-Leyes secundarias
Preocupante que Gobernación vigile contenidos de radio y TV
El Sol de México
Bertha Becerra
5 de abril de 2014
Ciudad de México.- En el tercer día de trabajos del Foro de Análisis sobre las Leyes Secundarias en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el Senado de la República, la mayoría de sus 20 participantes de universidades, radiodifusores y productores independientes, televisoras públicas y líderes sindicales consideraron preocupante que la Secretaría de Gobernación vigile los contenidos y transmisiones de radio y televisión y que las leyes secundarias difieran de la reforma constitucional.
La investigadora del CIDE, Judith Mariscal Avilés, advirtió que la iniciativa presidencial de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión pone en riesgo la autonomía y el fortalecimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ya que el poder que cedió el Ejecutivo federal a dicho organismo en la reforma constitucional lo trata de recuperar en las leyes secundarias, y pretende retomarlo a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
“Mi gran preocupación es que esta ley secundaria difiere de la reforma constitucional”, dijo la doctora del Centro de Investigación y Docencia Económica.
A su vez, la doctora Clara Luz Álvarez, consejera de Observatel, hizo notar que la propuesta del Ejecutivo federal quebranta los derechos de las personas con discapacidad, ya que no incluye mecanismos para que este sector pueda acceder a las telecomunicaciones. Además, no contempla subtitulajes en los programas televisivos.
En su opinión, no hay ningún avance en esta iniciativa presidencial, “siendo totalmente honestos”, aseveró.
Resaltó que “no puedo entender un país que se supone aspira a construir una democracia, que vuelva a ser la Secretaría de Gobernación, que tiene funciones básicamente policíacas, el CISEN y todo lo demás, la que supervise contenidos. No es la entidad indicada. ¿En dónde está el mandato del Instituto Federal de Telecomunicaciones?, cuestionó.
Luis Fernández García de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, afirmó que esta iniciativa de Ley de Telecomunicaciones, tiene el deliberado propósito de neutralizar a Internet como herramienta para el ejercicio de libertades y convertirla en instrumento de control político.
Así, dijo el artículo 145 de este ordenamiento establece mecanismos de censura a Internet, en especial la fracción III al señalar que “los concesionarios autorizados que presten el servicio de acceso a Internet, podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios, cuando medio orden de autoridad o sean contarios a alguna normatividad”.
Subrayó que estas disposiciones son claramente contrarias a la prohibición de censura previa al Artículo Séptimo Constitucional y al artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
* Colocarse por encima de la Constitución
Y en opinión de Jesús Robles Maloof, del Colectivo Internet Libre para Todos, la facultad para solicitar y ordenar a los proveedores inhibir o bloquear comunicaciones en una determinada región “es simple y llanamente colocarse por encima no sólo de la Constitución sino de los poderes que norman la democracia.
Y Jorge Alberto Hidalgo Toledo, del Consejo Nacional para la Enseñanza en Investigación de las Ciencias de la Comunicación, se requiere reformular la iniciativa del Ejecutivo federal para preservar el interés público, ya que de aprobarse como se presentó, violentará las atribuciones del órgano regulador en materia de contenidos y condenará a la extinción a los medios de uso social.
Resaltó que hoy existen de mil seis escuelas de comunicación, de las cuales 76 están en las universidades representadas en este Consejo. A nombre de estas instituciones afirmó: “Vemos que es necesario reformular sobre todo la iniciativa en Telecomunicaciones que envió el Ejecutivo federal a fin de preservar sobre todo el tema del interés público.
“Nos parece insano pretender que para la distribución de los tiempos del estado, la Secretaría de Gobernación debe escuchar previamente a los concesionarios y de acuerdo con ellos, fijar los horarios de transmisión”, dijo.
Tampoco debe permitirse que se vulnere la autonomía por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que, según la iniciativa tendría la facultad para opinar sobre sus programas de trabajo e informes trimestrales de valores.
El doctor Francisco Guerrero Aguirre, de la Universidad Anáhuac, exconsejero del IFE, acerca de las facultades que la iniciativa da a Gobernación para monitorear los contenidos de las transmisiones en radio y televisión, comentó: “Tendría que pensarse en el gasto que esto representaría”.
