Movimientos en empresas de medios

 

 

Televisión de paga de Televisa baja los canales de PCTV

Con información de El Universal, El Informador, Animal Político, 24 Horas, El Economista, Reforma, Sin Embargo, Homo Zapping,

 

 

Los canales de PCTV, empresa de distribución y producción de televisión por cable, dejaron de ser transmitidos por las filiales de televisión de paga de Televisa desde ayer. La televisora comunicó  a través de su página de internet que por causas ajenas a su voluntad, los canales de TVC Networks saldrían de su programación a partir del 1 de abril en Cablevisión, Cablemás Telecomunicaciones, Cable y Comunicación de Campeche y Televisión Internacional.

 

En un comunicado PCTV (Productora y Comercializadora de Televisión) informa que las transmisiones de esos canales estarán en breve en otras plataformas y de forma inmediata en redes sociales. Tanto Cablemás como Cablevisión son empresas afiliadas a PCTV. De acuerdo con información de Televisa, Cablevisión es el operador de telecomunicación por cable más grande de México y Cablemás -que forma parte de dicho grupo desde 2011- es el segundo, en función del número de suscriptores y hogares. Cablevisión es líder en el mercado de la Ciudad de México y área metropolitana con una base de más de 640 mil suscriptores en televisión digital, más de 250 mil de internet de alta velocidad y más de 140 mil líneas de telefonía digital, de acuerdo con información de su sitio.

 

Actualmente, PCTV llega a más de mil 100 poblaciones a través de 700 sistemas de cable y da servicio a 5 millones de suscriptores, cifra que equivale a más de 22 millones de televidentes. Adicionalmente, PCTV distribuye 60 señales internacionales de programadores importantes y reconocidos en la industria de la televisión de paga como Discovery, Disney, ESPN, MTV y MGM, además de señales nacionales como las de TVC Networks y KW.

 

Fernando Butler, analista en telecomunicaciones, dijo que resulta extraño que haya un conflicto entre Televisa y PCTV. “Sólo queda claro que rompen con una relación fructífera, de manera abrupta y cortante”, comentó Butler. Una justificación, dijo el analista, podría basarse en el tema de la publicidad, el cual aún no queda claro cómo será aplicado ni cómo quedará en la nueva ley secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión.

 

Jenaro Villamil argumenta que TVC Deportes es una señal creada hace 6 años por PCTV y ha logrado incomodar por su línea editorial a la Federación Mexicana de Futbol, controlada también por Televisa, y ha representado una competencia incómoda para el canal de deportes TDN, propiedad también de la compañía de Azcárraga Jean.

 

Añade que Televisa también pretende eliminar la compra conjunta de señales internacionales que los programadores venden a PCTV para comprarlos ahora ellos mismos y de manera directa, para  propiciar la muerte de 300 cableoperadores pequeños. De acuerdo de Villamil es un proyecto de concentración y monopolio de la televisión restringida que Televisa comenzó a operar desde 2006: en menos de seis años, con la autorización de la Comisión Federal de Competencia, Televisa adquirió Cablemas, TVI y ahora está a punto de adquirir Cablecom, con lo cual tendrá más del 70 por ciento de las suscripciones de televisión por cable.

 

El IFT declaró como agente preponderante a Grupo Televisa en el sector de televisión abierta -pero no en el ámbito de televisión restringida- el pasado 6 de marzo. Por eso, no se le ponen límites a Televisa en la concentración de la televisión restringida.

 

 

Movimientos en empresas de Carlos Slim tras amparo

Con información de El Econimista, El Financiero, La Jornada Nacional y Reforma.

 

 

El Grupo Financiero Inbursa y el industrial Grupo Carso alegaron que no pueden ser considerados “agentes económicos preponderantes” en telecomunicaciones -una figura que implica tener participación directa o indirecta superior 50% en un sector- porque no cuentan “con el requisito esencial para ello que es tener una concesión en dicha materia”. Por ello, las firmas dicen estar impedidas “para realizar actividades propias de entidades concesionadas en materia de telecomunicaciones y las medidas que el IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) impone en virtud de la resolución, se consideran de imposible ejecución”.

