Transparencia y acceso a la información

 

 

Piden usar transparencia ante corrupción

Mural

Pedro Diego Tzuc

26 de mayo de 2014

 

 

Del acceso a la información urge pasar al combate de las prácticas de corrupción, advirtió hoy Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

 

“Yo creo que nos hace falta dar ese paso, el paso que va entre lo que sabemos y la utilización de lo que sabemos para combatir prácticas de corrupción. Ese es el segundo paso que todavía necesitamos fortalecer”, dijo en entrevista.

 

“Porque ahorita ya sabemos, sabemos la información que tiene el Estado, etc., pero eso cómo se transforma en sanciones efectivas a los funcionarios públicos que violan la ley. Ese paso todavía no lo hemos dado y yo creo que es el que hay que dar en lo inmediato”, agregó.

 

El especialista impartió la conferencia magistral “El impacto de la reforma constitucional en materia de transparencia en las entidades federativas”, como parte de las actividades conmemorativas de la Ley de Acceso a la Información Pública y del Instituto de Acceso a la Información Pública en Yucatán.

 

En plática previa con reporteros señaló que, como tendencia, el acceso a la información deberá permitir ser efectivos contra la corrupción, aunque también es cierto que son dos cosas que no necesariamente se implican. También reprochó que hay órganos garantes en los estados que “están cooptados” por los gobernadores, aunque no proporcionó más detalles.

 

Sin embargo, destacó que las recientes modificaciones otorgan al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) la posibilidad de revisar las resoluciones de los órganos garantes locales.

 

A pesar de los avances “muy importantes” en los últimos 15 años, Carbonell destacó que persisten las resistencias. “Seguimos enfrentando negligencias, incluso de funcionarios públicos que no quieren entender de qué se trata esto, que se siguen resistiendo a entregar la información o a crear la información porque la información tiene que estar, porque para pedirla tiene que existir.

 

“Y en ese sentido no podemos cantar victoria, es de un panorama de claroscuros, es un panorama de fortalezas y debilidades, pero en donde sí, creo yo, que no podemos negar que ha habido avances”, precisó. En su ponencia, Carbonell llamó a ejercer el derecho a la rendición de cuentas que “ningún gobernante regaló”, ya que es resultado de la lucha de muchos años de organizaciones civiles.

 

 

 

Ministros, jueces y magistrados ocultan su declaración patrimonial

La Jornada Nacional

27 de mayo de 2014

Jesús Aranda

 

 

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y consejeros de la Judicatura Federal están en contra de que se haga pública su declaración patrimonial.

Escudados en que es su derecho decidir si la información sobre sus ingresos y bienes puede ser conocida por la sociedad, los funcionarios de primer nivel del Poder Judicial Federal rechazan dar a conocer su situación económica, solicitada a través de peticiones de información, o bien sus órganos de transparencia esgrimen excusas o dan largas a las peticiones.

Así, la transparencia y apertura proclamadas por ministros y magistrados electorales no incluye la difusión pública de sus ingresos y propiedades.

Un ciudadano solicitó por medio del Portal de Transparencia del Poder Judicial saber ‘‘cuántos funcionarios públicos obligados a presentar anualmente su declaración patrimonial dieron su consentimiento para hacer públicos’’ dichos datos.

De los primeros niveles jerárquicos (ministros consejeros, magistrados electorales y jueces) ninguno hizo pública su declaración patrimonial.

Incluso, cuando la Corte avaló el año pasado la negativa de 500 diputados federales a que se hiciera pública su declaración de ingresos y bienes, sólo tres ministros –Juan N. Silva Meza, Sergio Valls y José Ramón Cossío– votaron en favor de la ‘‘máxima publicidad’’ y porque la información fuera pública.

Sin embargo, cuando este medio solicitó las declaraciones patrimoniales de los 11 ministros, el órgano de transparencia de la Corte evadió entregar la información, argumentando que por tratarse de datos personales, la petición –con el expediente 27/2013-A– tendría una prórroga de 10 días para ser respondida. La notificación ‘‘correría del 22 de enero al 6 de febrero de 2014’’; sin embargo, hasta la fecha no ha habido respuesta a la petición.

Los funcionarios judiciales que aceptaron que se revelaran datos sobre sus ingresos eran en su mayoría personal operativo. Por otra parte, las versiones públicas autorizadas tampoco garantizan que la sociedad conozca la situación económica del funcionario.

Información light

La ‘‘versión pública’’ de una declaración, entregada por la Dirección General de Responsabilidades de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, incluye únicamente el nombre del funcionario, el inicio o conclusión de su encargo, el área a la que está adscrito, los años en el Poder Judicial, la ubicación de su lugar de trabajo, el correo electrónico oficial y el teléfono de su oficina. El resto de los datos de la declaración están tachados.

Es decir, la clave única de población, registro federal de causantes, número de expediente único del Poder Judicial de la Federación, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, correo electrónico personal, domicilio, teléfono particular, así como lo referente a otros ingresos, los del cónyuge, los de dependientes económicos, bienes inmuebles, baja de éstos, inversiones, adeudos y aclaraciones. El único dato que se incluye es el sueldo mensual.

