Diputados prohíben “adquirir” propaganda electoral en radio y tv, fuera de la ley
Aristegui Noticias
Redacción
15 de mayo de 2014
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 413 votos a favor, 29 contra y dos abstenciones, reformas al Artículo 41 Constitucional, con relación a la adquisición de propaganda en elecciones.
Con esta modificación se agrega la palabra “adquirir” en la Carta magna, y se pretende que la nulidad de elecciones no sólo ante la compra sino cualquier tipo de adquisición de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley.
La reforma, aprobada en sesión del periodo extraordinario, fue al inciso B) del tercer párrafo de la Base VI del Artículo 41 de la Constitución. Con esta reforma, ese inciso queda como sigue: “Se compre o ´adquiera´cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley”.
La reforma necesita lograr los votos a favor de la mitad más uno de los Congresos locales, a fin de que el Ejecutivo federal la promulgue.
Al argumentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el perredista Julio César Moreno Rivera precisó que el objetivo es evitar la simulación en la contratación de medios de comunicación.
Además, dijo que pretende aclarar que la nulidad de elecciones se puede producir no sólo ante la compra, sino ante cualquier tipo de adquisición de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la Ley.
Se consideró que la reforma es pertinente porque fortalece la democracia y es acorde a los principios que debe regir todo proceso electoral, tales como certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
En el dictamen se destacó que el término “adquirir” es más amplio que “comprar”, dada la complejidad que se requiere en materia probatoria para acreditar este último supuesto.
De lo anterior, se advierte que el término “adquiera”, abarca toda la gama posible de acceso a radio y televisión, más allá de la compra, porque esos tiempos se pueden adquirir por donación, regalo, cesión, aportación, entre otros mecanismos.
También especifica que es causa de nulidad cuando se exceda el gasto de campaña en un 5.0 por ciento del monto total autorizado o se reciban o utilicen en las campañas recursos de procedencia ilícita o públicos.
En la reforma política que se promulgó en marzo pasado por el Ejecutivo federal, al ser debatida en la madrugada en la Cámara de Diputados, se presentó una reserva que cambiaba la palabra “adquirir” o “comprar” la cual fue aprobada en votación económica.
Al regresar la minuta al Senado de la República la aprobó también y la envió a los congresos locales para su aprobación, y ante la inconformidad que provocó entre legisladores al promulgar esa reforma, el presidente Enrique Peña Nieto anunció otra enmienda.
Esta iniciativa de reforma que manda el Ejecutivo federal es al Artículo 41, para agregar la palabra “adquiera” para ampliar los conceptos de nulidad en materia de propaganda política.
En el debate en San Lázaro, principalmente los perredistas Purificación Carpinteyro Calderón y Fernando Belaunzarán Méndez, señalaron que el día que se votó y se aprobó la reforma en materia política nadie se dio cuenta de que se presentó la reserva.
Ambos reconocieron su error y se congratularon por la corrección que hace el Ejecutivo federal al enviar la nueva enmienda al Artículo 41 de la Constitución.
Antes, los diputados Alfonso Durazo y Ricardo Mejía Berdeja, del Movimiento Ciudadano, reiteraron que su fracción votaría en contra porque no se prestaban a una simulación. (Con información de Notimex)
Homo Zapping
Jenaro Villamil
15 de mayo del 2014
Por 113 votos a favor, 7 en contra ninguna abstención el Senado aprobó las leyes secundarias de la reforma político electoral que configuran al nuevo Instituto Nacional Electoral que asumirá funciones de los organismos estatales, adopta un nuevo modelo de fiscalización para los gastos de los partidos, incluye la obligación de dos debates presidenciales televisados e incrementa el tiempo de acceso a la radio y la televisión, prohibiendo la adquisición por vía directa o terceras personas de información presentada como publicidad.
