Legislación en materia de comunicación
-Reforma en telecomunicaciones: leyes secundarias
Consulta ciudadana sobre telecom, sugiere relator de ONU
El Financiero
Notimex
8 mayo 2014
CIUDAD DE MÉXICO.- El Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Promoción y Protección del Derecho a la Expresión, Frank LaRue, recomendó a los senadores mexicanos retomar la experiencia de países como Argentina, Brasil y Uruguay deimpulsar una amplia consulta de las leyes secundarias que reglamentarán la reforma de telecomunicaciones, sin importar el tiempo que se pierda.
“A veces más vale invertir tiempo en la consulta, en escuchar, en oír opiniones, pero que la gente quede satisfecha, que su opinión se tomó en cuenta”, apuntó el funcionario de la ONU, durante una visita al Senado de la República.
“Ésta, tal vez, es mi recomendación más importante en este momento, para la elaboración de lo que deben ser las leyes ordinarias de seguimiento, para mantener la defensa de los principios fundamentales de derechos humanos”.
Respecto al caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), comentó que tan importante es el contenido de la ley, como su independencia, de tener una composición multisectorial y la facultad de regular los contenidos de los medios de radiodifusión.
Argumentó que los contenidos deben ser vistos en función de la protección de la niñez, lo que incluye la clasificación de programas, el horario de la televisión y los contenidos por radio.
“Pero también debe ver el tema delictivo, hasta donde el delito debe ser sancionado”. Sobre el Internet consideró que garantizarse su neutralidad absoluta para todo el mundo, o de lo contrario, sería inútil la reforma.
LaRue añadió que debe ser de bajo costo, incluso, subsidiado para las comunidades más pobres e insistió en que no se puede usar medios de comunicación, ni para hacerle daño a la niñez ni promover la pornografía infantil, ni se puede usar para incitar al delito, al odio racial, a la violencia, el terrorismo o el crimen organizado.
“Estas son actividades que deben ser censuradas, pero alguien tiene que definir cuáles son estos contenidos y yo creo que esto es importante que lo haga un órgano independiente”, añadió.
El Financiero
Federico González Luna
8 mayo 2014
Ha transcurrido poco más de un mes desde el pasado 24 de marzo que se presentó por el Ejecutivo Federal la iniciativa de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Como cualquier proyecto, se encuentra sujeta a análisis y discusión legislativa.
Válidamente podemos afirmar que vamos avanzando. Se ha difundido ampliamente la propuesta, la cual fue objeto de comentarios, precisiones, críticas y posicionamientos de las diversas fuerzas políticas. Ahora, hay que poner en blanco y negro la discusión. Entre las críticas de mayor relevancia se encuentra la supuesta o real restricción al acceso a Internet, en razón de las disposiciones relativas a la colaboración con la justicia que, por mandato de ley, deberán llevar a cabo los operadores de telecomunicaciones.
A veces se proponen cosas buenas que parecen malas. Claramente, la finalidad de la iniciativa fue dotar a las dependencias de seguridad pública de mayor eficacia en el combate al uso de Internet y de las tecnologías de información (TIC´s) para la pornografía infantil, la piratería, fraudes comerciales como clonación de tarjetas, llamadas o mensajes de extorsión o el uso de dispositivos electrónicos para secuestrar personas. La intención no se encaminaba a cerrar vías de expresión pero las cosas, a decir verdad, fueron confusas.
El problema es serio y monumental. Según información de la Procuraduría General de la República, en 2013 los ciberdelitos en México representaron pérdidas por 3 mil millones de dólares. De acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la piratería ocasiona un daño de cerca de 75 mil millones de dólares anuales a las empresas dedicadas a las manufacturas nacionales, y se estima que la cifra podría crecer 9 por ciento en 2014.
Existen graves problemas por el abuso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´s) que debemos atender. En los trabajos legislativos se han corregido posibles fallas de la iniciativa del Ejecutivo, evitando cualquier viso de autoritarismo o restricción a los derechos humanos.
Tanto el Secretario de Comunicaciones y Transportes como el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República manifestaron que hay apertura plena para corregir y modificar el proyecto cuanto sea necesario en los temas que hemos venido señalando.
