Legislación en materia de comunicación
-Leyes secundarias
El PRI confía concluir leyes secundarias en extraordinarios
El Informador
NTX/ARBC
4 de mayo de 2014
La fracción priista en la Cámara de Diputados confió en que se lograrán aprobar las leyes secundarias en materia político electoral, de telecomunicaciones y energética en los periodos extraordinarios, que defina el ritmo de trabajo que realiza el Senado.
El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara baja, Manlio Fabio Beltrones, sostuvo que se trata de construir amplios consensos legislativos y de asegurar la solidez de las reformas para modernizar el régimen político y consolidar las expectativas de un mayor crecimiento y empleo.
Indicó que en materia político electoral la prioridad es otorgar certidumbre de que los comicios de 2015 se celebren con base en las nuevas leyes generales que ahora se discuten, en las cuales, dijo, se han logrado avances significativos.
Beltrones Rivera expresó lo anterior en el marco de la reunión semanal de evaluación con los vicecoordinadores de la fracción del Revolucionario Institucional, según un comunicado de prensa.
Añadió que en materia económica “nuestra expectativa es que la conjunción de las reformas financiera y de competencia económica, recientemente aprobadas, y de las normas de telecomunicaciones y energía que discutiremos y esperamos aprobar en los periodos extraordinarios, consolide la competitividad nacional y acelere la inversión productiva y la generación de empleos de calidad”.
El legislador federal por Sonora destacó que se trabajará en armonía con los senadores para sacar adelante la parte que corresponde a los diputados en materia de ingresos y egresos del paquete de leyes reglamentarias sobre energía, recién presentado por el Ejecutivo federal.
Las reformas constitucionales, sostuvo, serán un referente esencial en la discusión y el perfeccionamiento de las normas secundarias.
Beltrones Rivera confió en que el segundo semestre del año comience habiendo completado las normas jurídicas necesarias para instrumentar la transformación nacional.
PRI confía en aval a leyes secundarias
El Informador
Redacción
4 de mayo de 2014
La fracción priísta en la Cámara de Diputados confió en que se lograrán aprobar las leyes secundarias en materia político electoral, de telecomunicaciones y energética en los periodos extraordinarios, que defina el ritmo de trabajo que realiza el Senado.
El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara baja, Manlio Fabio Beltrones, sostuvo que se trata de construir amplios consensos legislativos y de asegurar la solidez de las reformas para modernizar el régimen político y consolidar las expectativas de un mayor crecimiento y empleo.
Indicó que en materia político electoral la prioridad es otorgar certidumbre de que los comicios de 2015 se celebren con base en las nuevas leyes generales que ahora se discuten, en las cuales, dijo, se han logrado avances significativos.
Beltrones Rivera expresó lo anterior en el marco de la reunión semanal de evaluación con los vicecoordinadores de la fracción del Revolucionario Institucional, según un comunicado de prensa.
Añadió que en materia económica “nuestra expectativa es que la conjunción de las reformas financiera y de competencia económica, recientemente aprobadas, y de las normas de telecomunicaciones y energía que discutiremos y esperamos aprobar en los periodos extraordinarios, consolide la competitividad nacional y acelere la inversión productiva y la generación de empleos de calidad”.
El legislador federal por Sonora destacó que se trabajará en armonía con los senadores para sacar adelante la parte que corresponde a los diputados en materia de ingresos y egresos del paquete de leyes reglamentarias sobre energía, recién presentado por el Ejecutivo federal.
Las reformas constitucionales, sostuvo, serán un referente esencial en la discusión y el perfeccionamiento de las normas secundarias.
Beltrones Rivera confió en que el segundo semestre del año comience habiendo completado las normas jurídicas necesarias para instrumentar la transformación nacional. (Notimex).
La Jornada Jalisco
Andrés Barba V.
4 de mayo del 2014
En distintas ciudades del país se generaron protestas y manifestaciones en contra de las reformas sobre el Internet propuestas por Enrique Peña Nieto.
