-Legislación en materia de comunicación
Cinco radios comunitarias se ampararán esta semana contra la ley Telecom
Animal Político
10 de septiembre de 2014
Notimex
Cinco radios comunitarias se ampararán esta semana contra la ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El motivo, la ley les dificulta la supervivencia económica, no da certidumbre jurídica en el procedimiento de otorgamiento de nuevas concesiones y limita las frecuencias por las que pueden transmitir. El amparo lo interpondrán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de este sábado 13 de septiembre, fecha en la que se cumple el plazo, ya que la nueva legislación entró en vigor el pasado 14 de agosto. Aunque la Reforma de Telecomunicaciones reconoció por primera vez la figura de “radios comunitarias”, estableció una serie de candados que, para la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), “atentan al derecho de los pueblos a la información”.
“Se violenta el acceso a las frecuencias, vuelve insostenibles económicamente a las radios que ya operan legalmente y es intrusiva en sus contenidos”, explica Gisela Martínez, coordinadora del área jurídica de AMARC México.
Desde el 14 de agosto, por ley, las radios comunitarias no pueden tener publicidad ni de la tiendita de la esquina. Prohíbe a los “medios sociales”, como también se refieren a ellos en la ley, comercializar su tiempo aire ni recibir donaciones ni en efectivo ni en especie de cualquier entidad que no esté acreditada como donataria ante el Estado mexicano.
La emisora mixe Radio Jën Poj es una de las que se va a amparar. Su locutor Sócrates Vázquez considera que si bien la ley “es un reconocimiento a la lucha que hemos dado al reconocer a las radios comunitarias como figura, con estas disposiciones nos condena a desaparecer”.
Jën Poj transmite toda la programación en ayuuk en el “idioma de la gente de la montaña”, o mixe como nos referimos a esta lengua en español. Tienen el respaldo del cabildo –elegido por usos y costumbre– que incluyó a la radio en su Plan de Desarrollo Comunitario bajo la idea que era un canal para preservar su cultura y su identidad comunitaria.
La cabina de Radio Jën Poj está en una sede que pertenece al municipio, quien les sufraga también la luz y un sueldo para un operador de tiempo completo. Pero tienen que pagar el teléfono, el internet satelital, los desplazamientos a las comunidades y algunos apoyos para los colaboradores. Por ello, publicitan los comercios de su pueblo y piden colaboraciones para retransmitir algunos eventos culturales como fiestas patronales.
“Tenemos publicidad de los comercios y servicios que hay en las comunidades, es parte del fortalecimiento de la economía local al que contribuye la radio, también aceptamos donativos en especie, pasteles o cosas para sortear, apoyo técnico, y cubrimos las fiestas patronales de cada comunidad, como una suerte de servicio público. Por ello, cada comunidad nos da un apoyo económico”, explica Vázquez.
Actualmente aunque hay centenares de radios indígenas y comunitarias en el país, sólo 20 tienen permiso para transmitir. El espectro radioeléctrico –el medio en el que se propagan las ondas electromagnéticas que permiten la transmisión de la radio– es un bien de la nación y es el Estado mexicano quien lo regula.
Cuando el Ejecutivo presentó la propuesta de ley, en 2013, una de sus banderas era el reconocimiento de las radios comunitarias bajo la categoría de “medios sociales”. Pero en las leyes secundarias las limita al 10% de la banda de Frecuencia Modulada (FM), en AM sólo se les podrá otorgar concesiones en el segmento de la banda del espectro que va de los 1605 a los 1705 KHz. Más allá de este tope, las primeras dificultades aparecen a la hora de cumplir los requisitos para solicitar una concesión, que son los siguientes:
• Demostrar capacidad financiera a través de cuentas bancarias. Estas radios se encuentran frecuentemente en comunidades remotas donde no hay sucursales bancarias ni los recursos para tener una cuenta.
• Presentar un estudio técnico realizado por una entidad acreditada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Puede costar hasta cien mil pesos, sin tener en cuenta la falta de capacidad económica de las radios comunitarias.
• Demostrar capacidad administrativa, es decir estar legalmente constituido.
