Libertad de expresión
-Censura
Ley Fayad: “terrorismo contra la libertad”
El Universal
Maite Azuela
02 de noviembre de 2015
La iniciativa de ley que el senador priísta Omar Fayad tuvo a bien presentar la semana pasada parece abrir una puerta de acceso a lo que representará en varios aspectos el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés), que en materia de libertad de expresión y uso de nuevas tecnologías pretende criminalizar libertades que evidentemente incomodan al autoritarismo.
Entre el senador, su equipo y varios dirigentes de la Policía Federal nombraron la iniciativa como: Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos. Nadie niega la necesidad de verificar movimientos del crimen organizado que puedan ser transmitidos por internet. Sin embargo, el carácter generalizado e intromisivo de la iniciativa tiene implicaciones profundas que más que buscar controlar a delincuentes organizados que suelen hacer uso de herramientas cibernéticas para violar la ley, pretende limitar drásticamente las libertades de cualquier usuario.
Con un lenguaje que ignora la libre expresión como derecho humano, Fayad suscribe una ley mordaza que de convertirse en mandato incluiría peligrosas modificaciones constitucionales en las que por poner un ejemplo, se faculta a la Policía Federal de “gestionar la cooperación con empresas proveedoras de servicios de internet para suspender sitios, páginas electrónicas o cualquier contenido que atente contra la seguridad pública, así como para prevenir y combatir los delitos en los que se utilizan medios electrónicos para su comisión”.
Seguramente Fayad ha tomado como referente a sus allegados del PRI y del Partido Verde: Javier Duarte, gobernador de Veracruz, y Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, quienes han recurrido a sus congresos locales con la intención de constreñir el uso libre de internet entre los ciudadanos de las entidades federativas que gobiernan. No es de extrañar por lo tanto que su propuesta al igual que la de ambos gobernadores, carezca de asesoría técnica profesional. ¿Quiénes fueron los ingenieros en sistemas o los expertos en seguridad cibernética que dieron el visto bueno a un texto legislativo tan ignorante del complejo funcionamiento de las nuevas tecnologías? La carencia de visión técnica en la propuesta de ley se hace completamente evidente cuando pretenden convertir en delito cualquier acto que implique alterar el funcionamiento de un sistema operativo o alguno de sus componentes. Esto, inevitablemente significaría que si requerimos hacer alguna actualización al software de nuestra computadora o si bajamos alguna aplicación, podríamos ser condenados hasta por ocho años de prisión.
La necesidad de poder inhibir el uso de redes sociales y en general el uso del internet como herramientas de acoso se redactó de forma tal en la iniciativa, que en la práctica resultaría muy difícil monitorear denuncias de hostigamiento entre iguales, pero en cambio generaría amplias posibilidades para que se pueda criminalizar a usuarios que en el ejercicio de su derecho de interrogar o señalar la falta de algún político o funcionario público recurra a las redes.
De modo que si alguno de nosotros pretendiéramos, como se hizo en meses anteriores, hacer uso de espacios como Twitter o Facebook para denunciar el conflicto de interés de la compra venta de la casa blanca en la que el presidente de la República, la primera dama y el grupo Higa aparecieran reiteradamente cuestionados, los involucrados podrían interpretar estas denuncias colectivas como “acoso, hostigamiento o intimidación” y aquellos que participaran haciendo comentarios y señalamientos podrían ser penalizados desde seis meses hasta dos años de cárcel.
Tras negociaciones que han tomado más de cinco años, el TPP se ha manejado en completa secrecía. Sólo sabemos, por las pocas versiones que se han podido conocer gracias a Wikileaks, la censura cibernética manejada como protección a derechos de autor, es uno de los controles que pretenden imponernos a los ciudadanos que habitamos alguno de los territorios de los “socios comerciales”. Las múltiples reacciones que la iniciativa del PRI generó en las redes sociales han obligado al senador Fayad a defender su iniciativa, asegurando que no pretende restringir ninguna libertad de expresión, sino que es un punto de partida para generar un debate entre sociedad y legisladores sobre el tema de la inseguridad cibernética.
Demasiadas coincidencias. Estados Unidos cuenta ya con las 11 firmas de los socios comerciales y ha anunciado que en próximos días podremos conocer los contenidos ahí negociados. Para ese momento el PRI con sus partidos políticos asociados habrá conseguido echar a andar la iniciativa con la que anudará la mordaza que tanto apetece a los enemigos de las voces libres. ¿Podremos esperar que algo distinto suceda?
El despropósito de la “Ley Fayad”
El Universal
Salvador García Soto
02 de noviembre de 2015
La polémica que ha desatado la iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, del senador del PRI Omar Fayad, se debe a que en su redacción y en las definiciones de “ciberdelitos” hay una serie de imprecisiones y vaguedades que vuelven la propuesta de ordenamiento sumamente peligrosa para la libertad de expresión y el derecho humano a la información de los ciudadanos. Más que el sentido de la ley, que se propone atacar y perseguir algunos delitos graves como el robo de datos e información, así como los fraudes por internet o el engaño y acoso a menores de edad por abusadores, el problema está en la forma en que se definen y enuncian algunos delitos que ameritarían cárcel y multas económicas para quienes los cometan.
Es por eso que la llamada “Ley Fayad” ha sido objeto de una fuerte campaña negativa en redes sociales y en el mismo internet que se propone regular. Su despropósito es que en su redacción deficiente confunde libertades —como la crítica o la difusión de información de interés público, cuando se trata de personajes de la vida pública o servidores públicos— con “ataques” y “acosos” o “divulgación de información de carácter personal”, que aparecen como conductas delictivas penadas. Es decir, que en aras de proteger la integridad de los usuarios de internet y su derecho a la privacidad, la ley abre la puerta para que un funcionario público, gobernante o persona de interés público no pueda ser criticado o cuestionado por sus acciones que afectan a terceros, en este caso gobernados o personas interesadas o afectadas por la actividad de la persona pública.
Por ejemplo, en el artículo 21, del capítulo que denomina “Intimidación”, el senador propone que “a quien, a través de medios informáticos, acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de internet, de forma reiterada y sistemática, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a ochenta días de salario mínimo vigente”.
La intención parece buena, para proteger a los usuarios y regular las agresiones, pero ¿quién define donde empieza el acoso, el hostigamiento o la intimidación? ¿Una crítica reiterada a un funcionario público, por una acción o declaración indebida, puede considerarse acoso? ¿El que ciudadanos pidan la renuncia de un funcionario o gobernante que abusó de su cargo o cometió un presunto delito también se considerará agresión o maltrato verbal o sicológico? Se tendría que definir a qué tipo de agresiones se refiere, si son racistas, xenofóbicas o discriminatorias y dejar en claro que cuando se trate de personajes públicos la crítica, así sea reiterada, está permitida, porque ese es un derecho humano y constitucional de libre expresión.
Hay otro artículo, el 22, sobre “Divulgación de Información de Carácter personal”, que se presta a peligrosas confusiones sobre todo para el trabajo de los medios de comunicación y los periodistas. Dice el artículo: “A quien, sin la autorización correspondiente, revele, difunda o ceda, en todo o en parte, información privada referente a imágenes, audio, video o la información sensible de usuarios, obtenidos por cualquier medio, se le impondrán de seis a doce años de prisión y multa de ciento cincuenta a doscientos días de salario mínimo vigente”.
Otra vez la ambigüedad. ¿Qué es información sensible? Un funcionario atrapado en un acto de corrupción y mostrado o difundido en los medios sería un delito. ¿Un acto indebido de un servidor público o personaje público, como el abuso, o incluso como recién ocurrió en Gran Bretaña los excesos sexuales de un parlamentario, sería un delito? ¿No sería esa información de interés público? ¿Quién define el límite para que no se censure o castigue a medios, periodistas o ciudadanos que difundan información que es de interés y beneficio público por lo que revela sobre la conducta indebida de un personaje público o gobernante?
