-Libertad de expresión
Breves ejemplos de discriminación
La Silla Rota
Aleida Calleja
14 octubre 2014
El gobierno y el Estado en su conjunto, tiene que hacer una revisión a profundidad de su papel como garante de los derechos humanos. Millones de personas son excluidas del goce de sus derechos por un sistema que valida la discriminación en todas sus estructuras, que constantemente viola el derecho mínimo de igualdad y no discriminación, porque los gobiernos se olvidan de sus obligaciones para la seguridad y el bienestar de las mayorías empobrecidas, de los grupos de especial atención por sus desventajas, dejando que privados y políticos oportunistas hagan de las suyas ganando brevas a costa de aquéllos.
Un ejemplo inmediato, que poca difusión ha tenido en los medios, es la recomendación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que urgió al gobierno de México a no entregar a la Fundación Teletón (ligada a Televisa) recursos financieros que el Estado dedica a la rehabilitación de las personas con discapacidad, porque “buena parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad del Estado sean objeto de administración en un ente privado, como Teletón”.
Esto significa que el gobierno en lugar de cumplir con su obligación para que las instituciones del Estado apoyen a este sector de la sociedad, con un acceso universal, le da esos recursos a empresas que deciden a su criterio a quienes atienden o no. ¿Por qué esos ciudadanos discapacitados tienen que aprestarse a las condiciones de un privado? Porque el Estado no lo hace, porque en lugar de fortalecer a las instituciones en complemento con las organizaciones civiles, fortalece a las grandes empresas privadas.
Esa es una conducta reiterada en infinidad de ámbitos de la política pública, como lo fue con la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del gobierno federal, pues mientras ató de manos a los medios públicos para obtener los suficientes recursos para cumplir con su cometido y a las estaciones comunitarias las obliga a depender de la publicidad oficial de un cicatero 1%, a los medios comerciales les permitirá comercializar hasta más del 50% de su programación, además de que seguirán recibiendo multimillonarias ganancias a través de la publicidad oficial.
En lugar de fortalecer a los medios públicos que son de la sociedad, de establecer medidas afirmativas para el sector social, comunitario e indígena, los restringió sin ninguna proporcionalidad o argumento razonable.
Las medidas discriminatorias a los medios comunitarios e indígenas no aguantan la prueba de argumentación categórica, de razonabilidad o de ponderación en materia de derechos humanos y libertad de expresión, por eso es que varias comunidades indígenas y emisoras comunitarias interpusieron demandas de amparos, pues se les conculcan las derechos mínimos que la Constitución les reconoce pero que el gobierno se niega a materializar.
Quienes operan medios comunitarios pertenecen a lugares mayoritariamente de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, porque ahí es donde están las comunidades más pobres del país, porque ahí es donde se necesitan medios para combatir los cacicazgos, denunciar las violaciones a los derechos, informar a la gente en su propio idioma, en su propia dinámica cultural, pero en lugar de ser normalizadas por el Estado, facilitando las trámites administrativos y técnicos para su existencia y dándoles condiciones para acceder a diversos recursos económicos, les impuso medidas de acceso a las frecuencias y a recursos económico de manera discriminatoria.
Cómo esperar que esas comunidades asoladas por la miseria, la violencia estructural, van a cumplir todos esas medidas, cuando hasta incluso tienen que cuidar la vida por informar, como sucedió con el director de la emisora comunitaria de Luvianos en el Estado de México, que sufrió la desgracia de que el crimen organizado le asesinara a su hijo ahí mismo en la estación.
Esas medidas legales se hicieron a demanda y gusto de los medios comerciales como Televisa y los congregados en la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, que ahora mediante sus “líderes de opinión”, han iniciado (¡otra vez!) una campaña para desacreditarlas afirmando que son negocios del PRD, propalando mentiras como que la radio comercial en América Latina casi ha desaparecido por la presencia de medios comunitarios o que en Europa no se les permite la comercialización por que se alejan de sus fines sociales, cuando en Francia y en Inglaterra no solamente se les permite, hasta en un 20%, sino que también son apoyadas por un fondo concursable con recursos provenientes de los medios electrónicos comerciales.
Tanto Naciones Unidas, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de Europa, han recomendado a los Estados no sólo el reconocimiento de los medios comunitarios, sino también su fortalecimiento con medidas afirmativas, por cuanto son el vehículo de expresión para las grandes mayorías excluidas del debate democrático, pero en México en esta materia se legisla y ejecuta una política pública contraria, al gusto de las empresas privadas.
