Legislación en materia de comunicación
-Reforma en telecomunicaciones: actores preponderantes
El problema es que el gobierno permite a Televisa acaparar: TVC
La Jornada Nacional
Juan Manuel Vázquez
8 de abril de 2014
TVC Deportes salió del aire. El 31 de marzo pasado el canal quedó fuera de la programación de las empresas de televisión de paga de Televisa –Cablevisión, Cablemás y TVI–, y en ese mismo movimiento dejó sin competencia a TDN, la plataforma especializada del consorcio de Emilio Azcárraga Jean. El canal, de bajo presupuesto, pero con una oferta diferente a la de los grandes consorcios, logró desafiar las producciones que Televisa ofrece en sus sistemas de cable.
El movimiento, que algunos, como el senador panista Javier Corral, consideran un ejemplo de competencia desigual y ventajosa, y parte de los intereses de Televisa por dominar el servicio de televisión por cable, para Gerardo Velázquez de León, director de TVC Deportes, no es más que una decisión empresarial típica en este negocio.
La televisión es una carnicería de competencia, dice en su pequeña oficina desde la cual dirige un canal que en siete años ganó presencia importante en el área de contenidos deportivos. Televisa quiere acaparar todo, eso es lógico; lo que me parece delicado es que el gobierno se lo permita, porque si las leyes se lo permiten lo va a hacer, agrega.
Entonces, que una empresa tenga deseos de expandirse sin mesura no le incomoda al director de TVC Deportes, al final esa es la lógica del mundo de la oferta y la demanda. Lo que le resulta inexplicable es que existan condiciones para que esto ocurra prácticamente sin contenciones.
Sobre todo ante la advertencia que han hecho desde algunos frentes políticos, como el senador Corral, de que esto es parte de una operación con la cual Televisa pretende apoderarse de la mayoría del servicio de televisión de paga.
Quitemos el nombre de Televisa, pero que exista una empresa que pueda comprar todos los sistemas de cable, si tiene el dinero y el gobierno se lo permite, pues lo va a hacer; son empresarios y ellos hacen lo suyo, advierte.
Los grandes empresarios siempre quieren más, es algo lógico: si pueden tener dos, quieren tres; si poseen tres, irán por cuatro, es una cuestión lógica, de poder, de enfermedad de poder; el problema está en que te lo permitan.
Por lo demás, Velázquez de León no dramatiza sobre la resolución de Televisa de quitarlos de sus sistemas de cable. Elude sobre todo asumir el papel de víctima y hasta le concede la razón. TVC Deportes nació en 2007 como un canal pequeño y en esas circunstancias estuvieron decididos a competir en el feroz negocio de la televisión de paga.
A pesar de la limitación del presupuesto que los alejó de las posibilidad de transmitir los grandes eventos deportivos, como Liga de Campeones o los principales torneos de futbol europeo, eligieron apuntar a esas actividades que no le importaban a los grandes canales y desde el lado B del ramo llamaron la atención de las audiencias y lograron competir de verdad ante los gigantes.
Decidimos no sólo concentrarnos en el futbol, sino también donde se vea a los mexicanos triunfadores, en todo el deporte amateur que nadie tomaba en cuenta y en las grandes competencias de disciplinas que eran ignoradas, comenta.
A lo mejor si tienes un canal de deportes no te gusta que llegue el chiquito y te gane la audiencia, o no sé, tal vez ni les importe, dijo el director de TVC Deportes, Gerardo Velázquez de LeónFoto Carlos Ramos Mamahua El canal deportivo de Televisa, TDN, nació un año después que TVC Deportes, en 2008, pero a pesar de las enormes diferencias de presupuestos, la pequeña compañía se convirtió en un fuerte competidor.
En algunos momentos, como durante los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012, además del Mundial de Sudáfrica 2010, el canal que dirige Velázquez de León superó en audiencia a TDN. Según los datos que compartió, llegaron a estar tres a uno por encima de la competencia que pertenece a Emilio Azcárraga.
A lo mejor si tienes un canal de deportes no te gusta que llegue el chiquito y te gane la audiencia, o no sé, tal vez ni les importe, plantea. Pero en la competencia, al final salen a relucir las asimetrías de la capacidad financiera. Con el futbol acaparado por los dos grandes consorcios televisivos, y en su propuesta de ofrecer las opciones que estaban en la sombra, en TVC Deportes voltearon la mirada hacia la liga de ascenso.
Lo que hallaron fue una división marginada, que se caía a pedazos, pero donde encontraron una cantera para ofrecer otro futbol que también valía la pena seguir. Encontramos estadios en los que no podíamos ni poner las cámaras y teníamos que contratar seguridad privada porque si no te mataban, recuerda Velázquez de León.
El caso del León
Y de nuevo lo inesperado, las transmisiones tuvieron éxito, sobre todo en las finales. Un hecho molestó particularmente a los grandes consorcios, relata el director del canal: León ascendió a primera división. El conjunto esmeralda había pasado de TVC a Fox Sports, pero cuando subió de categoría quedó fuera del control de Televisa y Tv Azteca. Esto fue inaceptable para ambas empresas.
Ahora no les volverá a pasar eso, no dejarán que un equipo sea de una empresa independiente y que al subir no lo puedan transmitir por los canales abiertos. Y para que eso no se repita, se dedicaron a comprar directivos: ahí te va esto, y ahí te va esto, hace Velázquez de León como si repartiera billetes invisibles. Los directivos de la liga de ascenso ganaron dinero, pero perdieron difusión. Es perverso, pero nosotros no tenemos dinero para competir y repartirlo a todo mundo; lo que nosotros tenemos son ideas y difusión, enfatiza.
Velázquez de León no se intimida. Asegura que a pesar de haber perdido millón y medio de suscriptores con la medida de Televisa, aún mantienen a tres millones y medio por Internet y pequeñas repetidoras de la República. La actitud es de resistencia: si los quitan de una plataforma, a buscar otras, dice con entusiasmo. Quizás lo único que le duele es que la empresa a la que pertenece su canal tuvo que despedir a la cuarta parte del personal. Por lo demás, se mantiene optimista y combativo: sabe que son pequeños, pero aún así deben competir.
Telcel confirma, ya no cobrará roaming
El Economista
Redacción
7 de abril de 2014
Telcel envió mensajes de textos a sus clientes afirmando que ya no cobrará roaming ni larga distancia nacional. “Con tu Plan Telcel tienes la mayor cobertura en todo México sin cargos de Roaming ni LD nacional”, fue el mensaje que envió la empresa.
El pasado 6 de marzo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) determinó que Telcel y Telmex, propiedad de Carlos Slim, son preponderantes, ya que poseen más de 50% de los mercados en donde participan, por lo que son sujetas a una regulación especial que incentive la competencia y mejores condiciones para los usuarios. A partir de este domingo, las empresas fiales a América Móvil están obligadas a realizar cambios en sus operaciones como:
Eliminar el cobro por roaming nacional
Desbloquear celulares
Proporcionar facturas claras
Facilitar la cancelación de sus servicios, entre otras.
La empresa de telefonía móvil, que cuenta con más de 70 millones de suscriptores a nivel nacional, deberá cobrar como llamadas locales las que antes eran consideradas de larga distancia. El roaming es la capacidad de realizar y recibir llamadas en redes móviles fuera del área de servicio local de la compañía del usuario.
Adiós al cobro de roaming por parte de Telcel
El Financiero
Ramiro Alonso
7 abril 2014
A partir de ayer entraron en vigor diversas disposiciones aprobadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que obligan a Telcel, la firma de América Móvil, a eliminar el cobro de roaming en territorio nacional, desbloquear equipos, así como otras obligaciones vinculadas con la transparencia hacia los usuarios de los servicios.
Después de que el pasado seis de marzo el pleno del IFT determinó que América Móvil, controladora de Telmex y Telcel, es un agente económico preponderante, la empresa quedó sujeta a diversas obligaciones que entrarán en vigor durante diversos periodos de tiempo. Este fin de semana pasado correspondió al roaming nacional.
A partir de ahora los casi 70 millones de usuarios de Telcel podrán hacer llamadas en todo el territorio nacional bajo una misma tarifa de cobro, en lugar de pagar conforme al esquema que permitía cobros diferenciados por Área de Servicio Local (ASL).
Además, Telcel está obligado a desbloquear los equipos terminales (celulares), sin costo alguno, salvo que se encuentre reportado como robado. Es decir que los compradores podrán comprar un celular y contratar a cualquier operador; antes si este compraba un equipo en Telcel, sólo podía contratar a Telcel.
En el caso de los suscriptores en el esquema de pospago, se deberá desbloquear una vez vencido el plazo contratado; una vez que se haya pagado la penalización correspondiente en caso de terminación contractual anticipada y al momento de la adquisición del equipo correspondiente si este ha sido pagado en su totalidad.
El desbloqueo se hará, a elección del suscriptor, en el centro de atención a clientes, entregando la clave de desbloqueo mediante el envío de un SMS o de manera remota cuando sea técnicamente factible.
Telcel está obligado a otorgar la clave de desbloqueo si la misma permite el desbloqueo de otros equipos terminales. Para el desbloqueo en los centros de atención a clientes no podrá requerirse mayor requisito que la presentación del equipo terminal. Telcel deberá entregar, a los suscriptores en el esquema de prepago, los equipos terminales desbloqueados.
El Universal
Carla Martínez
8 de abril de 2014
A partir de este lunes, Telcel dejó de cobrar el roaming nacional que tenía un costo de alrededor de 2 pesos por minuto, con lo que el precio de las llamadas nacionales entre los usuarios de la empresa bajarán 62.7%, de acuerdo con información de personal de atención a clientes de la compañía telefónica.
Ayer, Telcel informó a sus usuarios que no cobrará el servicio de roaming nacional, que es el cobro adicional que se hace a una llamada cuando el usuario sale de su área de cobertura. “Con tu plan Telcel tienes la mayor cobertura en todo México sin cargos de roaming ni larga distancia nacional”, menciona el mensaje de texto enviado a los clientes.
Con la eliminación tanto del roaming como de la larga distancia nacional, los usuarios de Telcel, que suman 73.5 millones, que realicen llamadas fuera de su área de servicio local pagarán el precio por minuto, de acuerdo al plan contratado, ya sea en pospago o prepago.
El servicio de telefonía celular fue dividido por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) en nueve regiones.
Por lo que, por ejemplo, si un usuario de la región 9 que abarca al DF, Estado de México, Morelos e Hidalgo salía de alguna de estas ciudades y hacía una llamada desde la región 7, que comprende Puebla, Guerrero, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca, tenía que pagar roaming y larga distancia nacional.
Ahora, con las medidas impuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a América Móvil, empresa declarada como preponderante en el sector de telecomunicaciones, los usuarios que se muevan de una región a otra no tendrán que pagar los servicios.
Así, anteriormente, si un usuario de Baja California Sur, que pertenece a la región 1, se movía a Nuevo León, que pertenece a la región 4, y hacia una llamada de cinco minutos, tenía que pagar alrededor de 15.95 pesos considerando una tarifa por minuto de 1.19 pesos más 2 pesos por minuto de roaming. Ahora, con la eliminación de este cobro, este mismo usuario por pagará 5.95 pesos.
Aunque la eliminación de tarifas tendrá un impacto negativo en Telcel, no es posible cuantificar el impacto real, ya que no se tiene la legislación secundaria y se desconocen los cambios que el Congreso podría hacer a la iniciativa de ley del Ejecutivo, lo cual podría modificar las condiciones de esta lo inacción impuesta a la empresa, dijo Valeria Romo, analista financiera de Grupo Monex.
No se conoce oficialmente qué porcentaje del precio por minuto del Telcel corresponde al roaming, tarifa que será posible conocer cuando la ley secundaria entré en vigor y se obligué a empresa a desagregar los precios de sus servicios, agregó Romo.
Bajará 62.7% precio de llamadas nacionales de Telcel; quitan ‘roaming’
El Universal
Carla Martínez
8 de abril de 2014
A partir de este lunes, Telcel dejó de cobrar el roaming nacional que tenía un costo de alrededor de 2 pesos por minuto, con lo que el precio de las llamadas nacionales entre los usuarios de la empresa bajarán 62.7%, de acuerdo con información de personal de atención a clientes de la compañía telefónica.
Ayer, Telcel informó a sus usuarios que no cobrará el servicio de roaming nacional, que es el cobro adicional que se hace a una llamada cuando el usuario sale de su área de cobertura.
“Con tu plan Telcel tienes la mayor cobertura en todo México sin cargos de roaming ni larga distancia nacional”, menciona el mensaje de texto enviado a los clientes.
Con la eliminación tanto del roaming como de la larga distancia nacional, los usuarios de Telcel, que suman 73.5 millones, que realicen llamadas fuera de su área de servicio local pagarán el precio por minuto, de acuerdo al plan contratado, ya sea en pospago o prepago.
El servicio de telefonía celular fue dividido por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) en nueve regiones.
Por lo que, por ejemplo, si un usuario de la región 9 que abarca al DF, Estado de México, Morelos e Hidalgo salía de alguna de estas ciudades y hacía una llamada desde la región 7, que comprende Puebla, Guerrero, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca, tenía que pagar roaming y larga distancia nacional.
Ahora, con las medidas impuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a América Móvil, empresa declarada como preponderante en el sector de telecomunicaciones, los usuarios que se muevan de una región a otra no tendrán que pagar los servicios.
Así, anteriormente, si un usuario de Baja California Sur, que pertenece a la región 1, se movía a Nuevo León, que pertenece a la región 4, y hacia una llamada de cinco minutos, tenía que pagar alrededor de 15.95 pesos considerando una tarifa por minuto de 1.19 pesos más 2 pesos por minuto de roaming. Ahora, con la eliminación de este cobro, este mismo usuario por pagará 5.95 pesos.
Aunque la eliminación de tarifas tendrá un impacto negativo en Telcel, no es posible cuantificar el impacto real, ya que no se tiene la legislación secundaria y se desconocen los cambios que el Congreso podría hacer a la iniciativa de ley del Ejecutivo, lo cual podría modificar las condiciones de esta lo inacción impuesta a la empresa, dijo Valeria Romo, analista financiera de Grupo Monex.
No se conoce oficialmente qué porcentaje del precio por minuto del Telcel corresponde al roaming, tarifa que será posible conocer cuando la ley secundaria entré en vigor y se obligué a empresa a desagregar los precios de sus servicios, agregó Romo.
Telcel envía mensajes a usuarios por fin de ‘roaming’
El Informador
El Universal/OEAG
7 de abril de 2014
Telcel ya inició un envío de mensajes a sus usuarios para informar de los cambios en sus operaciones, en este caso de la eliminación del cobro por ”roaming” nacional.
Desde el domingo 6 de abril, Telcel tiene prohibido realizar cargos a sus suscriptores por concepto de Servicio de Usuario Visitante o Itinerancia, concepto mejor conocido como ”roaming”.
“Con amigo de Telcel disfrutas de la mayor cobertura sin cargos de Roaming Nacional”, señala el mensaje que la empresa está enviando a sus usuarios.
La compañía de telefonía móvil, que cuenta con más de 70 millones de suscriptores a nivel nacional, también está obligada a desbloquear los equipos terminales, sin costo alguno, salvo que se encuentre reportado como robado.
El pasado 6 de marzo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) determinó que Telmex y Telcel, empresas, propiedad de Carlos Slim, son preponderantes, es decir, poseen más de 50 por ciento de los mercados en donde participan, por lo que son sujetas a una regulación especial que incentive la competencia y mejores condiciones para los usuarios.
Ambas empresas tendrán que realizar cambios en sus operaciones, en beneficio de millones de usuarios, como la de eliminar el cobro por roaming nacional, desbloquear celulares, proporcionar facturas claras y facilitar la cancelación de sus servicios.
Telcel envía mensajes a usuarios por fin de roaming
El Universal
Redacción
7 de abril de 2014
La compañía de telefonía móvil, que cuenta con más de 70 millones de suscriptores a nivel nacional, tiene prohibido realizar cargos a sus suscriptores por concepto de roaming. Telcel ya inició un envío de mensajes a sus usuarios para informar de los cambios en sus operaciones, en este caso de la eliminación del cobro por roaming nacional.
Desde el domingo 6 de abril, Telcel tiene prohibido realizar cargos a sus suscriptores por concepto de Servicio de Usuario Visitante o Itinerancia, concepto mejor conocido como roaming . “Con amigo de Telcel disfrutas de la mayor cobertura sin cargos de Roaming Nacional”, señala el mensaje que la empresa está enviando a sus usuarios.
La compañía de telefonía móvil, que cuenta con más de 70 millones de suscriptores a nivel nacional, también está obligada a desbloquear los equipos terminales, sin costo alguno, salvo que se encuentre reportado como robado.
El pasado 6 de marzo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) determinó que Telmex y Telcel, empresas, propiedad de Carlos Slim, son preponderantes, es decir, poseen más de 50 por ciento de los mercados en donde participan, por lo que son sujetas a una regulación especial que incentive la competencia y mejores condiciones para los usuarios.
Ambas empresas tendrán que realizar cambios en sus operaciones, en beneficio de millones de usuarios, como la de eliminar el cobro por roaming nacional, desbloquear celulares, proporcionar facturas claras y facilitar la cancelación de sus servicios.
Prohíben a Telcel cobrar roaming nacional
La Jornada Jalisco
Edición impresa
7 de Abril de 2014
El Ifetel impone a la empresa desbloquear equipos y simplificar la cancelación de servicios; también aplican a Telmex. A partir de ayer Telcel debió cancelar el cobro de roaming nacional a los usuarios de la red de esta compañía celular, de acuerdo con la resolución emitida el 6 de marzo por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).
Otras obligaciones impuestas son desbloquear celulares, proporcionar facturas claras y facilitar la cancelación de sus servicios, entre otras. Lo anterior deriva de la determinación de Ifetel al considerar que tanto Telcel como Telmex son preponderantes, es decir, que poseen más del 50% de los mercados en donde participan.
Al tener esta consideración, ambas empresas, propiedad de Carlos Slim, son sujetas a una regulación especial que incentive la competencia y mejores condiciones para los usuarios. Otra de las situaciones a las que fue obligada Telcel es a desbloquear los celulares de prepago sin costo alguno, salvo que la terminal se encuentre reportada como robada.
En el caso de sus clientes en el esquema de pospago, Telcel deberá desbloquear una vez vencido el plazo contratado, cuando se haya pagado la penalización correspondiente en caso de terminación contractual anticipada o al momento de la adquisición del equipo correspondiente si este ha sido pagado en su totalidad.