• Carta Programática aprobada por la Secretaría de Gobernación
La nueva legislación reza que el IFT podrá pedir “al menos” estos requisitos, dejando a la arbitrariedad de los funcionarios el poder pedir otros más. Y no estipula plazos para que el instituto resuelva, lo que deja a los solicitantes en el desamparo. Por ejemplo, ahora, la sede mexicana de la AMARC espera seis permisos desde 2011. Ante ello, AMARC ve en la ley una falta de “certeza jurídica”. “Pareciera una forma velada de negar las concesiones, porque es una apuesta al desgaste de los colectivos ante el probable alargamiento de culminación al proceso”, critica la abogada Martínez.
Una vez con la concesión en la mano, bajo el precepto de que son emisoras “sin ánimo de lucro”, la Ley Telecom les prohíbe conseguir financiamiento privado. Esta legislación se aprobó con las presiones de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión –la cual agrupa a 48 consorcios mediáticos del país, entre ellos Televisa y Tv Azteca¬– que ven a las radios comunitarias como competencia desleal.
“El Congreso debe tener en cuenta que al permitir a las estaciones sociales que comercialicen, les otorgaría una ventaja competitiva en el mercado en detrimento de las concesiones comerciales. Además, las concesiones comerciales pagan una contraprestación económica y otras en especie, mientras que las concesiones públicas y sociales no están obligadas a pagar”, alegaba en un comunicado el presidente de este organismo, Tristán Canales.
“¿Cómo vamos a ser competencia desleal? Ni que viniese a ponernos a nosotros publicidad la Coca-Cola o Gamesa”, espeta Sócrates desde la sierra norte oaxaqueña. En su región no hay radios comerciales y las únicas estaciones que se escuchan además de la comunitaria, provienen de Veracruz.
“Es una grosería, lo más grande que anunciamos es la Comercializadora Lupita que tiene sucursal aquí y en el pueblo que sigue”, cuenta, desde San Lorenzo Ometepec, Ezequiel Sánchez. Él, junto a cuatro colaboradores fijos, levantó la radio de su comunidad, una junta auxiliar del municipio de Tochtepec, en Puebla. Emitían con un transmisor de 5 watts que sólo llegaba a 7 kilómetros a la redonda. Sánchez, ingeniero en sistemas y dueño de tres cibercafés, pagaba el internet. Para la renta de la cabina, el teléfono, la luz y el equipo, lo reunían con cooperaciones. Por ejemplo, dos grupos de mariachi les regalaron micrófonos y equipo a cambio de grabarles sus discos y pasarles sus canciones en antena. Comercializadora Lupita les apoyaba con 200 pesos cuando podían. Después de un año de emisión llegaron las autoridades porque no tenían permiso. No les decomisaron el equipo, pero ellos apagaron la radio. Ahora transmiten sólo por internet y en la plaza del pueblo se retransmite por bocinas. Están reuniendo los requisitos para pedir una concesión con el asesoramiento de AMARC.
Publicidad oficial
A cambio de la prohibición de comercializar el espacio, el artículo 89, fracción VII de la nueva ley establece que los gobiernos federal y municipal destinarán hasta el 1% del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizado en sus respectivos presupuestos y que se distribuirá de forma equitativa entre las concesiones existentes de medios sociales. Aunque Radio Jën Poj cuenta con el respaldo de las autoridades municipales, no es la tendencia mayoritaria en las radios comunitarias.
Esto para AMARC es un arma de doble filo, porque si ahora son muy pocas radios, la idea es que se legalicen muchas otras y, por tanto, se divida el presupuesto. Pero además, podría comprometer su libertad de expresión al hacer depender su subsistencia de la publicidad oficial.
“Te duele que no firme convenio con tu radio jajajaja (…) amigo yo sí firmo convenios con radiodifusoras serias. Sígueme haciendo más famoso aunque sea para mal como decía don Quijote ladran los perros es por q vamos por buen camino (sic)”. Este es el comentario de Marcos Pérez Calderón, alcalde de Tochtepec, Puebla, desde su perfil de Facebook al perfil de Ometepec Radio, la radio comunitaria que encabeza Ezequiel Sánchez.
“Es una burla, perdería uno la credibilidad ante el público, porque sí se nos da, ¿a cambio de qué? Estaríamos creando una dependencia de gobierno, tal vez nos dicen qué decir o nos autolimita para hacer la contra. Cuando nos vinieron a decir que no teníamos permiso de emisión, estábamos hablando sobre la inseguridad, el pueblo pedía más protección, operativos, porque nomás de aquí de Ometepec ya agarraron a seis secuestradores. Tratamos de no meternos en política, tenemos programas musicales, de complacencias, pero hay que contar lo que realmente está pasando también”, narra Sánchez.
