Política y negocios en la adecuación de Grupo Clarín

Mediatelecom

Martín Becerra

28 de junio de 2014

En octubre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual argentina cumplirá cinco años desde su aprobación por el Congreso. Un lustro es un período que debería exhibir suficiente material como para evaluar en qué medida la ley audiovisual impactó en el sistema de medios, dada su originalidad y sus objetivos, pero lo cierto es que la disputa entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el principal grupo multimedios, Clarín, relegaron a un segundo plano la aplicación de la norma legal. Consecuencia directa de esa disputa, el holding avanza en una adecuación a la ley con pasos que confirma en sus asambleas de accionistas y que, hasta ahora, han sido autorizados por el Estado.

La disputa incluyó un largo proceso de judicialización de cuatro artículos centrales de la ley audiovisual. La judicialización terminó en octubre de 2013, cuando la Corte Suprema de Justicia validó la constitucionalidad de esos artículos. Desde entonces, el Grupo Clarín presentó su plan de adecuación. Ese plan somete a prueba la imparcialidad de la autoridad estatal, ya que hay otros grupos cuyos planes no fueron todavía evaluados por el Estado o a los que se les permitió una adecuación meramente formal. A la vez, el plan de Grupo Clarín constituye un inédito ensayo de desconcentración del mercado audiovisual no sólo en Argentina, sino en América Latina.

La ley audiovisual establece que, a nivel nacional, un mismo licenciatario puede poseer diez licencias de televisión abierta y radio. El límite para licencias de televisión por cable es de 24. La multiplicidad de licencias a nivel nacional no puede superar 35 por ciento de habitantes o abonados, según el tipo de servicio. A nivel local, el máximo de licencias es tres para radio y televisión abierta. Además, hay límites a la concentración cruzada: no es posible explotar una licencia de televisión abierta y una de TV de cable en una misma localidad. Y los cable-operadores no pueden incluir más de una señal de generación propia en la grilla de programación que ofrecen a sus clientes. Los grupos que superan estos límites deben adecuarse.

A las anteriores disposiciones sobre concentración, la ley audiovisual le añade capítulos novedosos como la reserva del 33 por ciento del espectro radioeléctrico para que opere frecuencias el sector sin fines de lucro; la constitución de una autoridad de aplicación de la ley (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA) que, por primera vez en la historia argentina, no depende sólo del Poder Ejecutivo Nacional sino que se integra con fuerzas de la oposición y con delegados de un Consejo Federal integrado por las provincias, las universidades y los sindicatos de trabajadores y de empresarios del sector; como el mandato de pluralismo para los medios de gestión estatal que históricamente han tenido un fuerte sesgo gubernamental; o como la exigencia de cuotas de producción local, nacional e independiente para todos los medios audiovisuales. La mayoría de estas disposiciones no se ha cumplido hasta ahora, con excepción de la integración de la autoridad de aplicación de la norma. El respeto a la letra de la ley ha estado subordinado al enfrentamiento público entre el gobierno y el Grupo Clarín.

La ruptura

La historia del kirchnerismo y el Grupo Clarín es la de una alianza que duró casi cinco años y que al estallar se transformó en una guerra abierta con la política argentina como escenario bélico. Cuando Néstor Kirchner, antecesor y pareja de Cristina Fernández, llegó a la presidencia en 2003, el sistema de medios argentino había sufrido una importante transformación y modernización, pero estaba en quiebra. El sector se había concentrado en pocos grupos, nacionales y extranjeros, algunos de ellos asociados a capitales financieros. También se había remozado tecnológicamente el parque productivo de las actividades de información y comunicación y la organización de los procesos de creación y edición había mutado por la tercerización de la producción de contenidos lo que, a su vez, había estimulado una dinámica base de productoras de diferente tamaño.

Estructuralmente, la masificación de la televisión de pago de la década de 1990 cambió por completo el sector audiovisual (que en la actualidad incuba otra transformación a partir de la digitalización de los contenidos y de sus redes de distribución), que es la principal forma de acceso a informaciones y entretenimientos en la Argentina, ya que 85 por ciento de los hogares usa la televisión a través de cable-operadores o de DirecTV (único prestador satelital). Clarín domina cerca de 40 por ciento de la televisión de pago a través de su firma Cablevisión.

