Audiencias
Nada detendrá el trabajo legislativo: PRI
El Financiero
Víctor Chávez
8 de junio de 2014
La bancada priísta en la Cámara de Diputados mantiene que esta semana continuarán las reuniones de trabajo y las audiencias con funcionarios públicos, a pesar del arranque del Mundial de Futbol.
CIUDAD DE MÉXICO. La marcha de los trabajos para el procesamiento de las leyes energéticas no se detendrá en la Cámara de Diputados ni se aceptarán “tácticas ni condicionamientos unilaterales de carácter partidista y electoral” de nadie, advirtió el líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera.
Consideró que están claros los aspectos fiscales de los contratos de hidrocarburos y está garantizado que la reforma político-electoral quedará aprobada en los estados y lista para su operación y aplicación en los procesos electorales del 2015.
Por ello, esta semana continuarán las reuniones de trabajo y las audiencias con funcionarios públicos, a pesar del arranque del Mundial de Futbol, sostuvo.
-Reforma en telecomunicaciones
El Universal
Gabriel Sosa
9 de junio de 2014
Es importante recordarlo porque por lo ocurrido en los últimos días tal parece que hay líderes en el Congreso y en los partidos políticos que no le han dado la suficiente importancia a lo que está en juego: la oportunidad histórica, quizás irrepetible, para, de una vez por todas, modificar el modelo de radiodifusión y telecomunicaciones altamente concentrado, con sus nefastas consecuencias, o preservar el status quo con una legislación “light”, que se podría alejar de lo que se buscó con la reforma constitucional aprobada el año pasado. Es el ahora o nunca, pero desafortunadamente las divisiones internas en el PAN y el PRD, la falta de consensos en algunos de los temas fundamentales de esta legislación, las negociaciones particulares de cada partido y no como bloque de oposición, poco abonan para evitar la aprobación, sin modificaciones sustanciales, de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, que tanto ha sido cuestionada en algunas de sus propuestas.
Con la mayoría en ambas Cámaras, el PRI parece dispuesto a aprobar, sin grandes concesiones, la iniciativa presidencial y meter gol mientras el mundial de fútbol acapara la atención mayor de millones de mexicanos y los medios de comunicación. Muy probablemente cederá en los temas más burdos, como la censura en internet, y esto será interpretado como una acción positiva de un gobierno “sensible” a las preocupaciones de la sociedad, pero se mantendrá firme con el resto de las propuestas, en especial de aquellas que eviten generar mayores afectaciones a la relación histórica del PRI con los empresarios de la radio y la televisión, que algo se dañó por la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.
Bajo tal escenario, el PRI no cederá, por ejemplo, ante las propuestas de abrir la comercialización a los medios públicos o comunitarios, o regular la propiedad cruzada, entre otros asuntos. Para el PRI-Gobierno es más rentable políticamente refrendar su alianza con algunos actores de la industria, que permitir el crecimiento de la radio comunitaria, por mencionar un caso. Sólo la sociedad puede cambiar su posición. En esto radica la relevancia de los frentes por la comunicación democrática, que se están creando en diferentes estados del país para corregir y mejorar, con una visión plural y competitiva, la iniciativa presidencial.
TV´S DIGITALES
Con personal ataviado de rojo, un auditorio a reventar de beneficiarios de programas sociales, un buen aparato propagandístico y con emotivos discursos con frases como “el presidente de la República nos cumple” o la entrega de estos equipos “es una gran oportunidad que les está dando el presidente”, funcionarios federales, estatales y municipales de primer nivel entregaron televisores digitales en la ciudad de Reynosa, el pasado 3 de junio.
Si esa será el tono del resto de las ceremonias de entrega de equipos en el resto del país, sería deseable se supervise con lupa este proyecto de transición, ya que a todas luces hay quienes están obteniendo una gran rentabilidad política con recursos millonarios (casi 27 mil millones de pesos) del erario público, en vísperas de las elecciones federales intermedias y en 14 estados. Si el gobierno de Felipe Calderón hubiese realizado un acto similar vía la Cofetel, le aseguro que el PRI habría generado un escándalo político, pero hoy parece que el asunto ha pasado de noche, particularmente para los partidos políticos de oposición. ¿Por qué?
