-Economía política de las empresas de medios

 

La red pública compartida y la distribución de los costos fijos

Homo Zapping

Ramiro Tovar Landa-Consultor independiente en regulación y competencia económica

27 de septiembre de 2014

 

Highlights

 

Red pública compartida busca que nuevos y potenciales competidores eviten costos e inversiones.

Expansión de competidores corre a cargo de inversiones realizadas por el incumbente.

Desincorporación es una forma de distribuir los activos del preponderante a un nuevo entrante para aumentar número de competidores.

Red pública compartida evita inversión en infraestructura y en asignación de frecuencias.

Existe duda de si la banda de 700 MHz utilizada por la red compartida representa el uso más eficiente.

Red compartida debe generar ingresos similares como si hubiera sido licitada.

Es inexacto que la inversión estimada en la red compartida sea de 10 mil mdd porque no valúa la inversión del Estado.

Hay que valuar los 90 MHz para conocer la aportación de capital del Estado a la red.

Es posible encontrar el común denominador de varias disposiciones regulatorias que están contenidas en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En consecuencia, se puede afirmar que la administración y la distribución de los costos fijos del sector de las telecomunicaciones en México fueron un eje fundamental para el alcance de los objetivos que tuvieron los autores de dicha legislación.

Los costos fijos son económicamente relevantes porque dan origen a las economías de escala; la magnitud de dichas economías determina tanto el tamaño como el número de competidores en un determinado mercado, manteniendo su tamaño estático.

Los costos fijos que caracterizan al sector de las telecomunicaciones son de naturaleza hundida, es decir, se incurren en su totalidad antes de que se ofrezcan los servicios en el mercado y son de naturaleza irreversible, dado que son específicos al uso con el cual se relacionan (v. gr. la instalación de una red alámbrica, sea de par de cobre, fibra óptica o coaxial; cierta infraestructura pasiva como torres y ductos; frecuencias de espectro en una licitación).

Los costos fijos y hundidos pueden determinar la decisión de entrar o no en un mercado, porque su magnitud determina la rentabilidad del proyecto y la posibilidad de ser o no competidor.

Cuando la política de telecomunicaciones gira en torno a elevar el número de competidores, hacer crecer a los entrantes e incentivar la entrada de los potenciales, los costos fijos pasan de ser considerados el resultado de una inversión a una mera barrera a la entrada.

Tal dicotomía no debiera ser ámbito de intervención regulatoria sino parte de las decisiones de inversión de cada competidor actual y potencial. La magnitud de tales costos sólo debiera determinarse por la innovación y su consecuente cambio tecnológico y no por decisiones regulatorias.

Evasión de los costos por nuevos competidores

Aspectos regulatorios fundamentales de la nueva ley como: i) la desagregación y compartición de infraestructura obligada para el preponderante, ii) la opción de desincorporación de activos para dejar de ser considerado preponderante y iii) la existencia de una red pública compartida de telecomunicaciones a que se refiere el artículo décimo sexto transitorio de la reforma constitucional, tienen como objetivo que los nuevos y potenciales competidores eviten incurrir en costos fijos y hundidos con el efecto esperado de una mayor concurrencia de operadores.

Además, en el caso de la red pública compartida, se estableció que el Estado debía aprovechar al menos 90 MHz de espectro en la banda de 700 MHz, los recursos de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y operación de la red compartida. En la ley se agrega que, en caso de que la red compartida requiera de bandas de frecuencia del espectro liberado por la transición a la Televisión Digital Terrestre (banda 700 MHz), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) las otorgará directamente, siempre y cuando dicha red se mantenga bajo el control de una entidad o dependencia pública o bajo un esquema de asociación público-privada.

Todos estos instrumentos están orientados a disminuir los costos fijos de entrada y de expansión que requieran los nuevos competidores, como consecuencia de considerar que los costos fijos y las inversiones son un obstáculo para la competencia y no como un factor que la promuevan, como debieran ser entendidos.