De acuerdo con información proporcionada por la Dirección General de Responsabilidades de la Contraloría del Poder Judicial Federal, todos los funcionarios de primer nivel y mandos superiores ‘‘cumplieron con su obligación de entregar su declaración patrimonial en 2012, 2013 y lo que va de 2014’’. Sin embargo, sólo unos cuantos autorizaron la publicación, pero ‘‘en una versión pública’’.

 

 

 

-IFAI

 

 

IFAI propone reunión con Seguro Social sobre acceso a información

Sin Embargo

26 de Mayo de 2014

 

 

El comisionado del IFAI, Oscar Guerra, consideró la necesidad de reunirse con representantes del IMSS, a fin de conocer los motivos que dificultan a los derechohabientes acceder a la información que solicitan. Al resolver el recurso RPD-389/14, aseveraron que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) impide recurrentemente a sus afiliados conocer sus semanas cotizadas y fechas de baja y alta. “Lo que deberíamos tratar de hacer es incidir en la política pública del Seguro Social, para poder satisfacer estos derechos de acceso a datos personales”, refirió en un comunicado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). El recurso referido fue interpuesto por un particular que solicitó al IMSS de manera desglosada sus semanas cotizadas, fechas de alta y baja, modificaciones salariales y salarios cotizados con una empresa para la que laboró. En respuesta, el organismo le orientó a presentar una solicitud de aclaración de semanas cotizadas, por lo que el ciudadano se inconformó. Al respecto Guerra Ford expuso que “el derecho de acceso a datos personales permite defender otros derechos, en este caso, el derecho a tener una pensión, de acuerdo a los trabajos y salarios recibidos durante la vida laboral”. Refirió que el IMSS es uno de los sujetos obligados con mayor número de solicitudes en materia de protección de datos personales, principalmente los relacionados con semanas cotizadas. En su oportunidad el comisionado Joel Salas Suárez manifestó que, de acuerdo con los registros del IFAI, durante 2013 se presentaron mil 452 recursos de revisión en materia de datos personales en el sector público. De esta cifra, precisó, mil 47 fueron contra el IMSS, mientras que de 25 mil 726 solicitudes presentadas a la misma dependencia, cinco mil 557 estuvieron relacionadas con las semanas cotizadas. “Creo que nos queda muy claro a todos que se trata de un asunto recurrente y de interés general. Desde mi perspectiva, lo delicado de este caso es una posible práctica reiterada del IMSS de reencauzar las solicitudes de semanas cotizadas hacia otro trámite”, indicó.

 

 

 

-Protección de datos

 

 

El año pasado se denunciaron 228 delitos cibernéticos

La Jornada Nacional

27 de mayo de 2014

Raymundo León

 

 

El presidente de la Asociación Mexicana de Internet, Carlos Ponce Beltrán, aseveró que el año pasado fueron denunciados 228 mil delitos cibernéticos y 10 millones de ataques a sistemas operativos de computadoras en México.

Expresó su preocupación por los temas de pornografía infantil y fraudes por Internet, que ocupan los primeros lugares entre las denuncias de ilícitos cibernéticos. A pesar de ello, dijo, la web lleva en su ADN la libertad, por lo que no debe estar sujeta a restricciones.

En ese sentido, manifestó que los internautas deben aprender a poner candados en sus computadoras como hacen en sus casas. Además, cuidar lo que suben, ya que es como si se publicara una foto en el periódico y 10 años después se pidiera que fuera borrada de la edición, lo cual no se puede.

Explicó que hay 51.2 millones de mexicanos con acceso a Internet. En contraste, más de 50 millones no cuentan con esa herramienta de comunicación.

Informó que el número de internautas en el país ha crecido más de 30 millones desde 2006, cuando había un registro de 20 millones, pero “no sólo se trata de ampliar la cobertura y conectividad, sino aumentar la cultura sobre su utilidad y mejorar los contenidos.

De nada sirve tener una cobertura de 100 por ciento si la calidad de los contenidos es baja, expresó.

Sobre la regulación del Internet en México dijo que ya existen reglas para combatir los ciberdelitos, pero en cuanto a la libertad de expresión y su uso como plataforma de comunicación para actividades como el periodismo debe mantenerse sin restricciones.

En cuanto a la iniciativa presidencial para reglamentar Internet mencionó que, como asociación, le preocupó el tema de los infiltrados, porque es una práctica que se declaró en Europa violatoria de los derechos humanos.

Es espiar tu conducta y actividad para ver si no estás haciendo piratería u otra cosa, y eso es posible sólo si hay una orden judicial. En el mundo físico nadie se puede meter a tu casa si no tiene una orden de un juez, así que eso mismo queremos para el ciberespacio, puntualizó.

Ponce Beltrán asistió a la presentación de la estrategia de innovación y desarrollo digital del municipio de La Paz, primera que se desarrolla a escala nacional para el uso más eficiente de Internet en los servicios de gobierno.

 

 

 

Hoy no hubo notas relacionadas con QUID en Proyecto Diez, Reporte Índigo, La Crónica de Hoy Jalisco, Publimetro, El Sol de México, Unión Jalisco, Aristegui Noticias, Milenio Jalisco, Reforma, El Occidental y Mediatelecom.