Entre otros aspectos, se dejará muy claro el principio de neutralidad de la red, como la libre elección de los usuarios para acceder a sus contenidos o servicios, sin que haya imposición o restricción alguna por parte del Estado o los operadores, bajo un marco de un Internet libre y para todos.
Existe voluntad política de enmendar y mejorar, de otorgar soluciones y alternativas a las principales preocupaciones que las diversas fuerzas sociales y políticas tienen en torno al proyecto. Hay un debate público y abierto dentro del proceso legislativo, por lo que los argumentos y análisis de fondo deben empezar a cobrar mayor fuerza y ganar terreno, dejando de lado las descalificaciones absolutas.
Entre lo urgente y lo importante
El Universal
Alejandra Barrales
9 de abril de 2014
El rezago legislativo con que concluyó el primer periodo de sesiones de este año resulta preocupante y revelador. Por un lado quedaron sin regulación asuntos de extrema importancia y urgencia, como por ejemplo la integración de los organismos Públicos Electorales de los Estados no obstante que estamos a meses de que inicie el proceso electoral 2014-2015.
Por otro lado, se hizo patente la poca disposición del partido político mayoritario en el Congreso de la Unión de mantener los compromisos adquiridos cuando se reformó la Constitución de la República en temas relevantes, algunos de los cuales, incluso, fueron aprobados por consenso.
Así quedó de manifiesto con la iniciativa presidencial en materia de telecomunicaciones, la cual notoriamente se aparta de la reforma constitucional de 2013 en ciertos rubros. Los retrocesos en esta propuesta motivaron todo tipo de reacciones y, en cierta medida, polarizaron el debate sobre esta legislación. Sobre todo, en los temas que involucran derechos fundamentales de la ciudadanía, como la libertad de expresión y el derecho a la información.
Visto de manera positiva, el retraso en el dictamen de esta legislación abre una nueva oportunidad para analizar con detenimiento los puntos polémicos. En cierta forma, el debate dado en el Congreso, las opiniones de especialistas y las manifestaciones públicas, han dejado ver que existe una especie de consenso sobre temas que no pueden ni deben ser aprobados en los términos que propuso el titular del Poder Ejecutivo. Dos temas destacaron por las implicaciones directas que tienen en la población. La censura en Internet y las medidas de geolocalización e intervención de comunicaciones sin que medie orden de la autoridad judicial.
Las legisladoras y legisladores de izquierda no vamos a acompañar una propuesta que coarte o límite derechos de la ciudadanía. Rechazamos que se censure el libre acceso y navegación en Internet. Por ello, estaremos atentos a que se incluyan reglas que garanticen la neutralidad de la red y rechazaremos aquéllas que permitan bloquear contenidos de manera discrecional.
Tampoco aceptaremos facultar a los ministerios públicos para actuar arbitrariamente en detrimento de los derechos de los ciudadanos, al solicitar la geolocalización de equipos móviles y de personas o, bien, la intervención de las comunicaciones. Creemos que por su trascendencia, este tipo de medidas sólo deben ser autorizadas por la autoridad judicial, salvo que se demuestre que se pone en peligro la vida o la seguridad de las personas, como lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia.
En el grupo parlamentario del PRD en el Senado estamos conscientes que dadas las condiciones en que actualmente se encuentra el proceso de dictamen de la ley, no basta la crítica y la denuncia sobre los retrocesos, lagunas y excesos normativos que contiene la iniciativa presidencial y se reiteran en el dictamen sometido a consideración de quienes integramos las comisiones dictaminadoras. Además de insistir en nuestras diferencias y expresar los argumentos que las respaldan, vamos a asumir una actitud propositiva y constructiva.
Vamos a presentar en blanco y negro la forma en que creemos se debe regular los aspectos controvertidos. Para ello, a partir de esta semana senadoras y senadores del PRD hemos puesto de nueva cuenta un nuevo plan de acción para incidir en los aspectos formales y de fondo del dictamen, con la finalidad de que lograr una ley de calidad, congruente al marco constitucional. Sería lamentable que pese a este diferimiento, la mayoría parlamentaria insista en aprobar la propuesta presidencial, haciendo caso omiso a la opinión de las otras fuerzas políticas, pero sobre todo a los reclamos sociales.