El desbloqueo se hará, a elección del suscriptor, en el centro de atención a clientes, entregando la clave de desbloqueo mediante el envío de un SMS o de manera remota cuando sea técnicamente factible, mientras que en el caso de los clientes prepago deberán recibir equipos terminales ya liberados.
También la telefónica deberá enviar a sus clientes de prepago un mensaje de texto gratuito cada vez que realicen una recarga de saldo, incorporando información básica de las tarifas, así como la dirección electrónica y el número telefónico en los cuales podrán consultar la información de las precios aplicables a sus servicios.
La empresa deberá facturar los servicios prestados con un desglose preciso de los conceptos y tarifas aplicadas y abstenerse de facturar servicios no contemplados en el contrato, sin el expreso consentimiento del usuario.
En el caso de Telmex, el Ifetel determinó deberá poner a disposición de sus suscriptores las mismas facilidades para la cancelación de los servicios que pone para la contratación de los mismos. Una vez que el usuario solicite la cancelación de sus servicios, la empresa deberá suspender el servicio y abstenerse de efectuar nuevos cargos pero podrá cobrar cualquier adeudo que se tenga.
La venta de bienes o servicios distintos a telecomunicaciones no podrá ser una causa por la cual el suscriptor no pueda cancelar los servicios de telecomunicaciones contratados. La telefónica también está obligada a desglosar los conceptos cobrados o facturados al suscriptor, distinguiendo los asociados a servicios de telecomunicaciones prestados.
Excélsior
Notimex
8 de abril del 2014
En telefonía móvil, México sigue el esquema el que llama paga, que es el prevaleciente en toda la Unión Europea, no así en Estados Unidos y Canadá. El que llama paga incentiva al usuario de teléfono celular a ahorrar en llamadas y en la duración de éstas. Si se combina este esquema con el hecho de que más de 80% de los clientes de Telcel y de Movistar, las principales compañías de telefonía celular en México, son de prepago, tenemos un incentivo aún mayor en ahorrar en llamadas y en minutos. “Si yo llamo, yo pago: mejor que me llamen”.
Una mayoría de los clientes de prepago son de bajos ingresos, administran cuidadosamente sus minutos, los números que pueden inscribir gratuitamente y son expertos en acudir al pretexto del “no tengo saldo” para no llamar. Uno pensaría que tal tipo de clientela no le interesaría a las empresas. Pero les interesa y mucho, en primer lugar, porque casi no hay otro tipo de clientes —somos un país con muchos pobres—, pero también por otra razón. Las compañías de celular compiten por atraer a más clientes de prepago no porque hagan muchas llamadas, sino porque les generan tráfico, es decir, personas que llaman al plomero, al electricista, al pintor, al taxista, al estudiante, a la tiendita de la esquina, a los hijos, etc. Y ese tráfico paga una tarifa de interconexión, una tarifa invisible para el cliente, pero que es la tarifa que se cobran entre compañías para que las llamadas de una y otra transiten en sus redes. Hasta antes del último cambio, las tarifas de interconexión en México eran las quintas más baratas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Con el último cambio recién ordenado por el IFT, quizá tengamos las tarifas de interconexión más baratas del mundo.
De aprobarse la iniciativa de ley secundaria en telecomunicaciones enviada por el Presidente, Telcel —que ha sido declarado preponderante y, por tanto, sujeto a condiciones asimétricas, diferentes a las de sus competidores— tendría que cobrar una tarifa de cero centavos a su competencia por completar sus llamadas. De tal manera que ya no tendría incentivo para atraer más clientela de prepago: no sólo no le generaría llamadas, tampoco podría cobrar por las que recibiera. La ley incentiva a Telcel a no prestar atención al segmento que menos gasta en telefonía celular —aquel que la ley dice que busca incorporar a la modernidad—. Uno pensaría que eso es muy positivo, porque la ley parece procurar que Telcel se achique y que crezcan y se multipliquen sus competidores. El problema es que si disminuye la competencia por atraer clientes de bajos ingresos, sin duda aumentarán las tarifas para éstos, disminuirá el subsidio a los smartphones o lo agresivo de los paquetes.
La iniciativa de ley del Ejecutivo federal juega a la vanguardia. Toma la idea de las tarifas cero para el preponderante y del esquema bill and keep (ni yo te pago ni tú me pagas) de algunos estudios y simulaciones econométricas que se han hecho y que sugieren, en la computadora, que esto sería muy positivo. El esquema bill and keep se usa en Estados Unidos, Singapur y Hong Kong, con sistemas de telecomunicaciones en una etapa de desarrollo muy diferente a la nuestra. Todos los estudios que sugieren el uso futuro de una tarifa cero de interconexión entre operadores proponen un periodo relativamente largo de transición, con tarifas radicalmente bajas. México está en ese periodo de transición pues, desde 2012, ya tiene tarifas de interconexión radicalmente bajas que acabarán con el famoso efecto club de las tarifas on net. Decretar en la ley que para el preponderante las tarifas deberán ser cero, quita flexibilidad al regulador y precipita al país a experimentar con un esquema que no ha sido probado en ninguna parte. No se trata de las telecomunicaciones de Timbuctú, con el perdón de los timbuctuenses, sino del segundo mercado más importante de América Latina.
La iniciativa de ley recurre a ese tipo de errores porque está presa de la propia trampa que se creó al aceptar los resultados del Estudio de la OCDE sobre el Cálculo de la Pérdida de Bienestar del Consumidor Resultado de Precios Excesivos de los Servicios de Telecomunicaciones en México, pagado con nuestros impuestos a la doctora Marta Stryszowska. Este estudio encontró una pérdida anual de 26 mil millones de dólares, equivalente a todo lo que genera el sector anualmente, y una pérdida acumulada de 129 mil millones de dólares en el periodo 2005-2009, equivalentes a 1.8% del PIB. La cifra fue aceptada sin chistar por el gabinete del presidente Peña Nieto, fue consagrada en la exposición de motivos de la reforma constitucional y de las leyes secundarias y se acepta por igual por graduados del MIT que por los loquitos de la Canitec. Las ganas de creer, las ansias de encontrar una explicación simplista al atraso en telecomunicaciones nublan la razón.
En el número LXXX de El Trimestre Económico, publicado por el Fondo de Cultura Económica, correspondiente a julio-septiembre de 2013, se publica un estudio de los profesores del CIDE Alejandro Castañeda y Alexander Elbittar sobre las telecomunicaciones en México. En una pequeña nota, en la página 460, los académicos hacen notar que el estudio mencionado se equivoca al hacer un cálculo: “De esta manera, la pérdida en términos del PIB (para 2007) es de 0.4% en vez de 0.7%. Este error se repite para todos los años”, con lo cual, la pérdida de bienestar se reduce casi a la mitad. Antes que Castañeda y Elbittar, el doctor Adriaan Ten Kate (http://ssrn.com//abstract=2344503) ya había descubierto el error y lo había publicado, pero quiero pensar que no se le tomó en cuenta por ser consultor externo de Telmex, aunque su estudio fue una iniciativa independiente. La doctora Stryszowska comete un error de novata no sólo al hacer el cálculo, sino al construir su modelo, en el que calcula lo que México dejó de ganar con los supuestos precios altos de las telecomunicaciones, a partir de precios y métricas ideales existentes sólo en su cabecita. Sólo doy un ejemplo: según su estudio, en vez de las 19 millones de líneas fijas que había en 2009, si hubiera habido competencia en México, deberían haber habido 43 millones de líneas fijas, algo imposible de alcanzar y menos cuando, desde 2005, las familias sustituyen la línea fija por el celular.
La reforma en telecomunicaciones tiene la ventaja de poder aprovechar la experiencia de reformas implementadas desde inicios de siglo: un camino más seguro que experimentar con modelos desarrollados por académicos. Podemos evitar errores, aprender en cabeza ajena e implementar una reforma que sea a favor del desarrollo de una industria fuerte y vibrante. Nos encontramos en Twitter: @ceciliasotog.
Se quedó corto IFT con Slim.- Salinas
Reforma
Vania Guerrero
7 abril 2014
Grupo Salinas consideró que las medidas impuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) al agente preponderante en telecomunicaciones fueron insuficientes.
“Me parece que el IFT se quedó corto en las medidas de preponderancia, sobre todo en interconexión”, comentó Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, al término de su participación en el seminario “Colombia como destino de inversión”. Dijo, además, que espera que en las leyes secundarias se apruebe la tarifa propuesta por el Ejecutivo, de 0.00 pesos.
Salinas aseguró que no hay inconstitucionalidad en algunos artículos de la iniciativa presidencial de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, como opinan algunos legisladores. “Es lo que anda diciendo (el Senador Javier) Corral, pero son puras mentiras”, afirmó. Cuestionado sobre si, en su opinión, la iniciativa del Ejecutivo se apega al texto constitucional, el empresario asintió.
“Yo creo que la Constitución es muy clara, quiere el beneficio del consumidor y más competencia, y eso es lo que está proponiendo la iniciativa; pero, mis opiniones no importan, sino lo que hagan los legisladores, esperemos que alguna luz los ilumine y que lo hagan bien”, expresó. Durante su presentación en el seminario, Salinas comentó que ganó la licitación de fibra óptica que se realizó en Colombia y que le gustaría que hubiera una licitación similar en México.
Al respecto, al finalizar su participación, dijo que espera ver cómo sale el proyecto de la red mayorista en la legislación secundaria. “Hay que ver cómo sale; pero, la infraestructura del siglo 21, lo que realmente nos va a poner a competir en el mundo, es la infraestructura de fibra óptica ultra rápida”, comentó.
Se prevé que, en asociación público privada, el Gobierno realice el despliegue de una red mayorista que permita llevar servicios de banda ancha a todo el país. Salinas dijo que ésta será fundamental para el desarrollo de México, pero que será importante que su manejo sea claro.
“La cosa es que se maneje con criterios empresariales y que realmente tenga el beneficio del público en primer término, y no el beneficio de unos cuantos empleados o sindicalistas o funcionarios, porque eso también sucede”, apuntó.
IFT se quedó corto en preponderancia
El Economista
Roberto Morales
7 de abril de 2014
Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, consideró que las medidas impuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) al agente preponderante en telecomunicaciones fueron insuficientes.
El IFT disminuyó 34% las tarifas de interconexión que cobra Telcel y entre 11 y 18% las de Telmex. Las tarifas de interconexión son las que las empresas de Carlos Slim cobran a las telefónicas que usan su red para terminar una llamada y realizar otros servicios.
“Me parece que el IFT se quedó corto en las medidas de preponderancia, sobre todo en interconexión”, dijo Salinas Pliego, luego de participar en el seminario “Colombia como destino de inversión”. Salinas Pliego dijo que espera que en las leyes secundarias se apruebe la tarifa propuesta por el poder Ejecutivo, de cero pesos.
En México, América Móvil da servicio a 70% de los suscriptores de telefonía móvil, mientras que Televisa y TV Azteca tienen, juntos, 90% del mercado de televisión abierta. Salinas opinó que no hay inconstitucionalidad de algunos artículos de la iniciativa presidencial de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, tal como han opinado algunos legisladores. “Es lo que anda diciendo (el senador Javier) Corral, pero son puras mentiras”, dijo Salinas.
“Yo creo que la Constitución es muy clara, quiere el beneficio del consumidor y más competencia, y eso es lo que propone la iniciativa; pero, mis opiniones no importan, sino lo que hagan los legisladores, esperemos que alguna luz los ilumine y que lo hagan bien”, dijo.
“Ifetel se quedó corto para regular a preponderantes”
La Crónica de Hoy Jalisco
8 de abril de 2014
| Adrián Arias |
Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, afirmó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) se “quedó corto” en las medidas que diseñó para regular a las empresas preponderantes en el mercado de telecomunicaciones, por lo que estas obligaciones se deberán adecuar a las medidas que se proponen en la ley secundaria que actualmente se discute en el Senado de la República.
“El Ifetel se quedó corto en temas como el de interconexión y estamos esperando que salga la nueva ley como viene con una tarifa de interconexión cero que se aplique por un tiempo largo y que haya compartición de infraestructura por parte del preponderante”, afirmó Salinas Pliego en el marco del foro “Colombia como destino de inversión”.
La iniciativa de ley secundaria para la reforma de telecomunicaciones, elaborada por el Ejecutivo federal, plantea obligaciones que sobrepasan las medidas que el Ifetel le impuso a los preponderantes. El documento plantea que Telmex y Telcel deberán suspender los cobros por interconexión de manera inmediata, por tratarse de empresas preponderantes. Al respecto, Salinas Pliego señaló que la ley secundaria se debe aprobar bajo sus actuales condiciones para lograr una regulación eficiente que controle a estas compañías.
El presidente de Grupo Salinas también criticó a las personas, como el senador Javier Corral, quienes han señalado que la iniciativa del Ejecutivo es inconstitucional: “Eso es que dice Corral son puras mentiras. La propuesta se apega a la constitución que es clara y busca el beneficio del consumidor y de la competencia, esperamos que alguna luz ilumine a los legisladores y que las leyes salgan bien”, afirmó el directivo.
Tras su participación en el seminario “Colombia como destino de inversión”, expuso que México está por un muy buen camino para que exista un terreno parejo de competitividad en el sector.
Detalló que los gobiernos de otros países, como el de Colombia, han tomado medidas drásticas para regular a las empresas dominantes, pues el año pasado el gobierno de ese país impuso una multa por 45 millones de dólares a Claro, filial de América Móvil. No externó opinión sobre radiodifusión.
IFT se quedó corto en preponderancia: Salinas Pliego
El Universal, Sin Embargo, El Informador y El Financiero
Notimex
7 de abril de 2014
El presidente de Grupo Salinas sostuvo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones se quedó corto en las medidas de preponderancia, sobre todo en lo que tiene que ver con interconexión. El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, señaló que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) “se quedó corto” en sus medidas tomadas en preponderancia, en especial en materia de interconexión.
“Me parece que el IFT se quedó corto en las medidas de preponderancia, sobre todo en lo que tiene que ver con interconexión, estamos esperando que salga la nueva ley con interconexión cero por un periodo de tiempo largo, que haya acceso a la infraestructura del jugador preponderante” , afirmó el empresario.
Tras su participación en el seminario “Colombia como destino de inversión”, expuso que México está por un muy buen camino para que exista un terreno parejo de competitividad en el sector. En este sentido, señaló que en el país sudamericano la autoridad de competencia toma su papel muy en serio al impedir la existencia de grandes monopolios, los cuales, dijo, son malos para el consumidor.
El empresario se dijo muy optimista en la materia y confió en que la legislación salga pronto. “Creo que la Constitución es muy clara, quiere el beneficio del consumidor, más competencia y eso es lo que está proponiendo la iniciativa”, expuso en referencia a las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones.
Respecto a la red troncal, el presidente de Grupo Salinas comentó que la fibra óptica es fundamental para el progreso del país y es la infraestructura del siglo XXI que realmente pondrá a México a competir en el mundo.
“La infraestructura que realmente cuenta es la fibra óptica ultrarrápida, es sumamente necesaria porque es la única forma de acceder al conocimiento universal que se ha acumulado en los años y que ahora está disponible por el Internet; es una cosa indispensable, urgente, una estrategia política importantísima” , argumentó. Agregó que lo importante al respecto es hacerlo bien, por lo que debe manejarse con criterios empresariales y no por una empresa paraestatal, “porque todas las empresas paraestatales terminan mal”.
Piden telefonistas a Slim aumento del 14%
El Financiero
Adrián Trejo García
7 de abril 2014
La discusión de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y la anterior declaratoria de preponderancia de Telmex y Telcel, ocurren justo cuando las empresas de Carlos Slim Helú revisan su contrato colectivo de trabajo con su poderoso sindicato.
Encabezado por Francisco Hernández Juárez, el sindicato que agrupa a unos 45 mil trabajadores, solicita en la negociación un incremento salarial del 14 por ciento, diez por ciento más que lo que en promedio se concedió el año pasado en las revisiones contractuales.
Generalmente, el sindicato de telefonistas ha obtenido aumentos hasta casi 50 por ciento arriba del promedio nacional, derivada de uno de los poquísimos contratos en las que las metas de productividad están perfectamente claras y medibles, lo que representa a los trabajadores un ingreso fijo extra.
En esta ocasión, Telmex hizo del conocimiento de su sindicato la situación legal a la que está obligada así como las eventuales reformas que, desde su punto de vista, perjudicarán seriamente sus ingresos como la obligación de facilitar la interconexión gratis a los inversionistas nuevos en el sector.
Telmex NO ha hecho un pliego de peticiones formal al sindicato para reducir el costo del contrato colectivo, pero SI le ha hecho saber el estatus legal actual buscando que la organización modere sus demandas.
Pero en el corto plazo, si las leyes secundarias se aprueban como se enviaron, el sindicato prevé ajustes de personal, caída de los salarios y escasez de materia de trabajo. Por esto salieron a movilizarse en todo el país el jueves pasado. La revisión del contrato termina el 25 de abril próximo.
Cuando volvió del hospital después del trasplante de hígado al que fue sometido -según la versión oficial-, muchos se preguntaron por qué no dejaba continuar a su interino al frente del Gobierno de Michoacán.
La respuesta tardó meses en llegar, pero el viernes pasado se dio a conocer. No fue decisión de Vallejo regresar, sino del gobierno federal, que para entonces ya tenía antecedentes de los presuntos acercamientos entre Jesús Reyna y la delincuencia organizada.
Cuando regresó Vallejo -o lo hicieron regresar-, Reyna se fue un mes y muchos apostaron a que no regresaría. Pero lo hizo porque, trascendió, tenía algunos compromisos que cumplir, aunque no se sabe si era con el gobierno estatal.
Ahora que el Senado analiza a los futuros comisionados del Ifai, no pierda de vista a Francisco Ciscomani Freaner; es de los fuertes.
-Reforma en telecomunicaciones: leyes secundarias
Advierte OCDE limitaciones en ley para telecom
El Universal
Carla Martínez
8 de abril de 2014
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió al Senado que “existen serias deficiencias en el texto actual que deben resolverse” y que contiene un exceso de detalles regulatorios que afectará la operación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Al opinar sobre la iniciativa del Ejecutivo de ley secundaria en telecomunicaciones, el organismo internacional destacó que la iniciativa es demasiado prescriptiva en cuanto a la regulación del mercado, por ejemplo, en materia de interconexión y regulación tarifaria al por menor, lo cual obstaculizaría las funciones del Instituto, pues socava su facultad de analizar y regular.
“El prescribir detalladamente una regulación en la Ley (lo que tardaría décadas en reformarse) introduce una rigidez innecesaria en un sector que se transforma a un ritmo acelerado, y al mismo tiempo se genera el riesgo de que la regulación se vuelva obsoleta rápidamente. Recomendamos al Senado corregir tales limitaciones”, detalló la opinión de la OCDE enviada el 4 de abril al Legislativo.