La otra fuente de ingresos permitida por ley es la donación de recursos, pero sólo de “donatarios autorizados en términos de las disposiciones aplicables”. Es decir organizaciones no gubermanetales establecidas y legalizadas ante la Secretaría de Gobernación.
Control de contenidos
A diferencia de las concesiones comerciales, la ley establece para los medios sociales lineamientos al respecto de lo que pueden transmitir. Según el artículo 67 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las radios comunitarias “tendrán como fin la promoción, desarrollo y preservación de sus lenguas, su cultura, sus conocimientos promoviendo sus tradiciones, normas internas y bajo principios que respeten la igualdad de género, permitan la integración de mujeres indígenas en la participación de los objetivos para los que se solicita la concesión y demás elementos que constituyen las culturas e identidades indígenas”.
“Es una ley discriminatoria. Mandan el mensaje de que los indígenas no pueden mandarse solos. ¿Qué pasa si las radios quieren hablar de políticas públicas?”, cuestiona la litigante de AMARC.
AMARC acompaña los amparos ante la Corte que interpondrán al menos cinco radios comunitarias esta semana. Están pendientes de otras cuatro emisoras que mostraron voluntad para sumarse. La Suprema Corte de Justicia puede unificar todos los amparos en un solo expediente o mandarlos individualmente a diferentes salas. De ser así, ya con cinco sentencias favorables se sentaría jurisprudencia. Pero si diferentes salas no resuelven lo mismo llegaría al Pleno de la SCJN, para que se pronunciara a favor o en contra de la ley.
La resolución puede demorar más de un año. De ser negativa, AMARC asegura que apelarán en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su última visita a México, en 2011, el Relator Especial para la libertad de expresión de la ONU, Frank La Rue, declaró que el hecho “que las radios no tengan fin de lucro no significa que no deban generar recursos para su sostenibilidad y modernización”.
“Parece que quieren pocas, pobres y pequeñas radios, las comunidades se ven prácticamente impedidas a conseguir un permiso y si lo consiguen adquieren muchas obligaciones y pocos beneficios, es una mordaza”, concluye Irina Vazquez, coordinadora de AMARC México.
Homo Zapping
Irene Levy – El Universal
9 de septiembre de 2014
No nos sorprende porque la abdicación a la defensa de nuestra Constitución, y con ello a las instituciones y a los derechos de los mexicanos, se está convirtiendo ya en oprobiosa regla, en una política de Estado. La resolución del IFETEL de no proteger sus facultades constitucionales, así como las decisiones del IFAI y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (también órganos constitucionales “autónomos”), junto con la del Poder Legislativo de no someter a la Suprema Corte el análisis de algunos artículos que vulneran la Constitución y los derechos fundamentales, no es la enfermedad que padecen nuestras instituciones, es uno de sus síntomas y por ello no sorprende la omisión, como no extrañan los estornudos del griposo, ni las ronchas del virulento.
Con la decisión de 5 de los 7 comisionados del Pleno del IFETEL de no interponer la controversia, cayó el último pilar de lucha institucional a favor del estado de derecho en torno a la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, así como de la autonomía de ese órgano. Quedan ahora los juicios de amparo. ¿Qué pasó en el Instituto? Resulta interesante leer la versión estenográfica de la sesión del Pleno del 3 de septiembre en la que se votó el tema propuesto por las comisionadas María Elena Estavillo y Adriana Labardini, quienes consideraron que más de 50 artículos de la Ley podrían estar violentando sus atribuciones constitucionales. De dicho documento, que está en el sitio www.ift.org.mx, destaco algunos comentarios de los comisionados:
Adriana Labardini apuntó que la controversia no es una acción que prejuzga sobre las facultades o actuación de otras dependencias, sino que una reforma constitucional de la talla de esta, tenía un espíritu transformador y la cuestión es si el Pleno va a defender el poder transformador de la reforma constitucional o si se va a conformar con administrar el estatus quo renunciando a la posibilidad de defender sus facultades. También señaló que aun cuando ni el IFAI ni la CNDH, ni el Congreso de la Unión lograron defender la supremacía constitucional, lo cierto es que el Instituto es la autoridad exclusiva en materia de competencia y regulación de las telecomunicaciones y radiodifusión, garante de las libertades y derechos de los individuos para acceder a la información, para expresarse y para contar con servicios públicos.
