-Legislación en materia de comunicación
Dará IFT 32% de recursos a vigilancia
Mural
08 de septiembre de 2014
Vania Guerrero
Cd. de México, México (08 septiembre 2014).- Durante 2015, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) destinará más de 32 por ciento de su presupuesto a los departamentos encargados de verificar el cumplimiento de sanciones, medidas de preponderancia y contenidos audiovisuales.
De acuerdo con la propuesta de Presupuesto de Egresos para el próximo año, el organismo autónomo, que esta semana cumple un año de creación, solicitó recursos por 2 mil millones de pesos.
Así, el IFT dará en conjunto a la Autoridad Investigadora, la unidades de Cumplimiento y de Medios y Contenidos Audiovisuales 647.1 millones de pesos.
Para la Autoridad Investigadora, creada como resultado de las nuevas Ley Federal de Competencia Económica y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se podrían destinar 68.3 millones de pesos.
Esta rama del regulador sería la encargada de investigar la comisión de prácticas monopólicas en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
“El Instituto contempla la ejecución de diversos proyectos que le permitirán llevar a cabo sus funciones en materia de prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia”, señala en la Estrategia
Programática del IFT el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2015.
La Unidad de Cumplimiento tiene a su cargo la Dirección General de Sanciones, la de Supervisión y la de Vigilancia de Espectro Radioeléctrico, que se encargan de que las empresas de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión cumplan con las obligaciones de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Al no impugnar Telecom, IFT no peleó por su autonomía, acusan especialistas
Animal Político
08 de septiembre de 2014
Notimex
La mayoría de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) rechazaron este miércoles 3 de septiembre presentar una controversia constitucional contra la Ley de Telecomunicaciones (Ley Telecom) porque, según el comisionado Luis Fernando Borjón, el órgano regulador está en posición de “pasar al terreno de la acción” y no sumergirse en un litigio sobre su autonomía que podría durar más de un año.
“La autonomía ya nos la dio la Constitución (…) nuestro tema es ejercer la autonomía, actuar en esa autonomía en el marco de la ley. Sí hay temas que son discutibles y alguien argumentará que aquí hay una violación a la autonomía pero si lo ves de ese lado está muy oscuro. Nosotros preferimos verlo del lado en donde hay luz y esa luz nos la da la Constitución, entonces nuestra interpretación va orientada hacia allá. La autonomía se construye con las acciones”, dijo el comisionado Borjón un día después de que 5 de los 7 comisionados votaron en contra de presentar la controversia.
Que el Instituto Federal de Telecomunicaciones presentara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional antes del 10 de septiembre en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Federal de Metrología y Normalización, era uno de los últimos recursos legales para frenar los cambios aprobados por el Congreso a esa legislación.
Según especialistas como Irene Levy de Observatel, el IFT tenía elementos para presentar el recurso porque la legislación atenta contra la autonomía del órgano regulador, es decir, existe una invasión de facultades.
En el artículo noveno transitorio, por ejemplo, —uno de los más polémicos de la ley que se añadió en la última revisión del dictamen— se establece que “en tanto exista un agente económico preponderante en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, con el fin de promover la competencia y desarrollar competidores viables en el largo plazo, no requerirán de autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones las concentraciones que se realicen entre agentes económicos titulares de concesiones, ni las cesiones de concesión y los cambios de control que deriven de éstas (…)”.
Levy explica que eso da pie a que las empresas que no hayan sido declaradas preponderantes —que concentran más del 50% de la audiencia por sector de telecomunicaciones o radiodifusión— puedan seguir creciendo por servicio —tv abierta, radio, televisión restringida, telefonía celular, telefonía móvil e Internet— sin que sea necesario consultar al IFT, el órgano regulador encargado de vigilar la competencia.
“Hay temas que por supuesto son dignos de análisis, pero en mi opinión, ya estamos en un terreno de pasar a la acción (…) Una discusión a nivel controversia constitucional no es una decisión que un juez o una corte resuelva en un mes, es una decisión que toma tiempo, que se discute, que puede tomar más de un año, preferimos el terreno de la acción”, explicó Luis Fernando Borjón tras su participación en el Foro Internacional de la Reforma de Telecomunicaciones.
El IFT rechazó el miércoles con cinco votos de siete posibles la propuesta presentada por las comisionadas Maria Elena Estavillo y Adriana Labardini para presentar la controversia.
“Hay un claro respeto a las atribuciones”
La decisión que tomó la mayoría del pleno del IFT fue respaldada por el gobierno federal. José Ignacio Peralta, subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo que, sobre el tema, la ley es clara sobre qué atribuciones tiene el órgano regulador.
