-Leyes secundarias

 

 

Analistas: propuesta de Telecom limita Pymes

El Universal

Carla Martínez

6 de abril de 2014

 

 

El almacenamiento de información que deben hacer las empresas por dos años, la posibilidad de que pequeñas y medianas empresas (Pymes) proveedores de internet editen contenidos, la ambigüedad en las reglas sobre uso y administración de redes, así como la ausencia de reglas que incluyan a personas con discapacidad, son grandes limitantes de la ley, dijeron analistas.

 

Durante el foro Análisis Sobre las Leyes Secundarias en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, José Otero, presidente de la consultora Signals Telecom Consulting, advirtió que diversos artículos de la ley van en detrimento de los individuos, ignoran la realidad de pequeños operadores de telecomunicaciones incrementando sus costos operativos, sobretodo de las pequeñas empresas de televisión por cable en materia de neutralidad en el uso de la red, y pueden tener consecuencias contrarias a lo que se espera suceda en el mercado en el sector de competencia.

 

Por ejemplo, “se abre la puerta para que prestadores del servicio de red sean editores de internet para que el contenido que ofrecen no vaya en contra del marco legal”, lo cual se debe de corregir para que no vaya contra el marco legal aplicable. Esto tiene implicaciones en términos de costos para pequeños operadores que deben modificar sus redes para cumplir con la ley y, además, facilita la implementación de la censura, agregó Otero.

 

En tanto, Clara Luz Álvarez, representante de Observatel, destacó que la iniciativa ignora a las personas con discapacidad, por lo que pidió se incluya el subtitulaje en los programas de televisión, haya un servicio de retransmisión para que personas con discapacidad auditiva se comuniquen a con call centers cuando requieran un servicio o apoyo y se prevea que los servicios de emergencia puedan recibir mensajes de texto.

 

 

 

Acuerda PRD ir contra ley de telecom

El Universal

Carina García

5 de abril de 2014

 

 

El Consejo Nacional del partido del sol azteca aprueba un resolutivo en donde se califica a la propuesta del gobierno federal de inconstitucional. El VIII Pleno del Consejo Nacional del PRD aprobó esta noche un resolutivo en contra de la Ley de Telecomunicaciones enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso, por considerarla inconstitucional.

 

La propuesta del Ejecutivo plantea cambios “absolutamente inconstitucionales” en materia de censura previa, derecho de las audiencias, geolocalización y otros temas, advirtió la senadora Dolores Padierna, al exponer los contenidos por los que la propuesta oficial será rechaza por diputados y senadores del PRD. La primera violación constitucional -advirtió- es cuando ceden la vigilancia de contenidos a la secretaría de Gobernación, cuando la Constitución estableció que esa facultad sería del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)

 

También se le quitó la facultad de regular en materia de publicidad para público infantil y se le entregó esa función a Gobernación. “Se prohíbe en la Constitución la publicidad presentada como noticia no sólo la electoral y la propuesta de ley acota la prohibición a sólo la publicidad electoral”, refirió la legisladora.

 

En cuanto al bloqueo de señales en telecomunicaciones y la geolocalización de aparatos y señales, Padierna explicó que la reforma constitucional se estableció que es inviolable el derecho a la difusión de ideas y recepción de información de toda índole, y que no se puede restringir, “Y el Ejecutivo establece la intervención de las comunicaciones privadas aún saltándose al Poder Judicial”, alertó, además de que se prevé ahora censura previa a los contenidos de los concesionarios que presten servicios de internet.

 

“Además se violan los derechos de los usuarios de telecomunicaciones y de las audiencias del radio y televisión. Se establece un catálogo de estos derechos” y subordina al IFT a la Procuraduría Federal del Consumidor, que “no es capaz de defender ni el precio de los limones, ¿Cómo va a poder tener un control sobre estos tiburones de la radio y la televisión?”. Por estos, entre otros argumentos, el Consejo Nacional del PRD acordó rechazar la propuesta de ley de Telecomunicaciones planteada por el Ejecutivo.

 

 

 

PRI buscará la mejor legislación en telecom: senadora

El Universal

Notimex

5 de abril de 2014

 

 

Lilia Merodio, integrante de la Comisión de RTC de la Cámara Alta, dijo que su partido, el tricolor, alcanzará acuerdos con la mayoría de las fuerzas políticas para beneficiar al sector y a la gente

 

En la discusión de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, el PRI buscará alcanzar el acuerdo con la mayoría de las fuerzas políticas hasta lograr la mejor reforma en este sector y por supuesto a la gente, señaló la senadora Lilia Merodio Reza.