María Elena Estavillo expuso los conceptos que ameritaban la interposición de la controversia ante la Suprema Corte, y los dividió en tres temas:
1. Aquellos artículos que limitan las facultades o competencia del Instituto, como el noveno transitorio, diversos preceptos sobre preponderancia, propiedad cruzada, multiprogramación, must carry y must offer y administración del espectro, entre otros;
2. La invasión de atribuciones y competencias constitucionales, al generar relaciones de subordinación con el Ejecutivo Federal en materia de prórrogas de concesiones, otorga a la Secretaría de Economía la facultad de expedir Normas Oficiales Mexicanas en las materias competencia del Instituto, a Segob atribuye facultades para imponer sanciones por contenidos y publicidad infantil que deberían pertenecer al IFETEL, y
3. La afectación a las facultades orgánicas del Instituto, limitando, por ejemplo, la posibilidad de que cualquier comisionado, o el Pleno en su conjunto, proponga candidatos para ser nombrados como el titular de la autoridad investigadora o el secretario técnico pudiendo hacerlo solo el Presidente del órgano.
Por su parte, los argumentos que esgrimen los comisionados que votaron en contra de la interposición de la controversia son bastante similares entre ellos, coinciden en que hay duda, en que existen cosas cuestionables pero que con las facultades que tiene el Instituto les alcanza. Así lo dijeron:
Adolfo Cuevas “aun cuando hay claramente cuestiones debatibles en la ley secundaria, también es cierto que, en mi concepto, hay una oportunidad en el texto de la ley promulgada de llevar a cabo una regulación efectiva por parte del Instituto que permita cumplir con los objetivos que nos fueron asignados a nivel constitucional”.
Mario fromow “si bien estas leyes contienen temas que en lo individual pueden tener diversas interpretaciones y ocasiona cierto grado de debate, en mi opinión proporcionan herramientas y criterios sólidos que el IFETEL puede hacer valer para el pleno ejercicio de sus atribuciones”.
Luis Fernando Borjón “considero que si bien existen aspectos dignos de análisis como los que nos han sido presentados, desde mi punto de vista es fundamental concentrarnos en construir un una institución que esté a la altura de las expectativas de la reforma constitucional”.
Ernesto Estrada “en general considero que el Instituto, con base en el decreto que discutimos cuenta con herramientas suficientes para cumplir su mandato constitucional”.
Gabriel Contreras “es de reconocer que hay cuestiones que pueden, bajo ciertas ópticas, ser debatibles o cuestionables, este debate que se ha dado mucho en medios de comunicación por expertos… ¿va a motivar que este Instituto ejerza esa acción?, yo tengo dudas…” (en la versión estenográfica –expertos- o –especialistas- no lleva comillas), y continúa … “Dado que, asumiendo que son cuestionables algunas cosas, como aquí se han expuesto y habiendo escuchado y normado criterio también con especialistas y con todo lo que se ha dicho sobre este tema desde el principio, y el análisis propio que he hecho al instrumento legal que ahora se cuestiona, yo no creo que esta cuestionabilidad o debatibilidad sean motivo suficiente para pedirle a la Corte una controversia constitucional”.
Así que ahora la duda es nuestra, querido lector, ¿por qué no bastó el cuestionamiento unánime de los comisionados para someter el tema a resolución de la Suprema Corte si jurídicamente no afectaba el desempeño del IFETEL dado que no procede la suspensión? La respuesta, ciertamente, no es jurídica.
* Presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana. Esta columna refleja la posición personal de la autora.
Ven balance positivo en aniversario del IFT
El Economista
Claudia Juárez Escalona
10 de septiembre de 2014
A un año de la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el balance es positivo en cuanto a las resoluciones del Instituto, debido a que nació con un marco jurídico fuerte. Se le reconoce como uno de los órganos reguladores con mayores facultades en el mundo, de acuerdo con especialistas.
No obstante, también hay quienes consideran que las facultades del Instituto se mermaron con la nueva ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión.
