Caso Narvarte: ligan a más en multihomicidio
Excélsior
Filiberto Cruz M.
04/11/2015
CIUDAD DE MÉXICO.
Abraham Torres Tranquilino, expolicía capitalino y uno de los tres procesados por el multihomicidio de la colonia Narvarte, amplió su declaración ante el juez 25 penal del Reclusorio Oriente, donde habló de dos personas más involucradas en los hechos e identificó a uno por el apodo de El Diu.
El acusado explicó que luego del crimen, el pasado 31 de julio, él y sus dos presuntos cómplices se llevaron el auto Mustang, propiedad de la colombiana Mile Virginia Martín, pero tenía fallas mecánicas, por ello Omar Martínez Zendejas –otro de los tres detenidos hasta ahora por el caso– le ordenó meterlo a un hotel de Tlalpan, y hasta ahí llegaron dos personas que “trabajan” con Omar, quienes reclamaron a éste por qué el expolicía no se fue en Metro.
Torres explicó que uno de los sujetos se identificó como El Diu, por lo que abogados del caso entrevistados por Excélsior creen que estos sujetos se pueden ver en los videos obtenidos por la PGJDF de Paseos de Taxqueña, donde abandonaron el auto.
Este diario informó el 23 de septiembre que el día del homicidio los tres inculpados hicieron y recibieron al menos 30 llamadas telefónicas, una de ellas se hizo desde Chihuahua, de acuerdo con el rastreo telefónico de la Fiscalía de Homicidios.
Karla Michel Salas, abogada de las familias de las víctimas, explicó que las pesquisas de la PGJDF también revelaron que Daniel Pacheco, otro de los implicados en el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Olivia Alejandra Negrete Avilés y Mile Virginia Martín, fue policía mexiquense. Por el momento, las reuniones que sostenían los jueves abogados, familiares de las víctimas y autoridades de la PGJDF fueron suspendidas, luego de que solicitaron diligencias a las autoridades y se pidiera la ampliación de las declaraciones ministeriales del secretario y exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz.
Nos informaron que nuestras peticiones serían contestadas por escrito, pero que ya no habría reuniones”, detalló Salas Rodríguez.
Asesinan en Juárez a crítico de Duarte
Mural
Enrique Lomas y Pedro Sánchez
3 de Noviembre de 2015
Un joven de Ciudad Juárez fue asesinado el mediodía del viernes, unas 12 horas después de haber publicado un video en contra de las autoridades de Chihuahua.
El cuerpo de José Luis Rodríguez Muñiz fue hallado en una camioneta Saturn 2005 de color gris en las calles Tlatole y Yécora, en el Fraccionamiento Roma.
Al momento del homicidio vestía una camisa color azul con el logotipo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).
En su perfil de Facebook indicaba que estudió Fisioterapia y Rehabilitación en esa casa de estudios.
De acuerdo con el perfil, realizaba diversas actividades artísticas y participaba en un programa de televisión llamado “Un programa piloto” a través de una plataforma digital.
Activistas y amigos de Rodríguez Muñiz condenaron ayer el crimen y demandaron justicia.
“Sé que en los próximos días los medios de comunicación se encargarán de difundir la “verdad oficial del caso” donde es casi seguro que tratan de vincular, como siempre se hace, a José Luis al crimen organizado” (sic), publicó en su perfil de Facebook, Julián Contreras, activista en Ciudad Juárez.
“Dirán que en algo andaba, que él se lo buscó. La pregunta es qué haremos nosotros y nosotras para superar el miedo de enfrentar a este gobierno asesino” (sic), cuestionó.
“La Fiscalía General del Estado se entrevistó con familiares para atenderlos y señalarles que se investiga el lamentable hecho”, informó ayer Eduardo Esparza, vocero de la Fiscalía estatal.
Sin resolver, 90% de casos de asesinatos de periodistas: SIP
El Universal
Redacción
303 de noviembre de 2015
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que nueve de cada 10 asesinatos de informadores no se resuelven, por lo que ratificó su compromiso de buscar justicia en los crímenes contra periodistas al sumarse a la campaña No Más Impunidad, que se lleva a cabo durante este día en diversas partes del mundo.
“El limitado porcentaje de atentados y asesinatos que son resueltos es un fenómeno global que se agrava,” expresó el Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente de la Comisión Contra la Impunidad de la SIP y Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL.
El Licenciado Ealy Ortiz agregó que un primer paso para combatir la impunidad “es la perseverancia y la lucha contra el silencio y el olvido, tarea que en muchos casos corresponde a familiares, también convertidos en víctimas de estos crímenes”.
En un comunicado, la SIP refirió que, de acuerdo con estadísticas de Naciones Unidas y de la organización IFEX, integrada por 104 asociaciones defensoras de la libertad de expresión en el mundo, entre ellas la SIP, nueve de cada 10 asesinatos de periodistas oi se resuelven ni se castigan.
La Sociedad trabaja en contra del fenómeno de la violencia y la impunidad, esfuerzo que ha contado con el respaldo de la Fundación John S. y James L. Knight, que financió investigaciones de asesinatos, 29 de las cuales fueron remitidas a consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, expresó que el traslado recientemente del caso del periodista colombiano Nelson Carvajal a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es “un resquicio, una alternativa para que otros asesinatos impunes contra periodistas puedan gozar de justicia”.
Paolillo, director del semanario Búsqueda de Uruguay, analizó que “la remisión de un crimen impune hace 17 años, como el de Carvajal, ante el máximo tribunal del sistema interamericano, crea otro foro para abordar el asunto de la violencia contra los periodistas en Latinoamérica, donde la impunidad está generalizada”.
Ambos directivos de la SIP coincidieron en la urgencia de acabar con la impunidad y sus consecuencias nefastas para la libertad de expresión y de prensa, como la autocensura.
Estadísticas de la SIP establecen que 16 periodistas han sido asesinados en las Américas en 2015.
Piden acabar con impunidad en crímenes de reporteros
El Universal
Pierre-Marc René
03 de noviembre de 2015
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado a los Estados del hemisferio a terminar con la impunidad que persiste en el asesinato de periodistas.
La organización reportó que 150 periodistas fueron asesinados en el Continente Americano desde 2010, lo que significa que cada 14 días un trabajador de medios de comunicación es ultimado en América.
Denunció que pocos de los autores intelectuales de estos crímenes recibieron algún tipo de condena, mientras que la mayoría de las investigaciones avanzan lentamente o muestran graves deficiencias que han impedido avanzar sobre las hipótesis vinculadas al ejercicio profesional.
En el contexto regional, uno de cada tres de los asesinatos documentados por la Relatoría ocurrió en México (55), y casi uno de cada cinco sucedió en Honduras (28). Brasil, con 25 asesinatos de comunicadores, ocupa el tercer lugar en la lista. Colombia (11), Guatemala (9), Perú (6) y Paraguay (4) también son países donde este fenómeno es un problema real en el periodo estudiado.
Indicó que en la década previa este tipo de violencia también se encontraba en estos niveles, aunque variaba la magnitud según los países, y también eran deplorables las tasas de impunidad, no se trata de un fenómeno nuevo.
“La violencia contra comunicadores se ha visto agudizada en aquellas zonas en las que existe una fuerte presencia del crimen organizado. En muchos casos, lamentablemente se ha verificado que estas organizaciones ejercen la violencia en colusión con agentes estatales”, alertó la organización regional.
La comisión señaló que la violencia contra los periodistas o trabajadores de los medios, que se comete a causa del ejercicio de su profesión, “no sólo afecta la posibilidad de escuchar estas voces, sino que vulnera el derecho de las sociedades en general a buscar y recibir todo tipo de información e ideas de manera libre y pacífica”.
Más de 700 muertes, en 10 años: ONU
El Universal
Notimex
03 de noviembre de 2015
Más de 700 periodistas han muerto en los últimos 10 años, uno cada cinco días, por ejercer su trabajo, informó Naciones Unidas (ONU) con motivo del Día Internacional para Terminar con la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, destacó la urgencia de proteger a estos profesionales y llevar ante la justicia a aquellos que los atacan. Subrayó que es necesario acabar con la impunidad.
“Si bien muchos mueren en medio de la violencia de los conflictos que cubren, un gran número de ellos han sido asesinados. Sólo uno de cada siete de estos casos es resuelto y menos de 10% son investigados plenamente. La impunidad aumenta el temor entre los profesionales”, advirtió.
-Censura
Retira Fayad Meneses iniciativa que sancionaría ciberdelitos
Uno más uno
03 de noviembre del 2015
El senador del PRI, Omar Fayad Meneses, solicitó a la Mesa Directiva retirar de manera formal su iniciativa con proyecto de decreto, por la que se expedía la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos.
Ello, explicó, ante la serie de críticas en redes sociales sobre los alcances de este marco legal al tipificar los delitos cometidos en Internet, que fueron interpretados como una “eventual censura”.
A través de un comunicado expuso que retira la llamada “Ley Fayad” donde se proponía que los operadores de telecomunicaciones, proveedores de aplicaciones y de contenidos, debían colaborar con las instituciones de seguridad y justicia, para geolocalizar móviles de usuarios.
Además, de registrar, controlar y conservar comunicaciones durante 24 meses, así como el bloqueo inmediato de líneas y señales de comunicación móvil, entre otras medidas, con el propósito de prevenir y perseguir el delito.
El también presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Omar Fayad, informó que las consultas que anunció para este jueves, para analizar y discutir su propuesta, serán reprogramadas con el propósito de convocar al mayor número de especialistas, académicos, cibernautas e interesados en el tema.
..Y el senador Fayad tuvo que ceder: retira su polémica iniciativa
ARISTEGUI NOTICIAS
REDACCION
03 DE NOVIEMBRE DE 2015
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) publicó 10 críticas a la iniciativa, entre ellas que podría catalogar como “armas informáticas” la tecnología utilizada por plataformas como Méxicoleaks o Wikileaks.
(Foto: Archivo Cuartoscuro/Enrique Ordóñez).
El senador del PRI, Omar Fayad Meneses, solicitó a la Mesa Directiva del Senado retirar de manera formal su iniciativa con proyecto de decreto, por la que se expedía la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos.
Ello, explicó, ante la serie de críticas en redes sociales sobre los alcances de este marco legal al tipificar los delitos cometidos en Internet, que fueron interpretados como una “eventual censura”.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) publicó 1o críticas a la iniciativa, entre ellas que podría catalogar como “armas informáticas” la tecnología utilizada por plataformas como Méxicoleaks o Wikileaks.
Ricardo González Bernal, coordinador del Programa Global de Protección de Article 19, informó el pasado sábado 31 que además de que la iniciativa no toma en cuenta leyes internacionales en la materia, señala que la “iniciativa no es una ocurrencia de Fayad, sino, más bien, una muestra más del proyecto represivo en curso de la élite que gobierna México”.