Esos son sólo algunos ejemplos de por qué la “Ley Fayad” debe ser revisada a fondo y analizada por expertos que sepan del tema para que no se confundan los delitos cibernéticos —que sin duda deben perseguirse como el robo, fraude, extorsión, abusos sexuales, pornografía e incluso terrorismo o ataques cibernéticos a sistemas públicos o privados— con limitar o restringir las libertades y los derechos ciudadanos. No es lo mismo, senador Fayad, un hacker, un ciberterrorista, que un usuario de redes o internet o un medio de comunicación o periodista que ejerce su derecho de libre expresión y de crítica. No confunda la gimnasia con la magnesia.
Ley Fayad, acceso a la tiranía
Sin Embargo
Por Rogelio Guedea
Noviembre 3, 2015
México es un país con un endeble estado de Derecho. Las instituciones de justicia (y las instituciones en general) son deficientes o fallidas.
Su mayor logro ha sido incrementar la impunidad y, con ello, su propio descrédito. La sociedad no cree en la justicia mexicana, duda que ésta, en realidad, se haya constituido para servirle.
Al contrario, la saben erigida para la protección de sus funcionarios y de la clase política que los ampara.
Las redes sociales, por tanto, se han convertido en el Tribunal de Justicia de la sociedad. Más de cincuenta millones de mexicanos acuden diariamente a ese enorme juzgado virtual que es Facebook o Twitter (principalmente) para presentar sus denuncias en contra de las aberraciones de funcionarios públicos, gobiernos, políticos, etcétera.
La mayoría de estas denuncias o reclamos son, precisamente, el reflejo de la impotencia de la sociedad, por un lado, y de la ineficacia del Estado mexicano para responder a sus demandas, por otro.
En este contexto surge la Ley Fayad, que intenta penalizar los delitos informáticos y sancionar (según se lee en el artículo 17) “a todo aquel que dolosamente destruya, inutilice, dañe o realice cualquier acto que altere el funcionamiento de un sistema informático o alguno de sus componentes…”.
Todo esto con el fin, según el Senador Omar Fayad Meneses, quien la propuso, “de proteger a nuestros hijos de personas que están haciendo mal uso de la libertad de Internet para cometer delitos o para cometer conductas ilícitas”.
Por fortuna, nadie ha sido lo suficientemente ingenuo para creer que esta Ley quiere velar por nuestros hijos, sino que más bien con esta Ley se pretende reprimir cada vez más la libertad de expresión de los mexicanos, hartos de las rapacidades de los gobiernos, que son los que más reciben las críticas de los internautas.
La solución, pues, no es crear una ley para reprimir a los usuarios de Internet, sino crear una que castigue, duro y sin concesiones, a los gobernantes que provocan esas iras virtuales.
Porque ya lo sabemos: nunca ha sido un buen remedio atender los efectos y olvidar las causas.
Senador ofrece “corregir, quemar, quitar…” la #LeyFayad; no la presenté a nombre del PRI, dice
Sin Embargo
Por Redacción / Sin Embargo
Noviembre 2, 2015
Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- El Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar Fayad Meneses, impulsor de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos Informáticos, conocida como la “Ley Fayad”, sostuvo hoy que está dispuesto a “corregir, quemar, quitar, aumentar o comenzar” una nueva versión de su iniciativa, luego de las críticas que desató.
El pasado jueves, SinEmbargo publicó la alerta que representantes de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) hicieron sobre “La Ley Fayad”, la cual, dijeron, limita la libertad de expresión y criminaliza el uso de las redes sociales.
La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia Informática fue presentada por el legislador el pasado 27 de octubre, sin embargo, los integrantes de esta organización denunciaron que esta iniciativa lo que busca es “criminalizar” todo lo que los internautas hagan “on line” y “off line”.
Ante las crítica que se desató su proyecto de ley, Omar Fayad se comprometió, a través de redes sociales, a “revisar, modificar o eliminar lo que crean que atente a las libertades”.
En tanto, hoy, en su cuenta de Twitter [@omarfayad], el legislador priista escribió: “Ofrezco todas las opciones: corregir, quemar, quitar, aumentar o comenzar una nueva versión. #LeyFayad (sic.)”.
Sostuvo que lo busca con su iniciativa es “combatir un fenómeno que lastima a la sociedad pero no dañar los derechos que se han conseguido”. Además aclaró que la iniciativa fue presentada a título personal.
“La iniciativa fue redactada por parte de mi equipo y fue presentada por mí, no a nombre de la bancada del PRI”, agregó el Senador.
Aseveró que en la nueva versión, quiere que “todo que claro, que no queden cosas a la interpretación”.
“Empezaré de cero, escuchando a la sociedad civil, las víctimas, la IP y las autoridades […]. Construyamos una iniciativa que responda al problema y que no deje a la interpretación de que queremos coartar la libertad”, agregó.
‘Ley Fayad’ criminaliza libertad de expresión: Amedi
Informador
Sin Autor
Noviembre 02 de 2015
CIUDAD DE MÉXICO (02/NOV/2015).- La iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, conocida como “Ley Fayad”, propuesta por el senador Omar Fayad Meneses (PRI), “pretende criminalizar y sancionar en general las expresiones ciudadanas que utilizan las tecnologías y aplicaciones digitales, la red y las plataformas sociodigitales, incluidas aquellas para manifestar su descontento con el poder público y las arbitrariedades que cometen las autoridades”, señaló la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).
Fayad Meneses, actual presidente de la Comisión de Seguridad Pública, fue uno de los senadores que se negó a hacer modificaciones a la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en materia de colaboración con la justicia, apuntó la Amedi a través de un comunicado.
El artículo 11 de la “Ley Fayad” retoma el artículo 189 de la LFTR que obliga a los operadores de telecomunicaciones, proveedores de aplicaciones y de contenidos a colaborar con las instituciones de seguridad y justicia para geolocalizar móviles de usuarios; registro, control y conservación de comunicaciones (datos y metadatos) durante 24 meses; bloqueo inmediato de líneas y señales de comunicación móvil, entre otras medidas que “atentan contra la libertad de expresión y que pueden ser utilizadas de forma discrecional por la autoridad con fines políticos y no de prevención y persecución del delito”, apuntó la organización.
La Amedi también señaló que los artículos 21 al 25 de la “Ley Fayad”, que hablan de “Intimidación” y “divulgación indebida de información de carácter personal”, están redactados de forma ambigua, “lo cual vulnera la certeza jurídica y la libertad de expresión porque cualquier usuario podría ser penalizados con hasta doce años de prisión y multas de 100 a 200 días de salario mínimo vigente.
Lo cual, señala la organización, atenta contra el artículo sexto constitucional, que estipula que “toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
La Amedi apuntó que los delitos que se cometen en la web ya se encuentran tipificados en instrumentos internacionales signados por México como el Convenio de Cibercriminalidad de Budapest (2014), en leyes y códigos locales y federales, por lo que “su prevención y sanción no requieren necesariamente de nuevas leyes, sino de decretos de modificación” de los reglamentos.
La organización por el derecho a la información reconoció la necesidad de legislar en la materia “con equilibrio, sin vulnerar derechos fundamentales y con la más estricta técnica penal para tipificar delitos aún no reconocidos en México, pero después de un amplio debate y no a través de una ley especial que criminalice la libertad de expresión”.
La organización señaló que la “Ley Fayad” criminaliza a los usuarios de Internet, cuando en realidad debería exigir y regular a las empresas, proveedores de servicios, aplicaciones y desarrolladores de software y tecnología sobre políticas de privacidad y protección de datos personales.
“Los Estados policiacos, aún cibernéticos, no tienen cabida en las sociedades democráticas, como pretende de forma expresa la ‘Ley Fayad’”, apuntó la Amedi, y llamó a abrir el debate incluyente con estricto apego a la técnica legislativa y penal del caso.
“Ley Fayad” criminaliza libertad de expresión: Amedi
El Universal
Redacción
02 de noviembre de 2015
La iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos, conocida como “Ley Fayad”, “pretende criminalizar y sancionar en general las expresiones ciudadanas que utilizan las tecnologías y aplicaciones digitales, la red y las plataformas sociodigitales, incluidas aquellas para manifestar su descontento con el poder público y las arbitrariedades que cometen las autoridades”.