NOTICIARIOS DE RADIO Y RATINGS
La publicación de anuncios en los que se destaca que un noticiario o programa es el más escuchado en la radio capitalina ha sido una constante, pero particularmente en las últimas semanas, Grupo Fórmula ha utilizado esta estrategia de comunicación, apoyada en estudios de INRA. ¿Reales o sesgados los datos? No lo sabemos. Desafortunadamente, las audiencias no tenemos acceso a las investigaciones realizadas, en este caso por INRA y, por lo tanto, es imposible comprobar lo que afirman los grupos radiofónicos.
La medición de audiencias es un instrumento fundamental para la toma de decisiones de los anunciantes, los programadores y los dueños de las emisoras, pero también, como consecuencia de la reforma constitucional de telecomunicaciones, para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), ya que dicha información es y será fundamental para sus resoluciones en materia de competencia económica.
El IFT debe tener atribuciones jurídicas para que mediante contrato o convenio, preferentemente con instituciones educativas, mida las audiencias apoyado en las más estrictas bases metodológicas y, como es obligatorio en países desarrollados, ponga a disposición de cualquier interesado la información. Se trata de un tema que no se puede pasar de largo en la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones.
OPMA Y NUEVOS PROGRAMAS
El Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA) —institución que debe convertirse en un verdadero medio público y no en una extensión de la Secretaría de Gobernación como lo propone el gobierno federal— ha estado muy activo en los últimos días. En coordinación con TV UNAM, presentó el documental “El Penacho de Moctezuma”, realizada por Jaime Kuri, a partir de la investigación de María Olvido Moreno.
También, en coproducción con Luna de Plata Producciones, dio a conocer el lanzamiento del programa “El Otro Mundial”, en el que se abordarán temas culturales y científicos, con la participación de Leopoldo de la Rosa, Ana Patricia Gil, Iván Meza Bernal, el caricaturista Antonio Garci y la actuación de Juan Carlos García “El Doctor Bolavsky”. Las transmisiones iniciarán el próximo 11 de junio y concluirán el 13 de julio, a través del Canal 30 “Una voz con todos”, a las 8 de la noche.
CIBERNÉTICA Y PERIÓDICOS
Agradezco el envío de tres libros, de consulta obligada: “La ansiedad cibernética. Docentes y TIC en la escuela secundaria”, de Diego Lizarazo y Yois Paniagua, publicado por la UAM; “La prensa en el nuevo ecosistema informativo. ¡Que paren las rotativas!”, de Bernardo Díaz Nosty, de Ariel y Fundación Telefónica; y “Periodistas en Oaxaca”, de María Magdalena López Rocha, auspiciado por el Instituto Nacional de las Mujeres y otras instituciones.
-Reforma en telecomunicaciones: España
Ley de Telecomunicaciones de España: entre liberalización, innovación e intervencionismo
Mediatelecom
Angel García Castillejo
8 de junio de 2014
El 10 de mayo de 2014 ha visto la luz, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado de España, la Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones. Esta nueva legislación modifica la anterior Ley 32/2003, del 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que incorporó al ordenamiento jurídico español el marco regulador de las comunicaciones electrónicas aprobado por la Unión Europea en 2002 y que, a su vez, modificó el anterior texto de Ley General de 1998. Por lo tanto, esta es la tercera versión de la Ley General de Telecomunicaciones de España desde el arranque de los procesos de liberalización de este sector en Europa y en todo el mundo.
En paralelo, pero con elementos comunes, en México también se lleva a cabo la reforma en telecomunicaciones mediante una reforma constitucional presentada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dentro del marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México. El 22 de mayo de 2013, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró constitucional la reforma y, tras ello, fue promulgada por el Presidente el 10 de junio de 2013 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación. Posteriormente, el 11 de marzo de 2014 el Presidente de la República presentó ante la Cámara de Senadores la iniciativa de leyes secundarias a dicha reforma, con lo que se pretende culminar este proceso en el plano legislativo.