A raíz de la polémica generada por la iniciativa de ley en telecomunicaciones propuesta por el presidente Peña y en la que se pretende dotar a la autoridad de mayores facultades para el control del Internet, vale la pena recapitular acciones similares que en los últimos años han venido incidiendo en el desarrollo de la red en el plano internacional.
Como sabemos, la iniciativa consi-dera que se pueda ‘bloquear, inhibir o anular temporalmente las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y la nacional’, lo que representa una amenaza al libre uso de la red, además de que proporcionaría al gobierno una herramienta para imponer la censura, arguyendo razones de seguridad nacional.
Es verdad que es responsabilidad del gobierno contener actos que pongan en riesgo la seguridad colectiva, sin embargo, dotar a la autoridad de una confianza desmedida para determinar qué es seguridad nacional y qué no lo es, y por ende, cuándo debe bloquearse el uso de la red, supone un riesgo excesivo. Aprobar una iniciativa en esa vía resulta insostenible en un sistema democrático de libertades indivi-duales, por lo que el reto es cómo mediar entre los dos argumentos.
El asunto además llama la atención, pues se enmarca en iniciativas similares propuestas en otros países, y que han sido cuestionadas por defensores de la libertad de expresión. Recordemos la Ley SOPA, propuesta en 2011 en Estados Unidos, en la que el gobierno pretendía evitar la piratería en la red, al mismo tiempo que restringía el libre uso del Internet y la privacidad de los usuarios. En este asunto, las protestas masivas lograron detener la iniciativa original para mediar entre ambos argumentos.
Recientemente, escuchamos también las críticas en contra de Twitter del Primer Ministro de Turquía, Recep Erdogan, quien ordenó bloquear dicho servicio, utilizado por la población para denunciar actos de corrupción. Otro caso fue el de Irán en 2009, durante las elecciones en las que fue reelecto el polémico presidente Mahmud Ahmadineyad, en medio de acusaciones de fraude.
En un artículo publicado en aquel año en The New York Times, se relataba el caso del tuit emitido por uno de los líderes opositores, en el que manifestaba su preocupación por la decisión de Twitter de suspender su servicio para dar mantenimiento a servidores, lo que ponía en peligro la organización de protestas.
El articulo relata que cuando vio el tuit uno de los asesores de la entonces secretaria Hillary Clinton, habló de inmediato con el propietario de Twitter para solicitarle que no suspendiera el servicio en Irán, con lo que se logró hacer más sonoras las protestas. Estos hechos sin embargo, alentaron a las autoridades de Teherán a tener mayores controles de las redes sociales en su propio país.
China también es un caso emble-mático, pues se trata del extremo de cómo un país controla el uso de la red de forma masiva.
En nuestro vecindario, el caso de Venezuela es también llamativo, pues los manifestantes se han quejado de que el gobierno simplemente bloqueó el uso del Internet para impedir que los opositores siguieran organizando protestas.
Por el contrario, el Senado de Brasil aprobó recientemente una ley que refuerza el principio de neutralidad del Internet, con lo que se establece que las comunicaciones en la red son inviolables; esta ley defiende también la privacidad de los usuarios.
La iniciativa brasileña fue aprobada un día antes del arranque de la Conferencia Internacional NETMundial de Sao Paulo, en la que más de 80 países discutieron medidas para regular el uso del Internet.
Es evidente pues, que existe una tendencia mundial de los gobiernos para ganar cada vez más control de la red, argumentando la necesidad de garantizar la seguridad, sin embargo, ello no debe implicar la imposición de límites al libre uso del Internet, especialmente cuando se trata de países democráticos.
