Transparencia y acceso a la información

-INAI

Abrirán datos de teléfonos y llamadas intervenidas

La Jornada Jalisco

Anónimo

17 de Noviembre de 2015

La Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) entregará al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la documentación sobre todos los números telefónicos y llamadas intervenidas que le haya solicitado la autoridad a las empresas de telecomunicaciones, para que los propios usuarios y organizaciones interesadas tengan acceso a esa información, anunció el director del organismo Gabriel Székely.

Al mismo tiempo, destacó, las principales empresas de telecomunicaciones del país, agrupadas en la Anatel, solicitarán a la autoridad correspondiente que informe el resultado de cada investigación para la que se les haya solicitado información y el número de consignados.

Székely señaló que esta medida será emprendida por los operadores sin importar que no aparezca en los lineamientos de colaboración con la justicia que aprobó la semana pasada el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), pero que no ha dado a conocer.

Székely aclaró que las empresas de telecomunicaciones trabajaron con la autoridad sobre el tema de colaboración con la justicia desde antes de la reforma a telecomunicaciones, y por tratarse de un tema tan delicado el prinicipio rector fua apegarse al respeto de los derechos políticos de los ciudadanos, protección de la privacidad , y cuidado de todos los tratado internacionales en los que está involucrado México. Por eso si cuando salgan los lineamientos se apegan a esas dispsiciones que protegen la privacidad del usuario y todos los derechos vamos a estar de acuerdo”.

Explicó que siempre ha existido la posibilidad de intervención de llamadas pero con la orden de un juez, “lo que preocupa es que se pudieran intervenir llamadas sin una orden judicial, pero eso se sabrá hasta que los lineamientos sean públicos”.

Señaló que sobre los requerimientos de información el punto delicado consiste en que se debe saber quién la pide y para eso es necesario tener la ventanilla única, porque “ si después me reclamas que se la di al alcalde de Iguala pues yo no quiero ser corresponsable de algo que no se de que se trate, por eso debe haber una ventanilla única. No sabemos si la traen los lineamientos”.

Lo que será un hecho en un año o dos, dependiendo de la conclusión de investigaciones oficiales, señaló Székely, será que las empresas entregarán al INAI la información de todos los números que haya requerido la autoridad “para que el usuario lo sepa, si no lo traen los linemientos nosotros los vamos a dar y que cada quien sepa si se investigó su número y que las Organizaciones No Gubernamentales o quien tome en cuenta que ahí está esa información”.

De igual forma la Anatel solicitará al INAI que por ley se haga público cuántos requerimientos de información se le hicieron a las empresas de telecomunicacionesm quién los hiz, y que se revele cuántas investigaciones y cuántas consignaciones hicieron las autoridades con esa información “porque si Veracruz hizo 70 mil requerimientos, hizo una investigación y cero consignaciones, pues a nosotros no nos importa tanto pero es información que le sirve a otras organizaciones”.

 

Pide Inai definición más precisa de “seguridad nacional”

NTR GUADALAJARA

NOTIMEX

16 DE NOVIEMBRE DE 2015

La definición de seguridad nacional en la ley de dicha materia carece de la precisión para establecer límites claros al ejercicio del derecho a saber, afirmó la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Areli Cano Guadiana.

Aseveró que lo anterior “hace posible una eventual interpretación discrecional de los sujetos obligados, incompatible con los principios que enmarcan el acceso a la información en México”.

Al participar en el Seminario Internacional de Transparencia Judicial. El Nuevo Modelo de Acceso a la Información y Justicia Abierta, recordó la explicación que hace sobre la materia el Artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional.

En dicho artículo se le define como “las acciones destinadas, de manera inmediata y directa, para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del estado Mexicano”.

Sin embargo, “dentro de las acciones que se encuentran en la ley mencionada hay enunciaciones extensas y difusas, como la que refiere a la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes”.

O bien está también la del “mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno”, expuso.

Areli Cano dijo que esos enunciados reflejan espacios conceptualmente extensos, que pueden contener fácilmente cualquier tema o acto de gobierno.

Por ello propuso que ante la posibilidad de que la Consejería Jurídica de la Presidencia impugne las resoluciones del Instituto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuando se trate de temas de seguridad nacional, es necesario precisar el procedimiento en un marco regulatorio.

Dicho marco deberá definir el alcance de la Consejería Jurídica; el emplazamiento del sujeto obligado y del solicitante de información en calidad de terceros interesados, y la posibilidad de que el Instituto sea escuchado en su calidad de emisor de la resolución impugnada.

A su vez, José Antonio Caballero, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), manifestó que la definición de seguridad nacional se vincula con el concepto de rendición de cuentas del Estado.

“En ocasiones, los organismos encargados de realizar funciones de seguridad nacional, defraudan la confianza que les es otorgada en los niveles de secreto que se les da, para realizar sus funciones”, enfatizó.

En su oportunidad, el titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales de la PGR, Santiago Nieto Castillo, señaló que la autonomía de los órganos jurisdiccionales es fundamental para proteger un Estado democrático.

Finalmente, el secretario ejecutivo de Vigilancia, Información y Evaluación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Francisco Javier Cárdenas Ramírez, se pronunció porque desde la academia se tome en cuenta la experiencia de los juzgadores ante el avance de la transparencia en el país.