De este modo, la nueva Ley General de Telecomunicaciones española, que coincide en el tiempo con las reformas legislativas emprendidas en esta misma materia en México, tal como reconoce en su exposición de motivos, da un paso más en el proceso de liberalización del sector, “profundizando en los principios de libre competencia y mínima intervención administrativa”, que ya se encontraban presentes en los textos precedentes. Por lo tanto, es un buen momento para reflexionar sobre el camino andado en la liberalización de los servicios de telecomunicaciones y de los aciertos y errores cometidos, avanzar hacia un escenario que garantice nuevos, mejores y más accesibles servicios al conjunto de nuestras sociedades.
En el caso español, se aborda el proceso de reforma legislativa en un contexto europeo de cierta ralentización en las inversiones en el sector y con la sensación de que los ganadores globales de las comunicaciones de los últimos años han sido las empresas de servicios Over the Top (OTT), mayoritariamente estadounidenses y que utilizan las infraestructuras que tanto cuesta desplegar, canibalizando los ingresos y los negocios de los operadores tradicionales de comunicaciones electrónicas.
Es en este punto donde se plantea la necesidad de introducir algunos cambios de rumbo en la legislación y en la regulación de las telecomunicaciones, con el fin de reducir la presión regulatoria que en ocasiones ha provocado lentitud y ralentización en la toma de decisiones por parte de las compañías operadoras, ante la inseguridad jurídica que ha causado la propia regulación y en ocasiones la “sobrerregulación”. También para introducir mecanismos de fomento y respaldo a los acuerdos entre empresas para el despliegue de infraestructuras comunes que generen economías de escala y reducción de costos que hagan más competitivos los servicios de los operadores de telecomunicaciones.
La reforma recién aprobada por el Parlamento español es la segunda que se promueve por el actual gobierno del Partido Popular en esta Legislatura, que modifica la Ley 32/2003 en profundidad, pues el Real Decreto-Ley 13/2012 del 30 de marzo ya incorporó al ordenamiento jurídico español el conocido “paquete telecom” de la Unión Europea de 2009.
En el ámbito de las oportunidades pérdidas y claramente erradas, en la nueva ley española, como se expresa en su exposición de motivos, se refiere a las funciones del regulador independiente de los mercados liberalizados en España (telecomunicaciones, audiovisual, energía, transporte y sector postal), además de la competencia, la denominada Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En su calidad de autoridad nacional de regulación independiente, ejercerá aquellas atribuciones relacionadas con la imposición de regulación ex ante en el marco de los procesos de análisis de mercados, con la resolución de conflictos entre operadores y con la posible imposición de la obligación de separación funcional, regulando las obligaciones aplicables a los operadores con poder significativo en mercados de referencia.
Con la redacción del artículo 70 de la ley española, que hay que poner en relación con el texto de la Ley 3/2013 de creación de la CNMC, se promueve por el gobierno el vaciamiento de competencias en materia de telecomunicaciones en la nueva CNMC a favor del propio Ejecutivo, que acumula aún más competencias, frente a la tendencia en el resto de los países de la Unión Europea. De este modo, en la CNMC sólo se mantendrían las competencias en tres órdenes: definición de mercados e identificación de los operadores de cada uno de ellos con peso significativo en esos mercados (PSM), así como las obligaciones que ello comporta; resolución de conflictos y servicio universal.
Esta reducción de competencias del regulador de telecomunicaciones, su inserción en un órgano con competencias dispares y para numerosos sectores y los riesgos que ello implica de pérdida de independencia, suponen un grave retroceso en el proceso de liberalización de las telecomunicaciones en España.
Si como se recoge en la Ley General de Telecomunicaciones española, se pretende que su objeto sea garantizar que los mercados de comunicaciones electrónicas se desarrollen en un entorno de competencia efectiva, no sólo se debe asegurar que los procesos de análisis de mercados para la imposición, en su caso, de obligaciones específicas en el marco de la regulación ex ante se acometan con la debida periodicidad. Se debe garantizar agilidad, capacidad de reacción ante los cambios que se operan en el mercado y desarrollo de la regulación ex ante bajo la premisa de la intervención mínima.
