Legislación en materia de comunicación
Homozapping
14 de septiembre de 2014
Imprecisiones en la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones podrían dar una salida legal a Televisa ante investigación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para determinar agentes económicos con poder sustancial en el mercado de la televisión de paga, según señalan algunos expertos en el tema.
El IFT dio inicio a una investigación para determinar la existencia de agentes económicos con poder sustancial en televisión de paga, el cual es dominado por Televisa, quien tiene un 64.3 por ciento de participación en el sector.
Según publicó el pasado 11 de septiembre el diario El Financiero, expertos opinan que imprecisiones en la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicación permitirían a televisa encontrar una salida legal ante esta investigación.
“La ley le otorga (al IFT) el poder de determinar a estos agentes, pero la definición de agentes con poder sustancial no está sustentada legalmente con la precisión de los agentes económicos preponderantes”, dijo Homero Ruiz, analista de Signum Research.
Mientras que la ley es clara para la determinación de agentes económicos preponderantes (quienes cuentan con más de 50 por ciento de participación en ingresos y número de usuarios son considerados como tales), en la definición de agentes con poder sustancial no lo es. “Dependerá de la definición que tome el IFT para regular el mercado tanto por servicio como TV de paga agregado o por tecnologías”, explica Jorge Negrete, director de Mediatelecom Law & Policy.
Los factores que considera la ley para la declaración de un agente económico con poder sustancial son: participación de mercado, capacidad de fijar precios y barrera a la entrada.
La televisión por paga representa el 18 por ciento del sector de telecomunicaciones, con ganancias anuales por 35 mil millones de pesos. Este servició esta dominado por Televisa y, de acuerdo con la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones, la empresa pude seguir consoliándose sin necesidad de notificar al IFT.
Un factor que se toma en cuenta para definir a los agentes económicos con poder sustancial en cuanto a distribución de contenidos. Televisa, a través de SKY, tiene un 39 por ciento de los servicios de televisión satelital, y a través de las cableras Bestel, Cablemás, Cablevisión y TVI suma el 25.3 por ciento de la distribución por cable. El resto del mercado se lo reparten Megacable con 14.8 por ciento, Dish 11 por ciento y con un 2.3 por ciento Telecable y cableras regionales.
“Si el IFT define por tecnologías cable y satelital, Televisa no sería un agente dominante”, explicó Valeria Romo, analista de Monex.
El plazo que tiene el IFT para investigar y determinar o no a Televisa como agente económico con poder sustancial en televisión por cable es no menor a 15 días y no exceder los 45.
Defensorías de audiencias, un buen negocio
El Universal
Gabriel Sos
15 de septiembre de 2014
En algunos meses, todas las estaciones de radio y televisión abiertas del país deberán tener defensoras o defensores de las audiencias. Todas, incluidas Televisa y Televisión Azteca
La creación de esta figura no nace de una práctica autorregulatoria —como era deseable—, sino de una obligación establecida en la Constitución y en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
De acuerdo con la ley, la o el titular de esta Defensoría “será el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia”. Su actuación deberá ser imparcial e independiente y su prioridad será la de “hacer valer los derechos de las audiencias, según los códigos de ética que haya firmado o a los que se haya adherido cada concesionario”.
El objetivo principal de estas defensorías es que mejore la calidad de los contenidos de los medios electrónicos, con base en el respeto a los derechos de las audiencias, entre los cuales se encuentran, según la misma ley, que a los radioescuchas y televidentes se les ofrezcan elementos para difenciar la publicidad del contenido del programa (ya no entrevistas “periodísticas”, que en realidad son anuncios), que tengan derecho a la réplica, que no reciban contenidos discriminatorios, que no se modifiquen los horarios de los programas, entre otros.
Aunque estos derechos son insuficientes, son la base para desarrollar en las estaciones de radio y televisón códigos de ética, cuya aplicación será exitosa en la medida en que las audiencias participen generando sus quejas o sugerencias, que las defensoras y defensores actúen bajo los principios establecidos en la ley y no se conviertan en una simulación, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pueda establecer un mecanismo efectivo para que dichos códigos y las defensorías de audiencias funcionen en la práctica sin que exista un daño a la libertad de expresión y que los concesionarios asuman con seriedad y responsabilidad la autorregulación. De otra manera, lo incorporado en la ley podría convertirse en letra muerta.
