Libertad de expresión
China juzga a la primera persona por difundir rumores en internet
Sin Embargo
Redacción/ Sin Embargo
11 de abril de 2014
Pekín, 11 abr (EFE).- Un tribunal pequinés juzgó hoy al bloguero Qin Zhihui, el primer hombre que se enfrenta a un proceso de este tipo en China acusado de difundir rumores en Weibo -el Twitter chino- después de que el Gobierno dictaminara en septiembre que esta práctica podría conllevar una pena de hasta 3 años de cárcel. Qin, conocido en la red social por su apodo “Qinhuohuo”, está acusado de difamación por “crear y difundir ampliamente rumores” de personajes famosos y sobre el antiguo Ministerio de Ferrocarriles, que fue eliminado por el Gobierno chino en 2013 tras verse envuelto en una serie de escándalos de corrupción y sobornos. Qing fue arrestado el 22 de agosto por “fabricar”, supuestamente, más de 3.000 rumores en la red de redes. Uno de los más delicados fue el que publicó cuando un accidente de tren de alta velocidad en julio de 2011 causó 40 muertos y 200 heridos. Entonces, el bloguero escribió en Weibo que el Gobierno chino daría grandes compensaciones a las supuestas víctimas extranjeras del suceso y desveló algunos detalles del accidente que Pekín no había divulgado. En concreto, según la versión de la fiscalía recogida hoy por Xinhua, Qin publicó que el régimen comunista había compensado con 200 millones de yuanes (32,5 millones de dólares, 23,1 millones de euros) a la familia de un extranjero que supuestamente murió en el accidente del tren bala. El “rumor” sobre el accidente se reenvió hasta 12.000 veces en cuestión de dos horas, según indica Xinhua. “Las acciones de Qin impactaron a la sociedad y perjudicaron seriamente el orden social”, defendió hoy la fiscalía, que aseguró que el acusado había violado la ley criminal y “debería ser castigado por difamación”. Qin confesó hoy haber publicado tales rumores durante su juicio celebrado en el Tribunal Popular del distrito pequinés de Chaoyang, recoge la fuente oficial. El bloguero es la primera víctima de la nueva legislación aprobada en septiembre, que ha supuesto un nuevo golpe a la libertad de expresión en China, en este caso, en internet, el foro donde los ciudadanos chinos solían expresarse hasta ahora con menor temor a represalias. La nueva campaña de control en internet estipuló que cualquiera que difunda un rumor que consiga 5.000 seguidores o que sea reenviado por otros usuarios más de 500 veces a través de Weibo, el Twitter chino, podría ser imputado por cargos de difamación, que en China pueden suponer hasta tres años de cárcel. Tras Qin, otros populares blogueros fueron arrestados en medio de la campaña del Gobierno para controlar internet, como Charles Xue, detenido el 23 de agosto, acusado de contratar los servicios de una prostituta, o el defensor del medio ambiente y conocido bloguero Dong Liangjie. Xue, conocido en internet como “Xue Manzi”, apareció en la pequeña pantalla para admitir su “irresponsabilidad” por propagar información en internet, en una autocrítica cuya veracidad fue muy cuestionada por organizaciones de derechos humanos y activistas. EFE
-Censura
El Gratuito
Redacción
10 abril 2014
El acceso a la popular plataforma de intercambio de vídeos YouTube continuará bloqueado en Turquía hasta que todo el contenido ilegal sea retirado de ese sitio web, reiteró hoy el gobierno turco.
En un comunicado, la autoridad de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Turquía refrendó este jueves la restricción de YouTube implementada el pasado 27 de marzo, pese a que la víspera un tribunal local de Ankara pidió su desbloqueo.
Insistió en que YouTube aún no ha eliminado todo el contenido legalmente cuestionable que fue publicado en esa página, por el cual fue suprimido el acceso en Turquía, y reiteró que esa es la condición para abrir el sitio.
La plataforma fue bloqueada después de que se difundieron en ella grabaciones filtradas de una reunión de seguridad de altos funcionarios del gobierno que conversaban sobre la situación en la vecina Siria y una posible intervención armada.
Al ordenar la prohibición de YouTube, el gobierno turco justificó el movimiento con argumentos de seguridad nacional, asegurando que ese tipo de filtraciones podrían generar un conflicto mayor entre los dos países.
Sin embargo, el tribunal de Golbasi en Ankara dictaminó la víspera que el bloqueo “es contrario a los derechos fundamentales y la libertad de expresión” y demandó a las autoridades levantar la medida.
Horas después la restricción fue levantada, sin embargo volvió a entrar en vigor, de acuerdo con reportes del periódico turco Today’s Zaman.