Sólo desde órganos reguladores independientes y con amplias competencias se puede garantizar un marco regulatorio adecuado a las necesidades de un sector tan dinámico como el de las comunicaciones. La recuperación de competencias por parte de los gobiernos no sólo supone un ejercicio de intervencionismo innecesario, sino que genera mayor inseguridad jurídica y con ello un factor añadido de desinversión que perjudica a las empresas y a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.
De la misma manera, y con el fin de reprimir prácticas restrictivas de la competencia, la nueva ley española de telecomunicaciones establece que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervise el funcionamiento de los distintos mercados de comunicaciones electrónicas, así como a los distintos operadores que desarrollan su actividad en ellos. Este paso hubiera sido positivo en el caso de haber seguido las tendencias marcadas por el regulador estadounidense (FCC) o británico (Ofcom), pero en el caso español desgraciadamente se incorpora no en un marco de especialización regulatoria y de convergencia entre las telecomunicaciones y el audiovisual, sino que se acumula a sectores como el transporte ferroviario, el sector postal o la energía, lo cual, como ya sabemos, provocará sin lugar a dudas una confirmación del conocido dicho popular de “quien mucho abarca, poco aprieta”, en este caso para garantizar la sana competencia.
Por otro lado, en el Título III de la Ley española, relativo a obligaciones y derechos de operadores y usuarios, se incluyen los preceptos relativos al servicio universal, las obligaciones de integridad y seguridad de las redes y la ampliación de los derechos de los usuarios finales; también se recogen novedades en relación con los derechos de los operadores a la ocupación del dominio público y privado, el despliegue de redes y el acceso a infraestructuras de otros sectores.
En el marco de los procesos de análisis y definición de mercados, en los cuales se designan, en su caso, los operadores con poder significativo en cada mercado (PSM), se mantiene la posibilidad de incorporar otro tipo de medidas a ser introducidas en la regulaciónex ante por el regulador para el fomento de la competencia, como ha sido el modelo exitoso de reconocimiento de tarifas asimétricas, en periodos limitados de tiempo, como mecanismo de “empuje” a operadores entrantes. En todo caso, este tipo de medidas han de ser observadas con cautela y de carácter excepcional por parte del regulador, para evitar situaciones de distorsión en el mercado.
En relación con el servicio universal, hubiera sido deseable avanzar en la gestión de la designación de los operadores obligados a su prestación por parte del regulador independiente y dejar de mantener en manos del gobierno esta competencia, además de mantener la responsabilidad en la cuantificación de su coste y para los casos de ser considerado como una “carga injustificada” para dicho operador, los mecanismos de financiamiento por el conjunto de operadores del mercado a los que se imponga dicha obligación, sobre la base de su capacidad económica y de su posición en el mercado de esos servicios de telecomunicaciones.
Así las cosas, la nueva Ley General de Telecomunicaciones de España, con el objetivo de reforzar los derechos de los usuarios, clarifica los derechos introducidos en la Ley 32/2003, del 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, por el Real Decreto-Ley 13/2012 del 30 de marzo. Se pretende la identificación de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones relacionados con la protección de datos de carácter personal y la privacidad de las personas, así como el mantenimiento del procedimiento extrajudicial de resolución de controversias entre operadores y usuarios finales ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Asimismo, la ley prevé que la normativa específica sectorial establecida en la misma prevalezca sobre la normativa general de defensa de los consumidores y usuarios, tal y como queda recogido en la propia normativa comunitaria, en particular en el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 2011/83/UE del 25 de octubre de 2011 sobre los derechos de los consumidores.
Vale decir al respecto que en el primer trimestre de 2014 se ha publicado la Ley 3/2014 del 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto-Ley 1/2007 del 16 de noviembre. En esta ley se introducen novedades en materia de contratación a distancia y servicios de información mediante servicios de telecomunicaciones.
Diremos por último en este repaso legislativo que la nueva Ley General de Telecomunicaciones española, en sus disposiciones finales, modifica distintos textos normativos. En particular, se reforman diversos preceptos de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a fin de adaptarla al marco social y económico actual. En concreto, se introducen precisiones sobre el consentimiento del destinatario para aceptar el tratamiento de los datos derivados de dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en sus equipos terminales, y se establecen criterios para la modulación de las sanciones.
