Demandan transparentar ejercicio de gasto en Salud

Excélsior

Ivonne Melgar

15 de noviembre de 2015

 

El PAN y Movimiento Ciudadano señalaron que la falta de transparencia en el ejercicio del gasto es un pendiente que no quedó resuelto en el proceso de aprobación del Presupuesto para 2016.

A pesar de las recomendaciones hechas por organizaciones de la sociedad civil y académicos en el inicio de noviembre, a fin de establecer mecanismos de evaluación en el gasto federalizado de los Ramos 23, 28 y 33, la Cámara de Diputados no hizo ajustes en esa dirección.

El diputado del PAN José Antonio López Rodríguez, con 25 años de experiencia como médico de profesión en el Hospital de Guasave y en el IMSS, impulsó infructuosamente que se incluyera en el decreto presupuestal una serie de medidas para mejorar el acceso a la información de las entidades en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, correspondiente al Ramo 33.

“Es importante transparentar y garantizar el ejercicio puntual de los recursos de salud, porque simple y sencillamente cuando uno trabaja en los hospitales y clínicas públicas se enfrenta infinidad de veces al argumento de que bajaron los recursos y por lo mismo no alcanza para los medicamentos, estudios clínicos, materiales de curación y demás servicios, aun cuando año con año en los discursos de los políticos presumen que se aprobaron presupuestos históricos para salud, pero en la realidad los que trabajamos en ese sector sabemos que eso rara vez sucede y a lo largo del año las promesas se van diluyendo”, describió el legislador blanquiazul.

 

 

 

Transparencia con límites

Excélsior

José Buendía Hegewish

15 de noviembre de 2015

 

Nunca tuvimos tantas leyes y sistemas para transparentar los recursos públicos, sí ineficaces para quitar el freno de la corrupción del desarrollo del país. Ni tantas mediciones para conocer su extensión, efectos y la discusión de “estándares y buenas prácticas” para identificarla y combatirla. Tampoco tanta indignación como ahora concitan escándalos de políticos y empresarios como la Casa Blanca, Grupo Higa u OHL, sin que se persiga y castigue la transa. A ésos se suman los riesgos de desencanto por el progreso improductivo de reformas devoradas por el cinismo o superadas por nuevas realidades que escapan a sus mandatos.

En el Legislativo sólo se ha respondido 25% de las solicitudes de transparencia, porcentaje obligado por la ley general de transparencia. En el Senado se discute y aprobará la nueva Ley Federal de Transparencia, que se necesita para la operación del Sistema Nacional de la reforma constitucional y la creación del INAI. Son las últimas piezas legislativas y transformaciones que se dan desde la primera ley federal, hace 15 años. Su aprobación, junto con el Sistema Nacional Anticorrupción, es parte de la respuesta a la descomposición en gobiernos locales, que develó la penetración del crimen en Iguala, la crisis de derechos humanos y los casos de corrupción en el entorno de la familia presidencial y miembros del gabinete el año pasado.

La ilusión de que el progreso legal alcance para echar el guante al tráfico de influencias detrás de los escándalos de corrupción del sexenio no se ha visto recompensada por los hechos. El conflicto de interés no está tipificado y sancionado en las leyes. Esas oscuras zonas de riesgo están fuera del radio del marco jurídico, y deberán esperarse otras normas para poder perseguir y sancionar. No son los únicos terrenos vírgenes para la impunidad. Poco se sabe, por ejemplo, de la discusión para transparentar las industrias extractivas y los impactos laboral y ambiental de la Reforma Energética para las comunidades, pese que llegarán mayores inversiones, transformaciones económicas y sociales; tampoco para transparentar el destino de los recursos de programas sociales y un padrón único de beneficiarios e inhibir su uso clientelar y electoral; menos para transparentar las partidas secretas, nóminas, asesores y contratos del Legislativo o el manejo de recursos en la judicatura. ¿Qué entienden por parlamento o justicia abierta?

Hay avances en la concepción de la transparencia y anticorrupción como sistemas, pero no pueden ser espacios cerrados en colisión con otras leyes y sin definición sobre la prevalencia entre ellas. Está la falta de claridad en el pronunciamiento sobre violaciones a los derechos humanos para abrir información. Lo más preocupante de quedar fuera del alcance de la transparencia son las licitaciones de contratos de exploración y extracción, así como los criterios de precalificación de la Cofece y mecanismos de adjudicación de licitaciones, o los acuerdos de operación y las obligaciones de mitigación ambiental, por ejemplo, de fracking o de las extracciones que se hayan establecido en el contrato.

¿De qué servirán complejos sistemas de transparencia si las comunidades no pueden conocer el impacto social de la extracción o la distribución de gas o petróleo en sus terrenos o regiones? Si la trasparencia y el combate a la corrupción van a remolque de la lógica de poder de los negocios, están condenadas a generar grandes arquitecturas legales que, como muchas obras públicas faraónicas, están deshabitadas, porque no sirven a los usuarios. ¡Veremos qué pasa!