Informó que el sistema de monitoreo de radio y televisión que instaló el IFE por mandato constitucional, hace años tuvo un costo a precios de esa época 30 millones de dólares.
Por tanto, la instrumentación de una nueva red de monitoreo para temas de contenido podría rondar en alrededor de 50 millones de dólares.
w Se aleja de principios rectores
La doctora María Elena Meneses, de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, afirmó que esta iniciativa de ley se aleja del espíritu de la reforma constitucional de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 2013, tras décadas de atraso legislativo en materia de medios de comunicación.
“Consideramos en la Asociación que la iniciativa se aleja de los principios rectores de la Constitución en términos de servicio público de interés general, derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, competencia, convergencia, pluralidad, cobertura universal y acceso libre y sin injerencias a las tecnologías y redes de comunicación.
El gremio observa que la propuesta del Ejecutivo federal regula de manera desequilibrada y no simultánea a los agentes económicos preponderantes de telecomunicaciones: América Móvil y Telmex y deja a Televisa sin controles suficientes.
El Universal
Porfirio Muñoz Ledo
5 de abril de 2014
Entre las artimañas legislativas puestas en boga en el Pacto por México, se encuentra la negociación de reformas constitucionales que tienden a satisfacer necesidades y presiones de la opinión pública, así como posiciones de los partidos para alcanzar la mayoría calificada. Como ocurrió en materia de telecomunicaciones, inmediatamente después se envían al Congreso leyes secundarias en las que es más visible la influencia de los poderes fácticos y los intereses propios del gobierno. Se trata, a todas luces, de una legislación inconstitucional.
Apenas a una semana de que llegaron esas iniciativas de ley a la Cámara de Senadores, han merecido el repudio de los organismos especializados en el tema y de los propios legisladores, quienes consideran que pervierte la esencia de la reforma aprobada el año pasado. Han denunciado que las leyes secundarias en vez de desarrollar los principios constitucionales en beneficio de la sociedad, regresan a formas de control por parte de la autoridad política y conceden ventajas indebidas a la telecracia.
El Ejecutivo invade facultades del órgano regulador autónomo, quien debiera ser responsable de la aplicación de la ley. La iniciativa raya en el anacronismo al permitir que la SEGOB conserve la supervisión de los servicios de radio y televisión, vía los contenidos que están insuficientemente acotados y ni siquiera modifican las sanciones establecidas desde 1960.
La SCT pretende opinar sobre el programa de trabajo y los informes de labores del IFT, al tiempo que se intenta que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria opine previamente sobre los proyectos reguladores. Además, el artículo 44 establece que la SCT, cuando exista urgencia, podrá solicitar al presidente del instituto que los asuntos en que tenga interés sean resueltos de manera prioritaria. ¿Dónde quedó la autonomía?
Se establece un régimen claramente concesivo para los medios comerciales a los que se otorgan incentivos en materia de publicidad, diversidad en los contenidos y multiprogramación; además de promover la subasta como mecanismo para decidir el ganador de una licitación, lo cual ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte. Es inadmisible que en materia de tiempos de Estado se quiera mantener la insana política de que la SEGOB escuche previamente a los concesionarios y de acuerdo con ellos fije los horarios de transmisión.
En lo que corresponde a la preponderancia se propone una regulacióncontraria al texto constitucional, pues se pretende regular los mercados de televisión y radiodifusión por sectores, de suerte que las declaratorias que en el futuro expida el instituto NO se refieran a esos servicios en su conjunto, lo que favorecerá los intereses de los concesionarios más poderosos.
Faculta “a la autoridad competente” sin indicar cuál es, ni los límites y procedimientos de su actuación para desconectar redes de telecomunicaciones cuando esté en peligro “la seguridad pública y nacional debido a eventos críticos”, lo que equivale a una suspensión de garantías sin intervención del Congreso. Faculta por añadidura a los órganos de seguridad para solicitar a los concesionarios de telecomunicaciones la ubicación en tiempo real de un usuario (geolocalización) sin orden judicial.
No se garantiza el acceso de los pueblos indígenas ni de los grupos sociales diversos a pesar de que el régimen constitucional de concesiones considera frecuencias para esas colectividades. Tampoco se establecen los porcentajes destinados al uso y aprovechamiento de las entidades públicas, educativas y comunitarias.