En el debate que inició hasta la tarde en el Senado, los legisladores incluyeron 81 cambios de última hora que incorporaron las cuatro comisiones dictaminadoras. En la mayoría de los casos, se trató de incorporar a los candidatos independientes en el acceso a la radio y televisión e incrementar de 18 a 30 minutos diarios en todas las estaciones el acceso en épocas de precampañas.
En la discusión, en lo particular, los legisladores se reservaron 74 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que sustituirá al Cofipe. También se discutirán cambios particulares a la Ley de Partidos Políticos.
Durante el posicionamiento, el senador Alejandro Encinas, del PRD, afirmó que esta ley fue resultado de 80 días de negociaciones que fueron por “un largo y sinuoso camino”, cuyo punto de partido se basó en “dos visiones del modelo electoral”.
De acuerdo con Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera y uno de los negociadores más importantes en este proceso, se enfrentó la visión de un “centralismo desmedido” en las funciones del nuevo INE frente a la “feudalización” de los procesos electorales.
El punto de partida, admitió, fue “eliminar el secuestro que los gobernadores tenían respecto de los órganos electorales”.
A su vez, la senadora del PRI, Cristina Díaz, destacó la conformación del INE y de los nuevos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) que sustituirán a los institutos estatales electorales.
De acuerdo con Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, esta reforma electoral propiciará “un piso parejo” en las contiendas. Destacó laobligación de que existan dos debates televisivos durante la contienda presidencial, así como “una fórmula más justa” en el prorrateo.
Justamente el prorrateo de los gastos de campaña fue uno de los temas que ocupó las últimas negociaciones en la mañana y mediodía. Los partidos sólo podrán prorratear los gastos genéricos de campaña, entendiéndose aquellos en que el partido o la coalición promueva a un conjunto de candidatos, siempre y cuando no se especifique el candidato o el tipo de campaña.
En materia de topes de gastos de campaña, se estableció que para la elección presidencial el máximo será equivalente al 20 por ciento del financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos en el año de la elección.
En el caso de los diputados por mayoría relativa, el tope máximo será la cantidad que resulte de dividir el tope de gasto entre 300 distritos.
Por otra parte, en materia de propaganda política se prohíbe la adquisición por cualquier persona de tiempos de radio y televisión para promover la imagen personal, denigrar a candidatos o partidos o de cualquier modo influir en las preferencias electorales.
Se prohíbe la entrega de dádivas o materiales que impliquen beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, durante las campañas electorales.
El senador Roberto Gil Zuarth, del PAN, destacó que esta reforma logró un “amplísimo consenso”. Entre los negociadores del PAN estuvo el propio GilZuarth, presidente de la Comisión de Justicia.
La única senadora del Panal, Mónica Arriola defendió el modelo de candidaturas independientes. “Es nuestra obligación garantizar que el derecho de las y los mexicanos se hagan efectivos en la ley que está a discusión”.
-Leyes secundarias
Prevén legisladores discutir por separado Telecom y energética
Excélsior
Notimex
15 de mayo del 2014
CIUDAD DE MÉXICO, 14 de mayo.- Las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y energética podrían ser discutidas en periodos extraordinarios por separado, en junio, a fin de que se discutan a fondo, señalaron legisladores del PRI y PAN.
Afirmaron que una vez concluida la discusión y aprobación de la ley reglamentaria de la reforma político-electoral, de inmediato iniciarán el análisis en comisiones de esas iniciativas para lograr el mayor consenso posible.
Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, dijo que las leyes secundarias de telecomunicaciones podrían ser discutidas la primera quincena de junio, y las del rubro energético la última semana de ese mes.
Estamos pensando que la última semana de junio, del 23 al 28, podremos tener ya una reforma energética”, señaló el legislador priista en entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Recordó que la Comisión de Energía del Senado de la República ya está realizando foros regionales para discutir con expertos los temas de las leyes secundarias en la materia y atender dudas de todos los interesados.
Asimismo, manifestó que si este miércoles los senadores aprueban las leyes reglamentarias de la reforma político-electoral y las turnan a la Cámara de Diputados, a partir de mañana abocarán a trabajar en la legislación secundaria de la reforma de telecomunicaciones.