El objetivo de política es evitarles a ciertos agentes económicos los costos fijos y sus inversiones asociadas. La lógica es simple: reducir los costos fijos, disminuir las economías de escala y, por lo tanto, tener más competidores y mayor competencia. ¿Qué tan eficiente es esta política de fomento a la competencia en telecomunicaciones?

En el aspecto de la desagregación y compartición de infraestructura, es evidente que se evitan costos fijos a los entrantes, mientras que la expansión de los competidores alternativos corre a cargo de las inversiones realizadas por el operador incumbente. Es decir, se redistribuyen los costos fijos de entrada por medio de la obligación de ofrecer todos los servicios de la red preponderante. ¿En qué términos y condiciones? Seguramente serán aquellos que beneficien a los entrantes; en eso consiste el tratamiento asimétrico: que tanto costos fijos como variables (v. gr. precio cero en interconexión) sean a cargo del pre-existente o incumbente y a favor del entrante.

La opción de desincorporación de activos, si bien debe eliminar las obligaciones derivadas de la condición de “preponderancia”, es otra forma de distribuir los activos del preponderante a un nuevo entrante con el objetivo de aumentar el número de competidores. La venta es sin duda la opción superior a soportar por las condiciones de preponderancia si y sólo si las condiciones de dicha venta son determinadas libremente en la negociación entre quien desincorpora y quien adquiere, sin la intervención del regulador y sólo limitándose a que la participación de mercado para el que desincorpora, resultante de la transacción, sea menor a 50 por ciento, conforme a la métrica que la reforma constitucional establece.

Respecto de la red pública compartida, ésta evita la inversión en infraestructura y en la asignación de frecuencias por licitación, resultado del denominado dividendo digital de la migración a la TDT y de acceso a la red troncal de fibra óptica de la CFE. Al ser una red de servicios intermedios o mayorista, está evitando las inversiones de todos aquellos operadores que requieran de tales servicios para ofrecer ofertas minoristas a los usuarios finales. Puede ser una red que facilite la entrada y existencia de operadores móviles virtuales o fijos que expandan su cobertura utilizando la red mayorista, combinando redes de diferentes plataformas (redes híbridas).

 

¿Quién asume los costos?

Sin embargo, es útil recordar que “el almuerzo no es gratis” (“There ain’t no such thing as a free lunch”) y que los costos fijos los pueden evitar los entrantes por gracia de la legislación, pero el costo de los recursos que se utilizan y las inversiones que se requieran se redistribuyen pero no se eliminan.

Algún agente económico tiene que internalizar el costo de la infraestructura de la red compartida. Los operadores que utilicen sus servicios mayoristas tendrán que cubrir un conjunto de tarifas que sufraguen el costo de oportunidad de los recursos que tal red requiera, incluido el costo fiscal de una dotación de espectro y de la red troncal de fibra a la red compartida, lo que implica una aportación de capital público a dicha red.

El uso de recursos, entre ellos las frecuencias de la banda de 700 MHz y la red de fibra de la CFE, debe ser motivo de suspicacia y preocupación por estar destinados desde la reforma constitucional a ser utilizados por una sola entidad pública para un solo destino: ser proveedor de servicios mayoristas (troncales de transporte de tráfico) para todo aquel operador que lo solicite, sin mediar una asignación mediante un mecanismo de mercado que determine la cantidad de frecuencias y su uso más eficiente.

Es decir, la reforma constitucional y la ley establecen una asignación de recursos, entre ellos frecuencias, centralmente determinada tanto en magnitud como respecto de su uso. La pregunta relevante debe de ser si las frecuencias de la banda de 700 MHz a ser utilizadas por la red compartida representan el uso más eficiente entre otros usos alternativos, como por ejemplo la banda ancha móvil como servicio minorista antes que como enlace de transporte de tráfico a nivel de mayoreo. Tal asignación debiera ser mediante un mecanismo de mercado y no por virtud de una decisión legislativa.