La autoridad turca refrendó que 15 vídeos grabaciones claramente identificadas en YouTube seguirán bloqueadas, aunque reconoció que al menos 151 enlaces se detectaron en el sitio web desde el pasado 27 de marzo, cuando entró el bloqueo.
Sin Embargo
Redacción/ Sin Embargo
10 de abril de 2014
Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), exigió al gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa la reparación integral del daño a las personas cuyos derechos fueron violentados durante las manifestaciones y disturbios del 1 de diciembre de 2012. Por su parte, Rita Emilia Neri Moctezuma, Obed Palagot Echeverría y Ana Lilia Yepes Cancino, en representación de las víctimas del Movimiento 1DMX, expusieron su descontento y malestar por los mínimos avances en la atención a la Recomendación emitida por la CDHDF por prácticamente todas las autoridades señaladas como responsables. Al dar a conocer el Informe Especial sobre el Impacto Psicosocial en las Víctimas de los acontecimientos del 1 de Diciembre de 2012, Gómez Gallardo recordó que hace un año, la CDHDF emitió la recomendación 7/2013 contra la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Gobierno y del Tribunal Superior de Justicia, todas instancias del Distrito Federal. “Preocupa que a la fecha de emisión de este informe no ha habido una respuesta concreta por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y de Gobierno, para llevar a cabo la indemnización recomendada por la Comisión por las violaciones a los derechos a la libertad e integridad personales de las víctimas”, dijo la ombudsman capitalina. Horas después, el Secretario de Gobierno, Héctor Serrano, dijo a la prensa que la recomendación fue aceptada en su totalidad y aseguró que la administración capitalina cumplirá con la petición de resarcir el daño a las víctimas. “El Gobierno del DF reitera su compromiso con la garantía, respeto, promoción y protección de los derechos humanos, y en atención a las conclusiones de este informe, habremos de crear un plan integral de reparación del daño por las violaciones a derechos humanos acreditadas por la Comisión de Derechos Humanos”, comentó. Y agregó: “Son indemnizaciones básicamente. El programa será consensuado con la misma Comisión en donde se determine cuál será la indemnización y el monto a cubrir en cada uno de los casos específicos”. Al presentar el informe, la titular de la CDHDF precisó que las autoridades deberán considerar el daño material como el inmaterial y establecer un pago monetario y proporcional que sin resultar excesivo, signifique una verdadera y justa compensación que incluya todas las costas y gastos erogados por las víctimas y su defensa. Exhortó a Mancera Espinosa girar instrucciones para que se anulen los registros penales, administrativos y judiciales de aquellas personas que han sido exoneradas, esto atendiendo a una medida de restitución que se propone en el propio documento. Gómez Gallardo explicó que la parte más sensible es la de los procesos judiciales, tanto de quienes están en libertad pero sujetos a proceso, como de quienes esperan aún sus resoluciones judiciales, por lo que reiteró a las autoridades la necesidad de que no haya apelaciones por parte de la PGJDF, en los casos donde se vayan generando las sentencias absolutorias y en aquellos otros donde se tengan que llevar todavía defensa legal, que se eliminen todos los obstáculos de hecho y de derecho por parte de las autoridades para asegurar el acceso a la justicia. Comentó que es fundamental el hecho de que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario no reciba a personas detenidas en los centros de reclusión, si su remisión no va acompañada materialmente de la consignación correspondiente. Además pidió garantizar la no repetición de la irregular actuación de autoridades en estos eventos y la realización de una investigación a fondo, con sanciones tanto a elementos operativos como a quienes ordenaron la actuación de sus subordinados; lo anterior, como una forma de enfrentar la lucha contra la impunidad en las violaciones a los derechos humanos y para asegurar que hechos semejantes no vuelvan a repetirse. Al tomar la palabra, Rita Emilia Neri comentó que es tiempo de que el gobierno capitalino deje de reprimir a quienes hacen uso del derecho de la protesta social. “Ya basta de represiones por hacer uso del derecho de la protesta social y que termine la violencia contra la sociedad por parte del gobierno local, nos han exhibido como delincuentes, aún con pruebas de que tenían a la gente equivocada”, comentó. En tanto, Obed Palagot Echeverría denunció que no hay una verdadera disposición de cambiar la visión de autoridades en materia de preservación de los derechos humanos. “Seguimos viviendo un tortuoso camino tanto los que ya salimos, como los que enfrentan el proceso en detención. Hay muchas violaciones, no vemos una verdadera disposición de cambiar la visión de autoridades en materia de preservación de los derechos humanos”, afirmó. Por su parte, Ana Lilia Yepes dijo que ellos no buscan ser ex presos, sino que se aclara este caso “porque todos, desde autoridades hasta medios de comunicación han manipulado y estigmatizado a quienes hacemos uso de nuestro derecho constitucional a manifestarnos”.
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