Por separado, Marco Antonio Bernal Gutiérrez, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, consideró que las propuestas de leyes secundarias en materia energética que envió el Ejecutivo federal cumplen cabalmente con la reforma constitucional que se hizo.
Expuso que darán certeza jurídica tanto a las empresas productivas del Estado, como a aquellos que quieran arriesgar su capital en el sector energético del país.
Asimismo, dijo que está bien balanceado y claro que la renta que el petróleo produzca será depositada en un fondo, donde todos los mexicanos sabrán cuánto dinero es, cómo se invierte y en qué se usa.
Dio a conocer que a finales de este mes se llevará a cabo una reunión de mesas directivas de las Comisiones de Energía, Hacienda y Presupuesto, con el objetivo de hacer su programa de trabajo y desahogar las iniciativas que se tienen en la Cámara de Diputados.
Adelantó que se tiene pensado que haya reuniones con los funcionarios responsables de cada una de las iniciativas, y pedirán que expliquen la Ley de Ingresos de Hidrocarburos, lo del Fondo, así como las reformas que se harán a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Vamos a tratar de que mínimamente realicemos una sesión por semana para empezar a desahogar el tema”, comentó.
Respecto a si los titulares de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también estarían en esas reuniones, respondió que “es una decisión que tendrá que tomar la comisión”.
Ya hemos discutido y platicado de manera informal con diputados del PAN, del PRD y lo he conversado con otros legisladores, miembros de los otros partidos”, añadió.
La idea que tenemos, explicó, es que dada la materia que nos toca, preferimos que vengan y nos expliquen los funcionarios responsables, más que hacer un foro o una consulta sobre temas fiscales, que no sería propio ni apropiado.
Bernal Gutiérrez aseguró que las sesiones de trabajo serán abiertas y pedirán la explicación de manera pública.
En tanto, el panista Rubén Camarillo Ortega también señaló que las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia energética se podrían abordar en la segunda quincena de junio en un periodo extraordinario específico.
Argumentó que deben abordarse en un periodo extraordinario específico debido a su complejidad, pues son 21 leyes “más las que se acumulen en los próximos días”.
Dio a conocer que Acción Nacional presentará un paquete con temas que no están considerados actualmente en las iniciativas que presentó el Ejecutivo federal.
Adelantó que la Comisión de Energía se reunirá para elaborar un plan de trabajo, además de que prevén escuchar las opiniones de analistas, académicos, expertos en la industria y empresarios, para que todo aquél que pueda tener una opinión pueda ser escuchado.
Además, consideró como una buena opción que las comisiones encargadas de la dictaminación iniciarán lo antes posible su trabajo de análisis para contar con un conocimiento previo.
-Actores preponderantes
Ven insuficiente plazo para Telmex
El Economista
Claudia Juárez Escalona
15 de mayo de 2014
El plazo de 18 meses para que los agentes económicos preponderantes, Telmex y Televisa, puedan obtener la autorización para prestar servicios adicionales es insuficiente, para verificar que estén en cumplimento de las medidas impuestas como preponderantes, de acuerdo con Gabriel Contreras, presidente del Intituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
La semana pasada, el pleno del IFT resolvió los lineamientos para servicios adicionales, en lo que establecen que los agentes preponderantes, Telmex y Televisa deberán esperar 18 meses para solicitar la autorización para dar servicios adicionales a los que contempla su titulo de concesión, que en el caso de la telefónica sería para entrar al mercado de televisión.
A pesar de que la resolución la tomó por unanimidad el pleno del Instituto, Gabriel Contreras, presidente del IFT y Mario Fromow, comisionado del regulador discreparon con el plazo al considerar que debía ser en 24 meses.
En su voto particular, ambos funcionarios dijeron que “contrariamente a lo sostenido por la mayoría de los comisionados, se considera que el plazo de cumplimiento de las medidas impuestas a los agentes económicos preponderantes no debe ser de 18 meses, sino de al menos 24 meses”.