Los medios públicos quedan condenados a la inanición, pues no podrán comercializar sus espacios y han sido confinados de nuevo a la buena voluntad de las agencias del Estado y los donativos. La iniciativa no ofrece opciones suficientes para que sobrevivan los medios públicos y sociales, cuyo florecimiento debió ser garantizado.
Es fundamental que el Legislativo defienda todas las garantías incorporadas en la reforma constitucional, de otro modo no harían sino cohonestar un fenomenal engaño y autorizar la perversión de los avances que acaban de consagrarse. Estarían avalando un fraude a la Constitución.
Analistas: propuesta de Telecom limita Pymes
El Universal
Carla Martínez
5 de abril de 2014
El almacenamiento de información que deben hacer las empresas por dos años, la posibilidad de que pequeñas y medianas empresas (Pymes) proveedores de internet editen contenidos, la ambigüedad en las reglas sobre uso y administración de redes, así como la ausencia de reglas que incluyan a personas con discapacidad, son grandes limitantes de la ley, dijeron analistas.
Durante el foro Análisis Sobre las Leyes Secundarias en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, José Otero, presidente de la consultora Signals Telecom Consulting, advirtió que diversos artículos de la ley van en detrimento de los individuos, ignoran la realidad de pequeños operadores de telecomunicaciones incrementando sus costos operativos, sobretodo de las pequeñas empresas de televisión por cable en materia de neutralidad en el uso de la red, y pueden tener consecuencias contrarias a lo que se espera suceda en el mercado en el sector de competencia.
Por ejemplo, “se abre la puerta para que prestadores del servicio de red sean editores de internet para que el contenido que ofrecen no vaya en contra del marco legal”, lo cual se debe de corregir para que no vaya contra el marco legal aplicable.
Esto tiene implicaciones en términos de costos para pequeños operadores que deben modificar sus redes para cumplir con la ley y, además, facilita la implementación de la censura, agregó Otero.
En tanto, Clara Luz Álvarez, representante de Observatel, destacó que la iniciativa ignora a las personas con discapacidad, por lo que pidió se incluya el subtitulaje en los programas de televisión, haya un servicio de retransmisión para que personas con discapacidad auditiva se comuniquen a con call centers cuando requieran un servicio o apoyo y se prevea que los servicios de emergencia puedan recibir mensajes de texto.
Impide el PRI citar a comisionados del Ifetel; la propuesta era de Javier Corral
La Jornada Nacional
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
05 de abril de 2014
El PRI y sus aliados en el Senado impidieron que se discutiera ayer en el pleno la propuesta de un grupo de senadores del PAN, encabezados por Javier Corral Jurado, para citar a comparecer a los siete comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), a fin de que den a conocer su postura sobre la disminución de facultades a ese organismo.
En tribuna, Corral Jurado expuso que en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones se dieron amplias facultades –incluso en competencia económica– al Ifetel. ‘‘Se creó uno de los órganos del Estado más poderosos que se hayan construido en los últimos años en el constitucionalismo mexicano’’, señaló el legislador.
“Esa desesperación de no escuchar por 15 segundos la dejaron fuera de la ley”
Milenio Jalisco
Susana Mendieta
5 de abril de 2014
Al llegar el turno de las organizaciones civiles y especialistas internacionales en el último día de los Foros de Telecomunicaciones organizado en la Cámara de Senadores, correspondió exponer a Clara Luz Álvarez con la representación de la ONG Observatel, quien al subir provocó por su bien vestir y estilizada figura, que las miradas de los presentes se dirigieran de inmediato hacia ella. Una vez frente al público saludó de manera cordial a los legisladores agradeciendo la oportunidad de contribuir en la elaboración de la Ley Secundaria de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y de pronto su voz dejó de escucharse, algunos legisladores comenzaron a hacer señas, pero ella seguía hablando y gesticulando sin, al parecer, percatarse que no se escuchaba; en el salón se escucharon algunos gritos y silbidos: “no se oye”, se quejaron; “no hay audio”, gritaban camarógrafos; mientras algunos reporteros se dedicaron a hacerle señales indicándole que no se oía; pero ella no hizo caso, simplemente continuó gesticulando y moviendo las manos ante el descontrol de quienes queríamos escuchar su ponencia, incluidos los senadores; luego hizo una pausa y recorrió el salón con una mirada: “Bueno —dijo—, eso que ustedes acaban de vivir por 15 segundos, con esa desesperación con la que dijeron no sale el audio, eso es lo que viven 24 horas al día, 365 días al año las personas con discapacidad auditiva —y agregó—, ¿por qué?, porque no hay medidas en la ley que exijan que las telecomunicaciones sean accesibles para personas con discapacidad, esto es una realidad”.