En México, sólo un medio comercial, Noticias MVS, cuenta con un ómbudsman o defensor de las audiencias. En medios públicos la experiencia ha sido más extendida, pero aún es reducida comparada con la cantidad de emisoras que dependen de gobiernos estatales y universidades públicas. Actualmente el Canal 22, Once TV, Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y desde hace algunas semanas el Canal 7 del Sistema Jalisciense de Radio y Televisón tienen figuras encargadas de dar seguimiento a las quejas de radioescuchas y televidentes.
En algunos días, el IFT convocará a un foro sobre estas defensorías, previo a la emisión de los lineamientos que deberá emitir este órgano regulador para la elaboración de los códigos de ética y la creación de las defensorías. Si bien desde la publicación de la ley los concesionarios pueden cumplir con estas disposiciones autorregulatorias, la mayoría está en espera de la publicación de los lineamientos para actuar. Casualmente, en este tema, a diferencia de la mayoría de las disposiciones, el gobierno federal, los legisladores y los intereses que impulsaron esta ley no definieron plazos para su cumplimiento.
Mientras esto ocurre, algunas empresas analizan escenarios. Las opciones son diversas. Cada estación o grupo de radio y televisión podría tener sus propias defensorías. Sin embargo, hay quienes proponen que sea su órgano de representación, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y la Red de Radiodifusoras y Televisoras Culturales y Educativas, las responsables de crear estas figuras y atender a nivel nacional las quejas y sugerencias de las audiencias. Con esta última alternativa habría solo una estructura nacional para esta función y no decenas o cientos en las diferentes ciudades del país. También hay quienes consideran que podría ser un esquema mixto: por órganos de representación y dejar abierta la opción para que las estaciones o grupos tengan sus propios defensores.
Al título de esta columna le agregué la frase “un buen negocio”, en el sentido de que en la medida en que los concesionarios de la radio y la televisión comerciales, en general poco autocríticos y con abusos frecuentes hacia sus propias audiencias, vean la creación de las defensorías como una oportunidad para reinvindicarse ante sus públicos con producciones de calidad y que respeten la ley, hacer un mejor periodismo, asumir con seriedad las quejas y sugerencias de quienes los ven y los oyen, fortalecer positivamente su imagen ante sus anunciantes nacionales y extranjeros y otros objetivos similares logrará mejorar la rentabilidad de sus empresas.
AsociaciÓn iberoamericana
Objetivos como los descritos han sido la base para crear defensorías de audiencias en otros países latinoamericanos. Aunque las experiencias son también pocas, en los últimos años se ha fortalecido el interés para tener más de estas figuras. Sin duda, la mayor aportación la ha hecho Argentina al impulsar la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene atribuciones a nivel nacional y que actúa con independencia legal de los medios de comunicación, el gobierno federal y el órgano regulador.
En Brasil se encuentra la Defensora de la Empresa Brasil de Comunicación, empresa que reúne a los medios públicos. En Colombia están las Defensorías del Televidente del Canal RCN, del Canal TRO Televisión Regional de Oriente, del Canal Caracol y del Canal Teleantioquia.
Con el indiscutible liderazgo de Cynthia Ottaviano, defensora del público en Argentina, las y los titulares de estas defensorías, al igual que los de México, nos encontramos reunidos (soy el ómbudsman de Noticias MVS) en este país para crear formalmente mañana la Asociación Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, con el fin de fomentar la cooperación, llevar a cabo acciones conjuntas de investigación, capacitación, promoción de guías para la realización de códigos de ética, manuales de estilo, etcétera. La labor de esta asociación, en la que también participan instituciones vinculadas con la promoción del derecho a la comunicación, será de mucha ayuda ante los retos que se avecinan en esta materia en México con la entrada en vigor de la nueva ley y los cambios legales que se discuten en naciones como Ecuador.
Asimismo, los participantes en este congreso de defensorías firmamos una carta de intención en la que asumimos el compromiso de promover, con acciones muy concretas, la equidad de género y la lucha contra la violencia hacia las mujeres en los medios de comunicación. Vaya reto. Este documento se materializa con motivo del Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los medios de comunicación y la entrega de un reconocimiento a María Régia di Perna por su trabajo sobre las mujeres realizado en la radio pública de Brasil.
Las conferencias del congreso podrán seguirse en el sitio web www.defensadelpublico.gob.ar.
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