Así lo consideró la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) en un comunicado emitido esta tarde, en respuesta a la propuesta del senador Omar Fayad Meneses (PRI), actual presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
Fue además uno de los senadores que se negó a hacer modificaciones a la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en materia de colaboración con la justicia, según recordó la Amedi.
El artículo 11 de la “Ley Fayad” retoma el artículo 189 de la LFTR que obliga a los operadores de telecomunicaciones, proveedores de aplicaciones y de contenidos a colaborar con las instituciones de seguridad y justicia para geolocalizar móviles de usuarios; registro, control y conservación de comunicaciones (datos y metadatos) durante 24 meses; bloqueo inmediato de líneas y señales de comunicación móvil, entre otras medidas que “atentan contra la libertad de expresión y que pueden ser utilizadas de forma discrecional por la autoridad con fines políticos y no de prevención y persecución del delito”, apuntó la organización.
La Amedi también señaló que los artículos 21 al 25 de la “Ley Fayad”, que hablan de “Intimidación” y “divulgación indebida de información de carácter personal”, están redactados de forma ambigua, “lo cual vulnera la certeza jurídica y la libertad de expresión porque cualquier usuario podría ser penalizados con hasta doce años de prisión y multas de 100 a 200 días de salario mínimo vigente.
Lo cual, señala la organización, atenta contra el artículo sexto constitucional, que estipula que “toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.”
La Amedi apuntó que los delitos que se cometen en la web ya se encuentran tipificados en instrumentos internacionales signados por México como el Convenio de Cibercriminalidad de Budapest (2014), en leyes y códigos locales y federales, por lo que “su prevención y sanción no requieren necesariamente de nuevas leyes, sino de decretos de modificación” de los reglamentos.
La organización por el derecho a la información reconoció la necesidad de legislar en la materia “con equilibrio, sin vulnerar derechos fundamentales y con la más estricta técnica penal para tipificar delitos aún no reconocidos en México, pero después de un amplio debate y no a través de una ley especial que criminalice la libertad de expresión”.
La organización señaló que la “Ley Fayad” criminaliza a los usuarios de Internet, cuando en realidad debería exigir y regular a las empresas, proveedores de servicios, aplicaciones y desarrolladores de software y tecnología sobre políticas de privacidad y protección de datos personales.
“Los Estados policiacos, aún cibernéticos, no tienen cabida en las sociedades democráticas, como pretende de forma expresa la ‘Ley Fayad’”, apuntó la Amedi, y llamó a abrir el debate incluyente con estricto apego a la técnica legislativa y penal del caso.
¡Recula Fayad! Ofrece comenzar desde cero su ley sobre Internet
Uno más uno
02 de noviembre del 2015
Juan Carlos Fonseca
Tras una serie de reacciones virales en contra de la llamada “Ley Fayad”, el senador priista y creador de dicha iniciativa Omar Fayad, ofreció a través de su cuenta de Twitter, eliminar o modificar la polémica propuesta de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos que presentó la semana pasada.
Previamente, en rueda de prensa, el senador había explicado que la propuesta fue redactada por parte de su equipo y fue presentada por él, y no a nombre de la bancada del PRI.
Fayad explicó que para la nueva versión de la legislación comenzará de cero y abordará las opiniones de la sociedad civil, autoridades, víctimas y empresas. Agregó que a partir del jueves sostendrá reuniones de trabajo y consultas.
Anonymous lanza #OpDown en repudio a #LeyFayad
Homozapping
Sin autor
01/11/15
El grupo de ciberactivistas Anonymous México publicó un video en su canal de YouTube en el cual fija su postura en relación a la Ley Fayad a la que considera que criminaliza a los usuarios de internet y limita el derecho a la libertad de expresión.
Este sábado Anonymous lanzó #OpDown en contra de la “Ley Fayad”, que se llevará a cabo el próximo 6 de noviembre en contra de la iniciativa del senador priista Omar Fayad, aunque no precisó qué tipo de acciones tomará.
“Dejemos de inventar pretextos, esta iniciativa está muy lejos de ayudar a la población, simplemente pretende censurar y atentar contra los derechos humanos a la libertad de expresión, pretenden minimizar los ataques de una sociedad enfurecida con un gobierno represor y la única finalidad de esta iniciativa es buscar una burocracia”, dice la voz de Anonymous.
El grupo destaca: “Consideramos que la elaboración y redacción (de la propuesta) es una porquería. Cuando se pretende crear un proyecto honesto y con buenos fundamentos se debe informar con precisión a la población”.
Los ciberactivistas señalaron que detrás de la propuesta del senador priista, existe la intención de minimizar los ataques de una sociedad enfurecida en contra de un gobierno represor.
La iniciativa de Fayad es considerada por activistas y expertos en Internet como una ley que criminaliza a los casi 54 millones de internautas en el país, que limita la libertad de expresión y permitiría la persecución de periodistas y medios digitales.
ARISTEGUI NOTICIAS
REDACCION
02 DE NOVIEMBRE DE 2015
Luego de presentar una iniciativa apoyada por la Policía Federal para combatir ciberdelitos y hasta el “terrorismo informático”, el senador del PRI, Omar Fayad, ofreció hasta quemarla, tras las diversas críticas que ha recibido.
“Ofrezco todas las opciones: corregir, quitar, aumentar o comenzar de cero una nueva redacción.
“Si lo que quieren es que la queme, la quemamos, pero que no quede en la conciencia social y en las redes que quisimos hacer un intento de mordaza, eso jamás lo haría”, dijo el senador, de acuerdo con el diario Reforma.
“Quemamos el primer texto, no hay problema, podemos construir una iniciativa que responda al problema que vivimos y que no deje la interpretación de que queremos coartar la libertad de expresión”, matizó.
El priista sostuvo que la iniciativa fue redactada en su oficina, por su equipo, y fue presentada a título personal, no a nombre de la bancada del PRI.
“Esta iniciativa no me la mandó nadie de ninguna oficina pública. Nadie me ha pedido nada desde el gobierno ni de ningún otro lado”, atajó Fayad. No obstante, en la presentación de la misma estuvo a su lado el comisionado de la Policía Federal Preventiva, Enrique Galindo Ceballos, como puede verse en este video:
El Senado tiene conciencia de la gravedad del ciberdelito: Senador Omar Fayad
“Me ha quedado claro que si se prestó a interpretación entonces no nos sirve el texto, porque no debe prestarse interpretaciones, cuando lo que queremos es combatir un fenómeno que lastiman a la sociedad y no dañar derechos que se han conseguido después de muchos años de esfuerzos.
“Quiero construir una redacción en la que quede todo claro, que no se preste a interpretación de nadie, porque esta versión ha dejado cosas a la interpretación”, indicó.
La iniciativa, presentada a finales de octubre, plantea prevenir, investigar, perseguir y sancionar delitos en internet, con el apoyo de la PGR y Policía Federal.
Uno de los párrafos más polémicos de la iniciativa es el siguiente:
“A quien, a través de medios informáticos, acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de Internet, de forma reiterada y sistemática, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuentaa ochenta días de salario mínimo vigente. Si la conducta descrita en el párrafo anterior es cometida por un servidor público o medie una relación de superioridad laboral o derivada de la influencia que la persona ejerza sobre la víctima, se le aumentará en una mitad de las penas previstas en el primer párrafo”.
Y también sanciona “a quien, sin la autorización correspondiente, revele, difunda o ceda, en todo o en parte, información privada referente a imágenes, audio, video o la información sensible de usuarios, obtenidos por cualquier medio, se le impondrán de seis a doce años de prisión y multa de ciento cincuenta a doscientos días de salario mínimo vigente. Si la revelación, difusión o cesión se hubieren realizado con un fin de lucro, o si resultare algún perjuicio para el usuario o para un tercero, la pena se aumentará de un tercio a la mitad”.
