

El INAI constató que entre la documentación que pedía el particular se encontraba el acta de conclusión de la investigación de la CNBV a OHL México, que finalizó el 20 de julio de 2015.

El órgano de transparencia sostuvo que tras el levantamiento del acta de conclusión “no se advierte cómo podrían ponerse en peligro las actividades de verificación”.

Aunado a ello, el INAI apuntó que al no cumplirse los requisitos para considerar que el procedimiento de verificación a la Ley del Mercado de Valores que sigue la comisión “sea un procedimiento seguido en forma de juicio, no se acredita la reserva” de información.

Aun con ello, el instituto de transparencia detectó que algunos datos contenidos en las actas requieren “confidencialidad” al contener nombres y firmas de empleados y representantes y datos personales.

“Por lo anterior, a propuesta del comisionado Joel Salas Suárez, el pleno del INAI modificó la respuesta de la CNBV y le instruyó a que elabore versión pública de las actas referidas, y las entregue al particular”, eliminando los datos personales, concluyó el órgano de transparencia.

A finales de octubre, la CNBV informó del inicio de varios procedimientos sancionadores contra OHL México y algunos de sus directivos por, entre otros, considerar que la firma debería haber contabilizado “bajo IFRS” (Normas Internacionales de Información Financiera) sus concesiones en México con rentabilidad garantizada.

La CNBV también señaló que hubo falta de información al mercado sobre las diferencias entre los niveles de tráfico actuales en sus concesiones y las proyecciones hechas y acusó a la empresa, filial de la española OHL, de incumplir la “normativa aplicable a las operaciones con partes vinculadas”.

 

 

Transparencia y acceso a la información

 

ITEI

 

Empresarios también están obligados a la transparencia

 

La Crónica de Hoy Jalisco

Nelda Judith Anzar

24 de febrero de 2016

 

Las cúpulas empresariales también son sujetos obligados “indirectos” si reciben recursos públicos en calidad de subsidio o para la implementación de programas conjuntos de carácter social, advirtió la consejera presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, Cynthia Cantero Pacheco al referirse a los apoyos que recibe por ejemplo la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) para realizar ferias de empleo o bien, las becas que se otorgan de manera bipartita.
“Todas las cúpulas empresariales que reciben apoyos por parte de cualquier dependencia o autoridad estatal o municipal, también están sujetos a transparentar esta información”.
La titular del Itei, señaló que se afina en el reglamento de la Ley de Transparencia que recientemente se modificó, si la rendición de cuentas se hará directa o indirectamente.
“Estamos en este proceso de definir en caso de que un ciudadano solicite información específica, lo que estamos  por definir en el reglamento de la Ley es si lo harán directamente o a través de la autoridad que le dio el recurso”.

Recursos transparentes

Cantero Pacheco fue precisa al señalar que todos los recursos que los particulares reciban del Estado, se deberán transparentar señalando el programa, la cantidad, los beneficiarios, los criterios para otorgar los apoyos, y demás.
Al respecto, afirmó que el Itei ya tiene acercamiento con las cúpulas empresariales para informarles de esta obligación, aunque de acuerdo a los avances en la redacción del reglamento, prevé que se tendrá que transparentar esta información a través de la dependencia que proporciona el recurso, sin que ello signifique que no lo puedan hacer los empresarios de manera directa.
“Definitivamente, cualquier persona física o jurídica que reciba un peso, es considerado ya desde este momento por la Ley como obligado indirecto”.
Lo anterior, luego de recibir la sugerencia de parte del secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la UdeG, Francisco Javier Díaz Aguirre de que los medios de comunicación que reciben pautas publicitarias del Gobierno, deban también transparentar la utilización de dichos recursos.
“Cuando existe una relación contractual donde se está contratando un servicio, en este caso, no. Es nada más en donde exista un programa determinado de apoyo, es decir un subsidio, en esos casos sí se tendrá ya que informar respecto al ejercicio de este dinero”.

También sindicatos

Por cierto, la titular del órgano garante de la transparencia en Jalisco puntualizó que, hoy no sólo los sindicatos son considerados como sujetos obligados por la Ley sólo si reciben recursos públicos, también lo son lo que no reciben subsidios o algún tipo de apoyo, solo que deberán transparentar los recursos que manejan a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje o del Tribunal de Arbitraje y Escalafón.
“Esta es la diferencia entre aquellos que reciben recursos públicos o no. Lo trascendente es que el actuar del gremio sindical se abre completamente. La diferencia radica en que en algunos casos lo harán directamente y otros a través de las autoridades laborales”.
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