Aunque celebró el aumento en los montos de las sanciones, pidió sean mayores, por lo que recomendó un incremento de entre 10% y 15% sobre ingresos tanto para telecomunicaciones como para radiodifusión “en concordancia con el espíritu convergente de la ley”. Pidió que mantengan la coherencia entre la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley Federal de Telecomunicaciones, considerando que el IFT analizará los mercados y fusiones de las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión.
“Aun las pequeñas incongruencias pueden dar lugar a oportunidades de arbitraje que los operadores podrían utilizar posteriormente en su beneficio”, advirtió la OCDE. Recomendó congruencia entre la regulación de preponderancia y poder sustancial de mercado, pues “en la iniciativa actual esos dos conjuntos no son congruentes entre sí”.
Mientras el artículo 280 contempla obligaciones que pueden imponerse a los agentes con poder sustancial de mercado, el artículo 265 contiene una lista mayor de medidas para los agentes preponderantes, explicó. “Puesto que estos dos procedimientos son las dos caras de la misma moneda, ambos conjuntos de medidas deberían ser idénticos”, explicó la OCDE.
También criticó el exceso de detalles en la regulación sobre interconexión, lo cual podría “minar” la capacidad del IFT para controlar al sector y mencionó que no se consideraron las recomendaciones de la OCDE sobre regular ex ante (antes de) basándose en eficiencia de costos y aplicar las medidas a todos los operadores, sin que las empresas puedan negociar entre ellos las tarifas.
“El IFT debería establecer las tarifas de terminación para los operadores (ya que todos ellos monopolizan la terminación de llamadas en sus redes) con base en eficiencia de costos. Esto se aplica a la terminación en líneas tanto fijas como móviles. Anticipar los aspectos técnicos de la interconexión, tales como la asimetría de las tarifas de terminación de tráfico móvil, sólo puede llevar a limitar la capacidad del IFT para mejorar la competencia en el mercado”. Sobre las concesiones, pidió al Senado eliminar los requisitos para obtener la concesión única, la cual permite ofrecer cualquier servicio de telecomunicaciones y radiodifusión.
OCDE sugiere corregir la iniciativa en telecom
El Universal
Carla Martínez
8 de abril de 2014
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió al Senado que “existen serias deficiencias en el texto actual que deben resolverse” y que contiene un exceso de detalles regulatorios que afectará la operación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Al opinar sobre la iniciativa del Ejecutivo de ley secundaria en telecomunicaciones, el organismo internacional destacó que la iniciativa es demasiado prescriptiva en cuanto a la regulación del mercado, por ejemplo, en materia de interconexión y regulación tarifaria al por menor, lo cual obstaculizaría las funciones del Instituto, pues socava su facultad de analizar y regular.
“El prescribir detalladamente una regulación en la Ley (lo que tardaría décadas en reformarse) introduce una rigidez innecesaria en un sector que se transforma a un ritmo acelerado, y al mismo tiempo se genera el riesgo de que la regulación se vuelva obsoleta rápidamente. Recomendamos al Senado corregir tales limitaciones”, detalló la opinión de la OCDE enviada el 4 de abril al Legislativo.
Aunque celebró el aumento en los montos de las sanciones, pidió sean mayores, por lo que recomendó un incremento de entre 10% y 15% sobre ingresos tanto para telecomunicaciones como para radiodifusión “en concordancia con el espíritu convergente de la ley”. Pidió que mantengan la coherencia entre la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley Federal de Telecomunicaciones, considerando que el IFT analizará los mercados y fusiones de las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión.
“Aun las pequeñas incongruencias pueden dar lugar a oportunidades de arbitraje que los operadores podrían utilizar posteriormente en su beneficio”, advirtió la OCDE. Recomendó congruencia entre la regulación de preponderancia y poder sustancial de mercado, pues “en la iniciativa actual esos dos conjuntos no son congruentes entre sí”.
Mientras el artículo 280 contempla obligaciones que pueden imponerse a los agentes con poder sustancial de mercado, el artículo 265 contiene una lista mayor de medidas para los agentes preponderantes, explicó. “Puesto que estos dos procedimientos son las dos caras de la misma moneda, ambos conjuntos de medidas deberían ser idénticos”, explicó la OCDE.
También criticó el exceso de detalles en la regulación sobre interconexión, lo cual podría “minar” la capacidad del IFT para controlar al sector y mencionó que no se consideraron las recomendaciones de la OCDE sobre regular ex ante (antes de) basándose en eficiencia de costos y aplicar las medidas a todos los operadores, sin que las empresas puedan negociar entre ellos las tarifas.
“El IFT debería establecer las tarifas de terminación para los operadores (ya que todos ellos monopolizan la terminación de llamadas en sus redes) con base en eficiencia de costos. Esto se aplica a la terminación en líneas tanto fijas como móviles. Anticipar los aspectos técnicos de la interconexión, tales como la asimetría de las tarifas de terminación de tráfico móvil, sólo puede llevar a limitar la capacidad del IFT para mejorar la competencia en el mercado”. Sobre las concesiones, pidió al Senado eliminar los requisitos para obtener la concesión única, la cual permite ofrecer cualquier servicio de telecomunicaciones y radiodifusión.
Sin Embargo
David Martínez Huerta
8 de abril de 2014
Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).– Gisela Martínez, miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) región México, denunció que la iniciativa para crear para crear la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no responde a las necesidades económicas de sus espacios y se olvida de las radiodifusoras indígenas y comunitarias. Peor aún, remarcó, hace a un lado la urgente regulación para que autoridades estatales y municipales dejen de criminalizar a los propios medios comunitarios. “Pedimos que en las reformas espejo que se hagan, se deje de criminalizar a los comunicadores y comunicadoras comunitarias”, sostuvo la asesora jurídica de AMARC en entrevista para SinEmbargo. Al ser cuestionada sobre la forma en que la iniciativa peñista impactará a las radios indígenas y comunitarias, Gisela Martínez consideró que ésta priva a los espacios comunitarios del financiamiento necesario para existir. Pero no sólo eso, la nueva norma no contiene ninguna disposición para evitar las detenciones arbitrarias que han ocurrido en Michoacán, Veracruz, Puebla y Nuevo León, entre otros estados del país. La Ley Federal de Bienes Nacionales dice que hacer uso del espectro radioeléctrico sin permiso es un delito, que se sanciona de dos a ocho años de prisión. “No son delincuentes quienes abren una radio, sino que están ejerciendo un derecho a la libre expresión, como lo han dicho la ONU [Organización de las Naciones Unidas] y la OEA [Organización de Estados Americanos]: abrir una radio es darle voz a los marginados. Cerrar las radios y criminalizarlos es atentar contra la libre expresión, sobre todo porque no hay un procedimiento claro y expedito en donde te diga cómo poder obtener una licencia”, agregó Gisela Martínez. La especialista se refirió concretamente a tres casos de comunicadores que están bajo procedimientos penales o incluso fueron sentenciados, por abrir una radio comunitaria, pero hay muchos más. Por ello detalló el caso de Paola Ochoa y Juan José Andrade de Radio Diversidad, en Paso del Macho, Veracruz. Tanto la locutora como el director fueron sentenciados a dos años de prisión, pago de multas respectivas y la inhabilitación de sus derechos civiles y políticos, mientras durara la sentencia. No obstante, gracias a la intervención de sus abogados, la pareja pudo recibir un amparo y sólo Andrade pisó la cárcel durante unos cuantos días. El otro caso es el de Héctor Camero de Tierra y Libertad, de Monterrey, Nuevo León. Durante dos años pidió permiso a las autoridades para abrir su radio comunitaria. Nunca se le dio respuesta, por lo que empezó a transmitir para hablar de las necesidades que hay en su comunidad. “Estas radios comunitarias son foros, de repente en donde la gente llama pidiendo un saludo y acaba denunciando las condiciones de su calle o de su colonia, y eso incomoda a las autoridades y por ese motivo, muchas radios son denunciadas y son cerradas”, explicó La persecución contra las radios comunitarias no sólo se da en el ámbito detenciones. Se hace desde que se les denominan “ilegales” o “piratas”, a pesar de que muchas de ellas operan bajo la figura del permiso, y cuando no es así, es por los vacíos legales que existen en la Ley. Por lo que Gisela Martínez, asesora jurídica de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, región México, pidió que en la discusión de las leyes secundarias de la Reforma en Telecomunicaciones se garantice la existencia de medios indígenas y comunitarios, en condiciones de equidad y no discriminación, tal y como recomienda la ONU y la OEA. SEGOB VS. LIBERTAD DE EXPRESIÓN La iniciativa en materia de telecomunicaciones fue enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto al Senado de la República el pasado 24 de marzo. Contenía iniciativas para crear la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México. Los nuevos ordenamientos deberían mantener el espíritu de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en junio del año pasado. No obstante, expertos y académicos advirtieron que esto no es así. Para María Eugenia Valdés Vega, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la iniciativa atenta de forma grave contra la libertad de expresión, al colocar poderes excesivos a la Secretaría de Gobernación (Segob) sobre el monitoreo y vigilancia de contenidos. “Realmente es una cuestión muy peligrosa que pase esta iniciativa porque tiene un tufo ‘echeverrista’, ni siquiera es del PRI neoliberal, es del PRI más autoritario, el que venía de [Luis] Echeverría y [José] López Portillo, cuando ya estaba tan deslegitimado que tuvo que volverse autoritario”. Advirtió la profesora del Departamento de Sociología de la UAM, Unidad Iztapalapa. La fracción séptima del Artículo 128 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, explicó, se faculta no al Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino a la Secretaría de Gobernación para “vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los limites señalados en esta Ley, de respeto a la vida privada, a la dignidad personal, la moral y no ataquen los derechos de terceros, ni provoque la comisión de algún delito o perturben el orden público”. La especialista destacó que este artículo va en contra de la reforma constitucional que ordenaba en los artículos sexto y séptimo de la Constitución que le daba al Ifetel toda la tarea de normar estos dos artículos que garantizan la libertad de expresión y el derecho de la información; así como la libertad de difundir opiniones a través de cualquier medio. Recalcó que la vigilancia de Segob afectará a todos los medios de comunicación, pero lo hará de forma muy dramática en las radios comunitarias e indígenas, pues en muchas ocasiones éstas son los únicos medios de expresión de los pueblos originarios. “Si hay denuncias contra los presidentes municipales, etcétera, seguramente van a ser acallados y serán enviados a la cárcel, como ya ocurre en Veracruz, donde son sonados algunos casos y denunciadísimos”, alertó la especialista. La doctora en sociología se pronunció porque la comunicación comunitaria, esté normada de acuerdo con todos los estándares internacionales de derechos humanos, de libertad de expresión y de buenas prácticas que ha habido en otros países como Francia, Argentina y Colombia. EL FINANCIAMIENTO
Los nuevos ordenamientos dividen a en cuatro sectores a los medios de comunicación para otorgarles concesiones: comerciales, públicos, privados y para uso social. En el último rubro se localizan a las radios indígenas y comunitarias ya que sus propósitos son: “culturales, científicos, educativos o a la comunidad, sin fines de lucro”. Esta categorización fue rechazada por los propios medios pues, entre otras restricciones, les impedirá obtener financiamiento privado. “Lo primero que niega es que tengamos sostenibilidad económica, es decir que podamos transmitir publicidad. El argumento es que los medios comunitarios somos medios sin fines de lucro. Notros decirnos ‘es cierto, no vamos a lucrar con la señal’, pero necesitamos sostenernos. ¿De dónde creen que se paga la luz para que el transmisor pueda funcionar?”, dijo Gisela Martínez, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Consideró un grave error englobar a las radios comunitarias como medios públicos, porque en todos los casos éstas son financiadas por la propia comunidad. Por lo que incluso mantener una radio de 3 watts de potencia se convierte en un proyecto difícil de costear. “Lo que buscamos es que se pueda acceder a recursos para que las radios puedan tener una sostenibilidad mínima. Además repercute con otro tema, y es que viene ya la transición digital, lo cual significa que las radios tienen que comprar nuevos equipos y esos equipos están carísimos. Estamos hablando incluso de un millón de dólares, ¿de dónde van a sacar las comunidades tanto dinero?”, sostuvo la asesora jurídica de AMARC. DEFIENDEN MEDIOS INDÍGENAS Diputados federales de diversas fracciones parlamentarias plantearon la urgencia de que en la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión mantenga el espíritu de constitucional a fin de que establezca condiciones para que “los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen”. El Diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideró que por lo menos 15 millones de mexicanos son silenciados y desconocidos en la iniciativa de Peña Nieto, que da preponderancia a los grandes monopolios de la comunicación. La nueva norma, destacó, tiene un vacío legislativo que no permite ejercer el derecho humano de la comunicación indígena, para privilegiar los intereses económicos de los monopolios, así como su cerco informativo y de producción audiovisual. “Nos preocupa que el tema de los pueblos indígenas siga siendo un tema ausente respecto a los medios de comunicación, a las concesiones, al contenido que deben guardar las telecomunicaciones públicas o privadas, que no se especifica la obligación para destinar un porcentaje de su tiempo a promover, a difundir la composición pluricultural o bilingüe de la nación mexicana”, precisó el legislador por Guerrero. El Diputado Carlos de Jesús Alejandro adelantó que esta semana, junto con la Diputada Purificación Carpinteyro Calderón, presentará en conferencia de prensa con senadores perredistas y de otras fracciones parlamentarias, un escrito en donde plantean sus propuestas para fortalecer el derecho de los pueblos indígenas a operar y administrar sus propios medios de comunicación. Los senadores que han mostrado sensibilidad a sus demandas son los perredistas Dolores Padierna Luna y Zoé Robledo Aburto, así como el panista Javier Corral Jurado. Entre sus propuestas se encuentra otorgar mayor flexibilidad para las concesiones de radiodifusión y las telecomunicaciones indígenas y comunitarias, así como la creación de una figura que garantice el cumplimiento de las disposiciones constitucionales. “Que exista un ombudsman que vigile y garantice que se dé cumplimiento al derecho de los pueblos indígenas a los medios de comunicación, al espectro radiológico, a las concesiones, a los recursos suficientes que el estado tiene que garantizar, pues los pueblos indígenas no podemos competir con los grandes monopolios para tener las concesiones de las radios indígenas”, adelantó. Aquí los planteamientos de la propuesta que presentarán esta semana ante senadores de las comisiones dictaminadoras de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Que se reconozcan las reservas del espectro para los medios de radiotelecomunicación indígena y afromexicana, para asegurar la infraestructura y así como favorecer condiciones equitativas de acceso a las concesiones que diferencien las realidades distintas de los medios privados no comerciales. Un marco legal claro, preestablecido, preciso y razonable que reconozca la especificidad de los medios de comunicación indígena y afromexicana, con procedimientos sencillos y accesibles. Nos oponemos a restarle facultades al IFETEL, y que se plantee que sea la Secretaría de Gobernación, de Hacienda y Comunicaciones, quienes emitan opinión para el otorgamiento de los permisos no comerciales en razón del uso de la discrecionalidad política. Integrar un representante de los pueblos indígenas y afromexicanos al Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL). Crear del ombudsman de las audiencias con naturaleza de órgano constitucional autónomo, que vigile los contenidos de los medios de comunicación y con capacidad sancionadora cuando algún medio de comunicación (radio, TV, prensa, medios digitales) viole los principios y derechos constitucionales, así como la función social, cultural y educativa que deben tener los medios de comunicación privados y públicos. Crear un canal nacional de televisión y una emisora nacional que fomenten el respeto de la diversidad cultural y lingüística, la cosmovisión, conocimientos, saberes y los valores de los pueblos indígenas y afromexicanas. Que los medios de radiotelevisión privada y públicos, incorporen programación indígena en sus emisiones con contenidos culturales acordes al contexto sociolingüístico y cultural de los usuarios de los medios de comunicación indígena y afromexicanas. Impulsar acciones encaminadas a desarrollar y utilizar tecnologías para la conservación del acervo natural y cultural, de los pueblos indígenas y afromexicanos. Promover tecnologías y programas de investigación y desarrollo en ámbitos de traducción, iconografía, servicios asistido de voz, desarrollo de equipos necesarios y diversos tipos de modelo de programas informáticos dirigidos a pueblos indígenas y afromexicanos. Respaldar proyectos que combinen el uso de medios de comunicación tradicionales y nuevas tecnologías para facilitar los idiomas indígenas, para elaborar, documentar, preservar y utilizar eficazmente legados como la diversidad biológica, conocimientos tradicionales y medicina.
Ley favorece al duopolio televisivo, alertan analistas
El Universal
Carla Martínez
8 de abril de 2014
La iniciativa de ley federal de telecomunicaciones favorece al duopolio conformado por Televisa y TV Azteca, pues no modifica la esencia del viejo modelo de comunicación electrónica del país, dijo Javier Esteinou, catedrático de la UAM Xochimilco.
Esta iniciativa, explicó Esteinou, es la segunda fase de la “Ley Televisa”, ya que no promueve la competencia al dejar intocable al duopolio al no poner límites a la concentración en radiodifusión y no regular la preponderancia de la empresa en materia de televisión de paga y tampoco desarrolló mecanismos efectivos y precisos para limitar la concentración de frecuencias, el concesionamiento ni para limitar la propiedad cruzada de medios ni medidas de desinversión.
“Regresó (el Estado) a convertirse en un empleado administrativo de los poderes mediáticos”, recalcó Esteinou en el Foro de Análisis sobre la propuesta de ley secundaria en telecomunicaciones organizada por la UAM.
Aseguró que el retraso del Ejecutivo de más de 100 días en la entrega de la iniciativa al Congreso no fue accidental, sino fue planeada estratégicamente por el Estado para permitir que en este lapso de tiempo los poderes fácticos mediáticos, particularmente la Telecracia, en alianza con funcionarios de las Secretarias de Gobernación, de Comunicaciones y Transportees, y de Presidencia, realizarán una iniciativa a modo y en favor del duopolio televisivo y oligopolio radiofónico.
Por ello y debido a que el problema ya no son las precisiones jurídicas, debate de la iniciativa o ejercicios de derecho comparado, pues se ha demostrado que en el Congreso y el Ejecutivo no están dispuestos a escuchar, la sociedad civil es la que debe realizar una serie de acciones para la recomposición del proyecto de leyes secundarias en este sector, indicó el catedrático de la UAM.
En tanto, Aleida Calleja, representante en el foro de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, destacó que la iniciativa plantea medidas específicas para el sector de las telecomunicaciones, pero no para radiodifusión. Con esta iniciativa, agregó, el Ejecutivo recupera atribuciones en el control de IFT, de control de contenidos, geolocalizacion y hay faltas a la neutralidad de la red.
