Transparencia y acceso a la información

 

 

 

 

-INAI

 

Presenta INAI un diagnóstico sobre leyes de transparencia

NTR GUADALAJARA

REDACCION

02 DE DICIEMBRE DE 2015

Con el fin de facilitar a los Congresos locales el proceso de armonización de su legislación con las disposiciones de la Ley General de Transparencia, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai) presentó en la Feria Internacional del Libro (FIL) el diagnóstico de las 32 leyes locales que hay en el país.

El libro Diagnóstico para la armonización de las legislaciones locales en materia de transparencia y acceso a la información pública, señala cuáles son los aspectos mínimos que deben reformarse para estar en armonía con la ley general, explicó Federico Guzmán Tamayo secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia.

“La ley general comparada con la ley federal pasa de 13 a 48 obligaciones en materia de transparencia que le permitirán al ciudadano consultar los procesos de licitación, los temas de obras públicas, los maestros con licencia, año sabático o con función sindical, por ejemplo; me parece que eso va a ser lo más importante”, expuso.

Cynthia Cantero Pacheco, presidente del consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei), señaló que este diagnóstico será muy valioso para los estados que están en proceso de armonización de su legislación.

Alertan sobre posible fraude

Durante los últimos días personal administrativo ha sido notificado de que distintas empresas están ofreciendo servicios de hospedaje a nombre de la FIL, por lo que la organización aclara que no promueve dichos paquetes de manera telefónica.

“No tenemos alianzas con otras empresas, específicamente con una que ha contactado a algunas personas en nuestro nombre, la empresa EHM Exhibitors Housing MA”, aclaran en un comunicado.

HJ/I

 

 

-ITEI

 

 

-Diagnósticos sobre transparencia

 

La transparencia contra la legalidad, el caso #LadySotelo

 

El Universal

 

Alonso Cedeño

 

01 de diciembre de 2015

Estrategia en línea

Nadie puede negar que Xóchitl Gálvez se ha convertido en un actor político relevante y sin duda su campaña digital y la manera de establecer esferas de confianza con los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías ha sido un factor decisivo al momento de ubicarla como uno de los referentes de política digital en la ciudad de México. Preciso aclarar que colaboré con ella durante su campaña y aún me mantengo cerca del gobierno delegacional, sin embargo he intentado producir un análisis objetivo y alejado del cariño que le tengo.

La semana pasada, tanto la delegada en Miguel Hidalgo como el city manager, Arne aus den Ruthen, dirigieron diversos operativos en el perímetro delegacional. Revisando los boletines emitidos por la delegación, muchos arrojaron resultados positivos, sin embargo ninguno tuvo la relevancia del operativo Vecino Cochino que aplicaron en la Unidad Lomas de Sotelo.

El objetivo de este operativo era identificar a los vecinos que arrojan basura en lugares prohibidos, conminarlos a enmendar su falta o aplicar la sanción correspondiente, que puede ser remisión al juez cívico o al Ministerio Público a través de las unidades de la policía preventiva de las cuales se hacen acompañar. Esto se ha realizado recurrentemente desde la administración donde Arne fue delegado, y durante la de Gabriela Cuevas los resultados son escasos: los vecinos pagan su multa, prometen no volver a usar la banqueta como tiradero y semanas más tarde todo regresa a una sucia e impune normalidad.

Como factor diferencial, tanto @ArneMX como @XochitlGalvez decidieron transmitir los operativos en vivo a través de una herramienta llamada Periscope. Como lo ha dicho el mismocity manager, el objetivo no era exhibir públicamente a los infractores, sino acercar a la ciudadanía a la actuación de los funcionarios delegacionales contribuyendo a los objetivos de transparencia y colaboración fijados por la actual administración.