“Yo veo a un órgano regulador que está actuando con seriedad, firmeza. Están tomando decisiones. Han tenido avances muy importantes y está, en ese sentido, pues apegado a lo que establece el marco legal tanto la reforma constitucional como de las leyes secundarias (…) El marco jurídico es muy claro y desde mi opinión hay un claro respeto a las atribuciones constitucionales del órgano y nuestro mayor interés es que se fortalezca la autonomía constitucional y que la actuación del órgano regulador nos permita llegar a los objetivos de política pública”.
El funcionario federal también participó en el Foro Internacional de la Reforma de Telecomunicaciones que se celebró este jueves, 5 de septiembre en la Ciudad de México.
El subsecretario insistió en que la reforma constitucional y sus leyes secundarias están enfocadas en mejorar la productividad del país, abrir la competencia en el sector y regirse con reglas claras y un órgano regulador fuerte.
“En lo que debemos trabajar es en la confianza de la gente”
Por su parte, Alejandra Lagunes, coordinadora de la Estrategia Digital de Presidencia, dijo que para concretar el trabajo legislativo sobre esta reforma es necesario que el gobierno federal busque ganar la confianza de la gente.
Según Lagunes, la ley es “suficientemente clara” en cómo se protegerán los datos personales de los usuarios y sólo es cuestión de que los ciudadanos tengan confianza en las instituciones.
“Por un lado, tenemos una de las leyes de datos personal más poderosas del mundo (…) Lo que debemos trabajar es en la falta de confianza de la gente, que buscan certeza sobre ‘qué se hará con mis datos’. En las leyes se respeta la privacidad, es clarísimo”.
Lagunes respondió así a una pregunta sobre qué garantías tienen los ciudadanos para evitar un mal manejo de datos.
La ley obliga a los operadores a retener hasta por 24 meses los datos que genere cada usuario en llamadas, mensajes, ubicación o navegación en dispositivos móviles.
Organizaciones civiles y defensores de derechos digital acusan que no hay control sobre esos datos que revelan patrones de comportamiento ni se específica qué autoridades y bajo qué circunstancias podrá tener acceso a ellos.
Falta de autonomía del IFT restará velocidad a los procesos: Estavillo
El Financiero
Ana Martínez
8 de septiembre de 2014
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) perdió la oportunidad de actuar de forma más eficaz, clara y directa para discutir los asuntos de inconstitucionalidad de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de acuerdo con las comisionadas Adriana Labardini y María Elena Estavillo, quienes presentaron controversias en contra de 52 artículos, mismas que fueron rechazadas por el Pleno del órgano regulador.
“El que no se haya votado en contra quiere decir que estas cuestiones de inconstitucionalidad se tendrán que ir ventilando una por una a medida que se tomen decisiones y que el IFT vaya aplicando la Ley en diferentes temas y aspectos. Va a ser una manera mucho más litigiosa, tardada y complicada para poder dirimir estas cuestiones de posible inconstitucionalidad”, dijo en entrevista María Elena Estavillo, comisionada del IFT.
El documento de 104 páginas es un dictamen que identifica una serie de artículos que servirían como base para acordar en el Pleno cuáles de ellos podrían constituir materia para la controversia, explicó. Los artículos se agruparon en torno a tres grandes temas: las disposiciones que podrían vulnerar las facultades del IFT como órgano regulador, la invasión de atribuciones por parte de otras entidades públicas y la intrusión de facultades para generar el estatuto orgánico y definir formas de organización interna del instituto.
En cuanto a las facultades reguladoras destacan el artículo noveno transitorio donde se habla de un régimen distinto a la Ley de Competencia Económica para tratar las concentraciones. En otros artículos se detallan las obligaciones que el IFT debería imponer a los agentes económicos preponderantes, debido al nivel de detalle técnico que se establece en los textos, como se da en el caso de la construcción de un modelo de costos o para establecer tarifas específicas.
“Para actuar eficazmente tenemos que tener una flexibilidad suficiente para estar reaccionando a las condiciones de los mercados y con el avance tecnológico que existe en las telecomunicaciones y radiodifusión no es posible definir reglas que puedan ser buenas para los próximos 20 años”, señaló Estavillo.
En su opinión, esta situación va a limitar seriamente la capacidad de actuar del IFT para generar las condiciones que necesitan los mercados en cada momento de la evolución tecnológica, cuyos procesos son cada vez más acelerados.
“Lo vamos a tener que pelear caso por caso. Los particulares también seguramente van a seguir peleando la inconstitucionalidad en casos concretos, seguiremos teniendo un sector altamente litigioso”, finalizó la comisionada.