Creemos que en el proceso de aprobación de esta ley se debe hacer un esfuerzo por empatar los objetivos legales, los intereses económicos y políticos que involucran los sectores regulados, con los beneficios para la población. De no ser así, se corre el riesgo de convocar a un periodo extraordinario sin contar con los acuerdos suficientes y que se repita la penosa experiencia de posponer su aprobación.
-Reforma en telecomunicaciones: concesión única
Concesión única, ¿por qué ahora no?
Milenio Jalisco
Hugo González
9 de mayo de 2014
Si alguien pensaba que el retraso en la ley secundaria no afectaría o beneficiaría a nadie, ya vimos todo lo contrario cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones dijo que no puede dar a conocer las condiciones que deben cumplir todos los concesionarios que quieran ofrecer todos los servicios mediante la concesión única, hasta que esté lista la ley del sector.
Sin embargo, lo que sí pudo hacer el regulador, y me llena de un sospechoso asombro, es que definió los criterios para la prestación de servicios adicionales para los actuales concesionarios. Lo anterior sería intrascendente para la mayor parte de los concesionarios, porque casi todos ya tienen autorizados estos servicios, excepto uno, el big-boy de las telecomunicaciones. Pero vamos por partes.
Llama la atención que el Ifetel ponga como excusa que no puede cumplir con un mandato constitucional por falta de ley, cuando sí pudo cumplir en las reglas sobre must carry-must offer y sobre preponderancia. Estos conceptos no existen en la legislación actual y se ampararon en la Constitución para sacar esos temas, entonces, ¿por qué ahora no? También por allí escuché que el Ifetel tomó esa decisión para no enfrentarse con la próxima ley, lo que me parece más raro, porque pudieron respaldarse o fusilarse el proyecto de ley que envió la Presidencia para estar en línea.
Ahora bien, algunos expertos dicen que la reforma constitucional no impide que el Ifetel emita los lineamientos para la prestación de servicios adicionales (aunque no haya ley), lo cual podría indicar otra interpretación contradictoria ¿Ahora sí puede? Entonces, ¿cuál es la prisa para los servicios adicionales?
No quiero pensar mal, pero los proyectos de dictamen de ley se muestran muy severos para los operadores preponderantes que quieran dar servicios adicionales, y no vaya a ser que, inesperadamente, las condiciones que se den a conocer en cualquier momento resulten tan blandas que el big-boy pueda cumplirlas antes de que se apruebe la nueva ley, con lo cual la estrategia de haber postergado la discusión y aprobación de esta nueva legislación habría sido todo un éxito.
Ojalá y me equivoque, porque estos lineamientos eran un buen momento para que el Ifetel hiciera valer su resolución de preponderancia. Por cierto, si alguien tenía la duda, solo Gabriel Contreras y Mario Fromowfueron los que votaron contra la resolución que frena la concesión única, pero da el sí a los servicios adicionales.
-Atribuciones del IFT
Que IFT revise contenidos, recomienda relator de ONU
El Universal
Alberto Morales
9 de mayo de 2014
Frank La Rue, relator de Naciones Unidas, aconsejó al Senado que sea el órgano regulador quien revise contenidos y no los órganos del estado. El relator de Organización de las Naciones Unidas para la libertad de Expresión, Frank La Rue recomendó a senadores que el órgano regulador de las telecomunicaciones no solo regule todos los aspectos técnicos del sector, sino que también revise todos contenidos porque éstos no pueden ser vistos por órganos políticos del Estado.
“No para censura, sino en función de dos temas: la protección de la niñez, aquí está la clasificación de programas, los horarios de televisión o la clasificación de películas, pero también el tema del delito… No se puede usar medios de comunicación no para hacerle daño a la niñez, promover la pornografía infantil, tráfico de personas, ni se puede usar para incitar al delito, al odio racial o a la violencia”, explicó La Rue.
El proyecto de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, que actualmente se analiza en el Senado, señala que Gobernación se encargará re revisar los contenidos de radio televisión y cinematografía. El representante de la ONU se reunió con integrantes de la comisión de Radio Televisión y Cinematografía, que preside la senadora Alejandra Barrales (PRD).
