Libertad de expresión
-Agresiones contra periodistas o medios
Acaparan cinco estados los ataques a periodistas
Excelsior
Raúl Flores
31/10/2015
CIUDAD DE MÉXICO.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aseveró que la impunidad permite que los autores de los crímenes contra periodistas continúen con sus ataques, pues 89% de las agresiones en contra de medios de comunicación y sus trabajadores queda sin castigo.
Durante la conmemoración del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, Luis Raúl González Pérez, titular de CNDH, denunció que de 2011 a la fecha se incrementaron las agresiones contra el gremio periodístico, al pasar de 41.6 quejas que se denunciaban en 2005 a 88.5 quejas en los últimos años.
Los estados de Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Veracruz y Oaxaca concentran el mayor número de homicidios y agresiones contra periodistas, de acuerdo con el Programa de Agravio a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.
“Desde el año 2000 se han perpetrado 107 homicidios contra periodistas; 20 periodistas han desaparecido desde 2005; se han registrado 47 atentados a medios de comunicación desde 2006. A partir del primero de enero de 2010 se han recibido 488 quejas por agravio a periodistas en este organismo”, enlistó.
González Pérez propuso a las organizaciones no gubernamentales, comisiones estatales de Derechos Humanos, legisladores federales y locales y a la Secretaría de Gobernación la creación de la Alerta 6, con el propósito de brindar protección inmediata a periodistas que sean o se sientan agredidos, a partir de 2016.
En su oportunidad, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aseguró que para evitar más agresiones contra los periodistas se deberán crear políticas públicas de prevención entre autoridades, legisladores y periodistas.
“La prevención debe ser entendida como la principal herramienta del Estado para disuadir las agresiones contra periodistas y primordialmente para facilitar el libre ejercicio de la libertad de expresión”.
El subsecretario de la Segob destacó que las principales agresiones contra periodistas son homicidio, agresión física y detenciones arbitrarias.
Cifran en 107 las muertes de periodistas
El Universal
Tasneen Hernández
31 de octubre de 2015
Desde el año 2000 a la fecha han ocurrido 107 homicidios de periodistas, 20 de ellos desaparecieron a partir de 2005, informó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sobre los casos registrados por el organismo nacional.
En el recuento se documentaron 47 atentados a medios de comunicación desde 2006 y desde el 1 de enero de 2010 a la fecha se han recibido 488 quejas por agravios a informadores.
El ómbudsman explicó que los estados con mayor incidencia en el número de homicidios a comunicadores son Veracruz, con 14.9%; Tamaulipas, con 12.1%; Guerrero y Chihuahua, 11.2% cada uno y Oaxaca, 9.3%.
Durante el acto conmemorativo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, a celebrarse el 2 de noviembre próximo, González Pérez resaltó que la mayoría de agresiones contra el gremio no se denuncian formalmente, debido a la falta de confianza en la gestión de las autoridades correspondientes y a consecuencia de ello, México es el país donde el ejercicio del periodismo se realiza con mayor riesgo para la integridad de los comunicadores en el continente americano.
Además, la CNDH estimó que 89% de estas agresiones permanece impune pese a la denuncia, este dato consta en la recomendación número 20 sobre agravio a informadores y medios de comunicación, emitida por el organismo en agosto de 2013.
Ante este panorama, la CNDH propuso la creación de una Alerta Temprana para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que se denominará “Alerta 6”, por su referencia al artículo sexto constitucional, que entrará en funcionamiento a partir de enero de 2016.
Convocó a las instituciones públicas, medios de comunicación, organizaciones sociales y civiles, periodistas y defensores de derechos humanos, con el fin de conjuntar esfuerzos tendentes a la implementación de este mecanismo.
Durante su participación en el evento, Angélica de la Peña —presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, del Senado de la República— lamentó que México sea señalado como una de las naciones más inseguras para quienes se dedican a la labor periodística. La senadora perredista señaló que el problema de la impunidad y corrupción son aún más arraigados en las entidades federativas.
“Por la falta de compromiso de prácticamente la mayoría de los ejecutivos de los estados que no están considerando la ley en la materia, ni tampoco están atendiendo debidamente sus mecanismos que la conforman”, enfatizó.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, destacó la autoprotección como el mejor recurso para prevenir los ataques a comunicadores y a la prensa, “es muy importante la autoprotección, no entendida como autocensura, como abandono de la profesión, ni como autoexilio, entendida como el conjunto de acciones de cuidado que fortalecen las funciones propias de protección”.
En el evento se realizaron dos mesas de reflexión con el tema de La libertad de expresión en México. Perspectivas y propuestas, además de Sociedad, democracia y libertad de expresión, a las que asistieron como ponentes periodistas y expertos en derechos humanos.