#LeyPeñaTelevisa y #EPNvsInternet, el Factor de la Movilización
Homo Zapping
Jenaro Villamil
4 de mayo del 2014
En la campaña presidencial de 2012 irrumpió en la escena social una movilización juvenil que demandó con fuerza inusitada la democratización de los medios de comunicación en nuestro país. Los jóvenes del YoSoy132 y muchos otros intelectuales, políticos, periodistas, activistas destacaron que sin democratizar la estructura de los medios en México, en especial de la televisión, no hay posibilidad de democratizar la vida política. El debate social necesita información libre, plural y ajena al control de intereses monopólicos.
Por primera vez en muchos años, esa demanda salió a las calles. Puso en jaque el retorno del PRI a la presidencia de la República después de 12 años de una transición fallida y de una traición a la democracia protagonizada por los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón.
El movimiento de los jóvenes no derrotó electoralmente a Enrique Peña Nieto y a la maquinaria del PRI y del evidente apoyo mediático, financiero y publicitario que lo llevaron a Los Pinos. No era ese el objetivo de las movilizaciones. Su victoria fue en otro terreno: fue una victoria social, cultural y cívica. Todos los partidos asumieron la necesidad de frenar el poder de esos monopolios de los medios y de las telecomunicaciones que crecieron sin límites ni contrapesos, que presionan y chantajean, que son cómplices del atraso de una sociedad con serios problemas de educación, información y de convivencia.
Los jóvenes nos demostraron también, por primera vez, el poder de las redes sociales y de la deliberación a través de los medios digitales como el internet. Una generación de universitarios que ya no crecieron con la televisión o que se rebelaron al dominio de la pantalla televisiva demostró que los cambios tecnológicos también pueden ser poderosos aliados de la acción política.
Por esas razones, el 2 de diciembre de 2012, al día siguiente de asumir el poder, Peña Nieto ofreció acabar con el dominio de los poderes fácticos, democratizar los medios y encabezar una reforma constitucional en este sentido. Fue una de las promesas del Pacto por México, de triste memoria.
No lo ofreció por gusto o por convicción. Era una necesidad. El PRI necesitaba legitimar su retorno al poder presidencial. A Peña Nieto le urgía quitarse la etiqueta del candidato “tele-producido” que le apuesta más a las apariencias y a la mercadotecnia que a los hechos y a los acuerdos reales.
La reforma constitucional, aprobada en abril de 2013 por el Congreso y promulgada en junio del mismo año constituyó un paso importante aunque insuficiente en la democratización del régimen de medios y en el reconocimiento de nuevos derechos como los derechos de las audiencias y de los usuarios de telecomunicaciones y de internet.
Muchos apoyamos esa reforma con reservas muy claras. No fuimos ingenuos. Sabíamos que Peña Nieto necesitaba “vender” esa percepción, pero también necesitábamos incorporar en la Constitución la necesidad de frenar los poderes monopólicos, fomentar la libertad de expresión y el derecho a la información. Incorporamos, por primera vez, en los artículos 6 y 7 los derechos de las audiencias y de los usuarios.
No fue una tarea fácil. Hubo muchas resistencias y presiones dentro y fuera del gobierno. Las televisoras y sus intereses trataron de minimizar los alcances de esta reforma. Muchos de esos jóvenes que se movilizaron en el 2012 estaban escépticos. Y con razón: la reforma constitucional sólo era el primer paso en un largo trayecto contra la cultura de la censura, de la manipulación, de la mentira y de la enajenación.
Con retraso de varios meses, en marzo de 2014 el Ejecutivo federal presentó una iniciativa de ley secundaria para aterrizar los compromisos de la reforma constitucional.
Desde antes alertamos que esta iniciativa tenía elementos de contrarreforma. Fue redactada de espaldas a la sociedad y a los legisladores. En lo oscurito, entre funcionarios, abogados de las televisoras y un senador como el panista Javier Lozano que aún niega haber participado en su elaboración.
La iniciativa presidencial constituyó un retroceso y una contrarreforma. Privilegió la idea del control autoritario del gobierno sobre los medios digitales y masivos. Se minimizaron los derechos de las audiencias y de los usuarios. Se privilegió, de manera clara, a uno de los dos grandes monopolios que han impedido desde hace décadas el derecho a la información en México. Se violentó y limitó la autonomía del nuevo organismo creado para regular el sector. Se impuso el interés del nuevo control presidencialista.
