Transparencia y acceso a la información

 

 

-INAI

 

 

Ven ONG riesgos en ley de transparencia

Mural

Jorge Ricardo

20 de Noviembre de 2015

Organizaciones civiles que promueven el derecho a la información pública acusaron que el Senado no hizo caso a ninguna de sus recomendaciones, por lo que la Ley Federal de Transparencia, aprobada ayer, puede convertirse en un serio problema.

 

Por ejemplo, dijo Ana Cristina Ruelas, del Programa de Derecho a la Información de la asociación internacional Artículo 19, la ley no tiene una definición clara sobre lo que es “seguridad nacional” ni se detalla el procedimiento que se debe seguir para clasificar una información en ese rubro que impide su difusión pública.

 

Ante la indefinición, sería la Consejería Jurídica de la Presidencia -previsiblemente juez y parte- quien lo decida.

 

“La ley tiene cosas muy positivas: se amplía la protección al derecho de información, por ejemplo, pero lo que es imperdonable es que es la tercera ocasión que se regula la transparencia y todavía siguen habiendo lagunas que sabemos se van a convertir en grandes problemas a largo plazo”, advirtió.

La iniciativa que el Senado aprobó y envió a la Cámara de Diputados impide al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) la facultad para desclasificar información en casos donde se presuman violaciones graves de derechos humanos, como la matanza de 72 migrantes en Tamaulipas en 2010 o las ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército.

 

La ley avalada hace obligatorio un veredicto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que llega a tardarse hasta tres años en la resolución de un asunto, señaló la directora de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Ana Lorena Delgadillo.

 

Tener acceso a esa información, incluso antes de un veredicto, es muy importante para garantizar la vigilancia ciudadana, explicó Delgadillo.

 

Antes de la votación en el Senado, organizaciones como México Infórmate, Artículo 19, Fundar y Cencos, agrupadas en el Colectivo por la Transparencia, elaboraron cinco puntos graves en la iniciativa.

 

“No se incluyó ninguno”, lamentó el director ejecutivo del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Omar Rábago.

 

“Si bien se participó en la reforma constitucional y se tuvo una apertura del Senado, ahora la sociedad civil, los académicos y otras personas que podían participar, fueron ignorados”, añadió.

 

Otro problema, dijeron en entrevista por separado, es que la ley aprobada no obliga a las dependencias públicas a presentar ante el INAI la información que por sí mismas consideren reservada.

 

Tampoco se obliga a las instancias a generar informes. Por ejemplo, bastará con que la Oficina de la Presidencia de la República diga que tiene el historial académico del Presidente para dar fin al procedimiento.

 

Una Ley de Transparencia debería obligar a las dependencias a generar los reportes de información cuando es obvio que el material debe de existir, dijo Cristina Ruelas.

 

Otra observación no atendida, indicaron, es la desventaja de los ciudadanos ante las dependencias, quienes podrían pedir audiencia al INAI durante el desahogo de un recurso de revisión.

 

Los entrevistados criticaron también que ni el Senado ni la Cámara de Diputados aumenten en la ley sus obligaciones de transparencia, principalmente en las millonarias cantidades que se otorga a cada grupo parlamentario.

 

“Vemos que quienes deben garantizar el acceso a la información y la transparencia no lo hacen consigo mismos”, dijo Rábago.

 

Las asociaciones civiles aún esperan que los diputados, que deberán discutir y aprobar la ley, tomen en cuenta estas observaciones.