 

Por el momento América Móvil no ha presentado un recurso por su inclusión en la lista de preponderantes, cuyo objetivo es limitar el dominio de esas compañías al imponerles una serie de restricciones, como la obligación de que compartan sus infraestructuras con competidores y la prohibición de adquirir en exclusiva contenidos de máxima audiencia. Las compañías de Slim dominan el sector de la telefonía mexicana al concentrar más del 80% de la fija y cerca del 70% de la celular.

 

El mercado reaccionó de manera diversa para los títulos de estas tres compañías ligadas al magnate Carlos Slim Helú: las acciones de Grupo Financiero Inbursa caen 0.94% con 32.78 pesos por acción, en la fotografía de la jornada a las 10:50 de esta mañana.

 

Los títulos de América Móvil avanzaron 2.29%, seguidas por el Grupo financiero Inbursa que ganó 1.14% mientras que Grupo Carso perdió 0.09% tras el amparo que presentaron tras la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones que los declaró preponderantes. Las acciones de la telefónica América Móvil ganó 2.29% con 13.02 pesos por acción, seguido por los títulos de Grupo Financiero Inbursa que avanzaron 1.14% con 54.15 pesos por título. Los títulos de Grupo Carso perdieron 0.09% con 68.50 pesos por acción al final de la jornada.

 

Financial Times (FT) en un editorial, expuso que América Móvil está destinada a encogerse y es muy probable que lo haga. “Las reformas tienen dientes y las reglas para los operadores preponderantes son especialmente afiladas”, señaló. Indicó que las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de América Móvil fueron 50 por ciento de los ingresos (excluyendo ventas de teléfonos) en 2013 y las contrastó con ‘la poderosa’ Verizon, propiedad del ‘virtual duopolio’ de la telefonía en Estados Unidos, que sólo logró el 38 por ciento de las ventas.

 

Las medidas que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) impondrá a Telcel y Telmex por ser agentes económicos preponderantes le costarían a su matriz América Móvil alrededor de 12 mil 577 millones de pesos en 2014, de acuerdo a Grupo Financiero Monex. Informa que las ventas de América Móvil solamente crecerán 0.01 por ciento este año respecto a 2013, en vez de subir 1.7 por ciento, y el flujo operativo (Ebitda, por sus siglas en inglés) caería 0.8 por ciento, contra un pronóstico anterior de un alza de 0.8 por ciento, derivado de las medidas del regulador.

 

Esto equivale a 12 mil 577 millones de pesos en ventas que no se realizarían, mientras el flujo operativo bajaría a 243 mil 653 millones de pesos, en vez de subir a 257 mil 744 millones de pesos, en base a cifras del último reporte trimestral de la empresa.

 

América Móvil anunció ayer que el IFT le ordenó recortar en 34 por ciento las tarifas de interconexión que Telcel cobra a otras empresas por tránsito y terminación de llamadas, mientras las de Telmex deberán de bajar entre 11 y 18 por ciento, para el periodo comprendido entre el 6 de abril próximo hasta el 31 de diciembre de 2014.

 

 

 

Legislación en materia de comunicación

Reforma en telecomunicaciones: leyes secundarias

 

 

La propuesta de ley secundaria en telecomunicaciones es una contrarreforma: Javier Corral

Con información de Homo Zapping, Aristegui Noticias, El Financiero, La Silla Rota, La Jornada Nacional y Sin Embargo.

 

 

El senador panista Javier Corral calificó la iniciativa de leyes secundarias en telecomunicaciones propuesta por el poder Ejecutivo como una “contrarreforma”, como “la segunda temporada de la Ley Televisa”, parecido al que hizo en 2005-2006 para beneficiarse de una serie de modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Ley Federal de Radio y Televisión, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006. Dijo también que los redactores del proyecto “quieren abusar de la ignorancia del Presidente en la materia” y que las disposiciones son contrarias a la reforma constitucional.

 

Agregó que algunos de los artículos de la propuesta son “regalos” para Televisa. Por ejemplo, a pesar de que Televisa ha sido declarado agente económico preponderante en la televisión abierta, no fue declarado así en la televisión de paga, donde tiene una presencia del 60%. La propuesta de ley abre la posibilidad de concentrar todas las cableras que quiera. Señaló que la propuesta de ley no establece ningún límite a la concentración: “Hay una burla en el tema de competencia económica, la principal deficiencia es esa, el desequilibrio, a telecomunicaciones (empresas de Carlos Slim) se le ponen medidas efectivas por la concentración”, comparó.

