Libertad de expresión

 

 

-Censura

 

Fayad retira iniciativa; busca más consensos

El Universal

Alberto Morales y Juan Arvizu

04 de noviembre de 2015

Omar Fayad (PRI), presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, informó que solicitó que se retire de manera formal su iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, conocida como #LeyFayad, que causó gran polémica por presuntamente “criminalizar” el uso de la red o poner límites a la libertad de expresión.

La iniciativa fue presentada el pasado martes 27 de octubre y turnada a comisiones, pero sólo tuvo una semana de vida sin haber sido discutida y analizada por los legisladores.

Ello, debido a la polémica y críticas que recibió de organismos sociales como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), que advirtió que la #LeyFayad —como fue conocida en redes sociales— pretendía criminalizar y sancionar en general las expresiones ciudadanas que utilizan las herramientas digitales, la red y las plataformas sociodigitales para manifestar su descontento con el poder público y las arbitrariedades de las autoridades.

Por medio de un comunicado, el senador Fayad Meneses dijo que replanteará la construcción de la iniciativa con la finalidad de que quede perfectamente claro que el combate a este tipo de cibercrímenes no tuvo ni tiene nada que ver con una intención de coartar la libertad de expresión.

“Siempre estaré a favor de las garantías que establece la Constitución Política Mexicana”, dijo el legislador por Hidalgo.

Por separado, el coordinador del PRD, Miguel Barbosa Huerta, se solidarizó con el senador Fayad Meneses, pues dijo que el legislador del PRI tiene derecho de presentar la iniciativa, pero dijo que no había de qué preocuparse porque no es parte de la agenda del Senado.

“Lo único que le falta es que le pidan que se hinque y que pida perdón, digo, que se lacere también cuando esté hincado por haber presentado esa iniciativa”, dijo el perredista.

Barbosa Huerta expresó que la regulación de ciberdelitos y de la red, no estuvo en la agenda del poder público, por lo que se le dio mucha importancia a una propuesta legislativa que no se convertirá en ley.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), una de las organizaciones sociales que se opuso a esa iniciativa, expresó que de cumplir la palabra del senador Fayad Meneses, el internet libre, abierto y democrático habrá alcanzado una victoria frente a los intentos por controlarle.

La R3D agregó que seguirá con atención el futuro de la #LeyFayad y la legislación en torno a los delitos informáticos, “así como otros proyectos que puedan lesionar el ejercicio de los derechos humanos que ejercemos en internet”. La ley incluía sanciones de hasta 15 años de prisión por supuesto ciberespionaje.

 

 

 

 

LeyFayad y TPP, provocaciones a derechos en Internet #

Homozapping

Jenaro Villamil

03/11/15

 

Pirómano y excesivo como suele ser en sus declaraciones, el senador hidalguense Omar Fayad asumió así su derrota frente a la intención de lanzar una Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos Informáticos: “no sólo la vamos a retirar, la vamos a quemar”.

El gusto al legislador priista no le duró ni una semana. Desde el martes 27 de octubre, cuando fue presentada tras una serie de consultas controladas con representantes de la Policía Federal Preventiva, la #LeyFayad nació muerta.

Fueron tan absurdos sus presupuestos y sus artículos que pareció más una provocación que un ejercicio legislativo serio. Organizaciones como la Red de Defensa de los Derechos Digitales (@R3dmx), así como Artículo 19, la AMEDI, el colectivo Anonymous y miles de usuarios y especialistas en la neutralidad de la red le demostraron al propio Fayad que antes de criminalizar debía entender el ciberactivismo y, en especial, la defensa de los derechos en la red.

Fayad no pudo defender de manera convincente ninguno de los artículos más polémicos de la ley que fue bautizada con su nombre porque simple y sencillamente era difícil argumentar a favor de artículos tan retrógrados como el 17 o los del 21 al 24 de la #LeyFayad.

Por ejemplo, el artículo 17 estipulaba que “a todo aquel que dolosamente destruya, inutilice, dañe o realice cualquier acto que altere el funcionamiento de un sistema informático o alguno de sus componentes, se le impondrá una sanción de cinco a quince años de prisión y multa de hasta mil días de salarios mínimos”.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) consideró que este ordenamiento puede constituir una criminalización al uso de la computadora personal o a considerar delito tirarla a la basura.

Fayad afirmó que este artículo hablaba de “actitud dolosa”. “Si la actitud no es dolosa, si tú tiras la computadora por qué se va a interpretar que cometes esta conducta”, abundó sin explicar quién determinará el uso “doloso”.

En los artículos 21 al 24 hay una amplia interpretación respecto a lo que puede ser intimidación, hostigamiento y agresión en las redes sociales. Un párrafo de su artículo 21 ordenó:

“A quien, a través de medios informáticos acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de internet de forma reiterada y sistemática, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a ochenta días de salario mínimo”.