A través de un comunicado el senador hidalguense expuso que retira la llamada “Ley Fayad” donde se proponía que los operadores de telecomunicaciones, proveedores de aplicaciones y de contenidos, debían colaborar con las instituciones de seguridad y justicia, para geolocalizar móviles de usuarios.
Además, de registrar, controlar y conservar comunicaciones durante 24 meses, así como el bloqueo inmediato de líneas y señales de comunicación móvil, entre otras medidas, con el propósito de prevenir y perseguir el delito.
El también presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Omar Fayad, informó que las consultas que anunció para este jueves, para analizar y discutir su propuesta, serán reprogramadas con el propósito de convocar al mayor número de especialistas, académicos, cibernautas e interesados en el tema.
Expuso que ante el constante incremento de ilícitos cometidos con el Internet, la realización de los foros será con el objetivo de construir una iniciativa que permita prevenir y sancionar los delitos informáticos, tal como es su compromiso.
Subrayó que la iniciativa que se construya, tras de escuchar diferentes voces especializadas e interesadas en el tema, encaminará el esfuerzo legislativo a combatir a los ciberdelincuentes, ya sea de manera individual o como crimen organizado.
Omar Fayad, ¿quiere o no encarcelar a cibernautas?
MILENIO
ALEJANDRA ARTEAGA
03 DE NOVIEMBRE DE 2015
El senador Omar Fayad estaba seguro de que su propuesta para sancionar con penas de 6 meses hasta 55 años de cárcel a los cibernautas mexicanos que cometan delitos sería bien aceptada … hasta que activistas y usuarios de redes sociales lo volvieron trending topic por las críticas que generó su #LeyFayad o #LeyCibermordaza.
Cuando Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, presentó la iniciativa para crear la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, el 22 de octubre, la propuesta pasó desapercibida.
Cinco días después, en una reunión con el comisionado nacional de seguridad Enrique Galindo, el senador Fayad ensalzó su iniciativa y dijo que se trataba de una respuesta al problema de cibercrimen que cuesta a México pérdidas económicas por 3 mil millones de dólares.
El 27 de octubre, el senador dijo que “ante el acelerado crecimiento” de conductas “como programas maliciosos, fraude mediante el phishing, el pharming y otras” había presentado la iniciativa para “atender esta situación, para prevenir y sancionar los delitos informáticos”.
El senador aseguró que no se trataba de una herramienta para coartar la libertad en el uso de internet, sino que solo se definirían los delitos cibernéticos para que pudieran integrarse en el Código Penal y, con ello, sancionarse.
Sin embargo, en la letra la ley que presentó el senador Fayad es mucho más severa de lo que el legislador expresó.
En la iniciativa de Fayad se definen cuáles deberán ser considerados ciberdelitos y sanciones que van de los 6 meses hasta los 55 años de cárcel y multas de 200 hasta 10 mil días de salario mínimo. Además explica que los ciberdelincuentes serán castigados por la Federación a través de unidades especializadas en los estados que podrán vigilar las redes públicas de Internet y acceder a información de cibernautas con apoyo de los proveedores de internet.
En la ley se define como ciberdelitos el acoso en redes sociales, con una sanción de 6 meses hasta 2 años de cárcel y de 50 a ochenta días de salario mínimo, la publicación de “información sensible de usuarios”, con seis a doce años de prisión y de ciento cincuenta a doscientos días de salario mínimo, y la violación de correspondencia electrónica, de uno a cinco años y multa de cien a doscientos salarios mínimos, entre otros delitos.
Las críticas a la ley de Fayad no cedieron en redes sociales, pues del 27 de octubre al 2 de noviembre, el hashtag #LeyFayad alcanzó las 98 mil 809 menciones en Twitter. Ante la presión, el senador dio marcha atrás a su propuesta y hasta ofreció quemarla.
La primera respuesta del senador Fayad fue desmarcar a la bancada priista. “La iniciativa fue redactada por parte de mi equipo y fue presentada por mí, no a nombre de la bancada del PRI. #LeyFayad”, dijo en su cuenta de Twitter.
Luego ofreció “construir una nueva versión en la que quede todo claro, que no queden cosas a la interpretación”, para lo cual ofreció “todas las opciones: corregir, quemar, quitar, aumentar o comenzar una nueva versión #LeyFayad”.
Ofrezco todas las opciones: corregir, quemar, quitar, aumentar o comenzar una nueva versión. #LeyFayad
— Omar Fayad (@omarfayad) 13:12 – 2 nov 2015
Luego de las críticas contra su propuesta de ley, el senador Fayad aclaró en entrevista con el periódico Reforma que la iniciativa “no sirve” si se presta a interpretaciones y dijo que esta semana tendrá reuniones de trabajo y consultas para escuchar la voz de los interesados.
Hasta que el senador presente una nueva propuesta de iniciativa de ley para castigar los delitos informáticos se definirá si su postura frente a los delitos y las sanciones cambió.
Omar Fayad retira iniciativa sobre ciberdelitos
MILENIO
NOTIMEX
03 DE NOVIEMBRE DE 2015
El senador priista Omar Fayad solicitó a la Mesa Directiva retirar de manera formal su iniciativa con proyecto de decreto, por la que se expedía la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos.
Ello, explicó, ante la serie de críticas en redes sociales sobre los alcances de este marco legal al tipificar los delitos cometidos en Internet, que fueron interpretados como una “eventual censura”.
A través de un comunicado expuso que retira la llamada ‘Ley Fayad’ donde se proponía que los operadores de telecomunicaciones, proveedores de aplicaciones y de contenidos, debían colaborar con las instituciones de seguridad y justicia, para geolocalizar móviles de usuarios.
Además, de registrar, controlar y conservar comunicaciones durante 24 meses, así como el bloqueo inmediato de líneas y señales de comunicación móvil, entre otras medidas, con el propósito de prevenir y perseguir el delito.
El también presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Omar Fayad, informó que las consultas que anunció para este jueves, para analizar y discutir su propuesta, serán reprogramadas con el propósito de convocar al mayor número de especialistas, académicos, cibernautas e interesados en el tema.
Fayad Meneses expuso que ante el constante incremento de ilícitos cometidos con el Internet, la realización de los foros será con el objetivo de construir una iniciativa que permita prevenir y sancionar los delitos informáticos, tal como es su compromiso.
Subrayó que la iniciativa que se construya, tras escuchar diferentes voces especializadas e interesadas en el tema, encaminará el esfuerzo legislativo a combatir a los ciberdelincuentes, ya sea de manera individual o como crimen organizado.
El legislador por Hidalgo, reiteró que se planteará la construcción de una iniciativa con la finalidad de que quede perfectamente claro, que el combate a este tipo de crímenes no tuvo ni tiene nada que ver con una intención de coartar la libertad de expresión, pues “siempre estaré a favor de las garantías que establece la Constitución Mexicana”.
Retira Fayad proyecto de ciberley
El sol de México
Redacción
4 de noviembre de 2015
Ciudad de México.- El senador Omar Fayad Meneses solicitó a la Mesa Directiva del Senado de la República que se retire de manera formal la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos.
E informó que las consultas para analizar y discutir esta iniciativa que anunció para mañana se recalendarizarán con el propósito de convocar al mayor número de especialistas, académicos, cibernautas e interesados en el tema.
En carta que dirigió al presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, destaca que de conformidad con el artículo 165 del Reglamento del Senado, que señala el derecho de los legisladores de retirar sus iniciativas cuando estas aún no han sido dictaminadas, solicita atentamente tenga a bien informar a las comisiones dictaminadoras el retiro de la iniciativa por la que se expide la citada ley que presentó el pasado 27 de octubre.
Asimismo, destacó que ante el constante incremento de ilícitos cometidos con el internet como herramienta, la realización de los foros sea con el objetivo de construir una iniciativa que permita prevenir y sancionar los delitos informáticos, tal como es su compromiso como legislador.
Y reiteró: “La iniciativa que construiremos tras escuchar diferentes voces especializadas e interesadas en el tema, encaminará el esfuerzo legislativo a combatir a los ciberdelincuentes, ya sea de manera individual o como crimen organizado”.
E insistió en que se replanteará la construcción de la iniciativa con la finalidad de que quede perfectamente claro que el combate a este tipo de delitos no tuvo ni tiene nada que ver con una intención de coartar la libertad de expresión ya “que siempre estaré a favor de las garantías que establece la Constitución”, dijo.
Proyecto Diez
Iván Carrera
03 de noviembre de 2015
“Empezaré de cero, escuchando a la sociedad civil, las víctimas, la Iniciativa Privada y las autoridades”, tuiteó Omar Fayad. Así, el senador federal por el Estado de Hidalgo echa atrás la iniciativa de ley que presentó el pasado 27 de octubre en el Congreso de la Unión.
La propuesta de Fayad, quien preside la Comisión de Seguridad Pública en el senado, fue calificada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales como “la peor iniciativa de ley sobre internet en la historia”. También la bancada de diputados de Movimiento Ciudadano descalificó la iniciativa.
Por su parte, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) advirtió que la denominada #LeyFayad criminaliza la libertad de expresión.
En su comunicado, la Amedi señala que “Estados policiacos, aún cibernéticos, no tienen cabida en las sociedades democráticas, como pretende de forma expresa la ‘Ley Fayad’“.
Aunado a ello, más de 48 mil personas han firmado una petición en Change.org solicitando “la anulación definitiva de la Ley Fayad por violar la libertad de expresión en redes sociales”.
Ante las críticas por parte de usuarios de internet y sectores de la sociedad civil organizada, los planes de Omar Fayad de crear la “Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos informáticos” se vinieron abajo.
El lunes, el senador hidalguense comunicó su disposición para “corregir, quemar, quitar, aumentar o comenzar una nueva versión” de la #LeyFayad.
Mediante su cuenta de Twitter, el legislador priista anticipó que esta semana sostendrá reuniones de trabajo y consultas para reformular la denominada “Ley Fayad”, que se discutirá este jueves en el senado.
La “Ley Fayad”, intento priista por limitar las redes sociales, está muerta; Senador la retira
Sin Embargo
Por Redacción / Sin Embargo
Noviembre 3, 2015
Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- El legislador priista Omar Fayad Meneses retiró hoy de la Mesa Directiva del Senado de la República su iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, luego de decenas de críticas que esta generó por parte de organizaciones civiles y ciudadanos en general por considerar que la propuesta buscaba criminalizar a todo los internautas del país.
En un comunicado, Fayad Meneses informó que este día solicitó “que se retire de manera formal la iniciativa con proyecto de decreto, por la que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, también conocida como ‘Ley Fayad’”.
Sin embargo, adelantó que replanteará “la construcción de la iniciativa con la finalidad de que quede perfectamente claro que el combate a este tipo de crímenes no tuvo ni tiene nada que ver con una intención de coartar la libertad de expresión, pues ‘siempre estaré a favor de las garantías que establece la Constitución Mexicana’”.