 

Los comentarios de Televisa acerca de la propuesta de leyes secundarias giran en torno a la idea de que son muy duras para esta empresa. Sobre esto, Javier Corral ha comentado que Televisa se está haciendo la víctima, pues las medidas que se contemplan en la propuesta de ley son obligaciones que incluso ya tienen en su título de concesión. Algunas de estas medidas son el must carry-must offer, con el que se le obliga a permitir la retransmisión de sus canales de TV abierta en la televisión de paga; no restringir el acceso a publicidad; “abstenerse de participar… en periódicos”, cuando éste es un medio en el que la empresa no tiene participación.

 

Corral invitó a los redactores de esta propuesta de ley a un debate, entre ellos están el subsecretario de comunicaciones como Ignacio Peralta y el consejero jurídico de la presidencia Humberto Castillejos, así como con Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Senado.

 

Corral se mostró preocupado por las facultades del IFETEL que se le otorgan a la Secretaría de Comunicaciones y a la Secretaría de Gobernación. Califica esta medida como autoritaria: “Están regresando una reforma que no digirieron absolutamente y quieren volver a recuperar”. Previo a la reforma, eran facultades -algunas explícitas y otras encubiertas- de Gobernación y específicamente de RTC: la “supervisión” de todo contenido noticioso, informativo y hasta recreativo. El mismo Ejecutivo se adjudica la posibilidad de “intervenir” en los temas referentes a transmisiones, contenidos y demás relacionados con la industria siempre que así se requiera. El senador dijo que es necesario esperar la postura del Instituto Federal de Telecomunicaciones al respecto, ya que ésta permitirá “medir si estamos ante un órgano con visión de Estado o de relación con el gobierno”.

 

Por último, el senador comentó que los números en la Bolsa Mexicana de Valores no mienten, en referencia a que luego de que se dieran a conocer las propuestas de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, cayeron las acciones de América Móvil, mientras que las de Televisa subieron.

 

Otros legisladores, políticos, académicos y miembros de la sociedad civil han coincidido con la postura de Javier Corral. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno Rivera, consideró que la propuesta enviada a la colegisladora significa una contrarreforma que desvía el verdadero objetivo de la reforma constitucional analizada, estudiada y dictaminada el año pasado en la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual preside el diputado perredista.

 

Javier Esteinou Madrid, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, aseguró que con esta iniciativa de ley “el Estado decidió volver a ser gerente de los monopolios y permitir que la telecracia gobierne en el campo de la cultura. Clara Luz Álvarez, docente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que quitar atribuciones a los órganos autónomos que deberían controlar diversas actividades relacionadas con las telecomunicaciones para dárselas a Gobernación es un gesto negativo.

Erick Huerta, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló, se trata de una contrarreforma en todo lo que se refiere a radiodifusión. En el tema de los pueblos indígenas, por ejemplo, se ignora la ley de derechos lingüísticos, donde se señala que deben concederse espacios a las lenguas nativas.

 

Jenaro Villamil argumentó que la eliminación de la noción de los medios de comunicación como servicios públicos resulta muy perjudicial: vulnera las facultades regulatorias autónomas del IFT; se elimina la obligación de los operadores de invertir en zonas rurales y apartadas; se imponen tarifas cero de interconexión y se ignora el costo de despliegue, mantenimiento y operación de las redes de telecomunicaciones; no se justifica la regulación asimétrica a los agentes económicos preponderantes para fomentar la competencia; se confunde coordinación entre el IFT y las dependencias de la Administración Pública Federal; se tolera el traspaso de subsidios a operadores y redes ineficientes; se creará un sistema de radiodifusión pública de gobierno y no de Estado, carente de independencia editorial; la Secretaría de Gobernación puede regular y censurar los contenidos; la Secretaría de Hacienda puede opinar que la contraprestación de la licitación de frecuencias cumpla fines recaudatorios en lugar del desarrollo del sector, el fomento a la inversión y el incremento de la cobertura; los actuales concesionarios escaparían de la política de inclusión digital universal; se corre el riesgo de subastar al mejor postor el espectro radioeléctrico, en lugar de licitarlo a quienes ofrezcan las mejores condiciones de inversión; no hay defensa posible del derecho de las audiencias ni de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones; se delega en la Procuraduría Federal del Consumidor la atención y solución a las quejas y denuncias de los usuarios.

