Ocultan información de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara

Proyecto Diez

Redacción

1 de julio de 2014

Mediante una solicitud de información, un ciudadano pidió la información referente a la línea 3 del Tren Ligero. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) respondió que la información estará reservada por 3 años. Esto es, no podremos saber los detalles del proyecto que pretende comunicar a municipios como Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque.

Textual la SCT respondió: “La información correspondiente al proyecto ejecutivo se encuentra clasificada como reservada por un plazo de 3 años de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 12, fracción sexta de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental””.

Esta respuesta fue dada luego de que el ciudadano interpusiera un recurso de revisión ante el IFAI pues la dependencia federal negó que posea tal información.

La persona solicitó el proyecto ejecutivo, la evaluación del trazo, el estudio técnico, legal y ambiental así como el análisis del costo-beneficio del proyecto.

El proyecto ejecutivo estará oculto durante 3 años.

Lo que sí se podrá consultar es el anteproyecto Ejecutivo y al Estudio de Mercado de la Línea 3 del Tren Ligero.

El gobierno del estado ha lanzado estos videos donde explica el concepto del proyecto.

Con información de Mural.com

            -IFAI

IFAI modelo para el mundo en materia de transparencia: ONU

Unomásuno

Redacción

1 de julio de 2014

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) es modelo para el mundo en materia de transparencia, aseguró el relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión, Frank La Rue.

Durante una reunión con los integrantes del pleno del organismo, planteó que haber convertido al instituto en un ente autónomo constitucional es un paso trascendente y que México está sentando bases especiales para ser imitadas por otros países.

Ximena Puente de la Mora, comisionada presidenta del IFAI, reconoció el trabajo y seguimiento del relator especial de la ONU para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, a los avances en transparencia en México, como la reciente reforma constitucional en la materia.

En el diálogo participaron las comisionadas Areli Cano Guadiana, María Patricia Kurczyn Villalobos y los comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Oscar Guerra Ford y Joel Salas Suárez.

La Rue estuvo acompañado por Alan García, coordinador legal de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Derechos Humanos, y Anabella Rivera, directora ejecutiva del Instituto Demos.

El IFAI alista opinión técnica para reforma en telecomunicaciones

Excélsior

Notimex

1 de julio de 2014

El comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Óscar Guerra Ford, adelantó que elaboran una “opinión técnica” sobre algunos puntos de la reforma en telecomunicaciones que se discute en el Senado.

“Estamos haciendo un análisis, creemos que debe haber una precisión mayor y aparte, lo que haríamos con este análisis, es una propuesta para salvaguardar el derecho de las personas a su privacidad y su intimidad”, subrayó.

Consideró que temas como la geolocalización resultan “inquietantes”, porque podría haber abusos y debería establecerse que ese recurso se utilizará sólo en casos excepcionales con la autorización de un juez.

Por ello pidió a los legisladores ser cuidadosos en la discusión de las iniciativas en materia de telecomunicaciones, pues algunas disposiciones podrían atentar contra la privacidad de las personas.

Guerra Ford señaló que de observar algún riesgo para la protección de datos personales de la ciudadanía, los comisionados se inconformarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

            -Protección de datos

Ponen cerrojos a datos de usuarios

El Economista

Tania Rosas

2 de julio de 2014

El dictamen en materia de telecomunicaciones que se debatirá en el Senado incluye un protocolo para enfrentar al crimen organizado, mismo que deben seguir tanto concesionarios como autoridades para evitar, en la medida de lo posible, la violación a los derechos de los usuarios.

Cabe destacar que el capítulo de colaboración con la justicia es más laxo que el propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto, pero también promueve que los concesionarios tengan un registro y control de comunicaciones que se lleven a cabo en telefonía e Internet.

Destaca que los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a atender los requerimientos de la autoridad en materia de seguridad, misma que deberá fundamentar y motivar su solicitud para obtener la geolocalización en tiempo real de los equipos de telefonía móvil, la adquisición de conversaciones privadas o los datos de las comunicaciones de los usuarios.

“Los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia designarán a los servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios y recibir la información correspondiente, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación”, establece.

Los concesionarios deberán conservar por un año los datos como fecha, hora y duración de la comunicación, así como del servicio de mensajería o multimedia que permitan la entrega en tiempo real a las autoridades. Por otro año, los concesionarios conservarán la información en los sistemas de almacenamiento electrónico.

COMUNICACIONES, INVIOLABLES

El dictamen deja claro que “las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada”.

Por otro lado advierte que la Secretaría de Gobernación respetará los derechos a la manifestación de las ideas, libertad de información y de expresión y no realizará censura previa.

Y elimina la posibilidad de que se bloqueen determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario o cuando medie orden de autoridad competente