En ese ejercicio se encontraba el city manager de la delegación, cuando a la distancia vio a una señora que acompañada de su hijo arrojaba una bolsa de basura en un lugar prohibido. Lo que siguió lo vimos en vivo o mediante repeticiones casi seis millones de veces (acumulando las vistas de los distintos canales que subieron el video). La señora increpó y amenazó a @ArneMX, quien no se amilanó y después de un intercambio de razones, a veces en un tono de voz que algunos califican como inadecuado para un funcionario público, procedió a la remisión de la infractora al Juzgado Cívico. Cuando varias cuentas se dieron a la tarea de difundir el episodio, una de ellas, la de los Supercívicos, personajes que pretenden construir cultura cívica mediante la generación de videos retando y suplantando el actuar de las diversas autoridades, se empezó a generar la tendencia #LadySotelo con casi 3 mil 200 menciones, para ser seguida de inmediato por #LadyBasura, un apodo mucho más llamativo en términos digitales, pues contribuye al ridículo y a la agresión, tan es así que la tendencia se consolidó casi con 4 mil 400 menciones, incluyendo mensajes de SMS y que prácticamente todos los medios difundieran el video, resultando en un alcance de casi once millones de personas. El análisis de los mensajes y las respuestas nos arroja que mayoritariamente la opinión pública y la opinión publicada apoyó el actuar del funcionario; la razón aparente: se ve a un funcionario cumpliendo con su labor que ante la “prepotencia” de un infractor no se reduce, como sucede normalmente, sino que refuerza su actuación y termina ejerciendo su función como autoridad: el monopolio del uso de la fuerza. (Weber dixit).

Pero como es natural también apareció un sector que condenó la situación, primordialmente con dos argumentos: la exhibición pública de la señora y someterla a la justicia sumaria de las redes y que en algún momento apareció a cuadro el hijo de la misma, violando así algunas disposiciones legales sobre la obligación a proteger los datos e identidad de los ciudadanos.

Bajo el principio de eficiencia, creo que el operativo resultó de los más exitosos: gracias a la transparencia y transmisión en vivo, un gran porcentaje de los habitantes del DF saben quiénes son Xóchitl y Arne, y que en la delegación Miguel Hidalgo si incumples una norma y tienes la mala suerte de que la delegada o el city manager se encuentren cerca, serás sancionado. La señora no fue exhibida como medida de apremio ni como sanción, simplemente fue captada in fraganti cometiendo una conducta que falta a la civilidad; un juez cívico lo determinó como falta administrativa e impuso una sanción, la opinión pública también, aplicando el “cepo moderno”, la condena digital.

Si hacemos caso al adagio de vox populi, vox Dei, con 72% de mensajes positivos @ArneMX deberá seguir actuando de la misma manera.

Desafortunadamente los funcionarios públicos deben conducirse irremediablemente en estricto apego al marco jurídico, que según diversos comentarios y análisis de abogados e investigadores no fue violentado en este caso, pero no sólo eso, deben considerar siempre las implicaciones de sus actos, y buscar que sus acciones no vulneren alguno de los principios básicos de legalidad o las garantías de sus gobernados. Aquí se encuentra la falla del proceso de transmisión en vivo de un operativo, pues el city manager sin duda de manera circunstancial y sin buscarlo, falta al principio del interés superior del menor. En México, y en cualquier país que firmante de la Declaración de los Derechos del Niño, la autoridad debe incluir en cualquier actuación “una estimación de las posibles repercusiones de esa decisión en las niñas o niños interesados”. No sé si @ArneMX no consideró esto al momento de permitir la difusión o replicar dichas imágenes, o cuando pensó en los beneficios de transparentar los operativos mediante la transmisión en vivo, sin embargo es momento de regresar al pizarrón y modificar los protocolos y procedimientos de actuación. En diversos países ahora los policías utilizan body cams o cámaras de cuerpo, donde son transmitidas en vivo al cuartel y además queda grabada la totalidad de sus actuaciones. Dependiendo de la autoridad, estas acciones pueden ser reproducidas posteriormente con fines de educación cívica, pero después de un proceso de análisis y valoración. Seguramente nunca veremos a un menor aparecer ahí. La conclusión, las transmisiones en vivo de los operativos pudieran en algún remoto caso, provocar un daño a un menor, y esto, según los principios legales, debería ser suficiente para que se suspendan o modifiquen drásticamente.

Paradójica y tristemente vemos cómo una autoridad que busca ser eficiente y cumplir con el mandato de sus gobernados deberá revisar su actuación, y, al modificarla probablemente perderá efectividad. Raro y triste caso donde la legalidad se opone a la transparencia.