Gonzalo Martínez Pous, ex comisionado de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), dijo que a diferencia de la Comisión, que tuvo una vida de 17 años, el IFT nació con marco jurídico fuerte, “mismo que no existía antes.
El Instituto es el regulador en el mundo con más facultades: tiene todas (las facultades) en telecomunicaciones y radiodifusión. Es la autoridad en materia de competencia y regula contenidos, en algunos de los casos”.
El 10 de septiembre del 2013, el Senado de la República ratificó la designación de los siete comisionados que integran el pleno del Instituto; a partir de esa fecha comenzó a correr un plazo de 180 días para el cumplimiento de tareas, como la determinación de agentes preponderantes en telecomunicaciones y radiodifusión.
Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), dijo que el regulador “ha avanzado en temas como la licitación de TV, pero dejó pasar la oportunidad de defender su autonomía”.
La semana pasada el IFT decidió no interponer una controversia constitucional en contra de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a pesar de que las comisionadas Adriana Labardini y María Elena Estavillo, presentaron una propuesta de controversia constitucional en contra de la nueva ley.
Ramiro Tovar, especialista en competencia económica y regulación, dijo que “el IFT ha procurado desde su creación dar cumplimiento al mandato constitucional que le dictó la reforma, pero dichos esfuerzos no fueron apreciados y reconocidos por la recién promulgada ley de telecomunicaciones y radiodifusión”.
Los momentos del IFT
2013
Septiembre:
El IFT aprueba por unanimidad el Estatuto Orgánico con el que operará en los próximos meses el regulador y autoridad en competencia económica.
2014
Febrero:
Resuelve que las señales de los canales 2, 5, 7 y 13 de televisión abierta deben ser retransmitidas por los sistemas de cable o televisión satelital porque abarcan más de 50% del territorio nacional con su señal.
Aplica la primera sanción económica a Cablevisión y Megacable por más de 42 millones por prácticas monopólicas absolutas.
Marzo:
Determina que Televisa y América Móvil son agentes económicos preponderantes en radiodifusión y telecomunicaciones.
Abril:
Fija como precio mínimo de referencia 830 millones de pesos para las nuevas frecuencias de TV abierta digital.
Agosto:
El pleno emite un nuevo estatuto orgánico para ajustarse a la nueva Ley de Telecomunicaciones
Septiembre:
Aprueba la nueva Política para la Transición a la Televisión Digital Terrestre; rechaza interponer controversia constitucional.
Ratifica la multa por 53 millones 838,000 pesos a Grupo Televisa por incumplir con una de las condicionantes que había impuesto la extinta CFC al grupo para la adquisición de Televisión Internacional (TVI) en el 2006.
Seducirá a inversionistas
México lanza ofensiva global en telecom
México anunció el lanzamiento de una gira global para inversionistas interesados en su sector de telecomunicaciones, que incluirá a Estados Unidos y países asiáticos y europeos.
El subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de México, José Ignacio Peralta, adelantó que en noviembre próximo se tendrán ya reuniones en varios países europeos con firmas del sector.
Mencionó a Suecia, sede de la multinacional Ericsson, así como a Telefónica de España, además de Reino Unido y Francia, éste con dos empresas en México: Eutelsat y Alcaltel-Lucent.
El funcionario precisó que “es un tema que va a definir el mercado”.
Dijo que “más que fijar objetivos, lo que se manda es una señal de política pública diciendo que queremos competencia incluyendo la extranjera”.
“México quiere enviar una señal de que las comunicaciones y las telecomunicaciones satelitales se abren al cien por ciento”, reiteró el funcionario de gira de trabajo en París, Francia. (Notimex)
Destaca IFT regulaciones al cumplir un año de existencia
El Occidental
Salvador Guerrero
10 de septiembre de 2014
Ciudad de México.- Durante el primer año de operaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha emitido disposiciones regulatorias de gran trascendencia para el desarrollo de las industrias de telecomunicaciones y radiodifusión, que impactan directamente a favor de los usuarios. Por primera vez en la historia de las telecomunicaciones y radiodifusión, las empresas con la mayor participación, es decir, Televisa y Grupo Carso, están sujetas a una serie de medidas, cuya aplicación es vigilada de manera rigurosa para proteger al usuario y evitar que se afecte la competencia y libre concurrencia en ambos.