Durante la primer mesa, en la cual participaron José Buendía, Adela Navarro, ambos periodistas, así como Francisco Javier Acuña, comisionado del INAI, los participantes coincidieron en que el problema de la impunidad ante los crímenes contra periodistas es agravado por el desinterés y apatía de la sociedad mexicana, quien no se inmuta ni solidariza ante este fenómeno.
CNDH propone creación de Alerta 6, a favor de los periodistas
El Universal
Redacción
30 de octubre de 2015
El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dio a conocer la propuesta para crear una Alerta Temprana para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que se denominará “Alerta 6” –por su referencia al artículo 6° constitucional.
En el acto conmemorativo del Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, González convocó a las instituciones públicas, medios de comunicación, organizaciones sociales y civiles, periodistas y defensores de derechos humanos, con el fin de conjuntar esfuerzos tendentes a la implementación de este mecanismo.
El titular de la CNDH enfatizó la necesidad de mantener y ampliar los contactos con la sociedad civil en todas las entidades del país, para el conocimiento de eventos de agresiones a periodistas.
Acompañado en el presídium por la senadora Angélica de la Peña, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República; Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Luis Fernando Perera Escamilla, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, y Édgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la CNDH, González subrayó que con dicha Alerta se identificarán situaciones urgentes y patrones de violaciones a los derechos humanos, con el fin de instrumentar acciones de protección coordinadas, proponiendo políticas públicas para atender esos sucesos.
“Para la atención inmediata de esos casos, contaremos con las 16 oficinas foráneas que tiene la CNDH en toda la República, así como con las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, a quienes estamos solicitando se incorporen a esta acción, en donde su personal podrá brindar apoyo, asistencia, orientación y, en su caso, la implementación de medidas cautelares que se requieran, a fin de salvaguardar la seguridad e integridad de los periodistas agredidos”, dijo
También mencionó que se dará acompañamiento a las víctimas para la presentación de las denuncias correspondientes, así como para las solicitudes de incorporación al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Para ilustrar la gravedad del problema, “que a todos nos debe alarmar”, González Pérez dijo que de acuerdo con los registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde el año 2000 a la fecha han ocurrido 107 homicidios de periodistas; 20 periodistas han desaparecido desde el año 2005; han ocurrido 47 atentados a medios de comunicación desde 2006 y desde el 1 de enero de 2010 se han recibido 488 quejas por agravios a periodistas en este Organismo Nacional.
Explicó que los estados con mayor incidencia en el número de homicidios a periodistas destacan Veracruz, con 14.9 %; Tamaulipas, con 12.1 %; Guerrero y Chihuahua, 11.2 % cada uno y Oaxaca, 9.3 %.
Puso en relieve como tipo de agresiones los medios indirectos para inhibir la libertad de expresión, como la utilización de tipos penales que se imputan a periodistas que documentan asuntos de interés público, así como detenciones arbitrarias, por responsables de ejercer labores de seguridad pública.
“Las acciones antes descritas son especialmente reprochables cuando se cometen en contra de quien, como parte de sus actividades periodísticas, documenta y difunde información. El hecho de que servidores públicos cuestionen la actividad y sometan a un periodista a actos de molestia y a detenciones arbitrarias, constituyen acciones que vulneran la libertad de expresión del comunicador y afectan el derecho a recibir información de la sociedad en su conjunto”, añadió el ombudsman nacional.
Al hacer referencia a esta fecha conmemorativa, recordó que el 2 de noviembre fue elegido por la Asamblea General de las Naciones Unidas con objeto de condenar todos los ataques y violencia contra los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, incluyendo la intimidación, el acoso y otras formas que agravian a los periodistas y limitan la libertad de expresión en sus vertientes individual y social.
“Lamentablemente, las agresiones contra periodistas, medios de comunicación y defensores se han vuelto una realidad cotidiana indignante”, comentó González Pérez.
El Presidente de la CNDH refirió que la Asamblea General de la ONU ha propuesto a los países miembros que prevengan las agresiones, que realicen investigaciones imparciales, promuevan la denuncia de actos de violencia, persigan a sus autores y los llevan a la justicia. Es decir, se les insta a promover entornos seguros, a legislar para la prevención de delitos y a sancionar a sus autores.
-Censura
Fayad niega que sea de Segob Ley para regular Internet; ONGs: atenta libertad de expresión
Sin Embargo
Octubre 30, 2015
Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).– El Senador priista Omar Fayad Meneses defendió su iniciativa, la “Ley Fayad” de las críticas de las organizaciones no gubernamentales y de los usuarios de las redes sociales “que podrían haberse sentido ofendidos”.
En tanto, Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Derechos Digitales alertaron este día por los graves riesgos para las libertades en internet de los ciudadanos mexicanos que supone la iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos Informáticos presentada por el Senador priista Omar Fayad.