 

La integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, señaló que la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal en esta materia traerá mejores servicios y precios para los mexicanos más allá de los intereses de las televisoras.

 

Aseguró que en esta iniciativa hay mejor regulación del espectro, certeza y certidumbre sobre los medios públicos, sobre el derecho de audiencia y una mayor competencia. Se mostró confiada de que el ejercicio democrático de escuchar a las diferentes voces en materia de telecomunicaciones, abonará al momento de que el dictamen esté listo.

 

“Es positivo escuchar a diversos personajes, sin embargo la esencia de las leyes que envió el presidente, debe prevalecer, porque su objetivo es que haya competencia para que existan mejores servicios a mejores precios, en beneficio de los mexicanos”, apunto.

 

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional destacó que el Senado de la República tiene siempre la apertura para las diferentes voces, y que esto es una muestra del sentido social y participativo de la Cámara Alta.

 

Mencionó además que si bien no todos están de acuerdo con la iniciativa, esto es normal, ya que “no existe propuesta que mantenga complacidos a todos, pero la del presidente Enrique Peña Nieto, es para mejorar las condiciones de este sector, y que el resultado beneficie directamente a los mexicanos que ocupan de los servicios de telecomunicaciones.

 

Dijo que el grupo parlamentario del PRI buscará alcanzar el acuerdo con la mayoría de las fuerzas políticas hasta lograr la mejor reforma en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, “que beneficie al sector, y por supuesto a la gente.

 

 

 

En el corcho

El Universal

Katia D’Artigues

6 de abril de 2014

 

 

El próximo jueves 10 llega François Hollande, presidente de Francia, a México. Además de los temas de la agenda, ¿se tocará otro no oficial en la reunión que tendrá Enrique Peña Nieto con su homólogo francés?

 

Aunque sobre el tema, lo único que ha dicho Peña Nieto es que se trata de un problema personal, el caso de la ex mujer de Arturo Montiel (a quien Peña Nieto relevó como gobernador del Estado de México) tiene cada vez tintes de posible conflicto de derechos humanos internacional.

 

Maude Versini se casó con Montiel en el 2002 y tuvo tres hijos con él: Adrián, Sofía y Alexi. Cuando se divorciaron en 2007, ella se quedó con la custodia y los niños visitaban a su padre en México… hasta que en diciembre de 2011 ya no los regresó.

 

Montiel puso una demanda contra Maude acusándola de maltrato. Ojo, parte de la demanda estaba sustentada en denuncias de trabajadoras, nanas, que Montiel pagó para que se fueran a vivir a Francia con los niños y ella. La acusación se cayó, Maude ganó una demanda en 2012; Montiel también ganó un amparo, y después otro juez mandó reponer el procedimiento, es decir, comenzar de nuevo…

 

Ella no baja la guardia, tras perder otro amparo la semana pasada, apeló de nuevo y pedirá que su caso lo atraiga la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese tiempo, 844 días, ella no ha podido ver a sus hijos, lo que viola sus derechos y los de sus hijos.

 

En septiembre de 2013, la CNDH pidió medidas cautelares para Versini. Enoctubre de ese año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno mexicano que informe las razones por las cuales no ha podido ver a sus hijos. En los próximos días, la CIDH podría pedir medidas cautelares para Maude Versini, y está pendiente la resolución de la CNDH.

 

Entre leyes y desafueros

Este lunes 7 iniciaría la discusión de las leyes secundarias de telecomunicaciones. Esta ronda de trabajos finalizaría el día 11. Se contempla que, de seguir con el calendario planeado, entre el 21 y 24 próximos se vote dictamen en las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y Cinematografía, así como de Estudios Legislativos Primera del Senado. Y si las fracciones e intereses lo permiten, pueda ser aprobado por el pleno entre el 23 y 25 próximos y luego pasar a la Cámara de Diputados.

 

¿Habrá consenso para eliminar las restricciones que se contemplan en los artículos 145 y 146 respecto al uso de internet? ¿Al bloqueo de las señales de telecomunicaciones, que está propuesto en el 197? ¿Incluirán las medidas necesarias para el derecho de las personas con discapacidad acceder a las telecomunicaciones?* Y esta semana, dos desafueros absolutamente diferentes podrán ser noticia. El lunes 7 se cumplirán 9 años de que la Cámara de Diputados desaforó a Andrés Manuel López Obrador. Recuerde que todo se desencadenó a raíz del predio El Encino, en Santa Fe. Aunque las intenciones políticas fueron el intentar dejar fuera de la contienda presidencial del 2006 a AMLO. Y el próximo jueves 10, en Hidalgo, el Congreso local sesionará a fin de definir si procede el desafuero contra Hilario Mendoza Benito, presidente municipal de Tepehuacán de Guerrero. Está acusado de golpear a su esposa María Virginia Ortiz Monroy, al grado de fracturarle la mandíbula.