#NoMásPoderAlPoder, ni a la tv
El Universal
Javier Corral
8 de abril de 2014
Una reacción inmediata, un compromiso diverso y plural, robusto de prestigio en la defensa de las mejores causas de México, se ha concitado en torno del llamado para formar un Frente por la Comunicación Democrática, como una de las respuestas necesarias a la iniciativa de contrarreforma en Telecomunicaciones enviada por Peña Nieto al Senado de la República. No se necesita ser experto en la materia para darse cuenta de las enormes contradicciones que sostiene la propuesta presidencial, con relación al texto de la Constitución y su articulado transitorio. No es tan sofisticado el tema como para no detectar que están amenazadas libertades y derechos fundamentales. Un simple cotejo comparativo da cuenta del tamaño de la traición a la reforma que la oposición colocó como su principal motivo y justificación para participar en el Pacto por México. En el bolsillo la reforma energética, fondeado para más de un sexenio con el paquetazo fiscal, el PRI-gobierno se presenta a menos de dos años de su regreso al poder como un gobierno sin palabra.
El eje de la iniciativa es una componenda mayúscula: El gobierno quiere mantener el control sobre la información y la empresa de Emilio Azcárraga sale protegida en su condición monopólica. Por ello, un grupo de mexicanos que hemos decidido colocar por encima de nuestras diferencias el interés general, consideramos necesario enterar al mayor número de ciudadanos de la enorme regresión que tiene este proyecto de ley y cómo daña al desarrollo de la sociedad; cómo concierne al pueblo y agrupa diversas ideas que proponen líneas de acción para detener este atropello.
La población debe saber que la reforma constitucional promueve un verdadero cambio en el paradigma del modelo de comunicación imperante hasta la fecha; sin embargo, en la iniciativa no sólo no se reflejan, sino que la mayoría quedan reducidos o negados. En el cinismo de la defensa de la iniciativa Peña-Televisa se ha llegado al extremo de decir que, como se les pasó la mano en la Constitución, ahora “arreglarán” los problemas a través de la ley.
Durante la semana pasada hemos contactado a diversos actores políticos y sociales; se han organizado foros y conferencias, mismos que se consolidan como las reuniones preparatorias de una Asamblea Nacional que constituya al Frente por la Comunicación Democrática. El acto tiene por objetivo concientizar sobre las numerosas pretensiones contrarias a la Constitución, múltiples omisiones a mandatos constitucionales, las insuficiencias y los sesgos regulatorios que produce una legislación desequilibrada entre los agentes económicos de las telecomunicaciones y la radiodifusión, así como una marcada desigualdad entre los medios comerciales y los públicos, a quienes se les termina discriminando y manteniendo bajo el control gubernamental.
La importancia básica de este Frente radica en la arrogante insistencia de Televisa de beneficiarse con una legislación a modo. Ese empeño fue derrotado por la Suprema Corte de Justicia en el año 2007, cuando se echó abajo la llamada Ley Televisa. No obstante, la televisora recupera esos privilegios en la Iniciativa de Peña Nieto, un proyecto que a todas luces no sólo fue hecho según sus intereses, sino en el que Televisa contribuyó en su composición, logrando incorporar disposiciones excesivas para retrasar lo más posible una real competencia.
Claro que es desalentador que un poder fáctico vuelva a provocar de esta manera, tratando de imponerse sobre la Constitución, peor aun: que lo haga por medio de la misma Presidencia de la República. Por eso hemos lanzado la convocatoria a la que se han sumado una potente cantidad de académicos, artistas, periodistas, organizaciones sociales, especialistas y ciudadanos en general, donde invitamos a toda la sociedad a participar, será el próximo viernes 11 de abril a las 11:00 am en el Teatro de la Ciudad de México, en Donceles 36, Col. Centro. El reto mayor es desmontar el cálculo político de que si en la reforma energética no pasó nada, en ésta menos sucederá. Confían en que la sociedad mexicana, adormecida por el trabajo del duopolio televisivo, permanecerá indiferente. Hay que demostrarles que no será así.
Pide IFT precisar la ley de telecom
El Universal
Carla Martínez
8 de abril de 2014
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) envió al Senado una serie de 16 observaciones, en medio de la elaboración de la ley secundaria en la materia, entre ellas, que se otorgue al instituto flexibilidad regulatoria considerando el dinamismo del sector.
“Este instituto considera muy importante que el órgano regulador cuente con flexibilidad para poder adecuar eficazmente el marco regulatorio a la realidad cambiante de los mercados, posibilidad que se vería limitada si la ley adopta decisiones regulatorias específicas”, expresó el IFT en su postura enviada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado. En la carta, el órgano expuso 16 observaciones sobre la reforma; explicó que las reglas que pueden parecer adecuadas en un momento y circunstancia, podrían ser dañinas a la competencia y desarrollo de los servicios, pues el sector cambia constantemente.
En cuanto a las concesiones, recomendó que sean autorizadas por el instituto para garantizar el uso del espectro y su adecuada administración, y pidió ser el que determine las obligaciones de cobertura social de los concesionarios y la regulación en multiprogramación de canales. Sobre la revocación de concesiones como única sanción, pidió que se impongan multas antes de llegar a este punto, pues una revocación directa podría afectar a los usuarios.
*”Blindaje” contra amparos*
Del mismo modo, el instituto pidió se reitere que los actos del regulador no son materia de suspensión y solamente pueden ser impugnados a través del amparo indirecto.
Esto, debido a que la Constitución le dio atribuciones de competencia y debe aplicar la Ley Federal de Competencia Económica, la cual considera la suspensión, por lo que regulados y jueces podrían interpretar de manera contraria este punto, generando la suspensión de las decisiones del Ifetel, lo cual ya sucedió en un juicio en curso.
“Es importante señalar que en un juicio de amparo promovido recientemente en contra de una multa que impuso el instituto aplicando la Ley Federal de Competencia Económica, un juez consideró que sí procedía la suspensión por analogía, en tanto que un Tribunal Colegiado la revocó por mayoría de dos magistrados y el otro compartió el criterio de que sí procede la suspensión”, detalló el IFT.
En materia de competencia, señaló que la Ley Federal de Telecomunicaciones no debe incorporar criterios regulatorios adicionales a los que ya contiene la Ley Federal de Competencia Económica que aplicará el instituto. Respecto a la regulación en publicidad, pidió que se mantengan las atribuciones del instituto en la materia, sin excluir el apoyo de otras dependencias de gobierno.
Sobre la determinación de agentes económicos preponderantes, el regulador pidió que la ley secundaria sea consistente con las reformas constitucionales en las que el IFT se basó para declarar la preponderancia por sector y no por servicios.
En el tema de la eliminación de la larga distancia nacional, pidió al Poder Legislativo que sea el propio IFT el que determine la forma en que se llevará a cabo el proceso, y que detalle los requisitos y cargas regulatorias en la operación de las concesiones de uso social, que se les permita ser autosustentables, y desarrollarse las obligaciones o mecanismos de operación.
Propone Ifetel a Senado valorar iniciativas de leyes secundarias
El Universal
Alberto Morales
7 de abril de 2014
El Instituto Federal de Telecomunicaciones pide a legisladores que aclaren en la regulación que no procede la suspensión de carácter judicial (amparo) frente a las resoluciones del Instituto contra los agentes que violan la ley
El Instituto Federal de Telecomunicaciones *(Ifetel)* sugirió al Senado de la República tomar en cuenta algunas consideraciones sobre 16 temas de la propuesta del *Ejecutivo federal* y otras iniciativas de leyes secundarias en materia de Telecomunicaciones. En éstas, el órgano regular pidió a los legisladores que aclaren en la regulación que no procede la suspensión de carácter judicial (amparo) frente a las resoluciones del Instituto contra los agentes que violan la ley.
El instituto refiere el caso de un juicio de amparo promovido recientemente en contra de una multa que impuso al aplicar la Ley Federal de Competencia Económica y un juez consideró que si procedía la suspensión, pero un Tribunal Colegiado la revocó. “Una interpretación podría llevar a considerar que en estas materias sí debe preverse la suspensión… Por lo que se estima muy importante que exista certeza en la nueva legislación”, señala el Instituto.
Apunta que para reforzar la eficacia en materia de sanciones es importante introducir un mecanismo en el cual se apliquen previamente multas que se determinen de acuerdo con la gravedad de la infracción. Sobre las concesiones para uso público del espectro, el órgano regulador considera que todas las cesiones de concesiones deben sujetarse a la autorización del Instituto, lo que permitirá verificar el uso eficiente del espectro y su adecuada administración.
Se pronuncia IFT de acuerdo en compartir atribuciones de contenidos de TV
MVS Noticias
Notimex
08 de abril de 2014
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sostuvo que sus facultades de vigilancia, supervisión y sanción respecto a contenidos y publicidad en radiodifusión, no excluyen la competencia de otras autoridades conforme a las leyes vigentes.
En una carta enviada al presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, del Senado, Javier Lozano Alarcón, el organismo resalta que nada impide mecanismos de colaboración en actividades como monitoreo, con el objeto de no duplicar estructuras y costos, dadas las atribuciones de otros órganos del Estado, como por ejemplo el Instituto Nacional Electoral (INE).
Sin embargo, agrega, es necesario prever las facultades que la propia Constitución otorga al Instituto.
En el documento firmado por los siete comisionados, el organismo considera necesario que la legislación secundaria refleje lo ordenado por el artículo Décimo Primero transitorio del Decreto de reformas a la Constitución, que establece que corresponde al Instituto vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos para la transmisión de mensajes comerciales.
Asegura senador del PAN que IFT pondera bondades en Ley de Telecom
MVS Noticias
Óscar Palacios Castañeda
08 de abril de 2014
El Instituto Federal de Telecomunicaciones envió al Senado de la República su opinión sobre algunos temas de las diversas iniciativas que serán analizadas para la construcción de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones.
A través de un documento remitido al presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, Javier Lozano Alarcón (PAN), el IFT destacó que existen aspectos muy importantes que impulsarán el desarrollo del sector y el bienestar público, como la regulación de una concesión única, el arrendamiento del espectro radioeléctrico e infraestructura y la cesión de derechos. No obstante, el Instituto realizó un total de 16 observaciones, en torno a temas en los que existen posiciones coincidentes y divergentes.
En este sentido, el documento plantea que la asignación de concesiones sobre el espectro debe enmarcarse en el Programa Nacional de Espectro, por lo que se estima necesario no establecer el deber irrestricto de otorgar las concesiones que se soliciten, sino atendiendo a los planes y programas referidos.
De igual forma, se considera que todas las cesiones de concesiones deben sujetarse a la autorización del Instituto, lo que permitirá verificar el uso eficiente del espectro y su adecuada administración.
En lo que respecta al tema de las sanciones, el IFT plantea introducir un proceso en el que se apliquen multas, que pudieran ser cuantiosas de acuerdo con la gravedad de la infracción, antes de recurrir a una revocación.
Por otro lado, en lo respectivo los contenidos y publicidad, el Instituto destacó que la ley secundaria debe reflejar la facultad que tiene en la Constitución de vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos para la transmisión de mensajes comerciales y supervisar el cumplimiento de la ley por lo que hace a la programación y publicidad infantil.
No obstante, el documento reconoce que nada impide mecanismos de colaboración en actividades como el monitoreo, con el objeto de no duplicar estructuras y costos, dadas las atribuciones de otros órganos del estado como el Instituto Nacional Electoral.
Finalmente, el Instituto destacó que la legislación secundaria representa una oportunidad para prever expresamente derechos de los usuarios y las audiencias, así como mecanismos eficaces de protección y sanciones disuasivas.
IFT defiende facultades ante legisladores
El Financiero
Ramiro Alonso
7 abril 2014
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pidió al poder legislativo fortalecer sus atribuciones constitucionales y emitir una ley secundaria que sea congruente con la reforma constitucional que se promulgó el 10 de junio de 2013.
A través de una carta dirigida a Javier Lozano (PAN), presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la cámara alta, el IFT dijo que en la iniciativa se advierten diversas visiones sobre el alcance que debe tener la legislación y las facultades del organismo.
“En algunos casos se establecen medidas específicas de políticas regulatorias, en tanto que en otras se otorga mayor flexibilidad al IFT”, asegura el documento firmado por los siete comisionados que integran el pleno del regulador.
“Este IFT considera muy importante que el órgano regulador cuente con flexibilidad para poder adecuar eficazmente el marco regulatorio a la realidad cambiante de los mercados, posibilidad que se vería limitada si la ley adopta decisiones regulatorias específicas”, informó.
Las reglas que pueden parecer adecuadas en un momento y circunstancia, podrían resultar dañinas para la competencia y desarrollo de los servicios al ir cambiando las circunstancias del sector, por lo que se estima que no deben quedar en forma rígida en la ley medidas específicas de política regulatoria, comentó el IFT.
Asimismo en este documento los comisionados del instituto manifestaron que ese organismo debe tener más facultades en cuanto a la obligación de cobertura y concesiones de medios sociales, así como derechos de usuarios y audiencias.
En el texto de 10 cuartillas, los integrantes del órgano regulador en materia de telecomunicaciones piden a la Cámara alta “dejarles toda la flexibilidad en cuanto a la declaratoria de preponderantes, como se estableció hace unas semanas con Televisa y América Móvil”.
Ifetel propone al Senado valorar iniciativas
El Gratuito
Redacción
8 abril 2014
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) sugirió al Senado de la República tomar en cuenta algunas consideraciones sobre 16 temas de la propuesta del Ejecutivo federal y otras iniciativas de leyes secundarias en materia de Telecomunicaciones.
En éstas, el órgano regular pidió a los legisladores que aclaren en la regulación que no procede la suspensión de carácter judicial (amparo) frente a las resoluciones del Instituto contra los agentes que violan la ley.
El instituto refiere el caso de un juicio de amparo promovido recientemente en contra de una multa que impuso al aplicar la Ley Federal de Competencia Económica y un juez consideró que si procedía la suspensión, pero un Tribunal Colegiado la revocó.
“Una interpretación podría llevar a considerar que en estas materias sí debe preverse la suspensión… Por lo que se estima muy importante que exista certeza en la nueva legislación”, señala el Instituto
Apunta que para reforzar la eficacia en materia de sanciones es importante introducir un mecanismo en el cual se apliquen previamente multas que se determinen de acuerdo con la gravedad de la infracción.
Sobre las concesiones para uso público del espectro, el órgano regulador considera que todas las cesiones de concesiones deben sujetarse a la autorización del Instituto, lo que permitirá verificar el uso eficiente del espectro y su adecuada administración.
Propone IFT cambios a iniciativa de telecom
Milenio Jalisco
Angélica Mercado
7 de abril de 2014
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) respaldó a medias la iniciativa presidencial en materia de telecomunicaciones, al considerar que contiene aspectos muy importantes para desarrollar el sector en materia de internet, regulación de la concesión única, desarrollo de mercados secundarios y otros. Sin embargo, reclamó que el Congreso no emita una legislación rígida para su actuación en funciones regulatorias y la entrega de las concesiones de uso social, o la imposición de límites de frecuencia y propiedad cruzada de medios.
Sin participar en los foros de análisis convocados por el Senado, el IFT optó por enviar un escrito a la Cámara firmado por todos los comisionados, en donde propuso ajustes. En ese sentido, pidió modificar la redacción relativa a las concesiones para uso público, de uso social, medios públicos, las obligaciones de cobertura social, derechos de los usuarios y audiencias, multiprogramación y al apagón analógico.
Además, en el tema de sanciones demandó que no aplique el amparo y la ley sea clara porque hay jueces que lo están otorgando y pidió que antes de pensar en una revocación haya un escalón de multas antes de esa medida, que afectaría a sectores de la población, aunque hizo notar que éstas deben ser “multas cuantiosas”.
También avaló la propuesta de compartir facultades de vigilancia y monitoreo de contenidos, que la iniciativa presidencial prevé para las secretarías de Gobernación, la SCT o Salud. En el caso del apagón analógico, el IFT se pronunció a favor de que no aplique para comunidades indígenas o zonas semi-urbanas que requieren de la televisión abierta.
El IFT defiende sus facultades ante el Senado
Animal Político
8 de abril de 2014
El Instituto Federal de Telecomunicaciones sostuvo en una carta enviada a la Cámara de Senadores que sus facultades de vigilancia, supervisión y sanción respecto a contenidos y publicidad en radiodifusión, no excluyen la competencia de otras autoridades. El Instituto Federal de Telecomunicaciones sostuvo que sus facultades de vigilancia, supervisión y sanción respecto a contenidos y publicidad en radiodifusión, no excluyen la competencia de otras autoridades conforme a las leyes vigentes.
En una carta enviada al presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, del Senado, Javier Lozano Alarcón, y a la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Graciela Ortiz González, el organismo resalta, en 16 observaciones, que nada impide mecanismos de colaboración en actividades como monitoreo, con el objeto de no duplicar estructuras y costos, dadas las atribuciones de otros órganos del Estado, como por ejemplo el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, agrega, es necesario prever las facultades que la propia Constitución otorga al Instituto.
En el documento firmado por los siete comisionados, el organismo considera necesario que la legislación secundaria refleje lo ordenado por el artículo Décimo Primero transitorio del Decreto de reformas a la Constitución, que establece que corresponde al Instituto vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos para la transmisión de mensajes comerciales. A continuación, el documento íntegro enviado por el Instituto. Ift by http://www.animalpolitico.com
El Economista
Mauricio Rubí
7 de abril de 2014
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pidió al Senado de la República definiciones claras en materia de sanciones, como parte de la construcción de las leyes secundarias. Y es que el órgano regulador entregó a la Cámara Alta un documento con observaciones sobre 16 temas de la iniciativa que envió el Ejecutivo federal.
Los comisionados detallan, por ejemplo, un caso de suspensión por una multa aplicada recientemente por este organismo, lo cual generó criterios encontrados por parte de las instancias judiciales. En este tenor, el IFT se pronuncia por dotar de certeza jurídica en la nueva legislación secundaria. En el texto, firmado por los siete comisionados, también se sugiere revisar el tema de la revocación.
“Se advierte que existen infracciones cuya única sanción posible es la revocación, lo cual resta credibilidad y eficacia a este disuasivo, más aún considerando que una revocación en estos sectores puede afectar seriamente el interés público, al dejar sin algún servicio relevante a la población”.
El IFT considera que para reforzar la eficacia de este tipo de sanciones se debe incluir un proceso en el cual se apliquen previamente multas cuantiosas, de acuerdo con la gravedad de la infracción. Sobre la función regulatoria del Instituto, los comisionados opinan que las iniciativas contienen diversas visiones sobre el alcance de la legislación y las facultades del propio Instituto. En algunos casos, se establecen medidas específicas de política regulatoria y en otros se otorga mayor flexibilidad al IFT.
