-Transparencia y acceso a la información
Gobierno capitalino transparenta manejo de programas sociales
Excélsior
23 de noviembre de 2014
Notimex
En la Ciudad de México, operaron 31 programas sociales durante el 2013; los padrones de los beneficiarios se pueden consultar en línea
CIUDAD DE MÉXICO, 23 de noviembre.- El Gobierno del Distrito Federal (GDF) afirmó que con la publicación de las reglas de operación de los programas sociales que se aplican este año, cumple con la transparencia y la rendición de cuentas a las que está obligado.
Durante la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional del Distrito Federal, la secretaría de Desarrollo Social capitalina, Rosa Icela Rodríguez, se congratuló por los avances en la materia obtenidos en 2013 y en este año.
La funcionaria indicó que cualquier persona puede consultar en elSistema de Información del Desarrollo Social (Sideso) las 176 Reglas de Operación de los programas sociales implementados en 2014 en el Distrito Federal.
También se hicieron públicos los 178 padrones de derechohabientes, correspondientes a 2013.
Me congratula informar que por primera vez las 16 delegaciones hicieron públicos el cien por ciento de sus padrones de derechohabientes o beneficiarios”, indicó Rodríguez Velázquez.
La secretaria de Desarrollo Social del DF expuso que nuevamente las dependencias que cuentan con esos apoyos publicaron ciento por ciento de los 31 programas que operaron en 2013 y los órganos desconcentrados tuvieron un avance de 96 por ciento.
En general se tuvo un avance en este rubro de 99.4 por ciento, afirmó la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal.
A la fecha se han publicado 156 evaluaciones internas, de un total de 179, lo que representa un avance del 87 por ciento en este tema, dio a conocer en un comunicado del Gobierno capitalino.
–Protección de datos personales
El Universal
Alberto Barranco
24 de noviembre de 2014
Detenida durante meses la investigación en el paréntesis de cordialidad (“no es hora de hacer olas”) abierto en el marco del Pacto por México, el 15 de enero del 2013 se presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República por un presunto caso de espionaje en la Comisión Federal de Telecomunicaciones
El ilícito apunta a la sustracción de información contenida en expedientes relacionados con la operación de concesionarios de radio y televisión. Secretos industriales y comerciales, pues.
La maniobra, constatada por un notario público, se evidenció el 12 de diciembre anterior, es decir cuando la Cofetel aún no se transformaba en Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero cuando se sabía ya de la intención del gobierno de abrir dos cadenas de televisión abierta.
El presidente del organismo de supervisión era Mony de Swaan Addati.
La denuncia, fotografías al calce del acceso de personas ajenas al organismo supervisor, acta de fe de hechos levantada por el notario público número 24 del Distrito Federal, Luis Ricardo Duarte Guerra, la presentó el funcionario responsable del resguardo de los documentos.
Estamos hablando de Ignacio Vera Estrada, director de Integración, Administración y Seguimiento de Planes, adscrito a la Coordinación General de Organización y Tecnologías de la Información de la Cofetel.
La querella se ubicó en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
De acuerdo a ella, el funcionario había advertido desde días antes que continuamente se permitía el acceso a archivos confidenciales de personas que no ocupaban cargo alguno en el organismo, lo que constató la responsable del Archivo Técnico de Telecomunicaciones, Leticia del Carmen López Torres.
Las seis personas a quienes se encontró revisando los expedientes y capturando datos se habían registrado como “prestadores del servicio de la compañía Procobhi, Recepción Ingeniería y Sistemas (Iztapalapa)”…
En su ingreso individual todos ellos habían colocado en el registro como motivo de su visita la palabra “capturación”.
Según ello, las personas fotografiadas, cuatro mujeres y dos hombres, estaban trabajando en un Proyecto de Cobertura Histórica de la Universidad de Berkeley, capturando datos e información de los expedientes de prestadores de servicios en radio AM y FM, televisión y otros servicios prestados por cable.
El fedatario hace constar que tuvieron acceso a un volumen significativo de expedientes de la Cofetel.
El caso es que el 13 de diciembre del 2013, un día después de levantada el acta de hechos, no aparecía en el portal del organismo ninguna notificación de un proyecto conjunto con la institución académica de los Estados Unidos. Y el caso es que cuando el presidente de la Cofetel tuvo conocimiento de los hechos, cuestionó, vía comunicaciones electrónicas, la lealtad del funcionario por permitir el acceso del notario.