 

 

 

Lanzan convocatoria para crear un frente para analizar leyes secundarias de telecomunicaciones

El Sol de México

Bertha Becerra

6 de abril de 2014

 

 

Hoy se dará a conocer la convocatoria para conformar un Frente Nacional Ciudadano en contra de la propuesta presidencial de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, informó el senador panista Javier Corral Jurado.

 

“Queremos que haya actores sociales y políticos que nos ayuden a crear conciencia entre los ciudadanos de las graves consecuencias que traería aprobar en sus términos esa iniciativa”, manifestó. Informó que hoy domingo se dará a conocer esta convocatoria a un movimiento nacional en contra de esta propuesta.

 

También invitó a hacer un balance del proceso de dictaminación el próximo 11 de abril a las once horas en el Teatro de la Ciudad de México. Aseguró el senador panista por Chihuahua que es fundamental estar informados, porque “nadie va a la batalla sin fusil y, en este caso, nuestro fusil es la información sobre los contenidos de esta iniciativa”.

 

Para esto, inició una serie de reuniones informativas sobre los contenidos de lo que denominó “Ley Peña-Televisa”, esto es la iniciativa del Ejecutivo Federal de ley secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

 

El primer encuentro lo tuvo con estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la sala Lucio Mendieta, en donde frente a sus alumnos les habló de las regresiones que contiene esta propuesta.

 

También estuvo en el Museo Casa León Trotsky, en donde especialistas advirtieron sobre las graves consecuencias que esta iniciativa se apruebe en sus términos. Ante ciudadanos, académicos, cineastas, artistas, periodistas, columnistas y activistas y senadores, entre otros, el panista por Baja California, Ernesto Ruffo Appel, convocó a un frente nacional.

 

En este foro, el exconsejero del IFE, Alfredo Figueroa, expresó que en la propuesta presidencial existen claros sesgos que se alejan del espíritu de la reforma constitucional y, por lo tanto, se trata de un proyecto regresivo.

 

“Los pilares de la reforma constitucional que nos hicieron calificarla como un avance importante, como un logro fundamental, son los que quieren ser mermados con una iniciativa que en algunos aspectos, hasta cínicamente intentan ir en contra de la propia Constitución”, afirmó.

 

 

 

Ven en riesgo IFT con ley telecom

Reforma

Claudia Salazar

5 abril 2014

 

 

La ley secundaria en materia de telecomunicaciones que presentó el Presidente Enrique Peña pone en riesgo la plena autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), alertaron ayer especialistas.

 

Judith Mariscal Avilés, economista y académica del CIDE, aseguró que, contrario a lo que se señala en la Constitución, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) retomaría el poder perdido en la regulación del sector.

 

Al reiniciar el foro sobre la ley secundaria en el Senado, la especialista afirmó que se estaría regresando al esquema de la “segunda ventanilla”.

 

La SCT, dijo, tendría la última palabra, debido a que podrá emitir opiniones sobre el otorgamiento de concesiones y su revocación, incluso sobre el plan de trabajo del órgano regulador.

 

Planteó a los senadores que se elimine el párrafo donde se dan amplias facultades a esa Secretaría: “Podrá interpretar la ley en el ámbito de su competencia y las demás que le confiere esta ley y otras disposiciones legales y administrativas”.

 

Para Mariscal, la ley secundaria difiere de la reforma constitucional, y hace un acercamiento a lo que había antes de la creación del IFT.

 

“¿Qué pasa con la ley secundaria?, que este gran avance en la reforma constitucional está en riesgo”, criticó.

 

Además, cuestionó sobre cuál es la intensión de que la SCT emita opiniones técnicas que no son vinculantes.

 

“Lo que hay que tener claro es que esto no estaba en la reforma constitucional, ¿por qué regresa hoy?, ¿por qué poner piedras en el camino?”, manifestó ante los senadores.

 

Clara Luz Álvarez, de Observatel, aseveró que la iniciativa presidencial tiene cosas graves y “gravísimas”.

 

Manifestó que la ley es limitada en exponer el derecho de las audiencias, y que no se deben penalizar a las mismas.

 

“El derecho de las audiencias se tiene que fomentar, no penalizar a la audiencia en el sentido de que si un medio incluye más de 20 por ciento de producción nacional independiente les permiten aumentar la publicidad”, indicó.