Las organizaciones internacionales dijeron que esta propuesta de fue redactada de la mano de la Policía Federal y atenta contra los derechos a la libertad de expresión, privacidad y acceso a la información. “Además, propone sancionar con cárcel actividades legítimas en internet e incrementa las capacidades de vigilancia de los cuerpos policiales”, dijeron.
Fayad rechazó que la propuesta haya sido redactada por la Policía Federal o la Secretaría de Gobernación con el propósito de criminalizar a los críticos del Presidente Enrique Peña Nieto y del Gobierno federal, aunque reconoció que sí consultó su punto de vista sobre este tema.
En conferencia de prensa, Omar Fayad afirmó que la iniciativa es 100 por ciento de su autoría y fue redactada por sus asesores legislativos y se basó en recomendaciones de diversos organismos internacionales, tras analizar el marco jurídico nacional existente y particularmente, dijo, atendieron recomendaciones de la Convención de Budapest.
“Sí consulté y si consultamos a la Policía Federal Preventiva respecto de este tema. Hay consulta, pero no quisiera que tratar ahora de desvirtuarse el camino para llevar [la iniciativa] a la Policía [Federal] o a la Comisión Nacional de Seguridad, ésta es la iniciativa de su servidor Omar Fayad, Senador de la República, y consultamos a instituciones públicas privadas, expertos, especialistas, instrumentos internacionales, en fin”, afirmó.
No obstante que defendió su iniciativa, el senador priista de quien se dice aspira a ser candidato priista a la gubernatura de Hidalgo, se dijo abierto a recibir observaciones de los usuarios de internet y de expertos en la materia y ofreció cambiar cualquier redacción que “pudiera prestarse a la interpretación de limitar la libertad de expresión”.
Dijo que es falso que se criminalice a quienes den retuit a críticas a actores políticos, divulguen información periodística, descarguen software sin licencia o inclusive tiren computadoras, como sostienen organizaciones de la sociedad civil.
Omar Fayad afirmó que estas inquietudes son generadas por una versión “pirata” de su iniciativa que circula en las redes sociales, aunque el senador no ofreció ninguna prueba de la existencia de este supuesto documento.
“Si alguna parte del texto de la iniciativa se presta a una interpretación que pudiera creerse que limita la libertad de internet o la libertad de expresión, la retiraríamos de la iniciativa. No es objeto de esta iniciativa limitar la internet ni la libertad de expresión”, afirmó el senador por Hidalgo.
Fayad se dijo abierto a la discusión con los cibernautas para explicar que el interés de su iniciativa es crear una ley que proteja a los mexicanos de los actos delictivos realizados por “agresores digitales” que atentan contra la infancia, empresarios y la ciudadanía en general.
“Hay conductas que hoy se cometen con el anonimato de internet que deben ser tipificadas como delitos”, recalcó.
Será el próximo jueves 5 de noviembre a las seis de la tarde cuando el Senador Omar Fayad instalar la primera mesa de trabajo con internautas y expertos en las instalaciones del Senado de la República, para para intercambiar ideas y resolver inquietudes.
Las organizaciones Artículo 19 y R3D dijeron este día mediante un comunicado de prensa que la iniciativa ante contra el derecho a la privacidad. Explicaron que lo anterior está contenido en los artículos 11 y 12 que obligan a cualquier empresa de telecomunicaciones y a cualquier proveedor de servicios en Internet a entregar a la policía la información y geolocalización de sus usuarios.
Dijeron que no se requiere autorización judicial y no hay salvaguardas para el abuso. Por otro lado, detallaron, el artículo nueve faculta a la Policía Federal para solicitar la suspensión de sitios web que atenten contra la “seguridad pública”.
“Si esto se interpreta de manera amplia, podría dar pie a numerosos abusos”, alertaron las organizaciones.
Con respecto a la libertad de expresión, indicaron que la iniciativa impone restricciones “ilegítimas” y considera que las actividades como “el periodismo digital, la publicidad y las opiniones, mensajes o elementos vertidos en redes sociales” pueden derivar en menoscabos del patrimonio, la reputación, el honor o la actividad profesional de alguien.
“En esta lógica, el artículo 3 fracción, II hace alusión al término ‘terrorismo informático’, que sanciona con cárcel cualquier ‘difusión de información con el objetivo de causar pánico y desestabilización de la paz pública Esto abre la puerta a que se penalice a cualquier persona que comparta contenidos críticos al Gobierno que puedan ser considerados bajo esta categoría”, alertaron.
Las organizaciones dijeron que el artículo 21 de la iniciativa propone sancionar con cárcel a quien “acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de internet de forma reiterada y sistemática.”
“Aunque la intención de la Ley es regular el acoso, no se toma en cuenta una adecuada perspectiva de género, y su redacción es tan amplia que puede criminalizar a voces disidentes, minoritarias y/o incómodas con el poder”, denunciaron.