La iniciativa castiga con cárcel “delitos informáticos” como los siguientes: “A toda persona que, sin la autorización correspondiente o excediendo la que le haya sido conferida, acceda, intercepte, interfiera o use un sistema informático, se le impondrá una sanción de uno a ocho años de prisión y multa de ochocientos a mil días de salario mínimo vigente”.
Además, va contra “todo aquel que dolosamente destruya, inutilice, dañe o realice cualquier acto que altere el funcionamiento de un sistema informático o alguno de sus componentes, se le impondrá una sanción de cinco a quince años de prisión y multa de hasta mil días de salario mínimo vigente. Se sancionará con la misma pena a quien,sin estar autorizado para ello, destruya, dañe, modifique, difunda, transfiera o inutilicela información contenida en cualquier Sistema Informático o en alguno de sus componentes. La pena será de diez a veinte años de prisión y multa hasta de mildías de salario mínimo vigente…”.
‘Ley Fayad’ criminaliza la libertad de expresión: AMEDI (Comunicado) – Aristegui Noticias
ARISTEGUI NOTICIAS
REDACCIÓN
02 DE NOVIEMBRE DE 2015
Viola el artículo sexto constitucional, dice la asociación y agrega que se requiere un equilibrio para que la persecución de delitos cibernéticos no vulnere derechos fundamentales consagrados en la Constitución
(Foto: Cuartoscuro/Archivo)
La Asociación Méxicana de Derecho a la Información (Amedi) hizo una fuerte crítica en contra de la denominada “Ley Fayad”, propuesta por el senador Omar Fayad Meneses, del PRI, debido a que la iniciativa “criminaliza libertad de expresión”
La iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos ”pretende criminalizar y sancionar en general las expresiones ciudadanas que utilizan las tecnologías y aplicaciones digitales”, señaló la AMEDI en un comunicado.
Agrega que si la “Ley Fayad” reconoce que cada día se cometen más delitos cibernéticos, no es criminalizando a los usuarios de Internet como se previenen y castigan, sino exigiendo y regulando a las empresas, proveedores de servicios, aplicaciones y desarrolladores de software y tecnología mejores sistemas de seguridad, encriptación de datos y políticas de privacidad y protección de datos personales.
A continuación el texto íntegro de la AMEDI:
“Ley Fayad” criminaliza libertad de expresión
En las sociedades de la información y cada vez más conectadas, la libertad de expresión y el derecho a la información se ejercen con más frecuencia a través de todas las plataformas digitales y tecnológicas, entre ellas la Internet y las redes sociales.
Ante la estructura vertical de los medios de comunicación tradicionales como la prensa y la radiodifusiónque restringen o limitan la pluralidad y la diversidad de voces y opiniones, las personas han encontrado en espacios de microblogging como Twitter y Facebook, entre otras, herramientas para crear y expresarse,manifestar apoyos a causas comunes, realizar denuncias ciudadanas, hacer reclamos, exigir transparencia y demandar rendición de cuentas de los personajes públicos.
La iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos (“Ley Fayad”), propuesta por el senador Omar Fayad Meneses (PRI), pretende criminalizar y sancionar en general las expresiones ciudadanas que utilizan las tecnologías y aplicaciones digitales, la red de redes y las plataformas sociodigitales, incluidas aquellas para manifestar su descontento con el poder público y las arbitrariedades que cometen las autoridades, incluso mediante formas de expresión propias de la cultura digital que emplea estilos, plataformas, programas o software y aplicaciones para producirse y darse a conocer en el ciberespacio.
Fayad Meneses, actual presidente de la Comisión de Seguridad Pública, fue uno de los senadores que se negó a hacer modificaciones a la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en materia de colaboración con la justicia. El artículo 11 de la “Ley Fayad” retoma el artículo 189 de la LFTR que obliga a los operadores de telecomunicaciones, proveedores de aplicaciones y de contenidos a colaborar con las instituciones de seguridad y justicia en términos de geolocalización móvil de usuarios (aunque desde 2009 existe un decreto en el cual la PGR puede solicitar a los concesionarios de telecomunicaciones localización geográfica en tiempo real); registro, control y conservación de comunicaciones (datos y metadatos) durante 24 meses; bloqueo inmediato de líneas y señales de comunicación móvil, entre otras medidas que atentan contra la libertad de expresión y que pueden ser utilizadas de forma discrecional por la autoridad con fines políticos y no de prevención y persecución del delito.
Los artículos 21 al 25 de la “Ley Fayad”, que hablan de “Intimidación” y “Divulgación indebida de información de carácter personal”, están redactados de forma ambigua, lo cual vulnera la certeza jurídica y la libertad de expresión porque cualquier usuario de Twitter o los creadores de imágenes digitales podrían ser penalizados con penas de cinco a doce años de prisión y multas de 100 a 200 días de salario mínimo vigente, lo cual atenta contra el artículo sexto constitucional: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.”
Asimismo, estos artículos inhiben la capacidad de innovación de los emprendedores para atender problemas sociales. El Capítulo XII sobre “Intromisión abusiva de la privacidad” sanciona a los administradores de sitios de Internet (buscadores) si no retiran (bajan) inmediatamente imágenes eróticas obtenidas por diversos usuarios con o sin el consentimiento del afectado.
Los delitos y abusos que se consuman en el mundo virtual no distan de los que ocurren en la vida “fuera de línea”, aunque ahora adopten expresiones anglosajonas como hacking, phishing o cracking. Delitos que se cometen en la red de redes como terrorismo, espionaje, pornografía infantil, robo, extorsión, fraude, acoso, intimidación, difamación, calumnia, acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, suplantación o robo de identidad ya se encuentran tipificados en instrumentos internacionales signados por México como el Convenio de Cibercriminalidad de Budapest (2014), en leyes y códigos locales y federales; su prevención y sanción no requieren necesariamente de nuevas leyes sino de decretos de modificación de diversos artículos del Código Penal, de Procedimientos Penales y de la legislación de derechos de autor.
Se requiere un equilibrio para que la persecución de delitos cibernéticos no vulnere derechos fundamentales consagrados en la Constitución como los derechos a la información, a la educación, a expresar ideas, de acceso a la información pública, a la cultura, a las TIC, la libertad de expresión por cualquier medio, la protección de datos personales, la privacidad, el derecho de asociación (virtual) o la libertad de conciencia.
En América Latina, Chile (1993) y Venezuela (2001) tienen leyes especiales sobre delitos informáticos, porque vincularon dichos ilícitos a la seguridad nacional. Sin embargo, la tendencia internacional es a tipificar ciertos delitos cibernéticos en los códigos penales de los países. En este sentido, la Amedi reconoce la necesidad de legislar en la materia con equilibrio, sin vulnerar derechos fundamentales y con la más estricta técnica penal para tipificar delitos aún no reconocidos en México, pero después de un amplio debate y no a través de una ley especial que criminalice la libertad de expresión, sino que sancione las conductas delictivas y que proteja a cualquier mexicano del delincuente cibernético.
Antes que castigar, las comisiones de Seguridad Pública del Congreso de la Unión, los distintos órdenes de gobierno y las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia debieran crear campañas de concientización, alfabetización y educación digital para prevenir riesgos y delitos en el ciberespacio, formar a los usuarios de Internet (principalmente los más jóvenes) en el respeto a los derechos humanos,informar sobre nuevas formas de acoso a través de la red de redes y sus plataformas de comunicación y capacitar a los jueces para que conozcan y entiendan estas prácticas ilícitas en el ciberespacio y en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que no por utilizar sistemas informáticos y tecnologías de la información difieren de sus objetivos de privar a las personas de su patrimonio, seguridad u honra.
Si la “Ley Fayad” reconoce que cada día se cometen más delitos cibernéticos, no es criminalizando a los usuarios de Internet como se previenen y castigan, sino exigiendo y regulando a las empresas, proveedores de servicios, aplicaciones y desarrolladores de software y tecnología mejores sistemas de seguridad, encriptación de datos y políticas de privacidad y protección de datos personales. Nada de esto contiene la “Ley Fayad”. Tampoco se habla de hacer más eficientes los sistemas de procuración de justicia. Pocos efectos tendría una ley de delitos informáticos si en el sistema de justicia nueve de cada diez ilícitos no se castigan (Inacipe).