En telecomunicaciones, el IFT señala que emitió las resoluciones por las que determina a los Agentes Económicos Preponderantes (AEP) en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
El Pleno del IFT determinó al grupo de interés económico del que forman parte Telmex, Telnor, Telcel, América Móvil, Grupo Carso y Grupo Inbursa, como AEP en el sector de telecomunicaciones, y le impuso las medidas como la eliminación del roaming nacional, lo cual permite que otras empresas móviles puedan prestar servicios en áreas donde no cuentan con cobertura, y que el usuario pueda recibir y realizar llamadas con la mejor cobertura posible.
En cuanto a la comercialización y reventa de los servicios que ofrezca a los operadores que no cuentan con infraestructura, los denominados Operadores móviles virtuales y la prestación del servicio de enlaces dedicados, condiciones de calidad que deberá cumplir el AEP como plazos de entrega, de reparación de fallas, niveles mínimos de calidad, penalizaciones por incumplimientos, y todas aquellas que permiten a un concesionario prestar de manera eficiente sus servicios, utilizando los enlaces contratados.
Asimismo, le impuso un sistema de control tarifario de precio al usuario final fijo, a través de un sistema de precios tope que incluye una canasta compuesta por servicios de voz y datos y la interconexión efectiva entre operadores móviles, fijos y el AEP, así como la determinación del cobro de las respectivas tarifas asimétricas, entre otras medidas.
También se le establecieron obligaciones que permitan la desagregación de la red local de telecomunicaciones una vez que debe proporcionar la información necesaria para llevar a cabo la desagregación del bucle de abonado, y cumplir con las diferentes modalidades de desagregación que establezca el IFT, así como participar en un Comité Técnico, el cual será coordinado por el Instituto, con la participación de la industria, a efecto de implementar técnicamente el servicio de la desagregación.
En Radiodifusión, el IFT emitió la resolución mediante la cual determinó al grupo de interés económico conformado por Grupo Televisa, y diversas empresas relacionadas, como AEP en el sector de radiodifusión, y le impuso las medidas aplicables, entre las que destacan el acceso y Uso Compartido de Infraestructura pasiva, mediante ofertas públicas aprobadas por el IFT. Se privilegia la libre negociación entre las partes y en caso de desacuerdo, el Instituto resolverá las tarifas y las condiciones aplicables.
Televisa no podrá adquirir en exclusiva derechos de transmisión sobre contenidos audiovisuales relevantes determinados por el Instituto o realizar conductas con efectos similares. Cuando el AEP ofrezca cualquiera de sus canales de programación a filiales, subsidiarias, empresas relacionadas o terceros en alguna plataforma tecnológica distinta a la de televisión radiodifundida, deberá ofrecerlos a cualquier otra persona que se los solicite para esa plataforma en los mismos términos y condiciones. Asimismo, cuando se ofrezcan dos o más canales de programación en forma empaquetada, también deberán ofrecerse en forma desagregada y se le obliga a publicar y entregar al IFT la información relativa a los servicios publicitarios que ofrece en televisión radiodifundida, así como la prohibición de condicionar o aplicar trato discriminatorio respecto de los espacios publicitarios ofrecidos en sus distintas plataformas tecnológicas.
También le estableció la prohibición de participar en clubes de compra sin la autorización del IFT, así como el establecimiento de prohibiciones relativas a la participación del AEP en radiodifusión en el capital social, administración o control del AEP en telecomunicaciones.
A un año, IFT define preponderantes del sector
El Financiero
Redacción
9 de septiembre de 2014
El día de hoy, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cumple un año, periodo durante el cual ha emitido diversas disposiciones regulatorias para el desarrollo de las industria de telecomunicaciones y radiodifusión a favor de los usuarios, destacando la definición de los Agentes Económicos Preponderantes (AEP) en el sector y las medidas a las que están sujetos.
“Por primera vez en la historia de las telecomunicaciones y radiodifusión, las empresas con la mayor participación en estos sectores están sujetas a una serie de medidas, cuya aplicación es vigilada de manera rigurosa para proteger al usuario y evitar que se afecte la competencia y libre concurrencia en ambos”, dijo el Instituto en un comunicado.
El 6 de marzo de 2014, el IFT emitió las resoluciones por las que determina a los AEP en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Determinó al grupo de interés económico del que forman parte Telmex, Telnor, Telcel, América Móvil, Grupo Carso y Grupo Inbursa, como preponderante en el sector de telecomunicaciones, y le impuso las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia.