Por lo tanto, desde 1996, cuando inicia la liberalización de las telecomunicaciones en España hasta ahora, todo ello en el marco de la normativa de la Unión Europea, el sector de las comunicaciones electrónicas español ha experimentado un salto de gigante en el cual se aprecia no sólo una mayor competencia, con mejores y más asequibles servicios para los usuarios, sino que además se ha podido percibir la importancia de aprender de errores en el camino que hoy nos indican la importancia de disponer en nuestros países de una regulación independiente, que garantice un mercado competitivo y ágil que se adecue a las necesidades de nuestras sociedades, para que oriente su intervención mínima en los servicios y fomente la innovación que exigen nuestros ciudadanos.
Hoy la regulación sectorial de telecomunicaciones en países como España o México, con el cual se comparte en estos momento un proceso de puesta al día de nuestras legislaciones en esta materia, se hace necesario hacer realidad el principio de “intervención administrativa mínima”, fomentando la acción de las empresas para que generen inversiones eficientes y sostenibles como garantía de servicios universales para el conjunto de nuestras poblaciones y territorios, y que a su vez se vean acompañadas de entornos de seguridad para los usuarios.
-Leyes secundarias
Confía Gamboa en que se alcanzarán acuerdos en leyes secundarias
Unomásuno
Redacción
8 de junio de 2014
El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, confió en que los grupos legislativos alcanzarán acuerdos para avalar las leyes secundarias en materia energética y de telecomunicaciones.
“Con pleno respeto al trabajo de las comisiones involucradas en estas leyes reglamentarias, confiamos en que se alcancen los acuerdos para dotar al país de esas dos herramientas fundamentales que atraigan inversiones, generen empleos y detonen el crecimiento económico que permita fortalecer programas sociales como la Cruzada Nacional contra el Hambre”, afirmó.
En un comunicado, el senador afirmó que la cruzada es indispensable para combatir la pobreza, pero para alcanzar soluciones de largo plazo es necesario que el Congreso apruebe las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y energía que, sin duda, impulsarán el crecimiento económico y la creación de empleos.
Los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) apoyan programas de alto contenido social, como la cruzada contra el hambre que, a través de más de 70 programas federales, que involucran a unas 20 dependencias en los tres niveles de gobierno, beneficia a tres millones de mexicanos en pobreza extrema.
“Para los priistas en el Senado es importante dejar atrás el asistencialismo y promover la capacitación, además de impulsar proyectos productivos con participación e inclusión social”, puntualizó.
Indicó que este tipo de acciones son posibles gracias a reformas como la fiscal, aprobada por el Congreso de la Unión, que permiten al gobierno federal contar con recursos presupuestarios suficientes.
Con ello, se atienden las necesidades alimentarias de la población de escasos recursos, de suerte que para este 2014, serán 5.5 millones los beneficiarios por ese programa, añadió.
Por lo anterior, los senadores del PRI, con las otras fuerzas políticas en el Senado, continuaremos dotando al país de reformas que hagan posibles las soluciones encaminadas a ofrecer mayores oportunidades de vida a quienes hoy viven en la pobreza, concluyó.
Congreso debe aprobar telecom y energética: Gamboa
El Universal
Alberto Morales
8 de junio de 2014
El líder de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón afirmó que la Cruzada Nacional Contra el Hambre es indispensable para combatir la pobreza, pero para alcanzar soluciones de largo plazo el Congreso debe aprobar las leyes secundarias de telecomunicaciones y energética.
“Estas dos reformas, sin duda, impulsarán el crecimiento económico y la creación de empleos”, señaló el legislador priísta. Aseguró que el grupo parlamentario del PRI, junto con las otras fuerzas políticas en el Senado, dotarán al país de reformas que hagan posibles las soluciones encaminadas a ofrecer mayores oportunidades de vida a quienes hoy viven en la pobreza.
“Con pleno respeto al trabajo de las comisiones involucradas en estas leyes reglamentarias, confiamos en que se alcancen los acuerdos para dotar al país de estas dos herramientas fundamentales que atraigan inversiones, generen empleos y detonen el crecimiento económico”. El legislador aseguró con las leyes secundarias se fortalecerá los programas sociales como la Cruzada Nacional contra el Hambre, que tienen como objetivo es combatir la desigualdad que tanto nos lastima como nación.