Falta de autonomía del IFT afectará procesos: Estavillo
El Informador
Redacción
8 de septiembre de 2014
GUADALAJARA, JALISCO (08/SEP/2014).- El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) perdió la oportunidad de actuar de forma más eficaz, clara y directa para discutir los asuntos de inconstitucionalidad de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, según las comisionadas Adriana Labardini y María Elena Estavillo, quienes presentaron controversias en contra de 52 artículos, que fueron rechazadas por el pleno del órgano regulador.
“El que no se haya votado en contra quiere decir que estas cuestiones de inconstitucionalidad se tendrán que ir ventilando una por una a medida que el IFT vaya aplicando la ley en diferentes temas y aspectos. Va a ser una manera mucho más tardada y complicada para dirimir estas cuestiones”, dijo en entrevista Estavillo. El documento, indicó, es un dictamen que identifica artículos que servirían como base para acordar en el pleno cuáles podrían constituir materia para la controversia. Se agruparon en torno a tres temas: las disposiciones que podrían vulnerar las facultades del IFT como órgano regulador, la invasión de atribuciones por parte de otras entidades y la intrusión de facultades para generar el estatuto orgánico y definir formas de organización interna del instituto.
IFT, el órgano regulador que plantea el presupuesto más alto
El Economista
Claudia Escalona
8 de septiembre de 2014
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 propone una partida de 2,000 millones de pesos para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Recientemente, Gabriel Contreras, presidente del IFT dio a conocer que el regulador solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito (SHCP) un presupuesto de 2,000 millones para el ejercicio fiscal del 2015, 3.6% menor a lo solicitado el año pasado.
De aprobarse el monto, el IFT será el regulador con el mayor presupuesto del Estado Mexicano, superior a los casi 500 millones que solicita para el 2015 la Comisión Federal de Competencia Económica y que los 400 y alrededor de 350 millones de pesos que solicitan la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, respectivamente.
El Congreso aprobó el año pasado 2,000 millones de pesos para la operación del IFT para el 2014.
En julio pasado, el IFT envió la cámara de Senadores el documento Diagnóstico Sobre la Estructura Orgánica como resultado de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el que expuso que el Instituto tendrá que realizar una reestructura interna en el corto plazo.
“La reorganización del Instituto se realizará a partir de la revisión de los flujos de tiempos de sus procesos y cargas de trabajo, buscando la mejora transversal de su eficiencia operativa que garantice su funcionamiento”, según el documento.
A partir del nuevo Estatuto Orgánico del IFT, el Instituto tendrá siete nuevas áreas, como la unidad de espectro radioeléctrico, la unidad de contenidos audiovisuales, Coordinación General de Política del Usuario, entre otras.
Investigaciones de poder sustancial, en puerta: IFT
El Economista
Claudia Escalona Juárez
8 de septiembre de 2014
Esta semana se vence el plazo para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) inicie los procedimientos de investigación para determinar agentes económicos con poder sustancial en cualquiera de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
La investigación se centraría en el mercado de TV de paga; Televisa concentra 70% del mercado.
La nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión estableció un plazo de 30 días naturales, a partir de su entrada en vigor, para que el IFT inicie los procedimientos de investigación para determinar agentes económicos con poder sustancial en cualquiera de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
La ley entró en vigor el pasado 13 agosto y tras su aprobación el 14 de julio, el plazo del Instituto vence el próximo 12 de septiembre.
El Instituto impondrá a los agentes económicos con poder sustancial obligaciones y limitaciones específicas, según el mercado o servicio del que se trate, en información, calidad, tarifas, ofertas comerciales y facturación.
El agente económico con poder sustancial tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente de cuando surta efecto dicha notificación, para que manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca los elementos de prueba que considere necesarios, los cuales sólo deberán estar relacionados con el proyecto de regulación.
En marzo pasado, el IFT determinó a Televisa y América Móvil como agentes preponderantes en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, respectivamente, e impuso medidas asimétricas.
Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit, dijo que “con el fin de encaminar al sector convergente de las telecomunicaciones y la radiodifusión a un ambiente de competencia efectiva, la reforma constitucional introdujo la figura de la preponderancia de agentes económicos, tanto en el sector de telecomunicaciones como de radiodifusión”.
Así, “con la declaratoria de preponderancia y el consiguiente establecimiento de medidas de regulación asimétrica se buscó limitar el poder de los agentes que detenten un mayor poder de mercado, los cuales, adicionados a otras obligaciones y sanciones específicas, están enfocados a establecer simetrías para todas las empresas participantes en la provisión de servicios radiodifundidos y no sólo eso, sino que también mediante este paquete regulatorio se reducirán las barreras a la entrada de nuevos competidores”.