Por otra parte, en el sector de radiodifusión, el IFT formuló la resolución mediante la cual determinó al grupo de interés económico conformado por Grupo Televisa y diversas empresas relacionadas, como AEP en el sector de radiodifusión, y le impuso las medidas aplicables como la compartición de infraestructura pasiva, además de los derechos de transmisión sobre contenidos audiovisuales relevantes que el mismo Instituto determinó.
Milenio Jalisco
Hernán Mejía
9 de spetiembre 2014
El de acceso a la información es un derecho humano no solamente salvaguardado en la Constitución Federal sino también previsto en tratados internacionales, pactos y convenciones. Al mismo tiempo es estructura de empoderamiento de las personas y vuelve más informada y demandante a la ciudadanía. Para que esto ocurra, se requiere una participación ciudadana permanente, porque democracia y transparencia caminan de la mano.
México ha vivido una larga evolución en los estándares de rendición de cuentas. En 2001 se publicó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En 2006 la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el primero de enero de 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Todas ellas han sido objeto de reformas mientras ocupamos el lugar 106 de 177 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2013 de Transparencia Internacional y en el mismo año solo el 37% de la población apoyaba la democracia según Latinobarómetro.
El ingreso per cápita en nuestro país oscila en los 12,850 dólares anuales, muy por debajo del promedio de los países de la OCDE que se ubica en 23,938 dólares. Por el contrario, trabajamos 2,226 horas al mientras que el promedio es de 1,765. Recientemente terminamos un proceso de reformas estructurales cuyo objetivo final debe centrarse en la construcción de un clima de confianza que pase por la democracia económica y el consecuente mejoramiento de la calidad de vida.
En la actualidad, la pluralidad política ha orillado a dar nuevo contenido y sentido a la acción gubernativa que inscrita en clave de modernidad económica permita desplegar una estrategia transversal y visión para instrumentar políticas y programas estatales orientados a resultados que optimicen los recursos públicos y apoyados en medios tecnológicos impulsen la información, publicidad, responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas de toda entidad pública.
El objetivo para los próximos años es impulsar una administración que mejore la gestión pública y acelere la inserción de México en la sociedad del conocimiento. Será en esta dinámica que México asumirá para octubre de este año la Presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), que reúne a 64 países con el propósito de promover iniciativas basadas en los principios de transparencia, colaboración y rendición cuentas, que permitan trasformar la relación entre gobierno y ciudadanía.
Una acción fundamental es la nueva estructura de la cuenta pública a través de la modernización contable y la adopción de las normas profesionales del sistema nacional de fiscalización, así como normas de control interno para el ámbito estatal, que permitirá al público en general el acceso a la información contable presupuestaria y programática del Poder Ejecutivo, de cada uno de los entes que conforman a los Poderes Legislativo y Judicial, órganos autónomos y las 198 entidades del sector paraestatal, imbricados en el fortalecimiento de la responsabilidad horizontal de los órdenes de gobierno.
Los cambios vividos en México durante los últimos meses nos plantean la oportunidad para fortalecer la competitividad de la economía nacional, generar riqueza en beneficio de la población e impulsar el desarrollo tecnológico e industrial del país, pero todo ello no es posible sin métodos de autodiagnóstico institucionales, políticas públicas diseñadas en el tetraedro de legitimidad moral, técnica, política y legal, además de una participación ciudadana permanente capaz de manejar, presentar y resumir la gran cantidad de información que hoy está a nuestro alcance.
Legisladores mexicanos destacan en NY avances en telecomunicaciones
El Economista
NOTIMEX
9 de septiembre de 2014
Legisladores de México destacaron en Nueva York los avances que supone para su país la reforma a las telecomunicaciones, que ofrecerá beneficios inmediatos para consumidores y audiencias, así como certeza jurídica a inversionistas.
En un panel público celebrado en la Sociedad de las Américas, el senador Javier Lozano, del Partido Acción Nacional (PAN), dijo la noche del lunes que la reforma a la ley de las telecomunicaciones en México “es de efecto inmediato”, además de que ofrece certezas para la inversión que estaban ausentes en el pasado.
“Yo coincido con mis compañeros. Esta reforma sí le trae beneficios inmediatos a la gente. No es de tan larga maduración como una educativa o como la energética, que son de mediano plazo”, asentó Lozano.