En el Senado hubo un duro intento de imponer la traición a la reforma constitucional. Se inventó una consulta que, en realidad, fue una pasarela para escuchar los reclamos de los sectores privados e industriales, cuyos intereses son legítimos, pero no son los únicos. La sociedad estuvo ausente de este debate.
Bajo el pretexto de las prisas y de la necesidad de darle certidumbre jurídica a las inversiones, se quiso imponer un dictamen tramposo, violando los procesos y procedimientos parlamentarios.
Fue, de nuevo, la movilización y la protesta social, con un alto impacto en el extranjero, lo que obligó al gobierno y al PRI a posponer el intento de traición. Fueron los jóvenes usuarios de internet, los activistas y organismos de la sociedad civil, la opinión ciudadana que no está controlada por el duopolio televisivo o por el poder gubernamental quienes alertaron y ayudaron a quienes decidimos desde el Poder Legislativo a poner un freno a esa contrarreforma.
Esta ha sido una victoria del movimiento ciudadano, plural y diverso. Nos pertenece a todos. De eso no debemos tener ninguna duda, pero no es aún una victoria completa. Van a tratar de imponer, de nueva cuenta, una ley que vaya en contra de la plena democratización de los medios.
La movilización social no les gusta a los autoritarios. Les molesta, los pone nerviosos. Van tratar de distorsionar la información y la naturaleza de las demandas. Van a tratar de dividir, de alterar o de cooptar a quienes han encabezado estas protestas. Ya comenzaron los #Teletroles de Twitter.
-Atribuciones del IFETEL
Llueven al IFT asuntos jurídicos
Reforma
Claudia Salazar
4 mayo 2014
A tres meses de ejercicio, el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene una carga en asuntos jurídicos.
En un informe entregado a la Cámara de Diputados sobre el primer trimestre de actividades, el IFT reporta que atiende un total de 464 asuntos en materia litigiosa.
De ellos, 114 corresponden a amparos,180 a juicios de nulidad y 170 a recursos administrativos.
El reporte entregado a los legisladores da cuenta de todas las actividades realizadas por el instituto dentro de la agenda de 180 días sobre las primeras acciones que debían realizarse a partir de lo señalado en la reforma constitucional en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia, aprobada en 2013.
Entre ellas, la más importante fue la determinación de Agentes Económicos Preponderantes -aquellos que concentran 50 por ciento o más del mercado de comunicaciones- en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones.
Además, la imposición de medidas para evitar que se afecte la competencia y libre concurrencia, conforme a lo señalado en el artículo octavo transitorio del decreto de reforma constitucional.
El grupo de interés económico que forman las empresas Telmex, Telcel y Grupo Carso, entre otras, fue notificado como agente preponderante en telecomunicaciones, mientras que el Grupo Televisa también fue declarado preponderante en radiodifusión.
Cabe señalar que, en el periodo del informe, el instituto aplicó por primera vez sanciones por prácticas monopólicas absolutas a Grupo Televisa y Grupo Megacable, a través de sus filiales Cablevisión y Megacable, por 8.7 millones de pesos y 33.5 millones de pesos, respectivamente.
En cuanto a actos de supervisión y verificación, el IFT reporta que se iniciaron 132 procedimientos administrativos de imposición de sanciones.
“Con lo anterior, se ha logrado abatir el 25.48 por ciento del total de expedientes recibidos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) durante el periodo reportado”, se indica en el texto informativo.
En marzo de 2013, los legisladores reformaron la Constitución para terminar con las prácticas monopólicas en radiodifusión y telecomunicaciones, y ordenaron la conformación del IFT.
El órgano que sustituyó a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) cuenta con más facultades y puede declarar a agentes preponderantes, imponer medidas para mejorar la competencia en el sector y aplicar sanciones.
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