“Este Instituto considera muy importante que el órgano regulador cuente con flexibilidad para poder adecuar eficazmente el marco regulatorio a la realidad cambiante de los mercados, posibilidad que se vería limitada si la ley adopta decisiones regulatorias específicas”, alertan.
Asimismo, los comisionados argumentan que las reglas que pueden parecer adecuadas en un momento y circunstancia, podrían resultar “dañinas” para la competencia y el desarrollo de los servicios, ya que cambian las circunstancias del sector. En el documento, el órgano también se pronuncia por establecer la preponderancia por sector y no por servicio.
Los comisionados consideran que la legislación secundaria representa una oportunidad para prever de manera expresa los derechos de los usuarios y las audiencias, así como la creación de mecanismos eficaces de protección y sanciones disuasivas, sin que para ello se creen mayores estructuras gubernamentales.
El IFT defiende sus facultades ante legisladores
El Economista
Notimex
7 de abril de 2014
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sostuvo que sus facultades de vigilancia, supervisión y sanción respecto a contenidos y publicidad en radiodifusión, no excluyen la competencia de otras autoridades conforme a las leyes vigentes.
En una carta enviada al presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, del Senado, Javier Lozano Alarcón, el organismo resalta que nada impide mecanismos de colaboración en actividades como monitoreo, con el objeto de no duplicar estructuras y costos, dadas las atribuciones de otros órganos del Estado, como por ejemplo el Instituto Nacional Electoral (INE).
Sin embargo, agrega, es necesario prever las facultades que la propia Constitución otorga al Instituto. En el documento firmado por los siete comisionados, el organismo considera necesario que la legislación secundaria refleje lo ordenado por el artículo Décimo Primero transitorio del Decreto de reformas a la Constitución, que establece que corresponde al Instituto vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos para la transmisión de mensajes comerciales.
Tensan debate facultades extras a IFT y a la Segob
El Financiero
Rivelino Rueda
8 abril 2014
CIUDAD DE MÉXICO. Los focos del debate que sostienen los 33 integrantes de las comisiones unidas responsables de dictaminar las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, están enfocados en la revisión de las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como a las propuestas de darle a la Secretaría de Gobernación facultades extraordinarias.
En una encuesta realizada por EL FINANCIERO a los 33 integrantes de las comisiones unidas (15 de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, 13 de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y cinco de la Comisión de Estudios Legislativos) también identificaron un fuerte “jaloneo” en el tema de la regulación asimétrica de los agentes preponderantes.
En cuanto a las respuestas de los presidentes de las comisiones dictaminadores en este sondeo, el panista Javier Lozano Alarcón, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, afirmó que los puntos “espinosos” del debate están alrededor de los contenidos, la regulación asimétrica de preponderantes y dominantes, así como medios sociales.
La presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, la perredista Alejandra Barrales, manifestó que los temas que siguen causando crontroversia son las facultades del órgano regulador, la regulación de publicidad, derecho de audiencias y medios públicos.
En cambio, la senadora del PRI, Graciela Ortiz González, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, consideró que en el desarrollo del análisis de las leyes secundarias la mayor polémica está centrada en la preponderancia y dominancia.
En cambio, los senadores priistas Omar Fayad y Manuel Cavazos, así como el panista Francisco García Cabeza de Vaca consideraron que el tema espinoso de esta discusión será el de sujetarse al espíritu de la reforma constitucional en la materia.
Por su parte, los senadores del PRD como Alejandra Barrales, Zoé Robledo y Benjamín Robles, así como el senador del PVEM, Gerardo Flores, opinan que buena parte de las definiciones se darán en torno a las concesiones a medios sociales y comunitarios.
El tema de la regulación de contenidos en medios de comunicación por parte de la Secretaría de Gobernación, es un asunto que se prestará a los “jaloneos”, tema en el que coincidieron la priista Mely Romero Celis; los panistas Javier Lozano Alarcón, Gabriela Cuevas Barrón, María del Pilar Ortega, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Fernando Torres Graciano y Fernando Yunes Márquez, así como los perredistas Rabindranath Salazar y Fidel Dimedicis.
De manera directa e indirecta los legisladores anticipan cambios en la redacción final de las reformas.
Ruta legislativa
Una vez cumplido el primer trámite legislativo en la Cámara de Senadores del proceso de análisis de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, con la realización de foros de consulta pública, los grupos parlamentarios definirán sus respectivas estrategias a lo largo de esta semana para llegar a la dictaminación con un posicionamiento fijo.
El propósito es que después de Semana Santa, entre el 21 y 22 de abril, las comisiones unidas se reúnan para discutir y votar un dictamen en la materia, el cual se turnará al pleno para su votación antes del 25 de este mes.
Gerardo Flores Ramírez, del PVEM, y Marco Antonio Blásquez Salinas, del PT, forman parte de dos comisiones, la de Comunicaciones y Transportes y la de Radio, Televisión y Cinematografía, aunque el reglamento establece que su voto es por cada instancia legislativa. Se perfila que los diez senadores del PAN en estas comisiones irán divididos, aunque todos anticipan cambios en la iniciativa
Nextel ve beneficios con legislación secundaria
El Financiero
Ramiro Alonso
8 abril 2014
La propuesta del Ejecutivo federal para instrumentar la reforma constitucional en telecomunicaciones permitirá promover la competencia en la industria de la telefonía móvil, consideró Gustavo Cantú, director ejecutivo de Nextel.
“Yo creo que es una ley muy atractiva. Nos entusiasman las acciones que se están llevando a cabo junto con ella y espero que ahora en las diferentes legislaturas se enriquezca y se mejore, pero ciertamente es una ley que con lo que está escrito va a promover mucha competencia en México”, dijo Cantú en entrevista.
Explicó que durante el proceso de elaboración del proyecto federal hubo diferentes consultas y todas las empresas participaron. “Yo creo que esta ley está poniendo primero a los consumidores que a las empresas”, indicó. Estimó que este año Nextel revertirá la pérdida de usuarios que registró el año previo como parte de un programa de transición tecnológica, debido a la demanda de datos móviles.
“Nextel se ha preparado para atender esa demanda mediante inversiones en redes de cuarta generación, planes de precios accesibles desde 600 pesos por 6 gigabites, así como nuevos dispositivos con capacidad para operar con banda ancha móvil”, expuso. Nextel México cerró el 2013 con 3.2 millones de suscriptores. “Creo que la ley está poniendo primero a los consumidores que a las empresas, pues promueve la competencia”
Leyes de telecom equilibran el mercado: Nextel
Milenio Jalisco
Milenio Digital
7 de abril de 2014
La vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Nextel, Cristina Ruiz de Velasco, durante su participación en el foro “Análisis sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión” dijo que esta iniciativa incluye normas trascendentes para corregir los desequilibrios actuales del sector y fomentar la competencia.
En opinión de Velasco con el tema de interconexión se debe evitar que los operadores grandes hagan negocio con la terminación de llamadas provenientes de usuarios de operadores de menor tamaño. “En Nextel siempre hemos estado en contra de que la interconexión forme parte del modelo de negocios de los operadores”, dijo.
Reconoció como un gran acierto dos medidas importantes incluidas en la legislación secundaria: uno, que en tanto exista un agente económico preponderante, éste no podrá cobrar a los demás concesionarios por el tráfico que termine en su red. Y dos que cuando el instituto considere que ya existen condiciones de competencia efectiva, se establecerá el modelo llamado Bill and keep; es decir, que los concesionarios deberemos celebrar de manera obligatoria “acuerdos de compensación recíproca de tráfico, sin cargo alguno por terminación”.
En materia de tarifas on net- off net, también se da un gran avance a través de las medidas que deberá observar el “agente económico preponderante con poder sustancial en el mercado de terminación de llamadas”, aseguró, pues se destaca que no podrá establecer a sus usuarios condiciones en calidad y precio distintas a las que aplica a los servicios que se originan o terminan en la red de otro concesionario, por lo tanto deberá abstenerse de cobrar al resto de los concesionarios tarifas mayores a las que ofrece a cualquier usuario final.
En Nextel, consideramos que “La regulación on net-off net es esencial para combatir una de las consecuencias más perniciosas de la concentración de mercado, el llamado “efecto club”, que, por el tamaño del preponderante, en los hechos nulifica la posibilidad de la competencia efectiva, pues provoca el desplazamiento de competidores; desincentiva a los consumidores a cambiar de operador; inhibe la portabilidad y, por la dimensión de la red de usuarios del dominante, incentiva el que éste pueda obtener exclusividades de parte de los desarrolladores de equipos”, afirmó Ruiz de Velasco.
PRI y PAN quieren legislar “al vapor” en reforma energética: Barbosa
El Financiero
Notimex
8 abril 2014
CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador del PRD en el Senado, Luis Miguel Barbosa, advirtió la intención de las bancadas del PRI y PAN por “legislar al vapor” y sin un análisis a fondo de las leyes secundarias en materia energética y de telecomunicaciones.
“Sin duda que de lo que se está hablando cuando dicen que se van a legislar las 29 reformas en materia energética en ocho días, sin duda de lo que está hablando es que ellos quieren legislar fast track, al vapor, es lo que están planteando”.
En entrevista criticó la actitud del coordinador del PRI en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, de buscar acelerar los tiempos para el análisis de dichas reformas; así como de los perredistas Pablo Gómez y Guadalupe Acosta Naranjo, quienes pretenden inmiscuirse en el proceso legislativo en estos temas.
Exhorto al diputado Manlio Fabio Beltrones a ser promotor del respeto a la función legislativa de las Cámaras del Congreso mexicano, y a qué me refiero con ello, a que los legisladores seamos los promotores para que las Cámaras se legisle con responsabilidad, para que en las Cámaras sea el lugar en donde se construyan las leyes y no para que se estén construyendo fuera del Congreso”.
Lamentó que la iniciativa de reforma energética “se sigue discutiendo entre los círculos del poder, entre las empresas inversionistas y entre las direcciones partidarias que siguen siendo colaborantes con el gobierno”.
En ese sentido, se refirió a la actitud de los perredistas Pablo Gómez y Guadalupe Acosta y dijo que ambos “intentan desplazar a la función legislativa, pero hemos dado testimonio, ustedes han sido fieles testigos, de que nuestro papel ha sido mantener la dignidad en la función legislativa”.
“El llamado a mi partido, es que como lo habíamos anunciado públicamente, es que actuemos en coordinación y que deje que los legisladores legislen. Que ellos en todo caso den la línea política, pero que la función legislativa se quede acá en las Cámaras y no se desempeñe por quienes no son legisladores”, apuntó.
Sobre el caso de Jesús Reyna, ex secretario de Gobierno de Michoacán, dijo que la realidad que se vive en la entidad se construyó con el involucramiento de muchos sectores de lo que es Michoacán, entre ellos el gobierno; así es que no haya impunidad, que se resuelva de fondo, caiga quien caiga.
Diputados del PRD proponen extraordinario para leyes secundarias
Sin Embargo
Redacción Sin Embargo
7 de abril de 2014
México, 7 Abr. (Notimex).- La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados se pronunció a favor de llevar a cabo un periodo extraordinario de sesiones para abordar las iniciativas de leyes secundarias en telecomunicaciones, política-electoral y energética. En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Silvano Aureoles Conejo, y en un comunicado, el vicecoordinador perredista, Miguel Alonso Raya, señalaron sus opiniones sobre el tema y explicaron la oportunidad de contar con lo necesario para su análisis. Silvano Aureoles Conejo subrayó que ante la proximidad del cierre del periodo ordinario, el próximo 30 de abril, “hay que prever la necesidad” de celebrar periodos extraordinarios para desahogar las leyes reglamentarias de telecomunicaciones, política electoral y energética. “Es demasiado material para concluirlo en este periodo y por eso hay que estar en la ruta de que requerimos un periodo extraordinario (…) ya lo veremos en sus momento pero no hay otra salida”, indicó. Respecto a las declaraciones del coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones Rivera, que pensar en un periodo extraordinario es “irresponsable”, dijo que por el contrario, se “debe actuar con mucha responsabilidad porque queremos que las cosas se hagan bien”. Sobre la discusión y aprobación de las leyes secundarias en materia político electoral, el diputado perredista expresó que existen tiempos legales que deben cumplirse para asegurar la viabilidad de los procesos federal y locales de 2015. “Debemos terminar la discusión y aprobación en las siguientes semanas, antes de que concluya el periodo ordinario, para no meter en crisis las elecciones locales principalmente”, comentó. El perredista lamentó que al interior de la Jucopo no haya prosperado su propuesta para sesionar el martes y miércoles de la siguiente semana, y descansar sólo el jueves y viernes santo. “Hice hasta el último esfuerzo para sesionar en Semana Santa, me ganaron la votación, aquí es voto ponderado, y no lo decido yo”, señaló. A su vez, el vicecoordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, afirmó que su partido propone un periodo extraordinario para que se discutan “ampliamente” las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia energética, que enviará el Ejecutivo federal al Congreso. Que estas leyes en materia energética “se discutan ampliamente, de manera similar a como lo hacen en el Senado de la República en (relación a las leyes reglamentarias sobre) telecomunicaciones”, mencionó. “Pretender presentarlas esta semana o después de Semana Santa y querer que en unos cuantos días se aprueben, me parece que es poco serio”, indicó. Precisó que a eso se refiere su fracción “cuando hablamos de la necesidad de no desestimar y no descartar la posibilidad de un periodo extraordinario para poder legislar con la celeridad que se requiere, pero también con la responsabilidad que se necesita”. Finalmente, dijo que lo que plantea el PRD es que las iniciativas de leyes secundarias se analicen y discutan respetando el proceso legislativo, que no en aras de urgencias nos vayamos al “fast track” y a violentar todas las formas, sino a buscar la manera de discutir, reflexionar, de revisar para poder plantear propuestas y alternativas de redacción a reformas”.
Los foros de la Ley de TELECOM: una farsa
Sin Embargo
#Yo soy 132
7 de abril de 2014
Este jueves 3 de marzo se llevó acabo en el Senado la segunda sesión de los foros para el análisis de las Leyes Secundarias de la Reforma de TELECOM. Este es nuestro balance. -Está claro que las puertas del Senado están abiertas para que los empresarios puedan defender sus intereses, mientras que por la puerta de atrás, entramos ciudadanos bajo la advertencia de que “podemos ver, pero no podemos opinar”. -Televisa denunció que es necesario un “piso parejo” para competir con TELMEX en servicios de TELECOM. Al mismo tiempo exige que América Móvil no participe en radiodifusión por ser un “monstruo de las telecomunicaciones”. Es trágico que el monopolio históricamente más beneficiado por leyes a su medida hoy se rasgue las vestiduras ante la reformulación del escenario en TELECOM. -TELMEX alega que si son un agente preponderante, es porque han invertido lo que el Estado jamás invirtió, llegando a sitios de difícil acceso para brindar al grueso de la población sus servicios. Tras más de dos décadas de explotar un bien público, imponiendo tarifas arbitrarias y sin presiones reales para mejorar sus servicios, ahora presentan sus operaciones como una cruzada heroica para que “TELMEX esté contigo”. -Se abrieron espacios mínimos de participación para algunos medios comunitarios y un pequeño grupo de académicos. Es un intento fallido para legitimar una simulación, argumentando que así “se da voz a todos los sectores”. -Las cartas están sobre la mesa. En términos de la maquinaria legislativa, nos parece inminente la aprobación de esta iniciativa y sus despropósitos. Repudiamos el colaboracionismo del conjunto del Poder Legislativo para con la propuesta del Ejecutivo. No permitiremos que esta simulación tenga lugar sin un elevado costo político, sabiendo que la Ley que aprueban es inconstitucional, viola los derechos humanos y coarta la libertad de expresión. ¡Más ciudadanos, menos empresarios! ¡Que retumben todas las voces! Colectivo por el Derecho a la Comunicación
Telecomunicaciones, los foros de la simulación (Segunda Parte)
Homo Zapping
Jenaro Villamil
8 de abril del 2014
En los foros hubo varias voces críticas que coincidieron en los aspectos anticonstitucionales de la iniciativa, la censura previa en internet, el control de los medios públicos que le dan a la Secretaría de Gobernación, y la orden a los proveedores de bloquear o inhibir comunicaciones en una determinada región.
Clara Luz Alvarez, especialista en telecomunicaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, identificó 12 violaciones a derechos humanos y a la Constitución en la iniciativa. Durante su participación en los foros reprochó que la propuesta quebranta los derechos de las personas con discapacidad, no fomenta la producción nacional independiente y penaliza a las audiencias.
El presidente del comité de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Agustín Ramírez calificó la iniciativa como “un despojo a los derechos fundamentales” porque “pervierte la finalidad de la reforma constitucional”, debilita al órgano regulador, desfigura el principio de neutralidad de la red, ignora los derechos de las audiencias y a los medios públicos y de uso social.
Luis Fernando García, de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, subrayó que la ley “confirma el deliberado propósito por neutralizar internet como herramienta para el ejercicio de las libertades y convertirla en un instrumento de control político”. En específico, señaló el artículo 145 que establece un mecanismo de censura previa.
La participación de los grupos más críticos no evitó que Javier Lozano, quien presidió todas las sesiones, regañara a los senadores y chocara con el dirigente sindical de Telmex, Francisco Hernández Juárez, a quien le reprochó: “Qué fácil es llegar a criticar todo, tiene 30 años de líder y viene a criticar todo y no responde una sola pregunta”.
Lozano reprochó que hubo senadores “que no se tomaron la molestia de estar en este salón ni un solo minuto y que sin embargo, van afuera y hacen allá su arena pública. Son muy valientes afuera y no en su propia casa y eso no se vale”. También a los activistas vinculados al movimiento YoSoy132 o a otras voces críticas, Lozano les dijo en tono admonitorio: “está bien criticar, pero hay que proponer, no solamente criticar, descalificar todo, pararse e irse”.
En el mismo tono de regaño, la senadora Graciela Orozco, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, le respondió a Hernández Juárez que los priistas “no vamos a permitir que en nuestra tarea se interponga lo que es un conflicto entre empresas, que evidentemente el Estado mexicano debe regular para evitar que este conflicto de intereses afecte a los mexicanos todavía más de lo que me parece han sido afectados”.
Hernández Juárez acudió al foro un día después que integrantes del sindicato de telefonistas protagonizó una protesta en el interior del Senado en contra de la ley del Ejecutivo. El dirigente sindical reprochó que “quieren obligar a la empresa a regalar sus servicios” y que esto afectará las fuentes de su trabajo.