 

“Como audiencia les digo, no me ayuden, no lo quiero de esa manera”, expuso.

 

También se manifestó en contra de las medidas de colaboración con autoridades en cuestiones de seguridad.

 

“El peor, no lo dejen pasar, es la colaboración con la justicia. Eso es violatorio, total, pleno y absoluto de derechos humanos. Instancias de seguridad no tienen nada que hacer en el tema de geolocalización ni labores de inteligencia”, externó.

 

 

 

Acusan intento de censura

Reforma

Claudia Salazar

5 abril 2014

 

 

Representantes de organizaciones que promueven el acceso libre a internet acusaron al Gobierno federal de caer en censura con la propuesta de bloquear comunicaciones en determinados territorios.

 

Para Luis Fernando García, representante de la Red por la defensa de los Derechos Digitales, la interrupción y bloqueo de señales de telecomunicaciones no se justifica ni por razones de orden público o seguridad.

 

“(La iniciativa) faculta bajar el switch a internet y a los servicios de telecomunicaciones en áreas determinadas discrecionalmente”, criticó en el foro que sobre telecom se organizó en el Senado.

 

Esa disposición, opinó, es similar a las que se recurre en regímenes autoritarios, como en Venezuela o Turquía.

 

Jesús Robles, del colectivo Internet Libre para Todos, afirmó que bloquear las comunicaciones está por encima de la Constitución.

 

 

 

#LeyTelecom: el diablo está en los detalles

La Jornada Nacional

#TomaLaPLaza

06 de abril de 2014

 

 

Hace casi dos años que miles de personas salieron a las calles para denunciar la sistemática desinformación promovida por el duopolio televisivo, así como la ausencia de la pluralidad de voces que es consustancial a la diversidad de realidades que entretejen nuestra vida pública.

 

Desde entonces se volvió patente la des-representación de la sociedad en los partidos políticos y en los medios de comunicación. Se vislumbraba, así fuese como un balbuceo, la necesidad de transformar el sistema de medios de comunicación en México.

 

Así se empezó a escribir la historia de una lucha y de una simulación. Por nuestra parte, haciendo sinergia con académicos, periodistas, activistas, organizaciones y sobre todo con la sociedad civil, logramos posicionar nuestras demandas como un tema central en la agenda pública del país. Por su lado, los poderes fácticos y sus lobbys emplearon sus energías en desarrollar la representación de una farsa.

 

En el contexto de esa antítesis y después de un largo proceso de desencuentros, se aprobó la reforma en telecomunicaciones el 12 de junio del año pasado. Su redacción tuvo lugar en una dinámica excluyente, a partir de los acuerdos cupulares del “Pacto por México”, privilegiando intereses mercantilistas y partidistas. Desde la Mesa de Democratización del Sistema de Medios de #YoSoy132 advertimos que sin la participación de todos los sectores sociales en la construcción de la propuesta, la legislación sería letra muerta y la democratización estaría truncada de origen. Hoy la realidad nos da la razón, aún cuando hubiésemos preferido equivocarnos.

 

Desde nuestro origen como grupo de incidencia, hemos generado contenidos puntuales para densificar nuestra exigencia estratégica, que es la democratización del sistema de medios. Propusimos un Documento de Exigencias Mínimas (DEM) en el que definimos el piso mínimo para iniciar un proceso de real democratización del sistema de medios en México; realizamos también una propuesta de reforma constitucional en telecomunicaciones, donde articulamos legalmente y de manera metódica nuestras propuestas; hemos escrito cerca de una decena de artículos de opinión para acompañar el proceso durante todo este tiempo.

 

Ahora, acotamos puntos clave de las leyes secundarias propuestas por el Ejecutivo el pasado lunes 24 de marzo, que implicarían un trágico retroceso.

 

Nuestro modelo estableció un listón de exigencias que se equiparaba a casos emblemáticos y reconocidos internacionalmente como el de Ecuador, Argentina, Canadá, la Unión Europea, entre otros; el proyecto de reforma en telecomunicaciones que finalmente fue aprobado quedó muy por debajo de los estándares que asentamos. Empero, habíamos reconocido que existían avances que abrían la posibilidad de emprender un proceso de transformación accidentada pero factible del sistema de medios. Analizando la propuesta de leyes secundarias, se vuelve evidente que esas diminutas posibilidades de cambio quedan estancadas.

 

A continuación, algunos de los puntos que nos parece urgente rectificar:

 

-Se desdibujan los medios comunitarios y sociales al dejarlos sin independencia editorial ni autonomía de gestión financiera. Además, se establece un escenario donde la igualdad de condiciones con los medios públicos implica de hecho preservar las desigualdades, pues no se puede equiparar su nivel de recursos o infraestructura, ni mucho menos sus fines.