La Rue dijo que no de los retos del Senado es defender a cabalidad y hasta el último detalle la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones para que en sus leyes secundarias prevalezca la defensa de los derechos humanos, la pluralidad, la libertad de expresión y el reconocimiento de la comunicación como un servicio social.
Subrayó que en la discusión de las leyes secundarias lo importante es que todos los actores interesados en la sociedad participen, porque esto le da mayor consolidación a las leyes. “Las leyes deben ser discutidas no sólo en los Congresos, sino discutidas de manera amplia con todos los sectores de la sociedad”.
Refirió que Uruguay la discusión de leyes en la materia se tardó dos años y participaron todos los interesados. “Más vale invertir tiempo en la consulta y oír opiniones y que la gente quede satisfecha, esa es mi recomendación más importante para las leyes de seguimiento para mantener los principios fundamentales de derechos humanos, libertad de expresión, sin censura y acceso a las telecomunicaciones”.
El especialista dijo que las normas debe considerar la privacidad, porque no es posible ejercer la libertad de impresión “si nos vamos a sentir intimidados”. Recomendó seguir el casi de Brasil que logró crear una de las leyes más progresistas en Internet vista desde un enfoque de derechos humanos que son iguales para todo el mundo.
No deben regularse contenidos en medios por autoridades políticas: Relator de la ONU
Homo Zapping
Jenaro Villamil
9 de mayo del 2014
“Los contenidos de los medios de comunicación no pueden ser vistos con criterios de control político”, de tal manera, que su regulación debe estar a cargo de un órgano autónomo como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, recomendó el relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, durante un encuentro con senadores de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Ante la ausencia de las otras dos comisiones dictaminadoras de la ley de telecomunicaciones –la de Comunicación, encabezada por el panista Javier Lozano, y la de Estudios Legislativos, presidida por la priista Graciela Ortiz, La Rue aclaró que su visita no es oficial sino de “carácter académico”, pero compartió varios criterios relacionados con esta polémica regulación.
La Rue advirtió que desafío en México es “defender hasta los últimos detalles” los avances logrados en la reforma constitucional en materia de radiodifusión y telecomunicaciones porque nuestro país “dio un gran salto” en esta materia y tiene que existir una ley que la complemente.
El funcionario de la ONU también insistió que el órgano regulador creado en México no debe depender del Ejecutivo ni tener sólo un carácter técnico. “Es muy importante la independencia del órgano regulador. Tiene que ver contenidos también”, consideró.
Sobre la diversidad y pluralidad en los medios, La Rue destacó que no basta con tener sólo muchos medios escritos, electrónicos o digitales, sino también distintos modelos: medios comunitarios, étnicos, comerciales y públicos, que no sean independientes del gobierno.
Defendió la necesidad de abrir amplias consultas entre la población. “Más vale invertir tiempo en la consulta con la sociedad porque así se gana en consenso”, afirmó. Ejemplificó con el caso de Uruguay, donde el gobierno tardó dos años en aprobar la reforma de telecomunicaciones o Argentina, cuya reforma fue discutida en las provincias.
En el encuentro, al que sólo asistieron legisladores del PRD, ya que los panistas y priistas no respondieron a la invitación, legisladores expresaron su preocupación sobre el tema de la privacidad en internet, las dos nuevas cadenas de televisión, entre otros. Zoé Robledo dijo que las principales contradicciones de la iniciativa del Ejecutivo federal fueron la violación a la privacidad de los ciudadanos. Mencionó el bloqueo de la señal, la censura previa de los contenidos, almacenamiento de datos como exigencia para las empresas sin que mediara orden judicial.
También señaló la orden de que los concesionarios de servicios de telecomunicaciones otorguen la geolocalización en tiempo real de cualquier tipo de dispositivo a solicitud de los titulares de seguridad pública. La Rue mencionó que no se pueden derivar las responsabilidades de vigilancia y presuntos delitos a los concesionarios porque el Estado así está “privatizando la censura”.
La senadora Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, preguntó hasta dónde la licitación de 2 nuevas cadenas de televisión abierta ayudaría a la diversificación de los contenidos. La Rue advirtió que lo importante es garantizar no sólo más cadenas sino la diversidad y pluralidad de contenidos. Recomendó que exista una “reserva de espectro del Estado” para impulsar otros modelos de medios de comunicación.