Los delitos cibernéticos se previenen con programas y campañas de alfabetización digital, y se combaten con nuevas técnicas de investigación del delito, mejores sistemas y tecnologías de la información, con estrategias de inteligencia anticriminal y con colaboración internacional, no con represión ni con amenazas a la libertad de expresión y el derecho a la información. Para sancionar este tipo de delitos que ocurren en un territorio sin fronteras como es Internet, se requieren instrumentos internacionales y criterios locales para hacer frente a las conductas ilícitas, pero siempre con respeto pleno a las libertades y derechos fundamentales.
Los Estados policiacos, aún cibernéticos, no tienen cabida en las sociedades democráticas, como pretende de forma expresa la “Ley Fayad”. Informar, instruir, orientar, prevenir y educar a la población en el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales crea ciudadanías atentas y alertas al delito y los abusos de poder y de las empresas. Queremos más y mejores usuarios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que conozcan y prevengan los riesgos de navegar en Internet. La Amedi llama a abrir el debate incluyente con estricto apego a la técnica legislativa y penal del caso.
Apenas 54 millones de mexicanos son usuarios de Internet; es a ellos y a los futuros usuarios que habrán de conectarse a la red, principalmente menores de edad, a quienes hay que proteger, garantizar su libertad de expresión y sus derechos a la información, de acceso a las TIC, de privacidad y de datos personales con plena seguridad en esta integración de la población mexicana a la Sociedad de la Información y el Conocimiento que consagra el artículo sexto de la Constitución. Esa es la función del Estado; esa, la obligación de los legisladores y de los gobiernos.
2 de noviembre de 2015
Lic. Jorge Fernando Negrete P.
Presidente del Consejo Directivo de la Amedi
Consejo Directivo
Lic. Armando Alfonzo, Dra. Alma Rosa Alva de la Selva, Dra. Wilma Arellano, Dra. Delia Crovi Druetta, Dr. Rodrigo Gómez García, Mtro. Carlos Lara, Lic. Gildardo López, Dra. María Elena Meneses, Dra. Patricia Ortega Ramírez, Mtro. Efrén Páez Jiménez, Mariana Torres Maldonado, Mtro. Servando Vargas, Dra. Aimée Vega Montiel, Dr. Jorge Bravo. Ismene Flores Guadarrama, Secretaria Técnica.
La Ley Fayad “¿la mandaron desde Bucareli o desde Constituyentes?”: Brozo
ARISTEGUI NOTICIAS
REDACCION
02 DE NOVIEMBRE DE 2015
Brozo criticó en Televisa la llamada Ley Fayad, para prevenir y sancionar delitos informáticos, definiéndola como “ciberbarbarie”. “Sólo en las dictaduras o estados totalitarios se prohíbe la libre manifestación de las ideas”, aseguró Brozo en la emisión de este lunes de El Mañanero. “¿Desde dónde mandaron a Fayad a presentar eso? ¿Lo mandaron desde Bucareli o desde Constituyentes?”, se preguntó el periodista (Youtube/brozoxmiswebs).
-Diagnósticos sobre libertad de expresión
Uno de cada tres asesinatos de periodistas en América ocurrió en México: Relatoría de la CIDH
Sin Embargo
Por Redacción / Sin Embargo
Noviembre 2, 2015 – 12:40h
Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).– La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo este día en el marco del “Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas” que en México ha ocurrido uno de cada tres de los asesinatos documentados en el continente.
El órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) explicó que desde 2010 a la fecha, 150 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados en el continente americano, presuntamente por motivos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión.
“Esto significa que cada 14 días un periodista es asesinado en América”, detalló la organización.
La Relatoría de la CIDH detalló que de estas muertes 55 ocurrieron en México, 28 en Honduras, 25 en Brasil, 11 en Colombia, nueve en Guatemala, seis en Perú y cuatro en Paraguay.
Por ello, la CIDH hizo a un llamo a los Estados del hemisferio para que elaboren un enfoque estratégico y así terminar con la impunidad que persiste en la mayor parte de los crímenes contra periodistas.
Detalló que muy pocos de los autores intelectuales de crímenes contra periodistas recibieron algún tipo de condena y buena parte de las investigaciones avanzan muy lentamente o muestran graves deficiencias que han impedido avanzar sobre las hipótesis vinculadas al ejercicio profesional.
“Para prevenir que los hechos de violencia que han sufrido comunicadores de todo el continente no se repitan y perpetúen, es indispensable que se investigue, juzgue y condene a todos los autores, tanto materiales como intelectuales”, pidió la Relatoria.
La CIDH refirió que desde su creación, la Relatoría Especial se ha ocupado de forma prioritaria del problema de la violencia contra periodistas y ha impulsado tanto el desarrollo de estándares para la prevención y protección de este tipo de violencia, como en la procuración de justicia para las víctimas y sus familiares, a través del sistema de peticiones individuales y casos de la misma Comisión.
“La situación de violencia e impunidad de los crímenes contra periodistas sigue siendo un tema prioritario para esta oficina y para todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como lo ha manifestado recientemente Humberto Sierra Porto, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un evento preparatorio de este Día Internacional en San José de Costa Rica”, indicó.
Sobre la misma línea, un informe sobre tendencias en libertad de expresión presentado hoy en la Unesco en París, señala que menos de uno de cada diez casos de periodistas asesinados desde 2006 terminó en condena hasta finales de 2014.
Dicho texto destaca la alarmante cifra de 87 periodistas asesinados el pasado año y, de acuerdo con el estudio, en 2014 sólo 13 de los 59 países en los cuales se perpetraron asesinatos de periodistas respondieron a las peticiones formales de información sobre las medidas tomadas al respecto.
Dijo que la violencia contra comunicadores se ha visto agudizada en aquellas zonas o territorios en los que existe una fuerte presencia del crimen organizado. “En muchos casos, lamentablemente, se ha verificado que estas organizaciones ejercen la violencia en colusión con agentes estatales”, denunció la organización.
“Cuando la situación de violencia en un país se vuelve un fenómeno estructural o vinculado al crimen organizado, es una obligación de los Estados adoptar mecanismos especiales de protección para periodistas, defensores de derechos humanos y líderes políticos o de movimientos sociales amenazados”, pidió.
Asimismo, la Comisión dijo que ha señalado que la violencia contra las y los periodistas o trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, que se comete a causa del ejercicio de su profesión, no sólo afecta la posibilidad de escuchar estas voces, sino que vulnera el derecho de las sociedades en general a buscar y recibir todo tipo de información e ideas de manera libre y pacífica.
“Como ha observado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ‘el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento’”, indicó.
Más de 700 periodistas han muerto en la última década
Uno más uno
02 de noviembre del 2015
Más de 700 periodistas han muerto en los últimos 10 años, uno cada cinco días, por ejercer su trabajo, informó hoy Naciones Unidas (ONU), con motivo del Día Internacional para terminar con la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, destacó la urgencia de proteger a estos profesionales y llevar ante la justicia a aquellos que los atacan.
Este Día Internacional fue proclamado por la Asamblea General de la ONU para conmemorar el asesinato de dos periodistas franceses en Mali el 2 de noviembre de 2013.
El Titular de la ONU subrayó que son necesarios más esfuerzos para garantizar la seguridad de los periodistas en todo el mundo. En este sentido aseguró que acabar con la impunidad que suele rodear estos crímenes es fundamental.
“Si bien muchos mueren en medio de la violencia de los conflictos que cubren, un gran número de ellos han sido asesinados. Sólo uno de cada siete de estos casos es resuelto y menos del 10 por ciento son investigados plenamente”, advirtió Ban.
Esta impunidad aumenta el temor entre los profesionales y permite a los gobiernos censurar con impunidad, añadió.
“Cada vez que el responsable de un crimen contra un periodista evade la rendición de cuentas, alienta a otros criminales y provoca un ciclo vicioso de violencia”, señaló.
Durante el primer año en que se celebra el Día Internacional para Terminar con la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, Ban resaltó que “los periodistas no deberían autocensurarse porque temen por su vida”.