La crisis socioeconómica e institucional argentina de 2001 había provocado la retracción de los mercados pagos de industrias culturales (cayeron los abonos a la televisión por cable, la compra de diarios, revistas, libros y discos y las entradas de cine), redujo dramáticamente la inversión publicitaria y, en consecuencia, alteró todo el sistema.

Las empresas de medios, que en muchos casos habían contraído deudas en dólares en la década anterior, registraban ingresos menguantes y en pesos. Ello motivó al gobierno de Eduardo Duhalde (2002-2003) a impulsar una ley aprobada ya en la gestión de Kirchner: la de Preservación de Bienes Culturales que, al establecer un tope de 30 por ciento de capital extranjero en las industrias culturales argentinas y al exceptuar del cram down de la Ley de Quiebras a los medios, impedía que acreedores externos reclamaran los activos de las empresas locales endeudadas como parte de pago y tuvieran que negociar quitas y planes de financiación del pasivo.

La Ley de Bienes Culturales fue un salvataje estatal a las empresas de medios que impregnó, como lógica de intervención, la primera etapa del ciclo kirchnerista. La renovación automática de las licencias televisivas más importantes de los dos principales grupos de medios, Clarín y Telefónica, en diciembre de 2004 y, sobre todo, la firma del Decreto 527 en 2005 mediante el cual Kirchner suspendió el cómputo de diez años para las licencias audiovisuales, constituyen algunos de los indicadores explícitos de un Estado que socorrió a los magullados capitales de la comunicación. Mientras tanto, las organizaciones sin fines de lucro continuaban proscriptas del acceso a licencias audiovisuales, lo que contravenía el derecho a la comunicación y la tradición que vincula la libertad de expresión con los derechos humanos contenida en la Declaración Universal de DDHH, en la Convención Americana de DDHH y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El oficialismo justifica su intervención a favor de los grandes grupos mediáticos en la débil legitimidad de origen del gobierno de Kirchner, que accedió a la presidencia con 22 por ciento de los votos. Esa débil legitimidad fue conjurada por un programa de acción transgresor en varios aspectos. Así, la recomposición de la autoridad estatal a través de la designación de una Corte Suprema de Justicia independiente del gobierno, el impulso a los juicios por violaciones a los derechos humanos, la reapertura de las negociaciones paritarias (fundamental pero no únicamente salariales) y la recuperación macroeconómica ampliaron el apoyo social y político al presidente Kirchner.

Sin embargo, la justificación que ensaya el oficialismo sobre las medidas que adoptó Kirchner potenciando la concentración del sistema de medios y su alianza con el Grupo Clarín y otros conglomerados mediáticos (como Telefónica) no explica cómo fue que, tras las elecciones presidenciales de 2007, cuando Cristina Fernández fue electa con una diferencia de más de 20 puntos sobre sus adversarios, es decir, con enorme legitimidad electoral y capital político, Kirchner autorizó en su último día de mandato (el 7/12/2007) la fusión entre Cablevisión y Multicanal (Grupo Clarín). El cable representa más de 80 por ciento de los ingresos del conglomerado. Pero esta relación de mutuo beneficio entre el kirchnerismo y Clarín se rompería al inicio del primer gobierno de Cristina Fernández.

En efecto, Cristina Fernández, quien asumió la presidencia en diciembre de 2007 (fue reelecta para un segundo mandato 2011-2015), dispuso en marzo de 2008 una suba en las retenciones a la exportaciones agropecuarias que produjo la llamada “crisis del campo”. Ello, sumado al fracaso de la negociación en curso entre Néstor Kirchner y el CEO de Grupo Clarín, Héctor Magnetto, para permitir el acceso del conglomerado a la titularidad de una de las operadoras del oligopolio telefónico en la Argentina, Telecom, detonó en un enfrentamiento que signó los años posteriores.

La política de medios cambió por completo e incluyó un cuestionamiento oficial a la existencia de la empresa de conexión a Internet de Grupo Clarín (Fibertel); la gestación del Programa Fútbol Para Todos que supuso la ruptura del contrato de exclusividad sobre los derechos de transmisión de los partidos de fútbol del torneo argentino entre la Asociación de Fútbol (AFA) y una empresa con participación de Grupo Clarín; la denuncia de los principales accionistas del grupo por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar (1976-1983) en relación al accionariado de la única fábrica de papel de diarios de la Argentina (Papel Prensa) que el Estado comparte con Clarín y con el diario La Nación; el uso intensivo de la publicidad oficial para alimentar económicamente a grupos emergentes que intentan competir con Clarín y castigar los ingresos del grupo; un giro intemperante de la línea editorial de los medios estatales y la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre otras medidas.