Muy buena la Reforma en Telecomunicaciones
El Sol de México y El Occidental
Bertha Becerra
9 de mayo de 2014
La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones es muy buena, consideró el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, quien pidió a los senadores la defiendan, sobre todo la autonomía del órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Durante su participación en la reunión de trabajo de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, que encabeza la senadora perredista Alejandra Barrales Magdaleno, el funcionario de la ONU planteó que la regulación de contenidos en radio y televisión, debe ser facultad del IFT y de ninguna manera debe quedar en manos de órganos políticos del Estado, porque se corre el riesgo de caer en la censura.
Les pidió a los legisladores que defiendan la reforma constitucional y no permitan que en sus leyes secundarias se vulnere la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y a las nuevas tecnologías. Enfatizó que en la legislación secundaria se garantice el acceso universal a Internet, medio de comunicación que en las comunidades indígenas y marginadas debe subsidiarse por el Estado.
Insistió en que el Estado debe asumir su responsabilidad en la regulación de internet y no permitir que los empresarios realicen dicha tarea, toda vez que el sector privado tenderá a ser más duro y censurar contenidos y mensaje. También destacó que se debe cuidar la protección de los derechos de la niñez, no para censurar películas ni programas de radio, sino porque los medios no pueden utilizarse para pornografía infantil o incitar al odio o a la violencia.
“Es muy importante que los contenidos sean facultad del órgano regulador y no de los órganos políticos del Estado”.
Consideró que las leyes secundarias en telecomunicaciones y radiodifusión deben integrarse a partir de consultas, opiniones y propuestas de los sectores interesados en el tema siempre y cuando se mantenga la defensa de los derechos humanos, la protección a la privacidad y la universalidad de las comunicaciones. Lo que se busca es que en ninguno de los puntos de la ley secundaria se retroceda en el objetivo de la reforma constitucional que se aprobó en el 2013, que garantiza el derecho a la libertad de expresión, acceso a la información y fomenta la competencia.
Comentó el señor La Rue que en países de América Latina se han dado debates de hasta dos años para tener una ley que regule el contenido y participación de empresas en el sector. Dos años puede ser mucho tiempo, pero lo que se pierde en tiempo se gana de consenso nacional, de solidez y credibilidad en la ley.
El senador Zoé Robledo Aburto entregó al Relator la propuesta de Ley Federal para la Protección de los Derechos de los usuarios de Internet, que presentaron los senadores del PRD en respuesta a las leyes secundarias y le solicitó su opinión sobre el particular.
A su vez, el senador Alejandro Encinas dio la bienvenida al relator Frank La Rue y le pidió que acompañe y dé seguimiento al debate en el Senado de la República. Y la presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, la senadora Alejandra Barrales le pidió su opinión sobre el tema de la licitación de dos nuevas cadenas de televisión.
-Ley Federal de Competencia Económica
Entrevista. “La nueva ley tiene pesos y contrapesos”
El Universal
Ivette Saldaña
9 de mayo de 2014
La nueva Ley Federal de Competencia Económica no será una “rompe empresas”, porque se establecieron bien los pesos y contrapesos que en todo momento permiten a los agentes económicos presentar pruebas y alegatos, aseguró la comisionada presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios Prieto.
A casi 10 días de que se aprobó la legislación por el Congreso de la Unión, la comisionada no quiso pronunciarse sobre las críticas hechas por expertos y representantes de la iniciativa privada en torno a si hay o no desconcierto jurídico o si habrá salida de inversiones. “Yo no juzgo la opinión del sector empresarial”.
Solamente, admitió, hay incertidumbre sobre dos definiciones: “Barreras de entrada” e “insumos esenciales”, cuyos conceptos “no son vagos, son amplios”, pero no se detallaron porque el mismo Poder Judicial afirmó que “la ley no es un diccionario”, además de que las definiciones “adquirirán vida con el uso”.
A pregunta expresa sobre en qué sectores se aplicaría el concepto de “insumo esencial” dijo: “Si doy esa respuesta estoy prejuzgando mercados, pero cuando la Comisión detecte circunstancias estructurales en el mercado iniciará una investigación”.