Expusieron que debe considerarse que dentro del catálogo de medidas impuestas a los agentes económicos preponderantes se encuentran algunas cuyo cumplimiento es acreditable de manera inmediata, como el desbloqueo de equipos terminales y presentación de propuestas de oferta pública de interconexión o de compartición de infraestructura, por ejemplo, y otras que por su propia naturaleza, su cumplimiento sólo es verificable en el mediano plazo, como la compartición efectiva de infraestructura o la desagregación de la red local.
Los comisionados dijeron que si bien existen obligaciones cuyo cumplimiento es verificable dentro de los 18 meses siguientes a la notificación de las medidas, se considera que dicho plazo es insuficiente para verificar un nivel de cumplimiento razonable de las medidas relacionadas con la efectiva desagregación de la red local o la compartición de infraestructura pasiva.
“Un plazo mínimo de 24 meses permitiría al IFT contar con mayores elementos para acreditar el cumplimiento de obligaciones por parte de los agentes económicos preponderantes”, consideraron los comisionados en su voto particular.
Para las empresas que no son preponderantes en telecomunicaciones o radiodifusión, el plazo fijado es de 60 días naturales, después de que el concesionario presente la solicitud de servicios adicionales y, si la resolución del regulador es afirmativa, pedirá a la Secretaría de Hacienda la opinión respecto del monto de la contraprestación.
Insuficientes 18 meses para verificar que Telmex cumpla
Milenio Jalisco
Susana Mendieta
14 de mayo de 2014
El presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Contreras, y el comisionado Mario Fromow coincidieron en que 18 meses son insuficientes para verificar un nivel de cumplimiento razonable de las medidas relacionadas con la desagregación de la red local y la compartición de infraestructura pasiva impuestas a Telmex, para que éste pueda solicitar el permiso para ofrecer servicios adicionales a los establecidos en su título de concesión.
Las declaraciones fueron emitidas luego de que fuera publicada la versión estenográfica de la sesión del pleno en la que se determinaron los lineamientos para la solicitud de servicios adicionales y se estableció un plazo de 18 meses -que se cumple en septiembre de 2015- para que los agentes preponderantes cumplan con las medidas que le fueron impuestas y puedan solicitar un permiso para ofrecer servicios adicionales.
Tanto el comisionado presidente, como el comisionado Fromow aseguraron que este plazo además de ser insuficiente para verificar el cumplimiento de la desagregación y la compartición, se requiere de un análisis de cumplimiento de las medidas durante un periodo menor a la mitad de la vigencia de las ofertas de referencia que en ambos casos es de dos años.
Reiteraron que 18 meses son insuficientes sobre todo en aquellas obligaciones que por su propia naturaleza no son exigibles de forma inmediata y cuyo efectivo cumplimiento requiere de diversos actos sucesivos.
“Un plazo de al menos 24 meses permitiría la revisión del cumplimiento de los términos de las ofertas de referencia por más de la mitad de su período de vigencia, lo que se considera más razonable a efecto de verificar si el agente económico preponderante esta en cumplimiento de las medidas impuestas”, indicaron ambos comisionados.
Los comisionados señalaron que un plazo mínimo de 24 meses permitiría al IFT contar con mayores elementos para acreditar el cumplimiento de obligaciones de los agentes económicos preponderantes como Telmex.
América Móvil y Televisa podrán solicitar concesión única en 18 meses
El Financiero
Redacción
14 mayo 2014
CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) determinó que en un periodo de 18 meses, contados a partir de las notificaciones de preponderancia, tanto Grupo Televisa como América Móvil, podrán solicitar la concesión única, que les permitirá ofrecer servicios adicionales.
De acuerdo con los Lineamientos Generales, el IFT determinó que para que ambas empresas puedan obtener el visto bueno del regulador, es necesario estar en cumplimiento de las medidas que le fueron impuestas, por al menos dieciocho meses, contados a partir de la notificación de las mismas.