 

Irene Levy, presidenta del Observatorio de Telecomunicaciones de México, dijo que la iniciativa es un retroceso con respecto a lo que se logró el año pasado en la reforma constitucional. “No nos merecemos una iniciativa de este tamaño, después de haber celebrado la reforma constitucional, no nos merecemos una iniciativa de este tamaño tan pequeño (…) terminaría todo en la Suprema Corte de Justicia”.

 

 

 

Cuauhtémoc Cárdenas y Javier Corral se alían contra ley de telecomunicaciones

Con información de El Universal, El Sol de México, El Occidental,MVS Noticias, La Jornada Nacional, La Silla Rota, Sin Embargo y Reforma.

 

 

El senador panista, Javier Corral Jurado, acordó con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, del PRD, aliarse en rechazo a la propuesta del Ejecutivo de ley secundaria en materia de telecomunicaciones, con el objetivo de crear conciencia en la sociedad sobre las enormes pérdidas sociales que representaría su aprobación. Acordaron convocar a organizaciones sociales y políticas a constituir un frente amplio ciudadano que haga conciencia sobre la gravedad de aprobar esa propuesta de legislación secundaria en telecomunicaciones. “Hemos acordado ir juntos a rechazar esa pretensión autoritaria y de evidente protección al actual esquema monopólico de la Televisión”, dijo Javier Corral.

 

El legislador Corral Jurado señaló que dicha reforma es una “pretensión autoritaria y de evidente protección al actual esquema monopólico de la televisión”. Corral Jurado refirió que coincidieron “en la necesidad de llamar a los más diversos actores políticos y sociales a denunciar y combatir esta traición, al espíritu y letra de la reforma constitucional en sus principales objetivos”, esto a través de un “frente ciudadano amplio, plural, que haga conciencia en la sociedad sobre las enormes pérdidas sociales que representaría su aprobación en términos del ejercicio de derechos fundamentales, como de libertad de expresión, derecho a la información, y la negación de un acceso efectivo a las nuevas tecnologías, a una competencia verdadera en la televisión abierta, así como la ausencia de una diversidad y pluralidad de contenidos informativos”.

 

Además, exigirá también que el coordinador del PRI, Emilio Gamboa y el panista Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones, digan claramente si hay ya una mayoría acordada. Esta semana, los coordinadores del PAN en el Congreso de la Unión se desmarcaron de Romero Castillo y rechazaron descalificar la reforma secundaria de telecomunicaciones que envió el presidente Enrique Peña Nieto, como lo hizo ella.

 

El senador aseguró que la propuesta peñista es regresiva y atenta contra el espíritu original de la reforma constitucional en telecomunicaciones, porque disminuye al Ifetel y le entrega un gran poder a la Segob, como la facultad de vigilar los contenidos de los medios de comunicación y solicitar el bloqueo temporal de “señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública”.

 

 

 

-Ley General de Transparencia

 

 

Proyecto de Ley General de Transparencia

Con información de MVS Noticias, Sin Embargo y El Financiero.

 

El secretario de Protección de Datos Personales del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Alfonso Oñate Laborde, dijo que un equipo de expertos revisará la propuesta de Ley General en materia de transparencia, que en los próximos días entregarán al Congreso de la Unión. Opinó que en la ley general de transparencia será fundamental la homologación de criterios en las legislaciones locales, la facultad de atracción de casos y la relación con el Consejo Consultivo.

 

Tras la reforma constitucional en materia de transparencia, la cual se publicó el pasado 7 de febrero, el IFAI entró en un proceso de transición que va desde la renovación del pleno, hasta el contar con un Consejo Consultivo. Se ha facultado para ser un órgano de segunda instancia que revise las decisiones de los institutos o consejos estatales, por lo que es necesario dejar claro bajo qué términos es que podrá ejercer esas atribuciones.

 

Oñate Laborde mencionó que otro tema que se debe tomar en cuenta en la ley, es la relación entre el IFAI y su nuevo Consejo Consultivo, ya que esta figura no existía en el instituto. Consideró importante establecer una regulación nacional en el tema de videovigilancia, pues cada vez son más los municipios que utilizan esta herramienta. El funcionario consideró necesario establecer el uso que se le dará a ese material, que debe ser sólo para fines de seguridad; quiénes tendrán acceso a él y cuánto tiempo se van a conservar los videos.