Comentó que “insumos esenciales” funcionará para las redes, como las de gasoductos o las de telecomunicaciones “y no lo digo yo, lo dicen los expertos”.
En entrevista, aseguró que las sanciones prácticamente quedaron igual y advirtió que la desincorporación de activos será una medida que se aplicará como última instancia.
Rechazó lo que dicen los especialistas de que los nuevos conceptos no se usan en ninguna ley internacional. “A lo mejor no está plasmado como aquí” en esta ley, pero son procedimientos que se llevan en los agentes reguladores de países que tienen las mejores leyes como Reino Unido, Australia y Grecia.
Para Palacios Prieto “lo primordial es que desde nuestra perspectivas tenemos (en la Cofece) más facultades, pero también más obligaciones”, porque se separó el cuerpo de investigación del de decisión, hay causales de remoción de la autoridad investigadora, entre otros cambios, dijo.
En general, la nueva Ley Federal de Competencia Económica es en 70% igual a la que opera actualmente y solamente 30% restante fueron cambios.
La nueva legislación deberá de publicarse en el Diario Oficial de la Federación y a partir de ahí la Cofece tendrá seis meses para emitir los lineamientos, criterios y demás disposiciones, a partir de eso entrará en funciones esa ley.
¿Con estas nuevas herramientas que le da la ley, que veremos de nuevo?
En particular, con estas nuevas facultades lo que podríamos ver es que la Cofece inicie procesos de investigación, ya no por comportamientos sino por cuestiones estructurales. Antes, la Comisión iniciaba procesos de investigación por una presunta práctica absoluta o relativa y ahora podrá iniciar cuando encuentre que no hay condiciones de competencia en un mercado y que la causa de esa falta de competencia no es una cuestión de conducta de uno o de varios jugadores, sino que es una barrera estructural y entonces hace un análisis de esa estructura. Por qué existe esa barrera, es insumo esencial o es barrera regulatoria, dependiendo el resultado será la medida que se pueda fijar.
Los resultados pueden ser desde que transparente es la información hasta decirle al regulador “considero que a tu regulado lo debes regular de esta manera” o, debe dar acceso al insumo de esta manera o, pedirle a un gobierno —estatal o municipal—, a través de una controversia, que elimine una barrera regulatoria que inhibe la competencia. Hay muchas maneras y en casos extremos se pedirá la desincorporación de activos, pero esto solamente ocurrirá en casos extremos.
Dicen los analistas y empresarios que esta ley genera incertidumbre porque se incluyen conceptos que no se han usado, como la desincorporación de activos, lo que alejará la inversión.
En lo personal, a mí no me corresponde juzgar, estas son las opiniones del sector empresarial. Lo que tengo claro es que es una ley que fortalece la Comisión y a su vez hay muchos contrapesos. Separaron la autoridad investigadora de la resolución. Los plenos son públicos. Hay causales de remoción serias para la autoridad investigadora y el pleno. Tenemos un contralor interno que no elegimos nosotros. Tenemos que entregar un programa anual, informes trimestrales que den avances del artículo 94, cuando inicien las investigaciones.
Me parece que la ley cuida que las partes tengan en todo momento posibilidad de presentar pruebas y alegatos, y de llegar a arreglos antes que el pleno falle. Considero que no.
Dicen que las definiciones de “insumo esencial” y barreras son vagas, desde nuestra perspectiva no son vagas porque el Poder Judicial ha dicho que las leyes no son precisamente diccionarios y los conceptos jurídicos no son vagos, sino que son amplios.
Lo que nos toca como Comisión es darle vida a los conceptos. Cuando inició la Ley de Competencia, en 1994, el concepto de mercado relevante era amplio y el de poder sustancial también, como no se había aplicado no se sabía cómo funcionaba y la comisión sancionó y los agentes económicos pidieron a la Corte analizar la constitucionalidad de los artículos, por lo que explicó que eran constitucionales y los aplicamos actualmente; probablemente ese proceso suceda.
¿Dicen los analistas que los conceptos de “barreras de entrada” e “insumos esenciales” no se usan en ninguna otra parte del mundo?