La directora general de la Organización de la ONU para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO), Irina Bokova, consideró por su parte en un mensaje que la impunidad en los crímenes contra comunicadores alienta a otros criminales y provoca un ciclo vicioso de violencia.
Mientras tanto, en el marco de la conmemoración, el organismo civil Reporteros sin Fronteras (RSF) llamó al secretario general de la ONU a crear un representante especial para la protección de periodistas en el mundo.
El secretario general de RSF, Christophe Deloire, manifestó que sólo un representante especial de la ONU “tendría el peso político, la capacidad para actuar rápidamente y la legitimidad para coordinar con todos los cuerpos de la ONU para implementar cambios”.
Asimismo, este organismo renombró este lunes de manera simbólica algunas calles de París con los nombres de 12 periodistas asesinados de manera reciente, entre los que destacó el de la periodista mexicana María Esther Aguilar Cansimbe, desparecida en 2009.
Estima ONU 700 periodistas asesinados
Mural
Sin autor
2 de noviembre de 2015
Madrid, España (02 noviembre 2015).- Naciones Unidas cifró este lunes en más de 700 los periodistas asesinados en la última década.
La Asamblea General del organismo internacional aprobó una resolución con motivo del Día Mundial contra la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
En su resolución, la ONU condena todos los ataques y violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación.
Reclama a los países miembros que hagan todo lo posible para evitar los casos de violencia contra ellos, garantizar que hay rendición de cuentas, que se lleve a los responsables ante la justicia y que las víctimas tengan acceso a la reparación apropiada.
“El foco de la impunidad en esta resolución deriva de la preocupante situación de que en la última década más de 700 periodistas han sido asesinados por dar noticias e información al público”, indicó la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
“Estas cifras no incluyen a los muchos periodistas que cada día sufren ataques no mortales, incluidas torturas, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, intimidaciones y acoso, tanto en situaciones de conflicto como de no conflicto”, agregó.
“De forma preocupante, sólo uno de cada 10 casos (de violencia) contra trabajadores de los medios de comunicación durante la última década han llevado a una condena”, señaló.
“La impunidad crea impunidad y alimenta un círculo vicioso”.
Por su parte, la alta representante de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, condenó los ataques contra periodistas en el mundo e instó a las autoridades de los Estados a que investiguen de forma independiente estos crímenes y aseguren que sus autores son llevados a la justicia.
“Los medios de comunicación son el espejo de nuestras sociedades: si son libres y críticos, nosotros somos libres y estamos a salvo”, afirmó.
La Federación Internacional de Periodistas indicó que en 2014 murieron 118 periodistas durante el ejercicio de sus deberes profesionales y, según señaló, sólo uno de cada 10 asesinatos en los medios se investiga.
En cuanto a los ataques no mortíferos, según esta asociación, la situación es aún peor, ya que los Gobiernos fracasan en su deber de perseguir a los responsables.
“La impunidad no sólo pone en peligro a los periodistas, también la democracia y las esperanzas de paz y desarrollo”, remarcó la Federación.
La organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras lanzó la campaña #FightImpunity (lucha contra la impunidad) a través de Twitter.
“Muy rara vez se resuelve un crimen en el que la víctima es un periodista, y aún es más raro que los autores del delito sean procesados o condenados”, lamentó la ONG.
“Los casos de impunidad que presentamos son terribles símbolos de privacidad o inacción deliberada por parte de algunos Gobiernos”, afirmó el secretario general de esta organización, Christophe Deloire.
Se refiere a casos como el del bloguero bangladeshí Ajivit Roy, asesinado a machetazos, o el del periodista Nazim Babaoglu, desaparecido hace más de 20 años en Turquía y cuyas posibilidades de que sea resuelto son cada vez más débiles.
Pide CIDH fin a crímenes de periodistas
Mural
Sin autor
2 de noviembre de 2015
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a los estados del hemisferio a terminar con la impunidad que persiste sobre los casos de asesinatos de periodistas.
“Muy pocos de los autores intelectuales de estos crímenes recibieron algún tipo de condena y buena parte de las investigaciones avanzan muy lentamente o muestran graves deficiencias que han impedido avanzar sobre las hipótesis vinculadas al ejercicio profesional”, consideró la CIDH en un comunicado.
La Relatoría, encabezada por el uruguayo Edison Lanza, indicó que desde 2010 en el continente fueron asesinados por su trabajo 150 periodistas y trabajadores de medios de comunicación.
Uno de cada tres de los asesinatos documentados por la Relatoría ocurrió en México (55 en total), y casi uno de cada cinco sucedió en Honduras (28 en total).
Brasil, con 25 asesinatos de periodistas y comunicadores, ocupa el tercer lugar en la lista de cantidad de casos.
Colombia (11), Guatemala (9), Perú (6) y Paraguay (4) también son países donde este fenómeno es un problema real en el período estudiado por la CIDH.
“En la década previa este tipo de violencia también se encontraba en estos niveles, aunque variaba la magnitud según los países, y también eran deplorables las tasas de impunidad, por lo que no se trata de un fenómeno nuevo”, precisó la nota.
“Las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato o la agresión antes de que se complete la investigación”, agregó.
Por su parte, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, urgió a combatir la violencia contra periodistas como forma más extrema de censura.
“Levantamos nuestra voz para recordar la forma de censura más extrema que existe, la eliminación de las voces críticas de quienes informan sobre los hechos de interés público a sus comunidades”, afirmó en otra nota el ex canciller uruguayo.
En la OEA, la CIDH, mediante la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, tiene entre sus prioridades el problema de la violencia contra periodistas.
La Comisión presta especial atención al estado de las investigaciones sobre estos delitos, a la denuncia de caso y al esclarecimiento de los mismos.
Hoy se conmemora el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.
Con información de EFE
Mexicano, uno de cada tres periodistas asesinados
El Economista
ANA LANGNER
02 de noviembre, 2015
Del 2010 a la fecha, uno de cada tres asesinatos de periodistas en el continente americano, documentados por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ocurrió en México; es decir 55, estos se registraron en los últimos 15 años.
En el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, y a la luz de la magnitud de la violencia cometida contra periodistas y trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación en los últimos años, la relatoría hizo un llamado a los estados del hemisferio para que elaboren un enfoque estratégico y armonizado sobre esta cuestión y terminar con la impunidad que persiste en la mayor parte de estos crímenes.
La CIDH precisó que uno de cada cinco homicidios de periodistas sucedió en Honduras (28 en total). Brasil, con 25 asesinatos de periodistas y comunicadores, ocupa el tercer lugar en la lista de cantidad de casos. Colombia (11), Guatemala (9), Perú (6) y Paraguay (4) también son países donde este fenómeno es un problema real en el periodo estudiado.
En la década previa, este tipo de violencia también se encontraba en estos niveles, aunque variaba la magnitud según los países, y también eran deplorables las tasas de impunidad, por lo que no se trata de un fenómeno nuevo, advierte la CIDH
El órgano principal de la Organización de Estados Americanos (OEA) exhibe que muy pocos de los autores intelectuales de estos crímenes recibieron algún tipo de condena y buena parte de las investigaciones avanzan muy lentamente o muestran graves deficiencias que han impedido avanzar sobre las hipótesis vinculadas al ejercicio profesional.
“Para prevenir que los hechos de violencia que han sufrido comunicadores de todo el continente no se repitan y perpetúen, es indispensable que se investigue, juzgue y condene a todos los autores, tanto materiales como intelectuales”, recomienda la CIDH en su documentación.
Asimismo, desde el sistema interamericano recuerda que cuando la situación de violencia en un país se vuelve un fenómeno estructural o vinculado al crimen organizado, es una obligación de los estados adoptar mecanismos especiales de protección para periodistas, defensores de derechos humanos y líderes políticos o de movimientos sociales amenazados.
Los primeros lugares en asesinatos de periodistas
El Economista
MAURICIO RUBÍ
02 de noviembre, 2015
Cuatro estados del país concentran más de la mitad de los homicidios cometidos en contra de periodistas en los últimos 15 años.