La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia Informática, conocida como “Ley Fayad”, fue presentada por el legislador el pasado 27 de octubre, sin embargo, los integrantes de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) denunciaron que esta iniciativa lo que buscaba es “criminalizar” todo lo que los internautas hagan “on line” y “off line”.
“La Ley Fayad”, alertaron, limitaba la libertad de expresión y criminaliza el uso de las redes sociales.
Ayer, luego de que cientos de usuarios se sumaron al reclamo de las organizaciones civiles, Omar Fayad anunció que estaba dispuesto a “corregir, quemar, quitar, aumentar o comenzar” una nueva versión de su iniciativa, luego de las críticas que desató.
En su cuenta de Twitter [@omarfayad], el legislador priista escribió: “Ofrezco todas las opciones: corregir, quemar, quitar, aumentar o comenzar una nueva versión. #LeyFayad (sic.)”.
Este día, el legislador priista también informó que las consultas que anunció para el próximo jueves, en las que se analizaría y discutiría esta iniciativa, fueron recalendarizadas “con el propósito de convocar al mayor número de especialistas, académicos, cibernautas e interesados en el tema”.
“Ante el constante incremento de ilícitos cometidos con el Internet como herramienta, la realización de los foros será con el objetivo de construir una iniciativa que permita prevenir y sancionar los delitos informáticos”, afirmó.
Fayad aseveró que “la iniciativa que construiremos tras escuchar diferentes voces especializadas e interesadas en el tema, encaminará el esfuerzo legislativo a combatir a los ciberdelincuentes, ya sea de manera individual o como crimen organizado”.
LA POLÉMICA PROPUESTA
En México hay 53.9 millones de internautas, es decir el 43 por ciento de la población, quienes, si la “Ley Fayad” hubiera avanzado, hubieran sido susceptibles de ser acusados de algún delito.
En un análisis realizado por la organización R3D, llamado “10 puntos clave sobre la #LeyFayad, la peor iniciativa de ley sobre Internet en la historia”, se alertó que de acuerdo con la interpretación de la iniciativa podía ser delito usar la computadora y tirarla a la basura.
El artículo 17 señalaba que “a todo aquel que dolosamente destruya, inutilice, dañe o realice cualquier acto que altere el funcionamiento de un sistema informático o alguno de sus componentes, se le impondrá una sanción de cinco a quince años de prisión y multa de hasta mil días de salario mínimo vigente”.
De acuerdo con el análisis del grupo civil, en este artículo se incluiría actualizar el software, bajar un programa o aplicación, usar la computadora de cualquier forma –que es en esencia una alteración del funcionamiento de tu sistema informático (computadora)–.
También “destruir” o “inutilizar” un sistema informático es delito, “así que no había forma de escapar de la #LeyFayad”.
Otro ejemplo es el artículo 16, que de manera textual dictaba: “A toda persona que, sin la autorización correspondiente o excediendo la que le haya sido conferida, acceda, intercepte, interfiera o use un sistema informático, se le impondrá una sanción de uno a ocho años de prisión y multa de ochocientos a mil días de salario mínimo vigente”.
La interpretación de R3D consideró que violar los términos de uso de un sitio de Internet podría convertir al usuario en delincuente. Mentir sobre la edad al abrir un perfil en Facebook (ver cláusula 4.1) o incumplir cualquier de los términos que nadie lee cuando le da clic en “aceptar” (como tener 17 años y entrar a la página seventeen.com) también convierte al internauta en delincuente.
En tanto, en el artículo 21 de la iniciativa de ley hoy retirada del Senado, se buscaba que quien arrobara a una persona podría cometer el delito de “intimidación” e ir a la cárcel:
“A quien, a través de medios informáticos, acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de Internet, de forma reiterada y sistemática, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a ochenta días de salario mínimo vigente”.
El Universal
Alberto Aziz Nassif
03 de noviembre de 2015
¿Cómo se relaciona la censura de la que fue objeto Carmen Aristegui en su programa radiofónico en marzo pasado, con la reciente iniciativa del senador Omar Fayad sobre el ciberespacio, Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos? La respuesta se encuentra en el reciente reporte de Freedom House (FH), Freedom on the net 2015, en donde México aparece como uno de los países más “hostiles” hacia el periodismo y los blogueros. Nuestro país se encuentra ubicado en el sitio 39, entre Túnez y Zambia, con países calificados de ser parcialmente libres, por tener serios obstáculos en el acceso, límites en los contenidos y violaciones en los derechos.
En México hay una mezcla terrible contra las libertades, por la violencia del crimen organizado, por la debilidad de un Estado que ha sido incapaz de defender la libertad de expresión y por el afán de censura y restricción hacia las redes sociales por parte de un gobierno desprestigiado que no sabe cómo hacer frente a la información independiente, un espacio que no ha podido controlar.
Desde que se dio a conocer el reportaje sobre la casa blanca, el gobierno de Peña se vio severamente cuestionado por el conflicto de interés que estaba detrás de este tipo de propiedades. No se encontró otra forma de resolver el problema que ir en contra del mensajero, de los periodistas que hicieron el reportaje. La paradoja es que esa investigación ha recibido múltiples premios dentro y fuera del país, pero el programa de radio fue cancelado cuatro meses después del reportaje. Ahora el senador Fayad del PRI ha presentado una iniciativa que prendió las alarmas en las redes y en las organizaciones que tutelan los derechos de libertad de expresión en los medios de comunicación y en las redes sociales.
De acuerdo con la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D), se trata de la “peor iniciativa de ley sobre internet e informática en la historia” (EL UNIVERSAL, 30/X/2015). La iniciativa Fayad intenta tipificar de forma ambigua una serie de delitos que pueden caer fácilmente del lado de la censura y la criminalización de las redes sociales. Define términos como “arma informática”, “ataque cibernético”, “terrorismo informático”. La iniciativa establece como delito las acciones de acceder, interceptar, interferir y usar sistemas informáticos, así en el artículo 16 cualquiera que pueda decir una edad que no tiene, puede considerarse una alteración y por ello ir 8 años a la cárcel. En materia de censura hay una serie de artículos que no tienen desperdicio, por ejemplo el 22: “A quien, sin la autorización correspondiente, revele, difunda o ceda, en todo o en parte, información privada referente a imágenes, audio, video o la información sensible de usuarios, obtenidos por cualquier medio, se le impondrán de seis a doce años de prisión y multa de ciento cincuenta a doscientos días de salario mínimo vigente”. En caso de aprobarse, ahora cualquier persona, periodista o medio de comunicación, que difunda o circule un texto, documento, fotografía, puede ir a la cárcel hasta por 12 años. La organización R3D indica que en el artículo 3 fracción II, en donde se hace alusión al “terrorismo informático”, se penaliza con cárcel la “difusión de información con el objetivo de causar pánico y desestabilización de la paz pública.” Con lo cual la crítica al gobierno se puede juzgar como “arma informática” y constituir una acción criminal.
Estamos ante una grave amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la información. Pero la paradoja es que en el contexto del país que analiza FH, ha habido ataques y agresiones a espacios de periodismo independiente y no ha habido ninguna sanción. Estamos ante la lógica de castigar al mensajero, acciones que se repiten ahora como pasaba en el viejo régimen. Entre junio de 2014 y mayo de 2015, hubo ciberataques a organizaciones que defienden derechos humanos, como: e-consulta, Sin embargo, Artículo 19 y Aristegui Noticias. Con esta iniciativa de ley, la autoridad tendría materia para criminalizar a espacios periodísticos independientes por ser “armas informáticas”. Desde aquí decimos: ¡No a la censura!
Reporte Índigo
Cesar Cepeda
04 de Noviembre de 2015
La ofensiva legal del poder por intentar regular la Red se expande por todo el mundo. No sólo en México se impulsan leyes como la del senador Omar Fayad, que busca controlar y sancionar a los cibernautas que utilicen las redes sociales para criticar a sus gobernantes
El mundo digital no fue el mismo desde hace dos años.
En junio del 2013 el exanalista de la CIA, Edward Snowden, reveló lo que quizás todos sospechaban: el gobierno de Estados Unidos operaba programas secretos de vigilancia masiva para espiar a todos los usuarios que utilizaban Internet en cualquier rincón del mundo.
Los correos electrónicos, los mensajes en Facebook, Twitter, las conversaciones por Skype, los chats en los servicios de mensajería, todas las comunicaciones en la Red podían ser monitoreadas por la poderosa Agencia de Seguridad Nacional, la NSA.
La amenaza del Big Brother de George Orwell estaba más vigente que nunca.
Las revelaciones de Snowden sacaban a relucir la vieja obsesión del poder por controlar ese mounstro indomable de mil cabezas llamado ciberespacio.
Hoy la obsesión es la misma en los regímenes autoritarios de Asia, en los considerados gobiernos progresistas de América Latina y en las democracias occidentales de Europa.
No existe en la actualidad un invento que haya transformado tanto la vida de los ciudadanos como es el Internet.
La Red es hoy un motor de transformación para una sociedad, pero también representa riesgos y peligros para el poder y los gobernantes.
Gracias a Internet hay más libertad de expresión en el mundo, pero es cierto también que existe actualmente una tendencia mundial por imponer mayores controles, más mecanismos de vigilancia y sobre todo más sanciones y penas para los internautas.
En Arabia Saudita castigan a un bloguero con cárcel y mil latigazos. En Turquía se encarcelan a activistas que cuestionan a su presidente por redes sociales. China levanta más su muralla digital para evitar que sus ciudadanos naveguen con libertad por la Red.
Cada vez más el poder político –originalmente excluido de la revolución digital– está más preparado tecnológicamente para ejercer controles y censurar lo que se difunde en redes sociales.
Lo advierte la organización Freedom House: en el mundo cada vez son más los intentos de censura en internet por parte de los gobiernos.
En México el tema de la libertad en Internet regresó la semana pasada cuando el senador del PRI, Omar Fayad Meneses, presentó una iniciativa para crear la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos.
Los usuarios de redes sociales mexicanos reaccionaron de manera viral y sepultaron otro intento de las autoridades de establecer restricciones a los derechos de los cibernautas.
“Si lo que quieren es que la queme, la quemamos”, declaró el lunes un vapuleado Fayad.
Una tendencia del mundo
La ofensiva legal del poder por regular el internet se expande por todo el mundo a velocidad de banda ancha.
No sólo en México se impulsan leyes como la Ley Fayad que busca controlar lo que se publica en Internet y sancionar a los ciudadanos que utilizan la Red para publicar críticas a sus gobernantes.
Por todo el mundo gobiernos endurecen sus acciones para castigarlos y someter la información digital.
Uno de los países que fue precursor de esta tendencia de regulación del Internet fue Venezuela.