“Considerando que las medidas impuestas a dichos agentes económicos preponderantes incluyen obligaciones de distinta naturaleza a ser cumplidas en el transcurso del tiempo, algunas de ellas relacionadas con ofertas de carácter anual o incluso bianual, este Instituto considera que sólo puede entenderse satisfecho este requisito después de un tiempo razonable de Implementación de las medidas”, dijo el IFT.
Por ello, se considera necesario Incorporar como requisito que asegure el cumplimiento del mandato constitucional que el agente económico se encuentre en efectivo cumplimiento de las medidas impuestas por al menos un plazo de 18 meses desde que le fue notificada la resolución respectiva.
Asimismo, para determinar la procedencia de la autorización de servicios adicionales, el IFT evaluará los efectos al proceso de competencia, informó el regulador.
IFT modifica plazo para servicios adicionales de Telmex y Televisa a dos años
24 Horas
Notimex
14 de Mayo de 2014
El pasado 6 de mayo el propio instituto había aprobado un plazo de 18 meses para que los agentes preponderantes solicitaran nuevos servicios.
El plazo de 18 meses para que Telmex y Televisa puedan solicitar autorización para prestar servicios adicionales a los que establece su título de concesión es insuficiente, a efecto de verificar el cumplimiento de la regulación asimétrica que se les impuso como preponderantes en sus mercados.
De acuerdo con el voto particular del presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Contreras y del comisionado Mario Fromow, “un plazo mínimo de 24 meses permitiría al órgano regulador contar con mayores elementos para acreditar el cumplimiento de obligaciones por parte de los agentes económicos preponderantes”.
El pasado 6 de mayo, el IFT aprobó los lineamientos para la autorización de servicios adicionales a concesionarios de radiodifusión, telecomunicaciones y telefonía.
Las reglas aprobadas establecen que los agentes preponderantes, Telmex y Televisa, deberán esperar 18 meses para solicitar la autorización para dar servicios adicionales a los que considera su título de concesión, que en el caso de la telefónica sería para entrar al mercado de televisión.
“Contrariamente a lo sostenido por la mayoría de los comisionados, se considera que el plazo de cumplimiento de las medidas impuestas a los agentes económicos preponderantes no debe ser de al menos 18 meses, sino de al menos 24 meses”, señala el voto particular de los integrantes del pleno del órgano regulador.
Exponen que debe considerarse que entre las medidas impuestas a los agentes económicos preponderantes se encuentran algunas cuyo cumplimiento es acreditable de manera inmediata, como el desbloqueo de equipos terminales y presentación de propuestas de oferta pública de interconexión o de compartición de infraestructura.
Sin embargo, existen otras que por su propia naturaleza, su cumplimiento sólo es verificable en el mediano plazo, como la compartición efectiva de infraestructura o la desagregación de la red local.
“Un plazo mínimo de 24 meses permitiría al IFT contar con mayores elementos para acreditar el cumplimiento de obligaciones por parte de los agentes económicos preponderantes”, consideraron los comisionados en su voto particular.
Las empresas que no fueron declaradas preponderantes por el órgano regulador pueden solicitar la autorización para prestar servicios adicionales, para que dentro de los siguientes 60 días naturales obtener una respuesta.
Si la resolución del regulador es afirmativa, éste pedirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) su opinión sobre el monto de la contraprestación que deberán cubrir los interesados.
Una vez acreditados los pagos de la contraprestación, así como de los derechos por la autorización de servicios adicionales, la unidad administrativa competente del Ifetel notificará al concesionario la autorización de servicios adicionales dentro de los siguientes cinco días naturales.
-Atribuciones del IFETEL
El IFT aprueba reglas para servicios adicionales
El Informador
El Universal/OEAG
14 de mayo de 2014
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó por unanimidad de votos de los siete comisionados los lineamientos para que las empresas de telecomunicaciones ofrezcan servicios adicionales a los que estipula su título de concesión.