El panista participó en el panel, titulado “Reforma de las Telecomunicaciones en México: ¿Qué sigue?”, junto con los diputados Martha Gutiérrez Manrique, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Antonio Cuéllar Steffan, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y José Arturo Salinas Garza (PAN).
Lozano destacó que aunque la reforma no es perfecta, la legislación apunta en la dirección que tanto los legisladores como el gobierno federal buscaban en el sentido de mejorar los servicios para el consumidor de los servicios de telecomunicaciones y las audiencias de la radiodifusión.
Resaltó además que la reforma ofrecerá certidumbre jurídica a los inversionistas, debido a que las empresas no podrán evitar la aplicación de nuevas normas mediante el recursos del amparo, como sucedió en el pasado.
“Contra cualquier decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sea en materia de regulaciones o de competencia, no hay ningún tipo de suspensión, y ésta se tiene que aplicar en sus términos. En suma, la reforma es una muy buena oportunidad de inversión”, afirmó Lozano.
Por su parte, Salinas Garza apuntó que la reforma tiene el potencial de incentivar la economía de México, y que el reto es que tanto organismos federales como legisladores logren crear las condiciones adecuadas para garantizar su aplicación en el corto plazo.
Mientras tanto, Gutiérrez Manrique aseguró que la reforma permitirá detonar inversiones por 700 mil millones de pesos en lo que resta del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, lo que significa un aumento de inversión en 300,000 millones de pesos en el rubro.
“Los beneficios no sólo son en el tema económico, pues las reformas también tendrán un amplio impacto benéfico en la sociedad”, apuntó la diputada.
Cuéllar Steffan coincidió en que la reforma, que impulsaría el número de conexiones de banda ancha de internet, por ejemplo, beneficiaría no sólo el nivel educativo de la población, sino que permitiría la creación de más negocios y la intensificación del comercio.
Reformas son positivas para México: Azcárraga
El Economista
NOTIMEX
9 de septiembre de 2014
El presidente del Consejo de Administración del Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, señaló que las reformas estructurales son positivas para México y abren un nuevo capítulo para el desarrollo del país.
“Creo que es muy positivo para México, demuestra (…) esta nueva etapa, este nuevo capítulo, un México que está saliendo adelante con proyectos muy interesantes”, declaró a Notimex el empresario mexicano.
Azcárraga Jean inauguró anoche con el embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, una exposición del fotógrafo Gabriel Figueroa que la Fundación Televisa llevó al Instituto Cultural Mexicano en la capital estadunidense.
El presidente de Televisa indicó que las reformas en diferentes sectores y las leyes secundarias ya aprobadas y puestas en vigor en algunos de ellos, “abren una ventana muy importante para el desarrollo de México”.
Asimismo, indicó que Ley de Telecomunicaciones representa una oportunidad de apertura “muy interesante” para la competencia, y para que la empresa que dirige incursione en otros negocios.
Azcárraga alaba reforma en Telecomunicaciones
Homo Zapping
El Zappo
9 de septiembre de 2014
El día de ayer, Emilio Azcárraga Jean participó en la Conferencia Internacional de Medios, de National Geographic, realizada en Washington, DC. Ahí, el presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa afirmó que las reformas estructurales son positivas para México, ya que abren un nuevo capítulo de desarrollo. “Creo que es muy positivo para México, demuestra (…) esta nueva etapa, este nuevo capítulo, un México que está saliendo adelante con proyectos muy interesantes”, según informó Notimex.
Azcárraga Jean consideró que en específico la Ley de Telecomunicaciones representa una oportunidad de apertura “muy interesante” para la competencia.
El presidente de Televisa, que hace un par de semanas asumió control total de la empresa de televisión por cable Cablecom, opinó que las reformas en distintos sectores y sus leyes secundarias “abren una ventana muy importante para el desarrollo de México”.
La adquisición de Cablecom se dio sin necesidad de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones supervisara la operación, pues la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión señala que cuando una transacción que no supere el 20% de participación en el sector no necesita ser aprobada.
La nueva ley, al asentar la preponderancia por sector, ha permitido que la empresa de Azcárraga acapare este porcentaje superior al 50%, ya que la televisión por cable quedó incluida en el sector de telecomunicaciones en su conjunto.
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