En muchos sentidos, la #LeyFayad tuvo el descaro de revelar cómo piensa un sector del peñismo y del priismo frente a la nueva dinámica del uso del internet y, en especial, de las redes sociales, auténtica pesadilla para un telepresidente acostumbrado sólo a la comunicación vertical, unilateral y analógica.

Sin embargo, lo verdaderamente retrógrada no es la hoy extinta #LeyFayad sino otros ordenamientos que bajo el pretexto de proteger el comercio internacional pretenden imponer restricciones al uso del internet.

Es el caso del Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), negociado en secreto, sin consultar a ninguno de los organismos legislativos de las 11 naciones firmantes, incluyendo a Estados Unidos y México, mucho menos a las organizaciones defensoras de los derechos digitales.

El TPP prevé penalizar a quienes revelen delitos empresariales “a través de sistemas informáticos”. Bajo el pretexto de proteger los derechos de autor, el TPP autoriza que proveedores de contenidos pueden eliminar publicaciones o videos en Facebook o Youtube si se recibe una queja formal.

“Es la peor ley de copyright” han subrayado otras organizaciones como Electronic Frontier Foundation (@EFF), críticas del TPP.

En otras palabras, la amenaza al libre flujo de información y de contenidos en internet no está en los policías o en los regímenes autoritarios solamente sino en los acuerdos de libre comercio de reciente generación que pretenden conculcar derechos digitales.

 

 

 

 

 

El Congreso contra las libertades digitales: un breve recuento Homozapping Sin autor 04/11/15   Los intentos por obstaculizar el acceso a internet, limitar sus contenidos o violar los derechos de sus usuarios, han sido presencias recurrentes en la política legislativa de los últimos años en México. A continuación, un recuento de estas tentativas por condicionar la libertad en la red. – A finales de 2009, se propuso en el Senado establecer un impuesto de 3% a las telecomunicaciones, incluido internet. Dada la enorme brecha digital en el país, el anuncio de este impuesto desencadenó el movimiento #InternetNecesario que logró frenar el impuesto, al menos para internet. – Durante la LXI legislatura (2009-2012) se propusieron dos iniciativas para restringir el acceso y los usos de internet en México. La primera fue el #canonmx, que proponía un impuesto extra para bienes con soporte digital; esta iniciativa fue finalmente retirada. La segunda fue la llamada #LeyManzanero, aprobada por 359 votos a favor, que modificó diversos artículos de la Ley Federal de Propiedad Industrial y el Código Penal Federal para poder perseguir de oficio a la piratería y otorgarle facultades policiacas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). – Entre 2008 y 2011, los gobiernos de México y varios países negociaron el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por sus siglas en inglés). Entre las propuestas negociadas, se encontraban la protección y respaldo a la propiedad intelectual con el propósito de evitar la falsificación de bienes, la proliferación de medicamentos genéricos, así como la piratería en internet. Para lograr este fin, el acuerdo se proponía aumentar la vigilancia fronteriza y obligar a los ISP (compañías de acceso a internet) a vigilar todos los paquetes de datos que fueran cargados o descargados en la red. La combinación del activismo en línea y una coyuntura política favorable permitió generar una discusión pública acerca de los derechos digitales en México a propósito del ACTA. – En julio de 2012, el Congreso rechazó el ACTA, aun cuando el embajador mexicano Claude Heller ya había firmado el acuerdo. En diciembre de ese mismo año, el acuerdo quedó sin validez a raíz del unánime rechazo al ACTA en la Comisión Europea. – A inicios de 2014 Enrique Peña Nieto y su Consejería Jurídica de la Presidencia presentaron la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión al Senado de la República. Los artículos 145 y 146 contenían también elementos de censura y de responsabilidades a los intermediarios en Internet. Los movimientos en redes #EPNvsInternet, #NoMásPoderAlPoder y #ContraElSilencioMX, que incluyeron campañas en redes y marchas que lograron eliminar lo referido a los artículos 145 y 146. Sin embargo, el Congreso sólo abundó en la desproporcionalidad de las medidas de vigilancia, cosa que se ha litigado y será llevado a discusión pronto en la SCJN. – En febrero de 2015, los diputados priistas Héctor Gutiérrez de la Garza y Denisse Ugalde presentaron una iniciativa, conocida como la #LeyBeltrones, para reformar la Ley de la Propiedad Industrial. La aprobación de esta iniciativa hubiera significado una regulación excesiva de internet. La reforma propone, por ejemplo, sanciones de 5 a 40 mil días de salario mínimo (2.8 millones de pesos) para quien publique en internet obras protegidas por derecho de autor sin la autorización de los propietarios de esos derechos. – Recientemente, el senador hidalguense Omar Fayad presentó una iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, redactada en colaboración con la Policía Federal. Esta iniciativa se propone establecer un poderoso sistema de censura a los usuarios digitales y a iniciativas de apertura informativa como Wikileaks.