Mañas en la transparencia jalisciense

Reporte índigo

10 de julio de 2014

Jonathan Ávila

Solo el 4.3 por ciento de las respuestas de la Unidad de Transparencia de Guadalajara del 2014, hasta mayo, fueron contestadas de forma electrónica. Tlajomulco respondió el 71.7 por ciento por esta vía, lo que muestra la tendencia al cobro de la información del gobierno tapatío

La estrategia para desalentar a los solicitantes reside principalmente en los retrasos de información, métodos de entrega y su costo

El procedimiento de acceso a la información estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, publicada el pasado 8 de agosto del 2013, es un proceso burocrático por el que debe seguir el solicitante.

Aunque desde hace más de seis años existe la posibilidad de realizar solicitudes de transparencia de manera electrónica por medio de la plataforma Infomex Jalisco, aún existen mejorías que se pueden implementar y facilitar dicho procedimiento, coincidieron expertos en la materia en entrevista con Reporte Indigo.

José Bautista Farías, maestro en política y gestión pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y miembro fundador del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), señala que existe una resistencia por parte de los municipios para transparentar su información.

De acuerdo con las estadísticas de este año publicadas por la Unidad de Transparencia de Guadalajara, que dan cuenta hasta el mes de mayo, de las mil 164 respuestas que se registraron, 237 se respondieron como improcedentes o incompetentes para el sujeto obligado. Mientras que 603 fueron respuestas procedentes y 324 fueron parciales.

Pero de acuerdo al ranking de evaluación de Cimtra, de los cinco municipios principales de la Zona Metropolitana, Guadalajara se encuentra en el tercer lugar de evaluación con una calificación de 83.8, por debajo de municipios como Zapopan y Tlajomulco.

La estrategia para desalentar a los solicitantes reside principalmente en los retrasos de la información, los métodos de entrega y el costo para obtener los datos solicitados.

Según las estadísticas de transparencia de Guadalajara, hasta mayo de este año se ha dado respuesta a tan solo 208 solicitudes por lo registrado en el apartado denominado “medios de acceso a información”, en donde solo ocho han sido por consulta directa, y 199 por reproducción de documentos.

El 95.7 por ciento fueron entregadas por reproducción de documentos, y solo un 4.3 por ciento de forma electrónica.

Y es que el cobro de la información puede servir como una estrategia de desaliento para el solicitante, según afirmó José Bautista, ya que la reproducción de documentos tiene un costo de un peso por copia simple, 38 pesos por copia certificada, o 16 pesos por disco compacto.

Municipios como Zapopan cobran 15 pesos por copia certificada, mientras Guadalajara cobra más del doble: 38.

“No (se) puede condicionar la entrega de una información solo a través de fotocopias, si ese fuera el caso, mi recomendación es que se solicite al ITEI (Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco) una verificación de información. Si el Municipio de Guadalajara está, por estrategia, recurriendo a imponer esa condición, desde mi punto de vista estaría actuando mal y estaría desalentando el que los ciudadanos puedan tener acceso por otras vías que son más accesibles a él”, indicó Bautista.

Aunque existen otras vías para la transparencia, como las formas electrónicas por medio del sistema Infomex Jalisco, cuyas solicitudes en Guadalajara fueron 806 hasta mayo de este año, la respuesta no se entrega de manera electrónica, imponiendo al solicitante otras formas de entrega.

“No es que nosotros no queramos, sino que la ley así lo establece”, respondió Nancy Paola Flores Ramírez, titular de la unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Guadalajara, ante el cuestionamiento de las formas de respuesta a la información solicitada.

Para la titular de la dependencia municipal, la respuesta que el solicitante opta por medio de Infomex Jalisco, es para saber si existe o no la información, y no para dar entrega de dicha información.

“Aunque tu me hayas puesto en el Infomex: ‘requiero la respuesta vía Infomex’, la respuesta la vas a tener vía Infomex, la información hay que pagarla”, explicó Nancy Flores.

Existen ejemplos como el del Municipio de Tlajomulco donde, de acuerdo con sus estadísticas, de las solicitudes ingresadas hasta mayo, 467 han sido respondidas por consulta directa electrónica, 170 por reproducción de documentos y 14 por consulta directa presencial.

De este modo, 71.7 por ciento de las solicitudes hechas a Tlajomulco fueron contestadas vía electrónica, en contraste con el 4.3 de las respuestas por este medio que hace Guadalajara: una diferencia que debería alarmar a las autoridades de transparencia en el estado.

Pese a la información, Flores Ramírez responde que es por la falta de presupuesto y la maquinaria necesaria para la digitalización de los contenidos que no se puede entregar la información.

“(Guadalajara) es un municipio tan grande que tendrías que tener departamentos especializados para digitalizar toda la información que generamos”, dijo Flores Ramírez.

