Transparencia y acceso a la información

 

-INAI

 

“Es relevante impulsar el derecho a la información”

 

El Universal

 

Redacción

 

22 de noviembre de 2015

El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Óscar Guerra Ford, afirmó que es indispensable asegurar la independencia y autonomía de las instituciones encargadas del derecho de acceso a la información para que no respondan a intereses políticos.

Sostuvo que se deben crear marcos normativos de vanguardia que garanticen el efectivo ejercicio del derecho de acceso a los datos, así como establecer vínculos entre los organismos garantes, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales para dar mayor impulso a este derecho.

“En los países democráticos, el derecho de acceso a la información, junto con la transparencia y la rendición de cuentas, son elementos indispensables para generar una democracia de contenidos, donde se incorpore la participación de la sociedad para gobernar conjuntamente con sus autoridades”.

Guerra Ford participó en el III Seminario Internacional sobre Acceso a la Información Pública: Más Transparencia Más Democracia, que se desarrolla en Uruguay, donde expresó que la transparencia y el acceso a la información se han ido posicionando en las agendas nacionales de los países latinoamericanos, como parte de una ola de apertura gubernamental.

Dijo que entre las bondades de la apertura es que permite la vigilancia social sobre la actuación de las autoridades y el uso de los recursos públicos, ayudando a prevenir y combatir

la corrupción.

Además, coadyuva a recuperar la confianza de la sociedad en sus instituciones, mejora el diálogo político entre partidos y ciudadanía y en el ámbito económico reduce los costos de las transacciones comerciales y propicia certidumbre a los inversionistas sobre las condiciones reales de negocios, señaló

El comisionado subrayó en su exposición que para la consolidación del derecho de acceso a la información y de la transparencia se requieren marcos normativos de vanguardia.

 

 

 

-Protección de datos personales

 

¡Que sí es transparente!

Excélsior

Laura Rojas

22 de Noviembre de 2015

Este jueves el Senado concluyó un ciclo reformador más en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales que comenzó a finales de 2013 con la reforma al artículo sexto de la Constitución y que continuó con la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información de mediados de 2014. En tres años, el Congreso ha transformado el marco legal y las instituciones correspondientes a efecto de que el “derecho a saber” cómo y por qué se toman las decisiones que nos afectan a todos, y cómo se usa el dinero público, esté debidamente garantizado.

En este camino legislativo, hicimos sujetos obligados directos de la transparencia a entes que antes no lo eran como los partidos políticos, los sindicatos y los fondos y fideicomisos públicos; fortalecimos a las instituciones responsables de garantizar que cualquier información pública efectivamente llegue a manos de quien la requiera y facilitamos los procedimientos de acceso a dicha información, además de que empoderamos a los ciudadanos con mecanismos de denuncia por incumplimiento de la ley y establecimos sanciones para quienes se nieguen a entregar información.

El último tramo que, como dije, podría haber concluido el jueves, se trataba de establecer los procedimientos de aplicación de todas estas normas en los llamados “sujetos obligados” en el ámbito federal, es decir, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales; en los órganos autónomos federales; en los partidos políticos y sindicatos nacionales así como para las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos federales.

Además de definir cuestiones de organización y atribuciones del INAI, y de desarrollar los procedimientos para que la información sea entregada o no, a quien la solicita, la principal distinción entre la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información con la Ley General es que dispone, por primera vez, en una ley mexicana la implementación de los principios del llamado gobierno abierto, e impone a los sujetos obligados a poner a disposición del público en sus sitios electrónicos una selección de información que se ha considerado más útil a través de las denominadas “obligaciones de transparencia”.

Así, la gente podrá conocer con un clic, a quiénes se les perdona el pago de impuestos, y por qué; cuáles son las zonas del país contaminadas; el avance del cumplimiento de los procesos de evaluación educativa; o cómo gasta el dinero el Congreso y los grupos parlamentarios. Hay que hacer hincapié en que aun cuando cierta información no se ubique dentro de estas obligaciones, sí es transparente y deberá ser entregada a quien la solicite.

Si bien sostengo que esta Ley es una buena ley, siempre hay un margen de mejora que la Cámara de Diputados como contraparte revisora en este proceso podrá aprovechar. De las peticiones del INAI y de la sociedad civil, sólo apuntaré tres que de entre las más relevantes, creo que podrían alcanzar cierto nivel de consenso. En primer lugar, el desarrollo del recurso de revisión de resoluciones del INAI que la Consejería Jurídica de la Presidencia puede interponer ante la Corte por razones de seguridad nacional para, al menos, imponer plazos de resolución; conceptualizar mejor el capítulo de Gobierno Abierto para que sea de Estado Abierto e incluir a algunos actores no gubernamentales; y ampliar el catálogo de obligaciones de transparencia del Poder Legislativo y Judicial, así como de partidos políticos y sindicatos. Esta ley es un paso más en el camino de la rendición de cuentas y de una democracia de calidad, que una vez aprobada, deberá sortear las resistencias de su implementación, pero ésa será otra historia.