En Europa, algunos países han definido el uso de la banda de 700 MHz para banda ancha móvil. En Finlandia, la banda entre 694-790 MHz estará disponible para enero de 2017 y en Suecia para abril del mismo año. En otros países todavía no se define el uso como en la República Checa, Alemania, Irlanda, Holanda, Polonia y el Reino Unido. En Estados Unidos se licitó parcialmente la banda de 700 MHz en 2008 para usos móviles flexibles, pero se reservó un bloque nacional de 10 MHz para usos móviles comerciales sujeto a una participación público-privada con servicios públicos de emergencia o seguridad con prioridad de uso. Al sólo recibirse una postura por tal bloque, y por debajo del precio de reserva, la licencia no fue asignada. La recaudación de las frecuencias licitadas fue de 19.6 mil millones de dólares.

La red compartida debe generar un ingreso de al menos lo mismo que debió obtenerse si su asignación hubiera sido licitada mediante un valor basado en un mecanismo de mercado. Cabe señalar una estimación realizada en 2012 sobre el posible valor de una asignación de 60 MHz de la banda de 700 MHz en Estados Unidos, que arrojó un retorno de 1.65 dólares MHz-pop, equivalente a 28 mil millones de dólares, sujeto a que tal bloque de frecuencias fuera de libre uso.[1]

El hecho de que a la red pública mayorista compartida se le asigne una dotación inicial de al menos 90 MHz de la banda de 700 MHz, deberá tener un tratamiento semejante a la inversión por parte del Estado al operador de la red compartida de al menos la contraprestación que hubiera obtenido de haber sido licitado tal bloque de frecuencias. En consecuencia, deberá generar un flujo de ingresos conforme al retorno esperado de tales fondos públicos en su mejor uso alternativo.

Dado lo anterior, es inexacto afirmar que la inversión estimada en la red de referencia sea de 10 mil millones de dólares en los próximos 10 años y que se requiera de una licitación para su operación por medio de una asociación pública-privada con una inversión de 750 millones de dólares,[2] dado que tales cifras no valúan la inversión que el Estado realiza en por lo menos un bloque nacional de 90 MHz de la banda de 700 MHz, lo cual representa un costo de oportunidad fiscal puesto que pudo haberse licitado la frecuencia.

Es fundamental hacer un ejercicio de valuación de los 90 MHz para tener la cifra de la aportación de capital del Estado a la existencia de dicha red. Lo anterior, en consistencia con la fracción III del transitorio décimo sexto de la reforma constitucional que establece: “Podrá contemplar inversión pública o privada, identificando las necesidades presupuestales y, en su caso, las previsiones que deba aprobar la Cámara de Diputados.”[3] El costo fiscal de la dotación de los 90 MHz no es cero o nulo como para no imputarle un costo como inversión en el proyecto de dicha red.

Es por este criterio básico de eficiencia económica en la asignación de recursos que la red pública compartida deberá diseñar tarifas de acceso a sus usuarios potenciales que satisfagan dos condiciones mínimas: i) hacer uso eficiente en el aspecto técnico del espectro asignado, es decir, que las frecuencias en uso sean la mejor opción de transporte de tráfico para sus usuarios, y ii) que la red genere un retorno equivalente que pudo ser obtenido si tales frecuencias se hubieran asignado en una licitación sin restricciones de uso o concurrencia.

Optar por la dotación de espectro y de una red troncal de fibra óptica para una red compartida y no por una asignación por licitación, no sólo representa una posible ineficiencia para determinar el mejor uso de ambos recursos, implica necesariamente un costo o sacrificio fiscal en términos de costo de oportunidad en recaudación.

Ante tal situación establecida desde la reforma constitucional, la red compartida debe considerarse como una Empresa Productiva del Estado como será el tratamiento de la CFE o de Pemex, a las cuales se les otorga autonomía presupuestal pero también se independizan de recibir futuras transferencias por parte del Estado.