Crisis de derechos humanos
Es casi imposible no referirse en estos días a lo sucedido en Guerrero. ¿Cómo entender lo ocurrido en Iguala a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa? Esa barbarie que nos ha conmocionado nos devolvió a la realidad que siempre le hemos dado la espalda; puso en evidencia la denuncia ignorada de la grave crisis de derechos humanos que vivimos en el país desde hace décadas, pero que se agravó profundamente con la preeminencia del crimen organizado en los últimos 14 años, que extendió sus tentáculos por todas las estructuras del Estado.
Las advertencias al Estado mexicano vinieron desde hace mucho tiempo por parte organizaciones de la sociedad civil y por distintos organismos internacionales de derechos humanos.
Que ahora nos quieran hacer creer que la tragedia tiene sólo como causa el involucramiento de narcotraficantes con autoridades estatales, es tratar de desviar la atención para evitar que se patentice que el Estado fue omiso en sus obligaciones para proteger los derechos de la población a pesar de que sabían de la situación, esa omisión hace responsable al Estado de la desaparición de los 43 estudiantes, la muerte brutal de otros tres y las agresiones humillantes de todos los jóvenes que fueron perseguidos por los policías involucrados en el operativo.
“Nos persiguieron como si fuéramos perros” dice en uno de sus testimonios un joven que logró huir de la represión policiaca. Y es que hay una saña en el operativo de Iguala que nos cimbra, porque borra todo vestigio de dignidad humana.
Esa dignidad avasallada, borrada también por la matanza de San Fernando en Tamaulipas; las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya y los feminicidios en el Estado de México; la muerte de un niño por la represión del gobernador de Puebla, son muestras de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que tienen un denominador común: la impunidad, esa que permite que quiéen tiene el dinero o las influencias necesarias no es, ni será castigado.
Toda mi solidaridad a las familias de los estudiantes asesinados y desaparecidos, su dolor es nuestro dolor
–Agresiones a periodistas
La silla rota
Redacción
14 octubre 2014
La organización civil Artículo 19 busca revivir el caso de las violaciones a los derechos humanos que la periodista Lydia Cacho sufrió por parte deautoridades de Puebla y Quintana Roo, por lo que este día presentará una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en contra el Estado mexicano.
El texto que será llevado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, será entregado por la propia Cacho y el director de Artículo 19 para México y Centroamérica, Darío Ramírez.
En la denuncia se señala que Cacho sufrió violaciones a sus derechos humanos en diciembre de 2005, cuando fue detenida en Quintana Roo por presuntamente difamar y calumniar al “rey de la mexclilla” Kamel Nacif, y trasladada a Puebla para su posterior liberación tras el pago de una fianza de 6 mil 000 dólares.
El representante de Artículo 19 detalló que en la denuncia que se entregará al comité se indica que la detención fue arbitraria y que la periodista fue torturada, con lo que se le privó de la libertad ilegalmente, se violó su integridad física y se buscó intimidarla para limitar su libre expresión.
La detención de Cacho se suscitó luego de que publicara su libro “Los demonios del Edén”, en el que documenta la operación de redes de pederastia en el país en las que implicaba a Nacif.
Meses después, se difundieron conversaciones telefónicas entre Nacif y el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en las que el empresario le agradece haber detenido a Cacho y haberle dado un “coscorrón”.
La periodista obtuvo su libertad en diciembre de 2006, no obstante, Artículo 19 señala que siguió sufriendo amenazas, y aunque presentó denuncias en diversas instancias, el caso no prosperó. En noviembre de 2007, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó por seis votos contra cuatro pronunciarse sobre el tema, pues señaló que otros tribunales menores podrían hacerlo.
En tanto, en 2008, un juzgado penal no quiso emitir orden de aprehensión en contra de los policías de Puebla acusados de tortura, pues señaló que no se acreditó el cuerpo del delito.
Darío Ramírez indicó que apoyan a la periodista en su presentación del caso ante el organismo internacional puesto que las instancias nacionales ya fueron agotadas, además de que es un ejemplo de la situación que viven los representantes de los medios de comunicación en muchos estados de nuestro país.
“Nosotros hemos hecho una petición urgente porque, por ejemplo, el caso del contexto de Quintana Roo, donde vive Lydia Cacho, es un contexto sumamente adverso contra la libertad de expresión, como nosotros hemos documentado”, dijo.
Explicó que tras presentar el documento, se abrirá un periodo para que el comité revise si es admisible o no, lo que puede tardar alrededor de cinco meses. Si la admite, tardará entre cinco y seis meses más en pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Aclaró que esta instancia no tiene facultades para ordenar al Estado mexicano que tome medidas concretas como castigar a funcionarios o ex funcionarios públicos, pero destacó que sus recomendaciones tienen un “peso moral y ético” y fomentarían que se atiendan los problemas que padecen los periodistas en el país.