A lo mejor no está plasmado como en esta ley, pero son conceptos que sí se aplican. Este concepto de barreras se lleva a cabo de manera similar en el Reino Unido, la agencia mejor evaluada del mundo, en Australia, Grecia e Israel. No coincido en que somos el único país del mundo donde se aplican esos conceptos e investigaciones de mercado.
Los críticos dicen que el Poder Legislativo perdió la oportunidad de definir los conceptos de “barreras de entrada” e “insumos esenciales” y que al dejar a la Cofece esa facultad sería como juez y parte.
A nosotros no nos parece que las definiciones sean vagas, los términos y conceptos adquieren vida en su uso y eso ha pasado con todos los conceptos nuevos de competencia, en su momento. Es cierto que cuando uno genera una ley se crean nuevos conceptos, y para nosotros las leyes no son diccionarios; debe haber pesos y contrapesos.
Tenemos la obligación de elaborar lineamientos, criterios y directrices, no son para dar claridad, esos conceptos son para hacerlos operables, lo que hacen es que a todos nos quede claro cuál es el procedimiento de su aplicación. No hay manera que vayan más allá de lo que establece la ley. En ese sentido, hay seguridad jurídica y esas disposiciones las vamos a someter a consulta pública.
En la nueva ley se establece que el Ejecutivo puede pedir que se atiendan casos particulares, por encima de los que se estén llevando, ¿podría subordinarse a la Cofece al Ejecutivo?
Desde mi perspectiva, opino que no. La ley manda a la Comisión observar con cierta celeridad y prioridad las denuncias hechos por el Ejecutivo, pero las investigaciones no inician por una denuncia, sino que tú recibes una denuncia y la comisión la analiza, si hay una causa objetiva se inicia.
Lo que se hace es el análisis de la denuncia, no es una investigación y tampoco sobre los procedimientos de investigación, estos tienen los tiempos legales. El pleno de la Comisión no puede incidir en las investigaciones, tampoco puede incidir el Ejecutivo.
Por una parte, hay opiniones vinculantes cuando las empresas piden una opinión a la Cofece, pero cuando se trata del gobierno no hay carácter vinculatorio
No, antes lo que tenía la Comisión era una figura que se llamaba opinión vinculante. Esa figura se eliminó, pero tenemos la posibilidad de que cuando veamos problemas regulatorios a nivel interestatal podemos hacer del conocimiento del titular del Ejecutivo que hay un problema de competencia, esto con el fin de que emita una controversia constitucional. A nivel federal, cuando sintamos que hay invasión a nuestras facultades, ya sea por la emisión de alguna norma, nosotros podemos poner una controversia constitucional.
La figura de la opinión vinculante se eliminó, pero queda subsanada porque podemos interponer una controversia a nivel federal y pedirle al Ejecutivo hacer una controversia a nivel interesatatal. Entonces, son distintas figuras, tenemos la misma facultad con caminos distintos.
Hay tiempos legales establecidos para emitir esas disposiciones, ¿en qué momento estaríamos pasando el periodo del aprendizaje?
Tenemos hasta seis meses después de que se publique la ley para emitir las disposiciones regulatorias y para los lineamientos tenemos que hacer una Consulta Pública. No hay manera de aplicar un concepto si no hay un procedimiento detrás de una disposición. Claro que primero saldrán las disposiciones y luego se aplicará el concepto.
En el artículo 254 Bis del Código Penal se establece que puede, con un dictamen de probable responsabilidad, iniciar una querella o procedimiento judicial, lo que dicen los empresarios crea incertidumbre, porque se iniciaría aún y cuando no esté seguro.
A mí no me corresponde juzgar, la Comisión cree que es una ley de pesos y contrapesos, se fortalecen algunas cuestiones. Hay más exigencias de rendición de cuentas y transparencia.
El mensaje primordial es que tenemos más facultades y más obligaciones. Este procedimiento nuevo está muy cuidado y muy amarrado en el sentido de que tenemos que justificar por qué la barrera inhibe la competencia y porque los costos de la barrera son mayores que los beneficios.
La desincorporación de activos es medida de última instancia. Podemos hacer recomendaciones, determinar lineamientos, no todo es romper empresas. Las partes tienen la posibilidad de presentar pruebas y alegatos para llegar a settlements con la autoridad.
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