Destacó que los senadores del PRI apoyarán los programas de contenido social como la Cruzada Contra el Hambre, que a través de más de 70 programas federales, en los tres niveles de gobierno, en un año logaron que tres millones de mexicanos, en condiciones de pobreza extrema, tengan garantizada su alimentación. “Para los priistas en el Senado es importante dejar atrás el asistencialismo y promover la capacitación, además de impulsar proyectos productivos con participación e inclusión social”.
Gamboa explicó que este tipo de acciones son posibles gracias a reformas como la fiscal, aprobada por el Congreso de la Unión, que permite al Gobierno federal contar con recursos suficientes para seguir atendiendo las necesidades alimentarias de la población de escasos recursos, de suerte que para este 2014, serán 5.5 millones los beneficiarios por este programa.
Panistas celebrarán plenaria para analizar leyes secundarias
Unomásuno
Redacción
8 de junio de 2014
El coordinador de los diputados del PAN, Luis Alberto Villarreal, anunció que los integrantes de su bancada celebrarán una reunión plenaria para analizar las leyes secundarias en materia energética y de telecomunicaciones.
En un comunicado, el diputado precisó que el encuentro será el próximo martes en esta capital, para analizar a “todo detalle” las leyes secundarias de los dos sectores estratégicos de la economía del país, que pueden dar un mayor dinamismo al crecimiento económico.
“Una vez más, los diputados panistas estamos listos para darle al país las reformas necesarias para lograr una mayor apertura en estos sectores, con transparencia, controles y rendición de cuentas, a fin de que el país tenga los empleos que cada año se necesitan”, expuso.
Abundó que en el encuentro abordarán, en concordancia con la dirigencia nacional y con los senadores, los aspectos torales de cada una de las reformas, para estar en condición de analizarlas, discutirlas y en su caso aprobarlas en los tiempos que el Congreso establezca.
Villarreal García subrayó, sin embargo, que el gobierno federal con o sin reformas debe corregir el rumbo en distintos aspectos, y cuestionó la política de deslizamiento a la alza en el precio de las gasolinas que vulneran aún más el ambiente económico nacional.
Para el PAN, subrayó, es motivo de preocupación la falta de crecimiento de la economía nacional, que se ve reflejada en una insuficiente creación de empleos, la caída en el consumo de las familias y en un aumento de precios, en particular de la gasolina.
“El PAN, como oposición responsable, ha apoyado desde el Congreso las políticas públicas a fin de que el gobierno federal pueda alcanzar soluciones ante los grandes desafíos del país y, por ello, ya no hay pretextos para no cumplirle a los mexicanos”, enfatizó.
-Actores preponderantes
El Universal
Alberto Barranco
9 de junio de 2014
En protesta por el incumplimiento de Petróleos Mexicanos de una serie de ajustes a un contrato de prestación de servicios firmado el 30 de diciembre del año pasado, que incluía un incremento de 5.13 por ciento a las tarifas, 154 empresas transportistas estás amagando con ponerse en paro. El adéndum al documento que expiraba el 31 de diciembre de este año, extendiéndose éste hasta el 2017, hablaba además de crear grupos de trabajo para analizar los costos reales del transporte de gasolina, diésel, turbosina, queroseno, combustible pesado, insumos y demás petrolíferos.
El documento fue firmado por tres funcionarios de Pemex Refinación: Francisco Fernández Lagos, Sergio Regino Bueno Salazar y Arturo Fernández Gallego. La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, quien representa a los inconformes, aduce que el incumplimiento ha colocado a las empresas en situación de quiebra técnica. Lo inaudito del caso es que el organismo encabezado por Roberto Díaz Ruiz se queja de que la empresa paraestatal mide con doble rasero a otras firmas transportistas, a quienes les otorga aumentos desproporcionados en sus tarifas. Otro escándalo.