El Universal
Irene Levy | Telecomunicando
8 de septiembre de 2014
No nos sorprende porque la abdicación a la defensa de nuestra Constitución, y con ello a las instituciones y a los derechos de los mexicanos, se está convirtiendo ya en oprobiosa regla, en una política de Estado. La resolución del IFETEL de no proteger sus facultades constitucionales, así como las decisiones del IFAI y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (también órganos constitucionales autónomos”), junto con la del Poder Legislativo de no someter a la Suprema Corte el análisis de algunos artículos que vulneran la Constitución y los derechos fundamentales, no es la enfermedad que padecen nuestras instituciones, es uno de sus síntomas y por ello no sorprende la omisión, como no extrañan los estornudos del griposo, ni las ronchas del virulento.
Con la decisión de 5 de los 7 comisionados del Pleno del IFETEL de no interponer la controversia, cayó el último pilar de lucha institucional a favor del estado de derecho en torno a la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, así como de la autonomía de ese órgano. Quedan ahora los juicios de amparo. ¿Qué pasó en el Instituto? Resulta interesante leer la versión estenográfica de la sesión del Pleno del 3 de septiembre en la que se votó el tema propuesto por las comisionadas María Elena Estavillo y Adriana Labardini, quienes consideraron que más de 50 artículos de la Ley podrían estar violentando sus atribuciones constitucionales. De dicho documento, que está en el sitio www.ift.org.mx, destaco algunos comentarios de los comisionados:
Adriana Labardini apuntó que la controversia no es una acción que prejuzga sobre las facultades o actuación de otras dependencias, sino que una reforma constitucional de la talla de esta, tenía un espíritu transformador y la cuestión es si el Pleno va a defender el poder transformador de la reforma constitucional o si se va a conformar con administrar el estatus quo renunciando a la posibilidad de defender sus facultades. También señaló que aun cuando ni el IFAI ni la CNDH, ni el Congreso de la Unión lograron defender la supremacía constitucional, lo cierto es que el Instituto es la autoridad exclusiva en materia de competencia y regulación de las telecomunicaciones y radiodifusión, garante de las libertades y derechos de los individuos para acceder a la información, para expresarse y para contar con servicios públicos.
María Elena Estavillo expuso los conceptos que ameritaban la interposición de la controversia ante la Suprema Corte, y los dividió en tres temas:
1. Aquellos artículos que limitan las facultades o competencia del Instituto, como el noveno transitorio, diversos preceptos sobre preponderancia, propiedad cruzada, multiprogramación, must carry y must offer y administración del espectro, entre otros;
2. La invasión de atribuciones y competencias constitucionales, al generar relaciones de subordinación con el Ejecutivo Federal en material de prórrogas de concesiones, otorga a la Secretaría de Economía la facultad de expedir Normas Oficiales Mexicanas en las materias competencia del Instituto, a Segob atribuye facultades para imponer
sanciones por contenidos y publicidad infantil que deberían pertenecer al IFETEL, y
3. La afectación a las facultades orgánicas del Instituto, limitando, por ejemplo, la posibilidad de que cualquier comisionado, o el Pleno en su conjunto, proponga candidatos para ser nombrados como el titular de la autoridad investigadora o el secretario técnico pudiendo hacerlo solo el Presidente del órgano.
Por su parte, los argumentos que esgrimen los comisionados que votaron en contra de la interposición de la controversia son bastante similares entre ellos, coinciden en que hay duda, en que existen cosas cuestionables pero que con las facultades que tiene el Instituto les alcanza. Así lo dijeron:
Adolfo Cuevas “aun cuando hay claramente cuestiones debatibles en la ley secundaria, también es cierto que, en mi concepto, hay una oportunidad en el texto de la ley promulgada de llevar a cabo una regulación efectiva por parte del Instituto que permita cumplir con los objetivos que nos fueron asignados a nivel constitucional”.
Mario fromow “si bien estas leyes contienen temas que en lo individual pueden tener diversas interpretaciones y ocasiona cierto grado de debate, en mi opinión proporcionan herramientas y criterios sólidos que el IFETEL puede hacer valer para el pleno ejercicio de sus atribuciones”.
Luis Fernando Borjón “considero que si bien existen aspectos dignos de análisis como los que nos han sido presentados, desde mi punto de vista es fundamental concentrarnos en construir un una institución que esté a la altura de las expectativas de la reforma constitucional”.
Ernesto Estrada “en general considero que el Instituto, con base en el decreto que discutimos cuenta con herramientas suficientes para cumplir su mandato constitucional”.