El gobierno del expresidente Hugo Chávez reformó en el 2010 su Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, conocida como Ley Resorte, que había sido aprobada en el 2004, con el propósito de incluir los contenidos digitales en esta considerada “ley mordaza”.
Desde entonces en Venezuela se prohíbe la difusión en internet de mensajes ofensivos, violentos, que alteren el orden público.
Una de las naciones que mayor control y censura ejercen sobre el internet que consumen sus habitantes es China, paradójicamente el país que tiene el mayor número de cibernautas en el mundo.
El gobierno chino, a través del Ministerio de Seguridad, tiene montado lo que se le conoce como la “Great Firewall”, el muro tecnológico que filtra la información a la que tienen acceso los ciudadanos chinos.
El intento por controlar el Internet no es exclusivo de regímenes autoritarios como China, Vietnam, Rusia, Siria, sino de algunas consideradas democracias en Europa como en América Latina.
En Francia, después de los atentados en París, el Congreso aprobó reformas en contra de la libertad en internet.
Los servicios secretos franceses hoy pueden espiar -sin tener que solicitar órdenes judiciales- contenidos cibernéticos de los ciudadanos.
Este año el Gobierno de Nicaragua, que preside el exguerrillero sandinista Daniel Ortega, anunció la creación de una ley que aspira a controlar el servicio de internet por parte del Estado.
La iniciativa, que no ha sido aprobada por el Congreso nicaragüense, pretende otorgarle a una empresa estatal la facultad para administrar los servicios de banda ancha en el país.
No sólo eso. La ley busca darle a la paraestatal Telcor la atribución para pedir información sobre los usuarios de internet nicaragüenses.
El reglamento conocido como Ley de Promoción y Desarrollo de la Red Nacional de Servicios de Telecomunicaciones de Banda Ancha ha conseguido una fuerte oposición tanto de la sociedad nicaragüense como del sector privado.
Latigazos y cárcel para cibernautas
La regulación legal del Internet siempre va acompañada de sanciones y castigos en contra de los usuarios que se atreven a violar las disposiciones.
La organización Freedom House alertó en su informe que el año pasado en 40 de los 65 países analizados se dictaron penas de cárcel a usuarios por compartir contenido a través de redes sociales.
El de Arabia Saudita ha sido otro de los gobiernos que ha castigado a sus ciudadanos por publicar información en redes sociales.
Raif Badawi, bloguero saudí, fue sentenciado el año pasado a 10 años de prisión, mil latigazos y una multa de 230 mil euros por “insultar al islam”.
Este año el Ministerio de Seguridad Pública de China reveló que mil 500 ciudadanos han sido detenidos por poner en riesgo la seguridad cibernética de este país.
Las leyes chinas establecen penas de 3 años de cárcel para quienes difundan rumores en redes sociales.
El gobierno chino endureció su control sobre internet este año a raíz de la difusión de imágenes de las explosiones ocurridas en Tianjin.
El gobierno de Vietnam ha encarcelado a periodistas y blogueros por denunciar casos de corrupción en el gobierno y dentro del Partido Comunista.
A finales de 2013, el Gobierno aprobó el denominado Decree 72, que prohíbe la publicación online de material considerado crítico que pueda dañar la seguridad nacional o la imagen del Ejecutivo.
El decreto, condenado enérgicamente por las organizaciones internacionales de derechos humanos, especifica que las redes sociales, como Twitter o Facebook, sólo pueden ser utilizadas para “aportar e intercambiar información personal”.
Internet: avances y retrocesos
La red y el activismo digital han sido uno de los principales motores de cambio en el mundo.
La “primavera árabe” en Egipto, las protestas en Ucrania, incluso el derrocamiento del expresidente de Guatemala, Otto Pérez, no se pueden explicar sin las redes sociales.
Las últimas elecciones de Egipto, por ejemplo, fueron boicoteadas desde Facebook y Twitter gracias a un hashtag que alentaba la realización de cualquier otra actividad en lugar de acudir a las urnas para respaldar el gobierno de Abdel Fattah al-Sisi.
La internacionalización del movimiento de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no se podría entender hoy sin la ayuda de las redes sociales.
El control del Internet por eso es una obsesión para el gobierno.
Casi todos los intentos oficiales por controlar los contenidos que se publican en Internet han fracasado.
La única posibilidad que se abre para el poder es la vigilancia tecnológica y el espionaje.
El hackeo a la empresa de espionaje italiana Hacking Team reveló que entre sus clientes se encontraba el gobierno mexicano, a través del Cisen, y algunos estados del país como Puebla y Jalisco.
México resultó ser uno de los países que más habían comprado el software que vendía esta firma para interceptar comunicaciones en Internet.
México, parcialmente libre
El más reciente informe de Freedom House ubica a México como un país parcialmente libre en la Red considerando parámetros como obstáculos para acceso de internet, límites impuestos a los contenidos y violaciones a los derechos de los usuarios.
Los países menos libres para el uso de Internet –de acuerdo con este reporte- son Pakistán, Banrein, Arabia Saudita, Vietnam, Cuba, China, Siria, Irán y Uzbekistán.
Las naciones más libres, de acuerdo con este informe, son Islandia, Estonia, Canadá, Alemania, Australia, Estados Unidos, Japón, Italia, Francia y Georgia.
La Ley Fayad
En México el tema del control del internet regresó la semana pasada cuando el senador del PRI, Omar Fayad Meneses, presentó una iniciativa para crear la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos.
Una iniciativa que –presentada como una estrategia para combatir ciberdelitos en el país como el grooming– pretendía establecer controles y sanciones para los usuarios que publicaran escritos e imágenes ofensivos en contra de personas y autoridades.
El artículo 21 de la iniciativa, que hablaba sobre el acoso o la intimidación en redes sociales, proponía un castigo de 6 meses a 2 años de prisión, a quien a través de medios informáticos acosara, hostigara, intimidara, agrediera o cometiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de Internet.
El artículo 38 de la iniciativa advertía de sanciones para quienes -sin consentimiento del afectado- difundiera, publicara, copiara, reproduciera, a través de Internet o cualquier otro medio electrónico, imágenes, audio o videos de contenido sexual o erótico, tomadas por la misma víctima o por un tercero, que se hayan obtenido en el ámbito de la privacidad con o sin el consentimiento del afectado.
Fayad pudo haber presentado una ley para incrementar la protección en la Red, la encriptación de datos para garantizar el anonimato. Pero optó por establecer restricciones a los derechos de los internautas, provocando que los ciudadanos en redes sociales le tumbaran su propuesta y lo criticaran.
La Ley Fayad proponía la creación de una Policía Cibernética para los estados para combatir los delitos informáticos en el país.
La Policía Cibernética Estatal está contemplada en el Programa Nacional de Seguridad Pública, PNSP.
En México actualmente 14 estados cuentan con una unidad cibernética para investigar los delitos que se cometen en el Internet.
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán son los estados que tienen este tipo de instrumentos.
No es la primera vez que en México se buscaba regular lo que pasa en el mundo del internet y de las redes sociales. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, creó una ley para castigar a los cibernautas que difundieran mensajes falsos relacionados con el narcotráfico.
La Suprema Corte de Justicia derogó la disposición de Duarte, al considerarla un atentado a la libertad de expresión y al derecho a la información.
No quiero que queden fantasmas.-Fayad
Reforma
Claudia guerrero
03/11/15
El senador del PRI, Omar Fayad, aseguró que decidió retirar formalmente su iniciativa en materia de delitos informáticos para cumplir con su palabra y evitar que existan “fantasmas” durante la discusión que se abrirá en la Cámara alta sobre el tema.
“Hice formal el trámite para cumplir con mi palabra, porque las cosas se han tornado de tal forma que cualquier cosa va a servir de pretexto”, dijo.
“No quiero que la versión que fue presentada y que ya se había turnado a comisiones sirva de pretexto para decir que está ahí como un fantasma. Ofrecí toda mi disponibilidad para modificarla, para cambiar el texto y que no quede nada a la interpretación, por eso la retiré formalmente”.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública reconoció que pretende enviar una señal positiva a todas las organizaciones y ciudadanos que manifestaron su preocupación frente a la iniciativa.
“Ya si después de esto sigue habiendo ataques pues entonces ya es otra cosa y tendrá otra lectura. Ahí está fuera el texto, vamos desde cero y no pasa nada porque lo que queremos es cumplir el objetivo de que ciertas conductas se regulen sin atentar contra la libertad de expresión”, agregó.
¿Borrón a la #LeyFayad? – Febrero, mes del Papa
El Universal
Katia D’Artigues
03 de noviembre de 2015
Omar Fayad encendió las redes con la iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informativos, que contiene 48 artículos. En estos días de asueto con motivo del Día de Muertos tuvo tiempo de reflexionar y ofreció hacer lo que todo legislador serio (más si aspira a gobernar un estado) haría, a consultarla con expertos:
—Ofrezco todas las opciones: corregir, quitar, aumentar o comenzar de cero una nueva redacción… Si lo que quieren es que la queme, la quemamos, pero que no quede en la conciencia social y en las redes que quisimos hacer un intento de mordaza, eso jamás lo haría… la iniciativa no pretende regular el internet, es falso, ni coartar la libertad de expresión.
Fue tal la reacción en su contra, que convocó para que el próximo jueves 5 de noviembre inicie el debate sobre esta controvertida iniciativa, en la cual metieron mano la Secretaría de Gobernación y la Policía Federal.
Hace unos días, la Red de Defensa de los Derechos Digitales, R3D, desmenuzó algunos de los artículos que contiene la iniciativa, entre ellos, el artículo 17, cuya redacción tal cual es:
—“A todo aquel que dolosamente destruya, inutilice, dañe o realice cualquier acto que altere el funcionamiento de un sistema informático o alguno de sus componentes, se le impondrá una sanción de cinco a quince años de prisión y multa de hasta mil días de salario mínimo vigente”.
La R3D considera que, con el texto así, todos cometeríamos un delito simplemente al actualizar un software.
También en el artículo 17 se lee:
—“A quien a través de medios informáticos, acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de internet, de forma reiterada o sistemática, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y una multa de cincuenta a ochenta días de salario mínimo vigente”.
O sea un delito contra el honor reloaded, que para expertos equivaldría a la posible criminalización de voces disidentes, minorías o impopulares.
Qué bueno que el gobierno federal ha insistido en que ésta será una administración transparente… de ser así, no se entendería el artículo del 22 al 25 de esta iniciativa, donde se destacan los “Delitos contra la Divulgación Indebida de Información de Carácter Personal”. Yo los llamaría los artículos antileaks, porque lo que se busca es frenar la difusión de material de investigación. Una de las sanciones es de “hasta 10 años de prisión a quien ofrezca o preste servicios destinados” a la difusión de este tipo de información.