La dotación de frecuencias a la red compartida les evita un costo fijo y hundido a los operadores que tendrá como clientes, pero eso no evita que el costo fijo y hundido que les evitó al no participar en una licitación para obtener el uso de tales frecuencias, implique que la entidad que opere la red compartida tenga la responsabilidad con el Estado de al menos obtener un debido retorno por el uso de un bien de la nación que se le da en exclusiva y que no debe de ser vehículo para subsidio de competidores, proteger su rentabilidad o garantizar su permanencia.

En la operación comercial de la red compartida el objetivo debe ser hacer un uso eficiente de los recursos de la nación que se obtienen por medio del apagón analógico. Así como hay renta petrolera en los hidrocarburos que será invertida por el Fondo Mexicano del Petróleo, hay renta espectral derivada del uso de un bien relativamente escaso que son las frecuencias del espectro.

La renta espectral se puede capturar por medio de una asignación por licitación y el pago recurrente de los derechos. Desafortunadamente, se han desperdiciado tales oportunidades al asignar espectro a operadores predeterminados, como lo fue el caso de Nextel en la tristemente célebre Licitación 21 de 2010. No sólo se sacrificó ingreso para el Estado, se desperdició espectro a favor de un operador que no ha resultado ser el más eficiente en su aprovechamiento.

Preocupa cómo se trasladará en tarifas a los operadores usuarios de la red lo que establece la reforma constitucional en el transitorio décimo sexto fracción VII: “Promoverá que la política tarifaria de la red compartida fomente la competencia y asegure la reinversión de utilidades para la actualización, el crecimiento y la cobertura universal.”

Es decir, las tarifas deberán estar orientadas a generar utilidades y a la vez que “fomenten la competencia”. Este término en particular resulta ambiguo cuando lo prioritario es el uso eficiente de los recursos con que el Estado dota a dicha red y no atender la demanda de todos los operadores que lo soliciten con el objeto de que permanezcan en el mercado.

En los próximos meses veremos qué tipo de operador y con qué objetivos explota la dotación de espectro en la banda de 700 MHz que tenga la red compartida. Lo que debe quedar claro es que el uso de los recursos de tal red no deben ser vehículo para compensar las ineficiencias de los competidores (fijos, móviles o virtuales), justificándose en que la protección de competidores equivale a la promoción de la competencia, porque bajo tal sofisma se han cometido errores legislativos y las consecuencias se pueden extender ahora a vulnerar las finanzas públicas.

[1] Testimonio de The Brattle Group por cuenta de Qualcomm Inc. ante el Comité de Energía y Comercio, 18 de mayo de 2005.

[2] Juan Ludlow, “El caso de la red troncal y la red compartida mayorista de servicios de telecomunicaciones en México.” Presentación del 17 de mayo de 2013.

[3] Cabe señalar que en la iniciativa de Ley de Egresos de la Federación para 2015 no existe una asignación presupuestal para dicha red compartida, al menos dentro de los proyectos de asociación público-privada incluidos en el presupuesto, tampoco dentro de los proyectos del sector comunicaciones y transporte (ramo 09) o dentro de los proyectos de Telecomunicaciones de México.

 

 

–Desempeño político y económico de las empresas de medios

 

Los días de la radio se renuevan

La Jornada Jalisco

Rubén Gil

28 de septiembre de 2014

 

28 de septiembre de 2014.-Con una nueva barra de programación, Radio Universidad de Guadalajara busca reconectarse con el público joven y satisfacer a sus fieles radioescuchas. Serán tres las novedades con propuestas frescas que se transmitirán entre semana y buscarán recuperar la identidad de esta estación perteneciente al Sistema Universitario de Radio y Televisión (SURTV).