Otra de las limitantes es la capacidad que tiene Infomex Jalisco para enviar información del sujeto obligado al solicitante, ya que para la titular de Guadalajara el espacio de 10 megabytes (MB) que permite el sistema es insuficiente y por tanto no se puede enviar información completa.

Coincidente en el tema, para el consejero ciudadano de ITEI, Francisco González Vallejo, se debe estandarizar el contenido que alcance en 10 MB.

Para el consejero la información es gratuita, pero no la reproducción, de esa forma, señala, se estaría pagando con el dinero de todos los ciudadanos un documento para una persona específica, por ello es que la reproducción de los documentos debe cobrarse de acuerdo a lo establecido por cada municipio.

“Lo que hace falta es que la ley sea más puntual en cuanto al formato digital, sí hace falta que diga: ‘si tienes la obligación de tener en formato digital esta información’, eso no lo dice la ley, no es explicita en ello”, mencionó el consejero González Vallejo.

En el caso de la información fundamental, el sujeto obligado no puede imponer el pago de copias o la consulta directa si el ciudadano no la solicitó así, de acuerdo con lo establecido por la ley, de dicha forma este puede quejarse ante el ITEI, según lo señalado por González Vallejo.

“Lo idóneo sería que llegáramos al punto de que el gobierno, toda la información, la fuese generando en electrónico directamente, y mucha ya ocurre así, pero luego tenemos miedo a revelar los formatos en su fuente original (…) eso que hizo en computadora (el funcionario público) debería estar ya directamente validado y subido a un sistema de publicación de información (…) lo que nos hace falta es caminar hacia eso”, recomendó el consejero del ITEI.

A pesar de que recientemente se estableció una nueva ley en la materia, poco se avanza en la digitalización de contenidos y esto es utilizado como obstáculo en las solicitudes presentadas ante los sujetos obligados, pero la falta de regulación no debería ser motivo para una proactividad por parte de los titulares de transparencia para facilitar el derecho a la información, como señaló José Bautista Farías.

Federación no transparenta Línea 3

El pasado primero de julio se dio a conocer que un ciudadano solicitó información por medio de Transparencia, referente al proyecto de Línea Tres del Tren Ligero.

La respuesta recibida por el solicitante, Arturo Gómez, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fue que dicha información es reservada.

“La información correspondiente al proyecto ejecutivo se encuentra clasificada como reservada por un plazo de tres años de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 12, fracción sexta de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”, respondió la dependencia federal.

Además, se señaló que para poder obtener los documentos de dicho proyecto se tendría que pagar un monto superior a los 35 mil pesos, debido al importante número de hojas que comprenden el proyecto de la Línea Tres.

Sin embargo, para el académico del ITESO, José Bautista Farías, la clasificación de la información es equivocada y contrariamente debería ser pública:

“No es información reservada o no debe ser información reservada porque no está poniendo en riesgo ni la seguridad del estado, es información que debe ser pública, desde mi punto de vista. Ahí procede que el ciudadano interponga un recurso ante el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), porque la está negando una autoridad federal”, señaló Bautista Farías.

            -IFAI

Llama IFAI a no regatear información

Mural

Rolando Herrera

10 de julio de 2014

El comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Francisco Javier Acuña, hizo un llamado a las autoridades a no regatear la información que entregan a los ciudadanos, ya que deben satisfacer desde su primera respuesta los requerimientos que le son formulados al amparo de la ley de transparencia.

Durante la sesión pública del Pleno, el funcionario dijo que en los casos que le ha tocado instruir ha detectado una mecánica inercial y burocrática de los sujetos obligados a satisfacer parcialmente las solicitudes que reciben, sólo para apaciguar el interés de los peticionarios.

“Venimos encontrando cada semana, que hay una lógica inercial, burocrática (…) de la fatiga que produce a los círculos funcionariales responder a la información solicitada; suelen muchas veces irse por la inercia, la cómoda inercia de dar poco como para apaciguar, a veces así se puede interpretar, el reclamo informativo, y esto desde luego que no es conveniente”, sostuvo.

En la sesión, al revisar un caso de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, el Pleno determinó darle vista al Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría del Trabajo, ya que detectó que probablemente un funcionario de la primera institución está desempeñando un puesto sin tener el título profesional para ello.

Esta presunción surgió al analizar un caso donde un solicitante pidió el número de la cédula profesional y el nombre de la institución donde cursó sus estudios Sergio Mendieta Servín, encargado de despacho de la Secretaría General Administrativa de la Procuraduría, ante la cual la institución primero dijo sí tener los documentos y luego negó su existencia.

Ante ello, la comisionada ponente Patricia Kurczyn propuso revocar la respuesta, instruir a la Procuraduría a entregar los documentos con los que el funcionario acreditó sus estudios y dar vista al OIC para que revise el caso, propuesta que fue aprobada por unanimidad.