En el artículo 9, inciso 10 se lee que la Policía Federal, en coordinación con las autoridades competentes podrá “gestionar, conforme a las disposiciones aplicables, la cooperación con empresas proveedoras del servicio de internet para suspender sitios, páginas electrónicas y cualquier contenido que atenten contra la seguridad pública, así como para prevenir y combatir los delitos en los que se utilizan medios electrónicos para su comisión”.
Qué bueno que Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, reconsideró. Sin duda la reacción lo ameritaba. ¿Habrá sabido en serio lo que propuso?
Ya hay fecha para la llegada del papa Francisco a México. Norberto Rivera, el cardenal, anunció que llegará el viernes 12 de febrero a México y estará en el país por 8 días.
Aunque aún no hay una agenda definida, es seguro que visita la Basílica de Guadalupe, podría también acudir a Morelia, Michoacán, —recordemos que el hoy cardenal Alberto Suárez Inda le envió una carta donde detallaba la difícil situación de inseguridad por la que se atravesaba, en esa zona— y se ve la posibilidad que pueda visitar la frontera sur y norte del país, resaltando el tema de la migración.
Falta ver quién se cuelga el milagrito: recordemos que el presidente Enrique Peña Nieto le extendió la invitación, dijo que sí; pero no nos había dicho cuándo; Andrés Manuel López Obrador le entregó cartita y medallita en su pasada gira por Europa, y luego la carta que envió el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en la cual le externó su agradecimiento por visitar México y el deseo de reconocerlo como Huésped Distinguido.
Por cierto, hablando del Vaticano, falta ver qué sucederá con Lucio Ángel Vallejo Balda, sacerdote ligado al Opus Dei, quien era secretario de la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede, y Francesca Inmmacolata Chaouqui, especialista en Relaciones Públicas y consultora en las reformas económicas y organizativa que emprendió el Papa Francisco. Ambos fueron integrantes de la Comisión Investigadora de los organismos económicos y administrativos de la Santa Sede, y se les acusa de haber filtrado información sobre finanzas vaticanas, que serían fuente de dos libros que saldrán a la venta el jueves: “Via Crucis”, de Gianluigi Guzzi y “Avarizia”, de Emiliano Fittipaldi.
Por lo pronto ella quedó en libertad al comprometerse a colaborar con la investigación que iniciaron las autoridades.
Primero fue Oaxaca, ahora van sobre los maestros de Michoacán: hay 28 órdenes de aprehensión contra maestros de la CNTE y normalistas de esa entidad. De acuerdo con el procurador José Martín Godoy Castro están acusados de robo, robo de vehículos, daños materiales.
Para poner(los)nos a pensar son los números difundidos ayer por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en torno a la conmemoración del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas: en nuestro continente, de 2010 a la fecha, han sido asesinados 150 periodistas o trabajadores de medios de comunicación. Con estas cifras, cada 14 días se registra un asesinato.
Y México no sale bien parado. Se detalla que 1 de cada 3 crímenes se registró en nuestro país (55 casos); 1 de cada 4 en Honduras (28 casos) por citar dos ejemplos. ¿Ya le habrán pasado este informe al gobernador de Veracruz, Javier Duarte?
Intolerancia y violencia contra la crítica
El Universal
Salvador García Soto
03 de noviembre de 2015
La idea que empezó con un spot polémico de una campaña gubernamental, con la frase tristemente célebre #YaCholeConTusQuejas, empieza a materializarse de maneras distintas pero con el mismo espíritu de intolerancia contra quienes disienten, que promovía esa campaña oficial retirada del aire. Primero una iniciativa de ley en el Senado cuya redacción se presta a interpretaciones de censura y persecución a quienes utilizan internet y redes sociales para cuestionar y criticar, y luego, en hechos distintos y que tal vez no tengan relación —salvo por la violencia e intolerancia que los une—, dos jóvenes activistas, que se quejaban de la inseguridad en sus ciudades y de corrupción e ineficiencia de las autoridades son violentamente asesinados.
En Ciudad Juárez, José Luis Rodríguez Muñiz, estudiante de 31 años de la Universidad Autónoma de esa ciudad fronteriza, fue asesinado a balazos a bordo de una camioneta por sujetos desconocidos. Unas horas antes de ser acribillado, José Luis había subido un video a su página de Facebook, donde criticaba al gobernador César Duarte, al alcalde de Ciudad Juárez, Enrique Serrano, a la senadora Lilia Merodio y al ex alcalde juarense, Héctor Teto Murguía. Al mediodía del viernes 31, doce horas después de que subió su video —23:15 del 29 de octubre—, fue asesinado en las calles Tlatole y Yécora, del fraccionamiento Roma, al sur de Ciudad Juárez.
Otro ciudadano y activista contra la inseguridad en Coatzacoalcos, Veracruz, Rodolfo Zapata Carrillo, de 39 años, también fue ejecutado a balazos ayer en esa ciudad del sur del estado. Abogado y empresario, a Rodolfo lo mataron sujetos que le dispararon a quemarropa en la vía pública, en las calles de Constitución y Aquiles Serdán, a sólo dos cuadras del edificio de la Policía Naval de Coatzacoalcos. El activista se había sumado a las marchas y protestas por la inseguridad en su ciudad, luego de sufrir un asalto en un restaurante de su propiedad. Hace una semana Zapata Carrillo fue invitado a una mesa de seguridad, organizada por el Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos, donde estuvieron el fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo y el secretario de Seguridad estatal, Arturo Bermúdez Zurita. Ahí, el jóven empresario cuestionó a las autoridades por la falta de resultados en sus operativos; antes de esa reunión, Rodolfo le había pedido al alcalde Joaquín Caballero Rosiñol “que se fajara los pantalones” para exigirle a sus mandos policiacos. Ayer lo mataron a tiros mientras revisaba una falla mecánica de un taxi, a la luz del día y en plena vía pública.
En hechos distintos, pero que también pueden ligarse a un clima de intolerancia a la crítica, tres periodistas fueron despedidos de sus respectivos espacios, los tres con una línea crítica en su trabajo. El columnista de Excélsior Martín Moreno anunció el viernes pasado la terminación de su columna Archivos del Poder y relató que después de 9 años de publicar en ese espacio un directivo simplemente le dijo: “Necesitamos los espacios de tu columna”. En el mismo Excélsior, la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zínser fue despedida el viernes 22 de octubre tras publicar 10 años su columna Horizontes Imaginarios. En su caso, el despido coincidió con que la Suprema Corte de Justicia dio entrada a un amparo interpuesto por ella en el que solicita revisar el decreto presidencial que recategoriza ambientalmente a la zona del Nevado de Toluca para permitir en ella desarrollos inmobiliarios. El otro caso fue el del columnista de La Crónica de Hoy, José Contreras, quien relató en su sitio de internet, que desde agosto dejó de publicar su columna en ese diario, porque un directivo le dijo: “En este periódico no se le pega al presidente, te guste o no te guste”.
¿Hay relación entre esos lamentables hechos de violencia, intolerancia y censura? Tal vez no y lo más seguro es que la respuesta oficial sea el ya conocido “no es culpa del gobierno” (sea federal, estatal o municipal). Pero en todos los casos hay un tufo de intolerancia, censura y violencia contra quien piensa distinto. Sea por poderes establecidos o por poderes de facto —como el crimen organizado— en este país, donde el gobierno nos dice #YaCholeConTusQuejas, quejarse, denunciar, criticar puede costarte la chamba… o la vida.
#LeyFayad y TPP, provocaciones a derechos en Internet
Homozapping
Jenaro Villamil
03/11/15
Pirómano y excesivo como suele ser en sus declaraciones, el senador hidalguense Omar Fayad asumió así su derrota frente a la intención de lanzar una Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos Informáticos: “no sólo la vamos a retirar, la vamos a quemar”.
El gusto al legislador priista no le duró ni una semana. Desde el martes 27 de octubre, cuando fue presentada tras una serie de consultas controladas con representantes de la Policía Federal Preventiva, la #LeyFayad nació muerta.
Fueron tan absurdos sus presupuestos y sus artículos que pareció más una provocación que un ejercicio legislativo serio. Organizaciones como la Red de Defensa de los Derechos Digitales (@R3dmx), así como Artículo 19, la AMEDI, el colectivo Anonymous y miles de usuarios y especialistas en la neutralidad de la red le demostraron al propio Fayad que antes de criminalizar debía entender el ciberactivismo y, en especial, la defensa de los derechos en la red.
Fayad no pudo defender de manera convincente ninguno de los artículos más polémicos de la ley que fue bautizada con su nombre porque simple y sencillamente era difícil argumentar a favor de artículos tan retrógrados como el 17 o los del 21 al 24 de la #LeyFayad.
Por ejemplo, el artículo 17 estipulaba que “a todo aquel que dolosamente destruya, inutilice, dañe o realice cualquier acto que altere el funcionamiento de un sistema informático o alguno de sus componentes, se le impondrá una sanción de cinco a quince años de prisión y multa de hasta mil días de salarios mínimos”.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) consideró que este ordenamiento puede constituir una criminalización al uso de la computadora personal o a considerar delito tirarla a la basura.
Fayad afirmó que este artículo hablaba de “actitud dolosa”. “Si la actitud no es dolosa, si tú tiras la computadora por qué se va a interpretar que cometes esta conducta”, abundó sin explicar quién determinará el uso “doloso”.
En los artículos 21 al 24 hay una amplia interpretación respecto a lo que puede ser intimidación, hostigamiento y agresión en las redes sociales. Un párrafo de su artículo 21 ordenó:
“A quien, a través de medios informáticos acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de internet de forma reiterada y sistemática, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a ochenta días de salario mínimo”.
En muchos sentidos, la #LeyFayad tuvo el descaro de revelar cómo piensa un sector del peñismo y del priismo frente a la nueva dinámica del uso del internet y, en especial, de las redes sociales, auténtica pesadilla para un telepresidente acostumbrado sólo a la comunicación vertical, unilateral y analógica.
Sin embargo, lo verdaderamente retrógrada no es la hoy extinta #LeyFayad sino otros ordenamientos que bajo el pretexto de proteger el comercio internacional pretenden imponer restricciones al uso del internet.
Es el caso del Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), negociado en secreto, sin consultar a ninguno de los organismos legislativos de las 11 naciones firmantes, incluyendo a Estados Unidos y México, mucho menos a las organizaciones defensoras de los derechos digitales.
El TPP prevé penalizar a quienes revelen delitos empresariales “a través de sistemas informáticos”. Bajo el pretexto de proteger los derechos de autor, el TPP autoriza que proveedores de contenidos pueden eliminar publicaciones o videos en Facebook o Youtube si se recibe una queja formal.
“Es la peor ley de copyright” han subrayado otras organizaciones como Electronic Frontier Foundation (@EFF), críticas del TPP.