 

Por otra parte, la secretaria de Acceso a la Información del IFAI, Cecilia Azuara Arai, mencionó que la reforma constitucional incorporó a nuevos sujetos obligados, para lo cual es necesario adecuar la plataforma del Sistema Infomex que es como un tablero de control de las solicitudes de información.

 

Algunos futuros sujetos obligados, como el Consejo de la Judicatura, La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Federal de Competencia, ya se han acercado al IFAI para asesorarse sobre las obligaciones que tendrán a partir de que se cumpla un año de que se publiquen las leyes secundarias.

 

 

 

Aprobación del calendario de la legislación secundaria en telecomunicaciones

Con información de El Economista, Reporte Índigo, Milenio Jalisco, Homo Zapping, La Silla Rota, Sin Embargo, El Financiero, MVS Noticias, Aristegui Noticias y El Universal.

 

 

La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República avaló, sólo con votos del PRI, el calendario y la ruta crítica para analizar, dictaminar y, en su caso, aprobar las reformas secundarias en materia de telecomunicaciones, que muchos legisladores y analistas han considerado “regresiva”. Se entrará en sesión permanente, por lo que los legisladores pueden ser llamados a trabajar durante semana santa y los fines de semana. La Comisión, presidida por Alejandra Barrales Magdaleno, aprobó el acuerdo con los votos contrarios de los senadores Javier Corral Jurado, Marcela Torres Peimbert y Gabriela Cuevas Barrón, del Partido Acción Nacional (PAN).

 

El calendario es el mismo que fue aprobado el 27 de marzo por las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, para realizar audiencias públicas del 2 al 4 de abril con el objetivo de escuchar a los interesados en el tema. Del 7 al 11 de abril, los distintos grupos legislativos discutirán internamente los ordenamientos turnados el lunes de la semana pasada por el Ejecutivo federal a esa Cámara, e iniciarán las negociaciones entre sí.

 

Después de Semana Santa, del 21 al 25 de abril, se prevé que sea sometido a votación el dictamen en comisiones y posteriormente los enviarán al pleno, donde se contempla su discusión en los últimos días de ese mes.

 

Javier Corral criticó que en 10 días se pretendan escuchar a 51 invitados, analizar la iniciativa y aprobarla antes del 25 de abril. Cuestionó además la planeación de hacer estas operaciones cercano a las fechas de semana santa, cuando es sumamente posible que muchos legisladores no asistan.

 

Javier Corral (PAN) y Marcela Torres (PRD), respaldados por Gabriela Cuevas, propusieron que también se dictaminen las otras iniciativas que han sido presentadas, incluso con antelación, como es el caso de la firmada por 18 senadores de varios partidos políticos e impulsada por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.Corral propuso que los trabajos se realicen en un calendario más amplio que el propuesto por la mesa directiva y ya aprobado por las comisiones de Comunicaciones y Transportes y la de Estudios Legislativos.

 

La senadora del PRD, Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía, consideró que el 60 por ciento de la iniciativa enviada la semana pasada por el Ejecutivo va en contra de la reforma aprobada en 2013, por lo que confió en que antes de que envíen el dictamen al pleno, se buscará “cómo ponernos de acuerdo para modificar cosas”.

 

La lista de 51 invitados incluye un total de ocho cámaras u organizaciones de concesionarios y permisionarios, 18 concesionarios y permisionarios y 25 organizaciones y expertos. En la lista de quienes van a participar como invitados están concesionarios como Televisa, TV Azteca, MVS Radio, América Móvil, Telefonía Movistar, Axtel, Nextel, Iusacell, Grupo Fórmula, Núcleo Radio Mil, Grupo ACIR, Multimedios, Grupo Imagen, así como las cámaras empresariales CIRT, Canitec, Canieti, la Asociación Nacional de Telecomunicaciones.

 

También invitarán a la OCDE, a la Asociación Mexicana de Internet, al CIDE, a la AMEDI, a la UNAM, al IDET, a la Asociación de Productores Independientes, a la Sociedad Mexicana de Autores y Compositores, a la Red de Televisoras Públicas, a Signals Consulting, a la North American Broadcasting Association, a la Universidad Anáhuac, al ITESM, a la Red de Televisoras Públicas, y a la Comexmi.