 

-El IFT pierde atribuciones que serían traspasadas al Ejecutivo, dando al traste con la autonomía y capacidad de regulación del nuevo organismo. Además, el instituto no tendría posibilidad para poner tope a la concentración de frecuencias ni reglas de propiedad cruzada en medios de comunicación y telecomunicaciones.

 

-Se rompe el principio de la neutralidad de la red, además de que se otorga legalmente al Estado la prerrogativa de suspender cualquier servicio “si lo considera necesario”. Es preocupante por principio que se asignen facultades que bien pueden derivar en autoritarismo.

 

-La llamada “colaboración con la justicia” implica que con una orden directa del procurador se puede acceder a los datos personales, así como geolocalizar o intervenir el teléfono de cualquier persona. El Estado obtiene así una capacidad de control desmesurada que además arrebata a las nuevas generaciones el derecho a la privacidad.

 

-Se postula ejecutar el must carry en regla, pero con el must offer a medias, dependiendo de lo que considere la Secretaría de Gobernación. Por si fuera poco, se establece como límite al must offer la competencia, que sería declarada por un órgano (IFT) que bajo éstas leyes secundarias pierde autonomía.

 

-La producción independiente no tiene lugar en las leyes secundarias. Se hace vacío en la definición de las modalidades en que se garantizará la inserción de nuevos contenidos. Una verdadera transformación del sistema de medios de comunicación requiere un engranaje integral, coherente y articulado, lo cual implica entrelazar cada uno de sus elementos. Si una reforma es irregular y contradictoria, surgirán grumos que eventualmente atrofiarán al conjunto. Esa lógica es inadmisible cuando la legislación mexicana tiene cerca de 40 años de atraso, pues permaneció intocable todo ese tiempo para dejar hacer a los poderes fácticos que apoyaban la reproducción del régimen.

 

Para concluir, queremos resaltar que en las sociedades modernas los medios son los creadores de la conciencia colectiva, y por lo tanto esenciales para una democracia real. Por ello, no tienen razón de ser si no abonan en la construcción de una sociedad democrática y participativa. El marco regulatorio es clave para tener más y mejores herramientas que nos permitan exigir y ejercer nuestro derecho a la comunicación.

 

 

 

Telecomunicaciones, los foros de la simulación (Primera Parte)

Homo Zapping

Jenaro Villamil

6 de abril del  2014

 

 

 

El jueves 3 de abril, el senador Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, le solicitó a Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Mesa Directiva del Senado que se le autorizaran y asumieran los “gastos de transporte, hospedaje y alimentación” de José Felipe Otero Muñoz, especialista colombiano en telecomunicaciones, que participó un día después en los foros organizados por esta cámara.

En el oficio dirigido a Cervantes Andrade, cuya copia tiene Proceso, el panista Lozano argumentó que la participación del colombiano, presidente de la consultoría privada Signals Telecom Consulting, “resulta de gran trascendencia dada la experiencia que tiene en el sector, dado que es un especialista en temas regulatorios comparados a nivel Latinoamérica y reconocido por la prensa nacional para recoger sus opiniones y que está contemplado para el próximo viernes 4 de abril del año en curso”.

La Mesa Directiva le respondió a Lozano que “en antecedentes recientes (sic), el órgano de gobierno ha negado este tipo de solicitudes”.

La gestión económica de Lozano a favor de sólo 1 de los 49 representantes de consorcios y organismos civiles que participaron en tres días de maratónicos foros, contrastó con la vehemencia con la que el panista rechazó la necesidad de que los siete comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el nuevo órgano regulador del sector, comparecieran ante el Senado, a pesar de las reiteradas peticiones de legisladores del PAN y del PRD.

En clara alianza con los priistas, en especial con la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz, y con la perredista, Alejandra Barrales, criticada en su propio partido por su sometimiento a la iniciativa del Ejecutivo federal, Lozano bloqueó la posibilidad de que los integrantes del IFT respondieran a las numerosas dudas existentes sobre las violaciones a la autonomía del organismo expresadas en la llamada Ley Peña Televisa.

“Los siete comisionados prefirieron enviar un documento único al Senado” para expresar su opinión respecto a la ley, argumentó Lozano en la única reunión con todos los integrantes de las comisiones unidas que dictaminarán la ley, el lunes 31 de marzo, para dar a conocer la lista de invitados que palomearon previamente él y sus homólogos Graciela Ortiz y Alejandra Barrales.