El titular y director de la estación, Ricardo Salazar, iniciará el día con Start, a las seis de la mañana. Se trata de un programa de revista de prensa, en el cual se revisarán los medios de comunicación de circulación impresa para retomar los temas de mayor actualidad cada día.

A las 11 horas, Julieta Marón regresa con el programa clásico Por el ojo de la cerradura; en el que compartirá diferentes puntos de vista sobre una gran diversidad de culturas y su visión de la salud, muerte, vida, junto con otros temas más, como terapias alternativas. Todo esto se acompañará de música world beat.

Los jóvenes encontrarán a las 17 horas el espacio para escuchar y ser escuchados. Éste será Punto cinco, conducido por Gabi Bautista, y pretende ser un espejo para compartir lo que la juventud está haciendo en la ciudad. El programa contará con cinco colaboradores, los cuales abordarán contenidos en tecnología, activismo y comunicación, y estará acompañado de música. Punto cincobusca ser un espacio de encuentro y para ello utilizará las plataformas digitales para escuchar la opinión del público.

“Estas renovaciones son parte de una deuda que tenían con el público desde el año pasado. A unos meses de mi llegada a la directiva, hicimos una consulta  en la que preguntamos durante dos días qué se quería escuchar en la radio: los contenidos, música y voces conductoras que nuestra audiencia quería”. afirmó Ricardo Salazar.

Con base en los resultados, se hicieron los primeros cambios de programación: se programó más música en español, junto con el regreso de algunas voces consagradas. La directiva se centró en generar programas que conectaran con otros públicos, aunque se encontraron con un reclamo permanente porque su programación sonaba a otras radios comerciales.

Por esta razón, Salazar consideró que esta segunda renovación de la programación permitirá recuperar el espíritu de la radio: compañía, entretenimiento y hábitos a través de la transmisión en vivo, no grabada.

Sumado a las peticiones de la consulta y en el marco del programa de 40 aniversario, los directivos concluyeron que la radio dejó de conectar con el público joven y sus radioescuchas, los cuales se perfilaban a partir de los 35 años en adelante.

“Radio Universidad había renunciado a los Salta-pericos, un taller para niños donde ellos generaban radio en sus términos, y Limbo, con la misma dinámica, pero para jóvenes. De este tipo de programas, surgió gente que ahora trabaja en la radio, mas los programas dejaron de transmitirse”, precisó Salazar.

Finalmente, Salazar comentó que también se puso como objetivo fortalecer los lazos con el público de la madrugada. Para ello, han reinventado la propuesta de Velador Groovie. Esto incluye una revisión de los 40 años de música de la estación, así como la inscripción de La cripta, conducido por Carlos Ramírez, el cual será un transmitido en vivo todas las madrugadas del viernes y sábado. La cripta abordará teorías de conspiración y temas polémicos a debatir. Para los sábados y domingos de las 12 de la noche hasta las cinco de la mañana, se implementará un nuevo rol de conductores, el cual iniciará con Alonso Torres.

Las novedades incluso se extienden hasta el domingo. que contará con una transmisión completamente en vivo durante todo el día. Al programa especializado Ópera Radio, con Ernesto Álvarez, se añadirá un programa de teatro y uno más de literatura, que serán transmitidos desde el Musa. Aprovechando la energía de la Vía RecreActiva, se sumará un programa que tratará temas alrededor de la bicicleta. Por su parte, Buscaribe, de ritmos caribeños, y Rutas de México, seguirán transmitiendo, pero ahora en vivo.

“A pesar del acceso a Internet de ofertas alternativas para la música y la literatura, seguimos consumiendo los mismos programas. Baja el consumo en medios tradicionales; se sigue viendo lo mismo, pero en Internet. Lo que hace falta es gente que sea catadora de contenidos. Eso es lo que ofrecemos, ser un salvavidas en un mar de información para que el radioescucha tenga mayor accesibilidad”, concluyó Salazar. La nueva programación se estrenará este lunes 29 de septiembre.