 

Acudirán además el Sindicato de Telefonistas, el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, la Asociación Mexicana de Productores Independientes y Expertos como la investigadora del CODE Judith Mariscal; José Otero de Signals Consulting, Raúl Trejo delarbre Leonardo Ramos, Francisco Guerrero Aguirre, Jorge Islas, entre otros.

 

Javier Corral propuso que también se incluyeran en esta lista a los dos relatores de derechos humanos de la ONU en materia de libertad de expresión, a la Red de Defensa de la Libertad de Internet, a otros especialistas que no estuvieran tan vinculados a los concesionarios, pues al menos 29 actores invitados son concesionarios directos o representantes de los organismos de radio y televisión.

 

No estarán empresas y agrupaciones que han expresado que pueden ser afectadas por la ley tan sesgada a favor del dominio de Televisa en televisión restringida como son PCTV o la Asociación de Telecomunicaciones Independiente Mexicana (ATIM), que agrupa a pequeños cableros.

 

 

 

La propuesta de Peña Nieto leyes secundarias en telecomunicaciones permite censura: analistas

Con información de La Silla Rota, El Universal, La Crónica de Hoy Jalisco, El Financiero, Sin Embargo y La Jornada Nacional.

 

 

Aleida Calleja, ex presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), explica que la propuesta de leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones, presentada por el poder Ejecutivo, posibilita a las autoridades ordenar el bloqueo de servicios de telecomunicaciones en áreas definidas con términos sumamente ambiguios, como “lugares críticos para la seguridad pública” (artículo 145).

 

Este artículo señala que “los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet… podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”. Es decir, de aprobarse esta propuesta, la Secretaría de Gobernación podría ordenar a quienes presten el servicio de Internet bloquear el acceso a ciertos contenidos, aplicaciones y servicios.

 

Así mismo, el artículo 197 señala que los concesionarios y permisionarios de servicios de telecomunicaciones estarán obligados a:

“Realizar la suspensión inmediata de los servicios cuando así lo instruya la autoridad competente de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales aplicables”.

“Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”.

 

Esto puede ser utilizado por el gobierno federal para bloquear la señal de Internet cuando a través de las redes sociales se convoque a alguna jornada de protesta, bajo el argumento de que se trata de un evento “crítico para la seguridad pública”.

 

De ser aprobado este esquema, México podría sumarse a los países que en los últimos cuatro años han bloqueado la señal de Internet para evitar que a través de las redes sociales se convoque a manifestaciones en contra de sus gobiernos (Turquía, Venezuela, Egipto, China, Cuba, Corea del Norte). En México ya se presentó el primer caso de censura y represión en contra de un portal de internet, con la inhabilitación de la página 1dmx.org, que difundía actos violentos de las fuerzas del orden durante manifestaciones públicas.

 

Los límites a la libertad de expresión también se contemplan con sanciones a los radiodifusores. Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), advirtió que en la ley se debe modificar el artículo relacionado con la inhibición de la libertad de expresión por parte de los radiodifusores, desde las televisoras y radiodifusoras privadas hasta las comunitarias e indígenas, frente a la amenaza de sanciones desproporcionadas por transmitir contenidos incómodos al gobierno.

 

 

 

México pierde 576 mdp al día por falta de ley secundaria en telecomunicaciones

Con información de El Economista, El Universal, El Financiero, Milenio Jalisco, Sin Embargo y La Jornada Nacional.

 

 

Por cada día que no entra en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el mercado pierde 576 millones de pesos, estimó el director de la consultora The CIU, Ernesto Piedras. Además de las pérdidas monetarias, se mantiene en indefinición las decisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que pueden ser escurridas por las empresas, dijeron especialistas del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET).

 

Explicó que este monto se pierde “en términos de usuarios que no entran, sobretarificación y limitada penetración de servicios”. En su opinión, la ausencia de leyes secundarias representa una merma no sólo para los concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión, sino para los usuarios.

 

El especialista dijo que la regulación en el mercado mexicano de telecomunicaciones no ha puesto los incentivos que se requieren para que el operador preponderante invierta lo mismo que en otros países de América Latina en donde participa.

 

Los operadores preponderantes en servicios de telefonía fija y móvil que tiene tres cuartas partes del mercado, invierten sólo 33 por ciento del total. En el periodo 2009-2013, Telcel ha invertido por cada uno de sus usuarios sólo 10.2 dólares, comparado con los 85 dólares que destina Nextel, 95 dólares de Iusacell y 23 dólares que invierte Telefónica, que en conjunto hacen un promedio de 78.6 dólares por suscriptor.