Banamex en la mira
Inconforme con la investigación interna realizada por el banco en relación al fraude que le cometió Oceanografía, el Citigroup de los Estados Unidos está enviando a un despacho de abogados a meterse en las entrañas de Banamex. Estamos hablando de Willkie Farr & Gallagher. Concluida la investigación realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se ubicaron una serie de negligencias, omisiones y conductas extrañas por parte de los funcionarios de la intermediaria, quienes alargaron no solo el monto de los préstamos en las últimas semanas previas al escándalo, sino los plazos para la amortización.
Administración fraudulenta
La empresa Encanto Urbano, quien en febrero pasado asumió la mayoría del capital del Hotel Encanto Acapulco, está demandando al exadministrador único de la sociedad que mantenía la propiedad del inmueble, Miguel Ángel Aragonés Pardo, por administración fraudulenta. Previamente éste había sido destituido del cargo por negligencia en la operación y manejo del hotel, acusándolo de no rendir cuentas y provocar, por falta de pagos salariales, una huelga.
Esta se mantenía hasta el fin de semana. En la disputa la empresa acusa a Aragonés de ostentarse como arquitecto sin tener un título como tal registrado ante la Dirección General de Profesiones. El acusado, cuya participación en el capital de la sociedad es ínfima, a su vez, ha demandado a los nuevos dueños del hotel por supuesto despojo.
Perdió Slim
Enfrentada la empresa de telecomunicaciones Claro del magnate Carlos Slim con el fisco de Ecuador, finalmente éste le ganó un pleito que obliga a la firma a pagarle 123 millones de dólares. El litigio llegó a la Corte Nacional de Justicia. Según ello, Claro firma que ofrece triple Play, es decir telefonía, internet y video, no había saldado correctamente los tributos en materia de renta entre el 2013 y 2016. En la carambola, se está obligando a la compañía a cubrir 29 millones de dólares más por concepto de omisión en el reparto de utilidades a los trabajadores.
-Atribuciones del IFT
Viernes, informe de preponderantes al IFT
El Economista
Claudia Juárez Escalona
8 de junio de 2014
Televisa y América Móvil (AMX) tienen hasta este viernes para notificar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de los contenidos adquiridos en exclusiva previo a la declaratoria de preponderancia.
De acuerdo con el IFT, la determinación de los contenidos es de relevancia debido a que, al ser contratados en exclusiva por los agentes económicos preponderantes, permiten a éstos fortalecer su posición frente a las audiencias y limita a otros participantes en el mercado para competir de manera efectiva.
Recientemente, el regulador determinó que ni Televisa ni AMX deberán transmitir en exclusiva los partidos de la selección mexicana de futbol (categoría varonil mayor), ni las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Verano que organiza cada cuatro años el Comité Olímpico Internacional.
Tampoco podrán transmitir en exclusiva las ceremonias y partidos de inauguración y clausura, cuartos de final, semifinales y final de la Copa Mundial de Brasil.
El Mundial de Futbol inicia esta semana y Televisa adquirió en exclusiva los derechos de transmisión.
De acuerdo con la resolución de preponderancia del IFT, los agentes económicos preponderantes deberán presentar al Instituto los contratos de contenidos audiovisuales relevantes suscritos dentro de los 10 días hábiles siguientes a que el Instituto publique la lista.
La Unidad de Sistemas de Radio y Televisión del IFT hizo un análisis entre un universo de 220,724 contenidos audiovisuales de televisión radiodifundida transmitidos a través de televisión radiodifundida o restringida, entre el 1 de abril del 2010 y el 30 de abril del 2014, por su carácter no replicable y su alto nivel esperado de audiencia nacional o regional, según datos de Nielsen IBOPE México.
Inaceptable sueldo de 440 mil pesos a comisionados de IFT
Unomásuno
Ignacio Álvarez Hernández
8 de junio de 2014
Diputados de diversas siglas integrados en la Comisión de Puntos Constitucionales, mostraron su desacuerdo que en la discusión de las leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones a los comisionados del autónomo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se les otorguen onerosas prestaciones laborales iguales a las de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El presidente de la comisión, Julio César Moreno Rivera, aseguró que es inaceptable la homologación de los salarios de los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con el de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el fin de aminorar las tentaciones que pudieran ofrecerles los medios masivos de comunicación.
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