Tanto Veracruz como el estado de Chihuahua ocupan el primer lugar de crímenes de comunicadores. En ambos estados se han registrado 16 agresiones, respectivamente, de acuerdo con cifras de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de la PGR.
De acuerdo con el Registro de Homicidios de Periodistas de esta instancia de gobierno, con datos de enero del 2000 al 31 de agosto del 2015, el segundo sitio de agresiones lo ocupa Tamaulipas con 13 crímenes, y el tercero el estado de Guerrero con 11 homicidios. Las cuatro entidades suman 56 asesinatos; es decir, 54% del total que se suscitaron en 15 años (una suma de 103 homicidios).
El año más violento, en este periodo de 15 años, fue el 2010, cuando se registraron 13 agresiones contra representantes de medios de comunicación. En el 2015, la fiscalía de la Procuraduría General de la República sólo cuenta con el registro de un caso, suscitado en Veracruz.
Conforme a la PGR, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión.
La fiscalía, además, tiene como objetivos brindar atención a las víctimas del delito; realizar una sistematización de la información contenida en las averiguaciones previas y procesos; promover una cultura de prevención del delito, de respeto y difusión de los derechos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información; proteger la seguridad de los comunicadores y otorgar medidas cautelares o de protección, así como gestionarlas ante las autoridades locales competentes, detalla en su sitio electrónico.
En México, uno de cada tres asesinatos de periodistas
El Economista
AP
02 de noviembre, 2015
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó este lunes a los Estados del hemisferio a terminar con la impunidad que persiste sobre los casos de asesinatos de periodistas.
La Relatoría, encabezada por el uruguayo Edison Lanza, indicó que desde 2010 en el continente han sido asesinados por su trabajo 150 periodistas y trabajadores de medios de comunicación, pero denunció que muy pocos autores intelectuales han recibido condena y que la mayoría de las investigaciones muestran graves deficiencias que han impedido avanzar sobre las hipótesis vinculadas al ejercicio profesional.
Uno de cada tres de los asesinatos documentados por la Relatoría ocurrió en México (55), y casi uno de cada cinco sucedió en Honduras (28). Brasil, con 25 asesinatos de periodistas y comunicadores, ocupa el tercer lugar.
“Para el Sistema Interamericano es fundamental que los Estados investiguen de forma completa, efectiva e imparcial los asesinatos de periodistas y esclarezca sus móviles y determine judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión”, informó la Relatoría en el marco del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.
“Las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato o la agresión antes de que se complete la investigación”, agregó.
Exige CIDH detener la impunidad de crímenes contra periodistas
El sol de México
Redacción
3 de noviembre de 2015
WASHINGTON, DC. (OEM-Informex).- La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH lanzó entre los países de las Américas la exigencia de “poner fin a la impunidad” de los crímenes contra los periodistas, destacando en ello el caso de México, donde se han registrado más homicidios de comunicadores en los últimos 5 años.
Al conmemorarse el “día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas”, la Relatoria que depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacó a su vez la lista de los países americanos donde los asesinatos contra los comunicadores no han tenido castigo.
“En el contexto regional, uno de cada tres de los asesinatos documentados por la Relatoria, ocurrió en México (55 en total), y casi uno de cada cinco sucedió en Honduras (28 en total)”, apunta el órgano de la CIDH dedicado a la protección de la libertad de expresión en el hemisferio occidental.
En tercer lugar de la lista que encabeza México con más asesinatos contra periodistas, se encuentra Brasil con 25 casos; le sigue Colombia con 11; Guatemala con nueve; Perú, seis; al igual que Paraguay.
“Desde 2010 a la fecha, 150 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados en el Continente Americano, presuntamente por motivos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión, por informar, comentar u opinar sobre hechos y situaciones que sucedían en su comunidad. Esto significa que cada 14 días un periodista es asesinado en América”, destacó la Relatoria de la CIDH.
Estableciendo que “no es un fenómeno nuevo” el asesinato de periodistas en las naciones que integran a la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Relatoria pide que los gobiernos de las Americanas “elaboren un enfoque estratégico y armonizado”, para parar con los asesinatos de los periodistas y la impunidad que hay alrededor de estos crímenes.
Como ha sido común en México, por ejemplo; la Relatoria enfatiza el hecho de que solo “muy pocos” de los autores intelectuales de los asesinatos de periodistas; “han recibido algún tipo de condena” o de castigo. En paralelo, la Relatoria Subraya que las investigaciones de estos crímenes avanzan lentamente y sufren de deficiencias jurídicas.
“Para prevenir que los hechos de violencia que han sufrido comunicadores de todo el continente no se repitan y perpetúen, es indispensable que se investigue, juzgue y condene a todos los autores, tanto materiales como intelectuales”, propone la Relatoria.
El llamado del órgano de la CIDH se aunó al de varias organizaciones internacionales, encabezadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que exigen se ponga un alto a la violencia contra los comunicadores, y sobre todo a la impunidad de los responsables de los asesinatos de los periodistas.
En su encomio, la Relatoria explicó que la violencia contra los periodistas se caracteriza por ocurrir con más frecuencia en zonas o territorios de los países que afrontan el problema de una gran presencia del crimen organizado, como es el caso de México.
“En muchos casos, lamentablemente, se ha verificado que estas organizaciones ejercen la violencia en colusión con agentes estatales”, matiza la Relatoria.
Por esta razón, se pidió a su vez a los gobiernos del hemisferio a adoptar mecanismos especiales de protección para periodistas, defensores de los derechos humanos y líderes políticos de movimientos sociales amenazados.
Demanda CDHDF esclarecer asesinatos y desapariciones de periodistas
MVS
Rocío Méndez Robles
02/11/15
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se suma a la demanda del esclarecimiento de los asesinatos y desapariciones de periodistas en México.
En los últimos 10 años, más de 700 periodistas han sido asesinados en el mundo, mientras que en México, más de un centenar han sido asesinados desde el año 2000 a la fecha, y 23 se encuentran desaparecidos, de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras.
Este dos de noviembre, Día Internacional para poner fin a los crímenes contra periodistas, por la Organización de la Naciones Unidas ONU, también es el Día internacional contra la impunidad.
Las mujeres periodistas, agrega la CDHDF han tenido que pagar su propia cuota por ejercer la libertad de expresión; en los últimos 15 años han sido asesinadas seis de estas profesionales y una más se encuentra desaparecida desde hace seis años; se trata de María Esther Aguilar Cansimbe, corresponsal del periódico Cambio de Michoacán.
La violencia en contra de los trabajadores de los medios de comunicación, es una de las grandes deudas de la justicia en nuestro país. Por ello la CDHDF, como bien lo señala la ONU, considera que “la impunidad de los ataques contra periodistas constituye uno de los principales obstáculos para el fortalecimiento de la protección de los periodistas”.
En este Día Internacional, la CDHDF refrenda su compromiso de pugnar desde su mandato por la protección de los periodistas, impulsar investigaciones prontas y eficaces de las quejas que recibe y vigilar que los autores de estas agresiones sean llevados frente a la justicia; así como pugnar por la reparación del daño a las víctimas de agresiones.
Exige CIDH detener la impunidad de crímenes contra periodistas
El Occidental
Carmen Flores
03 de noviembre de 2015
WASHINGTON, DC. (OEM-Informex).- La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH lanzó entre los países de las Américas la exigencia de “poner fin a la impunidad” de los crímenes contra los periodistas, destacando en ello el caso de México, donde se han registrado más homicidios de comunicadores en los últimos 5 años.
Al conmemorarse el “día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas”, la Relatoria que depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacó a su vez la lista de los países americanos donde los asesinatos contra los comunicadores no han tenido castigo.
“En el contexto regional, uno de cada tres de los asesinatos documentados por la Relatoria, ocurrió en México (55 en total), y casi uno de cada cinco sucedió en Honduras (28 en total)”, apunta el órgano de la CIDH dedicado a la protección de la libertad de expresión en el hemisferio occidental.