“Evidentemente no es una corte como la Corte Interamericana (de Derechos Humanos), sino que da recomendaciones y señalamientos muy precisos. Pero inclusive en eso, la jurisprudencia que dicta el comité puede hablar de reparación (del daño), de temas de impunidad, asuntos legales que se tienen que modificar y revisar”, dijo.
“Puede obligar al Estado a brindar la protección necesaria, tiene un peso moral y ético muy importante en términos de lo que ellos revisan para determinar que sí hubo violaciones”, agregó.
Lydia Cacho pide a ONU indagar abusos contra reporteros
El Economista
AFP
14 de octubre de 2014
La corrupción a alto nivel creó una atmósfera de impunidad en México, lamentó este jueves en Ginebra una periodista mexicana, que instó a la ONU a investigar los abusos contra ella y los demás reporteros del país.
“En México reina la impunidad”, declaró Lydia Cacho, una conocida periodista que ha investigado la violencia contra las mujeres y los niños, recordando unas estadísticas según las cuales 94% de los casos criminales quedan impunes en el país.
Sus palabras llegan mientras, en México, se producen airadas manifestaciones por la desaparición de 43 estudiantes, después de que la policía local, muy vinculada con el narcotráfico, los atacara el 26 de septiembre.
Cacho viajó a Ginebra para pedir al Comité de Derechos Humanos de la ONU que investigara su propio caso, desde su arresto arbitrario en 2005, pasando por las 20 horas de tortura que sufrió, hasta las numerosas amenazas de muerte que recibió y la ausencia de un debido juicio.
Cacho fue detenida tras la publicación de su libro “Los demonios del Edén”, en el que destapó una red de pedófilos y señaló a hombres de negocios y políticos mexicanos entre los culpables.
Aseguró entonces que su detención fue orquestada por bandas criminales y policías locales implicados en su investigación, añadiendo que oyó conversaciones telefónicas grabadas en las que un mafioso le decía a una juez que le pagaría un viaje a Las Vegas por meter a la periodista en la cárcel. En otra conversación, alguien le decía al director del penal que la reportera debía ser violada a su llegada.
El caso recorrió el sistema judicial mexicano hasta alcanzar la Corte Suprema, que no le dio la razón a la periodista, a pesar de las pruebas, explicó Cacho, que cree que los jueces sufrieron presiones políticas.
Su caso es, según ella, “una radiografía de cómo funciona el sistema judicial en relación con los vínculos entre el crimen organizado y los funcionarios del gobierno y cómo se construye la impunidad”.
“Tenemos la prueba … de cómo pasó el caso de una corte a otra y de cómo los funcionarios” se vieron “involucrados para que la impunidad se produjera en cada etapa”, afirmó.
Cacho, que recibió el prestigioso premio sueco Olof Palme, entre otros galardones, aseguró que llevaba su caso ante la ONU como un ejemplo típico de los abusos que sufren centenares de reporteros mexicanos que quizá no tienen esta posibilidad de dar un paso al frente.
“Al contrario de algunos de mis amigos… Sigo estando viva para contar la historia”, dijo.
Según la organización Article 19, que se dedica a proteger la libertad de expresión, 77 periodistas murieron en México desde 2002.
Lydia Cacho y el príncipe – La “fe” de Aguirre
El Universal
Katia D’ Artigues
15 de octubre de 2014
A 10 años de que recibiera las primeras amenazas de muerte por investigar redes de pornografía infantil y siguiera trabajando en ello y muchos más temas, el caso de Lydia Cacho llega a la ONU, al Comité de Derechos Humanos. Es la primera periodista del mundo en hacer algo así.
La acompaña Article 19 México, quien ha seguido y documentado su caso desde hace 9 años, cuando fue detenida por supuesta “difamación” en Quintana Roo y trasladada sin que le dijeran nada a la Puebla del entonces bautizado como El Góber Precioso, Mario Marín, por esa inolvidable conversación que todos escuchamos con Kamel Nacif. ¿La recuerdan? Lydia era “esa vieja cabrona” a la que había dado “un coscorrón”. (Por cierto: Marín quiere ser diputado en el 2015).
Los ataques contra ella no han cesado desde entonces.
Su petición de justicia se da ante la ONU y es un caso contra el Estado mexicano por detención arbitraria, tortura y ataques a la libertad de expresión. Lo hace después que la SCJN determinó, en 2007, que no hubo violación a sus “garantías individuales” (antes de la Reforma de Derechos Humanos de 2011) por 6 votos contra 4.