Al concluir tres días de foros exprés, con versiones estenográficas incompletas en la página de internet del Senado –en el sitio de la Comisión de Comunicación- no quedó claro si los dictaminadores modificaran algo de la iniciativa presidencial o todo quedó para el desahogo de los grandes consorcios y el lucimiento del senador Lozano.
Barbosa pide coordinación para leyes secundarias
El Universal
Alberto Morales
7 de abril de 2014
El coordinador parlamentario del PRD criticó que el Congreso solamente recibe las iniciativas que forman parte de acuerdos que se están llevando a cabo fuera de las Cámaras
El coordinador parlamentario del PRD, Miguel Barbosa Huerta, hizo un llamado a la dirigencia nacional de su partido, que encabeza Jesús Zambrano, para que en la discusión de las leyes secundarias haya coordinación y deje que los legisladores hagan su trabajo. En conferencia de prensa, Barbosa criticó que el Congreso solamente recibe las iniciativas que forman parte de acuerdos que se están llevando a cabo fuera de las Cámaras.
“En materia de telecomunicaciones está lo mismo, ya hay una iniciativa acá, si bien están los foros, si bien hubo un calendario, no hay una discusión real para poder debatir los contenidos, no la hay. La discusión real se está llevando a cabo fuera del Senado, ¿entre quién?El gobierno, las direcciones políticas y los actores interesados en ellas”.
-¿Pero la dirigencia de su partido también está?, se le preguntó al líder de los senadores perredistas.
-“También está en eso y no estoy de acuerdo que lo haga”, respondió y agregó que ese involucramiento ha ocurrido a partir de que el Pacto por México intentó desplazar a la función legislativa. Barbosa llamó a la dirigencia de su partido que como se había acordado actúen en coordinación y que deje que los legisladores hacer su trabajo.
“Que ellos den la línea política, pero que la función legislativa se quede acá en las Cámaras y no se desempeñe por quienes no son legisladores. Ya lo han sido y la ejercieron, lo volverán a ser porque siempre se está pensando en regresar, me refiero a Pablo Gómez y Guadalupe Acosta Naranjo”, expresó. Barbosa llegó caminando a la Sala de Prensa del Senado, sólo con ayuda de un bastón, que incluso dejó en varias ocasiones para demostrar que a cinco días que recibió la prótesis de su pie derecho ha podido adaptarse y caminar con normalidad.
“A los cuatro días de que me entregaron la prótesis ya camino sólo, siempre, me siento muy a gusto y por eso les comparto”, expresó el legislador. Dijo que ayer “anduvo de vago” caminando por la ciudad. En diciembre pasado el senador Barbosa perdió su pie derecho por un problema de salud.
PRD votará en contra de reformas a telecom: Padierna
El Universal
Notimex
7 de abril de 2014
La vicecoordinadora de los senadores del PRD asegura que las reformas ponen en riesgo la libertad de expresión y el libre acceso a internet
Un grupo de senadores del *PRD* encabezados por su vicecoordinadora, *Dolores Padierna*, anticiparon que*votarán* en contra de las reformas en materia de*telecomunicaciones*, porque afectaría la libertad de expresión. “Se busca recentralizar atribuciones en el*Ejecutivo federal* y, de aprobarse, pondrían en grave riesgo la libertad de expresión, el libre acceso a internet, la autonomía del*Instituto Federal de Telecomunicaciones *y el futuro de la radio no comercial”, advirtió en entrevista.
Según la perredista las iniciativas que analiza el Senado son “inconstitucionales”, pues contradicen el espíritu y la letra de las reformas de 2013 y están dirigidos a fortalecer el papel de la Secretaría de Gobernación (Segob) en materia de contenidos de radio y televisión. Destacó como ejemplos que el Artículo 44 de la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones otorga una atribución discrecional al Ejecutivo federal que violenta la autonomía y la colegialidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Asimismo, el Artículo 197 ordena a los concesionarios: “Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”. La senadora expuso que el Artículo 8 ordena a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) “crear un área especializada con nivel no inferior a subsecretaría”, para vigilar los derechos de los usuarios, función que correspondería al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Asimismo, aseguró que la iniciativa que analiza el Senado introduce un artículo claramente violatorio a la neutralidad de la red, que favorece además el dominio del agente preponderante en los servicios de internet. Informó que el Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) rechazó la intención del Ejecutivo federal de anular, a través de estos cambios a leyes secundarias, una reforma constitucional que puso los derechos de los ciudadanos por encima de los intereses de las corporaciones mediáticas y de las telecomunicaciones.
Corriente de PRD se adhiere al Frente por la Comunicación Democrática
Sin Embargo
Redacción Sin Embargo
8 de abril de 2014
México, 7 Abr. (Notimex).- La coalición de corrientes perredistas Patria Digna expresó su apoyo y adhesión al Frente por la Comunicación Democrática a iniciativa de Cuauhtémoc Cárdenas y el senador Javier Corral para promover que las leyes secundarias de telecomunicaciones no sean contrarias al espíritu de las reformas. En un comunicado, la expresión del Partido de la Revolución Democrática (PRD) informó que apoyarán todas las acciones que emprendan en el frente que se constituirá el próximo viernes 11 de abril en el Teatro de la Ciudad. Precisaron que con ese propósito acudirán al evento en representación de esa expresión el ex senador Pablo Gómez, Gilberto Ensástiga, Lucio Borreguín, Pablo Salazar, Saúl Escobar, los diputados federales Domitilo Posadas Hernández y Yazmin Copete Zapot, e Ignacio Suárez Huape, entre otros.
Hará PRI consultas internas para afinar Ley de Telecom
MVS Noticias
Notimex
08 de abril de 2014
El trabajo legislativo de esta semana en el Senado será al interior de cada grupo, con el fin de que en el dictamen de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones se logre consenso para beneficiar a los mexicanos con la iniciativa.
La senadora del Partido Revolucionario Institucional, Claudia Pavlovich Arellano, explicó en entrevista que se trata de una reforma vanguardista, acorde a lo que los ciudadanos demandan, y congruente con la visión del presidente Enrique Peña Nieto, de impulsar la inversión, la competitividad y la modernidad de las empresas.
Agregó que se pretende escuchar todas las voces y tomar las mejores decisiones que beneficien a los ciudadanos, por lo que las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos del Senado de la República, trabajan en las leyes secundarias de este tema.
La legisladora por Sonora informó que los foros de Análisis Sobre las Leyes Secundarias en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, realizados los días 2,3 y 4 de abril en el Senado, permitieron un análisis profundo que refleja a satisfacción lo que demanda la sociedad.
Añadió que existen diversas inquietudes, aunque sin duda la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal puede traducirse en dos conceptos básicos: modernidad y competitividad, con grandes bondades, entre ellas, asegurar cobertura universal de servicios. También, que sean a precios accesibles para todos los niveles socioeconómicos, y en un ámbito de competencia y de calidad en los servicios y contenidos que provean los concesionarios.
Senado va por consultas internas para afinar ley de telecom
Excélsior
Notimex
8 de abril del 2014
CIUDAD DE MÉXICO, 7 de abril.- El trabajo legislativo de esta semana en el Senado será al interior de cada grupo, con el fin de que en el dictamen de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones se logre consenso para beneficiar a los mexicanos con la iniciativa.
La senadora del Partido Revolucionario Institucional, Claudia Pavlovich Arellano, explicó en entrevista que se trata de una reforma vanguardista, acorde a lo que los ciudadanos demandan, y congruente con la visión del presidente Enrique Peña Nieto, de impulsar la inversión, la competitividad y la modernidad de las empresas.
La priista Claudia Pavlovich Arellano, explicó que se trata de una reforma vanguardista, acorde a lo que los ciudadanos demandan, y congruente con la visión del presidente Enrique Peña Nieto
Agregó que se pretende escuchar todas las voces y tomar las mejores decisiones que beneficien a los ciudadanos, por lo que las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos del Senado de la República, trabajan en las leyes secundarias de este tema.
La legisladora por Sonora informó que los foros de Análisis Sobre las Leyes Secundarias en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, realizados los días 2,3 y 4 de abril en el Senado, permitieron un análisis profundo que refleja a satisfacción lo que demanda la sociedad.
Añadió que existen diversas inquietudes, aunque sin duda la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal puede traducirse en dos conceptos básicos: modernidad y competitividad, con grandes bondades, entre ellas, asegurar cobertura universal de servicios. También, que sean a precios accesibles para todos los niveles socioeconómicos, y en un ámbito de competencia y de calidad en los servicios y contenidos que provean los concesionarios.
El Financiero
Dolores Padierna
7 abril 2014
Los proyectos de ley de telecomunicaciones del gobierno federal avanzan en la paulatina recentralización del poder en el Ejecutivo federal y en dos grandes supersecretarías que tienen cada vez más atribuciones y responsabilidades. En el caso que nos ocupa, y de manera inconstitucional, se pretende que la Secretaría de Gobernación (Segob) sume a sus ya numerosas atribuciones la de vigilar los contenidos de las transmisiones de radio y televisión.
A tono con la reconstrucción del presidencialismo puro, se pretende que la Segob tenga responsabilidades que la reforma constitucional de 2013 dejó claramente en manos de un consejo ciudadano. De este modo, ahora, la dependencia que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong se encarga de dirigir la política interior; de la relación con otros poderes de la Unión, con los partidos y los órganos autónomos; de la seguridad pública; y de la conducción de la comunicación social del gobierno, entre muchas otras funciones.
Un ladrillo más en la reconstrucción del “Ogro filantrópico” -Octavio Paz dixit- es la iniciativa de ley secundaria en telecomunicaciones, que despoja al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de facultades que le fueron otorgadas en nuestra Carta Magna.
Veamos. La reforma del artículo sexto constitucional estableció que el “organismo público contará con un consejo ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva…”. Naturalmente, se trataba de que este consejo ciudadano estuviera facultado para vigilar los contenidos.
Empero, ninguna de las 58 atribuciones y funciones que la iniciativa del Ejecutivo otorga al IFT (artículo 15) se refiere a los contenidos.
Por el contrario, el artículo 34 establece que el IFT tendrá “un Consejo Consultivo de 15 miembros honorarios, incluido su presidente, que fungirá como órgano asesor, propositivo, de opinión y consulta permanente”.
El artículo 218 dota a la Segob de las atribuciones que en la Constitución pertenecen al organismo ciudadano: “VIII.- Vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites señalados en esta ley, de respeto a la vida privada, a la dignidad personal, la moral y no ataquen los derechos de terceros, ni provoque la comisión de algún delito o perturbe el orden público”.
Por ningún lado, en la iniciativa, encontramos las nociones de independencia ni de política editorial imparcial y objetiva. Por el contrario, es un catálogo de violaciones a la Constitución.
Mientras el artículo 6-B, numeral V, establece con claridad la prohibición de transmitir “publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”, la iniciativa limita los alcances del texto constitucional sólo al ámbito electoral.
El artículo 191 ordena que el IFT, “en coordinación” con las procuradurías e instancias de seguridad (léase Cinsen u otras), establezca mecanismos para que los concesionarios adopten medidas “para la localización geográfica en tiempo real de cualquier tipo de dispositivo de comunicación, así como para el control y ejecución de la intervención de comunicaciones privadas…”.
Por si algo faltara, el artículo 197, ordena a los concesionarios de telecomunicaciones: “Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes.” Como puede verse, los márgenes para la actuación discrecional son muy amplios, puesto que dan manga ancha a una “autoridad” que no se precisa, para ejercer la censura en eventos “críticos”.
Se pretende, lisa y llanamente, pasar por encima de la Constitución, que establece que: “Toda persona tiene derecho a la libre información veraz, plural y oportuna… (Artículo 6); y que “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares… (Artículo 7)”. El mal aliento del ogro es inocultable en la iniciativa de Peña Nieto.
Extranjeros dominan contenidos de televisión de paga en México
El FInanciero
Ramiro Alonso
7 abril 2014
Mientras que en Estados Unidos la batalla de los operadores de televisión se libra en el terreno de los contenidos, en México el 80 por ciento de este segmento está controlado por firmas extranjeras.
Pese a esto, en la iniciativa de Ley Secundaria de Telecomunicaciones del Ejecutivo federal no se contemplan incentivos para los productores nacionales. Time Warner, Comcast, Disney, 20th Century Fox y Viacom son los cinco grandes productores de contenidos estadounidenses que dominan las pantallas de la televisión nacional restringida.
En México, un mercado de 120 millones de consumidores, estas empresas proporcionan más del 80 por ciento de la programación por suscripción disponible vía cable, satélite y operadores de banda ancha, de acuerdo con Association of Programmers Latin America (TAP).
Este organismo agrupa a productores de contenido de más de 120 canales en América Latina a través de películas, programas noticiosos, deportes y de entretenimiento vía empresas de televisión por cable y satélite.
En el proyecto de Ley secundaria del Ejecutivo federal se propone que los concesionarios de radiodifusión cubran con producción nacional cuando menos un 20 por ciento de su programación, lo cual ya sucede.
“La Ley establece que los concesionarios deberán aprovechar y estimular los valores artísticos locales y nacionales y las expresiones de la cultura mexicana, de acuerdo con las características de su programación”, se expone en el documento entregado al Congreso de la Unión en las últimas semanas.
Gustavo Pupo-Mayo, presidente del consejo directivo de Association of Programmers Latin America, comentó que los programadores de Estados Unidos apoyaron el crecimiento de la TV de paga hace más de 20 años, época en la que su desarrollo era ínfimo.
“Apoyamos al negocio y creo que hemos ayudado a crecer la TV de paga en México como una opción más al televidente. Nosotros somos quienes más hemos invertido en la televisión de paga”, consideró el directivo.
Incluso en el caso de la TV abierta, su programación depende en un 40 por ciento del abastecimiento del extranjero, de acuerdo con Francisco Vidal Bonifaz, especialista en el tema. “Ahora hasta vemos las novelas producidas por Telemundo, en español”, indicó.
El experto externó su preocupación de que la industria de las redes móviles se pueda convertir en una seria condena para la industria mexicana y que se presente una suerte de neocolonialismo en el ámbito de la cultura.
Por otro lado, Vidal Bonifaz explicó que en el 2012 de los 319 estrenos de películas en cines mexicanos sólo 67 fueron filmes mexicanas, lo cual también refleja el limitado incentivo para los productores de contenidos nacionales o locales. Lejos de que los operadores de televisión restringida busquen incluir a su oferta contenidos nacionales, cada vez hacen más alianzas con los productores internacionales, incluso, para aprovecharlos en plataformas móviles.
Un ejemplo de esto, es la telefónica Axtel que en su primer año en el negocio de televisión fue capaz de hacerse de más de 60 mil clientes. La firma de telecomunicaciones con oficinas corporativas en Monterrey ofrece internet, es proveedora de televisión de paga y de soluciones TIC (Tecnologías de Información y Comunicación).
Gobierno, salte de mi Twitter, de mi Facebook, de mi e-mail…
Animal Político
8 de abril de 2014
Hasta yo con mis hijas tengo mis límites y ya saben cómo me las gasto. Señores representantes, ni ustedes son nuestros padres (y en este caso, unos padres bastante autoritarios) ni los ciudadanos somos sus críos para que nos condicionen derechos constitucionales con su Ley de Telecomunicaciones.
Mis hijas adolescentes tienen cuenta de correo electrónico desde hace dos años. Facebook, desde hace año y medio. Cuenta de Twitter, desde septiembre pasado. Los celulares de ambas están llenos de las aplicaciones conocidas (WhatsApp, Vine, Instagram) y de decenas que me faltan por conocer (acabo de enterarme que una de ellas tiene tumblr… que no me atrevo a leer #dior).
El acuerdo con ellas es que siempre nos den a conocer sus claves de acceso y que nunca escriban nada a nadie que no le puedan decir en persona… incluidos sus padres ¬¬. Juro que no las obligué a agregarme como amiga en el feis o a seguirme en tuiter (deveritas) y constantemente las monitoreo. No intervengo en sus conversaciones a menos que me inviten, y jamás en sus debates existenciales (vulgo: pleitos adolescentes) así me inviten. Obvio, que no meta mi cuchara no significa que no me sepa tooodas las historias, porque leo hasta sus mensaj… digo, ellas me cuentan.
El uso de las redes sociales está sujeto al cumplimiento de dos reglas básicas de casa: buenas calificaciones y bajo nivel de rezongue a la hora de hacer las tareas domésticas que les corresponde o cualquier otra cosa que sus sacrosantos padres les pidamos. Nada que un adolescente no pueda cumplir, ¿qué no?
Son nuestras hijas, nuestra responsabilidad, nuestros acuerdos de familia. Ora entonces, ¿cuándo adoptamos en esta casa al presidente de la República? ¿Al líder del Senado? ¿Al secretario de Comunicaciones y Transportes? ¿Al senador panista Javier Lozano? ¿Por qué suponen que pueden venir y anunciarnos que a partir del 30 de abril harán censura previa de lo que feisbuqueamos, tuiteamos, instagrameamos y, ya entrados en gastos, de lo que se publica en los portales informativos? ¿Que podrán almacenar nuestros datos personales sin orden judicial? ¿Que podrán bloquear la señal en zonas determinadas cuando así lo consideren pertinente e impedirnos reportar lo que sucede en las calles, en las marchas, en la esquina de nuestra casa, en nuestras ciudades?
Hasta yo con mis hijas tengo mis límites y ya saben cómo me las gasto. Señores representantes, ni ustedes son nuestros padres (y en este caso, unos padres bastante autoritarios) ni los ciudadanos somos sus críos para que nos condicionen derechos constitucionales porque no les gusta lo que rezongamos ni cómo lo hacemos. Diversos actores y organizaciones especialistas en el tema de telecomunicaciones ya nos han adelantado la regresión contenida en lainiciativa de leyes secundarias enviada por Enrique Peña Nieto -que en estos días se discute en el Senado- y con la cual pretenden controlar Internet en detrimento de los ciudadanos.
No necesito decirles el tamaño de la afectación. Cuéntenme ustedes qué no hacen por medio deInternet. Ahí está nuestra vida: datos de contacto, chats personales, fotos, videos, transferencias interbancarias, investigaciones, estudios, series favoritas y, sobre todo, la libertad de hacer y decir lo que nos venga en gana. Es nuestra herramienta de trabajo, de debate, de entretenimiento. Es nuestra voz. Y nos la quieren quitar.
No lo permitamos. Activistas y organizaciones han convocado para este jueves 10 de abril, a las 18:00 horas, una marcha de protesta que partirá de Televisa Chapultepec al Senado de la República. El viernes 11 de abril, a las 11:00 horas, se constituirá en el Teatro de la Ciudad elFrente Popular por la Comunicación Democrática, el cual promueve un debate para que los legisladores escuchen las inconformidades y las impugnaciones de la sociedad civil a la iniciativa, y ésta pueda ser modificada.
