-Legislación en materia de comunicación
Alista Senado Ley de Transparencia
24 horas
10 de Noviembre de 2014
El Comité Redactor de las Leyes Secundarias en Materia de Transparencia, coordinado por los senadores Arely Gómez González (PRI), Laura Angélica Rojas (PAN), Alejandro Encinas Rodríguez (PRD) y Pablo Escudero Morales (PVEM), anunció que durante la segunda quincena de noviembre se presentará ante el Pleno del Senado el dictamen para
El Comité Redactor de las Leyes Secundarias en Materia de Transparencia, coordinado por los senadores Arely Gómez González (PRI), Laura Angélica Rojas (PAN), Alejandro Encinas Rodríguez (PRD) y Pablo Escudero Morales (PVEM), anunció que durante la segunda quincena de noviembre se presentará ante el Pleno del Senado el dictamen para expedir la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
A través de un comunicado, dicho Comité -en el que también participan organizaciones sociales- dio a conocer que después de turnar a un grupo de 20 especialistas el proyecto de ley en materia de transparencia, se está trabajando en la construcción de un dictamen para que en breve se apruebe el nuevo ordenamiento.
Una vez recibidos los comentarios de especialistas, como Jacqueline Peschard, otrora presidenta del IFAI; Sergio López Ayllón, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Eduardo Bohórque, director General de Transparencia Mexicana, y Miguel Pulido, director Ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis (entre otros), se informó que se presentará ante el Pleno del Senado durante la segunda quincena de noviembre, la iniciativa de Ley General, con lo cual se estaría cumpliendo antes del plazo constitucional (7 de febrero de 2015) con el compromiso de complementar la reforma constitucional en materia energética.
Aunque no se dieron a conocer los detalles de los avances obtenidos, se precisó que el grupo integrado por 20 especialistas en la materia, hicieron observaciones sobre los temas de transparencia, protección de datos, libertad de expresión, seguridad nacional y apertura gubernamental.
Lupa a dinero de sindicatos; proyecto de ley sobre transparencia
Excélsior
11 de noviembre de 2014
Leticia Robles de la Rosa
Deberán rendir cuentas sobre los fondos que reciban de dependencias y cómo los gastan
CIUDAD DE MÉXICO, 10 de noviembre.- Los sindicatos de maestros, petroleros y electricistas deberán rendir cuentas sobre los recursos que reciban de dependencias gubernamentales y hacer públicos los contratos que firmen con sus agremiados, de acuerdo con la propuesta de ley de transparencia que se trabaja en el Senado de la República.
A pesar de que insisten en que el respeto a su vida interna está garantizado por los tratados internacionales, las organizaciones laborales que se rigen por el Apartado B del artículo 123 constitucional ya no podrán evadir más sus responsabilidades de transparencia.
De acuerdo con el proyecto de Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los sindicatos deberán informar el monto de dinero que reciben, el periodo en que lo hacen y la oficina específica de la dependencia federal que se los entrega.
“Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos deberán habilitar un espacio en sus páginas de internet para que cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica para el uso de la plataforma nacional”, precisa la propuesta de ley.
Sindicatos deberán transparentar dinero
Harán pública la información del monto que reciben y la manera en que lo gastan, según el proyecto.
A pesar de que insisten en que el respeto a su vida interna está garantizado por los tratados internacionales, los sindicatos que se rigen por el Apartado B del artículo 123 Constitucional, como en los casos de los maestros, petroleros y electricistas, ya no podrán evadir más sus responsabilidades de transparencia.
La propuesta de ley de transparencia que desarrollaron los senadores establece que absolutamente todos los sindicatos que reciben dinero de las dependencias federales, como son los casos de esos gremios de instituciones del Estado, deberán informar el monto del dinero que reciben, el periodo en que lo hacen y la oficina específica de la instancia federal que se los entrega y la forma en que lo gastan.
Además, deberán hacer públicos los contratos firmados por todos sus agremiados.
De acuerdo con el proyecto de Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los sindicatos estarán obligados también a informar de las resoluciones jurisdiccionales que tengan que ver con sus agremiados.
La propuesta, entregada a 20 especialistas para recabar sus comentarios y que después se presentará como iniciativa ante el pleno del Senado de la República, como ayer informó por medio de un comunicado de prensa la legisladora priista Arely Gómez, detalla los datos que los sindicatos deberán hacer públicos, entre ellos todos los convenios firmados con la dependencia para la cual trabajan sus afiliados.
“La relación detallada de los recursos públicos que reciban, las operaciones y transferencias que realicen y el ejercicio y destino final de los mismos, señalando nombre de la dependencia o entidad que los otorgue, la motivación y fundamentación de su entrega, los montos de los ingresos directos o indirectos que perciban los sindicatos y su modalidad y los conceptos y montos de sus egresos.
“Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos deberán de habilitar un espacio en sus páginas de internet para que cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica para el uso de la Plataforma Nacional. En todo momento el sindicato será el responsable de la publicación y actualización de la información”, precisa la propuesta de ley.
El caso del Apartado B
Hace dos años, como parte de la Reforma Laboral, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron una serie de artículos que obliga a la transparencia a los sindicatos regidos por el Apartado A del Artículo 123 Constitucional, es decir, de las empresas privadas y los de las universidades públicas, cuyo registro lo realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y les aplica la Ley General del Trabajo.
Esto significa que ellos ya tienen la obligación de cumplir con las medidas antiopacidad.