 

Mientras que en México Telcel destina a cada usuario 10.2 dólares, en Brasil la cantidad se eleva hasta los 48 dólares y a 26 dólares en Colombia. El problema radica en la falta de incentivos que tienen los operadores que poseen la mayor participación del mercado de la telefonía fija y móvil en el país, pues la rigidez regulatoria no ha permitido estos incentivos.

Sobre la decisión del Instituto de no considerar una regulación on net y off net para evitar el “efecto club” en móviles, Gerardo Soria, presidente del IDET, mencionó que Gabriel Contreras, presidente del IFT “se hizo bolas”, pues sólo tenía que pedir a Telcel igualar la tarifa a usuarios propios y de otras empresas.

 

 

Es necesario replantear la ley de telecomunicaciones de Peña Nieto: AMIC

Con información de El Economista, El Universal, La Jornada Nacional y Homo Zapping.

 

 

La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC) llamó al Congreso de la Unión a analizar a profundidad el contenido de la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el Ejecutivo Federal envió al Legislativo el 24 de marzo pasado.

 

De acuerdo con la AMIC, la propuesta del Ejecutivo se aleja del espíritu de la reforma constitucional de telecomunicaciones y radiodifusión, pues varios de sus apartados reglamenta de manera insuficiente e incluso se opone en temas como los derechos de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las tecnologías de las información y las comunicaciones.

 

Considera que todo esto exhibe un espíritu de vulneración a la reforma condicional aprobada en junio de 2013:

• Regula de manera desequilibrada y no simultánea a los agentes económicos preponderantes en telecomunicaciones (América Móvil y Telmex) y radiodifusión (Televisa), dejando a este último sin controles suficientes.
• Subordina las facultades y atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Hacienda.
• Obliga a que el IFT delegue en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) su obligación de fomentar, promover y defender los derechos, quejas y denuncias de las audiencias y usuarios de telecomunicaciones.
• Elude los derechos de las audiencias y de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, dejándolos en la indefensión por carecer de facultades sancionatorias, pues llama a que el IFT integre un Consejo Consultivo inoperante, sin auténticos mecanismos de incidencia en la toma de decisiones del Pleno del IFT, con cabida para los representantes y cabilderos de los operadores, pero sin espacio para especialistas en comunicación.
• La iniciativa coloca la regulación y supervisión de los mismos, el cumplimiento en la transmisión de los tiempos oficiales, de los encadenamientos nacionales y los boletines oficiales en manos de la Secretaría de Gobernación, cuando se creó un organismo regulador autónomo, competente, técnico y especializado en la materia.
• La iniciativa carece de reglas de propiedad cruzada de medios tan completas como lo marca la constitución y no define límites porcentuales o de otra índole a la concentración de la propiedad mediática en canales de televisión abierta, señales de TV de paga, estaciones de radio y medios impresos por localidad.
• Se propone una ley que crea un Sistema Público de Radiodifusión subordinado políticamente a la Secretaría de Gobernación en lugar de dotarlo de auténtica autonomía e independencia editorial, en oposición a las mejores prácticas internacionales.
• Torna más errática la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) al posponer el “apagón analógico” de algunas estaciones de televisión hasta el 31 de diciembre de 2017.
• Soslaya la protección y salvaguarda de la identidad, la privacidad y los datos personales por parte de las empresas y portales de Internet. Esto, en un contexto de espionaje gubernamental internacional.

La AMIC considera que México no puede volver a perder la oportunidad de integrar a sus ciudadanos a la Sociedad de la Información y el Conocimiento y de ofrecerles las ventajas sociales de un sistema de medios de comunicación democrático acorde a las nuevas necesidades del país y el avance tecnológico, y la iniciativa del poder Ejecutivo vulnera esta oportunidad.

 

 

 

-Atribuciones del IFT

 

 

El Ifetel continúa investigación sobre prácticas monopólicas en televisión de paga e internet

Con información de El Universal, El Sol de México, El Financiero, La Crónica de Hoy Jalisco, Animal Político, Aristegui Noticias y El Economista.