Son apenas dos acciones, pero podemos hacer más. Nos quedan 23 días antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones y sean aprobadas las leyes secundarias de Telecomunicaciones. Somos una democracia en construcción y, como bien dice mi amiga @LaLore04, ustedes perdonarán señores representantes las molestias que ello les ocasiona.
La tecnología ha avanzado lo suficiente para que nuestros hijos no sepan cómo usar un teléfono de disco. En lo que a nosotros corresponde haremos lo necesario para que así sigan, con todo lo que ello implica. Finalmente, a nuestras criaturas las podremos censurar sus padres (si se dejan), pero no el gobierno. Que de nuestra cuenta corra.
CDHDF, también contra regulación a internet; OSC anuncian marcha en rechazo
Animal Político
8 de abril de 2014
Rafael Cabrera
La Comisión que preside Perla Gómez aseguró que el proyecto de Ley que discuten los senadores “contiene disposiciones que son contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución mexicana, así como en los distintos tratados internacionales en la materia que obligan a todas las autoridades del Estado mexicano”.
Mientras la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) se sumó ayer contra la iniciativa de Leyes de Telecomunicaciones que plantea ampliar el control gubernamental sobre internet, organizaciones de la sociedad civil anunciaron a través de redes sociales la realización de una marcha en protesta el próximo jueves 10 de abril a las 18:00 horas, de las instalaciones de Televisa Chapultepec hacia la sede del Senado.
La Comisión que preside Perla Gómez aseguró que el proyecto de Ley que discuten los senadores “contiene disposiciones que son contrarias a los derechos humanoscontenidos en la Constitución mexicana, así como en los distintos tratados internacionales en la materia que obligan a todas las autoridades del Estado mexicano”. Además, es contraria a la reforma constitucional en la materia, aprobada el año pasado.
“La propuesta legislativa vulnera la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, establece controles ilegítimos a medios de comunicación públicos y sociales, introduce mecanismos de censura previa, retira facultades especiales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, carece de perspectiva de género, amenaza la privacidad de las personas y controla el Internet, afectando los derechos que se ejercen de manera digital en este espacio”, advirtió la CDHDF.
Entre los puntos que incluye la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto están elbloqueo de señal en eventos o áreas determinadas bajo el argumento de la seguridad nacional; que los proveedores de internet censuren de forma previa contenido; fin al principio de neutralidad de internet y que se almacenen de forma indeterminada y sin orden judicial mediante los datos de los usuarios.
Ayer, el Colectivo Internet Para Todos y la Red en Defensa de los Derechos Digitaleslanzaron una convocatoria a través de redes sociales para una marcha en contra de la iniciativa de Ley. Los datos de la marcha pueden seguirse a través de las cuentas de Twitter@netparatodosmx y @r3dmx, así como con los hashtags #InternetParaTodos y #NoMásPoderAlPoder. La marcha, además, es respaldada por organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19, Propuesta Cívica, Cencos y Más de 131, entre otras.
La semana pasada, especialistas en derechos humanos y digitales se pronunciaron en contra de la iniciativa durante un foro realizado por la Comisión de Telecomunicaciones del Senado. Los abogados Luis Fernando García (@tumbolian) y Jesús Robles Maloof (@roblesmaloof), junto con la académica María Elena Meneses (@marmenes),calificaron la propuesta presidencial como un retroceso.
Entre las observaciones hechas por la CDHDF a la propuesta están el artículo 197, fracción VII, que permitirá “bloquear, inhibir o anular servicios de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional”.
“Este tipo de disposiciones están prohibidas por la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet de los relatores de libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, señaló la Comisión.
Vladimir Chorny (@VladimirChorny1), integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales y relator por la libertad de expresión de la CDHDF, señaló en entrevista: “El Gobierno federal no ha podido controlar las calles ni el internet. Con esta propuesta, busca acallar voces críticas en la red bajo el argumento de la seguridad nacional. De aprobarse, sería un grave retroceso democrático”.
Homo Zapping
Jenaro Villamil
8 de abril del 2014
Bajo el lema “No más Poder” un grupo de intelectuales, artistas, políticos, comunicadores y funcionarios encabezados por el senador del PAN, Javier Corral, y el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas convocan a la formación de un Frente por la Comunicación Democrática que critica y rechaza el contenido de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, enviada por el Ejecutivo Federal. En paralelo, el Consejo Nacional del PRD acordó el fin de semana rechazar también la iniciativa por ser un “proyecto claramente inconstitucional” y por ir en contra de la reforma constitucional aprobada en 2013.
El comunicado “La Contrarreforma en Telecomunicaciones de Peña Nieto” ha sido firmado, hasta ahora, por escritores e investigadores como Elena Poniatowska, Fabrizio Mejía, Ricardo Raphael, Sergio Aguayo, así como los comunicadores Virgilio Caballero, Javier Esteinou, Alma Rosa Alva de la Selva, Elisa Alanís, Olivia Zerón, políticos como Manue Camacho Solís, Alejandro Encinas, Purificación Carpinteyro, Laura Rojas Hernández, Tatiana Clouthier, Ernesto Ruffo Appel. También convocan a este frente Javier Sicilia, Daniel Giménez Cacho, Gael García, Mony de Swaan, Esteban Volkov Bronstein, Clara Jusidman, Daniel Gershenson, Alfredo Figueroa y Agustín Ramírez.
El frente considera que la iniciativa de Peña Nieto “traiciona” la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión porque “atenta en varias disposiciones contra derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de información, acceso a tecnologías de la información y comunicación, privacidad de las comunicaciones, libertad de asociación”.
Advierten que la iniciativa presidencial “no promueve una competencia efectiva en los servicios de radiodifusión” y “deja intocado el duopolio de televisión abierta y le permite a Televisa seguir concentrando en la televisión de paga”. Critican que la iniciativa presidencial “pretende invadir facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones que la Constitución le otorgó de manera exclusiva” para garantizar “el control gubernamental”.
Asimismo, “ignora por completo los lineamientos establecidos en la reforma constitucional para impulsar un sistema de medios público democrático, con independencia editorial y opciones de financiamiento”. La convocatoria a integrarse al frente se mantiene abierta para quienes decidan firmar el llamado para constituirse el próximo 11 de abril en el Teatro de la Ciudad.
Rechazo del Consejo Nacional del PRD
Por su parte, la senadora Dolores Padierna informó en un comunicado que el VII Pleno del Octavo Consejo Nacional del PRD acordó rechazar la iniciativa de Peña Nieto porque “forma parte de un plan general de recentralización del Poder Ejecutivo Federal” y, de aprobarse, “pondrían en grave riesgo la libertad de expresión, el libre acceso a internet, la autonomía del IFT y el futuro de la radio no comercial”.
El resolutivo del Consejo Nacional del PRD cita varios ejemplos de “inconstitucionalidad” de la iniciativa, sobre todo, violaciones a los artículos 6 y 28, así como la pretensión de crear una “supersecretaría” en la Secretaría de Gobernación que, además de sus funciones actuales, vigile contenidos de radio y televisión, controle medios públicos y tenga atribuciones en materia de publicidad y geolocalización.
“El Consejo Nacional del PRD rechaza la intención del gobierno de Enrique Peña Nieto de acelerar, a través de la letra chiquita, una forma constitucional que puso los derechos ciudadanos por encima de los intereses de las corporaciones mediáticas y las telecomunicaciones”, concluye el resolutivo.
Suma apoyo oposición a iniciativa en telecom
Reforma
Jose David Estrada
7 abril 2014
La iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del Gobierno federal sumo nuevos opositores.
Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, y el senador panista Javier Corral presentaron ayer sus apoyos para la constitución del Frente por la Comunicación Democrática.
Con ese colectivo, ambos personajes buscan enfrentar la iniciativa enviada al Senado por el Ejecutivo federal.
En un documento enviado a los medios de comunicación, se presenta una lista ampliada de los convocantes a la constitución del frente, que se llevará a cabo el próximo 11 de abril en el Teatro de la Ciudad, en la capital del País.
En el grupo de 48 personas aparecen los académicos Sergio Aguayo y Denise Dresser, el ex consejero Alfredo Figueroa, la diputada Purificación Carpinteyro y los actores Gael García Bernal y Daniel Jiménez Cacho.
También convocan Manuel Camacho Solís, los escritores Fabrizio Mejía y Elena Poniatowska, los senadores Ernesto Ruffo, Layda Sansores y Alejandro Encinas, el activista Javier Sicilia, el ex titular de la Cofetel, Mony de Swaan, y algunos integrantes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), entre otros.
“Los principios fundamentales de la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión son traicionados por la iniciativa Peña Nieto.
“Estos apuntaban a un verdadero cambio en el paradigma del modelo de comunicación imperante hasta la fecha, sin embargo, en la iniciativa no sólo no se reflejan, la mayoría quedan reducidos o francamente negados”, señala el comunicado enviado por el frente.
El escrito detalla siete faltas de la iniciativa de Peña Nieto.
Dicha propuesta, afirman, atenta contra los derechos fundamentales de la libertad de expresión, deja intocado al duopolio Televisa-TV Azteca, no limita la concentración de frecuencias y pretende invadir facultades que la Constitución le confirió al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
También, afirman, invade esferas en materia electoral, pospone la transición a la Televisión Digital Terrestre e ignora los lineamientos establecidos en la reforma para impulsar un sistema de medios públicos democráticos. “En los modelos públicos y de uso social se encuentra el verdadero equilibrio y contrapeso al modelo mercantilista de la radiodifusión”, apunta el documento.
Cárdenas y Corral llamaron el pasado 29 de marzo a crear un frente plural de rechazo a la iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto en la materia. “Coincidimos en la necesidad de llamar a los más diversos actores políticos y sociales a denunciar y combatir esta traición al espíritu de la reforma constitucional en sus principales objetivos, una especie de frente ciudadano amplio plural que haga conciencia la sociedad sobre las enormes pérdidas que representan su aprobación”, dijo ese día Corral.
El Senado discute en la actualidad la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión con la que se pretende aterrizar la reforma constitucional aprobada por el Congreso. Además de esa legislación, los senadores están inmersos en la designación de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), las leyes secundarias de la reforma política, la dictaminación de la Ley de Competencia y la Ley de Pensión Universal, enviadas por la Cámara baja.
Sin Embargo
David Martínez Huerta
8 de abril de 2014
Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).– Gisela Martínez, miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) región México, denunció que la iniciativa para crear para crear la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no responde a las necesidades económicas de sus espacios y se olvida de las radiodifusoras indígenas y comunitarias. Peor aún, remarcó, hace a un lado la urgente regulación para que autoridades estatales y municipales dejen de criminalizar a los propios medios comunitarios. “Pedimos que en las reformas espejo que se hagan, se deje de criminalizar a los comunicadores y comunicadoras comunitarias”, sostuvo la asesora jurídica de AMARC en entrevista para SinEmbargo. Al ser cuestionada sobre la forma en que la iniciativa peñista impactará a las radios indígenas y comunitarias, Gisela Martínez consideró que ésta priva a los espacios comunitarios del financiamiento necesario para existir. Pero no sólo eso, la nueva norma no contiene ninguna disposición para evitar las detenciones arbitrarias que han ocurrido en Michoacán, Veracruz, Puebla y Nuevo León, entre otros estados del país. La Ley Federal de Bienes Nacionales dice que hacer uso del espectro radioeléctrico sin permiso es un delito, que se sanciona de dos a ocho años de prisión. “No son delincuentes quienes abren una radio, sino que están ejerciendo un derecho a la libre expresión, como lo han dicho la ONU [Organización de las Naciones Unidas] y la OEA [Organización de Estados Americanos]: abrir una radio es darle voz a los marginados. Cerrar las radios y criminalizarlos es atentar contra la libre expresión, sobre todo porque no hay un procedimiento claro y expedito en donde te diga cómo poder obtener una licencia”, agregó Gisela Martínez. La especialista se refirió concretamente a tres casos de comunicadores que están bajo procedimientos penales o incluso fueron sentenciados, por abrir una radio comunitaria, pero hay muchos más. Por ello detalló el caso de Paola Ochoa y Juan José Andrade de Radio Diversidad, en Paso del Macho, Veracruz. Tanto la locutora como el director fueron sentenciados a dos años de prisión, pago de multas respectivas y la inhabilitación de sus derechos civiles y políticos, mientras durara la sentencia. No obstante, gracias a la intervención de sus abogados, la pareja pudo recibir un amparo y sólo Andrade pisó la cárcel durante unos cuantos días. El otro caso es el de Héctor Camero de Tierra y Libertad, de Monterrey, Nuevo León. Durante dos años pidió permiso a las autoridades para abrir su radio comunitaria. Nunca se le dio respuesta, por lo que empezó a transmitir para hablar de las necesidades que hay en su comunidad. “Estas radios comunitarias son foros, de repente en donde la gente llama pidiendo un saludo y acaba denunciando las condiciones de su calle o de su colonia, y eso incomoda a las autoridades y por ese motivo, muchas radios son denunciadas y son cerradas”, explicó La persecución contra las radios comunitarias no sólo se da en el ámbito detenciones. Se hace desde que se les denominan “ilegales” o “piratas”, a pesar de que muchas de ellas operan bajo la figura del permiso, y cuando no es así, es por los vacíos legales que existen en la Ley. Por lo que Gisela Martínez, asesora jurídica de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, región México, pidió que en la discusión de las leyes secundarias de la Reforma en Telecomunicaciones se garantice la existencia de medios indígenas y comunitarios, en condiciones de equidad y no discriminación, tal y como recomienda la ONU y la OEA. SEGOB VS. LIBERTAD DE EXPRESIÓN La iniciativa en materia de telecomunicaciones fue enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto al Senado de la República el pasado 24 de marzo. Contenía iniciativas para crear la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México. Los nuevos ordenamientos deberían mantener el espíritu de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en junio del año pasado. No obstante, expertos y académicos advirtieron que esto no es así. Para María Eugenia Valdés Vega, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la iniciativa atenta de forma grave contra la libertad de expresión, al colocar poderes excesivos a la Secretaría de Gobernación (Segob) sobre el monitoreo y vigilancia de contenidos. “Realmente es una cuestión muy peligrosa que pase esta iniciativa porque tiene un tufo ‘echeverrista’, ni siquiera es del PRI neoliberal, es del PRI más autoritario, el que venía de [Luis] Echeverría y [José] López Portillo, cuando ya estaba tan deslegitimado que tuvo que volverse autoritario”. Advirtió la profesora del Departamento de Sociología de la UAM, Unidad Iztapalapa. La fracción séptima del Artículo 128 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, explicó, se faculta no al Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino a la Secretaría de Gobernación para “vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los limites señalados en esta Ley, de respeto a la vida privada, a la dignidad personal, la moral y no ataquen los derechos de terceros, ni provoque la comisión de algún delito o perturben el orden público”. La especialista destacó que este artículo va en contra de la reforma constitucional que ordenaba en los artículos sexto y séptimo de la Constitución que le daba al Ifetel toda la tarea de normar estos dos artículos que garantizan la libertad de expresión y el derecho de la información; así como la libertad de difundir opiniones a través de cualquier medio. Recalcó que la vigilancia de Segob afectará a todos los medios de comunicación, pero lo hará de forma muy dramática en las radios comunitarias e indígenas, pues en muchas ocasiones éstas son los únicos medios de expresión de los pueblos originarios. “Si hay denuncias contra los presidentes municipales, etcétera, seguramente van a ser acallados y serán enviados a la cárcel, como ya ocurre en Veracruz, donde son sonados algunos casos y denunciadísimos”, alertó la especialista. La doctora en sociología se pronunció porque la comunicación comunitaria, esté normada de acuerdo con todos los estándares internacionales de derechos humanos, de libertad de expresión y de buenas prácticas que ha habido en otros países como Francia, Argentina y Colombia. EL FINANCIAMIENTO
Los nuevos ordenamientos dividen a en cuatro sectores a los medios de comunicación para otorgarles concesiones: comerciales, públicos, privados y para uso social. En el último rubro se localizan a las radios indígenas y comunitarias ya que sus propósitos son: “culturales, científicos, educativos o a la comunidad, sin fines de lucro”. Esta categorización fue rechazada por los propios medios pues, entre otras restricciones, les impedirá obtener financiamiento privado. “Lo primero que niega es que tengamos sostenibilidad económica, es decir que podamos transmitir publicidad. El argumento es que los medios comunitarios somos medios sin fines de lucro. Notros decirnos ‘es cierto, no vamos a lucrar con la señal’, pero necesitamos sostenernos. ¿De dónde creen que se paga la luz para que el transmisor pueda funcionar?”, dijo Gisela Martínez, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Consideró un grave error englobar a las radios comunitarias como medios públicos, porque en todos los casos éstas son financiadas por la propia comunidad. Por lo que incluso mantener una radio de 3 watts de potencia se convierte en un proyecto difícil de costear. “Lo que buscamos es que se pueda acceder a recursos para que las radios puedan tener una sostenibilidad mínima. Además repercute con otro tema, y es que viene ya la transición digital, lo cual significa que las radios tienen que comprar nuevos equipos y esos equipos están carísimos. Estamos hablando incluso de un millón de dólares, ¿de dónde van a sacar las comunidades tanto dinero?”, sostuvo la asesora jurídica de AMARC. DEFIENDEN MEDIOS INDÍGENAS Diputados federales de diversas fracciones parlamentarias plantearon la urgencia de que en la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión mantenga el espíritu de constitucional a fin de que establezca condiciones para que “los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen”. El Diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideró que por lo menos 15 millones de mexicanos son silenciados y desconocidos en la iniciativa de Peña Nieto, que da preponderancia a los grandes monopolios de la comunicación. La nueva norma, destacó, tiene un vacío legislativo que no permite ejercer el derecho humano de la comunicación indígena, para privilegiar los intereses económicos de los monopolios, así como su cerco informativo y de producción audiovisual. “Nos preocupa que el tema de los pueblos indígenas siga siendo un tema ausente respecto a los medios de comunicación, a las concesiones, al contenido que deben guardar las telecomunicaciones públicas o privadas, que no se especifica la obligación para destinar un porcentaje de su tiempo a promover, a difundir la composición pluricultural o bilingüe de la nación mexicana”, precisó el legislador por Guerrero. El Diputado Carlos de Jesús Alejandro adelantó que esta semana, junto con la Diputada Purificación Carpinteyro Calderón, presentará en conferencia de prensa con senadores perredistas y de otras fracciones parlamentarias, un escrito en donde plantean sus propuestas para fortalecer el derecho de los pueblos indígenas a operar y administrar sus propios medios de comunicación. Los senadores que han mostrado sensibilidad a sus demandas son los perredistas Dolores Padierna Luna y Zoé Robledo Aburto, así como el panista Javier Corral Jurado. Entre sus propuestas se encuentra otorgar mayor flexibilidad para las concesiones de radiodifusión y las telecomunicaciones indígenas y comunitarias, así como la creación de una figura que garantice el cumplimiento de las disposiciones constitucionales. “Que exista un ombudsman que vigile y garantice que se dé cumplimiento al derecho de los pueblos indígenas a los medios de comunicación, al espectro radiológico, a las concesiones, a los recursos suficientes que el estado tiene que garantizar, pues los pueblos indígenas no podemos competir con los grandes monopolios para tener las concesiones de las radios indígenas”, adelantó. Aquí los planteamientos de la propuesta que presentarán esta semana ante senadores de las comisiones dictaminadoras de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Que se reconozcan las reservas del espectro para los medios de radiotelecomunicación indígena y afromexicana, para asegurar la infraestructura y así como favorecer condiciones equitativas de acceso a las concesiones que diferencien las realidades distintas de los medios privados no comerciales. Un marco legal claro, preestablecido, preciso y razonable que reconozca la especificidad de los medios de comunicación indígena y afromexicana, con procedimientos sencillos y accesibles. Nos oponemos a restarle facultades al IFETEL, y que se plantee que sea la Secretaría de Gobernación, de Hacienda y Comunicaciones, quienes emitan opinión para el otorgamiento de los permisos no comerciales en razón del uso de la discrecionalidad política. Integrar un representante de los pueblos indígenas y afromexicanos al Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL). Crear del ombudsman de las audiencias con naturaleza de órgano constitucional autónomo, que vigile los contenidos de los medios de comunicación y con capacidad sancionadora cuando algún medio de comunicación (radio, TV, prensa, medios digitales) viole los principios y derechos constitucionales, así como la función social, cultural y educativa que deben tener los medios de comunicación privados y públicos. Crear un canal nacional de televisión y una emisora nacional que fomenten el respeto de la diversidad cultural y lingüística, la cosmovisión, conocimientos, saberes y los valores de los pueblos indígenas y afromexicanas. Que los medios de radiotelevisión privada y públicos, incorporen programación indígena en sus emisiones con contenidos culturales acordes al contexto sociolingüístico y cultural de los usuarios de los medios de comunicación indígena y afromexicanas. Impulsar acciones encaminadas a desarrollar y utilizar tecnologías para la conservación del acervo natural y cultural, de los pueblos indígenas y afromexicanos. Promover tecnologías y programas de investigación y desarrollo en ámbitos de traducción, iconografía, servicios asistido de voz, desarrollo de equipos necesarios y diversos tipos de modelo de programas informáticos dirigidos a pueblos indígenas y afromexicanos. Respaldar proyectos que combinen el uso de medios de comunicación tradicionales y nuevas tecnologías para facilitar los idiomas indígenas, para elaborar, documentar, preservar y utilizar eficazmente legados como la diversidad biológica, conocimientos tradicionales y medicina.