Dijeron que el proyecto contempla delitos que ya existen en otras leyes, como el terrorismo informático y el ciberespionaje, pero en la iniciativa se definen en términos demasiado ambiguos, abriendo la puerta a áreas grises y abusos.
Esta semana, Freedom House alertó en su informe “Libertad en la Red 2015″ que México permanece como uno de los entornos más hostiles para los periodistas online y los blogueros, mientras que informes recientes sugieren que la vigilancia estatal es generalizada en el país.
La organización dijo que la vigilancia no sólo afecta a los periodistas en uno de los países con menor libertad de expresión, sino también al ciudadano de a pie. El reporte, que califica a México como un país “parcialmente libre”, refiere que aunque el acceso a Internet ha mejorado en los últimos años, “la libertad está severamente limitada por uno de los más altos niveles de violencia contra periodistas en el mundo”.
En este clima de inseguridad, refiere el informe, el gobierno amplió sus poderes de vigilancia al aprobar la Reforma de Telecomunicaciones de 2014. Freedom House menciona que los informes recientes sobre los contratos del gobierno mexicano con la empresa italiana Hacking Team “sugieren que la vigilancia estatal es generalizada”.
Admite su autor que #LeyFayad contó con asesoría de Policía Federal
Homozapping
Jenaro Villamil
30/10/15
Considerada por activistas y expertos en internet como una ley que criminaliza a los casi 54 millones de cibernautas en el país, que limita la libertad de expresión, que permitiría la persecución de periodistas y medios digitales, la llamada #LeyFayad, del senador priista Omar Fayad, fue defendida hoy por su autor, quien admitió que contó con la asesoría de la Policía Federal Preventiva para elaborarla.
En conferencia de prensa, realizada en el Senado, el senador hidalguense, afirmó que todavía falta que su iniciativa sea dictaminada en comisiones y aclaró que se organizarán foros y se citará a expertos para que opinen sobre la llamada Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos que fue presentada en el pleno el pasado 27 de octubre.
Fayad afirmó que retiraría de la iniciativa aquellas partes que “se presten a una interpretación que pudiera creerse que limita la libertad de internet o la libertad de expresión”.
“El objeto de esta ley es proteger a nuestros hijos de personas que están haciendo mal uso de la libertad de internet, para cometer delitos o para cometer conductas ilícitas”, reiteró.
Sin embargo, Fayad negó que tanto los artículos 17, como los del 21 al 24 de su propia iniciativa puedan constituir absurdos o permitir la criminalización de las actividades en las redes sociales.
Por ejemplo, el artículo 17 estipula que “a todo aquel que dolosamente destruya, inutilice, dañe o realice cualquier acto que altere el funcionamiento de un sistema informático o alguno de sus componentes, se le impondrá una sanción de cinco a quince años de prisión y multa de hasta mil días de salarios mínimos”.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ha considerado que este ordenamiento puede constituir una criminalización al uso de la computadora personal o a considerar delito tirarla a la basura.
Fayad afirmó que este artículo habla de “actitud dolosa”. “Si la actitud no es dolosa, si tú tiras la computadora por qué se va a interpretar que cometes esta conducta”, abundó sin explicar quién determinará el uso “doloso”.
En los artículos 21 al 24 hay una amplia interpretación respecto a lo que puede ser intimidación, hostigamiento y agresión en las rede sociales. Al ser cuestionado sobre estos artículos, Fayad afirmó que “habrá que cambiar la redacción a injerencias ilícitas de información sensible de carácter personal, de credo, información patrimonial, siempre y cuando se considere personal y que para su divulgación requiere autorización”.
Un párrafo de su artículo 21 advierte:
“A quien, a través de medios informáticos acose, hostigue, intimide, agreda o profiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de internet de forma reiterada y sistemática, se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a ochenta días de salario mínimo”.
Fayad dijo que se ha “descontextualizado” éste y otro párrafo de su iniciativa que afirma advierte lo siguiente:
“Actividades como el comercio electrónico, el periodismo digital, la publicidad y las opiniones y mensajes o elementos vertidos en las redes sociales, pueden derivar en menoscabo del patrimonio, la reputación, el honor o la actividad profesional”.
En respuesta, Fayad dijo que “efectivamente” hay conductas que “te llevan a entrometerte en la privacidad de las personas”.
“No tratamos de coartar al periodista absolutamente nada, ni a la libertad de expresión”, sentenció, pero también admitió que consultó con la Policía Federal Preventiva y con “algunos organismos empresariales” para redactar esta iniciativa.
Tanto al R3D, como Artículo 19 y especialistas en libertad de internet han desacreditado esta iniciativa del senador y aspirante a gobernador de Hidalgo, por el PRI.
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