En tercer lugar de la lista que encabeza México con más asesinatos contra periodistas, se encuentra Brasil con 25 casos; le sigue Colombia con 11; Guatemala con nueve; Perú, seis; al igual que Paraguay.
“Desde 2010 a la fecha, 150 periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados en el Continente Americano, presuntamente por motivos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión, por informar, comentar u opinar sobre hechos y situaciones que sucedían en su comunidad. Esto significa que cada 14 días un periodista es asesinado en América”, destacó la Relatoria de la CIDH.
Estableciendo que “no es un fenómeno nuevo” el asesinato de periodistas en las naciones que integran a la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Relatoria pide que los gobiernos de las Americanas “elaboren un enfoque estratégico y armonizado”, para parar con los asesinatos de los periodistas y la impunidad que hay alrededor de estos crímenes.
Como ha sido común en México, por ejemplo; la Relatoria enfatiza el hecho de que solo “muy pocos” de los autores intelectuales de los asesinatos de periodistas; “han recibido algún tipo de condena” o de castigo. En paralelo, la Relatoria Subraya que las investigaciones de estos crímenes avanzan lentamente y sufren de deficiencias jurídicas.
“Para prevenir que los hechos de violencia que han sufrido comunicadores de todo el continente no se repitan y perpetúen, es indispensable que se investigue, juzgue y condene a todos los autores, tanto materiales como intelectuales”, propone la Relatoria.
El llamado del órgano de la CIDH se aunó al de varias organizaciones internacionales, encabezadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que exigen se ponga un alto a la violencia contra los comunicadores, y sobre todo a la impunidad de los responsables de los asesinatos de los periodistas.
En su encomio, la Relatoria explicó que la violencia contra los periodistas se caracteriza por ocurrir con más frecuencia en zonas o territorios de los países que afrontan el problema de una gran presencia del crimen organizado, como es el caso de México.
“En muchos casos, lamentablemente, se ha verificado que estas organizaciones ejercen la violencia en colusión con agentes estatales”, matiza la Relatoria.
Por esta razón, se pidió a su vez a los gobiernos del hemisferio a adoptar mecanismos especiales de protección para periodistas, defensores de los derechos humanos y líderes políticos de movimientos sociales amenazados.
Más de 700 periodistas muertos por hacer su trabajo en última década: ONU
ARISTEGUI NOTICIAS
REDACCIÓN
02 DE NOVIEMBRE DE 2015
Más de 700 periodistas han muerto en los últimos 10 años -uno cada cinco días- por ejercer su trabajo, informó este lunes Naciones Unidas (ONU), con motivo del Día Internacional para terminar con la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, destacó la urgencia de proteger a los periodistas y llevar ante la justicia a aquellos que los atacan.
Ban subrayó que son necesarios más esfuerzos para garantizar la seguridad de los periodistas en todo el mundo. En este sentido aseguró que acabar con la impunidad que suele rodear estos crímenes es fundamental.
“Si bien muchos mueren en medio de la violencia de los conflictos que cubren, un gran número de ellos han sido asesinados. Sólo uno de cada siete de estos casos es resuelto y menos del 10% son investigados plenamente”, advirtió.
“Cada vez que el responsable de un crimen contra un periodista evade la rendición de cuentas, alienta a otros criminales y provoca un ciclo vicioso de violencia”, además esta impunidad aumenta el temor entre los profesionales y permite a los gobiernos censurar, añadió.
Durante el primer año en que se celebra el Día Internacional para Terminar con la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, Ban resaltó que “los periodistas no deberían autocensurarse porque temen por su vida”.
La directora general de la Organización de la ONU para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO), Irina Bokova, consideró por su parte en un mensaje que la impunidad en los crímenes contra comunicadores alienta a otros criminales y provoca un ciclo vicioso de violencia.
Mientras tanto, en el marco de la conmemoración, el organismo civil Reporteros sin Fronteras (RSF) llamó al secretario general de la ONU a crear un representante especial para la protección de periodistas en el mundo.
El secretario general de RSF, Christophe Deloire, manifestó que sólo un representante especial de la ONU “tendría el peso político, la capacidad para actuar rápidamente y la legitimidad para coordinar con todos los cuerpos de la ONU para implementar cambios”.
Asimismo, este organismo renombró este lunes de manera simbólica algunas calles de París con los nombres de 12 periodistas asesinados de manera reciente, entre los que destacó el de la periodista mexicana María Esther Aguilar Cansimbe, desparecida en 2009.
Este Día Internacional fue proclamado por la Asamblea General de la ONU para conmemorar el asesinato de dos periodistas franceses en Mali el 2 de noviembre de 2013.
En México han sido asesinados más de 80 periodistas y 17 han desaparecido en la última década, de acuerdo con RSF. Sólo en un caso se ha hecho justicia desde 1992, reveló el Comité de Protección para Periodistas (CPJ) en octubre pasado.
(Con información de Notimex).
México, el país con más periodistas asesinados en América, desde 2010: CIDH
ARISTEGUI NOTICIAS
REDACCIÓN
02 DE NOVIEMBRE DE 2015
Desde 2010 han sido asesinados 150 periodistas en América; uno de cada tres casos ha ocurrido en México, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las muertes de periodistas en el continente son “por motivos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión, por informar, comentar u opinar sobre hechos y situaciones que se sucedían en su comunidad”, y México tiene el mayor número de casos, informó la CIDH en un comunicado de prensa.
En el “Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas”, la comisión detalló que su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha documentado 55 asesinatos de periodistas en México, 28 en Honduras, y 25 en Brasil.
“Muy pocos de los autores intelectuales de estos crímenes recibieron algún tipo de condena y buena parte de las investigaciones avanzan muy lentamente o muestran graves deficiencias que han impedido avanzar sobre las hipótesis vinculadas al ejercicio profesional”, apuntó la CIDH.
Aseguró que para prevenir que los hechos de violencia que han sufrido comunicadores de todo el continente no se repitan y perpetúen, es indispensable que se investigue, juzgue y condene a todos los autores, tanto materiales como intelectuales.
La violencia contra comunicadores se ha visto agudizada “en aquellas zonas o territorios en los que existe una fuerte presencia del crimen organizado” y en muchos casos, “lamentablemente se ha verificado que estas organizaciones ejercen la violencia en colusión con agentes estatales“, precisó.
“Cuando la situación de violencia en un país se vuelve un fenómeno estructural o vinculado al crimen organizado, es una obligación de los Estados adoptar mecanismos especiales de protección para periodistas, defensores de derechos humanos y líderes políticos o de movimientos sociales amenazados”, recomendó la CIDH.
Más de 700 periodistas han muerto en la última década
NTR GUADALAJARA
NOTIMEX
02 DE NOVIEMBRE DE 2015
En los últimos 10 años, más de 700 periodistas han muerto, uno cada cinco días, por ejercer su trabajo, informó la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Con motivo del Día Internacional para terminar con la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, destacó la urgencia de proteger a estos profesionales y llevar ante la justicia a aquellos que los atacan.
Este Día Internacional fue proclamado por la Asamblea General de la ONU para conmemorar el asesinato de dos periodistas franceses en Mali el 2 de noviembre de 2013.
El Titular de la ONU subrayó que son necesarios más esfuerzos para garantizar la seguridad de los periodistas en todo el mundo. En este sentido aseguró que acabar con la impunidad que suele rodear estos crímenes es fundamental.
“Si bien muchos mueren en medio de la violencia de los conflictos que cubren, un gran número de ellos han sido asesinados. Sólo uno de cada siete de estos casos es resuelto y menos del 10 por ciento son investigados plenamente”, advirtió Ban.
La directora general de la Organización de la ONU para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco), Irina Bokova, consideró por su parte en un mensaje que la impunidad en los crímenes contra comunicadores alienta a otros criminales y provoca un ciclo vicioso de violencia.
Mientras tanto, en el marco de la conmemoración, el organismo civil Reporteros sin Fronteras (RSF) llamó al secretario general de la ONU a crear un representante especial para la protección de periodistas en el mundo.
GE
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