Incluso, la senadora panista Marcela Torres propuso que también se citara en los foros al secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, ya que la iniciativa del Ejecutivo federal le otorga amplias facultades a esta dependencia para regular contenidos de los medios, ordenar bloqueos de señales en internet y tener el control de los medios públicos.

Airado, el priista Omar Fayad, le respondió a la panista en esa misma reunión de comisiones unidas: “¡No nos menosprecien a los senadores de origen del PRI! Aquí estamos para defender la iniciativa del señor presidente. Aquí vamos a estar para el entre que quieran”.

Desde ese momento, quedó claro que el PRI, junto con Lozano y Barrales, iban a operar para que los foros fueran un mero trámite y se le cambiara el mínimo a la iniciativa del Ejecutivo federal, a pesar que múltiples voces consideraron que tiene serios problemas de anticonstitucionalidad.

De los 49 participantes en los tres días de foros –con escasa presencia de los senadores- el 66 por ciento fueron representantes de los gigantes del sector: desde Televisa, TV Azteca, hasta América Móvil, Telmex, Grupo MVS, así como las cámaras que representan los intereses de las empresas dominantes como la CIRT, la Canitec, la Asociación Internacional de la Radio, entre otras.

El último intento para que el Senado llamara a comparecer a los integrantes del IFT fue en la sesión del pleno el jueves 3 de abril. El senador del PAN, Javier Corral, propuso un punto de acuerdo de “urgente resolución” para que acudieran los comisionaos de “uno de los órganos de Estado más poderosos que se hayan construido en los últimos años”.

Corral argumentó que los legisladores no sólo quieren recibir “un escrito” con los puntos de vista de los comisionados. “Queremos el intercambio, la interlocución que merece esta Legislatura que los votó con amplias facultades para regular a este sector poderoso económica y políticamente”, afirmó en tribuna.

De manera milagrosa, la sesión del pleno que estaba semivacía, comenzó a llenarse con los senadores del PRI que acudieron para votar en contra de la propuesta de Corral. Con 40 votos en contra y 30 a favor, se desechó el punto de acuerdo y se turnó a comisiones.

“Esta votación marca de alguna manera lo que vendrá”, sentenció Corral. “El PRI tendrá votos tanto del PAN como del PRD para darle un barniz de pluralidad a la imposición. Hace 8 años, cuando se discutió la Ley Televisa, la bancada de senadores del PAN se partió en dos”, afirmó a Proceso.

También comenzó a observarse en la bancada del PRD una operación para modificar el rechazo original de la iniciativa del Ejecutivo a otra posición más moderada, que acepte cambios cosméticos. Los mismos integrantes del PRD señalan a Alejandra Barrales, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, como la operadora de esta estrategia.

Barrales favoreció la rapidez para aprobar una lista de invitados, “palomeada” sólo por los presidentes de las comisiones, y eliminar a voces distintas. No acudió ningún organismo de derechos humanos, nacional o internacional, las universidades quedaron al margen de la discusión y las voces críticas fueron minimizadas y hasta “regañadas” por Lozano durante la comparecencia.

Televisa-Carso, Pleito de Gigantes

Como se pronosticaba, la participación de los representantes jurídicos de Grupo Televisa y de América Móvil y Telcel, ambas de Carlos Slim, provocó un choque en la sesión matutina del jueves 3 de abril.

“Telmex nos ha visto la cara por más de 15 años”, sentenció Luis Mancera Arrigunaga, vicepresidente jurídico de Regulación de Televisa, mientras que Joaquín Balcárcel, también representante legal del consorcio televisivo, negó que la iniciativa del Ejecutivo beneficiara a la empresa de Azcárraga Jean.

Mancera Arrigunaga advirtió que el sector de telecomunicaciones “se encuentra altamente concentrado en un solo jugador” y pidió que la ley “empareje la cancha”.

Balcárcel, como un día antes lo hizo Eduardo Vega, de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), se quejó por el monto elevado de las sanciones, y por las “facultades discrecionales” que se le otorgan a la Secretaría de Gobernación en regulación de contenidos.

A la posición de Grupo Televisa contra Telmex se sumó Francisco Borrego, vicedirector jurídico de TV Azteca y confió que el IFT le ponga límites al monopolio telefónico.

En respuesta a las críticas, Alejandro Cantú, de América Móvil, y Javier Mondragón, director jurídico de Telmex, criticaron la iniciativa presidencial por desincentivar la inversión de ambas compañías al obligarlas a “regalar” su red con los competidores.