El Universal
Alejandro Encinas
8 de abril de 2014
La presentación de la iniciativa presidencial en materia de telecomunicaciones y radiodifusión ha centrado el debate en la regresión que ésta representa respecto a la reforma constitucional que buscaba establecer condiciones de competencia en telefonía, radio y televisión, y que lejos de garantizar condiciones de cobertura universal, interconexión, convergencia y acceso libre, a partir de los principios de igualdad, pluralidad y veracidad de la información, merma las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones y debilita los derechos de réplica y de las audiencias, sin salvaguarda alguna para la privacidad de los ciudadanos.
Mantiene la supeditación gubernamental de los medios públicos al negarles su independencia editorial y su autonomía de gestión, y margina a los medios comunitarios e indígenas al negarles opciones de financiamiento, el acceso a tecnologías y reglas claras para la expresión de la diversidad ideológica, étnica y cultural del país. Asimismo, restringe la libertad de expresión en Internet y reproduce algunas de las medidas que diversos gobiernos autoritarios en el mundo quieren imponer al libre tránsito de documentos y opiniones en la red, obligando a los proveedores de estos servicios a bloquear el acceso a determinados contenidos a petición de usuarios o de cualquier autoridad sin necesidad de orden judicial. A la par, las reformas constitucionales que siguieron a la reforma laboral de Felipe Calderón han emprendido un embate contra los trabajadores y sus sindicatos.
Primero fue la persecución al Sindicato Minero Metalúrgico, que allanó el camino para concesionar a particulares la tercera parte del territorio nacional, quienes realizan un verdadero saqueo de los recursos minerales del país. Más adelante la liquidación de Luz y Fuerza del Centro pretendió liquidar al Sindicato Mexicano de Electricistas. La reforma educativa significa la eliminación de las condiciones de trabajo del magisterio al crear el Instituto de Evaluación Educativa que asumirá el ingreso, promoción y permanencia de los maestros en su empleo. La reforma energética y la conversión de Pemex y CFE en empresas productivas del Estado, implicará la disolución de contratos colectivos nacionales de los sindicatos petrolero y electricista, y la fragmentación de la industria energética en empresas públicas, privadas y mixtas que impondrán sus propias condiciones de contratación. Ahora toca a los telefonistas. A través de la legislación secundaria en telecomunicaciones se pretende desmantelar su fuente de trabajo sin considerar el interés de los trabajadores.
Como expusiera en el Senado Francisco Hernández Juárez: “La nombrada segunda Ley Televisa confirma el imperio de los poderes fácticos en nuestro país y ratifica el predominio de aquéllos que manipulan la información, los contenidos y el pensamiento de los mexicanos, de aquéllos que por décadas han impedido la diversidad, la crítica, el disenso y que pervierten el sentido de la democracia… La competitividad de las empresas del sector no puede ni debe sustentarse en el demérito de los derechos de sus trabajadores. Por el contrario, la contratación colectiva auténtica y la libertad sindical son la base de la profesionalización, la productividad laboral y de la modernización de las telecomunicaciones y la radiodifusión”.
No se trata de defender el abusivo monopolio ni la riqueza desmedida de Carlos Slim. El asunto es otro. Más allá de las disputas entre la oligarquía mexicana, los trabajadores enfrentan una estrategia, que a la par de la entrega de los recursos naturales de la Nación busca desmantelar a los sindicatos y sus conquistas laborales.
El Universal
Alberto Aziz Nassif
8 de abril de 2014
Ya pasaron los vientos reformadores del gobierno de Peña Nieto, ahora llegan las negociaciones a conveniencia para que las cosas queden más o menos igual que antes. Todos los días se ve que el PRI de siempre es el que ha regresado a Los Pinos; poco a poco se ha caído el barniz de cambio y se han descarapelado los impulsos iniciales del sexenio. ¿Dónde quedó la transformación del poder y la recuperación de lo público?
Lo que suda la clase política, en el Congreso y en las cúpulas partidistas, es pragmatismo puro: quién se queda con cuáles posiciones y a cambio de qué, es decir, el juego perverso de ganar a costa de los intereses generales, de la autonomía real de las instituciones como el INE y el IFE; de la regulación democrática de los medios y las telecomunicaciones, a la cual se le ha metido una reversa espectacular. Las promesas de cambio han saltado por los aires en pedazos y las ventanas de oportunidad se han empezado a cerrar. Mientras tanto, los problemas que le importan a los ciudadanos quedan en suspenso otra vez: la inseguridad y el crimen persisten y el gobierno hace parches; el salario cada día alcanza menos porque seguimos con aumentos risibles por debajo de la inflación; el reciente Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (INEGI), muestra un panorama que debería darles vergüenza a los funcionarios y legisladores, con miles y miles de escuelas en ruinas, mientras importantes cantidades del gasto público se siguen dilapidando. ¿Cómo es posible que haya en el país más de 36 mil escuelas sin agua, más de 20 mil sin baño, más de 18 mil sin luz, más de 123 mil sin internet? Esa precariedad en medio del lujo de legisladores y partidos. Quizá con un solo año del financiamiento público de los partidos se puedan arreglar esas miles y miles de escuelas. Quizá sin moches, sin fraudes como el de Oceanografía, quizá con un mes de gasto publicitario de los gobernadores, hace años que se hubieran podido reparar esas escuelas.
Seguimos metidos en los mismos cuentos de siempre, la autosatisfacción de una clase política que responde a sus intereses y a los de sus patrocinadores, que ha perdido la brújula y la credibilidad de la representación. El bajísimo aprecio de los ciudadanos por los partidos, legisladores y funcionarios, es sólo una muestra de esa crisis. Se cambian las reglas en la Constitución y después se regresa a los viejos tiempos mediante las leyes secundarias. La contra-reforma en telecomunicaciones y radiodifusión es un cuento que ya conocemos. Como lo ha señalado la AMEDI, algunos legisladores, organizaciones y especialistas, la iniciativa de Peña Nieto es contraria a la reforma constitucional y violenta la garantía de los derechos de libre expresión e información; se debilita al regulador (el Ifetel) y se le supedita al gobierno federal, a Gobernación y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; los tiempos del Estado quedan a negociación con los concesionarios; se ignoran por completo los derechos de las audiencias; se disminuye la importancia de los medios públicos y comunitarios; se diluyen la competencia por límites a la concentración y a la propiedad cruzada, por trucos para aplicar los criterios de preponderancia, en suma, la ley para las telecomunicaciones y la gracia para el duopolio. Se protege otra vez a las televisoras.
Por otra parte, falta todavía la legislación secundaria de la reforma político-electoral, pero por lo pronto el paso del IFE al INE tuvo su marca de nacimiento en las cuotas partidistas de los consejeros, salvo excepciones. Cuotas hasta para los plazos de duración y el escalonamiento de los cargos. Pero los legisladores nos quieren marear con el cuento de la autonomía. Se trataba de quitarles a los gobernadores el control de los organismos electorales, pero no para trasladarlo a los partidos y sus cuotas.
Regresa el PRI de siempre al poder: hay casos terribles como el del DF (Cuauhtémoc Gutiérrez) y el de Michoacán (Jesús Reyna). Un gobierno que se presentó como reformador, pero que quiere controlar contenidos, disminuir la autonomía de las instituciones y proteger intereses particulares. Los tiempos del gatopardismo…
El Universal
Desbalance
8 de abril de 2014
*Oportunidad con Francia*. La iniciativa privada y en el especial el Consejo Empresarial de Comercio Exterior (Comce), que preside *Valentín Díez Morodo*, están muy activos preparando una sesión de trabajo con los empresarios franceses que acompañarán al presidente de Francia, *François Hollande*, en su visita a México. Traen en la agenda diversos temas que mejorarán el comercio bilateral, entre ellos un proyecto para exportar más aguacate mexicano.
*Preocupación española*. *Carlos López Blanco*, director global de asuntos públicos de Telefónica, viajó de España a México para entrevistarse con legisladores y autoridades mexicanas ante la inminente aprobación de la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones. Este lunes, el directivo se reunió con senadores y con *Ignacio Peralta*, subsecretario de Comunicaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT). Hasta ahora, la preocupación de Telefónica México se enfoca en la eliminación de la tarifa de interconexión, con lo que ya no pagaría nada a Telcel, sin embargo, hay que recordar que la empresa demandó al Estado mexicano por disminuir dicha tarifa.
*Conclave plastiquero*. Hoy (8 de abril) saldrá humo blanco en la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac), que elegirá a su nuevo presidente para el periodo 2014-2016, en donde el empresario *Francisco de Caso*, de Minigrip, se perfila como el favorito para encabezar al organismo, ya que durante el último mes diversos organismos como Canacintra, Pemex, Braskem Idesa, Petstar, Rotoplas y Dow Química respaldaron la candidatura de este personaje. Así, los más de 200 empresarios con derecho a voto en la Anipac, saben de la trascendencia de las elecciones por el impulso que se le tiene que dar a la industria de cara a la Reforma Energética y las nuevas inversiones en petroquímica, mismas que podrían sumar más de 5 mil millones de dólares en los próximos cuatro años.
*Demandas de Deacero*. La empresa Deacero, que preside *Raúl Gutiérrez Muguerza*, libra dos batallas. Una, su demanda para que se investigue la malla china que entra al país con subsidios y la que inició por incumplimiento de contrato contra los hermanos *José Ramón *y *Luis Álvarez Bilbao* y su esposa *María Teresa de Jesús Sainz Fernández,* quien por cierto, es hermana de uno de los accionistas de Mabe. La queja se presentó en el Juzgado 8 de Monterrey, en donde se están presentando diversas pruebas. Por ahí se supo que los tres demandados, que son dueños de Alumoclad, se quedaron sin luz porque también enfrentan una denuncia penal por robo de energía eléctrica, luego de que la CFE interpuso un recurso legal.
El Occidental y El Sol de México
Organización Editorial Mexicana
8 de abril de 2014
ENTRE LÍNEAS.- Los coordinadores del PRI en las bancadas de San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, y en el Senado, Emilio Gamboa, intentarán que las leyes secundarias de las reformas constitucionales en materia de Telecomunicaciones y Energética, encuentren el consenso del PRD para ser aprobadas en este periodo ordinario de sesiones, pero de no ser hacen cuentas y suman votos.
En el caso de la Energética, no hay problema: con los del Verde, del Panal y parte del PAN, saldrá. La otra podría tener cierto grado de dificultad porque el PAN se opone a ciertas restricciones contra las empresas dominantes.
Pruebas de fuego para los coordinadores parlamentarios de dos partidos: PRI y PAN.
CUCHICHEOS.- Escuchado en el desayunadero político de Reforma:
“¿Por qué será que Jesús Zambrano pide que se investigue a fondo el gobierno de Fausto Vallejo pero nada dice de los que encabezaron Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel?”.
Pues sí, la pregunta es buena porque los problemas de Michoacán, de La Familia, de Los Templarios del resto de los cárteles, no comenzaron con Vallejo. Los heredó y el propio Godoy, con el cinismo que lo caracteriza, lo reconoce.
¿Habrá investigación hacía el pasado? Por cierto ¿dónde está Julio César Godoy al que Encinas, Acosta Naranjo y el propio Zambrano protegieron en la LXI Legislatura y sobre quien pesa orden de aprehensión? De eso no habla el señor Zambrano. ¿Será que tiene Alzheimer?
RUIDOS.- Martha Lucía Mícher Camarena no se anda por las ramas y sin el argumento del género, se lanzó en contra del indefendible Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre haciendo “pública la exigencia de una investigación exhaustiva que dé cuenta con claridad de los hechos ocurridos, incluyendo la indagación sobre sí ha habido niñas y adolescentes involucradas, producción de pornografía y hasta dónde se extendía la presunta red”.
La guanajuatense, legisladora federal por el PRD, destacó dos puntos: La investigación debe incluir no sólo la presunta existencia de una red de prostitución coordinada por Gutiérrez, sino también si ésta ha sido pagada con recursos públicos y, los recursos del PRI, como los de todos los partidos políticos, son públicos; por lo tanto, también podemos estar frente a hechos constitutivos del delito de peculado.
Si fuera la fiscal del caso, el indefensible cumpliría cadena perpetua.
SISEOS.- Si como se espera el juez de la causa volverá a dictar auto de formal prisión en contra de la maestra Elba Esther Gordillo por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, surgen dos posibilidades:
1.- Que el juez diga que sí están acreditadas los delitos y la probable responsabilidad penal de los detenidos, y por ello vuelva a dictar auto de formal prisión; si ello es así, la defensa tendrá que apelar la decisión o bien irse a un nuevo juicio de amparo; la apelación parece no ser viable, porque anteriormente se había desistido, por lo que es más factible que se vaya al amparo, que tendría que promoverse ante el mismo juez de distrito que otorgó previamente un amparo a la maestra; y contra la sentencia que se dicte en este nuevo juicio de amparo, con independencia de cómo se resuelva, es un hecho que habrá revisión, la cual será del conocimiento del magistrado Horacio Armando Hernández Orozco, integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien deberá definir el futuro no sólo de la maestra sino también de los otros acusados. 2.- La otra opción es que el juez responsable dicte un auto de libertad a favor de Elba Esther Gordillo y de sus codetenidos, para cual la Procuraduría General de la República sólo tendría la apelación, y de salir libre la maestra, la pregunta sería: ¿Y el dinero Apá?
BISBISEOS.- Hoy a las 11 horas, las bancadas del PAN y del PRI, citan a conferencia de prensa para dar a conocer el punto de acuerdo en el que propondrán exhortarán al Congreso de Estados Unidos, que se cumplan los acuerdos de la Corte Internacional de Justicia sobre el Caso Avena.
Los senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Marcela Guerra, Mariana Gómez del Campo y Luz María Beristáin, firman el acuerdo que será presentado al Pleno senatorial en la sesión de hoy.
Y es que tienen razón: la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Holanda, determinó que el “Caso Avena” estaba viciado de origen y por ello ordenó la revisión de los acusados y la detención de las penas de muerte. Pero el gobernador Dick Perry, entre otros, no hace caso porque, argumenta, el acuerdo con la CIJ es con el gobierno federal no con los estatales. Formas de salirse con la suya, Es todo.
SONIDOS.- Nuestros expertos en todo lo que se refiere a azúcar y edulcorantes, los de Zafranet bajo la batuta de Jorge Alfredo Pacheco, nos envían la siguiente información:
Según datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2007 y 2013, la participación de venta de los refrescos perdió 2 puntos porcentuales, al pasar de 74% a 72%,
Por ello, afirman, la venta de refrescos comenzó a entrar en etapa de “deshidratación” en México al ceder terreno a la comercialización de bebidas energéticas, agua embotellada y jugos, mientras que el consumo de bebidas energéticas, agua embotellada sin gasificar y jugos ganó participación al pasar de 26% a 28%, en el volumen total de consumo de bebidas en el país durante el periodo referido. ¿Resultados del impuesto de un peso por cada litro de refresco o conciencia de los consumidores? Se lo dejamos de tarea.
RUMORES.- El elitismo es un sistema social que favorece a las élites dentro de él o promueve el surgimiento de nuevas élites, es una de las definiciones que aparecen en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua y ¿por qué esto?, porque la secretaria general del Movimiento Territorial (MT) del PRI, senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, aseguró que la transformación que vive actualmente México llama a los emetistas a la unidad, al trabajo y a la congruencia (¿).
Dice la también senadora por el estado de México que “para el Movimiento Territorial es la hora de poner por encima de cualquier interés, el interés de las causas sociales”, es decir, por encima de las ¿élites? destacó la senadora por el Estado de México. Pregunta que no quiere irritar a la congresista.
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