Una vez dicho esto, con voz clara, se dirigió a los legisladores y aseguró que “esta iniciativa es una burla en cuanto a la accesibilidad para esas personas a los medios de comunicación —y con mayor énfasis comentó—, pretendieron que con tres renglones de esta iniciativa bastante mal redactada, diciendo que algún día…, cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones impusiera los términos, habría subtitulaje en los programas de televisión, ¡al menos en los programas noticiosos!”
La abogada subió el tono de su voz, y dijo a los senadores: “¡En estos momentos, México está violando los derechos de las personas con discapacidad, ese es el primer punto, y debemos ser conscientes de que probablemente esta honorable cámara no haga nada al respecto!, pero quiero decirles que al menos 10 por ciento de la población, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, tiene alguna discapacidad”.
Segundos después retomó su habitual amabilidad y voz armoniosa, para presentar sus propuestas al problema, advirtiendo a los legisladores que solo se verían en la ley si hay voluntad política para ello.
Entre las propuestas expuestas por quien también fuera comisionada de la extinta Cofetel se encuentra que en la legislación secundaria se prevenga el incluir al menos el subtitulaje y/o intérprete en lenguaje de señas en todos los contenidos, iniciando con los noticieros y con un calendario de implementación para que el Ifetel lo desarrolle y verifique su cumplimiento.
Además, debe preverse en la ley de telecomunicaciones que los servicios de emergencia puedan recibir mensajes de texto para que personas con discapacidad auditiva puedan acceder a ellos, e incluir que sus sitios web sean accesibles, además de que los teléfonos públicos y casetas de acceso a internet estén a cierta altura, con control de volumen, para aquellas personas que usan sillas de ruedas o son de baja estatura.
Indican telefónicas riesgo para usuarios
Reforma
Vania Guerrero
4 abril 2014
La seguridad y privacidad de los usuarios de telefonía móvil podría ponerse en riesgo con las disposiciones que propone la iniciativa de leyes secundarias de telecomunicaciones propuesta por el Ejecutivo, señalaron representantes de las empresas.
De acuerdo con la iniciativa de Ley secundaria en telecomunicaciones, se establece que los concesionarios están obligados a conservar un registro y control de comunicaciones de sus usuarios.
“No es eficiente almacenar la información por 24 meses. De hecho, no hemos tenido ni una solicitud que vaya más allá de 12”, comentó ayer en un foro en el Senado, Miguel Calderón, vicepresidente de regulación de Telefónica México.
En el artículo 192 de la ley, los operadores deben recabar y guardar todo detalle de las comunicaciones, así como ubicación geográfica de sus usuarios durante un lapso de 24 meses, por si alguna autoridad judicial lo requiriera.
Cristina Ruiz de Velasco, vicepresidenta de relaciones institucionales de Nextel, dijo durante el foro que es necesario que los legisladores revisen el capítulo sobre colaboración con la justicia.
“Sabemos que las telecomunicaciones son utilizadas por la delincuencia, pero también colaboran para denunciar delitos. Creemos que es necesario un mejor andamiaje entre la procuración de justicia y los derechos de los usuarios”, expuso.
De acuerdo con la iniciativa, los concesionarios de telecomunicaciones están obligados a proporcionar la localización geográfica de dispositivos relacionados con delitos a las procuradurías General de la República (PGR) y estatales, así como a los agentes del Ministerio Público.
Calderón dijo que se debería delimitar la cooperación a pocos involucrados.
“Deberíamos seguir trabajando sólo con pocos interlocutores y no como ahora, que se plantea que todos los Ministerios Públicos puedan solicitar información y eso va a afectar mucho más el problema”, señaló.