Cantú le reprochó a los senadores que “ciertamente, en televisión de paga no hay condiciones de competencia y no las hay porque hay una barrera de entrada a que otros competidores podamos prestar esos servicios”. En la iniciativa de Peña se le da plazo hasta 2017 a las compañías telefónicas de Slim para dar servicios de televisión restringida. Este servicio es dominado por Grupo Televisa, reprochó  también el representante jurídico de MVS, Peter Bauer.

Irónico, Javier Mondragón alabó la gratuidad para utilizar ahora las señales de televisión abierta en los sistemas de televisión por cable (must offer-must carry), “nomás que lo estuvieron cobrando 30 años, eh, cobrándolo tres veces. Entonces, no se entiende por qué las empresas de televisión por cable le pagaban a Televisa o a TV Azteca para que después esas empresas de televisión por cable aumentaran sus costos y se lo hubieran reflejado en los usuarios”.

Mondragón recordó que desde 2006 a la fecha no se le ha permitido a Telmex ingresar al mercado del triple play “y como no nos han permitido dar servicios no se justifica mucho la inversión adicional, para adecuar la red a las nuevas necesidades”.

Admitió que Telmex tiene una participación del 70 por ciento del mercado de telefonía fija, pero “todos somos de memoria corta” y “se nos olvidan muchas cosas, como el hecho de que se han invertido 30 mil millones de dólares en Telefónos de México”.

En esa sesión del foro, una de las más concurridas, el senador del PRD, Benjamín Robles Montoya afirmó que los artículos 264 y 265 de la iniciativa presidencial “imponen medidas mucho más benévolas y accesibles para los agentes preponderantes en radiodifusión que en el sector de telecomunicaciones”.

En contraste con la posición de América Móvil y Telmex, Miguel Calderón Lelo de Larrea, vicepresidente regulatorio de Telefónica Movistar, afirmó que la iniciativa presidencial propiciará la inversión, beneficiará al usuario y otorgará mayor competencia.

Mientras en el Senado, las empresas de Slim reiteraban sus quejas y advertencias de que la ley de Peña Nieto desmotivaría la inversión, el subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta, justificó el plazo de dos años para que Telmex y América Móvil accedan al mercado de televisión de paga.

“La implementación y maduración de las medidas llevará tiempo, tienen que estar en cumplimiento y tener un periodo de maduración”, argumentó el funcionario de la SCT, uno de los redactores iniciales de una iniciativa que fue modificada desde enero.

Peralta negó que la iniciativa violara la autonomía constitucional y las facultades del IFT, y reiteró que se busca en la legislación secundaria “incrementar la efectividad del Estado como rector del sector de telecomunicaciones y radiodifusión”.

En la misma sesión, los grandes grupos radiofónicos como Acir y Núcleo  Radio Mil se quejaron porque la iniciativa presidencial impone sanciones “excesivas” y demandaron que se les permita a las estaciones de AM transitar hacia la digitalización.

 

 

 

Los puntos anticonstitucionales de la Ley Peña Televisa (Primera Parte)

Homo Zapping

Monitoreo Informativo

6 de abril del  2014

 

 

Expertos, organizaciones civiles, académicos, abogados con experiencia en temas de regulación y no pocos concesionarios han expresado que la iniciativa de ley secundaria de telecomunicaciones del Ejecutivo federal y la breve Ley de Sistema Público de Radiodifusión de México contienen distintos aspectos anticonstitucionales, por ir en contra de la reforma promulgada el 11 de junio de 2013.

Un recuento elaborado por Proceso identifica 20 violaciones constitucionales, a partir de los estudios y opiniones expresadas por Clara Luz Alvarez, abogada y ex integrante de Cofetel, de Irene Levy, presidenta de Observatel, de Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom, de Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), de María Elena Meneses, de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), de Luis Fernando García, de la Red por un Internet Libre.

La mayoría de estas opiniones fueron expresadas esta semana en los foros organizados por las comisiones unidas del Senado de la República en el análisis de la iniciativa conocida como Ley Peña Televisa.

A continuación se enlistan y explican estos puntos identificados como anticonstitucionales:

1.-Autonomía y colegialidad del IFT violentada.-El artículo 28 constitucional reformado establece que el IFT será un organismo colegiado, con autonomía frente al gobierno federal. En contra de esto, el artículo 44 de la iniciativa violenta la autonomía y colegialidad al establecer:

“De manera excepcional y sólo cuando exista urgencia, atendiendo al interés social y el orden público, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría (SCT) podrá solicitar al comisionado presidente del Instituto que los asuntos en que tenga interés, sean sustanciados y resueltos de manera prioritaria, sin modificar de ningún modo los plazos de la ley”.