Gabriel Contreras “es de reconocer que hay cuestiones que pueden, bajo ciertas ópticas, ser debatibles o cuestionables, este debate que se ha dado mucho en medios de comunicación por expertos… ¿va a motivar que este Instituto ejerza esa acción?, yo tengo dudas…” (en la versión estenográfica –expertos- o –especialistas- no lleva comillas), y continúa … “Dado que, asumiendo que son cuestionables algunas cosas, como aquí se han expuesto y habiendo escuchado y normado criterio también con especialistas y con todo lo que se ha dicho sobre este tema desde el principio, y el análisis propio que he hecho al instrumento legal que ahora se cuestiona, yo no creo que esta cuestionabilidad o debatibilidad sean motivo suficiente para pedirle a la Corte una controversia constitucional”.
Así que ahora la duda es nuestra, querido lector, ¿por qué no bastó el cuestionamiento unánime de los comisionados para someter el tema a resolución de la Suprema Corte si jurídicamente no afectaba el desempeño del IFETEL dado que no procede la suspensión? La respuesta, ciertamente, no es jurídica.
Gobierno chileno cede ante críticas y modifica reglamento para televisión digital
Homo Zapping
Monitoreo Informativo
7 de septiembre de 2014
En Chile, a tan sólo dos semanas de que venza el plazo para que la Subsecretaría de Telecomunicaciones envié a la Contraloría su plan para poner en marcha la televisión digital, el gobierno de Michelle Bachelet decidió realizar modificaciones sustanciales al reglamento que presentará. “Estamos trabajando en un nuevo borrador del plan de radiodifusión televisiva, porque recibimos muchos comentarios, entonces estamos revisándolo”, afirmó el ministro de Transportes y Telecomunicaciones de aquel país, Andrés Gómez-Lobo, en el marco del seminario Smart Cities.
La percepción sobre esta decisión es que el gobierno chileno habría cedido ante las criticas que el plan recibió durante el proceso de consulta pública sobre la versión inicial del reglamento, principalmente por parte de actores de la industria.
Mientras que el subsecretario del ramo, Pedro Huichalaf, informó que esperan que a más tardar el documento sea entregado la próxima semana, Gómez-Lobo prefirió no señalar una fecha precisa y simplemente indicó que esperan poder enviarlo “lo antes posible”.
La subsecretaría del país andino recibió observaciones sobre el reglamento por parte de 27 entidades y un ciudadano. Para esta nueva versión, las autoridades chilenas han dicho que las modificaciones no serán sometidas a nueva consulta pública y serán mandadas directamente a la Contraloría.
Sobre las criticas que recibió el proyecto, Huichalaf señaló que se trata de un proceso positivo, ya que -a su juicio- quedó evidenciada una participación transversal. Esto, toda vez que canales de televisión abierta, cableoperadores, organizaciones relacionadas con telecomununicaciones, la sociedad civil y particulares participaron en el proceso y presentaron observaciones.
Entre esta observaciones estuvieron las que presentó la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), que es la asociación del gremio en Chile, respecto a la restricción de utilizar tecnologías alternativas a las antenas para desplegar la televisión digital y el asumir el costo de la implementación, mantenimiento y garantía de los elementos necesarios para que los hogares puedan captar la señal.
“En la práctica, se está estableciendo condiciones onerosas, y en el caso de algunos miembros de Anatel imposibles de cumplir”, señaló la Anatel. El limitar las soluciones complementarias (como podría ser el uso de satélites), agregó el organismo, únicamente a las zonas aisladas geográficamente, encarecería y dificultaría el despliegue. El uso de antenas (gapfillers), sostiene la organización gremial, limitaría la posibilidad de que actores más pequeños entren al mercado, pues se trata de equipos más caros.
Otra crítica fue sobre los plazos fijados para presentar proyectos para postular concesiones de TV digital, los cuales eran muy cortos.
Los operadores de televisión restringida solicitaron que se fijaran mecanismos de medición de cartera sobre recepción de la TV digital. Esto se tendría que realizar mediante la medición en el interior de las casas, también conocido como medición indoor, lo cual ya fue descartado por las autoridades la semana pasada.
Según se supo la semana pasada, para crear el mercado secundario del espectro -que permitirá transferir el espectro de telefonía móvil en desuso o subutulizado- se realizará mediante una modificación a la Ley General de Telecomunicaciones.
Otro aspecto que se conoció es que el ordenamiento legal limitaría la opción de VTR (empresa chilena de telecomunicaciones) para transferir su espectro debido a que la iniciativa impide a una operadora que tenga cargos vigentes por el no uso de espectro asignado realizar la operación, caso en el que se encontraría dicha empresa.
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