¿Cuáles fueron esos 4 ministros que sí creyeron que Mario Marín debía ser considerado culpable? Juan Silva Meza, José de Jesús Gudiño, José Ramón Cossío y el ahora innombrable Genaro Góngora Pimentel. En contra de violación votaron Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls, Sergio Salvador Aguirre, Mariano Azuela, Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos.
Lydia, periodista a quien admiro y quiero mucho, sienta un precedente, también a favor no sólo de ella, sino de ya un ciento de periodistas asesinados en México. Reporteros sin Fronteras, una organización de la sociedad civil activa y reconocida, considera que México es el país más peligroso para periodistas en América Latina. Puede, y ojalá sea, un antes y un después en el que el tema de los derechos humanos (de manera heredada o no) siga poniendo en jaque a este gobierno.
Habrá que seguir, de cerca, cómo va hoy su reunión con el príncipe jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra.
Un hombre que, por cierto, ayer se reunió también con otra defensora de derechos humanos mexicana: Alejandra Ancheita y reconoció su labor y los de muchos y muchas como ella en México y otras partes del mundo. Ancheita recibió nada menos que el premio Martin Ennals, conocido como el Nobel de los derechos humanos.
En lugar de gobernador, Ángel Aguirre Rivero parece buen titular de programa de chismes, eso sí, con “fe”. Dijo que los 28 cadáveres de la fosa no eran los estudiantes (sin datos) y ayer la PGR, vía Jesús Murillo Karam, le dio la razón (aunque no dijo que, si no son ellos, ¿quiénes son?)
Luego siguió con sus declaraciones de “fe” y sentimiento en una entrevista con Carlos Puig. Dice que quizá están vivos. ¿Cómo lo sabe?
—Es una opción de sentimiento, pero también donde tengo algunas pistas, alguna información que desde luego no la puedo compartir.
Dice que está dolido por todo lo que se dice de él (pobre), sobre todo asesino porque no lo es.
Y que suelta:
—Me han dicho borracho, tiene ya varios meses que no me tomo ni una sola copa.
Como bien diría Adina Chelminsky (@AdinaChel) es la versión trágica del “me dijo Lavestida” de Francisco Labastida.
Ayer por la mañana, en una entrevista con Carmen Aristegui, el gobernador guerrerense de nuevo habló de su fe y esperanza:
—Yo tengo, repito, mucha fe, mucha esperanza de que se les encuentre con vida… (el país también). Sí, pero parto también de esa hipótesis de que se reconoce por la información que me ha proporcionado la Procuraduría del estado, que algunas de esas fosas son fosas que no fueron excavadas recientemente, no todas, algunas sí, entonces bueno.
¿Usted le entiende? ¿A todo esto, cuántas fosas hay? ¿Cuántos muertos sin identificar?
Lo cierto es que van 20 días y los 43 de Ayotzinapa no aparecen.
Carlos Slim ya tiene nuevos planes para invertir en México: en el sector energético.
Comenzará con tres nuevas empresas enfocadas a la perforación de nuevos yacimientos. Váyase acostumbrando para escuchar el nombre de Carso Perforación, Carso Infraestructura, Construcción y Perforación, y Condumex Perforación. Quedarán conformadas oficialmente el próximo 30 de noviembre.
Pero no todo es miel sobre hojuelas para los empresarios nacionales.
Ayer se dio a conocer que Grupo Alemán, encabezado por la familia del ex gobernador Miguel Alemán, siempre no compró la mayoría de acciones de Oceanografía. Al parecer no era tan buen negocio, toda vez que la deuda de la empresa era superior al monto con lo que se adquiriría.
Carlos Mendoza Davis tuvo una “ingeniosa” manera de presentarse como precandidato a la gubernatura de Baja California Sur, la cual se disputará en junio próximo.
Lo hizo ayer mediante un desplegado en tonos azul PAN y blanco, en el cual agradece al presidente Enrique Peña Nieto y al gobierno estatal, encabezado por Marcos Covarrubias, por el apoyo que dieron a los damnificados por el huracán Odile.
Obviamente el texto va acompañado de una foto en la cual Mendoza dialoga con Peña Nieto.
¿Cuánto habrá costado su desplegado a tres cuarto de plana en un periódico de circulación nacional?
Los desplegados están de regreso, querido lector, lectora nunca se fueron, pero ah, cómo les gusta a los priistas que les escriban su nombre en letras grandes en el periódico y les agradezcan.
katia.katinka@gmail.com
http://blogs.eluniversal.com.mx/camposeliseos/
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