Transparencia y acceso a la informacion

 

Diputados deben publicar cuentas públicas

Milenio Jalisco

Sonia Serrano

3 septiembre 2014

 

Guadalajara

Para la presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública, Cynthia Cantero Pacheco, la respuesta que dio a través de su página web el auditor superior Alonso Godoy Pelayo, de que él no transparentará la información sobre cuentas públicas, podría basarse en la opinión que emitió el órgano que ella encabeza, acerca de que es una obligación del Congreso del Estado.

Cantero Pacheco señaló que ya recibieron la respuesta tanto del Congreso del Estado como de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sobre las observaciones que hizo el Itei de la información fundamental que no publican, pero no han terminado de revisarla.

Sobre la publicación de las cuentas públicas, explicó que el Congreso del Estado hizo una consulta sobre quién debía dar a conocer la información, a lo que el Itei respondió que es su obligación. En caso de que no dispongan de la misma, señaló, tendrían que solicitarla al Itei.

MILENIO JALISCO dio a conocer que las cuentas públicas, a pesar de que son información fundamental, no se publican. El Congreso del Estado señala que le toca a la Auditoría, mientras que Alonso Godoy se niega a darlas a conocer.

 

-IFAI

IFAI instruye hacer públicas negociaciones con electricistas

Uno más uno

Redacción

3 de septiembre de 2014

 

El pleno del IFAI instruyó a la Secretaría de Gobernación hacer pública la información sobre las propuestas de resolución al conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), derivado de la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro.

En su sesión de este miércoles, el pleno del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) votó por unanimidad revocar la respuesta que Gobernación dio al solicitante, donde consideró clasificada la información.

El organismo de transparencia instruyó también a que entregue versión íntegra del Acuerdo Marco logrado con el SME para la resolución del conflicto y de su anexo, una vez que se analizó la improcedencia de la clasificación de tal información, conforme a la Ley Federal de Transparencia.

El comisionado Joel Salas Suárez presentó los antecedentes del caso, citó que en 2013 un ciudadano solicitó a la Secretaría de Gobernación información sobre la propuesta de resolución al conflicto con el SME, derivado de la extinción de la empresa referida.

La Secretaría de Gobernación contestó que dicha información era inexistente, por lo que el ciudadano se inconformó e interpuso un recurso de revisión ante el IFAI quien revocó la respuesta e instruyó a la Segob a hacer pública la información solicitada.

Ante esto, Gobernación hizo público el memorándum de entendimiento con el SME en el que ambas partes se comprometieron a realizar acciones necesarias para la aprobación e instrumentación de un esquema de pago de pensiones vitalicias a los trabajadores elegibles.

El comisionado Salas dijo que en el caso el particular solicitó los anexos a dicho memorándum de entendimiento, así como cualquier otro documento existente relacionado con las negociaciones entre Gobernación y el SME.

En respuesta, la Segob informó que existen dos documentos que satisfacen la petición del solicitante: uno es el acuerdo marco que establece las bases del mecanismo financieros de pensión vitalicia para los trabajadores del SME.

El otro documento es el anexo del acuerdo marco que contiene el listado de los ciudadanos ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro elegibles para recibir el mecanismo financiero de pensión vitalicia, detalló la dependencia federal.

Sin embargo, Gobernación indicó que esos documentos deberían ser clasificados por seis años, lo que fue impugnado por el particular, al considerar que la difusión del Acuerdo Marco y de su anexo podría poner en riesgo la seguridad interior de la federación derivado de las acciones beligerantes del SME.

Por otra parte, clasificó como confidencial el anexo por contener el listado de beneficiarios que indica el nombre y monto.

El comisionado consideró que los argumentos de clasificación utilizados por la Segob son improcedentes, por lo que pidió la revocación de la respuesta.

Argumentó que clasificar como reservada o confidencial dicha información supone que las instituciones públicas aún no han asimilado los verdaderos sistemas de revisión de cuentas.

Explicó que estos se construyen con base en la información pública que se genera a partir de que los ciudadanos puedan evaluar la actuación de sus autoridades, así como los efectos y las consecuencias de las decisiones que se toman.

Propuso al pleno revocar la respuesta de la Secretaría de Gobernación e instruirla a que entregue versión íntegra del Acuerdo Marco y su anexo, porque se ha analizado la improcedencia de la clasificación de esa información de conformidad con la Ley Federal de Transparencia.

Asimismo, señaló que la Segob deberá hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen por cualquier motivo recursos públicos.

A su vez, el comisionado Javier Acuña Llamas dijo que la respuesta dada al demandante es “una telaraña de suposiciones peligrosistas que no tienen base jurídica”.

En tanto, la comisionada Patricia Kurczyn Villalobos dijo que en el caso de las pensiones vitalicias otorgadas a los miembros del SME es importante informar cómo, cuánto y a quiénes se les están otorgando.

 

-Protección de datos personales

 

Ciudadano logra eliminar sus datos personales de averiguación previa

Sin Embargo

Redacción

3 de septiembre de 2014

 

México, 3 Sep. (Notimex).- En cumplimiento a una resolución del pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF), la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) canceló los datos personales de un ciudadano contenidos en una averiguación previa. El 18 de junio pasado, el pleno del organismo ordenó dicha cancelación toda vez que no se ejerció acción penal contra esa persona. El comisionado ciudadano Mucio Israel Hernández Guerrero hizo un reconocimiento a la dependencia y consideró trascendente este cumplimiento, ya que se hizo valer, a través de la cancelación de datos, el derecho al olvido y la autodeterminación de las personas. Comentó, mediante un comunicado del InfoDF, que el derecho al olvido permite a los ciudadanos no estigmatizarse ni ser sujetos de discriminación por haber estado involucrados en un proceso judicial, y le da la posibilidad de una plena reinserción social. En su oportunidad, el comisionado Alejandro Torres Rogelio indicó que este suceso en el Distrito Federal nos ubica como sociedad en un contexto diferente que debe repercutir ante la autoridad federal a la hora de crear la Ley General de Protección de Datos Personales. Agregó que el Sistema Nacional de Datos Personales también deberá tomar en cuenta cómo articular a las autoridades locales y federales, para que el ejercicio de los derechos a acceder, rectificar y cancelar, conocidos como ARCO, pueda extenderse en todas las regiones del país. De su lado, el comisionado Luis Fernando Sánchez Nava consideró que el InfoDF hace historia al ordenar la cancelación de datos personales, toda vez que garantiza a la persona que ejerció su derecho, la posibilidad de recontratarse en el ámbito laboral. Se pronunció para que en las sesiones del pleno también se aborden los asuntos relacionados con el cumplimiento de las resoluciones de los distintos entes, cuando se trate de temas relevantes.