La adecuación de Grupo Clarín

Forzado por el aval del Poder Judicial a una regulación que resistió como una embestida dirigida en su contra, el Grupo Clarín presentó un plan de adecuación a la ley audiovisual declarado admisible por la autoridad de aplicación (AFSCA). La ejecución del plan durará un año si no hay nuevos capítulos de judicialización. Consiste en la separación en seis unidades empresariales del grupo, que aprovecha la circunstancia para avanzar más allá de las exigencias de la ley audiovisual y reorganizarse a fondo.

Como muestra el gráfico 1, el corazón de las actividades que concentra el grupo se localiza en las dos primeras unidades, mientras que las demás están en venta y sobre algunas de ellas ya recibieron ofertas. La Unidad 1 reunirá los medios periodísticos (Canal 13 de televisión, señal de noticias TN, radio Mitre y algunas licencias de televisión por cable). En esta Unidad se insertarán los medios gráficos del grupo (diario Clarín, Olé, revistas).

La Unidad 2 continuará con la gestión de las licencias más importantes de TV cable y con la provisión de servicios de conexión a Internet (Cablevisión y Fibertel). Si la Unidad 1 se compone de medios tradicionales, la Unidad 2 es un anfibio con vocación de avanzar en el campo de las telecomunicaciones, que es donde migra el socio minoritario en Cablevisión, el mexicano David Martínez, tras la compra de Telecom Argentina que está pendiente de la definitiva autorización del Poder Ejecutivo y que es incompatible con la participación en medios audiovisuales. De este modo, después de expandirse durante décadas con una lógica conglomeral y multimedios, el Grupo Clarín tenderá a la especialización.

Los movimientos que se realicen en el marco de la adecuación deben conformar a los accionistas controlantes, que son Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Rafael Pagliaro con 71 por ciento del capital. El resto se cotiza en mercados de valores (20%), dentro de lo cual hay una importante participación del Estado argentino a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A raíz de la presencia estatal en el capital accionario, delegados de ANSES participan de las asambleas del multimedios en las cuales se ratifica el rumbo de la adecuación trazado por los controlantes. Por último, 9 por ciento del grupo está en manos de GS Unidos LLC, una compañía de Ralph Booth (EEUU).

Por ello, en la propuesta quedarían Aranda y Pagliaro a cargo de la Unidad 1 mientras que Ernestina Herrera y Héctor Magnetto se ocuparían de la Unidad 2.

Así, la escisión de Grupo Clarín supone que Ernestina y Magnetto se alejarán del diario Clarín después de décadas de conducir la empresa. Ellos se concentran en la Unidad 2, que es la más rentable, conservando la mayor parte de las acciones del grupo que hoy poseen en la que es la empresa más rentable.

El plan de los cuatro principales accionistas conserva el control de los principales medios del grupo y respeta además los requisitos legales por cuanto todos ellos poseen los antecedentes necesarios para explotar licencias audiovisuales.

Si bien aún se está desarrollando la adecuación y hay un trato diferencial del Estado hacia otros grupos concentrados ligados al oficialismo, la propuesta de Grupo Clarín es inédita en la región y enfoca la convergencia tecnológica a partir de una obligación regulatoria.

En otro contexto, en Estados Unidos, Viacom y CBS escindieron las actividades de producción de contenidos audiovisuales tradicionales por un lado, y las de gestión de redes convergentes (Internet y cable), por el otro. La adecuación impactará en la rentabilidad de Grupo Clarín que, a cambio, podrá ganar flexibilidad y adaptación a la convergencia, confiriendo mayor autonomía a su producción periodística. El plan de adecuación cierra, además, el capítulo abierto tras la autorización para que Clarín fusione las principales empresas del mercado de TV cable en 2007, que es incómodo tanto para el kirchnerismo como para el propio multimedios, ayer socios y hoy enemigos.

En octubre de 2015 Argentina elegirá al sucesor de Cristina Fernández y para ese momento el gobierno espera que el principal grupo de medios exhiba grandes diferencias con su estructura actual. Posiblemente no sea tan mal negocio para el grupo adecuarse a la ley.