 

 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó en el DOF que inició una investigación por posibles prácticas monopólicas en la comercialización de servicios de telecomunicaciones, provisión del servicio de internet, así como los de adquisición, distribución y venta de contenidos que se transmiten por la red de redes y TV restringida.

 

Si bien, el IFT empezó la investigación, algunos analistas establecen que está encaminada hacia las mismas empresas que ya fueron evaluadas. Por haber sido declaradas actores económicos preponderantes, Televisa y América Móvil son las principales candidatas a ser investigadas. Además, no existen otras empresas que brinden estos servicios, salvo algunas empresas locales.

 

La empresa Infinitum de Telmex concentra 74% del mercado de servicios de internet. Televisa, con el servicio de televisión de paga (con las empresas Cablevisión, Cablecom y Sky) posee el 60% del segmento. Televisa también es un jugador importante en el mercado de internet.

 

El periodo de la investigación no será inferior a 30 días hábiles ni excederá de 120 días hábiles contados a partir de la publicación en el DOF. Dicho lapso podrá ser ampliado hasta cuatro ocasiones por el IFT.En un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones dijo que la indagatoria se inició por una denuncia, presentada por empresas menores de ambos segmentos.

 

El IFT recabará medios de prueba que determinen si existen o no actos prohibidos por la Ley Federal de Competencia Económica, particularmente los contenidos en las fracciones VII, IX, X Y XI del artículo 10. Las prácticas monopólicas relativas son los actos, contratos, convenios, procedimientos o combinaciones que realizan los agentes económicos que cuenten con poder sustancial en un mercado relevante (de manera individual o conjunta), con el objeto o efecto de desplazar indebidamente a otros agentes del mercado.

 

Algunas de las violaciones al artículo 10 de la Ley de Competencia Económica sería impedir el acceso al mercado a otros agentes al establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas, mediante la venta sistemática de bienes o servicios a precios por debajo de su costo medio total o su venta ocasional por debajo del costo medio variable.

 

 

 

Telecomunicaciones

-Infraestructura

 

 

SCJN avala amparos contra empresas de telecomunicaciones

Con información de El Universal, Reforma, El Informador y MVS Noticias.

 

 

La comunidad indígena Hñähñu de San Ildefonso,  en el estado de Hidalgo, presentó el recurso de amparo contra Telmex y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideraron que las concesionarias pueden considerarse autoridad responsable para efectos de amparos.

 

Antes de este fallo los particulares que entablaban algún litigio contra empresas de telecomunicaciones sólo podían exigir el respeto a sus derechos por la vía civil o ante la Procuraduría Federal del Consumidor, pero ahora se pueden amparar contra las compañías  que son consideradas como autoridad en los juicios de garantía.

 

Los otomíes sostuvieron que Telmex–la principal proveedora de telefonía rural del País-, violó sus derechos a la libertad de expresión, acceso a la información, igualdad ante la ley, y al trabajo, derivado de la omisión de garantizar la prestación continua y permanente del servicio de telefonía fija, en virtud de la interrupción de éste, así como del incumplimiento a la reinstalación del mismo. También señalaron la omisión de la SCT de proteger y garantizar los derechos de la comunidad  “toda vez que no se supervisó de manera diligente la prestación de los servicios de telefonía fija concesionados a la empresa demandada”.

 

De igual forma, se acusó a la SCT y a Telmex de no supervisar “de manera diligente” la prestación del servicio telefónico que la comunidad requería, violando el artículo primero de la Constitución Mexicana, demanda que fue aceptada por un juez federal.

 

Los ministros concluyeron que “es evidente que hasta el momento no se cuenta con certeza que conduzca a establecer la improcedencia de juicio de amparo” ya que la ley “da el carácter de autoridad responsable a los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de las personas y sus funciones estén determinadas por una norma general”.

 

Lo anterior con base en la nueva Ley de Amparo, vigente desde abril de 2013, que señala que dicho juicio procede contra particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Para una empresa, ser considerada autoridad en un amparo es muy diferente a litigar una demanda civil, a la que acude en igualdad de circunstancias que su contrincante.

 

De esta manera, cualquier tipo de autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto que modifique o extinga de manera unilateral y obligatoria una situación jurídica previa como lo es la existencia de un contrato o el pago de una tarifa, puede ser señalada como autoridad responsable en un juicio de amparo por la creación, modificación o extinción de nuevas condiciones legales.