Y el caso, más allá, es que, sin embargo, se convocaron de inmediato a reuniones a las que solo asistían los allegados a de Swaan, para discutir el asunto “Procobhi Berkeley”.
Alertado del asunto el presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, Gerardo Soria Gutiérrez, ante el posible daño a la industria de radio y televisión, éste había señalado que la Cofetel no tenía ningún documento que avalara el proyecto.
El acceso a los expedientes confidenciales, pues, se había dado en forma ilegal.
Sin embargo, en colaboraciones periodísticas el directivo había hablado en octubre del 2011 de un proyecto conocido como Procobhi o Proyecto de Cobertura Histórica que se llevaba a cabo en las instalaciones de la Cofetel. Requerida la información a través del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, éste había recibido una respuesta negativa por parte de la Cofetel.
Sin embargo, en el enredo, en otro intento se dijo que “Procobhi es un proyecto académico denominado así por la Universidad de Berkeley, que se desarrolla en el área de archivo de la Comisión, como parte de un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones”.
No, pero sí.
El hecho es que el tema se mantuvo en sigilo durante varios meses ante la presencia en el Pacto por México, como uno de las representantes del Partido Acción Nacional, del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, por años protector de Mony De Swaan.
Un asunto extraño que coloca en jaque la confianza en un organismo que debía sustentarse, justo, de ella.
Balance general. Cerrado el affaire Banorte al aceptarse la exigencia de Guillermo Ortiz de dejar la presidencia si se colocaba en la guillotina al director general, Alejandro Valenzuela, la intermediaria está obligada a un esfuerzo para restañar heridas… y apuntalar el negocio.
En el jaloneo que provocó una caída drástica, en la cotización de las acciones del banco, se descuidó la operación de uno de sus principales activos: la Afore XXI-Banorte.
Encabezada ésta por Fernando Solís Soberón, la administradora de fondos para el retiro ocupa el liderato en el país, tras absorber a la que mantenía Bancomer.
En la carambola, además, hete aquí que la Afore era una de las principales aportantes a la Fundación IMSS, cuyo presidente era, justo, Alejandro Valenzuela.
Banorte tiene una cartera vencida importante tras la caída de promotoras de vivienda como Homex, el escándalo Oceanografía y la declaración de quiebra de Mexicana de Aviación.
Otro que se nos va. Colocadas en la mesa las raquíticas cifras de crecimiento económico del país al tercer trimestre del año, se volvió a derrumbar la expectativa de la Secretaría de Hacienda de cerrar el año con 2.7%.
El 2.15 logrado no es suficiente para estirar la liga.
Llegar a un 2.3% equivaldría a cerrar el año con un salto de 3.5, lo que parece misión imposible ante la cancelación de inversiones previstas por la inseguridad, advertida por la calificadora Moody’s.
Y aunque se aguardan con optimismo las cifras de ventas por la promoción “Buen Fin”, en el mejor de los casos se igualarían los 190 mil millones del año pasado.
El mercado interno sigue deprimido.
Otro año perdido, pues.
Ficrea en el limbo. Después de siete horas de diálogo entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los ahorradores afectados por la intervención gerencial de la instancia financiera Ficrea, en cuyo marco se cerraron sus sucursales, se abrió una rendija de esperanza de cara a la recuperación para aquellos que tenían depósitos mayores de 130 mil pesos.
Lo que se clarificó fue, paradójicamente, la opacidad en que operaba la intermediaria.
De entrada, al momento de la intervención ningún funcionario de primer o segundo nivel de ésta se encontraba para protocolizar la entrega-recepción de la sociedad.
En paralelo, los sistemas de cómputo estaban deshabilitados, lo que dificultó el procesamiento y análisis de las informaciones.
Más allá, 65 cajas que contenían el soporte documental contable habían sido sustraídas, lográndose su recuperación hasta que intervino la Procuraduría General de la República.
Ficrea operaba con dos empresas relacionadas, Leadman Trade y Baus and Jackman Leasing, quienes fueron aseguradas por el Ministerio Público Federal.
La instancia supervisora está en proceso de realizar un inventario preliminar de los activos, bienes y recursos de la financiera para evaluar su potencial de cara a los reclamos.
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