En otras palabras, la amenaza al libre flujo de información y de contenidos en internet no está en los policías o en los regímenes autoritarios solamente sino en los acuerdos de libre comercio de reciente generación que pretenden conculcar derechos digitales.
“Ley Fayad” será retirada, promete Omar Fayad: “si es necesario, la voy a quemar”
Homozapping
Sin autor
03/11/15
Tras las críticas que recibió hacia su persona y hacia su iniciativa para regular Internet, Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, aseguró que la llamada “Ley Fayad” será retirada.
Fayad, quien desde la semana pasada fue blanco de severas críticas a través de redes sociales por su iniciativa de ley para penalizar los delitos que se cometen en las redes sociales, indicó que su iniciativa “ni siquiera entró a la discusión. Estén tranquilos, si ha generado tantas dudas e interpretaciones, es una ley que no sirve. No quiero que se preste a la interpretación”, añadió.
Omar Fayad, senador priísta, afirmó que va a retirar su iniciativa, “y si es necesario, públicamente la voy a quemar, porque la verdad es que la han desvirtuado totalmente, se ha prestado a todo tipo de interpretaciones; muchos de los que han opinado ni siquiera la han leído. Pero si el texto que presenté ha requerido tanta explicación, ha generado dudas en muchas interpretaciones, por supuesto que la voy a retirar”.
Fayad, insistió en que “legislaremos sobre ciberdelitos. Este jueves (4 noviembre) por la tarde recibiré a víctimas, organizaciones civiles, académicos y a quienes hicieron críticas a mi propuesta a través de las redes sociales”. El senador priísta agregó que “el tema es delicado, porque estamos hablando de delitos contra la dignidad de las personas, contra el patrimonio, contra posesiones, bienes y derechos, y que se cometen a través de Internet. Ahí están los delitos de pornografía, el acoso sexual a menores, el tema del grooming…”
Tras las críticas y cuestionamientos recibidos por haber presentado su iniciativa que, según organizaciones civiles y ciudadanos atenta contra la libertad de expresión y la libertad en Internet, además de pretender evitar las críticas al presidente de la República o cuestionamientos al trabajo de los políticos, Fayad precisó que eso “es falso; no es una ley mordaza, no la hice para defender al jefe del Ejecutivo o a los políticos. Nadie me pidió que legislara sobre el tema”, y enfatizó: “No hay problema, la voy a retirar, pero que quede claro, jamás haría una propuesta para que no se critique al gobierno”.
Censura, doble moral y conductas criminales
El Universal
Ricardo Alemán
03 de noviembre de 2015
Como ya es costumbre en parte de la sociedad mexicana —sobre todo en la “sociedad cibernética”—, el debate sobre la mal llamada “Ley Fayad” se quiere reducir a “buenos” y/o “malos”.
Los “buenos” serían aquellos exaltados que denuncian imaginarios o reales intentos de censura —la mayoría sin leer la propuesta y sin entender nada de censura—, y los “malos” estarían del lado de quienes lejos del maniqueísmo y lo “políticamente correcto” consideran positivo tipificar conductas criminales que pululan en internet y en redes sociales.
Aquí nunca apoyaremos y tampoco aplaudiremos iniciativa alguna que atente contra libertades básicas —como la de expresión, que es termómetro de la calidad democrática—, pero tampoco caemos en la trampa de lo “políticamente correcto”; seguidismo que resulta peor que la censura misma.
Y es que si bien la “Ley Fayad” tiene serias fallas de interpretación y redacción, también es cierto que pega en el blanco de un problema que sólo los necios se niegan a ver: las conductas criminales que abundan y se multiplican en internet y que han proliferado en redes sociales hasta convertir en celebridad a los “matones” a sueldo en las redes y en internet.
Lo primero que deben saber los que “borreguean” el seguidismo de lo “políticamente correcto” es que detrás de internet y las redes existen grupos poderosos, grupos empresariales globales a los que vale madre la censura. Son empresas privadas que censuran según la conveniencia de su negocio. Y a pesar de sumar miles los ejemplos, pocos usuarios protestan por esa censura.
Por ejemplo, en Francia y en medio de la polémica, Facebook bloqueó a un profesor que publicó la imagen del cuadro El origen del mundo, de Gustave Courbet, que muestra el sexo de una mujer y bloqueó la cuenta del museo donde se exhibía la obra también por compartirla. Instagram se vio envuelta en polémica debido a la censura de una imagen de una mujer mostrando los pezones. Twitter ha estado en el ojo de huracán por sus políticas en contra de desnudos e imágenes “violentas”. Bloquea videos de decapitaciones, pero en esa misma red social circulan miles de videos en donde niños y adolescentes practican el bullying en contra de sus compañeros.
¿Cuántos usuarios se escandalizaron, le mentaron la madre o dejaron de usar esas redes en protesta por la censura? Doble moral.
Lo que propone la iniciativa del senador Fayad no es más que dar tipo penal y la respectiva sanción, a las conductas que se expresan en internet y en redes y que en el cotidiano son delitos que dañan a terceros.
¿Quién negaría la sanción a pederastas cibernéticos? ¿Quién defendería la “libertad de expresión” de acosadores sexuales de menores, en redes e internet? ¿Quién aplaudiría a cobardes que anónimos o en forma abierta amenazan de muerte a los que piensan distinto? ¿Quién defendería a los sembradores de odio que difaman, calumnian y denigran por razón de credo religioso, preferencia sexual, origen racial o color de la piel? ¿Quién defendería “la libertad de expresión” de aquellos que roban documentos privados, los exhiben como expresión de venganza u odio, a pesar de que ponen en peligro la vida de las personas?
Son muchas las conductas delictivas impunes que crecen al amparo de las impolutas y sacrosantas redes e internet. Y si en la vida cotidiana, fuera de las redes, esas conductas son delictivas y la sociedad acepta que deben ser sancionadas, ¿por qué llamarse a sorpresa si se propone el mismo tipo penal en redes e internet?
¿Debate engañabobos?
Al tiempo.
El fracaso de políticos para regular internet
El Universal
Alonso Cedeño
03 de noviembre de 2015
“Nadie escarmienta en iniciativa de ley ajena”, pareciera ser la máxima de algunos políticos en relación al control de internet. La tentación de censurar los nuevos medios es mucha y recurrentemente provoca caídas de popularidad, retractaciones, raspones y solicitudes de disculpas de legisladores, gobernadores, e inclusive presidentes.
Uno de los casos más sonados fue la famosa “Ley Antituitera” o “Ley Duarte”, que consistía tan solo en la modificación del artículo 373 del Código Penal del estado de Veracruz para crear el delito de “perturbaciones al orden público”, el cual buscaba castigar a quien difundiera información falsa con la intención de causar miedo o alterar la correcta y normal marcha de la vida cotidiana. Nunca pudo ser usado. El gobernador, ante la gran presión ejercida desde el medio mismo que buscaba controlar, se desistió de la acción penal en algunos muy públicos y publicitados casos. En 2013 la Suprema Corte lo señaló como inconstitucional argumentando que violaba el derecho a la libre expresión. El daño a su imagen y reputación continúa siendo patente, el linchamiento ante cualquier declaración es inmediato, y a veces injustificado.
Entre otros episodios locales encontramos también #EPNvsInternet, cuando el titular del Ejecutivo envió dentro de su propuesta de Ley de Telecomunicaciones —sí, la misma que nos dio el excesivamente cantado beneficio de no pagar largas distancias— algunos
artículos donde se incluían controles a los medios digitales o se obligaba a los concesionarios a inhibir o bloquear algunos servicios a solicitud de la autoridad competente. Nuevamente el activismo digital se volcó a las redes sociales, provocando que se retiraran de la legislación los fragmentos relacionados.
En Venezuela por ejemplo, en febrero de 2010 el desaparecido mandatario Hugo Chávez intentó pasar una ley para el control de internet. Empezaba a confrontarse con la opinión pública, quien impidió que pasara esta ley, cuando Chávez vio la utilidad de la herramienta y decidió abrazarla en lugar de prohibirla. Se convertiría en uno de los mejores usuarios de las redes sociales con fines políticos, para desgracia de muchos y fortuna de muy pocos.
Hace apenas unas semanas el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en medio de una crisis política y comunicacional, también cayó en la tentación de sugerir el control de las redes, que han sido su peor pesadilla últimamente. Esto sólo contribuyó en acelerar la caída en su popularidad.
Llegamos así a la semana pasada, cuando el senador hidalguense Omar Fayad, @omarfayad, presentó una propuesta que pretende regular a los casi 54 millones de internautas en México. Con el nombre formal de “Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia Informática” y rebautizada en internet como #LeyFayad o #LeyCiberMordaza, el legislador pretendía imponer sanciones a quien difunda información falsa o información de interés público sin el consentimiento de su dueño, y si este es servidor público, peor. Lo cual podría resultar muy conveniente para los protagonistas recurrentes de videoescándalos.
En más de 100 mil mensajes los usuarios de redes han publicado sus opiniones, casi de manera unánime en desacuerdo con dicha ley, lo que provocó que ayer el senador Fayad, de quien también se rumora aspira a la gubernatura de Hidalgo, ofreciera, por decir lo menos, retirar la ley de la discusión, “quemarla”, después de escuchar atentamente los reclamos de la sociedad civil. Ya subido en el HT #LeyFayad desde su cuenta de Twitter, el senador aclaró los motivos, autoría y disposición para modificar la iniciativa, además de invitar a las mesas de trabajo que arrancan el jueves en el Senado.
Los políticos quieren llevar los viejos métodos de censura a los nuevos medios, no se han dado cuenta que el gran aporte de las nuevas tecnologías a la comunicación política es que diluyen la línea entre opinión pública y opinión publicada. No sólo pierden de vista la imposibilidad técnica de lo que pretenden, sino que en el peor escenario pueden cerrar una valiosa válvula de escape al descontento social, sin activismo de sillón, ¿se atreverán los tuiteros a tomar las calles?, ¿están dispuestos a ceder una herramienta tan valiosa de interacción y participación sólo por no leer insultos y desacuerdos? Presentar esta iniciativa a la par que se celebraba en México la Cumbre Global de la Alianza Para el Gobierno Abierto #OGP15 pareciera una total desconexión de agendas, o falta de comunicación, tal vez es tan simple como que @omarfayad le diera un follow a @AleLagunes.
Secretos de la ‘Red Compartida’
El Universal
Javier Tejado Dónde
03 de noviembre de 2015
La Red Compartida es un invento que surgió a raíz del Pacto por México. La idea –que parecía buena de inicio —era crear una gran red de telecomunicaciones inalámbricas que sirviera para prestar servicios de telefonía móvil y banda ancha (internet) en todos los rincones del país. En particular para servir a la gente humilde que no tiene acceso a estos servicios.