Sin embargo, Gabriel Contreras, presidente del regulador, y el comisionado Mario Fromow emitieron un voto particular.
En dicho voto, indicaron que no estaban de acuerdo con que sean 18 meses los requeridos para que los agentes económicos preponderantes puedan solicitar el cambio en su concesión.
“Se tiene la convicción de que un plazo mínimo de 24 meses permitiría al IFT contar con mayores elementos para acreditar el cumplimiento de obligaciones por parte de los agentes económicos preponderantes, en lugar del plazo mínimo de 18 meses previsto en la resolución, específicamente respecto de aquellas obligaciones que por su propia naturaleza no son exigibles de forma inmediata y cuyo efectivo cumplimiento requiere de diversos actos sucesivos; razones que sustentaron el voto en contra de los suscritos en relación con el plazo referido”, detallaron los comisionados en su voto particular.
Ley Federal de Competencia Económica
Nueva Ley de Competencia; incertidumbre en patentes
El Financiero
Mauricio Jalife
14 mayo 2014
Finalmente, la nueva “Ley de Competencia” curso su tránsito por el Congreso y deberá ser promulgada en breve, siendo la única pieza de legislación derivada de la reforma constitucional en telecomunicaciones que pudo ver la luz en el reciente periodo parlamentario.
En el balance que se puede ofrecer sobre la nueva normativa, podríamos reseñar que además de los consabidos e intimidantes incrementos en penas y sanciones, y el aumento de capacidades discrecionales de la Cofece, se trata de texto “refundido” de la versión anterior de la ley. Eso, claro, dejando aparte la controversial figura del acceso necesario a insumos esenciales, que sigue siendo la invitada incomoda de la que no se sabe mucho.
Las discusiones sobre los alcances de la figura han dejado en claro que la nueva ley, una vez más, dejó pasar la oportunidad de hacer un cruce adecuado con temas relativos a los derechos de propiedad intelectual, lo que como economía nos habría permitido estar a la altura de nuestros más desarrollados socios comerciales. Quedan en el aire más dudas que en el pasado, debiendo la Cofece, a partir del inicio de sus operaciones, disiparlas en la resolución de asuntos específicos que le sean planteados.
El primero es fijar la interpretación que para la Comisión tendrá el ejercicio abusivo de derechos de propiedad industrial, especialmente de patentes. En Europa, diversos casos han sido resueltos dictaminando que una práctica anticompetitiva ha sido cometida por el efecto de fijación de precios que en la industria farmacéutica una patente permitía, generando diferencias abismales en precios en países vecinos. En el mismo sentido, acuerdos de licencia estableciendo canales, clientes o territorios exclusivos, en casos particulares han sido considerados como barreras comerciales y denegación de trato contrarios a la ley.
En esta óptica, inclusive, la tramitación dolosa de una patente que el solicitante sabe que es improcedente resulta condenable, así como acuerdos celebrados para demorar el ingreso de medicamentos genéricos al mercado. En efecto, el mayor número de casos de patentes que han sido presentados ante comisiones de competencia en Europa y Estados Unidos, son los conocidos como “Pay for delay”, en los que el titular de la patente ha llegado a acuerdos con fabricantes de medicamentos genéricos para retrasar el ingreso de éstos al mercado; los efectos anticompetitivos que estos acuerdos provocan en daños directos a los consumidores son vistos como ilegales y sancionados severamente.
Inclusive, los casos de infracciones de patentes en los que el titular llega selectivamente a acuerdos diferenciados con los infractores, deben pasar el escrutinio de las comisiones de competencia.
Si la expectativa y motivación de la reforma constitucional es que inaugure una época nueva en materia de competencia en nuestro país, la aplicación de la ley deberá ser tan vanguardista como la legislación alcanzada lo pretende. Esperemos que tanto jugadores como reguladores estén a la altura del desafío.
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