Los especialistas consideran que ésta es una clara atribución discrecional del Ejecutivo federal que viola la colegialidad.

2.-Apagón analógico a cargo de la SCT-La Constitución estableció que la política y operación del programa de Televisión Digital Terrestre le corresponde al IFT y que la fecha establecida para el apagón analógico es el 31 de diciembre de 2015. Incluso, hubo un litigio previo entre el Ejecutivo federal y Cofetel durante el calderonismo que la Suprema Corte resolvió a favor de Cofetel.

En contraste, el artículo 16 transitorio de la iniciativa le da estas facultades a la SCT y se abre la posibilidad de prorrogar el llamado apagón analógico hasta el 31 de diciembre de 2017.

3.-Invasión de facultades de Profeco en derechos de usuarios de telecomunicaciones.-El artículo 6 de la Constitución estableció que le corresponde al Estado, por la vía del IFT, establecer los mecanismos de derechos de los usuarios de telecomunicaciones y los mecanismos para su protección.

El artículo 8 transitorio de la iniciativa de Peña Nieto se le ordena a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) “crear un área especializada con nivel no inferior a subsecretaría” para vigilar los derechos de los usuarios, función que correspondería a IFT.

4.-Derechos de las audiencias vulnerados.-En el artículo 6-B fracción IV de la Constitución se estableció que la ley secundaria garantizará los derechos de las audiencias “así como los mecanismos para su protección”.

En los artículos 198, 207, 257 de la ley Peña Televisa se incluye un catálogo incompleto de derechos de las audiencias y no se establece ningún mecanismo eficaz de protección y de sanción si éstos son violados.

5.-Discriminación de género, capacidades diferentes, indígenas.-El artículo 1 de la Constitución establece que se prohíbe toda discriminación por motivos “de origen étnico y nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana”.

En ninguna parte de la iniciativa se le otorgan facultades al IFT para la alfabetización digital, se le niega a las personas con discapacidad la accesibilidad a las telecomunicaciones. La forma en que están perfilados los medios de uso social y los medios indígenas es violatoria de la Constitución por establecer mecanismos de discriminación.

6.-Intrusión reguladora en modelos de costos y atribuciones del IFT.-El artículo 28 le otorga al IFT la autoridad reguladora no sólo en otorgamiento de concesiones, revocaciones, autorizaciones, fijar montos de contraprestaciones sino también en fijar “modelos de costos”.

Esto se altera en el artículo 15 fracciones VIII y XLIII que le ponen claros candados al IFT para depender en sus funciones de la Secretaría de Hacienda y de la SCT.

7.-Vigilancia y monitoreo de contenidos a Secretaría de Gobernación.-En ninguno de los artículos constitucionales reformados en 2013 (6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105) se mencionó a la Secretaría de Gobernación como una entidad vinculada en contenidos, en garantizar el libre acceso a la información  y en el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

En contraste, el artículo 218 de la iniciativa le otorga a la Secretaría de Gobernación 11 facultades de vigilancia en los contenidos mediáticos, de los cuales 4 son claramente intrusivos a la autonomía del IFT y a la libertad de expresión.

8.-Violación a la prohibición de la suspensión de los actos del IFT.-La reforma constitucional estableció que no habrá suspensión para todos los actos de autoridad derivados del IFT. Así lo establece el artículo 28 en su fracción VII.

Sin embargo, en los artículos 295 y 300 sobre régimen de sanciones y pago de multas de los concesionarios se abre la posibilidad de ejecutarlas hasta finalizar el amparo.

9.-No se crea un Consejo Consultivo para los contenidos.-En la reforma al artículo 6 constitucional se estableció que para regular contenidos se “contará con un consejo ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva”.

En el artículo 15, de las 58 atribuciones y funciones del IFT, ninguno se refiere a contenidos. En el artículo 34 establece que IFT tendrá “un Consejo Consultivo de 15 miembros honorarios” que fungirán como “órgano asesor, propositivo, de opinión y consulta permanente”. Ninguna de sus funciones se refiere a contenidos.

Esta facultad se le transfiere a la Secretaría de Gobernación en el artículo 218, fracción VIII de la ley Peña Televisa.

10.-Producción nacional independiente.-La reforma constitucional estableció obligaciones para que los concesionarios de radiodifusión dieran porcentajes de su programación a la producción nacional independiente.

En contraste, la iniciativa tiene una deficiente definición de “producción nacional independiente” (artículo 3) y convierte a ésta en un pretexto para incrementar el porcentaje de publicidad de los concesionarios (artículo 249).