Pero muy pronto, una serie de intereses comerciales por parte de ex-servidores públicos, así como dificultades desde el gobierno para aterrizar una compleja norma constitucional, pusieron en duda la viabilidad del proyecto.
Sumado a ello, las nuevas condiciones del sector telecomunicaciones de mayor competencia y disminución de precios —luego de las reformas del 2013— podrían hacer innecesario este proyecto de Red Compartida. Esto pues obliga al Estado a —tan sólo del diferencial entre la Ley de Ingresos del 2015 y la aprobada para 2016— dejar de percibir 31 mil 400 millones de pesos durante los 20 años de la concesión. Un regalo para quién se quede con esta banda a expensas de todos los mexicanos.
Su impulsor fue Juan Molinar, ex secretario de la SCT, quien falleció recientemente. Sin embargo, hay mucho que decir de su ex jefe de asesores en la propia SCT, y a quien luego hizo presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan.
El proyecto de la Red Compartida nació en un contexto de opacidad y bajo criterios de nula transparencia, basándose en un estudio que fue contratado sin licitación pública (lo hicieron inexplicablemente por adjudicación directa) por un monto de 6 millones de dólares. Para brincarse los procedimientos que los entes públicos deben seguir para este tipo de contrataciones, se utilizó un Fideicomiso (el del e-México) cuyo objetivo era el de desarrollar el Sistema Nacional e-México, surgido por iniciativa presidencial del 1° de diciembre de 2000, y no el estar haciendo estudios y mucho menos adjudicaciones directas para otros fines.
A pesar de que los fondos provinieron de la SCT, extrañamente se le encomendó a la extinta Cofetel hacer el Libro Blanco sobre ese estudio. Ese Libro Blanco, que debiera contener toda la información relativa a cómo se contrató el estudio que justificó la Red Mayorista, omite un pequeño detalle: se olvidó incluir el nombre del proveedor que elaboró dicho estudio, quien recibió los 6 millones de dólares. Tampoco informa cuál fue el criterio para seleccionarlo de manera discrecional. Omisiones que dieron lugar a las primeras sospechas, aunque luego nos enteramos, de manera informal, que se trataba de la consultora McKinsey.
Mony de Swaan ha utilizado el tipo de información obtenida bajo su mandato en la Cofetel —como la de la Red Compartida— y su acceso a funcionarios de SCT y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para avanzar intereses personales. Poniendo esa información al mejor postor. Primero quiso hacerlo con Tresalia, fondo de inversión que pretendía asociarse con Virgin Mobile para su entrada a México, proponiéndole deshacer contratos con Telefónica y esperar a que estuviera lista la Red Compartida. Lo que ocasionó denuncias por parte de Telefónica ante la Secretaría de la Función Pública.
Ahora, De Swaan se ostenta como ejecutivo de Nokia, incluso visitando a operadores de telecomunicaciones para promover la Red que planeó desde el gobierno. No tendría nada de malo que un exservidor público ingresara al sector privado a laborar en las materias que conoce. Pero el brinco del sector público al privado es menos transparente cuando se pretende utilizar información privilegiada. De hecho, la propia SCT reconoce esto pues en las prebase que ya publicó formalmente establece un inciso denominado “4.16 Causales de Descalificación”. En el dice que será causal de descalificación de cualquier concursante el contar con asesoría de personas que hayan sido contratadas por la SCT o que de alguna manera hayan “participado o asesorado en la estructuración, analisis e implementación del proyecto (de la Red Compartida)”. Lo que es el caso del expresidente de la Cofetel.
Probablemente Nokia termine también por desligarse de él, por lo menos formalmente, para no estar en riesgo de una descalificación. El mantener este criterio en las bases de licitación que serán publicadas en diciembre de este año, sin duda representa un gran acierto por parte de la SCT para atajar de golpe ese tipo de prácticas indebidas.
En los hechos, el proyecto de la Red Mayorista, impuesto de manera caprichosa en nuestra Carta Magna, les ha causado muchos dolores de cabeza a los actuales funcionarios de la SCT y del IFT, quienes han buscado la manera de darle viabilidad al mismo y hacerlo lo más atractivo posible para los inversionistas. Esto sin violar la Constitución, por lo que han tenido que ser muy creativos, particularmente en la Subsecretaría a cargo de Monica Aspe.
Para ello, en primera instancia disminuyeron de manera considerable el monto de derechos por el aprovechamiento del espectro radioeléctrico que deberá pagar de manera periódica el operador de la red mayorista. Pese a que un documento elaborado por la SCT y el IFT el 28 de agosto de 2014 sostuvo que para lograr que la operación de la red fuera financieramente autosustentable se debían fijar los derechos en 0.20 dólares por MHz por habitante, en el paquete económico propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el 2016, se redujo el derecho de la banda de 700 MHz a 0.02 dólares por MHz por habitante.
Así, en esta lógica de ser creativos y darle viabilidad a la Red Compartida, la propuesta aprobada tanto por Diputados como Senadores en materia de derechos implica una reducción del 89% de ingresos al Estado mexicano. Lo que implica que el Gobierno en vez de recibir anualmente un monto de 3,015 millones de pesos (mdp), únicamente recibirá 366 mdp. El impacto puede dimensionarse al analizar los 20 años de la vida de la concesión: de un solo golpe –en aras de la viabilidad- se convenció a la SHCP y al Congreso para que en lugar de recibir 34,850 mdp por ese periodo de tiempo, sólo reciba 3,450 mdp. Ello sin tomar en cuenta que al ganador de la licitación no se le cobrará contraprestación alguna.
Otro elemento que la SCT ha tenido que introducir en el modelo de Red Compartida, con el objeto de darle viabilidad, es la figura del subarrendamiento de una parte de la banda de 700 MHz, tema que aún genera muchas dudas entre los especialistas, específicamente en cuanto a si es legítimo destinar para los fines de los grandes operadores y su rentabilidad privada, parte del espectro previsto para mejorar el bienestar social. Pero este tema se abordará más adelante cuando en definitiva se publiquen las Bases de dicha licitación.
Cambiando de tema: 1)¿Qué funcionarios de la Cofetel le ofrecieron a Francisco Gil, presidente de Telefónica México, renunciar a la empresa española para encabezar su proyecto de Red Compartida? 2) Sobre el “apagón”, a la SCT le faltan por entregar 2.8 millones de televisores digitales, lo que implica que deberá entregar 47 mil diarias en lo que resta del año (contando fines de semana y días festivos). El reto no es menor.
#LeyFayad inaprobable e impasable: Zambrano
El Universal
Horacio Jiménez
03 de noviembre de 2015
El presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Jesús Zambrano, celebró que el senador priísta Omar Fayad haya retirado la iniciativa, que buscaba prevenir y sancionar los delitos informáticos, por lo que dijo que así como estaba era “inaprobable” e “impasable”.
En entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Zambrano Grijalva dijo que cualquier iniciativa que atenta contra la libertad de expresión y la libertad de la misma sociedad no debe pasar.
Agregó que si el mismo proponente ya decidió retirarla, por lo pronto ya no hay por qué discutir el asunto.
“Ya el propio senador Fayad dijo que la retiraba, que la iban a formular en otros términos porque así es absolutamente inaprobable, inpasable una cosa de estas características porque atenta, desde mi punto de vista, contra la libertad de expresión y la libertad misma que la sociedad ha ido adquiriendo, asumiendo y ejercitando en lo que conocemos coloquialmente como las redes sociales, así no. Entonces si el propio proponente dijo que ya la iba a retirar, por lo pronto, ni porque discutir el asunto”, comentó el perredista.
Este jueves, el priísta hidalguense presentó una iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, que elaboró junto la Secretaría de Gobernación, y en la cual se proponen tipificar los delitos cometidos en Internet como el “terrorismo informático” con una pena de 55 años de prisión y una multa de más de 700 mil pesos.
Estas sanciones aplicarán a todas aquellas personas que utilizando armas cibernéticas, ejecute ataques a infraestructuras informáticas o “infraestructuras críticas nacionales”, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular.
También se castigará a quien lleve a cabo actividades de capacitación, entrenamiento, reclutamiento y financiamiento de actividades terroristas o a quien acuerde o prepare un acto de terrorismo cibernético que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional.
Se penaliza con 20 a 30 años de prisión a quien que convoque, organice, participe o ejecute un “ataque cibernético”.
Sin embargo, después de que en las redes sociales criticaron al priísta, Fayad decidió retirar y corregir su iniciativa, incluso construirla junto a los representantes de la sociedad civil.
Tras las críticas a su iniciativa para regular Internet, Fayad asegura que será retirada
La Jornada
Víctor Ballinas
03 de noviembre, 2015
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, el priísta Omar Fayad, insistió:legislaremos sobre ciberdelitos. Este jueves por la tarde recibiré a víctimas, organizaciones civiles, académicos y a quienes hicieron críticas a mi propuesta a través de las redes sociales. Habrá ley.
Fayad, quien la semana pasada fue blanco de severas críticas a través de Twitter por su iniciativa de ley para penalizar los delitos que se cometen en las redes sociales, sostuvo: estén tranquilos. Mi iniciativa ni siquiera entró a la discusión. Todavía la semana pasada no se turnaba a comisiones, pero si se presenta a la que yo presido, tengan la seguridad que ahí se quedará (congelada). Si ha generado tantas dudas e interpretaciones, es una ley que no sirve. En algo tan delicado como son delitos, no quiero que se preste a la interpretación, añadió.
El senador priísta afirmó que va a retirar su iniciativa, y si es necesario, públicamente la voy a quemar, porque la verdad es que la han desvirtuado totalmente, se ha prestado a todo tipo de interpretaciones; muchos de los que han opinado ni siquiera la han leído. No es cierto una serie de cosas que refieren, pero si el texto que presenté ha requerido tanta explicación, ha generado dudas en muchas interpretaciones, por supuesto que la voy a retirar.
Advirtió: “yo ya le puse el cascabel al gato. El tema es delicado, porque estamos hablando de delitos contra la dignidad de las personas, contra el patrimonio, contra posesiones, bienes y derechos, y que se cometen a través de Internet. Ahí están los delitos de pornografía, el acoso sexual a menores, el tema del grooming, término para describir una conducta que acecha a menores por parte de adultos que suplantan su personalidad, se hacen pasar por menores, asedian a los niños hasta que abusan de ellos, los violan o los asesinan”.
Luego de recibir una serie de críticas y cuestionamientos por haber presentado su iniciativa que, según organizaciones civiles y ciudadanos atenta contra la libertad de expresión y la libertad en Internet, y pretende evitar las críticas al presidente de la República por asuntos como el de la llamada Casa Blanca o cuestionamientos al trabajo de los políticos, el priísta precisó que eso “es falso; no es una ley mordaza, no la hice para defender al jefe del Ejecutivo o a los políticos. Nadie me pidió que legislara sobre el tema.