Ruiz de Velazco advirtió también que se quiere revivir al Renaut.
Consultados por separado, analistas señalan que hace 5 años cuando se puso en marcha el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), éste mostro su inoperancia, por lo que en 2012 el Senado de la República lo derogó.
“Esto viola los derechos de privacidad. Además le deja al crimen organizado la posibilidad de obtener esos datos, como ocurrió con los del Renaut”, comentó en entrevista Daniel Gershenson, presidente de Al Consumidor.
Además, criticó, de esta forma se pasan labores del Estado a manos de concesionarios.
Leyes secundarias en telecom van contra la autonomía del IFT: AMEDI
24 Horas
Redacción
4 de abril de 2014
Agustín Ramírez Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), expresó su preocupación por la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como órgano constitucional, en la iniciativa presidencial de leyes secundarias.
En entrevista para Radio Fórmula, dijo que no es posible que la iniciativa del presidente diga que la Secretaría de Gobernación seguirá manteniendo la vigilancia de los contenidos, cuando la Constitución dice que le corresponde supervisar el servicio de radiodifusión al instituto.
También condenó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tenga facultades para opinar sobre el trabajo del IFT y de sus informes trimestrales, calificando estas violaciones de burdas y que solamente benefician a las televisoras.
No obstante, confía en que algunos senadores serán sensibles al proyecto luego de los foros realizados por el Senado, aunque “si creo que lo van a sacar en fastrack y no van a moverse sobre el tema de preponderancia para favorecer a Televisa, seguramente conseguirán votos del PAN y el PRD”, dijo.
Ley-telecom limita el internet, alertan
La Silla Rota
Marina Núñez
4 de abril de 2014
Este viernes, finalizan en el Senado los foros públicos para analizar la ley secundaria en materia de telecomunicaciones, donde académicos y organizaciones civiles, advirtieron que los avances que se lograron en la reforma constitucional están en riesgo con esta normatividad enviada por el Ejecutivo federal, el pasado 24 de marzo.
En el primer bloque, participó Judith Mariscal, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien aseveró que la normatividad gubernamental, pone en riesgo el fortalecimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Subrayó que el gobierno federal trata de recuperar el poder que le concedió al IFT en la reforma constitucional, por lo que dijo, la experiencia en otros países señala que contar con un organismo verdaderamente autónomo permite el flujo de un mayor número de inversiones, por ello argumento que “este gran avance en la reforma constitucional, está en riesgo”.
Lo que en la reforma se buscó, agregó, “era eliminar una institucionalidad precaria, del sector. Básicamente el Ejecutivo retoma poder a través de SCT”, advirtió”.
En el tercer día de foro, también participaron representantes de organizaciones civiles por la defensa de los usuarios de internet, quienes advirtieron que la iniciativa en cuanto a este rubro, es “totalmente regresiva y autoritaria”.
En este sentido, enfatizaron que no solo impide el avance en el acceso de la población a esta herramienta, sino que otorga a las autoridades administrativas la posibilidad de cancelar de facto en ciertos momentos, regiones o lugares del país el derecho a la libertad de expresión, información y comunicación.
“La facultad de solicitar y ordenar a los proveedores de inhibir las comunicaciones bloquearlas en una determinada región, es colocar simple y llanamente no solo por encima de la constitución sino de los poderes que norman la democracia, concretamente solicitamos que esa disposición se elimine”, demandó.
Para Francisco Guerrero, investigador de la Universidad Anáhuac y ex consejero electoral del IFE, la Segob debe mantener atribuciones como revisión de contenidos y regulación de publicidad, ya que de esta manera se contará con el recurso de revisión, el juicio de nulidad o la suspensión en materia de amparo.
Explicó que con ello se “garantiza el debido proceso jurisdiccional y constituye un contrapeso de poderes por el contrario de no otorgarle esta atribuciones al IFT no se contaría necesariamente con dichos instrumentos y podrían dañarse algunos elementos de la libertad de expresión”.
Finalmente, el investigador pidió a los legisladores tener cuidado con la publicidad engañosa, esto es disfrazar publicidad electoral, como una nota periodística, a fin de no fomentar quejas frívolas que se utilicen solo para denostar al adversario o limitar la libertad de expresión en los medios de comunicación.
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