Ahora, la ley que trabaja el legislativo incluye a los sindicatos regidos por el Apartado B del 123 Constitucional, cuyo registro es responsabilidad del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y a quienes les aplica la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que son los casos de los sindicatos Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), del Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) y decenas que conforman la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.
Todos estos sindicatos reciben dinero de las dependencias donde están inscritos, extra o como parte de sus contratos colectivos, que utilizan, por ejemplo, para construcción de viviendas o créditos para comprarlas, así como de edificación de deportivos y de guarderías, entre otros.
Aunque en el Senado de la República existen al menos siete iniciativas históricas que buscaban lograr esta transparencia, ninguna ha prosperado.
La última vez que se intentó fue el 28 de agosto de 2013, cuando el panista Javier Lozano fue avasallado por el voto de los priistas para evitar que los sindicatos del Estado abrieran información.
Sin embargo, como parte de la Reforma Energética, México podrá conocer por primera vez los contratos colectivos y los donativos que reciben los petroleros y los electricistas por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque no por voluntad de los sindicatos, sino por obligación de las ahora empresas productivas del Estado.
Pemex y la CFE están obligadas a transparentar su relación con los sindicatos y tienen que colocar en internet hasta los donativos que les hagan, los salarios que les pagan y las prestaciones que les otorgan.
Los líderes sindicales de los electricistas y petroleros lograron mantener su poder para que los directores generales de las empresas sean sus interlocutores directos, y sean los gremios quienes decidan sobre plazas y cursos de capacitación.
Nuevas reglas
Ahora, con la propuesta trabajada por los senadores de todos los partidos, con coordinación de la priista Arely Gómez, los sindicatos tendrán que hacer pública toda esta relación, pues ya la misma Constitución los hace sujetos obligados en materia de transparencia.
Asimismo, deberán hacer públicos sus Estatutos, los reglamentos interiores de trabajo y los contratos colectivos o las condiciones generales de trabajo, de acuerdo con el proyecto.
“Deberán expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de estos registros a los solicitantes que lo requieran; por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios”, dice el documento.
Analiza Senado comparecencia del IFT por retrasar portabilidad
El Economista
Claudia Juárez Escalona
9 de noviembre de 2014
El Senado de la República podría llamar a comparecer a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones por “retrasar” la portabilidad en 24 horas hasta febrero del próximo año.
Gerardo Flores, secretario de la comisión de Comunicaciones y Transportes dijo “podríamos llamar a comparecer a los comisionados del Instituto para que expliquen en el Congreso el por qué del retraso de un beneficio directo para los usuarios”.
La semana pasada el IFT resolvió que será hasta febrero del próximo año cuando los usuarios podrán hacer efectiva la portabilidad de números en 24 horas, como lo mandató la constitución.
En tanto, una vez que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las nuevas reglas, lo cual podría ser esta semana, el tiempo de la portabilidad se reducirá de 13 a 3 días hábiles, incluido el sábado.
Al respecto, el senador Gerardo Flores cuestionó el hecho de que “de un plumazo” el regulador redujo la duración del proceso 10 días y “no lo pudo hacer 3 días más”.
El legislador previó que habrá “reacciones importantes en el Senado…faltar a la ley podría, incluso, ser causa de remoción”.
“Estamos preocupados por la forma en que el IFT interpretó la letra y espíritu de la ley”, dijo.
En contraste, Ramiro Tovar, especialista en competencia y regulación dijo que el IFT sí cumplió con el plazo que dio el Congreso y ningún momento está obstaculizando la portabilidad, “la implementación de la portabilidad con las características que tiene la ley requiere de un esquema técnico, logístico e informático tiene que llevar tiempo de transición”.
Con dichas modificaciones, para que un usuario solicite la portabilidad de su número únicamente requerirá de presentar una identificación oficial y manifestar su voluntad de cambiar su número telefónico de compañía de servicio.
La existencia de adeudos pendientes no será causa de rechazo de la portabilidad, se automatiza el proceso con lo cual el usuario deberá marcar al 051 y de forma automática se inicia el proceso. El usuario podrá solicitar la portabilidad de su número cuántas veces lo desee.
Costos para el proceso
El sistema interactivo de voz para la portabilidad numérica costará 33 millones 902, 741 pesos, de acuerdo con el análisis de impacto regulatorio realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Hay aproximadamente 52 empresas, considerando al Administrador de la Base de Datos.
El proceso de portabilidad se automatiza, debido a que los usuarios deberán llamar al 051 para realizar el trámite.
cjescalona@eleconomista.com.mx
Diputado propone homologar tecnología en seguridad pública
Uno más uno
Webjr
9 de noviembre de 2014
El diputado del PRI, Luis Armando Córdova Díaz, propuso crear la Ley Federal del Uso de Tecnología para la Seguridad Pública, para homologar las bases de datos y los sistemas informáticos de todas las instituciones de este sector en el país.
De acuerdo con la propuesta que el legislador del Partido Revolucionario Institucional presentó ante la Cámara de Diputados, la idea es garantizar que las policías de los tres niveles de gobierno, cuenten con sistemas similares de obtención, almacenamiento y manejo de información.
En un comunicado, la Cámara baja explica que Córdova Díaz plantea emplear la tecnología para evitar duplicidad, contradicción y desfase de la información, que redundan en ineficacia de las dependencias encargadas de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
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