“Yo soy –agregó el legislador– autor de la ley para el combate a los delitos cibernéticos. No hay problema, la voy a retirar, pero que quede claro, jamás haría una propuesta para que no se critique al gobierno; por Dios, hombre, me parece que han caído ya en un exceso”.
Fayad comentó que “después de presentar la iniciativa, el proceso que sigue es que va a comisiones; ahí se hacen foros o se llevan a cabo audiencias públicas.
En las comisiones se discuten los temas, pero esta iniciativa no llegó ni a eso; está muerta, la han satanizado, y ante eso tengo que ser sensible, que escuchar a la sociedad. Y si la sociedad pide un nuevo texto, adelante, soy alguien que trabaja del brazo de la ciudadanía. Jamás haría una propuesta para prohibir la crítica, dijo.
Pese a todo, el priísta insistió en que públicamente he ofrecido retirar la propuesta. En su lugar vamos a adelantar los foros, a recibir propuestas, y antes de presentar una nueva versión, primero vamos a escuchar a las víctimas, a los académicos, a organizaciones civiles, para que no se preste a malas interpretaciones, concluyó.
Fayad retira su polémica iniciativa de delitos informáticos
El Economista
NICOLÁS LUCAS
03 de noviembre, 2015
El senador del PRI, Omar Fayad, pidió a la Mesa Directiva del Senado que retire su iniciativa para crear la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, también conocida como ley Fayad, luego de la polémica que ha causado entre la sociedad.
“Replantearemos la construcción de la iniciativa con la finalidad de que quede perfectamente claro que el combate a este tipo de crímenes no tuvo ni tiene nada que ver con una intención de coartar la libertad de expresión, pues siempre estaré a favor de las garantías que establece la Constitución mexicana”, destacó.
El también presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta canceló incluso el foro sobre ciberdelitos que había programado para este jueves.
Precisó que el foro será recalendarizado con el propósito de convocar al mayor número de especialistas, académicos, cibernautas e interesados en el tema.
Esto, luego de que varias asociaciones civiles como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información consideró que la propuesta pretende criminalizar y sancionar las expresiones ciudadanas que utilizan las tecnologías y aplicaciones digitales.
Al respecto, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, afirmó que una ley contra los ciberdelitos no está en la agenda de prioridades de este año. “Yo lo que veo es que no está en la agenda del Senado, (…) no se preocupen (…) Ya el senador Fayad dijo inclusive que quemen su iniciativa, lo único que le falta es que le pidan que se hinque y que pida perdón, digo, que se lacere también cuando esté hincado…”, exclamó.
-Diagnósticos sobre libertad de expresión
Acuerdan Segob y Veracruz protección a periodistas
El Universal
Redacción
03 de noviembre de 2015
El gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, y el gobierno de Veracruz acordaron trabajar de manera conjunta, a fin de implementar políticas públicas de prevención en favor de los periodistas de esta entidad.
Durante la firma del convenio respectivo, el subsecretario de Derechos Humanos de Segob, Roberto Campa Cifrián, explicó que se trata de un instrumento preventivo con visión integral, que permite identificar cualquier tipo de amenazas en contra de los periodistas, así como capacidades de apoyo, advierte riesgos, disminuye factores de vulnerabilidad y fortalece a las instituciones para garantizar soluciones efectivas ante cualquier agravio.
Indicó que se trata de un programa de 13 estrategias enmarcadas en nueve apartados, donde se incluyen acciones en materia de respeto a la libertad de expresión, un mapa de riesgos que establece la ubicación del riesgo para los periodistas.
También acciones acerca de la seguridad de los periodistas, fortalecimiento y seguimiento de las investigaciones ministeriales, formación de servidores públicos en materia de libertad de expresión, fortalecimiento de capacidades de autoprotección y evaluación del programa.
En tanto, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, dijo que esta firma de convenio fortalecerá las acciones que su gobierno ha puesto en marcha para aplicar la justicia en los casos en que se viole la ley.
En ese sentido, subrayó, que en el estado se trabajará de manera coordinada con el Mecanismo Federal para fortalecer un cambio significativo en contra de las violaciones a los derechos humanos.
México, el sitio más peligroso para ejercer el periodismo en América
La Jornada
De la Redacción
03 de noviembre, 2015
México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América, pues uno de cada tres asesinatos documentados de 2010 a la fecha se cometieron en este país, asegura un informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con motivo del Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, el organismo exhortó a los estados del hemisferio para que aborden esta problemática y esclarezcan esos ilícitos, lo que no ocurre en la mayoría de los casos.
El reporte, emitido desde la sede central de la relatoría en Washington, señala que en los pasados cinco años 150 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron privados de la vida en el continente americano, presuntamente por motivos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión, por informar, comentar u opinar sobre hechos y situaciones que sucedían en su comunidad. Esto significa que cada 14 días un periodista es asesinado en esta región.
Después de México, los países con mayor cantidad de estos crímenes son Honduras, con uno de cada cinco homicidios, para un total de 28; le siguen Colombia (11), Guatemala (9), Perú (6) y Paraguay (4).
El informe advierte que en la década previa este tipo de violencia alcanzó niveles similares y de igual forma prevalecía la impunidad, por lo que no se trata de un fenómeno nuevo.
Enseguida, el documento resalta que ‘‘la violencia contra comunicadores se ha visto agudizada en aquellas zonas o territorios en los que existe fuerte presencia del crimen organizado. En muchos casos, lamentablemente, se ha verificado que estas organizaciones ejercen la violencia en colusión con agentes estatales’’.
Por eso, cuando la violencia en alguna nación ‘‘se vuelve un fenómeno estructural o vinculado al crimen organizado, es obligación de los estados adoptar mecanismos especiales de protección para periodistas, defensores de derechos humanos y líderes políticos o de movimientos sociales amenazados’’, subraya.
En el caso de México, la falta de seguridad con que los periodistas desempeñan su labor es un problema que ya ha sido reconocido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El ombudsmanLuis Raúl González Pérez ha señalado el aumento de riesgos y el alto número de agresiones en contra de comunicadores, lo que ha derivado en autocensura, desplazamiento y exilio forzado de periodistas, entre otros fenómenos que vulneran los principios fundamentales de una sociedad abierta, plural y democrática.
La CNDH documentó entre enero de 2000 y mayo de 2015 100 homicidios de periodistas, 21 desaparecidos desde 2005 y 45 atentados contra medios de comunicación desde 2006.
El informe que ayer dio a conocer la CIDH ratifica la existencia de un problema grave y más aún por los escasos o nulos avances para sancionar a los responsables. ‘‘Muy pocos autores intelectuales de estos crímenes recibieron algún tipo de condena y buena parte de las investigaciones avanzan muy lentamente o muestran graves deficiencias que han impedido aclarar las hipótesis vinculadas al ejercicio profesional’’, advierte.
También subraya que para evitar la repetición de estas agresiones es indispensable que se investigue, juzgue y condene a todos los autores, tanto materiales como intelectuales.
En 2013, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el 2 de noviembre como Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, y la relatoría recordó a los países la importancia de ‘‘reconocer, desde las más altas esferas del Estado, la legitimidad de la labor periodística, y condenar las agresiones cometidas como represalia al ejercicio de la libertad de expresión’’.
De igual forma la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que ‘‘el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, síquicas o morales u otros actos de hostigamiento’’.
De su lado, la Comisión Interamericana plantea que la violencia contra periodistas o trabajadores de los medios de comunicación, que se comete a causa del ejercicio de su profesión, afecta la posibilidad de escuchar estas voces y vulnera el derecho de las sociedades a buscar y recibir todo tipo de información e ideas de manera libre y pacífica.
La relatoría puntualiza en su informe que es fundamental que los estados investiguen de forma completa, efectiva e imparcial los asesinatos de periodistas y esclarezcan sus móviles. También, que se determine judicialmente la relación que pudieran tener esos crímenes con la actividad periodística y la libertad de expresión.
Las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como móvil del asesinato o la agresión antes de que se complete la investigación. Para romper el círculo de agresiones es necesario terminar con la impunidad, subraya el organismo internacional.
Acuerdan gobiernos federal y de Veracruz protección de periodistas
NTR GUADALAJARA
NOTIMEX
03 DE NOVIEMBRE DE 2015
Los gobiernos de la República y de Veracruz firmaron un convenio para trabajar de manera conjunta, a fin de instrumentar políticas públicas de prevención en favor de la seguridad de los periodistas de aquella entidad.
El convenio se dio a través del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), y es resultado del Diagnóstico sobre la Situación de las y los Periodistas en el Estado de Veracruz.
Asimismo, del Sistema de Alerta Temprana y Plan de Contingencia, aprobado en la Vigésima Novena Sesión Ordinaria de la Junta del Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, anexo al convenio.
Con la firma del convenio, las partes se comprometen a respetar en todas sus actuaciones el derecho a la libertad de expresión y se abstendrán de estigmatizar o hacer señalamientos incriminatorios contra periodistas.
Además, reconocerán la importancia de la pluralidad informativa y de la labor de las periodistas en una sociedad democrática, condenarán públicamente cualquier acto de agresión a periodistas y eliminarán cualquier obstáculo al ejercicio de la labor periodística.
Durante la firma del convenio, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, explicó que se trata de un instrumento preventivo con visión integral.
Ello, porque permite identificar cualquier tipo de amenazas contra los periodistas, así como capacidades de apoyo, advierte riesgos, disminuye factores de vulnerabilidad y fortalece a las instituciones para garantizar soluciones efectivas ante cualquier agravio, describió.
Señaló que se trata de un programa de 13 estrategias enmarcadas en nueve apartados, que incluyen acciones en materia de respeto a la libertad de expresión y un mapa de riesgos que establece la ubicación del riesgo para los periodistas.
Además, acciones para la seguridad de los periodistas, fortalecimiento y seguimiento de las investigaciones ministeriales, así como de las capacidades de autoprotección, formación de servidores públicos en materia de libertad de expresión y evaluación del programa.
En el evento, efectuado en Palacio de Gobierno estatal, Campa Cifrián destacó el trabajo coordinado de la Junta de Gobierno con las autoridades locales, la CNDH y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en este tema.
Destacó que es la primera ocasión que el mecanismo federal se traslada a una entidad, y agregó que las acciones conjuntas que se realizarán en Veracruz podrían replicarse en otros estados.
En tanto, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, subrayó que en el estado se trabajará de manera coordinada con el mecanismo federal para fortalecer un cambio significativo contra las violaciones a los derechos humanos.
A su vez, el fiscal general de la entidad, Luis Ángel Bravo, indicó que esta firma sirve para reafirmar las acciones emprendidas a nivel local para atender las demandas de justicia de las y los periodistas de Veracruz que ejercen su derecho a la libertad de expresión.
HJ
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